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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elige hoy a quien será su próximo presidente, luego de que concluyera el periodo del ministro Arturo Zaldívar al frente del Poder Judicial.

Para este lunes se tiene programa la sesión pública, donde los ministros emitirán su voto para decidir quien encabezará la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por los próximos cuatro años.

Cinco ministros han levantado la mano buscando suceder a Zaldívar, sin embargo, el proceso de elección se ha visto  envuelto por la polémica que ha desataco el presunto plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien pese a las conclusiones de la propia UNAM, ha dicho que se mantiene firme su aspiración a ocupar dicho cargo.

Los otros cuatro Ministros que han manifestado su deseo de encabezar el Máximo Tribunal son: Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

La ceremonia donde los Ministros elegirán a su futuro presidente, dará inicio en punto de las 12 horas.

Hace unas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que quien llegue a presidir la Suprema Corte, debería ser unauna persona honesta, que aplique el Estado de derecho con dimensión social y que considere el interés público y ciudadano por encima de los intereses empresariales.

Por eso, dijo que su “corcholata” era imaginaria, negándose así a mencionar algún nombre en específico, aunque dijo, sí existen perfiles con dichas características actualmente en el país y en especial en el Poder Judicial

En tanto, por el lado de la oposición, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, indicó que la decisión de las y los ministros sobre quién presidirá la Suprema Corte deberá contribuir a fortalecerla y no a debilitarla, así como ayudar a cuidar la credibilidad y honorabilidad de la institución.

El líder panista expuso que más allá de personas y puestos, la decisión que deberán tomar las y los ministros debe generar un auténtico equilibrio de poderes, garantizar el absoluto respeto a la legalidad y la defensa de la Constitución.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) designó esta tarde a la Magistrada Lilia Mónica López Benítez como Consejera de la Judicatura Federal, cargo que ocupará por un plazo de cinco años, en sustitución del Magistrado Jorge Antonio Cruz Ramos.

Si bien López Benítez era señalada como el mejor perfil de los que se postulaban al cargo, pues reunía los requisitos y experiencia, aunque también es identificada como una de las figuras del circulo cercano del ministro presidente Zaldívar.

En sesión pública, la Consejera alcanzó una mayoría calificada de votos emitidos por los integrantes del Pleno de la SCJN, la cual es requerida para acceder al puesto dentro de la instancia encargada de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación.

La nueva Consejera, en su comparecencia ante el Pleno del Alto Tribunal, propuso la creación de una unidad para la consolidación de la oralidad federal mercantil; la instauración por parte de la Escuela de Formación Judicial de modelos vanguardistas en la formación y actualización del personal, para resolver con perspectivas que apunten a una igualdad sustantiva, así como a la formación en competencias administrativas; la instrumentación del servicio civil de carrera; el impulso a la paridad de género; la creación de una unidad de planeación de políticas públicas judiciales, así como buscar la cercanía con los titulares de los órganos jurisdiccionales, entre otros aspectos.

López Benítez es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de ser Profesora de Educación Primaria, por la Escuela Nacional de Maestros. Cuenta con una Maestría en Ciencias Jurídico-Penales, por el Instituto Nacional de Ciencias Penales; Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, por la Universidad Panamericana y Doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal, por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Posee además en su currículum múltiples diplomados y cursos, impartidos por diversas instituciones nacionales e internacionales.

La designación se tornó difícil, pues se tuvieron que desahogar tres rondas de votaciones, pues había votos divididos entre dos perfiles: López Benítez, y la magistrada Rosa María Temblador Vidrio, quien era señalada como la pieza que se movía desde Palacio Nacional para el CJF.

La Cámara de Diputados aprobó este viernes, en lo general y en lo particular, las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, en la que se incluye el artículo transitorio que amplía por dos años el periodo del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

Los diputados aprobaron la reforma en lo general por 260 votos a favor, 167 en contra y 2 abstenciones, apoyada por el bloque de la Cuarta Transformación (Morena, PT, PES y PVEM). En lo particular fue aprobada con 262 votos a favor, 182 en contra y 7 abstenciones.

El dictamen aprobado señala que la finalidad de los cambios es que en el Poder Judicial de la Federación se comiencen a adoptar políticas internas en la línea de combate a la corrupción y al nepotismo, fortalecimiento de la carrera judicial, capacitación de personal, así como mejoramiento del servicio de defensoría pública, con el objetivo de elevar la calidad de la impartición de justicia y hacerla accesible para todos los mexicanos.

El Artículo Décimo Tercero Transitorio, que es el que ha causado toda la polémica y rechazo, indica que con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de marzo de 2021, la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024.

El pasado 16 de abril, el presidente López Obrador dijo estar de acuerdo con la reforma al señalar que hay “vicios y nepotismo” en el Poder Judicial y que Zaldívar es un hombre “íntegro”. “Pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial estoy de acuerdo, pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores”, dijo entonces el mandatario.

Sin embargo, el cambio a la ley generó un amplio rechazo entre especialistas jurídicos, analistas e incluso entre miembros del partido gobernante, Morena.

Consideremos que el artículo 97 de la Constitución establece que la presidencia de la SCJN durará cuatro años sin reelección.

“El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, no puede guardar silencio frente a una violación patética de la Constitución que lleva su nombre para la historia”, dijo en Twitter Porfirio Muñoz Ledo. “Está obligado a deslindarse ya del Ejecutivo que lo declara como un juez a modo e infama a todos los miembros de la corte calificándolos de incompetentes”, agregó.

Zaldívar no se ha pronunciado al respecto, aunque el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dijo en un comunicado que el artículo que amplía el mandato del ministro no fue solicitado por el Poder Judicial. El CJF dijo que esperaría a que concluyera el proceso legislativo en la Cámara de Diputados para pronunciarse al respecto.

El ministro presidente llegó a la Suprema Corte en 2009, nombrado por el entonces presidente Felipe Calderón, rival político de López Obrador, pero ahora se ha mostrado cercano al actual presidente, a quien incluso ha acompañado en eventos de obras públicas.

Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) han advertido de riesgos para la independencia del poder judicial en México. Lo mismo han hecho cámaras empresariales y asociaciones de jueces.

El Partido Acción Nacional, tanto su dirigencia nacional, la Asociación de Gobernadores (GOAN), la Coordinación Nacional de Alcaldes, la de Diputados Locales, los Grupos Parlamentarios en el Senado y Diputados y la Comisión Política, rechazaron la ampliación de la presidencia de la Suprema Corte Justicia de la Nación, al señalar que es inconstitucional y porque representa un golpe al orden constitucional.

“Es un atropello a las leyes mexicanas, a la Constitución y al propio Estado lo que está ocurriendo en México, pues Morena está utilizando el poder para modificar a su beneficio las legislaciones, sin mirar los intereses del país”, detalló el PAN.

Reiteraron la denuncia que ayer hicieran los senadores panistas sobre que Morena, de manera sorpresiva e ilegal, aprobó un artículo que busca que el Ejecutivo controle el Poder Judicial.

“No vamos a tolerar ningún atentado contra las instituciones mexicanas y el equilibrio de poderes. En Acción Nacional le manifestamos a Morena y al gobierno de la República nuestro total rechazo y demandamos que frene sus planes autoritarios y dictatoriales”, dijo la dirigencia del partido.

Destacaron que la Constitución establece la permanencia de cuatro años en el cargo y no hay reelección, por lo que por ningún motivo se puede extender el periodo del titular de la SCJN y del CJF en una ley secundaria. Hicieron un llamado a que el Ministro presidente de la Corte, por decoro y legalidad, debería de excusarse, porque involucra un interés personal.

En tanto, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano aseguró que es inadmisible que el Senado aprobara ampliar por dos años la gestión del presidente de la Suprema Corte; acusó que Morena está pisoteando la Constitución.

“Morena y el Presidente están dinamitando la estructura de la democracia republicana y el equilibrio de poderes, y no lo podemos permitir”, añadió el líder del partido del Sol Azteca.

Zambrano Grijalva señaló que las advertencias de centralizar el poder en  una sola persona hoy son una realidad.

Acusó que López Obrador está actuando sin máscaras, como un tirano, como un dictador, queriendo acabar con cualquier oposición. Dijo que es evidente que está tratando de desmantelar la democracia para abrir camino a un proyecto personal transexenal y autoritario.

Por parte de Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado rechazó la reforma al Poder Judicial pues dijo, permite la concentración del poder en el presidente de la Judicatura, es decir, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Esa concentración del poder en la figura del presidente de la Corte, afecta la independencia de jueces y magistrados, al interior del Poder Judicial, sobre todo, como se ha demostrado en los hechos, frente a un titular del Poder Ejecutivo que interviene en decisiones, no sólo borrando a las secretarías de Estado, sino queriendo intervenir de manera directa en otros poderes”, sostuvo Delgado.

Luego de que el Senado aprobara ampliar el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, por dos años, como parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, fue la el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) quien se desmarcó de dicho cambio.

“El artículo décimo tercero transitorio dado a conocer el día de hoy no sólo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales, sino tampoco fue solicitado por el Poder Judicial Federal”, explicó el CJF en un boletín.

Y es que el artículo transitorio del dictamen, presentado por el senador Raúl Bolaños-Cacho, del PVEM, fue aprobado con 85 votos a favor, 24 en contra y dos abstenciones.

“La persona que, a la entrada en vigor de esta reforma, ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, durará en el cargo hasta el 30 de noviembre del 2024”, se lee en el artículo.

De esta manera, la presidencia de Zaldívar que tenía que concluir en 2022 su mandata, finalizará en 2024 al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La permanencia de los siete integrantes del Consejo de la Judicatura Federal también se amplía.

Ante la acción, los senadores de oposición dijeron que en los hechos es “un golpe de Estado al Poder Judicial”.

El CJF explicó que los proyectos de leyes que implementen la reforma constitucional del 11 de marzo fueron elaboradas al interior del Poder Judicial de la Federación, cuyo contenido es público desde febrero de 2020.

Aclaró que las iniciativas fueron modificada y enriquecidas a través del diálogo con la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación, las cuales se hicieron llegar al Senado de manera pública y “gozaron de la aceptación de las y los legisladores”.

Indicó que debido a que dicha reforma pasa a la Cámara de Diputados, el artículo transitorio podrá ser eventualmente modificado.

“Nuestra única prioridad es que sean aprobadas las leyes reglamentarias de la reforma constitucional al Poder Judicial Federal, que consoliden su autonomía e independencia”, concluyó el CJF.

Al respecto, esta mañana fue cuestionado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien dijo que estaría de acuerdo con ampliar el periodo de Zaldívar, siempre y cuando eso ayude a que se consolide la reforma al Poder Judicial.

“Si esta ley o este ordenamiento lleva ese propósito, que eso es lo que yo tengo de información, que es número determinado de leyes para reformar, yo estoy de acuerdo. Sobre la ampliación del periodo de dos años… se llevó acabo en el Senado, pero si eso garantiza que va a ver la reforma, yo estoy de acuerdo”, respondió el mandatario.

Yo estoy de acuerdo en la reforma al Poder Judicial, estoy totalmente de acuerdo en la renovación de Poder Judicial porque lo mismo que sucedía con el Poder Ejecutivo, hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo en jueces y magistrados y ministros; urge una reforma al interior del Poder Judicial.

Aprovechó para manifestar su confianza al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, a quien calificó como un hombre íntegro.

“Pienso que si se amplió el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo; pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores, pero para que no haya medias tintas, para que se sepa cuál es mi postura: estoy a favor de la reforma del Poder Judicial y le tengo confianza al presidente de la Corte”, reiteró.

Coincidió en que es necesario que se amplíe la permanencia de Zaldívar sobre todo al frente del Consejo de la Judicatura, ya que es el órgano que puede llevar a cabo los cambios que se requieren, pues es quien tiene que ver con las normas para la elección de jueces, magistrados y ministros.

AMLO concluyó asegurando que es una decisión que tomaron los Senadores, y ahora corresponderá a los Diputados discutirla y en su caso aprobarla.

Luego de la carta que revelara esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la que solicitara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) revisar la competencia del juez Juan Pablo Gómez Fierro quien concedió amparos a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, fue el ministro Arturo Zaldívar quien respondió al mandatario.

A través de una carta que se compartió en redes sociales, Zaldívar Lelo de Larrea confirmó la recepción de la carta en la que AMLO presentó una queja en contra del Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

El Ministro le señaló a López Obrador que, como se hace con todas las quejas que se reciben, sería canalizada al área correspondiente para que, de existir elementos, se inicie la investigación que en su caso proceda, respetando la autonomía e independencia de la función jurisdiccional.

Sin embargo, Arturo Zaldívar le recordó al presidente que los jueces y juezas en México actúan en un marco de autonomía e independencia, para lo que el CJF vela para que puedan hacerlo con libertad.

Añadió que es facultad de dicho órgano vigilar que los juzgadores se conduzcan con apego a la ley, con honestidad, honorabilidad y total imparcialidad.

Y es que AMLO le hizo llegar una comunicación a Zaldívar en la que le instaba a que se lleve a cabo una investigación para determinar e informar si al juez Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, le correspondía aplicar o la dicha suspensión a la Ley Eléctrica.

“Desde luego, se respeta el derecho de amparo, la autonomía de jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial; la libertad de los ciudadanos, la libertad de expresión, la libertad de asociación, se garantiza el derecho a disentir, pero al mismo tiempo, nosotros vamos a ejercer nuestras facultades a plenitud y a defender el interés general porque estos grupos solo se orientan a defender el interés de particulares, sobre todo de empresas que han lucrado durante años con el presupuesto público”, recriminó AMLO.

Con el fin de deslindar responsabilidades, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó esta tarde que se tomó la decisión de suspender a un Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México, presuntamente involucrado en la liberación de José Ángel Covarrubias, alias “El Mochomo”.

El organismo indicó que derivado de la denuncia interna presentada el pasado 2 de julio, así como de la denuncia presentada este lunes por la Fiscalía General de la República (FGR), se resolvió suspender por un periodo de seis meses al funcionario del Juzgado.

“La medida cautelar se dictó para continuar con la investigación y deslindar responsabilidades por posibles violaciones, tales como cohecho, utilización indebida de información, tráfico de influencia, encubrimiento, entre otras”, precisó el Consejo.

Aclaró que la suspensión del servidor público no “prejuzga su culpabilidad” y de ninguna manera limita la investigación exhaustiva que se está llevando a cabo en la totalidad del Juzgado Segundo de Distrito.

Reafirmó que en el Poder Judicial de la Federación son muchas y muchos más los juzgadores y servidores públicos honorables, por lo que no se tolerará ningún acto de corrupción o injusticia que vulnere la autonomía e independencia de la justicia federal.

Y aunque en un principio se hablaba que la responsabilidad sería de la jueza María del Rosario Castillo Sánchez, titular del Juzgado en cuestión, tras las investigaciones, la presunta responsabilidad apuntaría al Secretario.

A inicios de mes, el CJF señaló que recibieron información que ameritaba una revisión exhaustiva sobre la decisión de Castillo Sánchez de liberar a José Ángel Covarrubias, al considerar que no había los elementos probatorios para procesarlo por el delito de delincuencia organizada.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), “El Mochomo” es uno de los principales participante en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Recordemos que fue incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien acusó que 24 horas después de que el Fiscal Alejandro Gertz Manero informara sobre la detención, “El Mochomo” logró quedar en liberad.

“O sea, no es un asunto de rutina de que un ministerio público consigna y el juez libera (…) nos presentaron un informe acerca de que hubo corrupción en el juzgado que ordenó la libertad y se tienen las pruebas, o sea que hubo dinero de por medio. Entonces, se va a actuar castigando a los responsables”, expuso AMLO.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó este jueves que interpuso una denuncia interna para dar inicio a una investigación sobre posibles actos de corrupción y vicios jurídicios en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, que encabeza la jueza María del Rosario Castillo Sánchez.

Mediante un comunicado, el CJF señaló que recibieron información que amerita una revisión exhaustiva sobre la decisión de Castillo Sánchez de liberar a José Ángel Covarrubias, alías “El Mochomo”, al considerar que no había los elementos probatorios para procesarlo por el delito de delincuencia organizada.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), “El Mochomo” es uno de los principales participante en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El Consejo de la Judicatura señaló que siempre ha velado y respaldado la autonomía e independencia de las juzgadoras y juzgadores en sus resoluciones, pero enfatizó que toda decisión debe estar fundada siempre en el derecho y con estricto apego a la ley.

“No será tolerada ninguna desviación que se aleje de la justicia, ni cualquier acto de corrupción que incida en las sentencias de la justicia federal”, dijo el CJF.

Al respecto, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, dijo que aunque se apoyará a las y los servidores públicos del Poder Judicial que son honestos y trabajan por el país., cualquier sospecha de corrupción será investigada.

“Seguiremos con una política de cero tolerancia a la corrupción”, remató.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó que 24 horas después de que el Fiscal Alejandro Gertz Manero informara sobre la detención de “El Mochomo”, éste quedara en liberad.

“O sea, no es un asunto de rutina de que un ministerio público consigna y el juez libera (…) nos presentaron un informe acerca de que hubo corrupción en el juzgado que ordenó la libertad y se tienen las pruebas, o sea que hubo dinero de por medio. Entonces, se va a actuar castigando a los responsables”, expuso AMLO.

El Poder Judicial de la Federación (PJF) informó esta tarde que en su lucha por limpiarse de malos elementos, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la destitución e inhabilitación por 10 años de un magistrado federal y la suspensión de un juez de distrito.

El magistrado fue sancionado por el hostigamiento sexual a 10 mujeres y contratar a la esposa de un juez de Distrito de su mismo circuito, en acuerdo y beneficio personal del propio impartidor de justicia, mientras que el juzgador también recibió una sanción y fue suspendido por falta de profesionalismo y ejercicio indebido del cargo.

Al respecto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar, advirtió que el acoso sexual no será permitido en el Poder Judicial federal.

“Cero tolerancia a la violencia de género. La seguridad de las mujeres es prioridad. Avanzamos hacia una mejor justicia en beneficio de todas las personas. Por un país más justo y más igualitario. Acciones, no discursos”, escribió en su cuenta de Twitter.

El CJF refrendó que mantiene su política de combate a la violencia de género y nepotismo, toda vez que representan un “cáncer” para la sociedad que, de entrada, debe ser combatido desde la trinchera de aquellos servidores públicos que juraron velar por la justicia y los valores constitucionales.

El Poder Judicial reiteró su vocación de servicio público, y recordó que son la ética, el profesionalismo y el absoluto respeto a los derechos fundamentales los valores que definen esa vocación.

Al reiterar su compromiso de acabar con la práctica del nepotismo, entendida como la designación de familiares o amistades cercanas para ocupar cargos públicos, independientemente de la capacidad profesional o los méritos para el puesto, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó sobre acciones en la materia.

“El nepotismo ha afectado la percepción interna y externa del PJF desde hace años, e implica un riesgo de posibles conflictos de interés. Al interior, genera una percepción negativa de que los ascensos se dan sin tomar en cuenta los méritos realizados. Y al exterior, parece que existe una cultura de protección y que los cargos son prácticamente heredados”, indicó el Consejo.

En ese sentido, informó que para acabar con el nepotismo y evitar cualquier duda en la designación de juzgadores y servidores públicos, la presente administración aprobó un Acuerdo General mediante el cual se regulan los criterios de ratificación de juzgadores, reincorporaciones, así como adscripciones y readscripciones.

Mediante éste se establecen criterios para asignar o mover a un juzgador federal, con el objetivo de evitar que éstos trabajen en los mismos Circuitos o regiones donde existan posibles conflictos de interés por lazos familiares.

Al respecto, detalló que se ha readscrito a 86 juzgadores federales, en 21 entidades del país.

Sin embargo, el Consejo aclaró que hay juzgadoras y juzgadores, así como otros servidores públicos del PJF, que aún teniendo lazos familiares, se han desempeñado de manera destacada dentro de la institución.

Indicó que en el futuro habrán reglas específicas respecto a la contratación de familiares en Juzgados y Tribunales, así como dentro de los Circuitos a los que pertenezca determinado juzgador.

La noche de este martes, El Consejo de la Judicatura Federal informó que resolvió por unanimidad inhabilitar por 20 años al exdirector general de Inmuebles y Mantenimiento del organismo, Francisco J., por haber recibido dinero que no correspondía a sus contraprestaciones como servidor público, además de haber aceptado regalos de lujo.

 

En un comunicado el organismo detalló que la decisión se tomó durante la sesión de la Comisión de Disciplina que se realizó este martes, en la que se determinó, adicionalmente, imponer una sanción económica al servidor público por tres millones 491 mil pesos.

“Lo anterior deriva de investigaciones denunciadas desde febrero de 2017, cuando al entonces servidor público se le encontró, en la cajuela del auto oficial que tenía asignado, la misma cantidad en efectivo”, explicó el CJF.

En un comunicado, se señaló que la política del CJF y su presidente, el ministro Arturo Zaldívar, ha sido reiterada de cero tolerancia a la corrupción.

“No discursos, no retórica; sino acciones que garanticen un Poder Judicial Federal más confiable para la ciudadanía con servidores públicos dignos de la integridad con que debe conducirse el Poder de la Justicia”, agregó.

Por último, precisó que las investigaciones que deriven de esta decisión se realizarán con estricto apego al debido proceso y conforme a la Constitución mexicana.

La tarde de este lunes, Julio Hernández Barros, el abogado de Rosario Robles, presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra el Juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

La queja se basó en el hecho de que el juzgador tenía conflicto de interés y pese a ello no se excusó del caso.

De acuerdo con el abogado, “Esta cuestión es también una conducta presuntamente delictiva, según el Código Penal el juez que comparezca a un juicio sabiendo que tiene un impedimento legal para hacerlo, puede ser sancionado penalmente”.

A su salida del CJF, los abogados de Robles se trasladaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) donde presentaron también una queja contra el auto de vinculación a proceso y prisión preventiva.

“Consideramos que el auto, sobre ese auto que determina la prisión preventiva, sin que exista una justificación legal para ello, además de violar la ley y poder ser constitutivo de delito, conculca los derechos humanos de Rosario Robles”, dijo.

Luego de los señalamientos que se han hecho respecto al parentesco del Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien vinculó a proceso y dictó prisión preventiva contra Rosario Robles,  con la diputada Dolores Padierna de Morena, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) fijó postura.

“Informamos que hasta el momento no se ha presentado una queja o recurso formal ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) derivado de un asunto resuelto por el Juez”.

Señalaron que de ser presentado, será resuelto en estricto apego a derecho, como ocurre con todas las resoluciones del CJF.

Detallaron que en la resolución del caso Robles, el Juez invocó como fundamento para dictar la prisión preventiva el
artículo 168, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), pues estimó actualizada la medida cautelar con motivo de haberse presentado dos domicilios distintos entre el declarado  por la imputada y el que obra en poder de las autoridades.

Lo anterior, señaló, constituye la presunción de riesgo de fuga con base en el CNPP.

Respecto al turno por el que se asigna un asunto, se aclara que los Centros de Justicia Penal Federal se rigen por un doble filtro en el caso de la Ciudad de México: el primero confiere competencia temporal (quincenal) a cada Centro de manera rotativa; y el segundo, ya dentro de cada órgano la asignación de asuntos a juezas y a jueces es aleatoria, automatizada y exclusiva a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

El CJF subrayó que el diseño del sistema de justicia adversarial prevé que un Juez que fungió en su calidad de Control en una etapa del procedimiento no podrá conocer del propio asunto en la etapa de juicio, debiendo conocer otro Juez del mismo Centro de Justicia Penal, o del Centro más cercano en caso de no ser posible.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desmintió la nota periodística publicada por el diario Reforma, en donde aseguraron que se le exigió a los jueces no criticar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclarando que se trata de una nota falsa, pues cada juzgador cuenta con la autonomía de emitir sus sentencias.

Lo anterior, luego de que el medio asegurara que la magistrada Claudia Mavel Curiel López comunicó a sus homólogos que, por instrucciones de la presidencia de la Corte, los jueces debían evitar críticas y comentarios públicos contra el mandatario federal, pues de lo contrario serían sujetos a procedimientos administrativos de responsabilidad.

A través de un comunicado, el CJF indicó que no ha emitido señalamiento alguno en ese sentido ni cuenta con las facultades para hacerlo. Agregó que Reforma no buscó que emitiera una postura al respecto, además de que su función es encargarse de que los jueces federales cuenten con las herramientas necesarias para emitir sentencias con plena autonomía que estas sean acatadas.

Asimismo, destacó que la postura del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar que a su vez preside el CJF, es pública: “El poder judicial de la Federación es un contrapeso constitucional que se hace efectivo a través de las resoluciones de sus juzgadores. Su función no está en la arena política partidista, sino en la actividad jurisdiccional; es decir dictando sentencias con apego a la Constitución”.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) detalló el fallo del juzgado donde se rechazó la admisión de la hipoteca de una propiedad de Diego Fernández de Cevallos ya que no cubre con la fianza que necesita Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora para salir de prisión, pues necesita la cantidad de 100 millones de pesos para alcanzar la libertad.

“Pues si bien el fedatario público que la constituyó otorgó al predio el valor de 402 millones 825 mil pesos, ello lo hizo con base en un avalúo en el que, lo que se determinó, fue el valor comercial y no el exigido por la ley procesal penal”, indicó el CJF.

Según el diario Reforma, el CJF publicó el pasado 21 de diciembre que el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México determinó que la escritura antes mencionada no cumple con los requisitos señalados en el artículo 405 del Código Federal de Procedimientos Penales.

“Tampoco señala que la hipoteca deba cubrir la reparación del daño a cuyo pago pudiera condenarse al procesado. En caso de controversia, erróneamente sujeta a las partes a la jurisdicción de los tribunales locales, pues es el fuero federal al que le corresponde conocer y resolver los conflictos que se susciten”, señaló la Judicatura.

En este juzgado es donde se lleva a cabo el proceso penal contra Padrés por la supuesta defraudación fiscal que asciende a 70 millones 415 mil 367 pesos.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó al Consejo de la Judicatura Federal entregar los testimonios grabados de Mario Aburto Martínez, asesino del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, y de Othón Cortez, involucrado en el caso.

“Se instruyó al Consejo de la Judicatura Federal entregar los vídeos y grabaciones de audio de los careos que sostuvo Othón Cortez Vázquez con Mario Aburto y otros testigos como parte de la investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio”.

En un comunicado, el INAI informó que “en el pleno ha quedado de manifiesto el interés de la sociedad mexicana de conocer la verdad, así como la investigación y los elementos de prueba de la autoridad de procuración de justicia”, manifestó.

Y es que, un particular solicitó los vídeos y las grabaciones de audio de los careos del 26 y 29 de mayo y del 1 de junio de 1995 entre Othón Cortez Vázquez y Mario Aburto Martínez. Así como los careos del 26 y 29 de mayo de 1995 entre Othón Cortez Vázquez y un testigo.