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Este domingo en el municipio de Valle de Bravo, fue localizado el cadáver de Nancy Flores García de 40 años de edad, quien trabaja en la primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Nancy Flores había sido reportada como desaparecida el 10 de agosto en la colonia El Tanque, en la alcaldía de Magdalena Contreras.

A través de sus redes sociales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó sus condolencias a la familia y amistades de, Nancy Flores García, quien se desempeñaba en la Coordinación Administrativa de la Primera Visitaduría General.

La CNDH condenó los hechos de manera enérgica y reiteró que se mantendrá al tanto de las actuaciones de las autoridades hasta lograr el total esclarecimiento de los hechos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a las autoridades de nuestro país para que, mediante las instancias diplomáticas correspondientes, se presenten las acciones oportunas para velar por el pleno respeto de los derechos humanos de los migración ante las enmiendas concernientes a los procedimientos de asilo en los Estados Unidos.

La CNDH indicó que las acciones que debe ejercer nuestro país tienen que tener como fin que el asilo y refugio sean una prerrogativa a la que pueda acceder cualquier persona, haciendo vigente el principio de no devolución.

«Este Organismo Constitucional Autónomo advierte que enviar a quien solicita asilo o refugio a un tercer país, sin que se realice previamente una evaluación individualizada sobre los riesgos de persecución en dicha nación, vulneraría el ‘Principio de No Devolución’; además, podría enfrentar persecución de devolverle a su país de origen, como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso ‘John Doe y otros c. Canadá'», señaló la Comisión.

Subrayó que con las medidas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos, se afectaría principalmente a los cientos de niñas, niños y adolescentes solicitantes de asilo quienes, según lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se les puede rechazar en la frontera sin un análisis adecuado o individualizado de sus peticiones con las debidas garantías, y se les debe escuchar para resolver de acuerdo con su mejor interés.

Y aunque reconocieron que el gobierno mexicano ha expresado que no coincide con las medidas de EUA, señalaron que lo cierto es que en la práctica nuestro país se convertiría en un tercer país seguro, ya que la gran mayoría de las personas extranjeras que ingresan de forma irregular a la Unión Americana transitan por territorio nacional.

Advirtió que ante esta situación, el sistema de protección internacional que tiene México, por conducto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), podría verse colapsado.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que analiza el contenido de un escrito que diversas personas presentaron el pasado 15 de julio, en sus oficinas en la ciudad de Tijuana, solicitando su intervención contra la reforma que permite la extensión de mandato de 2 a 5 años para el Gobernador electo en dicha entidad.

“Tomando en consideración la naturaleza y características particulares del acto que se aduce vulnera derechos humanos, la CNDH ponderará la factibilidad de su actuación, en particular sobre una acción de inconstitucionalidad, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, una vez que cuente con todos los elementos necesarios para tal efecto”, indicó la Comisión.

Señaló que la reforma constitucional aún no se publica, por lo que todavía no es vigente.

Indicó que se dará la atención y el seguimiento necesario que sea procedente al escrito que le fue presentado y, en su oportunidad, previo estudio y análisis del caso, tomará la determinación que en derecho proceda sobre la promoción del recurso constitucional correspondiente.

Al respecto, la diputada Eva María Vázquez Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Baja California, no convocará a la sesión pública en la cual se podría promulgar la reforma, por lo que será la siguiente legislatura, que inicia el 1 de agosto, la que realice dicha tarea.

Al acompañar a la legisladora, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Larios Córdova, informó sobre la decisión de su legisladora pese a la presión que está ejerciendo Morena.

Dijo que “en todo caso sea la próxima legislatura, que empieza el 1 de agosto, quien termine esta sucia labor, nosotros no nos vamos a prestar a hacer el trabajo sucio”, declaró el líder panista.

El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo este viernes un llamado a las y los distintos actores públicos que en los últimos días han realizado expresiones en contra de la labor que realiza el Organismo Nacional.

En el llamado que hizo, pidió reconsiderar los dichos y evitar descalificaciones que «poco abonan al fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho al que la sociedad mexicana aspira».

El Consejo Consultivo indicó que las expresiones constatan que el respeto a los derechos humanos sigue sin entenderse como una responsabilidad de todas las autoridades, sin importar jerarquía, adscripción u orden de gobierno.

Además, dijeron, dificultan el trabajo a favor de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

«Toda institución es perfectible, pero no es mediante denostaciones sino a través de la suma de esfuerzos que será posible alcanzar el fin que a todos nos es común y en el que no existen discrepancias: la dignidad de las personas».

Finalmente, el Consejo Consultivo reiteró su respetuoso llamado, particularmente quienes detentan una posición pública de poder, a que pongan por encima de toda diferencia la vigencia de los derechos humanos y se conduzcan dentro de un diálogo respetuoso en el que la crítica y las diferencias se expongan con ánimo constructivo y con apego al reconocimiento de la autonomía del organismo protector de los derechos humanos.

Este jueves, la Primera Sala de la Suprema Corte otorgó suspensiones que impiden la reducción salarial a empleados de la Comisión Federal de Competencia Económica y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De acuerdo con los ministros de la Suprema Corte de Justicia, la reducción salarial impuesta a los institutos autónomos podría ser interpretada como medida de presión política, por lo que la suspensión no afecta el interés de la sociedad.

Con esta resolución, ya son cinco las decisiones similares que obtienen empleados de cinco órganos autónomos para que no se les aplique la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos.

Esta ley promovida por el presidente, Andrés Manuel López Obrador tiene elobjetivo de nadie gane más que el titular del Ejecutivo, cuyo salario es de 108 mil pesos mensuales, 1.6 millones al año.

Al menos 100 altos funcionarios de la Cofece y CNDH tienen percepciones superiores, por lo que promovieron, a título personal, juicios de amparo contra la medida.

Estos juicios se suman a una serie de controversias constitucionales que las respectivas instituciones autónomas han promovido para que sus empleados queden exentos en la aplicación de la citada ley. Los empleados de otras dependencias que han obtenido suspensiones en juicios de amparo trabajan en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional Electoral y En el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Tras declaraciones de ayer de el presidente, Andrés Manuel López Obrador sobre que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene «autoridad moral» para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes secundarias de la Guardia Nacional porque en sexenios pasados fue «cómplice» de la violencia.

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), consideró que las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador tal vez busquen inhibir las atribuciones constitucionales de ese organismo.

El presidente de la CNDH señaló como»grave» que el Presidente condene al que disienta en visiones distintas a las de él, y subrayó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “claro que tiene calidad moral”.

Al finalizar la presentación del diagnóstico sobre trata de personas en el país, el Ombudsman Nacional lamentó las expresiones hechas por López Obrador, a quien dijo respetar “en lo personal y en lo institucional”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que, aunque respeta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), considera que no tiene “mucha autoridad moral”.

Acusó la Comisión guardó silencio durante mucho tiempo, y fue cómplice cuando el Estado era el principal violador de los derechos humanos.

Lamentó que ahora sea la CNDH quien con el gobierno que encabeza, actúe de “otra forma”. Enfatizó que respeta el trabajo que el organismo hace, aunque no le gusta la hipocresía.

“No es posible que no hayan hecho nada para que se investigara lo de la Guardería ABC y a nosotros nos manden una recomendación por las estancias infantiles, cuando lo que estábamos procurando o se está buscando en el caso de las estancias infantiles es que no suceda lo que desgraciadamente pasó con la Guardería ABC”, dijo AMLO.

Indicó que al igual que en el caso de la Guardería ABC, la CNDH no hizo nada para que se detuvieran las razias, las masacres o la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

López Obrador finalizó asegurando que ya no hay espacio para las simulaciones, “fuera máscaras”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a no estigmatizar y descalificar a todas las policías e instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia y sus integrantes.

Señaló que la capacidad, honorabilidad y profesionalismo de miles de mexicanos que han comprometido su vida en dichas áreas no dependen de épocas o gobiernos en los que ingresaron al servicio público, ni de sus filiaciones o preferencias políticas o ideológicas».

La Comisión indicó que, pese a lo mucho que el país ha invertido en el ámbito de seguridad y justicia y no obtener los resultados deseados, no debe desecharse todo lo existente y empezar de cero en la generación de recursos y capacidades.

Reconoció que es necesario depurar y revisar a las policías para fortalecerlas, aunque señaló que debe hacerse bajo esquemas y mecanismos objetivos, para desterrar la corrupción y colusión de sus miembros con organizaciones criminales, sin que ello afecte a los buenos elementos, vulnere sus derechos y propicie que se pierdan capacidades y recursos útiles para las tareas que vienen.

El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, explicó que la Guardia Nacional debe ser parte de la solución de los problemas de violencia e inseguridad, pero no es la solución en sí misma, ya que por mejor capacitada que esté poco o nada abonará para abatir la impunidad si no se cuenta con 33 fiscalías autónomas eficientes, con recursos y capacidades suficientes para que los delitos se investiguen y sancionen.

Detalló que la seguridad de las personas aún enfrenta un entorno crítico en el país, que se refleja en el aumento de la mayoría de los delitos de alto impacto, y a pesar del anuncio del Gobierno federal de combatir delitos como homicidios dolosos, feminicidios, secuestros y extorsiones, entre otros, en la sociedad se ha incrementado la incertidumbre, miedo, desesperanza y un sentimiento de indefensión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó analizar la constitucionalidad de las leyes de la Guardia Nacional y la general del Sistema Nacional de Seguridad, promulgadas en mayo pasado y que normarán la labor de los 150 mil elementos que integrarán la corporación, debido a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) las impugnó por considerar que contienen omisiones que pueden ser violatorias de garantías.

En las acciones de inconstitucionalidad que promovió se establece que los legisladores que promulgaron estas leyes incurrieron en serias omisiones, puesto que no se incluyeron reglas suficientes para regular la nueva institución policiaca.

De acuerdo con el organismo nacional, la base jurídica que regulará la actuación de los elementos “es demasiado general, no específica”, por lo que en los hechos, su aplicación puede traducirse en violaciones a los derechos humanos durante las tareas de seguridad pública que realizarán los militares, marinos y policías federales que la conforman.

En los documentos que el 26 de junio pasado entregó el ombdusman nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que en estas leyes no se contemplan algunos criterios para el actuar de los cuerpos de seguridad, que sí están plasmados en la Constitución, por lo que debieron ser reguladas por los legisladores.

Con estos argumentos promovió la acción de inconstitucionalidad 62/2019 contra las leyes de la Guardia Nacional, y la 66/2019 contra la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, que tienen fallas de origen en el Senado.

Al afirmar que el reconocimiento y vigencia efectiva de los derechos humanos, es un elemento esencial de un Estado democrático, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), lamentó el rechazo “concertado, directo, altisonante, desdeñoso e infundado”, de la primera de sus recomendaciones al actual gobierno, referida a la cancelación del Programa de Estancias Infantiles.

Indicó que dicho rechazo llega de un gobierno que se comprometió explícitamente a respetar la autonomía, funciones y a cumplir las recomendaciones de la CNDH. Recordó que fue rechazada por las 4 dependencias, así como por la propia Presidencia de la República.

“Este Organismo Nacional lamenta que en lugar de haber sustentado su respuesta en argumentos objetivos, apoyados en la ley, así como en elementos objetivos y verificables, hayan optado por formular una negativa basada en elementos de carácter preminentemente ideológico o político, así como por afirmar hechos que no corresponden a la realidad de las cosas, para desinformar y generar en la sociedad una percepción equivocada sobre el caso, desviando y confundiendo la atención pública de las cuestiones realmente importantes y de fondo”, dijo el titular de la Comisión.

Señaló que la Recomendación emitida no viola ni promueve la violación a los derechos humanos, y por el contrario, tiene por objeto exigir el auténtico y efectivo respeto y vigencia de los mismos, frente a actos arbitrarios e infundados de poder que los trasgreden.

Aclaró que no se oponen a que se investiguen los casos de corrupción o las irregularidades que, eventualmente, se hayan presentado en la administración u operación de las estancias infantiles.

Enfatizó que el pretender que las personas mayores, o las mujeres, que integran las familias asuman obligadamente las tareas relativas al cuidado de niñas y niños, lleva implícito múltiples estigmas y prejuicios sobre lo que debe considerarse una familia, el papel y responsabilidades de las personas mayores, y de las mujeres, basados en su género y condición, que claramente violentan sus derechos.

El Ombudsman nacional dijo que ante la negativa a aceptar la Recomendación y la naturaleza de los argumentos en que se sustentó la misma, solicitarán al Senado el que requiera a las autoridades responsables las explicaciones correspondientes.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó sobre los 399 casos de hostigamiento sexual y abuso sexual en instituciones de la Administración Pública Federal (APF) contra 402 víctimas, ocurridos entre enero de 2016 y septiembre de 2018.

El organismo indicó que dichos casos evidencian las relaciones desiguales de poder y el estado de indefensión de las víctimas, que con frecuencia quedan impunes por falta de mecanismos eficaces, ya que del total de casos señalados, solo en 1% se impuso sanción que impactó laboralmente al agresor.

De acuerdo con la información proporcionada por 25 instituciones de la Administración Pública Federal (APF), la CNDH advirtió que, de enero de 2016 a septiembre de 2018, el 61.19% de las víctimas de hostigamiento y acoso sexual se concentró en tres instituciones: la Secretaría de Educación Pública (99), Secretaría de la Defensa Nacional (87) e Instituto Mexicano del Seguro Social (60). Del total de víctimas, el 94.53% fueron mujeres y 3.23% hombres.

Entre las principales conductas denunciadas destacan: emitir expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las personas o pretenda colocarlas como objeto sexual; insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o encuentros de carácter sexual; realizar señales sexualmente sugerentes; tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual; tomar represalias de cualquier índole por rechazar proposiciones de carácter sexual; rumores, expresiones o insultos de carácter sexual, además de conductas contrarias al código de ética.

Así lo destaca el Diagnóstico de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Federal 2015-2018, elaborado por la CNDH con información del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Secretaría de la Función Pública, y con información remitida directamente por las instituciones de la Administración Pública Federal.

Foto: Twitter / DAS Seguros

En el marco de la 41 Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ (lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual y Queer), la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció la celebración que dijo, deja de manifiesto la libertad y dignidad de los mexicanos.

Indicó que la marcha del orgullo recuerda que México es un país diverso y plural. «Sabemos los esfuerzos organizativos que como movimiento social han logrado para impulsar cambios legislativos hacia la igualdad».

Señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) emitió el pasado 17 de mayo, el Decreto para reconocer el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, dando pauta para la promoción de acciones afirmativas, medidas de inclusión y políticas públicas, entre otras acciones, que garanticen el respeto a los derechos humanos de todas las personas que pertenecen a este grupo de la población.

«Como Estado, reafirmamos nuestro interés de impulsar una agenda amplia que conduzca a recomponer el tejido social, a fortalecer la democracia, respetar los derechos humanos y sentar las bases  para construir una cultura de la paz e igualdad», dijo la Segob.

La dependencia expuso que en el mes del Orgullo LGBTTTIQ+ refrenda su compromiso a favor del reconocimiento pleno de los derechos humanos de todas las personas.

En el mismo sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que a pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos de la población LGBTTTIQ+, persiste la discriminación en distintos ámbitos sociales, desde la familia hasta los espacios laborales, lo que evidencia la imperiosa necesidad de que autoridades y sociedad intensifiquen sus labores para impulsar la igualdad de derechos en todos los campos con el resto de la población.

Enfatizó que de acuerdo con la encuesta realizada por la CNDH y el CONAPRED, 6 de cada 10 personas encuestadas de dicha comunidad sufrió discriminación en el último año y más de la mitad (53%) reportó haber sufrido expresiones de odio, agresiones físicas y acoso.

 Para esta Comisión Nacional, el matrimonio igualitario, que hoy es posible en 19 de las 32 entidades federativas, el acceso calificado a los servicios públicos de salud, vivienda, trabajo y educación sin discriminación son demandas pendientes de resolver por algunas instituciones del Estado mexicano.

Por actos de tortura cometidos por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) contra dos personas de nacionalidad hondureña alojadas en la Estación Migratoria de Tlaxcala, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al titular del INM, Francisco Garduño, y a la Directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tlaxcala, Maday Capilla Piedras.

La CNDH explicó que su personal tuvo conocimiento que el 5 de junio de 2018, en la estancia de varones de dicha Estación Migratoria, mientras entregaban alimentos a las personas alojadas, un agente federal solicitó al adolescente de 17 años de edad tirar una bolsa de basura, y ante su negativa, el personal migratorio no le proporcionó los alimentos, por lo que su padre regresó los que él tenía como acto de protesta, los cuales accidentalmente cayeron al piso.

Tras el incidente, el citado agente realizó una llamada y 30 minutos después, llegaron tres agentes federales de migración quienes trasladaron a los migrantes a un cuarto aislado donde fueron golpeados y amenazados con desaparecerlos si denunciaban los hechos.

Ante tal situación, el Organismo Nacional solicitó medidas cautelares al INM y a la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Tlaxcala (PPNNA-Tlaxcala) con la finalidad de que los migrantes fueran trasladados de manera inmediata a un Centro de Asistencia Social y garantizarles su integridad física, psicológica, así como se determinara el interés superior del adolescente para brindarle la protección integral que correspondiera.

La CNDH detectó inconsistencias en los señalamientos vertidos por el INM, ya que, en las videograbaciones de seguridad, no se observó que los agraviados hubiesen agredido al personal migratorio.

En la integración del expediente, se reveló que la persona menor de edad presentó lesiones físicas y afectaciones psicológicas concordantes con tortura, en tanto, su padre tuvo secuelas psicológicas que acreditaron tratos crueles.

Ante las conclusiones alcanzadas, la CNDH recomendó al Comisionado del INM, que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, repare integralmente los daños a los agraviados, les brinde atención psicológica y los inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, así como colabore en la denuncia que la CNDH presente ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra las personas servidoras públicas.

Adicional recomendó capacitar al personal de la Estación Migratoria de Tlaxcala sobre los derechos a la integridad personal, a la seguridad jurídica y al interés superior de la niñez migrante en los procedimientos migratorios.