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Al presentar el estudio sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Materia de Puestos y Salarios en la Administración Pública Federal 2017, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Luis Raúl González Pérez, advirtió que las mujeres mantienen una participación baja en la toma de decisiones de mando y poder que definen el destino de México.

 

 

Señaló que el porcentaje de mujeres en puestos de mayor responsabilidad y nivel jerárquico dentro de la Administración Pública Federal (APF) llega a ser inferior al 25% del total de plazas, lo cual contrasta con su presencia en los niveles de mando más bajos, en los cuales ocupan cerca del 47%.

 

Acompañado por la Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González; la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, y la Cuarta Visitadora de la CNDH, María Eréndira Cruzvillegas Fuentes, el Ombusman nacional subrayó que aun cuando ha habido avances en la materia, el que se presente una igualdad cuantitativa con los hombres, no implica que exista una verdadera igualdad sustantiva entre géneros, y es que las mujeres representan el 53.5% del total de personas empleadas en las 49 instituciones de la APF que se analizaron.

 

La menor participación de las mujeres en los cargos de la más alta responsabilidad, donde se perciben mayores salarios, tiene diversos impactos, como el promedio salarial global, conforme al cual existe una brecha entre las mujeres y los hombres de -12.0% en Secretarías y -7.0% en otras instituciones.

 

Por su parte, la Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, demandó acelerar el ritmo de los esfuerzos encaminados a conseguir la igualdad salarial y laboral entre mujeres y hombres, y subrayó que desde el gobierno federal se ha enfatizado la necesidad inaplazable de contribuir a la equidad de género.

 

“La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres es una condición innegable para que este país logre los niveles de crecimiento a los que aspira”, señaló.

 

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, exigió que se esclarezca a puntualidad la detención de Marco Antonio Sánchez Flores, y condenó que en el país se sigan registrando casos de detenciones arbitrarias.

 

El ómbudsman reiteró que estarán acompañando el caso y reconoció que su homóloga, Nashieli Ramírez Hernández, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), es quien está dando seguimiento puntual al caso, incluso señaló que personal de la Comisión capitalina estuvieron presentes durante la valoración médica que se le realizó al menor.

 

 

Al respecto se ha informado que de los exámenes médicos que se le han practicado al estudiante de la UNAM, han indicado que presenta un cuadro de delírium mixto secundario, que podría ser producto de los golpes que recibió en la cabeza,los cuales quedaron grabados en un video que circula por las redes sociales.

 

Hasta ahora el menor permanece sedado, por lo que se espera su evolución médica para poder saber si las lesiones presentadas ocasionaran secuelas.

 

Con información de Medios / Fotos: Twitter Animal Político

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió un informe sobre las visitas realizadas en junio pasado para examinar el trato y las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad en 77 áreas de detención de la Procuraduría General de la República (PGR), y concluyó que las condiciones “constituyen situaciones de riesgo y pueden derivar en maltrato o tortura”.

 

En el informe detalla la “falta de mantenimiento, de suministro de agua corriente, ventilación, iluminación e higiene, así como falta de privacidad en las comunicaciones telefónicas, en entrevistas con abogados y visitantes, así como insuficiente personal y equipo médico son las deficiencias más significativas encontradas en algunas áreas”.

Adicional señala la carencia de instalaciones para facilitar el acceso de las personas con discapacidad física; y en pocos casos carencia de planchas para dormir, espacios y alimentos, certificaciones de integridad física sin condiciones de privacidad, así como falta de personal femenino de custodia para mujeres.

 

Las revisiones que realizó el personal del organismo corresponden a las Fiscalías Especializadas, Unidades y Agencias del Ministerio Público de la Federación ubicadas en la Ciudad de México y en los estados de Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Tlaxcala y Puebla.

 

Luego de que fuera aprobada la Ley de Seguridad Interior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que se encuentra analizando una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley, pues asegura que con la puesta en marcha de dicha ley se podría contravenir o propiciar que se vulneren los derechos humanos de las personas.

 

“La aprobación de esta Ley en los términos en que fue formulada, en opinión de esta Comisión Nacional, no sería acorde al sentido y contenido de la reforma de 2011, en tanto genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, además de afectar el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre instituciones, órganos del Estado y Poderes, así como posibilitar que se impongan estados de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana”, indicó el organismo a través de un comunicado.

 

La CNDH reiteró que con independencia del estudio que realiza para la promoción de una acción de inconstitucionalidad respecto de la Ley de Seguridad Interior, la atención a los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país, debe emprenderse bajo un enfoque integral, que parta de una lógica preventiva, más que reactiva.

 

Añadió que es necesario que el gobierno se ocupe del  conjunto de factores que generan o propician las actividades delictivas, así como del desarrollo de capacidades y recursos para la efectiva persecución y combate de las actividades ilícitas, con pleno respeto a los derechos humanos, todo lo cual pasa, necesariamente, por la revisión y fortalecimiento de nuestras policías y autoridades civiles.

 

La Comisión hizo un “respetuoso exhorto” al Ejecutivo Federal para  que formule observaciones al  proyecto de Ley de Seguridad Interior, con base en la atribución que le confieren la ley. “La seguridad es posible y compatible con el respeto a la dignidad humana, así como a las libertades y derechos que dan sustento a nuestras instituciones democráticas”, remató.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidieron al gobierno mexicano “abstenerse de aprobar el proyecto de la Ley de Seguridad Interior” que se someterá esta tarde a consideración de las Comisiones dictaminadoras del Senado.

 

Lor organismos indican que el llamado se hace en apego a las “obligaciones constitucionales y convencionales relativas a la preservación y defensa de los derechos humanos” que el Estado debe garantizar.

 

Por el contrario, pidieron se “abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en México bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas”. Indicaron que pese a las modificaciones que se han anunciado, la propuesta de Ley “sigue presentando aspectos altamente preocupantes para la vigencia y respeto de los derechos humanos en México”.

 

“La CNDH y la ONU-DH consideran que no existen las condiciones propicias para aprobar el Proyecto de Ley durante el proceso legislativo que termina el próximo viernes 15 de diciembre y hacen un respetuoso exhorto para que se amplíe su debate y discusión a efecto de prevenir situaciones que actualicen o propicien que se vulneren los derechos humanos al amparo de la ley antes mencionada”, señalaron los organismos a través de un comunicado.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señaló que el día de hoy es una “jornada de buenas noticias para los derechos humanos en México y el contexto internacional”, esto luego de la  promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, a cargo del Presidente Enrique Peña Nieto.

 

 

 

En el marco de la ceremonia de toma de posesión de la Cuarta Visitadora General de la CNDH, María Eréndira Cruzvillegas Fuentes, y luego de asistir a la promulgación de la Ley referida en la Residencia oficial de Los Pinos, el Ombudsman nacional,  Luis Raúl González Pérez, destacó que este es un logro de la sociedad civil y los colectivos de familias de personas desaparecidas.

El Presidente de la CNDH resaltó la importancia de la asignación de presupuesto inicial para la implementación de la Ley, y puntualizó que estos recursos deben incrementarse no solo por parte del gobierno federal, sino también de los Ejecutivos y Congresos de las 32 entidades federativas, así como la voluntad política de ambos para la implementación plena de la referida Ley.

El Presidente de este Organismo Nacional señaló que una de las prioridades de la instrumentación de la Ley, será determinar el paradero de las personas desaparecidas, encontrar a los responsables y fincar las responsabilidades a que haya lugar; así como la reparación integral del daño a las víctimas, y conocer la verdad, pues solo así se evitará la
repetición de estos hechos condenables.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), investigará  las irregularidades denunciadas sobre los apoyos para la reconstrucción entregados por el gobierno federal mediante el pago en monederos electrónicos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), en particular por la presunta falta de fondos de dichas tarjetas, así como a la falta de claridad sobre las reglas para la elaboración del censo de beneficiarios y los criterios para la clasificación del tipo de apoyo a las víctimas de los sismos de septiembre.

 

En un comunicado, la CNDH informó que pidió a la SEDESOL que adoptara medidas cautelares a efecto de preservar los derechos humanos de las personas designadas como beneficiarias del Programa de Empleo Temporal (PET) en el estado de Oaxaca, proporcionándoles información clara y oportuna sobre dicho programa, las condiciones bajo el cual se hizo el censo de beneficiarios, el importe de los apoyos que corresponderían a cada persona, así como la fecha y hora en que podrían pasar a recoger los mismos.

 

Además el organismo enfatizó sobre la necesidad de que la entrega de estos apoyos se hiciera en lugares que contaran con condiciones operativas y sanitarias adecuadas, en donde se tomara en consideración la condición de vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes, así como personas mayores, que podrían acudir a recibir los apoyos antes referidos o acompañar a quienes resultaran beneficiarios.

 

Redacción APO / Foto: @gobmx

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que desde mayo pasado alertó al gobierno estatal sobre la presencia de un “autogobierno” al interior del Centro de Readaptación Social de Cadereyta, en Nuevo León por parte de los internos, por lo que tras los hechos que han dejado hasta ahora 17 personas sin vida, demandó de manera urgente, “se restablezca el orden con pleno respeto a los derechos humanos”.

 

“Este Organismo Nacional expresa su preocupación ante la falta de respuesta adecuada de las autoridades para atender la problemática que se ha denunciado en los centros de reclusión de la entidad, y que se ve reflejada de manera recurrente en hechos violentos como los que hoy de nueva cuenta se presentan en Cadereyta”, indicó el organismo este jueves.

 

Agregó que visitadores adjuntos de esta CNDH, se encuentran presentes en el Cereso de Cadereyta para vigilar la situación que se vive como resultado de los hechos violentos, con el fin de verificar no se vulneren los derechos humanos de los internos ni de sus familiares.

 

Autoridades ofrecieron una disculpa, pues “hubo un error administrativo“ en la lista dada a conocer con el nombre de las víctimas mortales, luego de que en ella apareciera el nombre de un reo que no murió y que sus familiares reconocieron.

 

Este lunes dio inicio las Jornadas de Exhumaciones en el Panteón Jardines de Amistad Eterna de Ciudad Acuña en Coahuila.

A través de un comunicado, los familiares de desaparecidos informaron que la primera exhumación será de 458 cuerpos inhumados en fosas comunes durante el periodo que comprende de 2006 a 2017, se hará hoy en el citado camposanto, mientras que para mañana se tienen programadas tres más en Piedras Negras.

 

Los grupos Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas A.C, Alas de Esperanza Asociación, Grupo Vida (Víctimas por sus Derechos en Acción), Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M), el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi; dieron testimonio del trabajo que han hecho para dar con el paradero de sus seres queridos y de cómo se logró llegar a esta acción de manera coordinada con el Estado.

 

“En este largo caminar, mientras unos colectivos logramos sentar a las autoridades para que reconocieran el delito y asumieran su responsabilidad como tal, otros salimos a buscar en campo encontrándonos con fosas clandestinas donde habrían fragmentos humanos que podrían ser los nuestros”, relataron.

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Los trabajos de hoy son coordinadas por las autoridades de la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE), sin embargo, los grupos solicitaron la presencia de personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México; la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (PGR), la Dirección de Atención a Víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Coahuila, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y peritos independientes.

 

Las familias de desaparecidos demandaron al Estado sostener los compromisos acordados para concluir las Jornadas con la identificación de los 458 cuerpos, así como de los 50 mil restos encontrados en las búsquedas que han hecho en campo.

 

Con información de El Siglo de Torreón /Foto:

Al participar en el Cuarto Seminario “Homenaje a Don Jesús Reyes Heroles: Tendencias Actuales de la Democracia en México”, organizado por el Instituto Nacional Electoral, el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que “sin derecho no puede haber democracia y sin democracia la libertad de las personas no puede ser plena”, además de señalar que los desafíos que nuestra Nación enfrenta a su soberanía y a su vida democrática demandan la solidaridad y compromiso de los mexicanos en unidad democrática que no debe ser confundida con uniformidad o incondicionalidad política.

 

“El mundo no necesita un nuevo discurso de odio, los cuales han sido punto de partida para varios de los peores actos genocidas que la humanidad ha atestiguado”, aseguró.

 

Explicó que el eje de dicha unidad democrática es el reconocimiento y vigencia de los derechos fundamentales, que se materializa en la construcción de un verdadero Estado de Derecho, abatimiento de violencia, corrupción e impunidad, así como en la generación de un entorno donde la convivencia social pacífica sea posible y todas las personas puedan desarrollar su vida y ejercer sus derechos con normalidad.

 

 

 

 

 

Con información de CNDH / Foto: Twitter