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La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, presentó su informe de actividades 2023 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde propuso desaparecer al organismo y dar paso a una Defensoría de los Derechos del Pueblo.

Piedra Ibarra afirmó que “nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz” a la CNDH pues dijo, ya que no responde a las necesidades del pueblo.

“Estamos convencidos de que la defensoría nacional de los derechos del pueblo emerja como una nueva institución, más aún de que es indispensable reformar el sistema jurisdiccional mexicano para cumplir cabalmente con el artículo 1º de la Constitución”, dijo la funcionaria.

La hija de la reconocida activista Rosario Ibarra de Piedra, sostuvo que los mexicanos demandan un nuevo organismo de defensoría, que dijo, debe ser más dinámico, comprometido y proactivo.

Subrayó que la única manera de hacer cumplir la ley es devolviéndole las instituciones al pueblo, palabras que recordaron al discurso del presidente López Obrador; en el caso de la CNDH, sostuvo que desde su creación emite recomendaciones que no tienen carácter de obligatoriedad, lo que contradice lo que mandata el 1º constitucional, además que está estancada en acciones reactivas, cuando en realidad se requiere prevenir, asumir resoluciones con rapidez y eficacia e incidir en políticas públicas.

En ese sentido, dijo que durante su gestión al frente de la CNDH, ha tratado de ir más allá de “nuestras posibilidades ejerciendo también acciones de prevención, gestión y, en su caso, de acompañamiento a las víctimas en sus demandas ante las autoridades”.

Detalló que al inicio de la actual presidencia de la Comisión se recibieron 508 recomendaciones sin cumplimiento, siendo la más antigua la de la Guerra Sucia, emitida en 2001, mientras que en la del caso Ayotzinapa se está integrando un nuevo proyecto de recomendación.

Rosario Piedra detalló que durante 2023 se registraron 153 mil 261 documentos en el Sistema Integral de Quejas y 73 mil 66 solicitudes de atención, de las cuales 60 mil 342 fueron escritos de quejas. Resaltó que 13 mil 1 expedientes fueron resueltos durante su tramitación, lo que dio solución a su problemática en favor de 37 mil 961 personas agraviadas o quejosas; representa el 62.90% de los expedientes concluidos.

Añadió que se ha fortalecido la presencia nacional mediante la transformación de las 16 oficinas foráneas, asegurando que hoy hay representación prácticamente en todo el país.

En línea con el debate que se ha dado en los últimos días en el púlpito presidencia, Piedra Ibarra destacó que ni ella ni ningún alto cargo de la CNDH gana más que el Presidente; se haya gastado millones en viáticos o banquetes, bonos, percepciones extraordinarias; gastos ostentosos o se ha contratado a familiares o amigos.

Durante el debate, el senador Germán Martínez del Grupo Plural, acusó que la tarea de la CNDH es limitar al poder. Reclamó que la Comisión no menciona en sus recomendaciones violaciones a los derechos de personas en contexto de migración, con discapacidad, periodistas asesinados, madres buscadoras y desplazamientos forzados y terrorismo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó el uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza de uno de los miembros de la Secretaría de Marina (Semar) en contra una persona que murió en Tabasco en marzo pasado.

El organismo autónomo reportó que la queja se presentó el pasado 10 de marzo por un familiar que aseguró que la víctima se transportaba en una motocicleta cerca de las vías del ferrocarril en Huimanguillo, en la región de Chontalpa, cuando el personal de la Semar le marcó el alto.

El sujeto hizo caso omiso, por lo que de inmediato uno de los miembros de la Semar le disparó por la espalda, “provocando que cayera al suelo y perdiera la vida en el lugar”, según la denuncia.

“Personal de este organismo autónomo obtuvo evidencias testimoniales y documentales con las que se pudo determinar que la persona servidora pública señalada como responsable incurrió en uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en contra de la víctima”, resolvió la CNDH.

Además, la Comisión confirmó la violación a los derechos humanos a la familia y al sano desarrollo, en agravio de cuatro personas, familiares directos de la persona fallecida, quienes resultan ser víctimas indirectas del deceso.

Apuntó que el involucrado dejó en estado de indefensión a la víctima, pues no agotó las acciones “menos lesivas para lograr su cometido”, como detener el desplazamiento de la motocicleta que conducía.

Contrario a ello, disparó el arma con el argumento que repelió una supuesta agresión que “no quedó acreditada”.

La CNDH afirmó que el uso de la fuerza del marino “no fue gradual, ni estuvo dirigido a un fin legítimo”.

Además, según declaraciones de otro marino en el lugar de los hechos, no era necesario el uso de armas de fuego, pues la víctima no iba armada, aunque afirmó que quiso arrollarlos con la motocicleta.

“No obstante, no se observa que hubieran realizado alguna acción encaminada a someter o esquivar la agresión, y en única y primera instancia, se recurrió al uso de la fuerza letal”, apuntó la CNDH.

Ante los hechos, la Comisión solicitó a la Semar la reparación integral del daño ocasionado, para lo que pidió registrar a la víctima y a sus familiares en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarles las medidas de compensación previstas en la ley.

Además, la Semar deberá colaborar en las investigaciones y, como medidas de no repetición, impartir un curso integral en materia de derechos humanos y otro sobre el Manual de Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) deslindó al gobierno federal del presunto uso del software Pegasus, con el que se ha reportado han sido espiados defensores de derechos humanos y periodistas, así como el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, caso que fue revelado la semana pasada por The New York Times.

La Comisión detalló que se inició una investigación por el presunto espionaje en contra de organizaciones civiles de derechos humanos, en donde no se encontraron “elementos que presuman que el Gobierno federal, o alguna entidad del mismo, se encuentre actualmente utilizando el sistema Pegasus, ni realice espionaje”.

La semana pasada, The New York Times publicó un reportaje en el que, citando varias fuentes en contacto directo con Encinas, aseguró que este había sido víctima de espionaje con el sistema Pegasus por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Un día después, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que habló con Encinas sobre el supuesto espionaje a quien le dijo que no le diera “importancia, porque no había ninguna intención de espiar”.

Además, reconoció que Encinas le comunicó que había sido contactado por el diario neoyorquino para consultarle si había sido espiado y que contestó que “probablemente sí”.

No obstante, López Obrador negó que el posible espionaje fuese realizado por el Ejército, que es hoy en día la única dependencia que cuenta con Pegasus para sus labores de inteligencia.

Al respecto, la CNDH expresó su extrañamiento sobre los trascendidos de que Encinas haya sido espiado, y afirmó que sería importante esclarecer quién o quiénes estarían ejerciendo este tipo de prácticas, “a todas luces condenables e inadmisibles en un Estado democrático, pero sobre todo a qué intereses sirven”.

Asimismo, hizo un llamado a los involucrados a aportar todos los elementos con que cuenten para que se trasciendan las especulaciones y se investigue debidamente.

Refirió que “llama la atención” el hecho de que este tipo de prácticas pudieran estarse dando, no solamente contra un alto funcionario gubernamental, como el subsecretario Encinas, sino contra cualquier ciudadano.

Recordemos que las agencias gubernamentales, y no los individuos, pueden comprar Pegasus, una herramienta de software desarrollada por la empresa israelí NSO que permite infiltrar un teléfono y tener acceso al historial digital completo de un individuo, incluyendo todas sus conversaciones.

En octubre del año pasado, el grupo Guacamaya Leaks publicó documentos que hackeó de la Sedena, en los que se revelaba que el Ejército había espiado, ya con el presidente López Obrador en el poder, a periodistas y activistas.

Antes de ello, una investigación de medios internacionales destapó en 2021 que varios países intervinieron 50,000 teléfonos con el programa Pegasus, de los que 15,000 fueron en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la cifra más alta del mundo.

La investigación reveló que fueron intervenidas las comunicaciones de activistas y periodistas; del entonces líder opositor y actual presidente, López Obrador, además de algunos de sus colaboradores y su cardiólogo, así como familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional encabezan el listado de instituciones con más denuncias por violaciones de los Derechos Humanos en 2022, con más de 1,000 quejas en total, según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La Guardia Nacional, que ha sido recientemente puesto bajo mando militar, encabeza el listado con 577 denuncias, mientras que la Secretaría de la Defensa (SEDENA), acumula 428.

La Guardia Nacional habría protagonizado en total siete asesinatos, tres desapariciones forzosas, 16 casos de tortura, 29 de trato cruel y 43 detenciones arbitrarias.

La SEDENA en cambio ha sido denunciada por un asesinato, 4 detenciones arbitrarias, nueve casos de tortura, 19 de trato degradante y 34 de detención arbitraria.

Uno de los estados con más denuncias, 33, es Tamaulipas, donde precisamente efectivos militares mataron a cinco jóvenes e hirieron a otro apenas el pasado 26 de febrero. Allí la Guardia Nacional acumula 15 quejas, según el informe.

En 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió un total de 12 mil 582 quejas ante el mal uso de la autoridad de todas las instituciones del gobierno.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) encabeza la lista de quejas, con 3 mil 789 casos, seguido por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con 2 mil 679; el Instituto Nacional de Migración (INM), 2 mil 141; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mil 258.

Sin embargo también aparecen la Secretaría de Bienestar con 994 quejas; la Guardia Nacional, con 577; la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 526; la Secretaría de la Defensa Nacional, 428; la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, 369 y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, 347.

 

Con información de El Universal

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) deberá informar el número de ataques a medios de información registrados en su base de datos, entre el 1 de enero y el 6 de octubre de 2022, según el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).

El órgano autónomo resolvió que la CNDH debe revelar el cargo de las personas que integran la Dirección General del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, en específico, el número de cada persona visitadora adjunta.

El comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña, expuso ante el pleno que los ataques a medios de comunicación tienen la “intención de cegar y de ponerle una mordaza al medio de comunicación social que está cumpliendo con su deber”.

“El ataque a medios informativos es una de las manifestaciones intimidatorias más graves, que no solo ha sido tristemente en muchísimos de los casos, una amenaza cumplida, una advertencia cobarde, pusilánime”, consideró.

Esta resolución ocurre después de que la CNDH se declarara “incompetente” y negara la información a un ciudadano al que sugirió dirigir su petición a la Fiscalía General de la República (FGR).

En el análisis del caso, el comisionado Acuña advirtió que la CNDH sí es competente para conocer el número de ataques a la prensa, como se puede constatar en su portal institucional en el que, de 2005 a 2017, tiene registrados 52 atentados a instalaciones de medios de información.

“La CNDH, que es el ombudsman a nivel nacional, no puede dejar de atender una contabilidad lastimosa y triste de cuántos ataques se están llevando a cabo porque un ataque aislado, así sea en el punto más desconocido o menos frecuentado de la geografía, es una amenaza a todo el país”, advirtió el comisionado.

También dio la razón al ciudadano en cuanto a que la información de los directivos del programa de protección a periodistas y defensores de Derechos Humanos está incompleta.

“Es importante aprovechar la oportunidad para manifestar solidaridad con todos los periodistas que han sido victimados, con sus familiares, con sus deudos, con sus cercanos y con todos los integrantes de la familia periodística de México”, manifestó Acuña.

La orden del INAI llega en momentos en que México se consolida como el “país en paz” más peligroso para la prensa, al concentrar 20% de los asesinatos de periodistas del mundo en 2022, con 13, según Reporteros Sin Fronteras.

Sin embargo, otras asociaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), contabilizan cerca de 20 asesinatos.

Luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera el pasado 30 de octubre una recomendación en la que señalaba la necesidad “transformar” al Instituto Nacional Electoral (INE) y con eso reivindicar el “derecho al pueblo a la democracia”, esto en el marco de la discusión de la reforma electoral, el Consejo Consultivo de la Comisión emitió un posicionamiento aclarando que el texto publicado fue más allá de lo aprobado.

Los integrantes de la Comisión señalaron que efectivamente, en abril pasado, se votó a favor de la Recomendación General 46/2022 que contiene un recuento de hechos de lo acontecido entre 1951 y 1965 en materia de violaciones a
diversos derechos humanos en materia de democracia, de participación y de protesta social.

Precisaron que dentro del texto recomendatorio aprobado, se emitieron recomendaciones a diversas autoridades, entre ellas, al INE.

Sin embargo, aclararon que las recomendaciones específicas fueron:

  1. Asumir el compromiso de fortalecer su independencia de cualquier grupo partidista, económico o social, y su identificación y empatía con el pueblo de México.
  2. Compromiso de ejercer y fomentar el desarrollo de la vida democrática fortalecer el régimen de los partidos políticos y principalmente asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos políticos electorales, con un presupuesto austero y responsable reduciendo privilegios y gastos onerosos injustificados.
  3. Compromiso de apoyar el desarrollo de la democracia participativa, promover y apoyar ejercicios de participación y consulta ciudadana.

Los integrantes del Consejo señalaron que en ningún momento se discutió o se avaló lo que la CNDH interpreta en su pronunciamiento, que “recomienda la transformación del INE” o que el IFE/INE sea un órgano autónomo “únicamente de nombre, instrumentos parciales, de sabotaje de la voluntad del pueblo, que sólo han servido para el mantenimiento de vicios que, por años, si no es que, por siglos, han manchado nuestros procesos electorales”.

Y es que desde el fin de semana en que la Comisión publicó la recomendación, se ha acusado a Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, de violar la Constitución y entrometerse en asuntos que no son de la competencia del organismo.

Diversas voces, organismos, organizaciones, partidos, entre otros, acusaron que la recomendación obedecía completamente a los caprichos y órdenes que desde el gobierno le dan a la CNDH. Precisaron que por ley la Comisión debería ser un órgano completamente autónomo, precisamente para que cumpla con su labor de garantizar los derechos humanos.

“Exigimos a la presidenta de la CNDH apegarse, cuando se refiera a las Recomendaciones Generales aprobadas por el Consejo Consultivo, estrictamente al lenguaje aprobado, sin interpretaciones políticas respecto de su contenido, respetando la literalidad de la Recomendación pues, de lo contrario, esta herramienta puede desvirtuarse y perder eficiencia como mecanismo garante de los derechos humanos”, señalaron los siete integrantes del Consejo.

El Consejo Consultivo de CNDH está conformado por: Georgina Diédhiou Bello, Tania Espinosa Sánchez, Adalberto Méndez López, Gloria Ramírez Hernández, Bernardo Romero Vázquez, Jorge Alejandro Saavedra López y Ángel José Trinidad Zaldívar.

Al respecto, la dirigencia nacional del PAN señaló que con su “ilegal recomendación” sobre las elecciones y el INE, la CNDH confirma que “ya no sirve para nada, porque se ha convertido en un vil instrumento del régimen morenista y no de la ciudadanía.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, incluso recordó que Piedra Ibarra fue impuesta ilegalmente como presidenta de la CNDH, porque no logró la votación por mayoría calificada requerida en el Senado de la República y porque ocultó que militó en Morena.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que no interpondrá ninguna Acción de Inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas por el pasado 8 de septiembre en el Senado de la República, mediante  las cuales se transfirió el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la SEDENA.

“Esta Comisión Nacional, con plena conciencia de su misión y en ejercicio de su autonomía, declara que no interpondrá Acción de Inconstitucionalidad alguna contra las reformas aprobadas por el Senado. Vamos a hacer algo más que eso: sumarnos a la ejecución de las reformas, mediante su observancia y monitoreo, atendiendo las quejas desde luego, que pudieran derivarse de posibles violaciones de derechos humanos que se cometan, pero también impulsando acciones preventivas, iniciativas de capacitación y formación que garanticen que en esta etapa de construcción de una Guardia Nacional consolidada, se afiance a la vez que su carácter civil, el compromiso de las Fuerzas Armadas con el respeto a los derechos humanos en todas sus actuaciones”, dijo la CNDH en un posicionamiento emitido anoche.

La CNDH coincidió que las modificaciones legislativas tenían dos propósitos fundamentales: fortalecer la consolidación institucional de la Guardia Nacional (GN) “como un cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado”, y garantizar el cumplimiento efectivo de los fines constitucionales de dicha institución de policía para salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la preservación del orden público y la paz social, con pleno respeto a los derechos humanos y a los estándares internacionales en la materia”.

Recordó que el dictamen aprobado  reconoce que la existencia de una crisis de inseguridad y violencia, relacionada con la actividad del crimen organizad: un problema de seguridad nacional y seguridad pública.

Ante las críticas que se han hecho a las reformas, la CNDH precisó que “lo relevante” del dictamen es que en el documento aprobado no hay un solo artículo donde se pierda el estado civil de la Guardia.

“Esta Comisión Nacional considera que, dada la situación de violencia que aqueja al país, la intervención de la SEDENA puede ser y es admisible, desde el punto de vista de los derechos humanos, siempre y cuando su intervención se encuentre limitada en el tiempo y sujeta a casos de excepcionalidad, que es lo que aprobó la mayoría del Senado”, dijo la Comisión.

Afirmó que las fuerzas de seguridad pública estatales y municipales no han podido contener la acción de la delincuencia organizada en distintos puntos del país, por lo que es prioritario que la Guardia Nacional intervenga, con estricto respeto a los Derechos Humanos.

La CNDH sostuvo que es fundamental que se reconozca, y se preserve, en el marco jurídico de la Guardia, el espíritu de su creación, y en ese sentido recalcó que en México no hay un mando militar arbitrario, y no se continuidad a las políticas de militarización que prevalecieron en los sexenios anteriores.

Añadió que la violencia generada por la delincuencia organizada afecta a la ciudadanía y el goce pleno de sus derechos humanos; además de que se puede llegar a poner en riesgo la seguridad nacional, y por ende los derechos humanos de todas y todos.

“En México será necesario que la Guardia Nacional, bajo la administración de la SEDENA, vaya de la mano con Instituciones del Estado y de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para construir protocolos y normativas que garanticen la formación y profesionalización de sus integrantes, y desde luego su actuación, con un enfoque de derechos humanos”, precisó la Comisión.

En ese sentido, apuntó que la Guardia Nacional debe contar con un enfoque diferenciado de formación al de las fuerzas armadas, pues su incorporación a la SEDENA no significa que se cuente con los mismos planes de capacitación.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que es necesario que las autoridades generen una “política integral” más allá del mecanismo de protección existente para proteger a los periodistas.

“No basta con reforzarlo (el mecanismo) en términos presupuestales ni de funciones si no se construye una política integral de Estado. Es menester hacer algo más que no se ha hecho”, detalló el organismo, que publicó Diagnóstico sobre los alcances y retos del “Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas” y la necesidad de una política de Estado para la protección a las personas defensoras y periodistas”.

Para construir esta política integral, detalló la Comisión, hay algo que se puede y debe hacer pero que no se ha materializado hasta el momento: una legislación que responda a la realidad.

De acuerdo a datos analizados y presentados por la CNDH en el informe, aparece la cifra de 49 homicidios a periodistas entre diciembre de 2018 (cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó posesión) y diciembre de 2021.

Además, se señala que en el sexenio anterior se contabilizaron 161 asesinatos de defensores de la tierra, cifra que convirtió a México en uno de los países más peligrosos del mundo para defensores del medioambiente.

“Y en lo que va de la actual administración, suman 94 defensores de derechos humanos asesinados, mismos que tienen su origen en el crimen organizado, la impunidad imperante y la falta de una cultura que dimensione la importancia que tiene su labor, entre otros factores”, añadió el informe.

Y es que recordemos que en México existe el Mecanismo de Protección de Defensores Humanos y Periodistas, que proporciona medidas como un botón de pánico, patrullaje o vigilancia a sus beneficiarios. Sin embargo, en varios casos, este mecanismo federal u otros de carácter estatal, no han servido para salvar la vida del periodista.

“Es bueno ofrecerles a las personas periodistas y defensoras amenazadas medidas de protección, guardias de protección, un botón de pánico, etc. Sin embargo, lo fundamental es revertir el contexto violento y amenazante que obliga a su protección y eliminar las causas de las ayudas extraordinarias, meramente coyunturales para reconstruir la paz, haciendo justicia y eliminando la impunidad”, consideró la CNDH.

Por todo lo anterior, resulta imprescindibles abordar la problemática de violencia hacia la prensa considerando asuntos como el papel que juegan el crimen organizado, los intereses locales creados o la regionalización de cada problema, para así buscar medios e instrumentos que permitan al Estado garantizar la seguridad de los comunicadores y aquellos que reciben ataques con el fin de coartar su libertad de expresión.

Los asesinatos de periodistas en el país son “un problema de Estado”, reconoció este martes la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.

“En México, por sus características y magnitud, se trata de un verdadero problema de Estado”, advirtió el organismo en un posicionamiento.

La CNDH condenó los recientes homicidios del periodista Fredy López, asesinado a tiros la semana pasada a las puertas de su casa en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y del fotorreportero Alfredo Cardoso, secuestrado en su domicilio de Acapulco, Guerrero, quien fue torturado y asesinado.

Desde París, la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, también se sumó a la condena contra estos dos ataques y “pidió a las autoridades mexicanas que investiguen estos crímenes y lleven a los responsable ante la justicia.

Según Reporteros Sin Fronteras, México encabezó en 2020 la lista mundial de periodistas asesinados, con ocho crímenes, seguido de Afganistán e Irak, con seis, mientras que en lo que va de 2021, al menos siete periodistas mexicanos han muerto por ejercer su labor.

“De acuerdo con datos disponibles por esta Comisión Nacional, la mayor parte de los asesinatos contra periodistas son cometidos precisamente por el ejercicio de su profesión, e involucran al crimen organizado y a autoridades locales”, expuso la CNDH.

La organización Artículo 19 ha contabilizado en el primer semestre de este año 362 agresiones contra la prensa, en su mayoría intimidaciones y amenazas. Sin referirse a estas cifras, la CNDH reconoció que las agresiones contra la prensa no se limitan a homicidios.

“También tenemos los desplazamientos que la propia violencia o las amenazas generan, que no solo limitan el ejercicio periodístico, sino que afectan la estabilidad de sus familias”, expresó.

Asociaciones internacionales han catalogado a México como uno de los países más peligrosos del mundo que no están en guerra para ejercer el periodismo. El 98% de las agresiones quedan impunes, según Artículo 19.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha recibido críticas de organizaciones internacionales por estigmatizar a la prensa, el gobierno prometió este martes “acabar con la impunidad” de los crímenes contra la prensa.

“En el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, el Gobierno de México trabaja para defender la libertad de expresión y proteger a los comunicadores”, tuiteó Jesús Ramírez, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia.

Finalmente, la CNDH urgió al Estado mexicano, a organismos civiles y sociedad en general, a construir mecanismos eficaces para atacar el problema de fondo, prevenir las agresiones, así como avanzar en la investigación y castigo de los delitos.

Foto: Twitter @article19mex 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció esta mañana protección del Estado a Mario Aburto, asesino confeso del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994, ante las presuntas denuncias de tortura.

“Si él puede expresar, probar, que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio, si es que existe otra versión, el Estado mexicano lo protegería”, respondió López Obrador al ser consultado sobre el tema.

Sus declaraciones llegan luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció que Aburto sufrió tortura y “violaciones graves a los derechos humanos”.

Ante esa situación, la CNDH pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una nueva investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima, detenida el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, donde sucedió el asesinato.

“A nosotros sí nos interesa mucho el que no haya ninguna duda, ninguna sospecha sobre este lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio, fue una vileza lo que le hicieron”, dijo López Obrador, quien calificó de un asunto de justicia y de Estado el caso de Aburto.

“Si él estuviese dispuesto a contar su versión, se le brindaría toda la protección a él, a su familia, si tiene algo que aportar”, añadió López Obrador. Aclaró que si las cosas sucedieron como están en el juicio, lo único que el gobierno está “obligado” a hacer es que no se le violen sus derechos humanos.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, negó que durante el sexenio de López Obrador se hayan violado los derechos de Aburto.

“Al momento no está incomunicado, absolutamente, está en buen estado de salud y estamos revisando con los jurídicos del órgano administrativo y con los jurídicos de la secretaría cuál será la respuesta a la recomendación que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, aseveró.

Recordemos que Aburto denunció desde febrero pasado ante la CNDH que desde que su detención “es víctima de tratos crueles, inhumanos y de tortura”. En ese momento, pidió “la reapertura de su caso, toda vez que considera necesario que se le dé a conocer toda la verdad del mismo a la sociedad”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una nueva investigación del caso de Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio en 1994, por violaciones graves a sus derechos humanos.

Además, la CNDH señaló violaciones a la integridad personal y trato digno, por actos de tortura e incomunicación, así como al debido proceso.

En un comunicado, la CNDH indicó que tras investigar el caso determinó que la tortura en contra de Aburto fue ejecutada por agentes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y del Ministerio Público, desde la detención, en marzo de 1994, hasta las primeras diligencias ministeriales y en su traslado a la cárcel.

También se acreditó que personal médico y custodios del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 en Almoloya de Juárez, Estado de México, “incurrieron en actos de tortura”, además de que lo dejaron incomunicado y alejado de su familia, lo que constituye una violación a los derechos humanos a la integridad personal y trato digno.

“Las nuevas consideraciones y hallazgos, advierten violaciones graves a derechos humanos; por ello, la CNDH establece que la FGR deberá realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima”, apuntó la Comisión.

La CNDH dijo que la nueva investigación tendrá como finalidad subsanar deficiencias y llegar al pleno esclarecimiento de los hechos, que permitan a la víctima y a la sociedad mexicana acceder al derecho a la verdad de manera individual y colectiva de las reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas.

Recordemos que el 23 de marzo de 1994, Colosio encabezó un mitin en Tijuana y al bajar para saludar a la gente un hombre le puso un revólver cerca del oído y le disparó en la cabeza y en el abdomen, falleciendo menos de dos horas después en el hospital.

Si bien en aquel momento se detuvo al presunto asesino material, Mario Aburto, quien actualmente cumple condena en prisión, las investigaciones se prolongaron durante años en busca de un posible autor intelectual o de un complot.

Hace dos años, cuando el caso cumplió 25 años, la familia de Mario Aburto envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidiéndole que reabriera el caso. El 25 de marzo de 2019 López Obrador, anunció que había leído la carta y afirmó, en aquel momento, que se estaba evaluando reabrir el caso.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una demanda de acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que se vulneran los derechos a la seguridad jurídica, de igualdad y no discriminación.

Además, la CNDH indicó que también se atenta contra la libertad de trabajo, el acceso a un empleo público, así como los principios de legalidad y presunción de inocencia.

La acción de inconstitucionalidad también ca dirigida en contra de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Tras un “vasto trabajo de diálogo” con organizaciones de la sociedad civil y con autoridades involucradas en el tema, la Comisión indicó que llevó a cabo un análisis minucioso sobre la constitucionalidad del Decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 20 de mayo.

Dicho análisis le permitió a la CNDH impugnar diversas disposiciones de los ordenamientos legales entre las cuales destacan:

  • Artículos 10, fracción I, 19, fracción XIV, de la Ley de la Fiscalía General de la República.
  • Artículo 5, fracción II, de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos.
  • Artículo 85, segundo párrafo, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
  • Artículo 36, fracción IV, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
  • Artículo 45, fracción III, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Precisó que las normas impugnadas condicionan y/o limitan la participación y coordinación de la Fiscalía General de la República y diversos sistemas o mecanismos, ya que la forma en que se encuentra formulada la participación, actuación e integración de la Fiscalía, constriñe su intervención y cooperación al margen de dicha característica constitucional, mismo que interfiere con un pleno y optimo desempeño de sus funciones en el marco de los respectivos ordenamientos que rigen cada sistema, mecanismo y/o comisión del que se trate.

La Fiscalía General de la República se creó en 2018 para dotar de independencia al Ministerio Público, que hasta entonces estaba integrado dentro del gobierno en la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

Sin embargo, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, impulsó en menos de tres años la reforma legal del organismo para limitar su presencia en los diferentes organismos del Estado al considerar que estas tareas vulneraban su autonomía.

La reforma, aprobada en el Congreso el pasado abril, enfrentó a la Fiscalía con la Secretaría de Gobernación, encargada de la búsqueda de desaparecidos en México, y organismos defensores de los derechos humanos.

El texto establece que la Fiscalía solo atraerá casos de desaparición con “gran relevancia social” o “violación grave de los derechos humanos”, dejando la investigación en manos de los Ministerios Públicos estatales, muchas veces sobrepasados o corrompidos, denuncian familiares de las víctimas.

El dicho “más vale tarde que nunca” para aplicar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en el último día de campañas y a cuatro días de la jornada electoral, lamentó la situación de violencia política que se vive en el país.

“La CNDH lamenta los ataques violentos perpetrados en contra de candidatas y candidatos a cargos de elección popular ocurridos en el presente periodo electoral”, expresó el organismo en un comunicado.

La CNDH exhortó a las autoridades a que se investiguen los hechos con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, y se garantice el acceso a la justicia y reparación integral a las víctimas directas e indirectas.

Además, recordó que el Estado mexicano aprobó la Carta Democrática Interamericana con lo que reconoció que sus ciudadanos tienen derecho a la democracia, y el gobierno de promoverla y defenderla.

“El respeto absoluto de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los Tratados Internacionales de los que México es parte, (…) constituyen condición necesaria para que la democracia representativa sea una realidad”, añade.

En este sentido, insistieron en que el clima de violencia en el que se desarrolla el proceso electoral, la inseguridad y el crimen organizado representan un reto para el ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía, aunque enfatizó que esto no puede suponer un retroceso en cuanto a “las conquistas y la ampliación de las libertades de todos los mexicanos”.

La Comisión indicó que mantener vigentes los derechos es tarea del gobierno, pero también de toda la sociedad, por lo que llamaron a la ciudadanía a manifestarse “sin miedo”.

“(Hacemos) Un llamado a todos los actores, (…) y a las autoridades electorales para que cumplan con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la democracia, que implica el respeto al voto y el derecho a tener elecciones auténticas, que garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores”, remató la CNDH.

Desde que comenzó el proceso electoral el pasado 7 de septiembre, la consultora Etellekt ha contabilizado 89 políticos asesinados, de los que 35 eran aspirantes o candidatos, pero también 99 servidores públicos sin militancia, 10 colaboradores y 34 familiares de políticos, por lo que las muertes superan las 230.

En total se han registrado más de 782 agresiones o delitos contra políticos como homicidios, amenazas, secuestros, robos e intimidación en mítines, que ya superan las 774 de las elecciones de 2018.

 

Sobre el tema, el exsecretario de la Organización de los Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza, quien encabeza la misión de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal),  de observación electoral en nuestro país, advirtió sobre la violencia política en el país, enfatizando que es un tema que afecta a la democracia.

En un encuentro organizado por el INE, el chileno también resaltó “la credibilidad, profesionalismo e imparcialidad” que distingue al Instituto Nacional Electoral.

Por su parte, Córdova informó a Insulza que el domingo se instalarán en todo el país más de 163,000 casillas con 1.4 millones de funcionarios para permitir el voto de más de 93 millones de mexicanos.

Recordemos que la Misión de Visitantes Extranjeros de la OEA, diferente a la de la Copppal, expresó la semana pasada su “profunda preocupación” por la violencia.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió este martes a la Secretaría de Gobernación (Segob) que “brinde protección” a la directora de la agencia estatal de noticias Notimex, Sanjuana Martínez.

“La CDNH hace un llamado al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que reconsidere brindar a Sanjuana Martínez Montemayor, de manera inmediata, las medidas preventivas necesarias y de protección”, indicó el organismo en un comunicado.

La directora de Notimex, que se encuentra paralizada desde junio de 2020 por una huelga, está señalada por el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de ordenar a periodistas “eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones gubernamentales y funcionarios”.

El texto de Washington también cita que “el 12 de mayo (de 2020), Artículo 19 e ITESO, una Universidad Jesuita en Guadalajara (Jalisco), publicó un reporte sobre ataques contra periodistas orquestados por Sanjuana Martínez, directora de Notimex”.

La CNDH replicó los argumentos de Martínez al afirmar que, por aplicar la “austeridad republicana” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien la nombró en 2019, la funcionaria “padeció montajes mediáticos y la emisión de información sesgada y falsa en su contra” por parte del sindicato (SutNotimex).

El organismo también cuestionó a Artículo 19 por negarse a defenderla por ser “periodista de Gobierno” y criticó las presuntas agresiones de Aristegui Noticias, portal de la comunicadora Carmen Aristegui.

Por ello, Martínez informó a la CNDH el 30 de abril que pidió medidas al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que depende de la Segob.

“Ella sí ha sido atacada y difamada en medios y su familia amenazada en dichas redes. Todo ello fraguado por extrabajadores de Notimex, en su mayoría, que fueron despedidos y posteriormente apoyados por personal directivo de Artículo 19”, señala la CNDH en su posicionamiento.

Pese a las acusaciones en su contra, tanto en México como en Estados Unidos, además de la huelga que lleva cerca de un año, el presidente López Obrador ha defendido en reiteradas ocasiones a la funcionaria, a quien calificó la semana pasada como “una periodista honesta y una mujer íntegra”.

A finales de marzo, el mandatario criticó a Estados Unidos por mencionar a Martínez en su reporte de derechos humanos y a Artículo 19 por “pertenecer al movimiento conservador”.

Sin tomar en cuenta las denuncias de los inconformes, la CNDH dijo que la huelga “ha privado a la población mexicana de un medio de comunicación del Estado, en detrimento del equilibrio y la pluralidad informativa que debe existir en una democracia, pudiendo vulnerar el derecho a la información de la población”.

La organización Human Rights Watch (HRW)cuestionó el llamado a brindar protección de la CNDH a Sanjuana Martínez, que afirmó, usa trolls para hostigar a periodistas independientes. “La CNDH solidariza con los abusadores, no con las víctimas. Difícil imaginar algo más ridículo!”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó este martes sobre la atracción del caso de Victoria Esperanza Salazar, de nacionalidad salvadoreña, que murió al ser sometida por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Tulum, Quintana Roo.

Se indicó que la atracción del caso se da debido a los presuntos hechos violatorios de derechos humanos que fueron difundidos desde el fin de semana pasado.

La CNDH indicó que los hechos, ocurridos el sábado 27 de marzo, ameritaron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, por probable uso excesivo de la fuerza, hechos por los que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo inició una investigación por el delito de homicidio.

“Con la finalidad de investigar posibles actos u omisiones cometidos por parte de servidores públicos del Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, así como de la Fiscalía General de Justicia de ese estado, que por su naturaleza pudieran resultar de especial gravedad y constituir violaciones a los derechos humanos, la CNDH integrará el expediente de queja respectivo y, en su momento, emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda”, indicó la oficina de la titular de la Comisión, Rosario Piedra Ibarra.

Enfatizó que el Estado tiene la obligación de garantizar a las mujeres una vida libre de agresiones y poner en marcha acciones y políticas para garantizar sus derechos humanos.

Aseguró que el referido acuerdo de radicación de oficio y atracción ya fue notificado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, a la Fiscalía General del mismo Estado, así como a la Dirección Municipal de Seguridad Pública en Tulum, Quintana Roo.

Por su parte Amnistía Internacional (AI) indicó que las autoridades de nuestro país deben garantizar justicia y reparación del daño en el caso de Victoria Salazar, además de garantizar la protección de las dos hijas de la víctima.

En un comunicado conjunto, AI, el Instituto de las Mujeres en la Migración (Imumi) y el Grupo de Monitoreo Independiente del Salvador (GMIES) coincidieron en que se deben garantizar los derechos de la familia a la verdad, la justicia, la reparación integral del daño y la repatriación digna de su cuerpo.

“Ellos sometieron demasiado a mi hija, le torturaron en pocas palabras. Ahí se oye cuando ella grita. Yo creo que fueron los últimos gritos cuando le quebraron el cuello y le quebraron muchas costillas. Yo pienso que como seres humanos nadie merece esta muerte”, dijo Rosibel Emérita Arriaza, madre de Victoria, a AI.

La madre dijo que ninguna autoridad mexicana se ha comunicado con ella y que solo se enteró del asesinato de su hija por alguien que vio las noticias.

Recordemos que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) confirmó que Victoria Salazar se encontraba en México en calidad de refugiada desde el 2018.

La necropsia concluyó que había “una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra, lo que provocó la perdida de la vida” de Victoria”, dijo en un vídeo Oscar Montes de Oca, fiscal general de Quintana Roo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo ayer sentir “vergüenza” por lo ocurrido y garantizó que no habrá impunidad. Su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, pidió justicia y prometió ayuda a las dos hijas de la víctima.

Según el fiscal, las lesiones “son compatibles y coinciden con las maniobras de sometimiento que se aplicaron a la víctima durante el proceso de su detención” y demuestran que hubo un uso “desproporcionado” de la fuerza, por lo que se inició el proceso contra los cuatro agentes involucrados, tres hombres y una mujer, por el delito de feminicidio.

Además, Lucio Hernandez, secretario de Seguridad Pública del estado, anunció la destitución del jefe de policía de Tulum, Nesguer Ignacio Vicencio Méndez.

Salazar salió de Sonsonate, una localidad al oeste de San Salvador, hace cinco años debido a la violencia y para buscar mejores oportunidades para su hijas.

El Universal informó que la familia de Victoria Salazar confirmó que prepara una demanda internacional en contra de México por su homicidio, mismo que se hará con respaldo de la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador.

Un grupo de papás de niños con cáncer presentaron este miércoles una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por su omisión e inactividad ante el desabastecimiento de medicamentos oncológicos.

Andrea Rocha, abogada de los familiares, explicó que la denuncia contra la presidenta de la CNDH se debe a que no ha dado ningún pronunciamiento sobre la falta de medicamentos para los niños. Acusó que “la señora no ha hecho su trabajo o emitido ningún lineamiento que pueda apoyar a los niños con cáncer”, apuntó.

Explicó que en este año se han presentado 552 quejas ante el organismo por la falta de medicamentos.

Israel Rivas, vocero de los padres de familia, manifestó que Piedra Ibarra más allá de brindar apoyo para que los pequeños tengan sus medicamentos garantizados, destituyó al primer visitador quien, en su momento, prometió iniciar una queja de oficio ante la secretaria de salud para resolver esta problemática.

Aseguró que en el tema es evidente que no hay voluntad política, “hay abandono”. Añadió que en los últimos dos años, donde se ha vivido una fuerte escasez de medicamentos oncológicos, cerca de 1,600 niños con cáncer en el país han perdido la vida. “A dos años del desabasto, a esto yo lo llamo intencional”, indicó.

Esta es la quinta denuncia que presentan los padres de familia de pequeños con cáncer, una por homicidio, otra por el robo de medicamentos oncológicos, una más por el supuesto desvío de los 500 millones de pesos obtenidos por la rifa simbólica del avión presidencial y una cuarta por la pérdida de la vista de un pequeño debido al desabastecimiento.

Israel Rivas señaló que en próximos días pedirán al gobierno mexicano que los niños con cáncer sean grupo de prioridad para ser vacunados contra el Covid-19, pues considera están en riesgo de infección y muerte.  Señaló que en el plan de vacunación no están contemplados los pequeños con tratamientos oncológicos por lo que aseveró que, de no dar prioridad a sus hijos, tomarán acciones al respecto.

Recordemos que la crisis por el desabastecimiento de medicamentos en el sector salud se agudizó en 2019 debido a los recortes presupuestarios y a los cambios en la forma de comprar las medicinas impuestos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).