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Al participar en el acto de Disculpa Pública del Estado mexicano por el caso del asesinato de dos estudiantes en Nuevo León, el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez advirtió que aunque México requiere mayor seguridad, ésta no debe ser a cualquier costo.

“Es innegable que México requiere más y mejor seguridad, pero no por cualquier medio y costo, mucho menos cuando esto último representa la pérdida de vidas inocentes. No podemos combatir la injusticia y la ilegalidad incurriendo en nuevos actos injustos e ilegales”, dijo el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

González Pérez indicó que nada compensa la pérdida de vidas, ni el dolor que como consecuencia de ello han sufrido los familiares y amigos de las víctimas; dijo que reivindicar su nombre y que las autoridades reconozcan sus faltas es un paso necesario en el camino a la verdad y a la reparación.

Señaló que la disculpa pública que ofrece el Estado mexicano por la pérdida de la vida de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), busca restituir su honor y buena fama.

Sin embargo aclaró que la disculpa pública no constituye por sí misma una reparación integral del daño que causó la actuación indebida de los servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la entonces Procuraduría General de la República y el Gobierno del Estado de Nuevo León.

Confió en que actos como éste no se repitan.

 

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, urgió a que en México se consolide la institucionalidad democrática mediante la preservación del sistema constitucional de pesos y contrapesos.

De igual forma hizo un llamado a que se respete el disenso y se superen los discursos que polarizan a la población.

“Se deben tender puentes hacia la sociedad civil, la academia, los organismos nacionales e internacionales de protección y defensa de derechos humanos, así como con las víctimas, que requieren ser escuchadas y atendidas. Solo con el respeto y vigencia de los derechos humanos serán posibles las transformaciones que México demanda”, aseguró.

Al abordar diversos temas, González Pérez afirmó que es fundamental garantizar la plena independencia de las 33 Fiscalías de Justicia del país para que los delitos efectivamente se investiguen y la ley se aplique.

Señaló que los índices de impunidad son inaceptables y su existencia incentiva que continúen los casos de desaparición, las agresiones contra mujeres, personas defensoras y periodistas.

Remató señalando que debe superar la visión asistencialista para implementar políticas públicas con enfoque de derechos humanos que hagan que tales prerrogativas puedan ser vigentes y las necesidades de las personas se atiendan.

La eventual desaparición del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) generaría una afectación directa a los derechos de las personas de este sector de la población, alertó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Ante ello, dirigió un oficio al subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, con copia a la titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero, en el que hizo siete consideraciones con relación a los recientes anuncios sobre la posible desaparición del Conadis.

La CNDH resaltó que, históricamente, las personas con discapacidad han sido víctimas de discriminación y estigmatización por parte de la sociedad, lo que les ha impedido el acceso al ejercicio pleno de sus derechos humanos en condiciones de igualdad con el resto de la población.

Mediante un comunicado, la CNDH destacó la importancia que tiene esa instancia como mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de las medidas relativas a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Además, consideró que lejos de suprimir a esa instancia, el gobierno federal debería fortalecerlo para transformarlo en un mecanismo de planeación estratégica que asegure la transversalidad en las acciones gubernamentales y que asesore a los tres órdenes de gobierno en el diseño de políticas y acciones para la atención de las personas con discapacidad, ello, con un enfoque de desarrollo sostenible y derechos humanos, así como evaluar la política pública en la materia.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) criticó las expresiones sobre la actriz Yalitza Aparicio que hiciera el delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta, y las calificó como “estereotipadas y discriminatorias”.

En un comunicado, la CNDH señaló que dichas declaraciones resultan ofensivas y terminan descalificando a las mujeres que trabajan en el hogar.

Asimismo, señala que es “inaceptable y es contrario al respeto de la dignidad que todo servidor publico debe observar”.

La Comisión también indica que las expresiones de Huerta “perpetúan estereotipos hacia las mujeres, conllevan prejuicios y creencias que justifican o toleran la vulneración de la dignidad”.

En días pasados, el delegado del Gobierno Federal en Veracruz señaló “acuérdense que puede ser una estancia o pueden optar por su familiar o una persona así tipo Cuarón, que lo cuidó una muchacha y miren, sacó hasta un premio Oscar, para que vean que sí funcionan las Yalitzas”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por el impacto en los derechos de niñas y niños, y sus familias, que puede generar el recorte presupuestal al “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solos”.

Indicó que el recorte que asciende a más de dos mil millones de pesos podría restringir su derecho a la educación y estimulación temprana, a vivir en condiciones de bienestar, y a un sano desarrollo integral.

El organismo señaló que el recorte puede propiciar que las madres y padres afectados busquen otras opciones para el cuidado de sus hijas e hijos durante su jornada laboral, derivando en un gasto familiar imprevisto que impacte en sus medios de subsistencia, o bien, ante la falta de redes de apoyo familiar, es probable que las madres y padres trabajadores se vean forzados a dejar a sus hijas e hijos al cuidado de personas sin preparación para el desempeño de labores de cuidado, lo cual constituye un riesgo para su integridad y seguridad.

Adicional resaltó que el recorte puede provocar que crezcan las brechas de desigualdad de género en el país, pues las mujeres trabajadoras podrían verse obligadas a renunciar a su empleo para asumir el cuidado de los menores.

“Este Organismo Nacional enfatiza la necesidad que las autoridades ponderen si las transferencias económicas directas a las familias resultan pertinentes y viables para garantizar los derechos de niñas y niños en primera infancia, considerando que dados los altos índices de pobreza y vulnerabilidad social es probable que los apoyos económicos que eventualmente se entreguen, sean destinados a cubrir otras necesidades básicas y no a garantizar los derechos de la niñez”, dijo el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez.

 

A dos días de los hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares de las personas que fallecieron y resultaron heridas a raíz de la explosión en un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo.

Aunque reconoció la necesidad de las diversas acciones que lleva a cabo el Gobierno Federal en contra del robo de combustibles, indicó que con base en sus atribuciones legales, inició de oficio un expediente de queja para investigar las posibles omisiones que se hubiesen presentado en la actuación de servidores públicos, federales, locales  municipales.

Indicó que se revisará la actuación que el gobierno tuvo para controlar la fuga que presentaba el ducto, así como para prevenir o intentar mitigar los riesgos de afectaciones a la población civil.

Aclaró que tan pronto se tuvo conocimiento de los hechos, personal del Organismo se trasladó al lugar de los hechos y empezó a realizar gestiones y acciones de acompañamiento para el traslado de las personas heridas a hospitales, brindó asesoría y orientación sobre la entrega de cuerpos a sus familiares y proporcionó servicios de asistencia psicológica.

Detalló que también se han realizado visitas y sostenido reuniones con personal directivo y médico de 13 hospitales ubicados en los estados de Hidalgo, México y en la Ciudad de México, con el fin de supervisar que se proporcione atención médica especializada a los heridos.

“Esta Comisión Nacional mantiene presencia con personal en carácter de observadores en las inmediaciones de la denominada “zona cero” en que ocurrieron los hechos, y estará pendiente de la evolución de los acontecimientos para en su momento emitir el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda”, finalizó la CNDH.

 

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, advirtió que de aprobarse las reformas constitucionales que darán vida a la Guardia Nacional, iniciarían un proceso de alejamiento y ruptura con sistemas internacionales de protección y defensa de derechos humanos.

Adelantó que México podría solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión sobre la compatibilidad de la Guardia Nacional con el régimen iberoamericano de derechos humanos.

Al participar en el tercer día de las audiencias públicas que se desarrollan en el Congreso, el ombudsman, advirtió que la nueva corporación podría acabar vulnerando los derechos humanos, además de contravenir sentencias, principios y recomendaciones internacionales.

“La participación de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad pública no es deseable, tampoco podemos desconocer que, por el momento, no es viable su retiro”; sin embargo, indicó que no puede verse como “la solución básica a la problemática que enfrentamos y que en razón de ello se busque perpetuarla”.

González Pérez sostuvo que la Secretaría de la Defensa Nacional no puede volverse la instancia que, directa o indirectamente, investigue, sancione y prevenga los delitos que cometan civiles.

 

Ante la problemática que se está presentando en diverso estados del país respecto al suministro de combustibles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció la voluntad del gobierno federal de emprender acciones para combatir el robo de hidrocarburos, pero lamentó que dichas acciones vulneren los derechos de las personas.

Señaló que ante el cierre de ductos y otras acciones que desde el Ejecutivo Federal se han emprendido para combatir el robo de hidrocarburos y su comercialización ilícita, se debe garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos a los mexicanos.

La Comisión aprovechó para hacer un “respetuoso exhorto” a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como a las demás instancias competentes del Gobierno de la República, para que adopten las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho que tienen las personas al suministro, disponibilidad y accesibilidad de los combustibles.

Enfatizó que adicional al servicio, los mexicanos deben contar con información veraz, actualizada y oportuna sobre las eventuales afectaciones que se presenten, las medidas que se adopten para remediarlas y los alcances que tendrán.

“Se requiere garantizar que los servicios públicos esenciales, tales como los de emergencia, salud, seguridad y limpieza, entre otros, no se suspendan o vuelvan inoperantes por la falta de combustibles”, dijo la CNDH.

La Comisión se manifestó a favor de que se haga una investigación objetiva, integral y profesional sobre el robo de hidrocarburos, que comprenda tanto a las personas involucradas en su extracción ilícita, como a las relacionadas con su transporte y comercialización, con el propósito de que dicha actividad se combata frontalmente y no subsista la impunidad.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fijó su postura sobre el aumento al Salario Mínimo que se anunció la tarde de ayer por parte del gobierno federal y las distintas agrupaciones empresariales.

Reconoció la “sensibilidad y disposición” para fijar el nuevo Salario Mínimo, que recordó entrarán en vigor a partir del próximo 1 de enero, y enfatizó que por primera vez se actuó tomando como base la perspectiva de derechos humanos.

El presidente nacional del organismo, Luis Raúl González Pérez, aseguró que con el anuncio realizado, el Gobierno de la República inicia el cumplimiento de su compromiso de respetar a los derechos humanos en la materia.

Pese a destacar la sensibilidad que imperó para la fijación de los nuevos salarios, González Pérez advirtió que los salarios todavía son “insuficientes”.

Destacó que tal como lo dijo la Secretaria del Trabajo, con la decisión de aumentar los Salarios Mínimos se atiende la Recomendación General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que llama a asumir los acuerdos necesarios para incrementar el salario mínimo a partir del ejercicio fiscal 2019, considerando como mínimo lo expuesto por el CONEVAL en relación con la línea de bienestar.

 

El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que el modelo de Guardia Nacional planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no revertirá la situación de violencia e inseguridad que vive el país.

Por el contrario, dijo, generaría un riesgo de que se vulneren los derechos humanos, y que se debilite la institucionalidad civil y democrática.

Indicó que la Guardia Nacional “no garantizaría en modo alguno o contribuiría por sí misma de manera sustantiva a que se acabara con la impunidad, debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos”.

El titular de la CNDH señaló que la Guardia Nacional representa una respuesta parcial e incompleta a la problemática de violencia e inseguridad.

Al reunirse con diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales México, González Pérez dijo que se requiere combatir la violencia sin medidas autoritarias o que generen más violencia.

Subrayó que la seguridad es una necesidad y no un campo para intereses políticos, por lo que solicitó a los diputados que, por graves que sean las circunstancias en la materia, no se debe renunciar a la institucionalidad civil y democrática.

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que durante su administración no se protegerá a nadie que viole los derechos humanos, pues tal y como lo dijo desde su campaña, su gobierno promoverá la defensa de los mismos.

Al encabezar la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018, hizo el compromiso de que se aceptarán y cumplirán todas las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) les haga, además de que se respetará su autonomía.

“Vamos a hacer realidad el Estado de derecho, no va a haber ya Estado de chueco; Estado de derecho que significa independencia, autonomía, respeto de los poderes”; en ese punto subrayó que “se acabó” la etapa en que los poderes Legislativo y Judicial estaban subordinados al Ejecutivo.

Celebró que a través del tiempo, la CNDH se haya consolidado a pesar, dijo “de todo de lo que se ha padecido en los últimos tiempos, desde que se declaró la guerra a la delincuencia organizada, desde que se le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero y nos metió en esta crisis que tanto dolor ha producido al pueblo de México”.

Recordó que al venir de “la lucha por la justicia (…) de la oposición, así llegué a este cargo y recuerdo que todavía no existía la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, por lo que dijo se debe proteger a los ciudadanos y hacer valer los derechos humanos.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó esta tarde una Recomendación sobre violaciones graves a derechos humanos, respecto a lo ocurrido en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014: la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa.

El titular del organismo, Luis Raúl González Pérez, calificó dicho caso como “abominable”, y dijo que se volvió emblemático de la descomposición institucional y social que enfrenta nuestro país, además de que es un ejemplo del momento crítico por el que atraviesa el país en materia de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad.

González Pérez dijo que con dicha Recomendación, se cumple con la exigencia nacional e internacional de dar a conocer a las víctimas y a la sociedad, desde la perspectiva de los derechos humanos, la verdad sobre lo ocurrido. 

Indicó que la verdad no puede “sujetarse a intereses o coyunturas políticas”, por lo que enfatizó que dicho documento no llega “ni antes o después”, sino cuando la investigación que se realizó les permitió dar resultados comprobados. 

Acusó que la colusión entre autoridades y organizaciones criminales ocasionó la pérdida de la vida de 6 personas, lesiones a 42, y la desaparición forzada de 43 más, además de la contaminación y pérdida de evidencias y pruebas.

Entre las conclusiones a las que llegó la comisión, dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) subestimó  el hallazgo de “38 porciones petrosas de huesos temporales detectadas por dicha instancia, así como el que se haya ignorado que en el material contenido en la bolsa recuperada del Río San Juan se encontraban otras 3 porciones petrosas, además de 52 fragmentos óseos y 21 elementos odontológicos que serían susceptibles de someterse a pruebas de ADN para avanzar en la determinación del destino de los 43 normalistas desaparecidos al precisar, científicamente, si los huesos corresponden a ellos o a personas diversas”.

Precisó que el hallazgo de las porciones petrosas de huesos temporales constituiría un elemento suficiente para concluir que, cuando menos, los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula. 

También resaltaron que no se haya investigado la “actitud omisa o tolerante” de autoridades de distintos niveles y órdenes de gobierno que, pese a advertir de manera directa mediante la información que llegaba al denominado Centro C4 de la zona, que algo muy grave sucedía en Iguala en perjuicio de  estudiantes normalistas, no dieron parte al Ministerio Público y se abstuvieron de ordenar una intervención directa e  instrumentar acciones que hubiesen producido otro desenlace de los hechos.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una demanda de acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP) impulsada por los legisladores de Morena, pues dijo que podría contener posibles vulneraciones a los derechos humanos.

En el documento presentado se expresó que la LFRSP se aparta de los mandatos de nuestra Norma Suprema y de diversos instrumentos internacionales suscritos por México, por lo cual consideró conveniente someterla al conocimiento de la SCJN, para que sea quien determine su validez, como máximo intérprete de la Constitución del país.

La CNDH estimó necesario que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas de conformidad con el sistema constitucional mexicano en su integridad, y en ese sentido consideró que la LFRSP no desarrolló, de acuerdo con el texto constitucional, los parámetros o reglas indispensables para hacerla efectiva.

Pese a la acción jurídica emprendida, la CNDH señaló que es consciente de la importancia y trascendencia que conlleva la expedición de la LFRSP, que está encaminada a regular, entre otras cuestiones, el límite máximo de las percepciones de los trabajadores al servicio del Estado, tal como lo establece la Constitución desde el año 2009.