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A dos días de los hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares de las personas que fallecieron y resultaron heridas a raíz de la explosión en un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo.

Aunque reconoció la necesidad de las diversas acciones que lleva a cabo el Gobierno Federal en contra del robo de combustibles, indicó que con base en sus atribuciones legales, inició de oficio un expediente de queja para investigar las posibles omisiones que se hubiesen presentado en la actuación de servidores públicos, federales, locales  municipales.

Indicó que se revisará la actuación que el gobierno tuvo para controlar la fuga que presentaba el ducto, así como para prevenir o intentar mitigar los riesgos de afectaciones a la población civil.

Aclaró que tan pronto se tuvo conocimiento de los hechos, personal del Organismo se trasladó al lugar de los hechos y empezó a realizar gestiones y acciones de acompañamiento para el traslado de las personas heridas a hospitales, brindó asesoría y orientación sobre la entrega de cuerpos a sus familiares y proporcionó servicios de asistencia psicológica.

Detalló que también se han realizado visitas y sostenido reuniones con personal directivo y médico de 13 hospitales ubicados en los estados de Hidalgo, México y en la Ciudad de México, con el fin de supervisar que se proporcione atención médica especializada a los heridos.

“Esta Comisión Nacional mantiene presencia con personal en carácter de observadores en las inmediaciones de la denominada “zona cero” en que ocurrieron los hechos, y estará pendiente de la evolución de los acontecimientos para en su momento emitir el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda”, finalizó la CNDH.

 

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, advirtió que de aprobarse las reformas constitucionales que darán vida a la Guardia Nacional, iniciarían un proceso de alejamiento y ruptura con sistemas internacionales de protección y defensa de derechos humanos.

Adelantó que México podría solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión sobre la compatibilidad de la Guardia Nacional con el régimen iberoamericano de derechos humanos.

Al participar en el tercer día de las audiencias públicas que se desarrollan en el Congreso, el ombudsman, advirtió que la nueva corporación podría acabar vulnerando los derechos humanos, además de contravenir sentencias, principios y recomendaciones internacionales.

“La participación de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad pública no es deseable, tampoco podemos desconocer que, por el momento, no es viable su retiro”; sin embargo, indicó que no puede verse como “la solución básica a la problemática que enfrentamos y que en razón de ello se busque perpetuarla”.

González Pérez sostuvo que la Secretaría de la Defensa Nacional no puede volverse la instancia que, directa o indirectamente, investigue, sancione y prevenga los delitos que cometan civiles.

 

Ante la problemática que se está presentando en diverso estados del país respecto al suministro de combustibles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció la voluntad del gobierno federal de emprender acciones para combatir el robo de hidrocarburos, pero lamentó que dichas acciones vulneren los derechos de las personas.

Señaló que ante el cierre de ductos y otras acciones que desde el Ejecutivo Federal se han emprendido para combatir el robo de hidrocarburos y su comercialización ilícita, se debe garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos a los mexicanos.

La Comisión aprovechó para hacer un “respetuoso exhorto” a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como a las demás instancias competentes del Gobierno de la República, para que adopten las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho que tienen las personas al suministro, disponibilidad y accesibilidad de los combustibles.

Enfatizó que adicional al servicio, los mexicanos deben contar con información veraz, actualizada y oportuna sobre las eventuales afectaciones que se presenten, las medidas que se adopten para remediarlas y los alcances que tendrán.

“Se requiere garantizar que los servicios públicos esenciales, tales como los de emergencia, salud, seguridad y limpieza, entre otros, no se suspendan o vuelvan inoperantes por la falta de combustibles”, dijo la CNDH.

La Comisión se manifestó a favor de que se haga una investigación objetiva, integral y profesional sobre el robo de hidrocarburos, que comprenda tanto a las personas involucradas en su extracción ilícita, como a las relacionadas con su transporte y comercialización, con el propósito de que dicha actividad se combata frontalmente y no subsista la impunidad.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fijó su postura sobre el aumento al Salario Mínimo que se anunció la tarde de ayer por parte del gobierno federal y las distintas agrupaciones empresariales.

Reconoció la “sensibilidad y disposición” para fijar el nuevo Salario Mínimo, que recordó entrarán en vigor a partir del próximo 1 de enero, y enfatizó que por primera vez se actuó tomando como base la perspectiva de derechos humanos.

El presidente nacional del organismo, Luis Raúl González Pérez, aseguró que con el anuncio realizado, el Gobierno de la República inicia el cumplimiento de su compromiso de respetar a los derechos humanos en la materia.

Pese a destacar la sensibilidad que imperó para la fijación de los nuevos salarios, González Pérez advirtió que los salarios todavía son “insuficientes”.

Destacó que tal como lo dijo la Secretaria del Trabajo, con la decisión de aumentar los Salarios Mínimos se atiende la Recomendación General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que llama a asumir los acuerdos necesarios para incrementar el salario mínimo a partir del ejercicio fiscal 2019, considerando como mínimo lo expuesto por el CONEVAL en relación con la línea de bienestar.

 

El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que el modelo de Guardia Nacional planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no revertirá la situación de violencia e inseguridad que vive el país.

Por el contrario, dijo, generaría un riesgo de que se vulneren los derechos humanos, y que se debilite la institucionalidad civil y democrática.

Indicó que la Guardia Nacional “no garantizaría en modo alguno o contribuiría por sí misma de manera sustantiva a que se acabara con la impunidad, debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos”.

El titular de la CNDH señaló que la Guardia Nacional representa una respuesta parcial e incompleta a la problemática de violencia e inseguridad.

Al reunirse con diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales México, González Pérez dijo que se requiere combatir la violencia sin medidas autoritarias o que generen más violencia.

Subrayó que la seguridad es una necesidad y no un campo para intereses políticos, por lo que solicitó a los diputados que, por graves que sean las circunstancias en la materia, no se debe renunciar a la institucionalidad civil y democrática.

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que durante su administración no se protegerá a nadie que viole los derechos humanos, pues tal y como lo dijo desde su campaña, su gobierno promoverá la defensa de los mismos.

Al encabezar la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018, hizo el compromiso de que se aceptarán y cumplirán todas las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) les haga, además de que se respetará su autonomía.

“Vamos a hacer realidad el Estado de derecho, no va a haber ya Estado de chueco; Estado de derecho que significa independencia, autonomía, respeto de los poderes”; en ese punto subrayó que “se acabó” la etapa en que los poderes Legislativo y Judicial estaban subordinados al Ejecutivo.

Celebró que a través del tiempo, la CNDH se haya consolidado a pesar, dijo “de todo de lo que se ha padecido en los últimos tiempos, desde que se declaró la guerra a la delincuencia organizada, desde que se le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero y nos metió en esta crisis que tanto dolor ha producido al pueblo de México”.

Recordó que al venir de “la lucha por la justicia (…) de la oposición, así llegué a este cargo y recuerdo que todavía no existía la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, por lo que dijo se debe proteger a los ciudadanos y hacer valer los derechos humanos.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó esta tarde una Recomendación sobre violaciones graves a derechos humanos, respecto a lo ocurrido en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014: la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa.

El titular del organismo, Luis Raúl González Pérez, calificó dicho caso como “abominable”, y dijo que se volvió emblemático de la descomposición institucional y social que enfrenta nuestro país, además de que es un ejemplo del momento crítico por el que atraviesa el país en materia de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad.

González Pérez dijo que con dicha Recomendación, se cumple con la exigencia nacional e internacional de dar a conocer a las víctimas y a la sociedad, desde la perspectiva de los derechos humanos, la verdad sobre lo ocurrido. 

Indicó que la verdad no puede “sujetarse a intereses o coyunturas políticas”, por lo que enfatizó que dicho documento no llega “ni antes o después”, sino cuando la investigación que se realizó les permitió dar resultados comprobados. 

Acusó que la colusión entre autoridades y organizaciones criminales ocasionó la pérdida de la vida de 6 personas, lesiones a 42, y la desaparición forzada de 43 más, además de la contaminación y pérdida de evidencias y pruebas.

Entre las conclusiones a las que llegó la comisión, dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) subestimó  el hallazgo de “38 porciones petrosas de huesos temporales detectadas por dicha instancia, así como el que se haya ignorado que en el material contenido en la bolsa recuperada del Río San Juan se encontraban otras 3 porciones petrosas, además de 52 fragmentos óseos y 21 elementos odontológicos que serían susceptibles de someterse a pruebas de ADN para avanzar en la determinación del destino de los 43 normalistas desaparecidos al precisar, científicamente, si los huesos corresponden a ellos o a personas diversas”.

Precisó que el hallazgo de las porciones petrosas de huesos temporales constituiría un elemento suficiente para concluir que, cuando menos, los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula. 

También resaltaron que no se haya investigado la “actitud omisa o tolerante” de autoridades de distintos niveles y órdenes de gobierno que, pese a advertir de manera directa mediante la información que llegaba al denominado Centro C4 de la zona, que algo muy grave sucedía en Iguala en perjuicio de  estudiantes normalistas, no dieron parte al Ministerio Público y se abstuvieron de ordenar una intervención directa e  instrumentar acciones que hubiesen producido otro desenlace de los hechos.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una demanda de acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP) impulsada por los legisladores de Morena, pues dijo que podría contener posibles vulneraciones a los derechos humanos.

En el documento presentado se expresó que la LFRSP se aparta de los mandatos de nuestra Norma Suprema y de diversos instrumentos internacionales suscritos por México, por lo cual consideró conveniente someterla al conocimiento de la SCJN, para que sea quien determine su validez, como máximo intérprete de la Constitución del país.

La CNDH estimó necesario que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas de conformidad con el sistema constitucional mexicano en su integridad, y en ese sentido consideró que la LFRSP no desarrolló, de acuerdo con el texto constitucional, los parámetros o reglas indispensables para hacerla efectiva.

Pese a la acción jurídica emprendida, la CNDH señaló que es consciente de la importancia y trascendencia que conlleva la expedición de la LFRSP, que está encaminada a regular, entre otras cuestiones, el límite máximo de las percepciones de los trabajadores al servicio del Estado, tal como lo establece la Constitución desde el año 2009.

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenó los actos de violencia cometidos en contra de migrantes que intentaron cruzar la frontera México-Estados Unidos, a través de la garita de San Ysidro.

Por medio de un comunicado, la CNDH señaló que estas acciones afectaron a terceros, ya que cerraron el cruce internacional impidiendo el desarrollo de la vida cotidiana y afectaron a personas que no tenían que ver con los migrantes.

“El hecho de que el Estado mexicano actúe para proteger sus derechos, en cumplimiento a diversos compromisos internacionales que se han asumido, y se adopten medidas de atención considerando la situación de vulnerabilidad en que se encuentran, no implica un salvoconducto para infringir las leyes o causar afectaciones a personas y comunidades”, señala el comunicado.

No obstante, aclara que cualquier persona que cometa una falta administrativa deberá ser sancionada o procesada conforme a las leyes.

Cabe recordar que ayer, alrededor de 500 migrantes que se encontraban en Tijuana intentaron cruzar la frontera de forma violenta, por lo que fueron agredidos por integrantes de la Patrulla Fronteriza con balas de goma y gas lacrimógeno.

En el suceso, un adolescente resultó lesionado y puso en riesgo a personas que se encontraban cerca, indicó la CNDH.

 

Luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidiera al gobierno electo respetar los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas para la construcción del Tren Maya, fue el equipo del presidente electo quien fijó postura.

Aseguró que en el marco el actual proceso de transformación y refundación nacional, reconocen la necesidad de reconocer la presencia viva y activa de los pueblos indígenas, quienes dijo, tienen el derecho y capacidad para decidir libremente su condición política y determinar sus prioridades de desarrollo económico, social y cultural.

Al referirse específicamente al proyecto del Tren Maya, el gobierno electo indicó que su compromiso es respetar el derecho de “consulta libre, previa e informada de las comunidades indígenas”; aseguró que dicha consulta se llevará a cabo mediante la elaboración de un protocolo de consulta en conjunto y con el acuerdo de las comunidades interesadas, que contendrá los elementos y características para la realización del proceso en concordancia con los estándares internacionales.

El equipo del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que en su momento se invitará a la CNDH a coadyuvar en dicho proceso de consulta, además de que se invitará a organismos internacionales expertos en la materia, como son la Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo en México, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“Todos los proyectos del nuevo gobierno federal se realizarán en pleno respeto la integridad territorial y cultural de los pueblos indígenas, así como su autonomía, instituciones y formas de organización social, en cumplimiento a las normas que reconocen sus derechos fundamentales en los instrumentos internacionales en la materia”, subrayó el equipo de AMLO.

El gobierno electo remató asegurando que la consulta ciudadana que se lleva a cabo este fin de semana, en la cual se incluye el programa del Tren Maya, no sustituye la consulta indígena que se realizará próximamente.

 

En el marco de la consulta ciudadana que comenzó esta mañana, y en la que los mexicanos decidirán si el Tren Maya se construye o no, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado al gobierno electo para ajustar el proyecto a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas.

La Comisión indicó que Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO) debe promover una agenda gubernamental de manera integral con los compromisos en materia de derechos humanos suscritos por México, en especial por lo que se refiere a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe con los pueblos indígenas.

A través de un comunicado, la CNDH señaló que un proyecto de la naturaleza del Tren debe considerar la consulta a los pueblos y comunidades indígenas sobre los asuntos que potencialmente les afecten, tal y como lo contempla el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual México es parte.

El organismo pidió a quienes impulsan el proyecto dar a conocer ampliamente su contenido para propiciar un debate público y la participación libre e informada de las partes interesadas. “Una sociedad que no está bien informada no es libre de participar en la toma de decisiones que puedan afectar sus derechos fundamentales” .

 

El Pleno del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por el Plan Nacional de Paz y Seguridad que presentó en días pasados el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y en el que menciona la creación de una Guardia Nacional.

El organismo señaló que dicha propuesta aparece en contravención a la Constitución General, principios, recomendaciones y criterios de instancias internacionales, y declaraciones previas del propio presidente electo y miembros de su equipo.

La CNDH hizo un “respetuoso llamado para que, en un ejercicio de coherencia y compromiso con el respeto a los derechos y libertades básicas de las personas, y de cumplimiento a los estándares internacionales, se revise el apartado correspondiente al ‘Plan de Seguridad Pública’ para que contemple una estrategia integral y razonada”.

El Consejo Consultivo consideró que la presencia de las Fuerzas Armadas no debe verse como opción permanente y esencial para recuperar la paz, seguridad y respeto a los derechos humanos que la sociedad reclama, y añadió que tampoco será la respuesta a los problemas de impunidad, corrupción, exclusión y desigualdad que enfrentamos.

Recordó que la presencia de las Fuerzas Armadas no ha podido prevenir o atender los miles de casos de homicidios y personas desaparecidas, además de que han ocurrido muchos casos de violaciones a los derechos humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó los reportes sobre la desaparición de tres autobuses con integrantes de la Caravana Migrante a bordo, dos de ellos en Puebla y uno en Veracruz.

En este contexto, el quinto visitador general del organismo, Édgar Corzo Sosa, llamó de manera urgente a las autoridades correspondientes a que investiguen e informen lo sucedido a los autobuses.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) se dijo preocupado por la situación, por lo que demandó a las autoridades mexicanas garantizar el paso de los miles de migrantes que forman parte del éxodo, particularmente en el trayecto entre Veracruz y Puebla hacia la Ciudad de México.

Para el organismo, la dispersión de la caravana, que ha generado que los migrantes se transporten por sus propios medios, representa una situación riesgosa dada la presencia del crimen organizado en esas rutas.

 

 

Con información de La Jornada