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De acuerdo con un recuento presentado este viernes por la Comisión Nacional de Derechos (CNDH), en los últimos 18 meses han sido localizadas 164 fosas clandestinas en el país de las que se han exhumado 696 cuerpos.

El organismo señaló que, de acuerdo con el recuento hemerográfico, es decir, todos los hallazgos que han sido publicados en medios de comunicación en el país, detectó que se encontraron “cuando menos 163 (fosas) en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de agosto del año en curso, de las que se exhumaron cuando menos 530 cuerpos, de los que fueron identificados 54 y por lo menos 476 quedaron sin identificar”.

Sin embargo, dicho conteo no incluye los 166 cuerpos hallados el jueves en una fosa en Veracruz, por lo que la cifra sube de 530 a 696 personas localizadas sin vida en las distintas entidades.

“El hallazgo de fosas clandestinas desafía y cuestiona las capacidades y recursos del Estado mexicano para dar respuesta a una situación que, con el paso del tiempo, se ha convertido en obstáculo que no se ha podido superar en el camino hacia una cultura sustentada en la observancia de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas”, indicó la CNDH.

En este periodo, Veracruz es la entidad con mayor número de fosas localizadas. Con la que fue ubicada el jueves, tiene 38 en total. Le sigue Chihuahua, con cuando menos 22; Sinaloa, con el mismo número; Zacatecas, con 17, y Jalisco, con 14.

En cuanto a la cantidad de cuerpos localizados, también Veracruz está en primer lugar en la lista con 249 (incluidos los que fueron hallados este jueves); seguido de Jalisco con 126; Nayarit, con 70; Zacatecas, con 51 y Chihuahua, con 59.

En estados como Michoacán, Quintana Roo, Nuevo León, Coahuila y Colima se han localizado entre uno y seis cuerpos.

Los Ombudsperson del país hicieron un llamado al Gobierno actual y al entrante, a ratificar el Protocolo Facultativo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que se muestre el compromiso de nuestro país en la realización efectiva de esos derechos a favor de todas las personas.

Así lo dio a conocer Luis Raúl González Pérez, quien enfatizó que para defender la dignidad humana no se debe esperar, y puntualizó que en este momento de transición gubernamental que vive el país, el compromiso con las personas y sus derechos no puede verse disminuido por cuestiones políticas sino, por el contrario, se debe reforzar cada día más por las autoridades.

Reconoció que mucho se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pero alertó que es necesario trabajar para que sean efectivos y no meras expectativas o postulados programáticos.

Tras destacar la presencia de presidentes de comisiones estatales de Derechos Humanos y del Sexto Visitador General de la CNDH, Jorge Ulises Carmona Tinoco, el Ombudsperson nacional puntualizó que los Organismos Públicos de Derechos Humanos están ante una valiosa oportunidad para impulsar la Agenda 2030 y, desde su ámbito de competencia, exigir a los gobiernos de los tres órdenes de gobierno incluir su trabajo como prioridad en sus agendas.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra el Decreto por el que se expidió la Ley General de Comunicación Social, mejor conocida como la “Ley Chayote”.

El organismo explicó que consideró que la Ley presenta diversas deficiencias al no establecer reglas claras para la contratación de publicidad oficial, lo cual representa riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión en su dimensión colectiva, así como para el derecho de acceso a la información plural, pues la ausencia de tales reglas genera efectos silenciadores y disuasivos en algunos medios de comunicación.

Además señala que la Ley no regula con suficiencia la materia de publicidad oficial y, por tanto, no se garantiza que el gasto por dicho concepto cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Agregó que la Ley también delega indebidamente en autoridades administrativas el establecimiento de criterios de selección del medio de comunicación en normas infra-legales, permitiendo distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial.

Con la impugnación, la CNDH señaló que busca que la asignación de publicidad oficial esté regulada de forma “clara, puntual y objetiva, evitando la distribución arbitraria de la misma como mecanismo de censura indirecta del derecho a la libertad de expresión”.

 

Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, llamó a los candidatos presidenciales a hablar de derechos humanos y no difamarse entre ellos durante el segundo debate presidencial.

Durante su visita al Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, el ombudsman nacional dijo que la gente está cansada de ver a los políticos difamarse entre ellos en vez de plantear proyectos.

“Deben privilegiarse las propuestas y no las denostaciones, no los insultos, no las difamaciones. El hartazgo que la sociedad tiene es precisamente por eso”, dijo.

De acuerdo con el diario Reforma, González Pérez abundó que “lo que se requieren son ideas, plataformas y una plataforma tiene que ver transversalmente el principio de la dignidad de las personas, de los derechos humanos”.

Además, dijo que uno de los principales temas que debería tocarse en el debate es el de los derechos migratorios.

“Buscamos que las propuestas sean serias y viables. En especial, el contexto de vulnerabilidad que vive la comunidad migrante, sea en México o en los Estados Unidos, requiere propuestas mejor estructuradas y no únicamente mecanismos de atención provisional”, dijo González Pérez.

 

 

Con información de Reforma

Luego de que se informara sobre el asesinato del periodista Leobardo Vázquez Atzin en el municipio de Gutiérrez Zamora en Veracruz, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió a su personal a la entidad para realizar las dirigencias relacionadas y ofrecer acompañamiento a los familiares.

 

El Organismo Nacional expresó sus condolencias a los familiares y se solidarizó con periodistas y medios de comunicación del estado, dadas las condiciones de seguridad que se han visto trasgredidas en los últimos años.

 

La CNDH indicó que este nuevo crimen no puede quedar impune, por lo que este hizo un llamado a “las autoridades de procuración de justicia a realizar diligencias serias y eficaces para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia”, y reiteró que dará seguimiento puntual a las investigaciones sobre el cobarde crimen.

 

De igual forma, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista, del que indicó se trata del tercero asesinado en México este año. Solicitó a las autoridades reacciones contundentes.

 

“La continuación en México de estos actos criminales para silenciar a los periodistas, nos impulsan a seguir exigiendo a las autoridades reacciones contundentes que garanticen la seguridad de los comunicadores y evitar que los criminales burlen la Justicia”, señaló el presidente de la SIP, Gustavo Mohme, quien sostuvo que el asesinato de Vázquez Atzin evidencia la carencia de seguridad en México para ejercer libremente el periodismo.

 

Por su parte la Fiscalía Estatal indicó que a través de su Fiscalía Especializada, investiga los hechos ocurridos, pues activó de inmediato el protocolo de actuación en la materia y dio inicio a la correspondiente carpeta de investigación.

 

La dependencia informó que de acuerdo a los reportes que tiene, Vázquez Atzin ya no se desempeñaba como comunicador, sino como comerciante de comida.

 

Al presentar el estudio sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Materia de Puestos y Salarios en la Administración Pública Federal 2017, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Luis Raúl González Pérez, advirtió que las mujeres mantienen una participación baja en la toma de decisiones de mando y poder que definen el destino de México.

 

 

Señaló que el porcentaje de mujeres en puestos de mayor responsabilidad y nivel jerárquico dentro de la Administración Pública Federal (APF) llega a ser inferior al 25% del total de plazas, lo cual contrasta con su presencia en los niveles de mando más bajos, en los cuales ocupan cerca del 47%.

 

Acompañado por la Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González; la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, y la Cuarta Visitadora de la CNDH, María Eréndira Cruzvillegas Fuentes, el Ombusman nacional subrayó que aun cuando ha habido avances en la materia, el que se presente una igualdad cuantitativa con los hombres, no implica que exista una verdadera igualdad sustantiva entre géneros, y es que las mujeres representan el 53.5% del total de personas empleadas en las 49 instituciones de la APF que se analizaron.

 

La menor participación de las mujeres en los cargos de la más alta responsabilidad, donde se perciben mayores salarios, tiene diversos impactos, como el promedio salarial global, conforme al cual existe una brecha entre las mujeres y los hombres de -12.0% en Secretarías y -7.0% en otras instituciones.

 

Por su parte, la Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, demandó acelerar el ritmo de los esfuerzos encaminados a conseguir la igualdad salarial y laboral entre mujeres y hombres, y subrayó que desde el gobierno federal se ha enfatizado la necesidad inaplazable de contribuir a la equidad de género.

 

“La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres es una condición innegable para que este país logre los niveles de crecimiento a los que aspira”, señaló.

 

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, exigió que se esclarezca a puntualidad la detención de Marco Antonio Sánchez Flores, y condenó que en el país se sigan registrando casos de detenciones arbitrarias.

 

El ómbudsman reiteró que estarán acompañando el caso y reconoció que su homóloga, Nashieli Ramírez Hernández, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), es quien está dando seguimiento puntual al caso, incluso señaló que personal de la Comisión capitalina estuvieron presentes durante la valoración médica que se le realizó al menor.

 

 

Al respecto se ha informado que de los exámenes médicos que se le han practicado al estudiante de la UNAM, han indicado que presenta un cuadro de delírium mixto secundario, que podría ser producto de los golpes que recibió en la cabeza,los cuales quedaron grabados en un video que circula por las redes sociales.

 

Hasta ahora el menor permanece sedado, por lo que se espera su evolución médica para poder saber si las lesiones presentadas ocasionaran secuelas.

 

Con información de Medios / Fotos: Twitter Animal Político

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió un informe sobre las visitas realizadas en junio pasado para examinar el trato y las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad en 77 áreas de detención de la Procuraduría General de la República (PGR), y concluyó que las condiciones “constituyen situaciones de riesgo y pueden derivar en maltrato o tortura”.

 

En el informe detalla la “falta de mantenimiento, de suministro de agua corriente, ventilación, iluminación e higiene, así como falta de privacidad en las comunicaciones telefónicas, en entrevistas con abogados y visitantes, así como insuficiente personal y equipo médico son las deficiencias más significativas encontradas en algunas áreas”.

Adicional señala la carencia de instalaciones para facilitar el acceso de las personas con discapacidad física; y en pocos casos carencia de planchas para dormir, espacios y alimentos, certificaciones de integridad física sin condiciones de privacidad, así como falta de personal femenino de custodia para mujeres.

 

Las revisiones que realizó el personal del organismo corresponden a las Fiscalías Especializadas, Unidades y Agencias del Ministerio Público de la Federación ubicadas en la Ciudad de México y en los estados de Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Tlaxcala y Puebla.

 

Luego de que fuera aprobada la Ley de Seguridad Interior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que se encuentra analizando una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley, pues asegura que con la puesta en marcha de dicha ley se podría contravenir o propiciar que se vulneren los derechos humanos de las personas.

 

“La aprobación de esta Ley en los términos en que fue formulada, en opinión de esta Comisión Nacional, no sería acorde al sentido y contenido de la reforma de 2011, en tanto genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, además de afectar el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre instituciones, órganos del Estado y Poderes, así como posibilitar que se impongan estados de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana”, indicó el organismo a través de un comunicado.

 

La CNDH reiteró que con independencia del estudio que realiza para la promoción de una acción de inconstitucionalidad respecto de la Ley de Seguridad Interior, la atención a los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país, debe emprenderse bajo un enfoque integral, que parta de una lógica preventiva, más que reactiva.

 

Añadió que es necesario que el gobierno se ocupe del  conjunto de factores que generan o propician las actividades delictivas, así como del desarrollo de capacidades y recursos para la efectiva persecución y combate de las actividades ilícitas, con pleno respeto a los derechos humanos, todo lo cual pasa, necesariamente, por la revisión y fortalecimiento de nuestras policías y autoridades civiles.

 

La Comisión hizo un “respetuoso exhorto” al Ejecutivo Federal para  que formule observaciones al  proyecto de Ley de Seguridad Interior, con base en la atribución que le confieren la ley. “La seguridad es posible y compatible con el respeto a la dignidad humana, así como a las libertades y derechos que dan sustento a nuestras instituciones democráticas”, remató.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidieron al gobierno mexicano “abstenerse de aprobar el proyecto de la Ley de Seguridad Interior” que se someterá esta tarde a consideración de las Comisiones dictaminadoras del Senado.

 

Lor organismos indican que el llamado se hace en apego a las “obligaciones constitucionales y convencionales relativas a la preservación y defensa de los derechos humanos” que el Estado debe garantizar.

 

Por el contrario, pidieron se “abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en México bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas”. Indicaron que pese a las modificaciones que se han anunciado, la propuesta de Ley “sigue presentando aspectos altamente preocupantes para la vigencia y respeto de los derechos humanos en México”.

 

“La CNDH y la ONU-DH consideran que no existen las condiciones propicias para aprobar el Proyecto de Ley durante el proceso legislativo que termina el próximo viernes 15 de diciembre y hacen un respetuoso exhorto para que se amplíe su debate y discusión a efecto de prevenir situaciones que actualicen o propicien que se vulneren los derechos humanos al amparo de la ley antes mencionada”, señalaron los organismos a través de un comunicado.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señaló que el día de hoy es una “jornada de buenas noticias para los derechos humanos en México y el contexto internacional”, esto luego de la  promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, a cargo del Presidente Enrique Peña Nieto.

 

 

 

En el marco de la ceremonia de toma de posesión de la Cuarta Visitadora General de la CNDH, María Eréndira Cruzvillegas Fuentes, y luego de asistir a la promulgación de la Ley referida en la Residencia oficial de Los Pinos, el Ombudsman nacional,  Luis Raúl González Pérez, destacó que este es un logro de la sociedad civil y los colectivos de familias de personas desaparecidas.

El Presidente de la CNDH resaltó la importancia de la asignación de presupuesto inicial para la implementación de la Ley, y puntualizó que estos recursos deben incrementarse no solo por parte del gobierno federal, sino también de los Ejecutivos y Congresos de las 32 entidades federativas, así como la voluntad política de ambos para la implementación plena de la referida Ley.

El Presidente de este Organismo Nacional señaló que una de las prioridades de la instrumentación de la Ley, será determinar el paradero de las personas desaparecidas, encontrar a los responsables y fincar las responsabilidades a que haya lugar; así como la reparación integral del daño a las víctimas, y conocer la verdad, pues solo así se evitará la
repetición de estos hechos condenables.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), investigará  las irregularidades denunciadas sobre los apoyos para la reconstrucción entregados por el gobierno federal mediante el pago en monederos electrónicos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), en particular por la presunta falta de fondos de dichas tarjetas, así como a la falta de claridad sobre las reglas para la elaboración del censo de beneficiarios y los criterios para la clasificación del tipo de apoyo a las víctimas de los sismos de septiembre.

 

En un comunicado, la CNDH informó que pidió a la SEDESOL que adoptara medidas cautelares a efecto de preservar los derechos humanos de las personas designadas como beneficiarias del Programa de Empleo Temporal (PET) en el estado de Oaxaca, proporcionándoles información clara y oportuna sobre dicho programa, las condiciones bajo el cual se hizo el censo de beneficiarios, el importe de los apoyos que corresponderían a cada persona, así como la fecha y hora en que podrían pasar a recoger los mismos.

 

Además el organismo enfatizó sobre la necesidad de que la entrega de estos apoyos se hiciera en lugares que contaran con condiciones operativas y sanitarias adecuadas, en donde se tomara en consideración la condición de vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes, así como personas mayores, que podrían acudir a recibir los apoyos antes referidos o acompañar a quienes resultaran beneficiarios.

 

Redacción APO / Foto: @gobmx