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Luego de que ayer el presidente nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se quejara por no haber sido recibido por el Presidente de la República para entregar su informe de labores, y que con eso se rompiera una tradición de 29 años, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló este martes.

“Bueno, que fue la secretaria de Gobernación, ustedes saben que la Secretaría de Gobernación tiene ya esa función principal, la defensa de los derechos humanos, por eso se decidió de que la licenciada Olga Sánchez Cordero recibiera este informe”, justificó AMLO.

Sobre los comentarios que hizo el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, López Obrador dijo que son válidos y se respetan, de la misma forma en que él ratificaba el compromiso de aceptar todas las recomendaciones que haga la Comisión.

Ayer durante la presentación del informe, el presidente nacional de la CNDH dijo que, en los primeros meses de 2019, se empiezan a acumular hechos, actos y omisiones que, vistos en su conjunto, suponen que la procuración de garantía y vigilancia de los derechos humanos no se están asumiendo como premisa.

Sobre la declaración que hiciera el líder de la CNDH, respecto a que el discurso que ha venido utilizando ha polarizado a la nación, AMLO dijo que “sí, yo he polarizado a la nación, lo reconozco”.

Sin embargo, dijo que esa polarización se ha dado, pues el discurso que ha utilizado es porque está en contra de los corruptos y de la simulación, además de que quiere que no haya desigualdad en el país y que se respeten los derechos humanos.

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entregó el  Informe Anual de Labores 2018 a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, luego de no concretarse la entrega al propio presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La CNDH resaltó que es un hecho inédito en los casi 29 años de existencia del organismo, pues será la primera vez que el informe anual de labores no se presentara directamente al Presidente de la República

El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que 2018 fue un año crítico para los derechos humanos, donde las quejas referidas a salud, así como a las cuestiones relativas a la seguridad y justicia, fueron las áreas donde las personas acusaron mayores afectaciones a sus derechos.

Tras señalar que es claro que en el pasado existieron graves deficiencias y omisiones por parte de las autoridades de los distintos niveles y ámbitos del gobierno, el Ombudsperson nacional señaló que en estos primeros meses de 2019, se empiezan a acumular hechos, actos y omisiones que harían suponer que procurar la vigencia de los derechos humanos no se está asumiendo como premisa y límite de toda actuación pública, ni se están adoptando medidas pertinentes para revertir la situación que, desde hace varios años nuestro país ha enfrentado en diversos rubros.

González Pérez señaló que más allá de un acto meramente formal, el encuentro que propiciaba la presentación del Informe Anual de labores abría un espacio directo e inmediato para que la CNDH pudiera exponer, ante el Titular del Ejecutivo Federal, un balance anual sobre la situación de los mismos, así como reflexionar, prospectivamente, sobre los retos y situaciones que demandaban atención especial para el año en curso, cuestiones que en este 2019 no pudieron concretarse, al no haberse generado un espacio para que los derechos humanos fueran escuchados.

El Presidente nacional dijo que no será debilitando la institucionalidad democrática, ni eliminando o haciendo inoperante el sistema de pesos y contrapesos entre autoridades y poderes, o restringiendo o condenando en los hechos el legítimo ejercicio de los derechos o el disenso, que México avanzará por la ruta de la legalidad y del respeto a la dignidad humana.

«Nuestro país no puede prescindir de espacios y vías para que la reflexión y el entendimiento sean posibles mediante la pluralidad, la tolerancia, así como el respeto a las personas y a las ideas, para construir consensos en beneficio del país y de su sociedad. El piso común que nos una, identifique y permita sustentar cualquier cambio para México, deben ser la legalidad, respeto a la dignidad humana y vigencia de los derechos humanos», remató.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reprobó la retención, agresión y despojo de armas a militares por parte de grupos de autodefensa en Michoacán, y destacó que bajo ningún supuesto es posible el uso de la fuerza para solicitar o exigir planteamiento alguno.

En ese sentido, el organismo emplazó a las autoridades competentes a realizar investigaciones necesarias para dar con los responsables, así como aplicar las sanciones que corresponda conforme a derecho.

Esto luego de que el domingo pasado, pobladores de la comunidad de Pueblo Viejo, en La Huacana, Michoacán, desarmaron y sometieron a varios elementos del Ejército mexicano, a quienes retuvieron para que les regresaran armas de grueso calibre que, minutos antes, los militares decomisaron en un operativo.

Al respecto, la CNDH, que preside Luis Raúl González Pérez, manifestó su rechazo a este hecho y enfatizó que el organismo reprobará todo acto de violencia y cualquier conducta que esté fuera de la ley.

La CNDH acreditó que en esos hechos, los efectivos de la Sedena fueron agredidos y despojados de armas y de pertenencias.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre el impacto en el goce y ejercicio del derecho a la protección de la salud de la población del país, derivado del recorte presupuestal y de la no transferencia de recursos a ese sector dadas las medidas de austeridad implementadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Mediante un documento dirigido al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa; al Secretario de Salud, Jorge Alcocer; al Director General del IMSS, Zoé Robledo, y al Director General del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, les pidió atender al mandato del artículo 1 constitucional.

La Comisión le pidió a las funcionarios adoptar medidas para garantizar el acceso a servicios de atención médica, tratamientos  y prestaciones de seguridad social a todas las personas; asegurar la continuidad del suministro de medicamentos; la disponibilidad, en todas las unidades médicas, de personal suficiente y con las competencias necesarias para la atención de las y los usuarios; la provisión sin interrupciones de insumos, materiales, equipo y servicios complementarios indispensables para la prestación de los servicios de salud, y la construcción, mantenimiento y mejora de la infraestructura que permita proporcionar una atención eficiente.

Además, les solicitó implementar las acciones para garantizar el derecho a la protección de la salud de todas las personas, y pese a las medidas de austeridad implementadas por la administración, asignar los recursos económicos suficientes.

Ante los señalamientos de posibles actos de corrupción, irregularidades, inconsistencias o uso indebido del gasto público, la CNDH reconoció que es incuestionable la obligación de las autoridades de investigar y sancionar a los responsables.

Luego del memorándum que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para instruir a los titulares de la SEP, SHCP y Segob a dejar sin efectos la actual reforma educativa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un posicionamiento.

Indicó que la educación es un derecho humano fundamental que se encuentra reconocido tanto por la Constitución mexicana, como por diversos instrumentos internacionales que han sido suscritos por nuestro país, por lo que es una obligación del Estado mexicano hacer efectivo dicho derecho y garantizar que las y los mexicanos tengan acceso a una educación de calidad.

Señaló que, con independencia de coyunturas políticas o diferendos ideológicos, el Estado debe cumplir con su obligación.

“La instrucción dada en el sentido de dejar de aplicar los contenidos constitucionales y realizar el manejo de diversos aspectos y cuestiones vinculadas a la educación mediante procedimientos y medios ajenos a los previstos por la Constitución y las normas, modifica y acota los términos y condiciones en que el derecho a la educación puede ser vigente, generando el riesgo de que se produzcan vulneraciones mayores a los derechos de niñas, niños y adolescentes, en tanto las autoridades estarían actuando al margen o fuera de las normas, dejando sin efecto garantías institucionales y propiciando actuaciones discrecionales”, señaló la CNDH.

Precisó que nada debilita más al Estado de Derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene desde las instancias de poder el que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar.

Al respecto, el organismo exhortó al presidente López Obrador para que en cumplimiento a la protesta que hizo al asumir el cargo, así como a las obligaciones constitucionales inherentes al mismo, rectifique las instrucciones que ha girado y ponga en primer lugar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

La CNDH finalizó indicando que en caso de que el marco normativo vigente en materia educativa no resultara adecuado, corresponde al Poder Revisor de la Constitución o en su caso al Poder Legislativo el realizar las adecuaciones conducentes.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a los titulares de la Secretaría de Salud (SSA), Jorge Alcocer Varela; del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez Cázares, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, adoptar medidas cautelares de carácter urgente para garantizar el derecho a la protección a la salud de la población.

Pidió que las medidas se tomarán muy en particular en aquellos centros en que se pudiera ver alterado el funcionamiento de los mismos como consecuencia de los problemas que enfrentan los médicos residentes.

“Esta Comisión Nacional expresa su preocupación por la situación que enfrentan médicos residentes en instituciones de salud públicas y privadas ante la falta de pago salarial, los descuentos en sus percepciones y la falta de claridad en la figura jurídica del médico residente”, señaló el organismo.

Insistió en que las autoridades deben atender y resolver las inconformidades planteadas por quienes integran la Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR), esto tras la advertencia de sus integrantes, en el sentido de que, a partir del lunes 15 de abril, en 68 hospitales en 24 entidades federativas solo brindarán servicios en “áreas críticas como urgencias y obstetricia”, como consecuencia de los diferentes motivos de inconformidad consistentes en pagos retrasados de tres quincenas y del bono sexenal que les descontaron, hasta el momento no se ha realizado el depósito en su totalidad, así como pagos incompletos.

Al respecto, en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que a los médicos residentes “se les va a pagar”.

Explicó que revisaría el tema, para que, si se les debía algo, se les pagara. Enfatizó que la revisión que se haría del tema, no era por una cuestión de “presión” dadas las manifestaciones de los médicos, sino que respondía a una “convicción” de su gobierno.

 

Foto: Twitter @jesusortegam

Diversas han sido las voces que se han manifestado en contra de la designación que anunciara esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre quien será el comandante de la Guardia Nacional.

Esta vez fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) quien rechazó el nombramiento del general Luis Rodríguez Bucio y la designación de otros militares en la Coordinación Operativa Interinstitucional de la Guardia Nacional, pues dijo que en la reforma constitucional se estableció un mando civil.

“No fue lo ideal como quedó, en los términos constitucionales, pero fue lo plausible, porque se acotó a una temporalidad de cinco años y a una adscripción civil, lo óptimo es que se le hubiera puesto la cereza de un (mando con) perfil civil”, dijo el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez.

Añadió que el debate no se debe central sobre si el general Rodríguez Bucio está en proceso de retiro o no, pues para los fines que se necesitan tenía que estar ya en retiro o con licencia.

“Hoy conocemos que será un perfil militar, pero no hay que hablar de sí está en proceso de retiro, tendría que estar ya en retiro o con licencia”, sostuvo.

González Pérez adelantó que la CNDH estará atenta a que en las leyes secundarias no se desvirtúe lo que está establecido en la Constitución, esto en relación al mando civil que ya se había establecido. “Que no se vaya más allá de lo logrado (…) de los candados que logró poner la sociedad civil”.

Remató afirmando que no descartan recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para promover una controversia constitucional contra la Guardia Nacional.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a diversas autoridades, por las omisiones y responsabilidades en que incurrieron autoridades de seguridad pública municipal y estatal, educativas y de procuración de justicia de Chiapas, al no proteger los derechos humanos de 14 docentes que fueron humillados en 2016.

La CNDH recordó que por negarse a participar en un paro magisterial, los maestros “fueron humillados al obligárseles a caminar descalzos por las calles del Municipio de Comitán de Domínguez, entre burlas y vejaciones, y a portar pancartas con leyendas denigrantes, además de que a la mayoría se le rapó públicamente”.

El organismo “acreditó” después de casi dos años la violación de los derechos humanos al trato digno, a la seguridad jurídica, a la integridad y a la seguridad personal, al trabajo digno, al derecho al acceso a la justicia, así como al derecho a una vida libre de violencia, atribuidas a autoridades de seguridad pública municipal y estatal, autoridades educativas y de procuración de justicia.

Recordemos que un grupo de maestros adscritos a la SEP y al Colegio de Bachilleres de Comitán de Domínguez, fueron retenidos el 31 de mayo de 2016. Las víctimas fueron llevadas por integrantes de la CNTE a la Central de Abastos del municipio, donde fueron vejadas y maltratadas, y las imágenes se difundieron ampliamente por los medios de comunicación.

Las omisiones y responsabilidades acreditadas consistieron en “la falta de acciones eficaces para contener las agresiones, ya que las autoridades de seguridad pública solo instruyeron ‘monitoreos’ de los hechos mediante uno o dos policías; no se solicitaron oportunamente medidas cautelares para proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas, ni se les brindó protección y auxilio en el momento de los hechos ni con posterioridad, y se omitió integrar con debida diligencia una de las carpetas de investigación, lo que generó impunidad”, indicó la CNDH.

El organismo detalló en su recomendación, dirigida al Gobernador de Chiapas que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, deberá reparar integralmente el daño a las víctimas, que incluya atención médica y psicológica, y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; entre otras acciones, las cuales involucran a la Fiscalía General del Estado, a la Directora General del Colegio de Bachilleres de Chiapas y al presidente municipal de Comitán de Domínguez.

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el comandante de la Guardia Nacional «es un militar en activo».

López Obrador señaló que la próxima semana dará a conocer el nombre del elegido para este puesto, así como el de las personas que conformarán el Estado Mayor del cuerpo de seguridad.

Este grupo estará formado por un representante de la Policía Federal, la Marina y el Ejército.

El presidente dijo a principios de mes que consideraba para este puesto a un militar en activo o en retiro.

López Obrador fue cuestionado sobre la reunión que sostuvo con Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien habría pedido al presidente que el mando de ese cuerpo de seguridad fuera civil.

Al respecto, el mandatario señaló que se requiere el apoyo del Ejército para esta tarea.

Sin embargo, destacó que los elementos tendrán una formación y capacitación previa antes de salir a las calles sobre dos temas fundamentales: derechos humanos y uso regulado de la fuerza.

Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, iniciará el 5 de abril una visita oficial de cinco días a México.

Con ello, atiende una invitación del Gobierno federal.

De acuerdo con la agenda, la también expresidenta de Chile se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador y secretarios de Estado, así como con legisladores y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

También tendrá un encuentro con el fiscal Alejandro Gertz Manero y con Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Además, se entrevistará con miembros de la sociedad civil, migrantes, defensoras de derechos humanos, víctimas de abusos y violaciones, y familiares de personas desaparecidas.

Para concluir su visita, Bachelet ofrecerá una rueda de prensa el martes 9 de abril.

Al participar en el acto de Disculpa Pública del Estado mexicano por el caso del asesinato de dos estudiantes en Nuevo León, el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez advirtió que aunque México requiere mayor seguridad, ésta no debe ser a cualquier costo.

«Es innegable que México requiere más y mejor seguridad, pero no por cualquier medio y costo, mucho menos cuando esto último representa la pérdida de vidas inocentes. No podemos combatir la injusticia y la ilegalidad incurriendo en nuevos actos injustos e ilegales”, dijo el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

González Pérez indicó que nada compensa la pérdida de vidas, ni el dolor que como consecuencia de ello han sufrido los familiares y amigos de las víctimas; dijo que reivindicar su nombre y que las autoridades reconozcan sus faltas es un paso necesario en el camino a la verdad y a la reparación.

Señaló que la disculpa pública que ofrece el Estado mexicano por la pérdida de la vida de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), busca restituir su honor y buena fama.

Sin embargo aclaró que la disculpa pública no constituye por sí misma una reparación integral del daño que causó la actuación indebida de los servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la entonces Procuraduría General de la República y el Gobierno del Estado de Nuevo León.

Confió en que actos como éste no se repitan.

 

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, urgió a que en México se consolide la institucionalidad democrática mediante la preservación del sistema constitucional de pesos y contrapesos.

De igual forma hizo un llamado a que se respete el disenso y se superen los discursos que polarizan a la población.

“Se deben tender puentes hacia la sociedad civil, la academia, los organismos nacionales e internacionales de protección y defensa de derechos humanos, así como con las víctimas, que requieren ser escuchadas y atendidas. Solo con el respeto y vigencia de los derechos humanos serán posibles las transformaciones que México demanda”, aseguró.

Al abordar diversos temas, González Pérez afirmó que es fundamental garantizar la plena independencia de las 33 Fiscalías de Justicia del país para que los delitos efectivamente se investiguen y la ley se aplique.

Señaló que los índices de impunidad son inaceptables y su existencia incentiva que continúen los casos de desaparición, las agresiones contra mujeres, personas defensoras y periodistas.

Remató señalando que debe superar la visión asistencialista para implementar políticas públicas con enfoque de derechos humanos que hagan que tales prerrogativas puedan ser vigentes y las necesidades de las personas se atiendan.

La eventual desaparición del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) generaría una afectación directa a los derechos de las personas de este sector de la población, alertó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Ante ello, dirigió un oficio al subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, con copia a la titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero, en el que hizo siete consideraciones con relación a los recientes anuncios sobre la posible desaparición del Conadis.

La CNDH resaltó que, históricamente, las personas con discapacidad han sido víctimas de discriminación y estigmatización por parte de la sociedad, lo que les ha impedido el acceso al ejercicio pleno de sus derechos humanos en condiciones de igualdad con el resto de la población.

Mediante un comunicado, la CNDH destacó la importancia que tiene esa instancia como mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de las medidas relativas a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Además, consideró que lejos de suprimir a esa instancia, el gobierno federal debería fortalecerlo para transformarlo en un mecanismo de planeación estratégica que asegure la transversalidad en las acciones gubernamentales y que asesore a los tres órdenes de gobierno en el diseño de políticas y acciones para la atención de las personas con discapacidad, ello, con un enfoque de desarrollo sostenible y derechos humanos, así como evaluar la política pública en la materia.