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En el marco de la 41 Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ (lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual y Queer), la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció la celebración que dijo, deja de manifiesto la libertad y dignidad de los mexicanos.

Indicó que la marcha del orgullo recuerda que México es un país diverso y plural. «Sabemos los esfuerzos organizativos que como movimiento social han logrado para impulsar cambios legislativos hacia la igualdad».

Señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) emitió el pasado 17 de mayo, el Decreto para reconocer el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, dando pauta para la promoción de acciones afirmativas, medidas de inclusión y políticas públicas, entre otras acciones, que garanticen el respeto a los derechos humanos de todas las personas que pertenecen a este grupo de la población.

«Como Estado, reafirmamos nuestro interés de impulsar una agenda amplia que conduzca a recomponer el tejido social, a fortalecer la democracia, respetar los derechos humanos y sentar las bases  para construir una cultura de la paz e igualdad», dijo la Segob.

La dependencia expuso que en el mes del Orgullo LGBTTTIQ+ refrenda su compromiso a favor del reconocimiento pleno de los derechos humanos de todas las personas.

En el mismo sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que a pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos de la población LGBTTTIQ+, persiste la discriminación en distintos ámbitos sociales, desde la familia hasta los espacios laborales, lo que evidencia la imperiosa necesidad de que autoridades y sociedad intensifiquen sus labores para impulsar la igualdad de derechos en todos los campos con el resto de la población.

Enfatizó que de acuerdo con la encuesta realizada por la CNDH y el CONAPRED, 6 de cada 10 personas encuestadas de dicha comunidad sufrió discriminación en el último año y más de la mitad (53%) reportó haber sufrido expresiones de odio, agresiones físicas y acoso.

 Para esta Comisión Nacional, el matrimonio igualitario, que hoy es posible en 19 de las 32 entidades federativas, el acceso calificado a los servicios públicos de salud, vivienda, trabajo y educación sin discriminación son demandas pendientes de resolver por algunas instituciones del Estado mexicano.

Por actos de tortura cometidos por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) contra dos personas de nacionalidad hondureña alojadas en la Estación Migratoria de Tlaxcala, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al titular del INM, Francisco Garduño, y a la Directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tlaxcala, Maday Capilla Piedras.

La CNDH explicó que su personal tuvo conocimiento que el 5 de junio de 2018, en la estancia de varones de dicha Estación Migratoria, mientras entregaban alimentos a las personas alojadas, un agente federal solicitó al adolescente de 17 años de edad tirar una bolsa de basura, y ante su negativa, el personal migratorio no le proporcionó los alimentos, por lo que su padre regresó los que él tenía como acto de protesta, los cuales accidentalmente cayeron al piso.

Tras el incidente, el citado agente realizó una llamada y 30 minutos después, llegaron tres agentes federales de migración quienes trasladaron a los migrantes a un cuarto aislado donde fueron golpeados y amenazados con desaparecerlos si denunciaban los hechos.

Ante tal situación, el Organismo Nacional solicitó medidas cautelares al INM y a la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Tlaxcala (PPNNA-Tlaxcala) con la finalidad de que los migrantes fueran trasladados de manera inmediata a un Centro de Asistencia Social y garantizarles su integridad física, psicológica, así como se determinara el interés superior del adolescente para brindarle la protección integral que correspondiera.

La CNDH detectó inconsistencias en los señalamientos vertidos por el INM, ya que, en las videograbaciones de seguridad, no se observó que los agraviados hubiesen agredido al personal migratorio.

En la integración del expediente, se reveló que la persona menor de edad presentó lesiones físicas y afectaciones psicológicas concordantes con tortura, en tanto, su padre tuvo secuelas psicológicas que acreditaron tratos crueles.

Ante las conclusiones alcanzadas, la CNDH recomendó al Comisionado del INM, que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, repare integralmente los daños a los agraviados, les brinde atención psicológica y los inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, así como colabore en la denuncia que la CNDH presente ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra las personas servidoras públicas.

Adicional recomendó capacitar al personal de la Estación Migratoria de Tlaxcala sobre los derechos a la integridad personal, a la seguridad jurídica y al interés superior de la niñez migrante en los procedimientos migratorios.

Al presentar el Informe de Actividades 2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez enfatizó que la existencia o no de violaciones a los derechos humanos no puede negociarse ni interpretarse a la luz de intereses políticos o ideológicos.

Afirmó que las instituciones, las leyes y la autonomía e independencia de los Poderes y órganos constitucionales tienen suma importancia en nuestro sistema democrático y legal, y deben respetarse y mantener su vigencia, sin importar las personas o grupos en el poder.

González Pérez indicó que la defensa de la legalidad y de los derechos humanos son prioridades fundamentales y obligaciones, tanto para las autoridades como para la sociedad, y constituyen la mejor protección contra la intolerancia o cualquier tentación autoritaria.

Expresó que nuestro país requiere una institucionalidad fuerte, que consolide la democracia y fortalezca la unidad nacional, de ahí que las instituciones marcan pautas e imponen límites a la actuación de  personas y autoridades, generan certidumbre en la sociedad y dan cauce a la conciliación de intereses individuales y colectivos, además de evitar posibles arbitrariedades.

El Ombudsperson nacional apuntó que durante 2018, México no superó la crisis que enfrenta desde hace años en materia de derechos humanos, que se acentuó en varios aspectos ante la falta de respuestas efectivas a problemas graves como inseguridad, impunidad, miles de personas desaparecidas, tortura, desplazamiento forzado interno, abusos a migrantes, fosas clandestinas e irregulares, violencia de género, trata de personas, falta de acceso real y efectivo a la justicia y debilidad del Estado de derecho.

Expuso que durante 2018 un total de 158,960 personas recurrieron a la CNDH en busca de apoyo, atención o asesoría, y se recibieron 44,274 escritos que derivaron en la apertura de 25,889 nuevos expedientes, de los cuales 9,002 correspondieron a quejas propiamente dichas, 7,855 a orientaciones directas, 8,395 remisiones y 637 inconformidades. Estos asuntos implicaron la atención de un total de 77,404 personas agraviadas.

El sector salud fue el que mayor número de quejas presentó durante 2018, con 4,043 casos, seguido por el de seguridad, con 1,734; el educativo, con 892, y el social, con 328; en tanto que en el mismo periodo la CNDH emitió 101 instrumentos recomendatorios, que comprendieron 90 recomendaciones ordinarias, 8 recomendaciones por violaciones graves, y 3 recomendaciones generales, y se concluyeron investigaciones de casos tan graves como la serie de detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, actos de tortura, violencia sexual, y cateos ilegales, entre otras
conductas, en que incurrieron miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina en diversas entidades de la República.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que la cancelación de las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles y la publicación del Programa de Apoyo al Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, impulsado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), constituyen una medida regresiva con la que se violan diversos derechos humanos de las personas usuarias y beneficiarias de los centros de cuidado y atención integral infantil.

El organismo sostuvo que tales medidas no solo violan los derechos humanos de niñas, niños, sino también el de las madres, padres, responsables y trabajadoras, usuarios y beneficiarios del extinto Programa de Estancias Infantiles.

Por ello, emitió una “recomendación” a las Secretarías de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), así como a autoridades que participaron en el proceso para la emisión del nuevo programa.

Aclaró que la recomendación emitida a las autoridades involucradas, no pretende inhibir la implementación de medidas de austeridad y control presupuestal, o la investigación de cualquier irregularidad en el manejo de los recursos públicos, pero sí que se ejecuten sin vulnerar los derechos de niñas, niños, mujeres, y padres.

La CNDH recomendó a la Secretaría de Bienestar se establezca un mecanismo que restituya aquellos derechos violados de niñas y niños, padres y madres, responsables y trabajadoras de estancias infantiles, y establecer un instrumento que permita la verificación del uso de los apoyos económicos para los servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil.

Ello implica actualizar el padrón de niñas y niños beneficiarios del entonces Programa de Estancias Infantiles hasta febrero de 2019, y pagar retroactivamente a las estancias infantiles los subsidios conforme ese registro.

A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se le recomendó, entre otras cosas, generar acciones que permitan verificar que los anteproyectos de Reglas de Operación que presenten las dependencias de la Administración Pública Federal se encuentren expresamente establecidos en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal que corresponda y cumplan los requisitos señalados en la normatividad aplicable.

En cuanto a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, deberá garantizar la transparencia y la mejora regulatoria de los anteproyectos de reglas de operación de los programas de desarrollo social. En el marco de las facultades, el Sistema DIF Nacional deberá coordinar la supervisión y vigilancia de las estancias infantiles, los centros de atención, cuidado y desarrollo integral infantil para garantizar la seguridad e integridad de las y los usuarios.

De acuerdo con un análisis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde el año 2000 a la fecha, en México han asesinado a 148 periodistas, de los cuales siete han sido victimados en los primeros meses de 2019, lo que ha colocado al país como el primero de Latinoamérica en homicidios a este gremio.

En cerca del 90% de los casos de asesinatos a periodistas existe impunidad, cifra que se eleva a 100% en los 21 casos de comunicadores desaparecidos y de los 52 atentados a instalaciones de medios de comunicación que se han presentado desde el 2005 y 2006, respectivamente.

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, indicó que dichas cifras sustentan y justifican que se considere el ejercicio de la actividad periodística como de alto riesgo en todo México.

Las entidades con mayor número de homicidios de periodistas son Veracruz (22 casos), Tamaulipas (16), Guerrero (16), Oaxaca (16) y Chihuahua (14).

En el marco del Día de la Libertad de Expresión, el presidente nacional de la CNDH destacó que la libertad de expresión es un derecho esencial de cualquier régimen democrático, por lo que su ejercicio pleno y libre demanda generar las condiciones adecuadas para que periodistas y medios de comunicación puedan hacer uso de la misma con seguridad.

Recordó que los estándares internacionales sobre libertad de expresión ponen énfasis en la creación de un entorno adecuado para que periodistas y medios de comunicación realicen sus actividades con plena libertad.

Para ello, dijo la CNDH, es preciso que las autoridades ratifiquen su compromiso con estas libertades básicas al promover el debate público, con el respeto al disenso y tomándolo como base para la construcción de consensos.

Luego de que ayer el presidente nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se quejara por no haber sido recibido por el Presidente de la República para entregar su informe de labores, y que con eso se rompiera una tradición de 29 años, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló este martes.

“Bueno, que fue la secretaria de Gobernación, ustedes saben que la Secretaría de Gobernación tiene ya esa función principal, la defensa de los derechos humanos, por eso se decidió de que la licenciada Olga Sánchez Cordero recibiera este informe”, justificó AMLO.

Sobre los comentarios que hizo el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, López Obrador dijo que son válidos y se respetan, de la misma forma en que él ratificaba el compromiso de aceptar todas las recomendaciones que haga la Comisión.

Ayer durante la presentación del informe, el presidente nacional de la CNDH dijo que, en los primeros meses de 2019, se empiezan a acumular hechos, actos y omisiones que, vistos en su conjunto, suponen que la procuración de garantía y vigilancia de los derechos humanos no se están asumiendo como premisa.

Sobre la declaración que hiciera el líder de la CNDH, respecto a que el discurso que ha venido utilizando ha polarizado a la nación, AMLO dijo que “sí, yo he polarizado a la nación, lo reconozco”.

Sin embargo, dijo que esa polarización se ha dado, pues el discurso que ha utilizado es porque está en contra de los corruptos y de la simulación, además de que quiere que no haya desigualdad en el país y que se respeten los derechos humanos.

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entregó el  Informe Anual de Labores 2018 a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, luego de no concretarse la entrega al propio presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La CNDH resaltó que es un hecho inédito en los casi 29 años de existencia del organismo, pues será la primera vez que el informe anual de labores no se presentara directamente al Presidente de la República

El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que 2018 fue un año crítico para los derechos humanos, donde las quejas referidas a salud, así como a las cuestiones relativas a la seguridad y justicia, fueron las áreas donde las personas acusaron mayores afectaciones a sus derechos.

Tras señalar que es claro que en el pasado existieron graves deficiencias y omisiones por parte de las autoridades de los distintos niveles y ámbitos del gobierno, el Ombudsperson nacional señaló que en estos primeros meses de 2019, se empiezan a acumular hechos, actos y omisiones que harían suponer que procurar la vigencia de los derechos humanos no se está asumiendo como premisa y límite de toda actuación pública, ni se están adoptando medidas pertinentes para revertir la situación que, desde hace varios años nuestro país ha enfrentado en diversos rubros.

González Pérez señaló que más allá de un acto meramente formal, el encuentro que propiciaba la presentación del Informe Anual de labores abría un espacio directo e inmediato para que la CNDH pudiera exponer, ante el Titular del Ejecutivo Federal, un balance anual sobre la situación de los mismos, así como reflexionar, prospectivamente, sobre los retos y situaciones que demandaban atención especial para el año en curso, cuestiones que en este 2019 no pudieron concretarse, al no haberse generado un espacio para que los derechos humanos fueran escuchados.

El Presidente nacional dijo que no será debilitando la institucionalidad democrática, ni eliminando o haciendo inoperante el sistema de pesos y contrapesos entre autoridades y poderes, o restringiendo o condenando en los hechos el legítimo ejercicio de los derechos o el disenso, que México avanzará por la ruta de la legalidad y del respeto a la dignidad humana.

«Nuestro país no puede prescindir de espacios y vías para que la reflexión y el entendimiento sean posibles mediante la pluralidad, la tolerancia, así como el respeto a las personas y a las ideas, para construir consensos en beneficio del país y de su sociedad. El piso común que nos una, identifique y permita sustentar cualquier cambio para México, deben ser la legalidad, respeto a la dignidad humana y vigencia de los derechos humanos», remató.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reprobó la retención, agresión y despojo de armas a militares por parte de grupos de autodefensa en Michoacán, y destacó que bajo ningún supuesto es posible el uso de la fuerza para solicitar o exigir planteamiento alguno.

En ese sentido, el organismo emplazó a las autoridades competentes a realizar investigaciones necesarias para dar con los responsables, así como aplicar las sanciones que corresponda conforme a derecho.

Esto luego de que el domingo pasado, pobladores de la comunidad de Pueblo Viejo, en La Huacana, Michoacán, desarmaron y sometieron a varios elementos del Ejército mexicano, a quienes retuvieron para que les regresaran armas de grueso calibre que, minutos antes, los militares decomisaron en un operativo.

Al respecto, la CNDH, que preside Luis Raúl González Pérez, manifestó su rechazo a este hecho y enfatizó que el organismo reprobará todo acto de violencia y cualquier conducta que esté fuera de la ley.

La CNDH acreditó que en esos hechos, los efectivos de la Sedena fueron agredidos y despojados de armas y de pertenencias.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre el impacto en el goce y ejercicio del derecho a la protección de la salud de la población del país, derivado del recorte presupuestal y de la no transferencia de recursos a ese sector dadas las medidas de austeridad implementadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Mediante un documento dirigido al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa; al Secretario de Salud, Jorge Alcocer; al Director General del IMSS, Zoé Robledo, y al Director General del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, les pidió atender al mandato del artículo 1 constitucional.

La Comisión le pidió a las funcionarios adoptar medidas para garantizar el acceso a servicios de atención médica, tratamientos  y prestaciones de seguridad social a todas las personas; asegurar la continuidad del suministro de medicamentos; la disponibilidad, en todas las unidades médicas, de personal suficiente y con las competencias necesarias para la atención de las y los usuarios; la provisión sin interrupciones de insumos, materiales, equipo y servicios complementarios indispensables para la prestación de los servicios de salud, y la construcción, mantenimiento y mejora de la infraestructura que permita proporcionar una atención eficiente.

Además, les solicitó implementar las acciones para garantizar el derecho a la protección de la salud de todas las personas, y pese a las medidas de austeridad implementadas por la administración, asignar los recursos económicos suficientes.

Ante los señalamientos de posibles actos de corrupción, irregularidades, inconsistencias o uso indebido del gasto público, la CNDH reconoció que es incuestionable la obligación de las autoridades de investigar y sancionar a los responsables.

Luego del memorándum que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para instruir a los titulares de la SEP, SHCP y Segob a dejar sin efectos la actual reforma educativa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un posicionamiento.

Indicó que la educación es un derecho humano fundamental que se encuentra reconocido tanto por la Constitución mexicana, como por diversos instrumentos internacionales que han sido suscritos por nuestro país, por lo que es una obligación del Estado mexicano hacer efectivo dicho derecho y garantizar que las y los mexicanos tengan acceso a una educación de calidad.

Señaló que, con independencia de coyunturas políticas o diferendos ideológicos, el Estado debe cumplir con su obligación.

“La instrucción dada en el sentido de dejar de aplicar los contenidos constitucionales y realizar el manejo de diversos aspectos y cuestiones vinculadas a la educación mediante procedimientos y medios ajenos a los previstos por la Constitución y las normas, modifica y acota los términos y condiciones en que el derecho a la educación puede ser vigente, generando el riesgo de que se produzcan vulneraciones mayores a los derechos de niñas, niños y adolescentes, en tanto las autoridades estarían actuando al margen o fuera de las normas, dejando sin efecto garantías institucionales y propiciando actuaciones discrecionales”, señaló la CNDH.

Precisó que nada debilita más al Estado de Derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene desde las instancias de poder el que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar.

Al respecto, el organismo exhortó al presidente López Obrador para que en cumplimiento a la protesta que hizo al asumir el cargo, así como a las obligaciones constitucionales inherentes al mismo, rectifique las instrucciones que ha girado y ponga en primer lugar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

La CNDH finalizó indicando que en caso de que el marco normativo vigente en materia educativa no resultara adecuado, corresponde al Poder Revisor de la Constitución o en su caso al Poder Legislativo el realizar las adecuaciones conducentes.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a los titulares de la Secretaría de Salud (SSA), Jorge Alcocer Varela; del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez Cázares, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, adoptar medidas cautelares de carácter urgente para garantizar el derecho a la protección a la salud de la población.

Pidió que las medidas se tomarán muy en particular en aquellos centros en que se pudiera ver alterado el funcionamiento de los mismos como consecuencia de los problemas que enfrentan los médicos residentes.

“Esta Comisión Nacional expresa su preocupación por la situación que enfrentan médicos residentes en instituciones de salud públicas y privadas ante la falta de pago salarial, los descuentos en sus percepciones y la falta de claridad en la figura jurídica del médico residente”, señaló el organismo.

Insistió en que las autoridades deben atender y resolver las inconformidades planteadas por quienes integran la Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR), esto tras la advertencia de sus integrantes, en el sentido de que, a partir del lunes 15 de abril, en 68 hospitales en 24 entidades federativas solo brindarán servicios en “áreas críticas como urgencias y obstetricia”, como consecuencia de los diferentes motivos de inconformidad consistentes en pagos retrasados de tres quincenas y del bono sexenal que les descontaron, hasta el momento no se ha realizado el depósito en su totalidad, así como pagos incompletos.

Al respecto, en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que a los médicos residentes “se les va a pagar”.

Explicó que revisaría el tema, para que, si se les debía algo, se les pagara. Enfatizó que la revisión que se haría del tema, no era por una cuestión de “presión” dadas las manifestaciones de los médicos, sino que respondía a una “convicción” de su gobierno.

 

Foto: Twitter @jesusortegam

Diversas han sido las voces que se han manifestado en contra de la designación que anunciara esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre quien será el comandante de la Guardia Nacional.

Esta vez fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) quien rechazó el nombramiento del general Luis Rodríguez Bucio y la designación de otros militares en la Coordinación Operativa Interinstitucional de la Guardia Nacional, pues dijo que en la reforma constitucional se estableció un mando civil.

“No fue lo ideal como quedó, en los términos constitucionales, pero fue lo plausible, porque se acotó a una temporalidad de cinco años y a una adscripción civil, lo óptimo es que se le hubiera puesto la cereza de un (mando con) perfil civil”, dijo el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez.

Añadió que el debate no se debe central sobre si el general Rodríguez Bucio está en proceso de retiro o no, pues para los fines que se necesitan tenía que estar ya en retiro o con licencia.

“Hoy conocemos que será un perfil militar, pero no hay que hablar de sí está en proceso de retiro, tendría que estar ya en retiro o con licencia”, sostuvo.

González Pérez adelantó que la CNDH estará atenta a que en las leyes secundarias no se desvirtúe lo que está establecido en la Constitución, esto en relación al mando civil que ya se había establecido. “Que no se vaya más allá de lo logrado (…) de los candados que logró poner la sociedad civil”.

Remató afirmando que no descartan recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para promover una controversia constitucional contra la Guardia Nacional.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a diversas autoridades, por las omisiones y responsabilidades en que incurrieron autoridades de seguridad pública municipal y estatal, educativas y de procuración de justicia de Chiapas, al no proteger los derechos humanos de 14 docentes que fueron humillados en 2016.

La CNDH recordó que por negarse a participar en un paro magisterial, los maestros “fueron humillados al obligárseles a caminar descalzos por las calles del Municipio de Comitán de Domínguez, entre burlas y vejaciones, y a portar pancartas con leyendas denigrantes, además de que a la mayoría se le rapó públicamente”.

El organismo “acreditó” después de casi dos años la violación de los derechos humanos al trato digno, a la seguridad jurídica, a la integridad y a la seguridad personal, al trabajo digno, al derecho al acceso a la justicia, así como al derecho a una vida libre de violencia, atribuidas a autoridades de seguridad pública municipal y estatal, autoridades educativas y de procuración de justicia.

Recordemos que un grupo de maestros adscritos a la SEP y al Colegio de Bachilleres de Comitán de Domínguez, fueron retenidos el 31 de mayo de 2016. Las víctimas fueron llevadas por integrantes de la CNTE a la Central de Abastos del municipio, donde fueron vejadas y maltratadas, y las imágenes se difundieron ampliamente por los medios de comunicación.

Las omisiones y responsabilidades acreditadas consistieron en “la falta de acciones eficaces para contener las agresiones, ya que las autoridades de seguridad pública solo instruyeron ‘monitoreos’ de los hechos mediante uno o dos policías; no se solicitaron oportunamente medidas cautelares para proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas, ni se les brindó protección y auxilio en el momento de los hechos ni con posterioridad, y se omitió integrar con debida diligencia una de las carpetas de investigación, lo que generó impunidad”, indicó la CNDH.

El organismo detalló en su recomendación, dirigida al Gobernador de Chiapas que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, deberá reparar integralmente el daño a las víctimas, que incluya atención médica y psicológica, y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; entre otras acciones, las cuales involucran a la Fiscalía General del Estado, a la Directora General del Colegio de Bachilleres de Chiapas y al presidente municipal de Comitán de Domínguez.


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