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La Fiscalía General de la República (FGR) manifestó su apoyo al Ministerio Público Manuel Granados Quiroz, y a su equipo de trabajo, quienes estuvieron al frente del proceso que se seguía en contra de abogados y un asesor financiero ligados al exconsejero jurídico de la Presidencia, mismo que fue desechado por un juez este jueves.

La Fiscalía “se opone terminantemente a la resolución ilegal del Juez de Control Federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna”, dijo la FGR en un comunicado.

Alegó que el juez descalificó y agredió groseramente al ministerio público, negándose a tomar en cuenta más de 75 datos de prueba presentados por las víctimas y por la parte acusadora. Dijo que Delgadillo Padierna se dedicó prioritariamente a realizar la defensa del Scherer Ibarra, quien no estaba imputado, aunque dijo que sí existían una serie de pruebas sobre su participación en los delitos de los que se le imputaron a los abogados.

Delgadillo Padierna inválido esta mañana el proceso que la FGR presentó en contra de Juan Araujo, César Omar González, Isaac Pérez y David Gómez, acusados por Juan Collado de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión y lavado de dinero.

Subrayó que el abogado defensor del caso, Alejandro “R”, quien fue subsecretario en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, propuesto por Julio Scherer. El abogado, días antes de la audiencia, afirmó públicamente que se iba a “acabar esta venganza”, resultando extraño que el juez coincidiera y calificara la imputación de “venganza”, sin que hubiera prueba alguna de ello.

La Fiscalía advirtió que presentará de inmediato el recurso de apelación en contra de la resolución del juez. Además, dijo que se presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“La FGR ratifica su respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial de la Federación. Uno o varios casos no van a motivar confrontación alguna con dicho Poder del Estado Mexicano, y mantendremos ese criterio, a pesar de toda la presión mediática que quiere convertir la procuración de justicia en un choque institucional, en un escándalo o en un encubrimiento”, sostuvo la dependencia, encabezada por Alejandro Gertz Manero.

Finalizó señalando que la conducta inadmisible del juez en este caso no habrá de inhibir al Ministerio Público a judicializar todos los casos en que haya corrupción, tráfico de influencia o intereses ajenos a la justicia.

Este martes, un Tribunal Federal ratificó el auto de vinculación a proceso dictado contra el abogado Juan Collado, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, con lo que permanecerá preso en el Reclusorio Norte.

Ricardo Paredes Calderón, magistrado del Quinto Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, resolvió la apelación presentada por Collado y confirmó que por el momento existen las pruebas suficientes para continuar con su proceso.

El magistrado también confirmó la prisión preventiva oficiosa que se decretó en contra de Collado.

En un recurso de apelación que había presentado Collado, señaló que el delito de delincuencia organizada que se le imputa no existe y mucho menos se configura un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por una simple recepción de dinero a través de SPEI.

La defensa de Collado también alegó que tampoco existe prueba de que su defendido haya sido miembro del consejo de administración de la empresa Libertad Sociedad Financiera cuando se dice que recibió un pago de 24 millones de pesos, por la venta que supuestamente realizó Operadora Inmuebles del Centro de un terreno en Querétaro, que hoy reclama el denunciante Sergio Hugo Bustamante Figueroa cuyo valor era de 156 millones de pesos.

Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato de trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), se tiró al piso durante la detención del abogado Juan Collado el pasado martes 9 de julio en un restaurante de Las Lomas de Chapultepec, pues pensó que los agentes ministeriales iban por él.

De acuerdo con el portal Sin Embargo, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) se encontraba en compañía de Collado Mocelo al momento de su aprehensión.

Romero Deschamps no sólo presenció la irrupción en el restaurante Morton’s de los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), sino que decidió tirarse al piso por suponer que en realidad buscaban su arresto y no el de su abogado y amigo.

Antes de proceder en contra de Juan Collado, los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) desarmaron a los escoltas del abogado y del líder petrolero, quien según las versiones de testigos salió casi corriendo del lugar tras cerciorarse de que no se trataba de un operativo en su contra.

A pesar de su relación y contactos con personajes de primer nivel de la política y de la justicia, el abogado Juan Collado nunca supo que la Fiscalía General de la República lo investigaba.

Los casos más relevantes de la institución solo los conocen un grupo muy reducido y cercano al fiscal Alejandro Gertz Manero.

Este grupo, explicaron funcionarios de la dependencia federal, ha permitido actuar de manera inmediata a la Fiscalía General de la República en asuntos, como el de ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, evitando que se filtre información y se ponga en alerta a los investigados. Con estas medidas, se ha evitado que se interpongan amparos.

Mencionaron que este grupo de confianza tiene acceso a ciertos datos de cada uno de los casos más relevantes que lleva la fiscalía, mientras que la información completa de las carpetas de investigación solo es conocida por Gertz Manero y unos cuantos operadores que son de su entera confianza.

Lo anterior, agregaron, forma parte de la estrategia puesta en marcha por la actual administración, la cual está trabajando en el proceso de restructuración de la FGR.

Los funcionarios aseguraron que se han ido cerrando los filtros por donde se escapaba información sumamente delicada y que propiciaba que algunas personas se sustrajeran de la justicia, porque eran enterados por los contactos que tienen en diversas áreas de los tres órdenes de gobierno.

La información que se filtraba también era usada para que los investigados promovieran amparos u otro tipo de recursos para obligar a la dependencia a entregar la información de las carpetas que se estaban integrando y con ello ir aplazando su judicialización.

La sociedad Libertad y Servicios Financieros, de la cual el abogado Juan Collado es presidente del Consejo de Administración, defendió “la reputación intachable” del jurista, luego de su detención por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, y aseguró que las operaciones de la firma no han sido afectadas por los hechos.

En un comunicado dirigido a sus clientes, inversionistas, colaboradores y amigos, el director general, Hugo Morales García, sostuvo que Collado Mocelo “es una persona íntegra y de reputación intachable, que siempre se ha apegado a derecho tanto en su vida personal como en su desempeño profesional”.

Aclaró que “Libertad Servicios Financieros no ha sido afectada ni vulnerada en ningún sentido y que sus operaciones continúan desarrollándose de manera normal”.