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La dirigencia de Morena en la Ciudad de México informó que la Comisión Nacional de Elecciones inició el proceso de elección de las y los precandidatos para las 16 alcaldías en la capital del país.

El presidente de Morena Ciudad de México, Sebastián Ramírez Mendoza, destacó el trabajo realizado por la Comisión, la cual dijo, de forma oportuna, transparente y democrática lleva a cabo el proceso para elegir a los mejores perfiles que en 2024 contenderán.

“Estamos trabajando para elegir a nuestros mejores cuadros; en Morena contamos con grandes liderazgos, mujeres y hombres excepcionales que están comprometidos con la transformación, pero, sobre todo, con la ciudadanía, de tal forma que la población puede estar tranquila y segura de que nos representarán personas rectas, honestas y capaces, cuyo único objetivo será el llevar bienestar a las familias capitalinas”, sostuvo el morenista.

En ese sentido, se informó que por consenso y al ser el mejor posicionado, Miguel Torruco Garza fue electo precandidato de Morena a la Alcaldía Miguel Hidalgo, una de las demarcaciones que buscan arrebatarle a la oposición.

“Nos da mucho gusto informar que Miguel Torruco Garza será quien nos represente en las elecciones del próximo año en Miguel Hidalgo. Como ustedes saben se trata de un hombre joven de convicciones y muy preparado y estamos seguros que con él, el próximo año, ganaremos esta alcaldía que ha sido mal gobernada por el PAN”.

Luego de que Morena denunciara a Xóchitl Gálvez y al PAN y el PRD por la difusión de los promocionales de televisión en los que aseguró no se identificaba el estatus de la denunciada, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó bajar los spots en cuestión.

La Comisión consideró, bajo la apariencia del buen derecho, que los materiales denunciados, pautados para el periodo de precampañas del actual proceso comicial federal, no cumplen con el requisito establecido en el artículo 211, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

Recordaron que dichos promocionales deben señalar la calidad de precandidata de Xóchitl Gálvez Ruiz de manera expresa, tanto por medios gráficos como auditivos; razón por la cual estimó que los materiales denunciados podrían configurar una sobreexposición de la denunciada.

Así, se ordenó a los partidos denunciados a sustituir los promocionales, en un plazo no mayor a seis horas, y las concesionarias de televisión que estuvieran obligadas a la transmisión, a detenerla en un plazo que no mayor a 12 horas.

Respecto a la tutela preventiva solicitada por Morena, se determinó improcedente ordenar al PAN y al PRD, que se abstengan de realizar todo acto de propaganda calumniosa o actos anticipados de campaña en la producción de sus promocionales en radio y televisión, al tratarse de hechos futuros de realización incierta.

Sobre la aparente vulneración al interés superior de la niñez, el colegiado concluyó que no resulta procedente suspender dicho promocional, pues del análisis a la imagen mencionada se estima que no corresponde a una persona menor de edad como lo había denunciado Morena.

En lo referente a la calumnia, se estimó que ninguna de las expresiones contenidas en los spots se refiere a Morena, sino que se refieren a hechos propios de la denunciada, por lo que no hay afectación al partido, por lo que no procedía el ordenamiento del retiro del promocional.

El Pleno del Senado aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por el que se crea la Comisión Especial para el Seguimiento de la Reconstrucción de Acapulco, la cual tendrá como misión dar seguimiento al proceso de rehabilitación, atención y apoyo a las personas damnificadas tras el paso de Otis.

El acuerdo señala que el Senado participe, dentro de sus atribuciones y facultades, en el seguimiento del proceso de reconstrucción del puerto, que habrá de iniciar en las próximas semanas, pese a que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que Acapulco estaría de pie antes de Navidad.

Llamó la atención la conformación de la Comisión Especial, pues estará presidida por Félix Salgado Macedonio, senador de Morena y papá de la gobernadora de la entidad.

La Presidencia de la Comisión será rotatoria entre todos los grupos y su orden será acordado por la Jucopo.

Adicional, en la Comisión participan: Nestora Salgado de Morena); Josefina Vázquez Mota, del PAN; Manuel Añorve Baños, del PRI; Alejandra Lagunes, del PVEM; Miguel Ángel Mancera, del PRD, y Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruíz Massieu.

La Comisión deberá presentar informes de sus trabajos ante la Junta de Coordinación Política, cada que le sean requeridos por ese órgano de gobierno, además de los informes que deba rendir por disposición del Reglamento del Senado de la República.

El nuevo órgano estará vigente por el plazo de la duración de las tareas de reconstrucción o hasta la conclusión de su objetivo.

El Ejército estuvo al tanto del secuestro y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, según confirmó un adendum al segundo informe dado a conocer por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

“El Ejército tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo y acredita que los objetivos que estaban siendo investigados con anterioridad a los hechos contaban con información en tiempo real sobre los posibles destinos de los estudiantes desaparecidos”, dice el documento emitido por la Comisión para la Verdad (COVAJ), que indaga el caso.

Según el reporte, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), a la que pertenece el Ejército, hacía seguimiento a miembros del grupo armado que cometió el crimen con la complicidad de agentes del Estado.

“La Sedena tenía identificados y hacía seguimiento con anterioridad a los hechos, a diferentes objetivos prioritarios que eran parte de los grupos delictivos y cuya información es de interés para continuar con la investigación”, se lee en el documento.

Recordemos que un informe previo de la COVAJ presentado el pasado 27 de septiembre, justo cuando se cumplieron 9 años de la desaparición, señalaba que la participación por acción u omisión de autoridades federales, estatales y municipales en el caso constituyó un “crimen de Estado”.

Los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa desaparecieron entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, uno de los más violentos del país debido a enfrentamientos entre cárteles del narcotráfico.

Los jóvenes habían llegado a Iguala para hacerse de autobuses y utilizarlos para trasladarse a Ciudad de México en donde participarían de una manifestación, cuando fueron perseguidos y atacados por miembros del cártel Guerreros Unidos.

Dicho grupo es acusado de haber perpetrado el crimen en colusión con policías y ante la pasividad de autoridades y oficiales de las Fuerzas Armadas de México.

Durante los últimos años, los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa habían reclamado que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) entregó información incompleta sobre el caso, en particular sobre la participación del Ejército.

Hasta el momento hay 132 detenidos por el crimen, entre ellos 14 miembros del Ejército y el exprocurador general Jesús Murillo Karam, quien en un inicio estuvo a cargo de las investigaciones.

Entre las causales que han manejado las autoridades por la desaparición de los estudiantes están que fueron confundidos como miembros de un cártel rival o que fueron víctimas de un “escarmiento” por parte del entonces alcalde de Iguala y de Guerreros Unidos.

También se ha planteado que la presencia de drogas, armas o dinero en los autobuses que tomaron pudo provocar su persecución y muerte. El gobierno fue enfático en señalar que dichas hipótesis “no son necesariamente excluyentes”.

Hasta la fecha han sido hallados e identificados los restos de solo tres de los 43 estudiantes desaparecidos.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a la Presidencia suprimir el posdata que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ordenó colocar después del mensaje que le ordenó con anterioridad la autoridad colocar previo a sus conferencias matutinas.

Y es que el mes pasado, la Comisión de Quejas y Denuncias dijo que ante las múltiples medidas cautelares que ha emitido, López Obrador ha sido recurrente en realizar manifestaciones de índole político o electoral durante las conferencia matutinas, por lo que resolvió que, previo al inicio de las mismas, se debía colocar un mensaje en el que se indicaran los límites contenidos en el artículo 134 de la Constitución Federal relacionados con los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad.

“Las conferencias de prensa matutinas del Presidente de la República, tienen por objeto difundir propaganda institucional o gubernamental, con fines informativos, educativos o de orientación social, por lo que no podrán hacerse pronunciamientos relacionados con tópicos políticos o electorales que afecten de manera indebida la equidad de las contiendas comiciales e influyan en la ciudadanía, de igual manera no podrán realizarse manifestaciones o expresiones en favor en contra de las fuerzas políticas o personas identificadas con estas.”

Sin embargo, el presidente cuestionó lo ordenado por la Comisión del INE. En tono de burla, dijo que ya no podrá hablar de ningún político como Carlos Salinas, Vicente Fox ni del PRIAN.

Y aunque dijo que acataría la orden, anunció que en una decisión personal, añadiría unas líneas más en las que se indique que el ejercicio que encabeza todos los días no es “apto” para “conservadores”.

PD. Si eres conservador y estás en contras de la transformación del país, porque quieres que regresen los fueros y los privilegios, y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación; te recomendamos que no veas éste programa porque puede ocasionarte algún daño psicológico o emocional, o afectar los intereses que defiendes

Tras varios días con el posdata mostrándose al inicio de las conferencias,  Xóchitl Gálvez presentó una nueva queja contra el Presidente y otros funcionarios debido al mensaje que decidió añadir.

Ahora, la Comisión de Quejas del INE consideró que la posdata contiene elementos y frases de naturaleza electoral, lo que dijo podría influir en el ánimo de la ciudadanía durante el Proceso Electoral que comenzó el pasado 7 de septiembre.

En consecuencia, ordenó suprimir las líneas añadidas a decisión de AMLO, tanto en las plataformas oficiales del presidente como en las del gobierno federal y modificar todos los archivos relacionadas a las conferencias matutinas del 25 de septiembre a la fecha.

Se vinculó a la Consejería Jurídica, al titular de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, al Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales CEPROPIE, así como a cualquier otra persona servidora pública que participe dentro del formato informativo, a fin de colaborar en el cumplimiento de las medidas cautelares.

Finalmente, se reiteró al Presidente de la República su deber de abstenerse de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos, en cualquier modalidad y formato de carácter político-electoral, ya sea de forma positiva o negativa.

Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda del Senado, aprobaron un dictamen mediante el cual se expide una nueva Ley General de Población por medio de la cual se propone reformular la Clave Única de Registro de Población (CURP) para que sirva como identificación.

El dictamen fue aprobado por la Comisión de Gobernación, con ocho votos a favor y siete en contra; mientras que la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, lo aprobó con siete votos a favor y cinco en contra.

La nueva Ley establece que el Consejo Nacional de Población (Conapo) será el órgano colegiado encargado de la formulación, emisión, planeación y evaluación de la política de población del país.

Plantea que todos los y las ciudadanas tendrán la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener la nueva CURP con fotografía, la cual servirá como un documento oficial de identificación, pues será prueba suficiente sobre los datos de identidad que contiene en relación con su titular.

De acuerdo con el proyecto, la CURP con foto contendrá nombre y apellidos; Clave Única de Registro de Población; fotografía del titular; lugar de nacimiento; fecha de nacimiento; firma y huellas dactilares.

Entre los cambios señala que deberá renovarse a más tardar, noventa días antes de que concluya su vigencia; la cual no podrá exceder de 15 años.

Morena y aliados, quienes impulsaron la Ley y el cambio de la CURP sostienen que la propuesta está encaminada a afrontar los retos que impone la actual realidad demográfica, dado que tiene un enfoque de derechos humanos y su respeto irrestricto; además de que se buscan reducir los riesgos y potenciar los beneficios del cambio en la estructura por edad y el envejecimiento de la población, dado que con la información estadística y sociodemográfica con enfoque prospectivo que se genere, se podrán generar políticas públicas que atiendan las consecuencias económicas y sociales de este fenómeno y así favorecer un envejecimiento saludable, activo y productivo.

Sin embargo, la oposición ha señalado que la propuesta podría representar un peligro en cuanto al uso de datos personales, pues alertaron que se podrían compartir  dicha información con dependencias con fines electorales, entre otros.

Algunas organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advirtieron el peligro de que el gobierno tenga una base de datos de huellas dactilares, pues recordemos que la base estaría en manos de la Conapo que depende de la Secretaría de Gobernación.

En ese sentido, la senadora Claudia Anaya del PRI, dijo que si bien la ley se tiene que modernizar, se debe hacer bajo los nuevos preceptos constitucionales en materia de protección de datos personales y de proporcionalidad de requerimientos de la información, “porque si no están en el supuesto en el que nos encontramos y todos los artículos que se trajeron de la ley vigente a la nueva propuesta deben ser revisados”.

El senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, expresó que la recopilación de los datos biométricos implica una serie de gastos que en el documento no se prevén, “entonces no entiendo cómo se van a recopilar, lo que va a provocar es que sea una ley inoperante por cuestiones técnicas y presupuestarias”.

Luego de que Xóchitl Gálvez denunciara al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y otros funcionarios, por diversas expresiones realizadas en sus conferencias matutinas en relación al proceso electoral, el INE impuso una medida que el mandatario lamentó.

La responsable del Frente Amplio por México denunció que lo dicho por AMLO beneficia a Morena y a Claudia Sheinbaum de cara a la elección del próximo año, y perjudica a los partidos políticos de oposición y a ella.

Del análisis preliminar realizado por el INE, se advirtió que el Titular del Ejecutivo Federal hizo referencia expresa al Proceso Electoral Federal 2023-2024 exponiendo de forma insistente la continuidad de lo que denomina “su movimiento o proyecto de transformación” lo que constituyen declaraciones de naturaleza electoral.

En ese sentido, la Comisión de Quejas y Denuncias dictó medidas cautelares para ordenar se eliminen los archivos de audio, audiovisuales y/o versiones estenográficas de las conferencias donde se produjeron dichas declaraciones, además de ordenara al Presidente se abstenga de emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales.

Al recordar que ya se han emitido múltiples medidas cautelares al respecto, y López Obrador ha sido incurrido manifestaciones de índole político o electoral durante sus mañaneras, el INE ordenó que, previo al inicio de las conferencias, se haga público el siguiente mensaje:

“Las conferencias de prensa matutinas del Presidente de la República, tienen por objeto difundir propaganda institucional o gubernamental, con fines informativos, educativos o de orientación social, por lo que no podrán hacerse pronunciamientos relacionados con tópicos políticos o electorales que afecten de manera indebida la equidad de las contiendas comiciales e influyan en la ciudadanía, de igual manera no podrán realizarse manifestaciones o expresiones en favor en contra de las fuerzas políticas o personas identificadas con estas.”

Sin embargo, esta mañana al hablar de dichas medidas, el presidente cuestionó lo ordenado por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, y dijo que no teme sanciones aunque preguntó: “y la libertad pues, ¿dónde queda?”.

En tono de burla, dijo que ya no podrá hablar de ningún político como Carlos Salinas, Vicente Fox ni del PRIAN. Añadió que está a la espera de la decisión que tome el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ) al respecto, es decir, que impugnó el fallo del INE.

Y aunque dijo que acatará la orden, anunció que en una decisión personal, añadiera al mensaje que se le ordenó colocar, unas líneas más en las que se indique que el ejercicio que encabeza todos los días no es “apto” para “conservadores”.

PD. Si eres conservador y estás en contras de la transformación del país, porque quieres que regresen los fueros y los privilegios, y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación; te recomendamos que no veas éste programa porque puede ocasionarte algún daño psicológico o emocional, o afectar los intereses que defiendes

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió cinco solicitudes de medidas cautelares por presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, vulneración a los principios de imparcialidad y equidad de cara al Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-2024.

El PRD y un ciudadano denunciaron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a Claudia Sheinbaum y a gobernadores/as de diversas entidades federativas, por la celebración del evento en el que se hizo entrega de lo que se denominó “Bastón de mando”, así como su posterior publicación en X.

La Comisión determinó que, bajo la apariencia del buen derecho, la difusión del evento en plataformas y redes sociales oficiales es un tema ajeno al quehacer institucional del Ejecutivo Federal, puesto que se trató de un evento partidista lo que, desde una perspectiva preliminar, podría influir en el Proceso Electoral Federal 2023-2024.

Además, la Comisión indicó que su difusión presuntamente constituye una vulneración a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad de los servidores públicos.

Por ello, se ordenó se eliminen esas publicaciones, tanto de la Presidencia como de las y los titulares del poder ejecutivo de los gobiernos de Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Guerrero, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Asimismo, se realizó un recordatorio a las y los servidores públicos denunciados para que ajusten su actuar a los principios de imparcialidad y neutralidad a fin de no afectar la equidad en la contienda.

Sin embargo, y pese a que lo habían solicitado los denunciantes, la Comisión determinó que no es procedente ordenar al presidente López Obrador que publique una disculpa pública, al considerar que dicha petición excede la finalidad de las medidas cautelares, la cual, en todo caso, corresponde a la resolución de fondo del asunto.

En otro caso, un ciudadano denunció a Marcelo Ebrard por una publicación de contenido aparentemente político, realizada en el contexto de los recorridos que efectuó en el proceso de selección de la persona coordinadora de los Comités de la transformación, en la que se aprecia la imagen de una persona menor de edad.

Dado que Ebrard y/o su equipo no aportaron las pruebas necesarias para acreditar el consentimiento y la autorización o permiso de los padres para participar en la propaganda, se ordenó eliminar la publicación o, en su caso, difuminar del rostro de la persona menor de edad.

En tanto, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México denunció la colocación de pintas de propaganda en plantas de bombeo del Sistema con textos alusivos a Claudia Sheinbaum  y Marcelo Ebrard.

La Comisión determino que la barda con el texto referente a Claudia Sheinbaum podría contravenir los Lineamientos y afectar la equidad en la contienda electoral 2024, por lo cual se ordenó quitar la propaganda y cualquier otra similar en un plazo máximo de dos días.

Por cuanto a la pinta de la barda alusiva a Marcelo Ebrard, se consideró improcedente su eliminación, pues no se acreditó la existencia del contenido denunciado.

La Comisión también ordenó retirar diversas publicaciones realizadas en X, antes Twitter, de Xóchitl Gálvez y del PAN, pues los materiales incluyen propuestas que podrían contravenir los Lineamientos emitidos por el INE al presentar propuestas y hacer alusión a programas de gobierno, lo que podría poner en riesgo la equidad en la contienda.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió 16 proyectos de acuerdo con solicitud de medidas cautelares por presuntamente violar los lineamientos aprobados por el Consejo General para regular y fiscalizar los procesos políticos, ante el inminente comienzo del proceso electoral del 2024.

Morena y PVEM, así como un ciudadano, denunciaron al PAN, PRI y PRD que conforman al Frente Amplio por México, así como a Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid y Santiago Creel, derivado de la realización y difusión en redes sociales de los foros denominados “Diálogos Ciudadanos” celebrados el 10 y 17 de agosto del presente año, así como de diversas publicaciones en las que se da cuenta de propuestas expresadas en dichos foros.

La Comisión estableció que, del análisis preliminar a diversas publicaciones se desprenden frases y expresiones de carácter electoral, lo cual podría configurar actos anticipados de precampaña o campaña, por lo que se ordenó a las y los aspirantes que sean eliminadas.

De igual forma, se concedió el dictado de tutela preventiva a efecto de ordenar que los foros no contengan elementos proselitistas, toda vez que los mensajes trascendieron a la ciudadanía, son abiertos al público y no sólo a sus militancias, fueron emitidos en diversos medios de comunicación y se ha dado cuenta de estos eventos en redes sociales.

En el mismo sentido, se recordó a quienes participan en ellos, la obligación de ajustar sus conductas a los límites y parámetros constitucionales y legales en la materia.

La medida cautelar dictada por el INE llega a la par de la realización del cuarto foro en Guadalajara, Jalisco, y previo al último de los foros regionales que se celebrará mañana en Mérida, Yucatán.

En torno a las participantes del proceso interno del FAM, la Comisión determinó la procedencia de las medidas cautelares solicitadas en contra de Xóchitl Gálvez, al confirmar la existencia de bardas con las frases #XóchitlVa”, “#VA X (dentro de un corazón) Xóchitl”, “#XOCHITLVA Es como yo” y “VA X Xóchitl”, las cuales hacen alusión de forma directa e inequívoca a la aspirante presidencial.

Los consejeros indicaron que dichas pintas se traducen, de forma preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, en una posible estrategia ilícita con el propósito de promocionarla, lo cual no está permitido fuera de los plazos establecidos de precampañas o campañas electorales.

Por tal motivo, se ordenó a Gálvez Ruiz y a los partidos integrantes del Frente Amplio por México que realicen las acciones tendentes a eliminar las pintas de barda, así como de cualquier otra con contenido similar.

En tanto, se concedieron las medidas cautelares solicitadas por el PVEM en contra de Beatriz Paredes y los partidos del FAM, ordenando el retiro de publicaciones en X (antes Twitter) y TikTok, en las que hace alusión a que la priista quiere ser Presidenta y va a gobernar México.

Los consejeros señalaron que, bajo la apariencia del buen derecho, su contenido pudiera afectar los principios de la equidad en la contienda.

La Comisión de Quejas del INE también resolvió otras medidas en contra de las corcholatas de Morena, y se ordenó a el retiro de la pinta de 13 bardas en propiedad privada con el hashtag “#ESCLAUDIA” misma que, en algunos casos, se complementa con el nombre, lema y silueta de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

También se ordenó a Marcelo Ebrard eliminar publicaciones en redes sociales denuncias por la presunta vulneración al interés superior del menor de edad, derivado de diversas publicaciones con imágenes de menores. También pidieron al excanciller el retiro de las redes sociales o en cualquier otra ubicación en la que se haya difundido la cinta denominada “El camino de México” ya que, del análisis preliminar, se concluyó que podría tratarse de una estrategia para posicionar a Marcelo Ebrard de manera anticipada para el Proceso Electoral Federal del próximo año.

Finalmente, se determinó otorgar las medidas cautelares solicitadas por el PRD en contra de Manuel Velasco, en relación a un video con imágenes de menores en la cuenta personal del aspirante en X.

“En todos los casos mencionados, se hizo un llamado a los actores políticos a dar cumplimiento a los Lineamientos aprobados por el Consejo General para regular y fiscalizar los procesos políticos”, remató la Comisión de Quejas del INE.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) acató la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) referente a la queja que Xóchitl Gálvez presentó señalando violencia política en razón de género en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Tras la queja presentada por la senadora del PAN en contra el Presidente y diversos funcionarios de la oficina de Presidencia, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó improcedentes las medidas cautelares solicitadas.

Sin embargo, Gálvez Ruiz presentó un recurso de revisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien ayer resolvió que, tal y como lo determinó la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, las declaraciones en las conferencias matutinas denunciadas no contenían mensajes de violencia política de género, sino que es una crítica severa en el contexto del ejercicio de un cargo o de las aspiraciones políticas de la denunciante.

Sin embargo, revocó parcialmente el acuerdo al observar que las conferencias de prensa de los días 10, 11, 14 y 17 de julio sí presentaron expresiones con elementos de género que, pudieran dirigirse a Xóchitl Gálvez por el hecho de ser mujer.

El Tribuna dio 24 horas a la Comisión del INE para volver a analizar el caso y emitir un nuevo acuerdo, por lo que la tarde de este viernes, sesionó y determinó procedente otorgar las medidas cautelares solicitadas por la aspirante presidencial.

La comisión ordenó retirar o modificar las mañaneras y versiones estenográficas del 10, 11, 14 y 17 de julio, en un plazo no mayor a 12 horas.

Además, ordenaron al mandatario “se abstenga bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas relacionados con los derechos político-electorales de la quejosa y de las mujeres, ya sea de forma positiva o negativa”.

Al respecto, la aspirante a ser la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, utilizó sus redes sociales para celebrar la decisión de la comisión del INE, resaltando que se debe detener los ataques que desde Palacio Nacional se ejercen sobre ella.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió la solicitud de medidas cautelares, presentadas por Morena en contra del proceso interno de la oposición rumbo a la elección de 2024.

Morena denunció la supuesta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña, violación a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, por parte de Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, derivado de haber anunciado en un evento llevado a cabo el 26 de junio de 2023, la creación del “Frente Amplio por México”, así como la convocatoria conjunta para la elección de la candidatura a la Presidencia de la República para el 2024.

Recordemos que los partidos de oposición denunciaron en su momento, por los mismo motivos, a Morena y su proceso interno que llamó proceso para definir al Coordinador de la Defensa de la Transformación.

La Comisión determinó procedente el dictado de las medidas cautelares solicitadas por Morena, en su vertiente de tutela preventiva, al señalar que, desde una perspectiva preliminar, las acciones que, en su caso, realicen los partidos políticos de oposición, podrían actualizar una violación al principio de equidad al Proceso Electoral Federal próximo a iniciar.

Se resolvió ordenar al PAN, PRI y PRD y a las personas que aspiren a ser “Responsables de la Construcción del Frente Amplio por México”, respetar los tiempos que marca la ley para la realización de procedimientos de selección de candidaturas, de conformidad con las reglas en materia de campañas y precampañas establecidas en la legislación y constreñirse a los límites y parámetros constitucionales, recalcándoles la obligación de conducirse acorde a los principios de legalidad y equidad.

Tal como lo hizo con Morena, la Comisión del INE pidió a los participantes de dicho proceso, ajustarse a las siguientes disposiciones:

  • Los discursos y mensajes que realicen NO deberán contener directa y explícitamente llamados expresos al voto en contra o a favor de persona o fuerza política alguna.
  • Los actos que realicen las personas involucradas NO deben tener como objetivo  obtener el respaldo para ser postuladas como precandidatas a un cargo de elección popular.
  • La propaganda que, en el caso, se exponga en los actos que se realicen NO debe tener el propósito de dar a conocer propuestas relacionadas con alguna aspiración de carácter electoral. Por el contrario, la misma deberá contener, de forma clara y visible el proceso al que va dirigida, es decir, al proceso de selección del Responsable para la Construcción del Frente Amplio por México.
  • En NINGÚN MOMENTO deberán presentar plataforma de un partido político o coalición o promover a una persona para obtener una precandidatura o candidatura para contender en algún proceso de carácter electoral.
  • En general, NO deberán realizar manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a una finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una precandidatura o candidatura o partido político, se publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una precandidatura o candidatura.
  • NO podrán utilizar prerrogativas de acceso a tiempos de radio y televisión, para dar difusión al proceso de selección del o la Responsable para la Construcción del Frente Amplio por México, o, de las personas que participen en el mismo.

Finalmente, pidió a los partidos de Va por México (PRI, PAN y PRD), así como a todas las personas que participen como aspirantes en la selección del o la Responsable para la Construcción del Frente Amplio por México, proporcionar, de manera semanal, un calendario que deberá contener los recorridos de trabajo y actividades que tengan programadas para realizar la siguiente semana.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias tomada el pasado miércoles respecto a la denuncia de la presunta realización de actos anticipados de campaña por parte de las ‘corcholatas’ de Morena, no significó darle “luz verde” a estos eventos.

En voz del consejero Uuc-kib Espadas Ancona, el INE explicó que se trata de asuntos de fondo que no le corresponde resolver a la Comisión, sino al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien tendrá la última palabra en ese asunto.

“El Tribunal será el que sí pueda resolver el fondo del asunto y, en consecuencia, sabremos si esto es una precampaña”, lo que dará certeza a todos los actores políticos sobre lo que va a ocurrir en este terreno, señaló el consejero..

Espadas Ancona precisó que aunque no comparte la decisión de la Comisión, no significa que se le haya dado “luz verde” a estos actos, como se ha señalado en diversos medios.

Consideró que al adelantarse las campañas, “mete a la sociedad a un debate que constitucionalmente se decidió que no fuera sino hasta dentro de varios meses”.

Aseguró que más allá de si estos son o no son campañas electorales, la ley electoral se cumplirá y está garantizada la integridad de las elecciones 2024.

Al participar en un evento de la COPARMEX Ciudad de México, el consejero electoral aclaró que el riesgo de un conflicto electoral no depende de la integridad en las elecciones.

“La falta de convicción de que sea en las urnas donde se dirima el poder hace que distintas fuerzas políticas sientan que lo que salió de las urnas no es lo que debió haber salido y que, en consecuencia, es ilegítimo, aunque sean votos reales. Ése, me parece que es el único nutriente posible hoy con este sistema electoral de un conflicto postelectoral”, indicó.

El Consejero del INE justificó que las instituciones electorales son “barrocas y costosas porque cada pequeño aspecto de los viejos fraudes electorales ha sido eliminado, se nos ha protegido de eso y hoy son imposibles”.

“Fuera del aparato del sistema electoral, las elecciones tienen garantías absolutas”, enfatizó. No obstante, hay problemas con el uso del dinero por parte de los actores políticos, señaló.

El también presidente de la Comisión de Fiscalización del INE garantizó que las faltas detectadas y contabilizadas en dicha materia, serán sancionadas como corresponde.

“Lo que este árbitro puede ofrecerle a la sociedad es que nunca más el aparato electoral, el Registro Federal de Electores, las urnas, las casillas mismas, ya nunca podrán –desde hace rato no lo son- y nunca más podrán ser utilizadas como el espacio donde se opera el fraude”, sostuvo Espadas.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió diversas solicitudes de medidas cautelares en contra del Presidente de la República y otras personas, lo anterior derivado de denuncia del PRD, PAN y los diputados Jorge Álvarez Máynez y Federico Döring Casar.

Los quejosos denunciaron presunta coacción del voto derivado de las manifestaciones realizadas el 9 y 11 de mayo del año en curso durante su conferencia matutina.

El colegiado declaró improcedente otorgar la cautelar solicitada y ordenar el retiro parcial de ‘La Mañanera’ denunciada, toda vez que no se advirtió urgencia o peligro en la demora que justifique la medida, ya que el Proceso Electoral Federal dará inicio hasta el último cuatrimestre del presente año.

Aunado a esto, la comisión resolvió que se tratan de publicaciones realizadas en fecha pasada en páginas oficiales y redes sociales, a las que debe mediar la voluntad para acceder y buscar el contenido específico.

“Bajo la apariencia del buen derecho, las expresiones vertidas se encuentran vinculadas con una posible reforma constitucional al Poder Judicial y con los porcentajes de integración de una nueva legislatura federal, no así con los procesos electorales locales que actualmente se llevan a cabo en el Estado de México y Coahuila”, dijo el INE.

Y es que la oposición acusó al presidente de promover el voto a favor de Morena al hablar de su ‘Plan C’ electoral.

La Comisión también negó la tutela preventiva correspondiente a ordenar al Presidente de la República se abstenga de formular pronunciamientos encaminados a solicitar el voto a favor o en contra de alguna fuerza política, al tratarse de hechos futuros de realización incierta.

No obstante, consideró necesario emitir un pronunciamiento que tiene como destinatario al Titular del Ejecutivo Federal, a fin de que en todo tiempo ajuste sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales, recalcando la obligación a su cargo de conducirse con imparcialidad y neutralidad con el propósito de no afectar en la equidad en la contienda, respetando los tiempos establecidos por la ley en materia de campañas y precampañas.

En otros asuntos, la Comisión abordó siete solicitudes de medidas cautelares en contra de los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y dos senadores de la República, las llamadas ‘corcholatas’, por actos anticipados de campaña y precampaña.

La oposición denunció además presunta promoción personalizada y el probable uso indebido de recursos públicos en el marco del Proceso Electoral Federal (PEF) 2024.

En todos los casos no se otorgaron las medidas cautelares solicitadas al no “advertirse peligro o urgencia en la demora que justifique la eliminación de los materiales denunciados”, pues si bien se tiene certeza de la celebración del Proceso Electoral Federal 2024, el mismo dará inicio hasta el último cuatrimestre del presente año.

En relación con publicaciones en las redes sociales de Twitter, Facebook, YouTube e Instagram se negó su retiro, ya que para su consulta debe mediar la voluntad de las personas para acceder a dichos contenidos. Además, en todos los asuntos se negó la tutela preventiva, al tratarse de hechos futuros de realización incierta.

También Morena tuvo un revés, pues en su denuncia en contra del PRD, por presunta calumnia y uso indebido de la pauta derivado de la difusión de los promocionales en televisión y radio, acusó que pretender responsabilizar de hechos o delitos falsos al partido y a su candidata a la gubernatura del Estado de México, con la finalidad de dañar la imagen de la referida candidata de cara a la Jornada Electoral del próximo 4 de junio del presente año.

Al respecto, fue negado el retiro de los spots ya que se consideró que no constituye un acto de calumnia, luego de determinarse, de manera preliminar, que el medio denunciado en modo alguno realiza una imputación específica de un hecho o delito falso de forma clara y sin ambigüedades a alguna persona y en el contexto en que se emite, ante lo cual debe ser considerado como una fuerte crítica política o electoral.

Una comisión integrada por especialistas de México, Estados Unidos y Canadá, bajo el tratado comercial de los tres países, el T-MEC, recomendó abrir una investigación sobre el impacto ambiental del proyecto ferroviario de López Obrador, el Tren Maya.

La petición se produjo tras las denuncias de ambientalistas que sostienen que el proyecto amenaza las selvas y las cenotes.

La construcción del tren avanza a toda prisa. El Tren Maya es el proyecto del presidente, quien aseguró que quiere que la obra esté terminada antes de que deje el gobierno en 2024. Lo ha prometido para diciembre de este año.

La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) fue establecida por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá en 1994, está facultada para elaborar informes que podrían utilizarse en litigios comerciales y opera bajo el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN).

El órgano sólo puede iniciar una investigación si dos de los tres socios del bloque comercial T-MEC lo autorizan.

El ACAAN prevé que los países miembros deben cumplir sus leyes ambientales y que, en caso contrario, podrían ser sancionados con aranceles u otras medidas.

La CCA indicó en un comunicado que la investigación analizará “el procedimiento de evaluación del impacto ambiental” del Tren Maya y la “autorización de cambio de uso del suelo”.

La comisión dijo que notificó al gobierno de nuestro país sobre la investigación debido a que la información que proporcionó no esclareció las dudas sobre la obra.

El costo del proyecto, que contempla 1,500 kilómetros de extensión, era originalmente de alrededor de 8,000 millones de dólares, pero conforme avanzan los trabajos se ha incrementado a entre 11,000 y 15,000 millones.

Y es que mientras algunos tramos corren junto a carreteras ya existentes, otros se están construyendo a través de la selva, algo que ha causado el rechazo de grupos ambientales en el país. Activistas sostienen que tendrá un impacto ambiental adverso debido a que la pesada estructura del tren de alta velocidad fragmentará la selva costera y correrá sobre los techos de los cenotes.

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) emitió un decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial de Tecnologías de la Información y Comunicación, y de la Seguridad de la Información.
De acuerdo al decreto publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la creación de dicha Comisión se justifica en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
“El Ejecutivo Federal contará con las Unidades de apoyo técnico y estructura que su titular determine, las cuales podrán estar adscritas de manera directa a la Presidencia y desarrollarán, entre otras funciones, la definición de políticas del Gobierno Federal en el sector informático, de tecnologías de la información, comunicación y gobierno digital”, señala el apartado de considerandos.
Y aunque el presidente ha señalado en distintas ocasiones que no se crearían dependencias que significaran un mayor gasto al gobierno, el decreto indica que la Ley Federal de Austeridad Republicana establece como una medida de austeridad republicana la priorización del uso de software libre, siempre y cuando cumpla con las características requeridas para el ejercicio de las funciones públicas.
La Comisión Intersecretarial de Tecnologías de la Información y Comunicación, y de la Seguridad de la Información tendrá como objeto establecer un mecanismo de coordinación y conducción colegiada de acciones para la implementación de las políticas federales en materia de tecnologías de la información y comunicación, y de la seguridad de la información.
Además, el artículo 5 del decreto menciona que la Comisión tendrá las siguientes funciones:
  1. Fungir como instancia de coordinación entre las autoridades responsables de la implementación y desarrollo de acciones en materia de tecnologías de la información y comunicación, así como de la seguridad de la información, en la Administración Pública Federal.
  2. Participar en la implementación de estrategias y acciones interinstitucionales para el uso de las tecnologías de la información y comunicación, y de la seguridad de la información.
  3. Impulsar y coordinar con los sectores público, privado, académico y social el desarrollo de estudios y actividades relacionadas con el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, y de la seguridad de la información
  4. Emitir los lineamientos para su organización y funcionamiento.
  5. Crear las subcomisiones y grupos de trabajo que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
  6. Emitir los manuales o, en su caso, los lineamientos de organización y funcionamiento de las subcomisiones y grupos de trabajo que con motivo del objeto del presente Decreto sean creados por la Comisión.
  7. Solicitar a las subcomisiones y grupos de trabajo que para tal efecto instaure, la elaboración de documentos, estudios, proyectos, y lineamientos necesarios para mejorar las tecnologías de la información y comunicación, y de la seguridad de la información en la Administración Pública Federal.
  8. Recibir y analizar los informes de actividades y, en su caso, aprobar los acuerdos, informes y documentación que les sean presentados por las subcomisiones y grupos de trabajo creados por la Comisión
  9. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.
Se detalla que la Comisión será presidida por la persona titular de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, adscrita a la Oficina de la Presidencia, que al día de hoy encabeza Carlos Emiliano Calderón Mercado; aunque dependerá directamente del presidente López Obrador.
La Comisión estará conformada por diversos integrantes entre los que se encuentran: el titular de la Coordinación; los titulares de las Unidades de Tecnologías de la Información y Comunicación o equivalentes, de la unidad administrativa y dependencias federales, entre las que figuran la oficina de la Presidencia de la República; Segob; SRE; SEDENA; SEMAR; SSPC; Hacienda; Bienestar; Semarnat; Energía; Economía; Sader; SICT; SFP; SEP; Salud; STYPS; SEDATU; Cultuta; SECTUR y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
También la integrarán titulares o integrantes de un área relacionada, con nivel mínimo de dirección general, del SAT; CONACYT; IMSS; ISSSTE; PEMEX; CFE; CNI y la CONAMER.
Todos las personas integrantes de la Comisión tendrán derecho a voz y voto, y podrán extender invitaciones a otros funcionarios del gobierno federal; representantes de órganos autónomos; autoridades de gobiernos estatales, municipios o locales; integrantes del Poder Judicial de la Federación y miembros del Congreso.
El Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el DOF, es decir, mañana miércoles 11 de enero, y contempla que la Comisión se instalará dentro de los 15 días hábiles siguientes a la entrada en vigor, mientras que tendrá un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a partir de su instalación para emitir sus lineamientos de organización y funcionamiento

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen con Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2023, el cual contempla un gasto neto total por 8 billones 299 mil 647 millones 800 mil pesos y un recorte presupuestal a órganos autónomos de más de 6 mil millones de pesos.

Con 31 votos a favor, 24 en contra y ninguna abstención, se validó el documento que señala que en términos del artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el presente ejercicio fiscal se prevé un déficit presupuestario de un billón 134 mil 140 millones 700 mil pesos.

Erasmo González Robledo, presidente de la comisión, precisó que las reservas serán presentadas ante el Pleno para su discusión.

El dictamen, que fue remitido a la Mesa Directiva para los efectos de la programación legislativa, precisa que la política de gasto del Proyecto de Presupuesto 2023 está encaminada a rubros que estimulen un mayor desarrollo de todos los sectores de la población y propone un aumento real anual en la inversión física respecto a lo aprobado en 2022.

Sin embargo, considera “necesario” hacer ajustes a los proyectos de presupuesto presentados por los ramos autónomos “sin afectar el desarrollo de sus actividades esenciales”.

Dichos recursos, señala el proyecto, serán destinados a tres carteras: la Secretaría de Gobernación, entidades no Sectorizadas, donde figuran dependencias como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado de Mexicano, el Instituto Nacional de las Mujeres, entre otros, y la Secretaría del Bienestar, que será la más beneficiada con el fin de apuntalar los diferentes programas sociales.

Llama la atención que la mayor reducción es para el Instituto Nacional Electoral (INE), que libra una dura batalla por la reforma electoral que se pretende hacer a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Al INE se le estaría aplicando un recorte equivalente al 24% del dinero que solicitó, es decir 4 mil 475 millones de pesos, con lo que su presupuesto pasaría de cerca de 25 mil millones a poco más de 20 mil millones.

El INE no es el único órgano que se ve afectado. A la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), se le aplicó un recorte de 33 millones de pesos menos, mientras que al INAI uno de cerca de 19 millones de pesos; al IFT se le quitaron 17 millones de pesos. Los tres han sido blanco de señalamientos y embates del presidente López Obrador.

Los poderes judiciales y legislativos también sufrieron un recorte en sus presupuestos. El judicial tuvo una disminución de mil 425 millones de pesos. El recorte al legislativo fue 466 millones de pesos.

Curiosamente, en dicho ramo: órganos autónomos, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República se les respetó la propuesta que emitió la Secretaría de Hacienda para 2023.