Como parte del análisis del IV Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, ayer compareció la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez ante el Pleno del Senado, donde aseguró que la actual administración ha logrado la detención de 65 mil 149 integrantes de bandas delictivas, incluidos seis mil 43 de organizaciones criminales, de los cuales dos mil 216 eran objetivos prioritarios.
En línea con el discurso del presidente, la funcionaria destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ha permitido la disminución de la incidencia delictiva del fuero federal, ya que, al comparar las cifras de diciembre de 2018 con las de agosto de 2022, se muestra una baja de 23.3%.
Rosa Icela Rodríguez estuvo acompañada por los integrantes del Gabinete de Seguridad: Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional; Rafael Ojeda Durán, titular de Marina; y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, quienes pese a haber estado citados a comparecer en un inicio, los senadores los “blindaron” de responder a los cuestionamientos de los legisladores.
La titular de la SSPC dio a conocer que los delitos fiscales disminuyeron 60%; los financieros, 65%; y el robo de hidrocarburos, el llamado ‘huachicol’ descendió 92%, lo que generado un ahorro de 226 mil 84 millones de pesos.
Además, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 36 mil cuentas bancarias, con 16 mil millones de pesos vinculados a operaciones ilícitas.
En cuanto a aseguramientos, se informó que se logró la incautación de 32 mil 746 armas de fuego; 17 millones 352 mil cartuchos y dos mil 300 granadas; 5.2 toneladas de fentanilo, casi mil por ciento más que en los últimos cuatro años de la administración anterior, lo que representó una afectación a las finanzas de la delincuencia organizada por más de 41 mil 325 millones de pesos.
También se confiscaron 94 mil 551 kilogramos de cocaína; 154.1 toneladas de metanfetaminas; 618 mil 930 kilos de mariguana; mil 116 kilogramos de goma de opio, y mil 429 kilos de heroína. Se erradicaron 46 mil 304 hectáreas sembradas con amapola; se destruyeron mil 57 laboratorios de narcóticos.
Destacó los avances del Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y Estados Unidos, que dijo, permitió mejorar los controles en entradas marítimas, aéreas y ferroviarias para la detección de precursores químicos, flujo de dinero y productos falsificados.
En cuanto a delitos del fuero común, apuntó que al comparar las cifras de 2018 con la incidencia de agosto de 2022, el secuestro disminuyó 74.1%, y dos mil 57 víctimas fueron liberadas, además de que se detuvieron a cuatro mil 557 secuestradores y se desarticularon 518 bandas. El robo total decreció 18.1%; el de vehículos bajó 40.4%; el robo en transporte público disminuyó 35.4%; a casa habitación descendió 20.7%; a transportistas 39%; a negocio 28%, y a transeúnte 14.4%.
Tal como lo ha señalado el presidente López Obrador, la titular de SPCC precisó que en 2019 y 2020 se contuvo el alza del homicidio doloso, y en 2021 inició su baja constante, por lo que, para agosto de 2022, se presentó una disminución de 14.6%, respecto al máximo histórico registrado en 2018.
Durante la comparecencia de la secretaria de Seguridad, los senadores de todas las bancadas hicieron cuestionamientos sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, el crimen organizado “estaría desbordado”. Recordó que el problema de la inseguridad tiene décadas en México, mientras que esta administración sólo tiene cuatro años en el ejercicio de la administración pública.
Ricardo Monreal señaló que quienes insultan y culpan al Ejército de la aprobación de las últimas reformas en materias de seguridad a cambio de dinero, sólo quieren ganar el debate por fanatismo y con mentiras, pues este proyecto se avaló por mayoría calificada.
En tanto, la senadora del PAN, Lilly Téllez, dijo que, por acción u omisión, el Gabinete de Seguridad es responsable de la explosión de la violencia de este sexenio. Acusó que los ahí presentes no podían explicar los más de 130 mil muertos que se han registrado en esta administración.
Claudia Anaya, senadora del PRI, consideró que el problema no son las Fuerzas Armadas, sino la falta de estrategia de seguridad del gobierno federal, por lo que en lugar de un beneficio, se terminará lastimando a los elementos del Ejército y la Marina.
El senador Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, afirmó que la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal ha fracasado, además de que no hay evidencia de que la presencia de las Fuerzas Armadas reduzca la inseguridad y la crisis de violencia en la que vive México.
Finalmente, el senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, consideró que exigir rendición de cuentas no es una falta de respeto hacia las Fuerzas Armadas, pues está en juego nuestra democracia, por el peligroso y acelerado proceso de militarización. Esto ante la petición por parte de la oposición de que los titulares de Sedena y Semar comparecieron ante el Congreso y a lo que se han negado.
Siendo la única que comparecía, la secretaria de Seguridad rechazó que se lleve a cabo un proceso de militarización como se acusa, pues señaló que ese concepto implica que los militares gobiernen. “En el caso de México hay un gobierno civil”, destacó.
