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La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, presentó esta tarde los resultados de la investigación iniciada en contra del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel  Bartlett, sobre quien se concluyó que no incurrió en ningún conflicto de interés.

La funcionaria señaló que se recibieron diversas denunciar por posibles faltas administrativas sancionables atribuibles a Bartlett Díaz, tales como: conflicto de interés, tráfico de influencias y enriquecimiento oculto u ocultamiento del conflicto de interés.

Sandoval enfatizó que la dependencia a su cargo unicamente tiene facultades para investigar al Director General de la CFE, a partir del 1 de diciembre de 2018, cuando asumió el cargo.

Indicó que los particulares sólo pueden ser investigados en virtud de su vinculación con servidores públicos a quienes se le atribuyan faltas administrativas graves y con relación a los hechos que presuntamente constituyen estas faltas, durante el periodo comprendido desde el nombramiento del servidor público y hasta la presentación de la denuncia.

Adicional, señaló que la pareja sentimental del director de la CFE, Julia Abdalá Lemus, no se encuentra en los supuestos jurídicos de cónyuge, ni concubina en términos de las disposiciones civiles aplicables, aunado a que ni ella ni sus respectivos hijos son dependientes económicos y por consecuencia no está obligado a proporcionar información de ellos en su declaración patrimonial.

Irma Eréndira detalló que en los tres meses que duró la investigación, se realizaron alrededor de media centena de diligencias ante 15 instancias públicas y privadas de los órdenes federal y estatal con el fin de obtener la información necesaria para completar la carpeta.

Sostuvo que la Dirección de Registro Patrimonial y de Intereses de la SFP solicitó la copia certificada de las declaraciones patrimoniales de Bartlett correspondiente al periodo 2018-2019, aunado a que requirió a la Contraloría
Interna del Senado la copia certificada de las declaraciones patrimoniales correspondientes al periodo 2014-2018, a fin de establecer una línea base para el análisis de situación patrimonial.

La colaboradora del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que también se recabó información fiscal y patrimonial de los allegados a Bartlett, a fin de confirmar o descartar posibles irregularidades; en ese sentido, se requirieron al Sistema de Administración Tributaria (SAT) las declaraciones fiscales del investigado, su pareja y sus respectivos hijos.

También se realizaron requerimientos de información sobre participación en sociedades mercantiles y propiedades inmobiliarias a los registros públicos de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Quintana Roo y Tabasco, que son las entidades en las que Bartlett ha tenido alguna presencia profesional, familiar o comercial.

Entre los elementos que permitieron establecer que no se incurrió en conflicto de interés, la SFP señaló que el artículo 291 Bis del Código Civil para el Distrito Federal establece que el concubinato se actualiza con la unión de dos personas, que han establecido una vida en común de forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos años o bien, que procrearon juntos un hijo; al investigar este hecho, no encontraron pruebas de que Barlett y Abdalá haya cohabitaron u ostentado en algún momento un mismo domicilio particular con el propósito de establecer una vida en común.

«Sobre la participación de Manuel Bartlett Díaz en sociedades mercantiles, esta autoridad tuvo a bien verificar el contenido de las declaraciones patrimoniales y de intereses presentadas por el servidor público ante la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, se comprobó que no existen indicios de que sus hijos León Manuel y Alejandra Bartlett Álvarez, sean dependientes económicos; mientras que la señora Julia Elena Abdala Lemus, si bien es su pareja sentimental, entre ambos no existe un vínculo legal de matrimonio o concubinato», indicó la SFP.

La dependencia precisó que Manuel Bartlett proporcionó información verídica sobre su patrimonio, al declarar ser titular de cuatro cuentas bancarias cuyo activo suma 51.1 millones de pesos, además de ser propietario de cinco inmuebles con valor total de compra de 8 millones de pesos.

A la acusación de que a través de familiares, empresas y presuntos prestanombres, Manuel Bartlett se ha hecho de un imperio inmobiliario de 25 propiedades con valor aproximado de más de 800 millones de pesos, la dependencia concluyó que «el investigado no tiene injerencia como propietario en los inmuebles de su pareja ni de sus respectivos hijos. Por lo que sería falsa la afirmación de que el servidor público acumula un patrimonio de 800 millones de pesos en inmuebles».

En entrevista para Xacto en XFM 92.1, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, habló sobre la reunión que los legisladores de Morena sostuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Padiera indicó que ante los conflictos que se han presentado en la bancada de Morena en el Senado, AMLO les dejó en claro que él no se iba a meter en los asuntos internos del partido.

Incluso dijo les recordó que una solución para que el conflicto interno no se presente y no haya problemas entre los aspirantes a presidir la Mesa Directiva en el Senado, podría ser la encuesta, con lo que los legisladores estuvieron de acuerdo.

Sobre la iniciativa que presentó en Diputados para que Morena mantenga la presidencia de la Mesa Directiva, Padierna señaló que actualmente la Ley establece una rotación entre las tres principales fuerzas políticas, sin embargo acusó, es una Ley de 2006 cuando se hizo un proceso viciado y respondía a otra situación.

La legisladora señaló que la ley se debe modificar de acuerdo a un contexto determinado, de acuerdo a la realidad que se viva.

«Ahora que ganamos con amplia mayoría (…) se debe modificar la ley; ese ha sido mi llamado, a que la ley de actualice y se ajuste a la nueva realidad y la nueva realidad», sostuvo Padierna.

Afirmó que busca la modificación de la Ley Orgánica para que el diputado Porfirio Muñoz Ledo siga ocupando la presidencia de la Mesa Directiva, a quien describió como un político de alto nivel que puede dirigir a la cámara baja a «buen puerto».

Dolores Padiera dijo que el PAN no debe presidir la Mesa Directiva, pues «ellos litigan todo, impugnan todo, se amparan por todo, las estancias infantiles, el presupuesto (…) si ponemos a alguien del PAN, ya perdimos todos los amparos, y eso es poner un grave conflicto de interés, una inestabilidad a la Cámara».

Al tocar dicho tema, la morenista fue consultada sobre el supuesto conflicto de interés en que incurre al ser la tía del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien llevó los procesos de Rosario Robles y la esposa de Carlos Ahumada.

«Pues eso no lo determinas tú, ni yo, ni nadie, eso lo determina la Ley», respondió la legisladora, quien prefirió cambiar el tema al decir que «ese tema se lo dejo a otras personas, no quiero hablar de ese tema».

Retomando el tema de la actividad legislativa y la reunión que se tuvo con el presidente de la República, Padierna relató lo que AMLO les habló respecto al futuro del partido. Dijo que los invitó a cuidar a Morena para que de ninguna manera se corrompa, pues fue el partido que les dio la oportunidad de construir la Cuarta Transformación.

AMLO les dijo que Morena no debe desencantar a la gente, por lo que los invitó a los militantes del partido a tener una conducta intachable con respeto a los principios que promueve el partido desde su fundación.

Padierna confirmó la advertencia que el mandatario les hiciera sobre que si algún funcionario público se presta a meterse en temas internos de Morena, él mismo lo denunciaría ante las autoridades correspondientes, pues fue tajante en que no se permitirá la corrupción ni la intromisión del gobierno en los procesos electorales.

La Secretaría de la Función Pública informó esta tarde que abrió, en recientes días, tres expedientes de investigación por presuntos hechos de corrupción que se habrían venido realizando desde administraciones anteriores por parte de servidores públicos de Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.

El Órgano Interno de Control (OIC) en Notimex inició las investigaciones por presunto uso indebido de recursos públicos, probable conflicto de interés y posible tráfico de influencias, que habrían sido cometidos por servidores públicos de la agencia informativa.

«En apego a las facultades de investigación y autonomía de gestión que tienen los OICs, los expedientes fueron abiertos a partir de información publicada en distintos medios de comunicación», informó la SFP.

Añadió que una vez concluida la etapa de rigurosa investigación, el OIC podrá determinar si es posible fincar responsabilidades en contra de los servidores públicos presuntamente involucrados, y será cundo la dependencia esté en posibilidades de dar a conocer los resultados obtenidos.

La dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval, indicó que dichas investigaciones se siguen en cumplimiento al compromiso del residente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de acabar con la corrupción y la impunidad, así como de transparentar la vida pública.

El anuncio se da, cuando se tiene contemplado que la nueva directora de Notimex, Sanjuana Martinez, acuda a la conferencia de prensa matutina del presidente , para responder sobre los despidos y ajustes que se han hecho en la agencia. Previamente López Obrador anunció que la funcionaria acudiría entre «jueves y viernes».

Luego de la conferencia de prensa matutina que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, ofreció un mensaje sobre las investigaciones que se siguen respecto al presunto conflicto de interés en que habría incurrido Carlos Lomelí.

La funcionaria indicó que tan pronto lo ordenó el presidente López Obrador, la dependencia comenzó, a través de sus diversas áreas, las investigaciones correspondientes.

Sandoval Ballesteros dijo que al abordar el caso Lomelí, se dejaba en claro que con el gobierno que encabeza AMLO, hay un antes y un después en la aplicación de la justicia administrativa y la construcción la nueva ética pública.

Enfatizó que en la 4T no hay cabida para privilegios y para todo caso de conflicto de interés.

La titular de la SFP citó el Artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que indica que para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público, las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos e Intereses económicos particulares que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas, y que signifiquen un conflicto de Interés conforme a lo establecido en lo Ley General de Responsabilidades Administrativas. Adicional señala que los servidores públicos que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de los cuales hayan tenido información en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años.

Luego de hacer referencia al artículo, Irma Eréndira Sandoval detalló los avances de la investigación.

  • Se tienen en curso siete investigaciones que arrojan posibles conductas irregulares por parte de Carlos Lomelí.
  • De las siete, cuatro se realizan sobre empresas relacionadas con Carlos Lomelí, y tres más se realizan sobre las conductas de Lomelí.
  • Se ha informado permanentemente al presidente.
  • El 8 de julio, se informó a Gabriel García, coordinador de Programas Integrales de Desarrollo de Bienestar, de la “necesidad y conveniencia de tomar medidas preventivas” para permitir el curso de las investigaciones, es decir, la separación del cargo de Lomelí.

Sandoval Ballesteros indicó que, tras los avances y acciones relacionadas con la investigación, recibieron con “beneplácito” la carta de renuncia de Lomelí.

Finalizó indicando que se llevarán las investigaciones hasta sus últimas consecuencias, ya que el gobierno de la 4T no se tolerarán los conflictos de interés, y que quien los tenga, no podrá trabajar en el gobierno.

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre si se puede confiar en el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, luego de que se revelara que tiene el mismo abogado que Emilio Lozoya.

“¿Hay un conflicto de interés si el mismo que representa al prófugo es el mismo que representa a quien lo persigue?”, se le preguntó al presidente.

En respuesta, el mandatario indicó que le tiene confianza plena al Fiscal, y pidió considerar que en la pasada administración no se había dictado orden de aprehensión en contra del ex director de Pemex, cosa que ya se realizó ahora.

Mencionó que el hecho de que no se le haya podido detener, y que esté prófugo, “ese es otro asunto, pero sí esto marca la diferencia, no hay impunidad tolerada”.

Sobre el posible conflicto de interés que se le señala a Gertz Manero, AMLO dijo que es un hombre recto y que no va a proteger a grupos de intereses creados.

Respecto a la labor de la Fiscalía, el presidente reconoció que todos los mexicanos quisieran que se fuese más eficaz en la impartición de justicia, pero dijo son procesos que se tienen que llevar a cabo y se tienen que garantizar los derechos de los ciudadanos, incluso los de los presuntos delincuentes.

“Yo creo que Alejandro Gertz está haciendo una buena labor y vamos a esperar”.

Sin embargo, ante la insistencia de la prensa, reconoció que si bien tener a Javier Coello como representante legal no es un acto ilegal, sí podría ser un acto inmoral, aquellos que él tanto ha cuestionado.

El delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, emitió un comunicado en el cual habla sobre los señalamientos en su contra, por incurrir en supuestos conflictos de interés, al tener participación en una red de empresas farmacéuticas, en especial con Abisalud.

El delegado afirmó que persisten quienes buscan ensuciar la exitosa ruta de la Cuarta Transformación(4T) que ha trazado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Aprovechó su comunicado para insistir que ni él ni algún miembro de su familia forma parte de la empresa Abisalud. «Nadie de nosotros, participa de forma alguna en licitaciones o ventas para gobiernos».

Reiteró que está dispuesto a colaborar con las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones necesarias.

«Rechazo tajante las intenciones de desacreditar a mi persona, a mi familia y al proyecto de nación por el que luchamos» añadió Lomelí.

Sin embargo, fue este mismo jueves que la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló una nueva relación del delegado federal con la empresa farmacéutica.

Señalan que Juan Carlos Tadeo Martínez Ramírez, esposo de una diputada de Morena, es accionista mayoritario de Abisalud, y quien además funge como apoderado legal en cuatro empresas que Carlos Lomelí reconoce como propias.

Tadeo Martínez, esposo de la diputada local en Jalisco por Morena, Érika Pérez García, recibió las acciones de Abisalud tras la renuncia de José Hiram Torres Salcedo, quien actualmente se desempeña como regidor de Morena en Zapopan.

MCCI destaca que Torres Salcedo fue secretario particular de Carlos Lomelí y compitió como candidato para alcalde de Zapopan en los comicios de 2018.

Los coordinadores parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados pidieron que las autoridades investigar, de forma inmediata, la presunta red de empresas que venden medicamentos de forma directa a gobiernos estatales y dependencias federales, relacionadas a Carlos Lomelí, delegado del Gobierno federal en Jalisco.

El llamado llega luego de que se diera a conocer la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), y que fue difundida en medios, donde se señala dicha red de empresas y su relación con el funcionario estatal.

Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI, PRD y MC solicitaron que “el Gobierno Federal explique el eventual conflicto de interés entre ser funcionario federal y proveedor del gobierno en varias entidades de la República”.

Indicaron que el tema no es partidista, ni de grilla o politiquería, como ha sido calificado por el propio presidente, sino que requiere respuesta inmediata, debido al cargo que actualmente desempeña Lomelí Bolaños.

Destacaron que, de acuerdo a la investigación, Lomelí Bolaños reconoció a las empresas: Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran y Laboratorio Bioterra; sin embargo, también se le relacionó con cuatro empresas más: Grupo Quiropráctico del Bajío, Lo Vending, MC Klinical, Proveedora de Insumos Hakeri, que no fueron reconocidas.

La empresa restante con la que se vinculó en su venta, es: Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), que desde diciembre de 2018 a la fecha, la actual administración le otorgó ocho contratos por 164 millones de pesos debido a la venta de medicamentos.

De estos contratos, “seis fueron otorgados mediante adjudicación directa, como el caso del gobierno de Veracruz, quien asignó directamente un contrato por 36 millones”.

En ese sentido, los coordinadores de oposición exigieron que se investigue a los gobiernos que otorgaron dichos contratos: Veracruz, Chihuahua, Guanajuato, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Chiapas, Sonora, Michoacán, Aguascalientes y Nayarit.

Asimismo, al Instituto Nacional de Pediatría, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado este martes sobre las acusaciones a su delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, por presuntos conflictos de interés.

Lomelí es señalado por estar en el centro de una red farmacéutica conformada por nueve empresas controladas por 11 familiares, dedicadas a la venta de medicamentos que han compartido los mismos socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco, a pesar de que el funcionario solo reconoce como propias cuatro de esas compañías.

Ese grupo farmacéutico ha vendido miles de millones de pesos en contratos gubernamentales en siete años (2012-2019). Tan solo una de esas compañías, Abastecedora de Insumos para la Salud, Abisalud, ganó, en lo que va de 2019, más de 164 millones de pesos, adjudicados por el Gobierno Federal encabezado por López Obrador.

“Es parte de una confrontación política que existe. ¿Saben cómo se le llama a esto? Coloquialmente grilla o más elegantemente politiquería”, minimizó AMLO el tema.

Sin embargo, insistió que su gobierno no va a permitir la corrupción de nadie, sea quien sea. Dijo que no va a haber impunidad, aunque dijo, “a nosotros no nos importa” que haya encarcelados.

Al ser cuestionado sobre la pérdida de registro del Partido Encuentro Social (PES), el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró su agradecimiento a los militantes y dirigentes del partido que formó parte de la coalición que lo llevaron a ganar la presidencia de la República.

«Yo tuve de parte de ellos un gran apoyo, los respeto mucho, tengo buena relación con militantes, con dirigentes de ese partido y ahora que se les canceló el registro pienso que tienen opciones, tienen alternativas en el marco de la legalidad, volver a insistir, volver a hacer los trámites y seguir adelante», dijo AMLO.

Respecto a la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que pese a las más de 200 impugnaciones que presentó el partido decidió retirarles el registro como partido político nacional, AMLO dijo que no podía ir en contra de dicha decisión.

«Es una decisión que tomaron y afortunadamente hay libertades y hay posibilidades de reponer el procedimiento para volver a tener una organización política, un partido», señaló.

Al respecto, el mandatario fue cuestionado sobre si creía que deberían de haber más partidos en México. AMLO dijo que sí: todos los que cumplan con los requisitos legales. Reflexionó sobre que si bien en México hay varios partidos, y dijo que no son tantos si se compara con lo que sucede en otros países, países con menos población que llegan a tener hasta 30 o 40 partidos.

También fue cuestionado sobre si dentro de su gobierno había la posibilidad de ostentar dos cargos, como es el caso de Hugo Eric Flores, quien además de ser presidente del ahora extinto partido PES, es delegado federal en Morelos y si eso no implicaba un conflicto de intereses.

«No sé si haya conflicto de intereses, lo voy a revisar (…) sí hay conflictos de intereses no puede estar trabajando en el gobierno, pero lo tenemos que ver», finalizó.

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre si existe alguna investigación sobre el posible conflicto de interés de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, dado que su padre asesora a distintos sindicatos.

“No existe, considero, conflicto de intereses. El papá de Luisa María es abogado laborista desde hace décadas y Luisa María está cumpliendo con su responsabilidad”, contestó el mandatario.

Indicó que está muy contento con el trabajo realizado por Alcalde, a quien describió como una mujer “joven, inteligente, honesta”, a la que le refrendó todo su apoyo.

“No hay conflicto de intereses”, insistió el tabasqueño, aunque dijo que si existiesen pruebas que lo demostraran, hay instancias para presentar las denuncias correspondientes.

Así, confirmó que no hay investigaciones en curso contra su colaboradora en la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, ofreció esta tarde una conferencia de prensa en la que se refirió a las recientes declaraciones del presidente López Obrador sobre su supuesto conflicto de intereses; además de que comentó sobre el valor e importancia de los órganos reguladores autónomos.

Indicó que desde que asumió como comisionado presidente de la CRE en 2016, publicó su declaración de intereses, la cual siempre ha estado disponible en la página de la SFP. Dijo que en dicho documento incluyó apartados sobre la relación de funcionarios con empresas de su sector, “sin que esto significara la comisión de un conflicto de interés”.

“En este documento, se puede verificar que un hermano de mi esposa trabaja en una empresa proveedora de la industria eléctrica eólica; hago énfasis de que esta empresa no es regulada por al CRE, razón por la cual las decisiones de la CRE no pueden tener ningún tipo de injerencia hacia la mismo”, relató García Alcocer.

Adicional reconoció que un primo de su esposa sí trabaja en una empresa que cuenta con un permiso de la CRE, el cual fue otorgado antes de que asumiera el cargo. Explicó que tomando en cuenta dicha situación, no ha conocido ni votado los asuntos relativos a dicha empresa.

“Afirmo que no he incurrido en ningún conflicto de interés”, enfatizó el comisionado presidente.

Destacó que en sus más de 24 años, ha presentado sus declaraciones de impuestos, patrimonial y de intereses en tiempo y forma. Defendió a los colaboradores de la CRE, quienes dijo, son personas honestas y dedicadas a su trabajo; insistió en que al ser una institución colegiada, un comisionado por sí mismo no puede tomar una decisión.

Sostuvo que la CRE ha actuado en todo momento libre de influencias políticas y empresariales, y que ha emprendido diversas acciones de transparencia que dan fe de la rectitud con la que se ha guiado.

Dijo que aunque se ha cuestionado la autonomía y propósito de los órganos reguladores, estos son “árbitros” que brindan certeza a las reglas del juego.

Reiteró que en la CRE están abiertos a la crítica y al debate, siempre que se abra un canal de comunicación que permita trabajar en favor de los mexicanos.

 

Este lunes, la Secretaría de la Función Pública informó que como parte de una serie de investigaciones ante la posibilidad de un conflicto de interés por parte del titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Ignacio García Alcocer, fue encontrado un contrato de transporte de gas natural para una empresa en la que labora un familiar del funcionario.

En conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, señaló que se encontró un contrato de la Comisión Reguladora de Energía otorgado en junio de 2017 a la empresa Fermaca -vinculada a la familia del funcionario- para el transporte de gas natural.

El contrato G20175/TRA/2017 no fue informado por García Alcocer en su momento, lo que ofició una investigación al respecto. Más adelante, dijo, se informará si este es el único contrato no declarado o si existen otros en los que exista interés personal y familiar por parte del titular de la CRE.

Santiago García Castellanos, director de Fermaca, es primo hermano de la esposa de García Alcocer.

Además, Sandoval dijo que previamente el funcionario había admitido que el hermano de su cónyuge, Mario Barreido, labora en la empresa danesa Vestas desde abril de 2015; sin embargo, el titular de la comisión dijo que no hay conflicto de interés, argumentando que dicha empresa no está regulada por la CRE.

Posteriormente, la SFP indicó en la conferencia que el familiar de García Alcocer trabaja para la filial mexicana de Vestas, que sí es regulada por la CRE.

La SFP informó que el hermano de la cónyuge declaró ingresos por 12 millones 500 mil pesos entre 2013 y 2017 y retenciones por terceros de 9 millones 300 mil pesos.

La dependencia destacó también que Barreido es representante legal de tres empresas relacionadas con hidrocarburos, petróleo y gas.

La semana pasada, el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía aseguró en entrevista radiofónica que “no tiene nada que ocultar”.

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, de conflicto de intereses, luego de que el directivo criticara el miércoles las ternas enviadas por el mandatario para reemplazar a cuatro comisionados.

López Obrador criticó que este organismo entregó contratos onerosos a empresas para la explotación de petróleo que no generaron beneficios para Petróleos Mexicanos (Pemex).

«Hablábamos de la farsa de los organismos independientes y yo presenté las ternas para la CRE que es la que entregaba los permisos para estos contratos leoninos. Después de que presento las ternas con técnicos sale a declarar el presidente de esta comisión reguladora de energía que estaban mal las ternas que yo proponía «, reclamó.

García Alcocer dijo el miércoles que las ternas enviadas por el presidente para elegir a los nuevos integrantes de la CRE dejarían en desventaja al sector energético.

«Veo un desbalance en términos de hidrocarburos y electricidad, se ven muy cargados los perfiles hacia los hidrocarburos; prácticamente no identificamos expertos en electricidad y creo que eso es algo que se necesita mucho para las complejidades del mercado», explicó el comisionado.

De los 12 candidatos para ocupar los cuatro asientos vacíos en el órgano de gobierno de la CRE, siete son ingenieros químicos, mientras que diez de ellos son extrabajadores de Pemex, de acuerdo con los currículums enviados por el presidente López Obrador al Senado de la República.

Luego de esto, el presidente aseguró que García Alcocer presenta un conflicto de intereses.

«Como tengo derecho de réplica voy a dar a conocer ahora que el señor tiene conflicto de intereses, el presidente de la CRE y el lunes vamos a dar a conocer toda la información del porque tiene conflicto de intereses», adelantó.

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