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VIDAL LLERENAS

EL ECONOMISTA

 

 

 

 

La Corte acaba de mandatar al Congreso para que legisle en materia de publicidad gubernamental. En realidad, los diputados justo perdimos la oportunidad de hacerlo en el decreto del Presupuesto de Egresos 2018. El recientemente aprobado conserva un párrafo, que se repite de años anteriores, que supuestamente limita la posibilidad de incrementar durante el año las partidas de publicidad autorizadas, pero que en realidad establece varias exenciones que permiten contarse por montos muy superiores. En realidad se debió haber establecido en el decreto la obligación de no gastar más de los 2,760 millones de pesos autorizados.

La discrecionalidad del gobierno no solamente reside en que puede asignar los contratos a los medios que desee, sino que también puede gastar para ese fin sin mayor restricción. De hecho, el gasto en publicidad del gobierno federal es superior a las propias prerrogativas que el INE asigna de manera anual a los partidos políticos. En el 2016, el monto autorizado para el concepto de gasto presupuestal “3,600 servicios de comunicación social y pública” fue de 3,537 millones de pesos (mdp), pero el reportado como ejercido en la Cuenta Pública llegó a los 9,614 mdp. Para el 2017 se autorizaron 3,119 mdp, pero a septiembre ya se reportaba un gasto por 7,103. Es decir, incluso cuando el gobierno presume de contener el gasto, para lo erogado en comunicación, se aplica lo contrario.

Varios rubros llaman la atención. Uno es el de la Lotería Nacional, institución que desde el año 2014 no tiene asignado presupuesto alguno para publicidad de origen, pero que durante el 2016 recibió ampliaciones presupuestales para alcanzar los 721 mdp. A septiembre del 2017 este monto pasó de cero programado a 400 mdp ejercido. Para el 2018 el presupuesto aprobado en ese rubro a la lotería es de nuevo de cero pesos. Es decir, es a lo largo del año que el gobierno va decidiendo qué hacer y a quién asigna la publicidad de la lotería. Llama también la atención que el gasto aprobado para comunicación en Salud, que en el 2016 fue de 200 mdp, pero el ejercido al final del año alcanzó los 1,496 mdp. Hasta donde recuerdo, no sufrimos de alguna epidemia u otro fenómeno similar que demandará un gasto extraordinario en difusión de esa magnitud. Para el 2017 se aprobaron 103 mdp, pero ya se gastaron a septiembre 1,110 mdp. La explicación seguramente es que, como sí es posible anunciar programas de salud durante la época electoral, pues se incrementa la pauta en dicho periodo para ayudar a los medios que el gobierno decide. Nada como tener una bolsa de ese tamaño para contratar a discreción publicidad en medio de una contienda electoral.

Como sociedad tenemos que cuestionarnos si se requieren más de 200 mdp para publicitar lo que hace la Secretaría de la Defensa, la Marina y la Policía Federal, o si hubiera sido mejor destinarlos al equipamiento de sus cuerpos o a la prevención del delito. Si la Conagua, una de las instituciones con mayores recortes en el gasto de inversión, tiene que destinar a medios 252 mdp. Es el mismo caso de Pemex, que gasta en publicidad 224 mdp. Nadie, por cierto, evalúa el impacto y la pertinencia de este gasto en las políticas de seguridad, agua y energía.

Enrique Peña Nieto prometió en su campaña un mecanismo objetivo y transparente para la contratación de publicidad en medios. El gobierno también se comprometió a controlar el gasto y a destinarlo a los rubros que generen resultados y valor para el ciudadano. Ninguna de las dos cosas sucede cuando se revisa el gasto en publicidad gubernamental. No es sólo evidente que este gasto no contribuye a alcanzar los objetivos de las políticas públicas, sino que incluso no sirve para mejorar la imagen ni del gobierno ni del presidente. El punto es que la discrecionalidad del gobierno federal en los montos y el destino del gasto en publicidad, representa un costo presupuestal inaceptable para la ciudadana y un obstáculo para el libre debate y la competencia electoral democrática. Es simplemente inaceptable.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa desde abril de 2014 al no expedir la ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución en materia de gasto de comunicación social, por lo que determinó que el Congreso tiene hasta el 30 de abril de 2018 para cumplir con lo ordenado por el Tribunal Constitucional.

 

 

Con 4 votos a favor y uno en contra, se da un “fallo histórico”, en el que la máxima autoridad judicial del país determinó que el amparo interpuesto por la asociación ARTICLE 19 contra la omisión legislativa del Congreso es procedente y que la ausencia de regulación de la publicidad oficial tiene un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión de medios comunicación y periodistas, a la vez que se afecta el derecho a la información de la sociedad.

 

“Con esta resolución, la SCJN reconoce que la asignación opaca, discrecional y excesiva del gasto de comunicación social a los medios de comunicación es un medio de control de las líneas editoriales que constituye una forma de censura sutil o indirecta. Al mismo tiempo, amplía las posibilidades del juicio de amparo y le dota de efectividad al permitir que por esta vía se reclame la vulneración de un mandato constitucional expreso de legislar, especial cuando ello se traduce en la vulneración de derechos humanos. El mensaje es claro: ningún órgano político debe estar por encima de la Constitución”, indicó la organización internacional.

 

Señalaron que históricamente, en México los gobiernos han utilizado el dinero público para “promoverse y amordazar a los medios de comunicación críticos. Peor aún, los recursos públicos utilizados para estos fines han sido excesivos” y detallaron que el gobierno federal ha gastado 38 mil millones de pesos en comunicación social desde de 2013 hasta de agosto de 2017.

 

El hijo mayor del presidente Donald Trump difundió la noche de ayer, una serie de mensajes directos que recibió de la cuenta de Twitter del sitio web WikiLeaks, incluyendo sus respuestas a las comunicaciones.

 

La publicación de los mensajes en Twitter por parte de Donald Trump Jr. ocurrió horas después del reporte de su existencia por parte de The Atlantic. En las conversiones, algunas de ellas ocurridas al mismo tiempo en que el sitio web difundió los emails robados del director de campaña de la demócrata Hillary Clinton, WikiLeaks le pide a Trump Jr. que le filtrara las declaraciones fiscales de su padre.

 

 

 

Los documentos que dio a conocer Trump Jr. muestran que él respondió en tres ocasiones, y en un momento accedió a “preguntar” sobre un comité de acción política (conocido como PAC, por sus siglas en inglés) que mencionó WikiLeaks. También preguntó a la página sobre el rumor de una posible filtración. Los mensajes comenzaron en septiembre de 2016 y se extendieron hasta julio.

 

Trump Jr. restó importancia a las conversaciones al momento de difundirlas. “Aquí está toda la cadena de mensajes con @wikileaks (con mis tres enormes respuestas) que una de las comisiones del Congreso eligió filtrar”, tuiteó. “¡Vaya ironía!”.

 

 

Los mensajes directos habían sido entregados a las comisiones del Congreso que investigan la intervención de Rusia en las elecciones de 2016 y si hubo algún nexo con la campaña de Trump. El abogado de Trump Jr. dijo en un comunicado que se han entregado miles de documentos a las comisiones.

 

 

“Dejando de lado la pregunta del por qué o por quién es que esos documentos que se les proporcionó al Congreso bajo promesa de confidencialidad, fueron filtrados, podemos afirmar con confianza que no nos preocupan esos documentos y que todas las preguntas que generaron ya fueron respondidas en el foro apropiado”, dijo Alan Futerfas, abogado del hijo del magnate.

 

 

Con información de AP / Foto: Archivo APO


Luego de una investigación a cargo del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del estado de Colima, se emitieron sanciones en contra de varios ex funcionarios del estado, entre los que figuran el ex Gobernador Mario Anguiano, quien fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 23 años además de una multa de 45 millones de pesos.

 

Se informó que las irregularidades presupuestarias detectadas corresponden a los ejercicios 2013, 2014 y de enero a agosto de 2015, y habrían alcanzado un daño al erario por mil 867.6 millones de pesos. Quien quedó fuera de las sanciones fue Rogelio Rueda, actual dirigente del PRI en el estado, y quien junto a Anguiano se desempeñó como Secretario General del Ejecutivo y ahora

 

De acuerdo con la conclusión de la investigación, se detectó falsedad de información contable, desvío de recursos y gastos no presupuestados, razón por la que la diputada local por el PAN, Martha Sosa, indicó que “sanciones mínimas para todo el daño causado por un Gobierno irresponsable que dejó a nuestro estado sumido no sólo en una crisis financiera, sino en un espiral de violencia e inseguridad”, no eran insuficientes.

 

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Con el respaldo de organizaciones como Transparencia Mexicana y Fundar, los colectivos #FiscaliaQueSirva y #VamosPorMás aseguraron que tras conocer la decisión de Raúl Cervantes de renunciar al cargo de Procurador General de la República, “se abre la puerta a una discusión de Estado, y no solo de Gobierno, sobre el futuro de la Fiscalía General de la República”.

 

Indicaron que el mensaje del ahora ex Procurador sobre la importancia de que la discusión legislativa sobre Fiscalía General sea integral, coinciden con lo planteado por diferentes especialistas, colectivos y legisladores, que “han insistido en que además del método de selección del nuevo o nueva Fiscal General, es necesaria una discusión amplia sobre el artículo 102 Constitucional y el diseño de la Fiscalía”.

 

Hicieron un llamado a que se de paso a una “discusión abierta a la sociedad, y junto con la sociedad, que permita crear una Fiscalía General autónoma, eficaz e independiente”, y remataron advirtiendo que “la decisión de hacerlo está ahora en manos del Congreso”.

 

Tras la cena que sostuvo la noche de ayer con un grupo de legisladores con el fin de buscar su apoyo a la reforma fiscal y los impuestos, el Presidente Donald Trump hizo un llamado esta mañana a través de sus redes sociales a trabajar duro y rápidamente para aprobar  la “reforma fiscal más grande de la historia”.

 

 

 

En su primer mensaje el mandatario sostuvo que “el proceso de aprobación para del recorte de impuestos y la reforma fiscal más grande de la historia de nuestro país pronto comenzará. ¡Rápido Congreso!”.

 

La reforma fiscal ha sido uno de los principales temas que ha impulsado desde su campaña presidencia, y que se sabe es parte de la agenda de la bancada republicana, que buscan con gran interés poder lograr luego de su fracaso con el Obamacare.

 

 

 

El republicano encontró un tema perfecto para catapultar su iniciativa, pues aseguró que “con la devastación de Irma y Harvey, los recortes de impuestos y la reforma tributaria se necesitan más que nunca. ¡Vamos Congreso, vamos!.

 

Por su parte la Casa Blanca informó que los principios de la reforma fiscal serán dados a conocer “en cuestión de días, no semanas”.

 

 

 

 

Con información de El Economista / Foto: Archivo APO

El Congreso de Guatemala rechazó este lunes quitar el fuero al presidente Jimmy Morales, evitando que la fiscalía y una comisión antimafias de la ONU lo investiguen penalmente por indicios de anomalías en las finanzas del partido que lo llevó al poder en 2015.

“Se declara sin lugar el antejuicio y por consiguiente sin lugar a formación de causa las diligencias del antejuicio en contra del presidente de la República Jimmy Morales”, dijo tras la votación el diputado Marco Pineda, integrante de la directiva del Congreso.

 

Para retirar la inmunidad se necesitaba la aprobación de 105 de los 158 congresistas, pero solo 25 lo hicieron a favor, por lo que el mandatario logra salir victorioso de esta situación que desde que se dio a conocer, negó categóricamente.

 

 

Vidal Llerenas Morales

EL ECONOMISTA

 

 

 

Me parece que no mucho. Las diferencias entre la propuesta del Ejecutivo y la que aprueba el Congreso se reducen a dos aspectos por el lado del gasto.

 

Uno son los etiquetados a estados y municipios para proyectos específicos, sin planificación alguna, muchas veces ligados a prácticas de corrupción.

 

El otro son incrementos a rubros que la SHCP sistemáticamente recorta en su propuesto original, porque normalmente los diputados los incrementan.

 

Es el caso de los recursos para universidades estatales y los de las organizaciones agropecuarias. Los recursos para financiar dichos cambios en el gasto generalmente provienen de fondos que nadie defiende, como los de medio ambiente, desarrollo urbano o fomento económico.

 

También proviene de que, año con año, se incrementa la estimación del tipo de cambio, lo que lleva a un mayor cálculo de los ingresos petroleros, una parte se registra como ganancia de Pemex, otra nutre el obscuro rubro de aprovechamientos. El resto del paquete permanece intocado. El gobierno compra con los etiquetados y recursos a grupos de interés el evitar que el Congreso se convierta en una arena para la discusión de las finanzas públicas.

 

En el Congreso no se cuestionan con seriedad las variables que determinan el presupuesto, ni el pronóstico de crecimiento, ni el de inflación, ni de tasa de interés, ni la plataforma petrolera, ni la recaudación de cada una de las fuentes de ingresos.

 

Las capacidades técnicas del Congreso son muy limitadas, pero también los espacios de discusión real de dichas variables.

 

Tampoco existe una valoración de las políticas que tenga impacto en las asignaciones presupuestales, incluso en áreas en donde la evaluación es intensa, como en la política social.

 

El proceso de discusión del paquete financiero sirve poco para que las propuestas de ingresos y gasto pasen por el ácido de una revisión profunda.

 

Eso permite que sucedan cosas como que la inversión del gobierno sea menor al costo financiero de la deuda y al propio crecimiento del endeudamiento, o a que no sepamos qué proyectos en específico se pagan con deuda.

 

La otra razón por el que la discusión es relativamente irrelevante es porque el gasto y los ingresos del gobierno son muy distintos a los aprobados por los legisladores.

 

Mientras en el 2015 el gobierno recaudó más de 190,000 millones de pesos del Impuesto Especial a las Gasolinas, en el 2017, tan sólo al tercer trimestre, decidió dejar de ingresar, por medio del famoso subsidio, 33,500 millones, que puede terminar en más de 45,000 millones al final del año. Es un gobierno que en promedio gasta 1 punto del PIB más de lo programado, pero que el año pasado tuvo un excedente de ingresos de más de 3 puntos.

 

Una parte de estos ingresos extras tienen reglas para su ejercicio, otros no, lo mismo sucede con los fideicomisos, cuyo monto supera ya los 680,000 millones de pesos. De hecho, no conocemos exactamente la fuente de financiamiento de cada incremento del gasto.

 

Los que tienen mayores recursos a los aprobados son siempre los mismos, la Presidencia, la propaganda, las oscuras partidas a seguridad y las transferencias discrecionales a los estados. Es decir, discutir el presupuesto sirve de poco porque al final lo importante siempre se modifica durante el ejercicio.

 

 

 

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó que el referéndum independista aprobado la tarde de ayer por el Congreso de Cataluña, era un “intolerable acto de desobediencia de las instituciones democráticas”, añadiendo que presentarán una serie de recursos legales contra la consulta.

 

 

Rajoy precisó que el gobierno central pedirá ante el Tribunal Constitucional la “nulidad” de la ley que permite convocar el referéndum, advirtiendo a autoridades y a los alcaldes de la región que es “su deber de impedir o paralizar” la organización de la consulta.

 

Por su parte el portavoz del gobierno catalán denunció el supuesto “estado de sitio encubierto” implantado en España después de que la fiscalía anunciara la preparación de “querellas criminales” contra su ejecutivo por convocar un referéndum.

 

“A partir de ahora nos sentimos convocados ante este estado de sitio encubierto a defender los derechos más fundamentales”, dijo el portavoz gubernamental Jordi Turull, subrayando que “esto no altera para nada lo que tiene previsto el gobierno” para el 1 de octubre.

 

Paralelamente la fiscalía española está preparando “querellas criminales” contra los dirigentes catalanes impulsores del referéndum, en donde se estará pidiendo intervenir todo el material destinado a organizar la consulta “ilegal”. “Se van a cursar las órdenes oportunas para que la policía judicial intervenga los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal”, explicó el fiscal general.

 

 

 

Con información de AFP / Foto: Archivo APO

El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, lamentó la actitud de “chantaje” con la que se conduce el dirigente panista, Ricardo Anaya, al instruir a sus bancadas provocar una parálisis en el Congreso de la Unión.

“No puedo señalar como victoria el paralizar a una institución del Estado Mexicano, eso no tiene mérito alguno. Aquellos que llaman victoria el paralizar las instituciones del Estado Mexicano, en cualquier democracia es lo que se llama chantaje”, afirmó el dirigente priísta.

Ochoa Reza afirmó que su partido está a favor de que se establezca la nueva Mesa Directiva en la Cámara de Diputados y que continúe el proceso legislativo correspondiente en el nombramiento del Fiscal General de la República en el Senado.

“No podemos seguir siendo rehenes de una cortina de humo, como la que ha establecido Ricardo Anaya, que no ha podido aclarar el enriquecimiento inexplicable como funcionario público. No podemos permitir que, en función de esa falta de información y transparencia por parte del panista, se generen chantajes y cortinas de humo en otras instituciones del Estado Mexicano”, advirtió el dirigente.

“Ricardo Anaya ha creado esta cortina de humo en la Cámara de Diputados porque no ha podido aclarar su enriquecimiento inexplicable. Esa riqueza inexplicable le ha aparecido de la noche a la mañana, a partir de que es presidente del PAN”, finalizó el priísta.

 

 

 

Foto: Archivo APO

Esta mañana el Presidente de Estados Unidos adelantó la que se espera sea su decisión sobre el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), pues a través de su red social alertó al Congreso de su país a “prepararse para hacer su trabajo”.

 

Algunos analistas han advertido que la intención del Republicano es dar por terminada la protección a los llamados Dreamers y dejar en manos del Congreso su destino, dando así un lapso de seis meses para llegar a un punto de acuerdo. Sin embargo grupos de apoyo a inmigrantes ven en dicha decisión una oportunidad para que el Congreso convierta en ley el programa.

 

 

 

En su cuenta de Twitter, el mandatario indicó “Congreso, prepárense para hacer su trabajo DACA”. El mensaje desencadenó un sinfin de respuestas por lo que Trump decidió añadir que “somos una nación de leyes. Ya no vamos a incentivar la inmigración ilegal” y remató con la frase “¡LEY Y ORDEN!” acompañado de su ya famoso lema de campaña y ahora de gobierno #MAGA.

En otra de sus respuesta, el magnate sostuvo: “no se equivoquen, vamos a poner el interés de los ciudadanos de Estados Unidos en primer lugar!. Los hombres y mujeres que estaban en el olvido ya no serán olvidados”.

 

 

En esta misma ronda de mensajes matutinos, el Presidente informó que autorizó a Japón y Corea del Sur “compren una cantidad sustancialmente mayor de equipos militares altamente sofisticados de Estados Unidos”, acción que desde la tarde de ayer se reveló luego de su llamada con el mandatario surcoreano Moon Jae-in.

 

 

 

 

 

 

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, dijo el lunes que siempre ha defendido el estado de derecho, el ordenamiento jurídico y la independencia de poderes durante su vida política; esto en respuesta a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de autorizar un antejuicio para que se le investigue por presunto financiamiento electoral ilícito.

 

 

 

“Mi visión del Estado se basa en el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas y, en este caso particular, solicito a todos los sectores de nuestra sociedad ser respetuosos de nuestra institucionalidad”, dijo un comunicado emitido por la presidencia.

 

“Nunca he interferido en proceso alguno que me vincule directa o indirectamente; por el contrario, siempre demostré respeto al debido proceso, tal como lo establece la ley”, por lo que hizo un llama a actuar con “objetividad, madurez y compromiso” ante los señalamientos que se le hacen.

El Presidente Enrique Peña Nieto presentó su Quinto Informe de Gobierno, el cual no fue criticado por la oposición al estar enfrascados en una crisis al interior del Congreso y la crisis que se vive en Acción Nacional. Una guerra que en primera instancia el conflicto podría atribuirse al tema del Fiscal General de la República, sin embargo ¿Qué tanto es esto parte de la sucesión presidencial?

 

No te pierdas este análisis en voz de Ana Paula Ordorica.