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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió esta tarde en Palacio Nacional a los líderes de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, y en el Senado, Ricardo Monreal, con quienes revisó los temas pendientes de la agenda legislativa.

En un video difundido en sus redes sociales, López Obrador dijo que la llamada Cuarta Transformación ha avanzado en importantes reformas, además de que se trabaja de manera coordinada respetando la independencia de los poderes, los cuales recalcó, son autónomos.

El mandatario destacó la aprobación de la Guardia Nacional, que dijo, era necesaria para atender el problema de inseguridad y violencia; que la corrupción sea delito grave y que nadie gane más que el presidente.

Sobre los recortes salariales, AMLO denunció que Poder Judicial está “corrigiendo la plana”, al querer legislar, y no respetar lo que establece la Constitución. En ese sentido dijo, los legisladores deberán revisar el tema.

“Hay que respetar la Constitución, y hay que bajar los sueldos de los de arriba para aumentar los sueldos de los de abajo”, enfatizó el mandatario.

López Obrador recordó que hay pendientes legislativos, tales como la nueva ley de salud, para mejorar los servicios y garantizar este derecho; terminar la ley del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, así como aprobar la ley de Austeridad Republicana, pues recordó que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y en esto nos están ayudando los legisladores”.

Otros temas que están pendientes es que se establezca como delito grave el que haya empresas fantasmas, que son constituidas para evadir impuestos; convertir en ley que no se pueden condonar impuestos a los grandes contribuyentes; terminar con la expedición de facturas falsas para evadir impuestos; acabar con los fueros, y quitar las trabas al artículo 35 de la Constitución para la consulta ciudadana.

Finalmente dijo, se debe aprobar la revocación de mandato, pues insistió en que es el pueblo quien debe tener las riendas del poder. “Estoy muy contento, porque tengo el apoyo, el respaldo de los legisladores y se están sentando las bases para llevar a la práctica la Cuarta Transformación de la vida pública del país”.

En una carta enviada para disculparse por no haber asistido a su informe legislativo, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, informó al presidente del Senado, Martí Batres, sobre el proceso de ratificación que se sigue en el Congreso de su país del T-MEC.

La estadounidense felicitó al Congreso mexicano por la reciente ratificación del Tratado Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC), así como por las históricas reformas laborales impulsadas en nuestro país.

Pelosí le reiteró a Batres que preservar tratados internacionales que fortalezcan los nexos económicos y culturales de largo tiempo y asegurar la prosperidad para las futuras generaciones, son valores que México y Estados Unidos comparten.

Específicamente sobre el proceso de ratificación del T-MEC, la legisladora indicó que su bancada, la demócrata, está trabajando para resolver temas prioritarios para su país y que están plasmados en el acuerdo, tales como: trabajo, salarios, precios de medicinas bajo receta, protección del medio ambiente y la necesidad de vigilar las reglas que se acordaron en el acuerdo.

En ese sentido, dijo Pelosi, un grupo de demócratas se encuentran en reuniones con los representantes de comercio de la administración federal para resolver dichos temas, mismos que al resolverse «daremos mayor confianza a nuestros congresistas que el T-MEC mejorará significativamente el status quo y promoverá un estándar de vida más alto para las familias trabajadoras en México y Estaods Unidos».

Luego de la polémica que ha desatado la decisión del Congreso local de Baja California de ampliar el mandato de Jaime Bonilla de dos a cinco años, se da a conocer una encuesta sobre dicha acción.

La más reciente encuesta de Refirma señala que 54% de los encuestados está en contra de que el mandato de Bonilla sea de cinco años, cuando en las elecciones votaron por un periodo de dos. 41% apoya dicho cambio.

57% de los consultados consideran que la decisión de los legisladores de ampliar el periodo es una medida antidemocrática. Solo 35% la considera como una medida democrática.

Al considerar el planteamiento que ha hecho Morena para avalar dicho cambio, sobre que se ahorrarán recursos al no tener una elección en un corto tiempo, 67% de los encuestados indicaron que es mejor respetara la ley. 31% apoya la medida para ahorrar recursos.

Tal como lo han indicado las voces que critican la decisión del Congreso local, 55% cree que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe rechazar el cambio. 41% indicó que debe avalarlo.

54% de los bajacalifornianos coincidieron en que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debe mantenerse al margen de la situación. 43% señaló que el mandatario debe intervenir.

Finalmente, 41% de los ciudadanos confían en que Jaime Bonilla será un buen gobernador, 25% indicó que será un mal mandatario local.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se sumó a los llamados a los legisladores locales de Baja California, para dar marcha atrás a la reforma que permite la ampliación del mandato del próximo gobernador, Jaime Bonilla.

A través de un comunicado, el CCE pidió a los legisladores y al actual gobierno estatal a respectar la Constitución local, que señala de manera clara, el periodo por el que fue elegida la próxima administración.

«Los legisladores tienen la obligación de respetar la voluntad de los bajacalifornianos, que votaron de manera libre e informada por un candidato para un periodo de dos años», indicó el CCE.

Enfatizaron que en caso de que se perpetre dicho cambio, sentaría un preocupante precedente jurídico y político en la demoracia mexicana, además de que vulneraría el Estado de Derecho del estado y del país.

Por su parte la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lamentó la reforma aprobada por el Congreso local, pues indicó que en lo que hace al desarrollo de la democracia, Baja California pone el mal ejemplo al cambiar su Constitución para extender el periodo del gobernador.

El presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, recodó que el Poder Judicial Federal ha impedido en dos ocasiones que el gobernador electo vulnerara la Constitución del estado y manipulara el proceso electoral.

El 26 de febrero, somo superdelegado federal, a petición de Morena, el Tribunal Electoral del estado resuelve ampliar la gestión estatal a cinco años, aunque un mes después, el Tribunal Federal revirtió el fallo.

El 8 de mayo, como candidato a gobernador, el Tribunal local vuelve a resolver que el periodo del próximo gobernador será de cinco años, esto a petición de Bonilla. 20 días después, el Tribunal Federal vuelve a echar atrás la resolución.

Ante el tercer intento, el presidente de Coparmex sostuvo que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que tendrá la responsabilidad de frenar la ambición del morenista. «Vencerá la legalidad», señaló.

En mi columna de ayer hacía mención del caso de Baja California, en donde la legislatura local le aprobó al gobernador de Morena, Jaime Bonilla, que su periodo se extienda para durar cinco años y no dos, que fue el tiempo para el cuál lo eligieron los bajacalifornianos el pasado 2 de junio.

El Congreso había determinado desde 2014 que quien ganara las elecciones del 2 de junio de 2019 duraría dos años en el cargo, con la intención de hacer concurrentes los comicios locales y federales en 2021. Pero Bonilla, quien desde antes de la elección tenía casi veinte puntos de ventaja sobre el segundo lugar, el candidato del PAN, Oscar Vega Marín, no estaba conforme con esta regla electoral. Intentó hasta el último momento que el Tribunal Electoral local modificara la regla para dejar la gubernatura de un sexenio. El PAN impugnó este intento de Bonilla.

Hasta cuatro días antes de la elección estaba en duda si el Tribunal Electoral Federal resolvería en favor del PAN, que pedía no modificar esta regla plasmada en la Constitución, o de Bonilla. El fallo fue mantener la gubernatura en dos años.

Aun después de haber recibido su constancia como gobernador electo, Bonilla no se dio por vencido. El 14 de junio presentó un recurso para echar atrás el dictamen que resolvió que el periodo de su mandato duraba dos años. Finalmente, el lunes pasado se salió con la suya con el extraño apoyo del PAN en el congreso local para ampliar su mandato de dos a cinco años.

La Cámara de Diputados local está integrada por tres diputados de Morena; cinco del PRI; una del PRD; una del PT; uno de Movimiento Ciudadano; dos de dos partidos locales y 12 del PAN. Por ello, sin el apoyo del PAN, la ampliación del mandato de Bonilla era imposible. Pero resulta que 9 de los 12 diputados del PAN, además del resto de la legislatura, votaron en favor de ampliarle el mandato a Bonilla, lo que apuntaba en mi columna de ayer.

Solo tres diputados del PAN no votaron en favor de la iniciativa: Miguel Osuna Millán, que votó en contra; Eva María Vázquez y Andrés de la Rosa, quienes estuvieron ausentes de la sesión.

Esto se logró a través de una negociación entre el saliente gobernador del PAN, Kiko Vega, y el gobernador electo, Jaime Bonilla. Vega negoció que los diputados del PAN votaran en favor de la extensión del mandato a cambio de nombrar a su amigo cercano, Carlos Montejo Oceguera, como titular de la Auditoría Superior del Estado.

Montejo Oceguera, designado la misma noche del lunes en sesión extraordinaria del mismo congreso local, tendrá que fiscalizar las cuentas públicas de Kiko Vega del 2017-2019 y las del actual gobernador y su sucesor ya que el cargo concluye hasta 2027. Así, cualquier irregularidad en la gestión de Vega quedará bien resguardada por su amigo y futuro auditor.

Este voto del PAN local fue contrario a lo que el dirigente nacional, Marko Cortes, había adelantado. Por ello Cortés ha dicho que va a expulsar a los diputados locales del PAN y que va a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Esto podría implicar un choque de trenes de dos instituciones: la SCJN y el Tribunal Electoral Federal.

Cada uno tendrá que pronunciarse sobre el tema. La Suprema Corte sobre la constitucionalidad o no del la reforma y el Tribunal Electoral Federal sobre la legalidad de la modificación ya que Bonilla fue electo por un periodo de dos años y no de cinco.

 

Columna completa en El Universal

Con 74 votos a favor, ninguno en contra y 29 abstenciones, el Senado aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Austeridad Republicana, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los legisladores dictaminaron sobre la minuta que recibieron de la cámara de Diputados, imponiéndose la mayoría de Morena y sus aliados sobre el bloque del PRI, PAN y PRD que venían trabajando desde la semana pasada a la que se hicieron 28 modificaciones.

La Ley de Austeridad es una ley de orden público e interés social, la cual tiene por objeto regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se disponga se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.

«Se destaca la importancia de generar ahorros presupuestales para canalizarlos al desarrollo productivo, en beneficio de los que más lo necesitan», indicó el presidente de la comisión de Hacienda, Alejandro Armenta.

«La situación económica que viven las familias de nuestro país vuelve necesaria la eliminación de los privilegios y los derroches de la alta burocracia y la función pública», abundó el morenista.

Los objetivos de la Ley son: establecer la austeridad republicana como un valor fundamental y principio orientador del servicio público mexicano; fijar las bases para la aplicación de la política pública de austeridad republicana de Estado y los mecanismos para su ejercicio; establecer las competencias de los entes públicos en la materia; enumerar las medidas que se pueden tomar para impulsar la austeridad republicana como política de Estado; establecer medidas que permitan generar ahorros en el gasto público para orientar recursos a la satisfacción de necesidades generales, y crear el mecanismo de operación y evaluación de la política de austeridad republicana de Estado.

La Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado de la República que transforma el Banco Nacional de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) en el Banco del Bienestar, con lo que nueva entidad propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cobrará vida de manera formal.

El Pleno la aprobó en lo general con 268 votos a favor, 48 en contra y 11 abstenciones; y posteriormente en lo particular con 207 votos en pro, 65 en contra y 10 abstenciones.

El documento fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El dictamen reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Bansefi, comenzando por su denominación, para quedar como Ley Orgánica del Banco del Bienestar.

Según lo expuesto en el dictamen, el Banco del Bienestar tendrá carácter de Sociedad Nacional de Crédito e Institución de Banca de Desarrollo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, entre cuyas funciones estará el dispersar los recursos destinados a subsidios y programas sociales del gobierno federal, sujetos a reglas de operación de las dependencias y entidades.

Recordemos que el pasado 30 de abril, la Cámara alta aprobó el documento y lo remitió a la Cámara de Diputados, donde fue dictaminado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Al fundamentar el dictamen, la bancada de Morena indicó que con el Banco del Bienestar se fortalece la presencia del Estado mexicano en el sistema financiero nacional y se da un paso importante para reorientar el desarrollo económico y social del país.

Además, defendieron que se alinea a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, recién avalado, ya que se plantea la inclusión financiera de todas las personas, priorizando a los grupos históricamente discriminados o en territorios de alta marginación.

Finalmente, expusieron que se combatirán las desigualdades sociales que excluyen del desarrollo a las personas de la tercera edad, los discapacitados, los jóvenes sin trabajo y sin estudios y a miles de estudiantes.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado, confió en que el Congreso de Estados Unidos ratifique el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues indicó que con ese paso, no habría nuevas «amenazas” de imponer aranceles a nuestro país por parte del presidente Donald Trump.

“Si cobra vigencia el Tratado de Libre Comercio, el nuevo T-MEC con Estados Unidos y con Canadá, pues ya sería impensable que de repente el presidente Trump amenazara con tarifas comerciales unilaterales”, indicó Delgado Carrillo.

El también coordinador de la bancada de Morena, sostuvo que habrá un “lobby muy intenso” con los congresistas norteamericanos, quienes deben de terminar de convencerse de los beneficios del acuerdo comercial.

Detalló que se ha reunido con congresistas norteamericanos; tanto republicanos como demócratas, aunque son éstos últimos quienes han puesto alguna resistencia, mientras que los primeros lo impulsan, toda vez que es un convenio promovido por el mandatario estadounidense.

“Los demócratas no le quieren dar esta victoria política al presidente Trump, pero ante la amenaza de los aranceles, me parece que está cambiando un poco la perspectiva de los demócratas”, comentó.

Dijo que no se puede estar con esta incertidumbre de que de repente el presidente Donald Trump amenace con imponer aranceles y poner en riesgo no sólo la aprobación del T-MEC, sino muchos intereses y flujos comerciales que ya existen entre los tres países.

Ante el cuestionamiento de la prensa, Mario Delgado Carrillo, aseguró que la Guardia Nacional tiene la facultad para detener a personas indocumentadas en las fronteras norte y sur del país, para contener el flujo migratorio.

“Nosotros aprobamos en la ley de la Guardia Nacional sus facultades, entre las que se encuentra el ser auxiliar del Instituto Nacional de Migración (INM), tal como lo está desarrollando la Guardia Nacional. No está haciendo nada para lo cual no tenga permiso en la ley”, declaró el legislador en respuesta a los señalamientos que la oposición ha hecho en recientes días.

Rechazó que se le esté dando prioridad al tema migratorio sobre el de la seguridad del país que, dijo, es la principal tarea de la Guardia Nacional.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, escribió una carta a los líderes demócratas en el Congreso en la que dice que deberían aprobar el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) antes de discutir cualquier proyecto de ley sobre infraestructura.

«Antes de pasar a la infraestructura, es mi firme opinión que el Congreso primero debe aprobar el importante y popular acuerdo comercial T-MEC. Una vez que el Congreso haya aprobado el T-MEC, deberíamos poner nuestra atención en un paquete de infraestructura bipartidista», escribió Trump en la carta.

La misiva fue dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al demócrata de mayor rango en el Senado, Chuck Schumer.

El gobierno de Trump concluyó las negociaciones con Canadá y México sobre un acuerdo comercial para reemplazar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero aún no ha sido aprobado por el Congreso y requiere del respaldo de los demócratas.

La semana pasada, la Casa Blanca anunció que levantaría los aranceles al acero y el aluminio de Canadá y México, un importante obstáculo para la aprobación del acuerdo, pero varios demócratas han expresado preocupaciones sobre otras partes del tratado.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió esta tarde la declaratoria de validez de las reformas a los artículos 3 ,31 y 73 de la Constitución en materia educativa.

Tras declarar su constitucionalidad, la mesa directiva remitió las reformas al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación, tal como lo indicó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que la noche de ayer, la Reforma Educativa logró el respaldo de 17 Congresos locales; estados como Morelos, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Colina y Zacatecas la aprobaron la semana pasada o durante el fin de semana.

Hidalgo, Tlaxcala, Campeche, Chihuahua Sinaloa, Veracruz, Nayarit, Nuevo León, Durango, Guerrero y Baja California Sur hicieron lo propio esta semana.

Con la declaratoria constitucional, queda cancelada oficialmente la reforma educativa implementada por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

La nueva reforma entrará en vigor a partid de mañana 16 de mayo, una vez que aparezca publicada en el DOF.

Por mayoría de votos, el Congreso de Tlaxcala, avaló el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa.

Con lo anterior, el Congreso de Tlaxcala se convirtió en el octavo estado en aprobar el dictamen enviado por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Martí Batres Guadarrama, respecto a la reforma Constitucional en materia educativa.

Fue durante una sesión extraordinaria efectuada la tarde de este lunes, que los Congresistas tlaxcaltecas manifestaron en su mayoría estar a favor de la enmienda a la Carta Magna.

El proyecto fue avalado por las fracciones parlamentarias de Morena, Encuentro Social, PT, PRD, y por las representaciones del Partido Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, y Verde Ecologista de México; mientras que la bancada del Partido Acción Nacional mostró su inconformidad al votar en contra de Decreto.

La mayoría de los legisladores coincidieron en que el principal logro de la nueva Reforma Educativa es el aval de una educación gratuita desde el nivel preescolar hasta la universidad.

Asimismo, expusieron en que la Educación es un tema medular para el desarrollo del país, y se congratularon porque uno de los ejes principales en la administración del mandatario federal se esté consolidando.

 

El senador de Morena, Martí Batres, anunció este lunes que presentará una iniciativa ante la Comisión Permanente para establecer un tercer periodo ordinario de sesiones, que abarque los meses de junio y julio de cada año.

Destacó que hay una tendencia internacional para ampliar los periodos ordinarios y fortalecer al Poder Legislativo, dijo que estos casos han ocurrido en países como Brasil, Guatemala, Argentina o Ecuador.

El presidente de la Mesa Directiva explicó en conferencia de prensa que “estamos viviendo un proceso de transformación en el país”, que implica una gran cantidad de reformas legales y constitucionales, que deben ser atendidas por los legisladores.

Tan solo por la Reforma Educativa, agregó Batres Guadarrama, se tendrá la necesidad de reformar diversas leyes secundarias en materia de educación y de convocar al Senado para que pueda designar a los miembros del órgano público que estará encargado del sistema de formación continua docente.

Dijo que en la actualidad se está en plena discusión de las leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, “por lo tanto, eso hace necesario hablar de la necesidad de un tercer periodo ordinario”.

El legislador dijo que su iniciativa pretende reformar los artículos 65 y 66 de la Constitución Política, a fin que este tercer periodo ordinario de sesiones, inicie el primero de junio y concluya el 31 de julio de cada año.