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Francia vivió este lunes un día histórico al incluir la garantía del aborto en su Constitución, convirtiéndose en el primer país del mundo en dotarse de este tipo de salvaguarda para proteger la interrupción del embarazo.

“Histórico”, “victoria”, “orgullo”, fueron algunos de los adjetivos que emplearon la gran mayoría de líderes de grupos políticos en la sesión extraordinaria del Congreso del Parlamento, que reunió el Palacio de Versalles a la Asamblea Nacional y al Senado para aprobar formalmente la reforma constitucional.

Al final 780 parlamentarios votaron a favor de la reforma constitucional y solo 72 lo hicieron en contra, logrando una votación por encima de los tres quintos requeridos para sacar adelante la primera modificación de la Carta Magna desde 2008.

El cambio aprobado incluye la expresión en el artículo 34 de que la Constitución francesa, señalará que “la ley determinará la forma en que se reconoce la libertad garantizada de las mujeres a recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo”.

“Su cuerpo les pertenece y nadie puede disponer de él en su lugar”, sostuvo el primer ministro, Gabriel Attal, en la intervención que abrió la sesión.

Ausente del Congreso, por la imposibilidad del presidente de influir en el Legislativo, Emmanuel Macron reaccionó a través de la red social X, donde expresó el “orgullo francés” y el “mensaje universal” que lanza el país.

Además, anunció que promulgará la ley el próximo viernes, coincidiendo con la jornada internacional de los derechos de la mujer, y lo hará, por vez primera, en una ceremonia pública que tendrá lugar frente al Ministerio de Justicia.

Macron, decidió lanzar esta reforma constitucional después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogó en junio de 2022 el reconocimiento federal al derecho al aborto, dejando su autorización en manos de cada estado.

Por ello, muchas de las intervenciones de este lunes señalaron ese fallo judicial, igual que otras restricciones al aborto ya aprobadas o en proyecto, como en Polonia, Hungría o en Argentina del presidente Javier Milei, como un recordatorio de que los derechos pueden perderse.

La nota discordante la puso la líder ultraderechista Marine Le Pen, quien aseguró, en unas declaraciones al llegar al Palacio de Versalles, que el peligro contra el aborto “no existe”.

“Vamos a votar esta constitucionalización porque no nos supone ningún problema, pero de ahí a hablar de día histórico no. Es un día instrumentalizado por Emmanuel Macron para su propia gloria”, afirmó la líder del segundo mayor grupo de la Asamblea Nacional.

La reunión del Congreso y la votación, la primera para una reforma constitucional en casi 16 años, estuvo llena de elementos simbólicos.

Fue la primera presidida por una mujer, la presidenta de la Asamblea, Yaël Braun-Pivet, y tuvo lugar a casi cincuenta años de la aprobación de la ley de interrupción del embarazo, que lleva el nombre de la entonces ministra de Sanidad, Simone Veil.

Precisamente el primer ministro llegó a Versalles acompañado por el hijo de Veil, Jean, que asistió invitado a la sesión, en la que hubo un aplauso de homenaje a la figura política de su madre, que tras sobrevivir a Auschwitz fue ministra en varias ocasiones y llegó a presidir el Parlamento Europeo.

La garantía del aborto en una Constitución nacional solo tiene un precedente histórico, en 1974 en la desaparecida Yugoslavia, aunque esa garantía se extinguió con el final de ese país.

Los chilenos definirán este domingo en un plebiscito si mantienen la Constitución de la dictadura de Pinochet o adoptan más conservadora que podría eliminar la restringida ley de aborto y endurecer el trato hacia la migración irregular.

Recordemos que Chile inició hace cuatro años un proceso para reemplazar la Constitución que en 1980 elaboró el régimen de Augusto Pinochet, ante las protestas de 2019 en reclamo de mayor igualdad social.

Cuando el país se vio envuelto en masivas y violentas manifestaciones, las fuerzas políticas acordaron iniciar el proceso de reforma. Un año más tarde, en 2020, con el 80% del respaldo de los chilenos, se  aprobó iniciar el camino hacia una nueva Constitución.

La propuesta de la asamblea constituyente, dominada por la izquierda, preveía cambios de fondo, como el derecho al aborto. Pero el proyecto fue a plebiscito en septiembre de 2022 y fue rechazado por un contundente 62%.

Entonces, se inició un segundo proceso constitucional liderado por un consejo elegido por voto popular y que terminó dominado por el ultraderechista Partido Republicano, que sedujo a los ciudadanos con su discurso de mano dura contra la inseguridad que asocia principalmente con la migración venezolana.

El gobierno de Boric apoyó con fuerza el primer proyecto de Constitución, pero se ha mantenido al margen de la discusión sobre la segunda propuesta.

Las encuestas, que por ley se dejaron de difundir hace dos semanas, anticipan un nuevo rechazo, aunque el alto número de indecisos podría cambiar la tendencia.

Aunque la actual Constitución pasó por varias reformas que eliminaron sus normas más autoritarias, todavía divide a este país de casi 20 millones de habitantes, con un 70% que nació después de la dictadura.

En los últimos cuatro años, los chilenos han acudido a nueve elecciones, entre ellas las presidenciales en la cual resultó electo el mandatario Gabriel Boric, de 37 años, que apoyó el primer proyecto.

En ese sentido, desde la oposición, la elección se ha planteado como un referéndum sobre la gestión de Boric, quien en marzo llegará a la mitad de su mandato. “¡Boric vota en contra; Chile vota a favor!”, señala la publicidad opositora.

De manera sorpresiva, Arturo Zaldívar dio a conocer la tarde de ayer su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar que sus aportaciones en el Máximo Tribunal del país se han vuelto marginales.

Tan pronto dio a conocer su decisión, la Corte emitió un comunicado en el que señaló que se encuentran a la espera de lo que resuelva el Ejecutivo y el Senado de la República, aunque recordó que conforme a lo dispuesto en la Constitución, las renuncias de los Ministros solamente procederán por causas graves.

En ese sentido, en su carta, Zaldívar adelantó que a partir de ahora se sumará a la consolidación de la “transformación” de México, como López Obrador se refiere al movimiento político que encabeza.

Dos horas después de hacer pública su renuncia, la virtual candidata de Morena a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, compartió en redes sociales una foto con el ministro, con quien dijo, acordó trabajar juntos para avanzar en la transformación del país.

Al respecto, esta mañana, en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el ministro aseguró que pese a los señalamientos que se han hecho en torno a su decisión, su renuncia sí se ajusta a lo que establece la Constitución.

“Hay quienes han salido de manera espontanea a decir que no es causa grave, es causa grave, la causa grave no es una causa trágica, de enfermedad o discapacidad, es una causa importante y trascendente, primeramente a juicio del ministro que presenta su renuncia. En los antecedentes no hay un contenido único que puede tener diversos contenidos específicos dependiendo las consecuencias”, explicó Zaldívar.

Respecto a las acusaciones que rápidamente se hicieron sobre su posible participación en la campaña de Claudia Sheinbaum, o en llegado el momento en su eventual Gobierno, el ministro aseguró su renuncia no se debió a la búsqueda de un cargo público.

“Voy a sumarme a u proyecto político social en el que creo. Me sumo con una mujer a la que admiro, sensible, que no tengo duda que va a ser una gran presidenta”.

Cuestionado sobre su intención de buscar llegar a la Fiscalía General de la República (FGR), rechazó que sea algo que tenga contemplado, asegurando que “yo ya fui ministro presidente de la Corte, el más alto cargo de un litigante”.

Recordemos que los artículos 101 y 95 fracción VI de la Constitución establecen que un ex ministro está impedido de ser Fiscal General, Secretario de Estado, Gobernador, Senador o Diputado antes de dos años de concluir su función en la Corte; sin embargo, al haber presentado su renuncia, dicho tiempo de espera podría comenzar a correr en el momento en que se acepte su renuncia, por lo que estaría en posibilidad de ocupar un cargo en el próximo sexenio.

La renuncia de Zaldívar fue aceptada por el presidente López Obrador tal como se preveía dada la cercanía que guarda con el ministro; y es que además eso le permitiría al Ejecutivo la oportunidad de nombrar a un nuevo ministro afín en la Corte.

La renuncia será ahora turnada al Senado, que deberá aprobar su dimisión.  Será en ese momento cuando el presidente proponga a su reemplazo, con lo que 5 de los 11 ministros de la Corte habrán sido nombrados por él, un número crucial al considerar que se requieren ocho votos para declarar inconstitucional una ley y crear jurisprudencia.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Pedro Salazar, investigador del instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre la renuncia de Zaldívar, el proceso que deberá seguir y las implicaciones que tiene.

Los 50 consejeros que escribirán la nueva Constitución de Chile, en su mayoría de derecha, se instalaron este miércoles para iniciar la redacción del texto que reemplazará a la carta magna vigente desde la dictadura militar.

Es el segundo proceso constitucional que vive el país en nueve meses. El primero concluyó en septiembre con un contundente rechazo del electorado a un proyecto escrito por una convención izquierdista.

La Comisión Constitucional, se instaló en la antigua sede del Congreso en la capital chilena, donde trabajará hasta el 7 de noviembre próximo, cuando entregará un texto que será sometido a un plebiscito el 17 de diciembre.

A la ceremonia asistieron lideres de los tres poderes, incluido el presidente Gabriel Boric, quien durante una breve intervención dijo que esperaba que las distintas partes sean capaces de “ceder lo que sea necesario” y escribir una Constitución “donde quepan todos”.

Y es que el órgano redactor estará dominado por el ultraderechista Partido Republicano que ganó 22 de los 50 escaños del consejo. Esa fuerza obtuvo, además, el poder de veto del texto. La derecha tradicional obtuvo 11 escaños, mientras que la izquierda más cercana a Boric logró 16. Además hay un consejero indígena.

A diferencia del proceso anterior, en el actual predomina la ultraderecha. Si logra sumar fuerzas con la derecha tradicional tendrían los anhelados tres quintos de los votos que les permitirían incorporar, rechazar o modificar normas, ante una minoría oficialista.

Tras elegir a su directiva el órgano redactor recibió un anteproyecto constitucional elaborado por un Consejo de Expertos con 12 bases constitucionales, entre ellas que Chile es un Estado social y democrático de derecho, que existe separación de poderes y que reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación.

Los cinco derechos sociales incluidos en el anteproyecto: la salud, educación, seguridad social, vivienda y agua, fueron aprobados por unanimidad.

Si el texto es aprobado en el referendo popular de diciembre, será promulgado por Boric y entrará en vigor con su publicación en la gaceta oficial. Ese mismo día la carta magna vigente desde hace 42 años quedará derogada.

Si se rechaza, seguirá vigente la actual y un posible tercer proceso debería ser aprobado por el Congreso, aunque el mandatario señaló que ante una eventual desaprobación durante su gobierno no iniciará otro intento.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reprochó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por invalidar, en su totalidad, su decreto para blindar la información de los “proyectos prioritarios” al considerarlos como de “seguridad nacional e interés público”.

“El Poder Judicial, en particular la Suprema Corte, están al servicio de la minoría, ellos no tienen ningún aprecio hacia las acciones en beneficio del pueblo raso, no les importa”, dijo al mandatario al ser cuestionado sobre el tema,

López Obrador insistió en que existe un divorcio completo entre la Suprema Corte, que dijo simula impartir justicia, y las necesidades de la mayoría de los mexicanos.

Ayer, el voto a favor de 6 de los 11 ministros del pleno de la SCJN dieron efectos generales a la invalidez, después de una controversia constitucional emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que alegó que impedía el acceso a la información por parte de la ciudadanía.

López Obrador aseguró que ya sabía que la Corte trataría de frenar la construcción de las obras estratégicas de su administración, como el Tren Maya o el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, por lo que dijo, se blindaron con el decreto publicado el horas después del fallo de la Corte.

Denunció que todos los amparos están siendo presentados por un grupo de abogados vinculados a los magistrados.

“Existe una asociación de abogados con estas características que está dedicada a promover amparos en contra de las obras que estamos llevando a cabo, desde la construcción del Aeropuerto (Internacional) Felipe Ángeles (AIFA)”, alertó.

Este grupo, que aseguró que emplea el nombre de Litigio Estratégico, estaría formado por el exministro de la SCJN José Ramón Cossío, quien se ha posicionado en contra de muchas de las medidas de López Obrador; el exsecretario de Gobernación bajo el mandato del presidente Felipe Calderón, Fernando Gómez-Mont; y varios abogados.

“Su especialidad es el tráfico de influencias (…). Este grupo influye mucho en la (Suprema) Corte. Y los que están en la Corte vienen de la época en que no se entendía que los únicos negocios que deben interesar al servidor público son los negocios públicos”, indicó.

Ayer, el ministro de la Corte, Alberto Pérez Dayán, señaló que la democracia no se mide por cómo se llega al cargo, en referencia a la propuesta que Morena promueve desde semanas atrás, sino porque se obliga a que se cumpla todo aquello que la ley establece en beneficio de quienes la merecen.

“El Juez se convierte, a pesar de que su origen no es electoral, en un juez demócrata, porque aquello que se exige se tiene que cumplir a través de sus sentencias”, sostuvo.

Indicó que “estamos fuertes” en la Corte, convencidos de lo que hacen él y sus homólogos. “El día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están, a costa de lo que sea”.

En ese sentido, en su mensaje de esta mañana, el presidente aseguró que la Suprema Corte no defiende la Constitución, sino los intereses de quienes se “sentían dueños de México”.

“Esa es una mentira, ellos no defienden la Constitución. Tan no la defienden, que ellos la violan, tan claro porque no estoy inventando nada, de que hay un artículo, el 117, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República, y ellos ganan cuatro o cinco veces más de lo que yo gano. Que no vengan con demagogia, porque ya no es ese tiempo de que engañaban”, sostuvo.

El gran triunfador de la elección del domingo pasado en Chile, fue el Partido Republicano, de corte político conservador, que se encargará de liderar la redacción de una nueva Constitución.

El fin de semana se llevaron a cabo los comicios para elegir a quienes redactarán una nueva Constitución.

Los chilenos favorecieron precisamente al grupo que se ha pronunciado en contra de modificar la carta magna escrita por la dictadura, en lo que se ha interpretado como un golpe al actual gobierno de izquierda que ya ve la necesidad de hacer posibles alianzas con grupos más moderados.

Además, los conservadores obtuvieron el poder de veto en el Consejo Constitucional tras obtener 23 de los 50 redactores.

El bloque izquierdista, cercano al gobierno del presidente Gabriel Boric, obtuvo 16 redactores y la centroderecha 11.

El 78% de los electores chilenos votó en 2021 a favor de cambiar la constitución impuesta por los militares en 1981. Sin embargo, el primer intento para modificar la carta magna fracasó hace ocho meses, cuando una mayoría de chilenos rechazó un proyecto elaborado por una convención izquierdista.

Ahora, la tarea quedará en manos de los conservadores, aunque de antemano, algunos analistas tienen dudas sobre el alcance que podría una nueva Constitución elaborada por el Partido Republicano.

La nueva propuesta de texto debe ser sometida a un plebiscito el próximo 17 de diciembre.

Los republicanos “no quieren una cosa muy distinta” de lo que hoy está en la Constitución, dijo la analista política Marta Lagos, fundadora de Latinobarómetro, una encuestadora que anualmente realiza sondeos en 18 países de la región. “Van a hacer algunas modificaciones, pero va a ser lo mismo”.

En entrevista con la agencia The Associated Press (AP), la experta eestimó que el gobierno de Boric no tendrá “mucho espacio para reformas (y) sólo podrá aprobar aquellas que la derecha quiera”.

No obstante, otros analistas sostienen que sin la mayoría necesaria para controlar por completo la redacción de la nueva Constitución, 30 de los 50 escaños, el Partido Republicano deberá negociar con las otras fuerzas.

En ese sentido, Camila Vallejo, la vocera del gobierno del presidente Gabriel Boric, no descartó aliarse con la centroderecha al interior del consejo.

“Hay una derecha que ha demostrado mayor disposición democrática y esperemos que, tras el resultado del día de ayer, esa disposición democrática no cambie”, declaró Vallejo este lunes.

Los redactores trabajarán sobre un anteproyecto escrito por un grupo de expertos designados por el Congreso y que siguen 12 bases constitucionales, entre ellos el reconocimiento de que Chile es un Estado democrático social de derechos, la protección de los derechos fundamentales, separación de los poderes, un Congreso bicameral y la autonomía del Banco Central, del Ministerio Público y de la Contraloría.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió y turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que deroga el párrafo tercero del artículo 33 de la Constitución Política, el cual prohíbe a los extranjeros inmiscuirse en los asuntos políticos del país y permite al Ejecutivo expulsarlos.

Los cambios que propone al artículo 33 señalan que son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional (mexicanos por nacimiento y mexicanos por naturalización) y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce la Constitución Política, “por lo que queda garantizado su derecho a la libre manifestación de las ideas”.

Esta es una propuesta que ha había adelantado esta semana el presidente en sus conferencias matutinas y que había puesto sobre la mesa meses atrás.

En la propuesta, se establece que el Congreso, previa audiencia y agotado el procedimiento administrativo que señale la ley, “podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras siempre y cuando se acredite que su estancia en el país constituye un riesgo o afectación a la seguridad nacional”.

El presidente de la República plantea derogar el párrafo tercero del artículo 33 de la Carta Magna, que a la letra dice: “Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.

El documento precisa que la redacción del artículo 33 constitucional, en el que se prevén los derechos reconocidos a las personas extranjeras, así como el procedimiento de ley en caso de expulsión, requiere de una actualización en congruencia con el marco constitucional, en el que la defensa y protección de los derechos humanos por parte de las autoridades mexicanas sea la regla, y en el que las excepciones que justifiquen su limitación deben estar perfectamente definidas, fundadas y motivadas.

Justifica que la modificación coincide con lo establecido en el artículo 1º constitucional, que expresamente dispone que en el país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Carta Magna establece.

Menciona que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes, “reconoce la obligación de los Estados de proteger los derechos y deberes de todas las personas, independientemente de su situación migratoria”, en atención a los principios que norman la carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En ese sentido, el coordinador del Grupo Parlamentario de MC, Jorge Álvarez Máynez, dijo que la iniciativa del Presidente coincide con la que previamente presentó su bancada en la materia, en diciembre de 2022.

“La presentamos antes nosotros. Entonces, ojalá se dictaminen en conjunto y salgan en conjunto”, dijo.

En un breve encuentro con los medios de comunicación, el diputado indicó que “es un anacronismo constitucional, un anacronismo jurídico; y nosotros creemos en los derechos humanos, y lo mismo que pedimos para las personas migrantes de México a Estados Unidos y de otros lugares, que se les respeten sus derechos humanos, es lo que debemos de garantizar”.

Sin embargo, el diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, consideró que es una imprudencia del Presidente anunciar una iniciativa de reforma al artículo 33 constitucional.

“No me gusta mucho, y menos en el marco de lo que sucedió con estadounidenses en Matamoros (Tamaulipas); siempre ha sido una facultad de que las cuestiones políticas de nuestro país sean de los mexicanos, si no al rato tendremos dentro de nuestro país opiniones distintas. Más bien deberíamos garantizar la seguridad de extranjeros y nacionales”, dijo el perredista.

A pregunta expresa sobre si el anuncio del titular del Ejecutivo Federal resulta una imprudencia, Espinosa Cházaro respondió: “me parece que sí”. “La vamos a revisar (la eventual iniciativa), no la conocemos a detalle, pero de inicio me parece que no era el momento para presentar algo de esta naturaleza”, remató.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura de la Legalidad elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD), el 49% de los mexicanos considera que la ley se respeta poco en nuestro país y el 21% cree que nada, d

La medición del IBD señala que la población asocia de manera predominante la palabra justicia con “cumplir la ley” (63%), muy por arriba de la palabra “igualdad” que ocupó el segundo lugar (14%).

El 56% afirma estar de acuerdo en que se deben respetar las leyes siempre, incluso aquellas que parezcan injustas.

Por otro lado, destaca que el 53% de la población encuestada respondió que la Constitución cumple con las necesidades de nuestro país, aunque deben hacerse algunos cambios.

En esta edición disminuyó de manera significativa las personas que señalan la necesidad de redactar una nueva Constitución (20%) respecto a lo expresado en 2019 cuando 38% apoyaba una nueva Carta Magna.

El aspecto más mencionado por las personas para mejorar la justicia es “tener policías eficientes y capacitados en derechos humanos” (34%), seguido de “contar con un Ministerio Público confiable, transparente y eficaz” (29%).

24% señala el tener jueves que dicten sentencias apegadas a derecho y basadas en evidencia, mientras que 5% piden cárceles que cumplan su función de readaptación social.

Otro dato relevante medido por la encuesta se relaciona con la justicia digital. 70% de la población dice tener poca o nada de confianza en presentar una demanda a través de Internet; esto debido fundamentalmente a que creen que serán ignoradas.

La principal razón es que no se tiene la seguridad de que se les hará caso; la desconfianza de que llegue la información, la pérdida de información o la manipulación de la misma.

La prisión preventiva oficiosa se mantiene en la Constitución, esto luego de que el proyecto que volvió a presentar el ministro Luis María Aguilar no alcanzara los votos suficientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El planteamiento de Aguilar, que planteaba se revisara caso por caso y no de forma automática, requería ocho votos a favor; sin embargo, no alcanzó el respaldo necesario y se quedó en seis.

Sin embargo, en la sesión de este jueves, el Pleno de la Corte aprobó invalidar fragmentos del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que establecían que algunos delitos fiscales ameritarán prisión preventiva oficiosa.

Los delitos en los que ya no aplicará de forma automática la prisión preventiva es el contrabando, defraudación fiscal y falsificación de facturas, los llamados factureros a los que el presidente López Obrador ha insistido en señalar desde su llegada al poder.

Así, la prisión preventiva oficiosa expresada en el artículo 19 de la Constitución y en el 167 del CNPP, sigue aplicándose en delitos como el homicidio doloso, genocidio, violación, traición a la patria, espionaje, terrorismo, corrupción y contra la salud. En total se aplica a 16 delitos denominados de alto impacto.

El martes pasado la Corte inició la discusión del nuevo proyecto donde el ministro ponente se propuso otra interpretación semántica del término, de manera que no viole los derechos humanos. Aclaró que no se buscaba eliminarla.

Recordemos que en México existen dos tipos de prisión preventiva: la justificada, que se dicta tras identificar que existe riesgo de que el acusado dañe a la víctima, se fugue o dificulte el proceso penal. Y la oficiosa, que envía a los acusados a prisión mientras duren sus procesos judiciales.

En septiembre pasado, el ministro Luis María Aguilar puso a discusión en la Corte su primer proyecto sobre la prisión preventiva oficiosa, donde se debatió la acción de inconstitucionalidad. Tras la discusión, el proyecto fue rechazado y se concluyó que la Corte no tenía la facultad para modificar la Constitución. 

Chile decide este domingo si aprueba una nueva Constitución tras un debate que inició en 2019, producto del enojo popular contra el modelo de “éxito económico” que acusan, trajo grandes desigualdades sociales.

La Carta Magna sometida a referéndum busca reemplazar una vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet, que a pesar de varias reformas en democracia dejó atada a las leyes del mercado la educación, la salud y el sistema de pensiones, sin que el Estado pueda regular la actividad privada.

Según la mayoría de las encuestas, publicadas hasta el pasado 20 de agosto, el NO al plebiscito tiene una ventaja a días de que los chilenos acudan a las casillas.

Sin embargo, en las calles la campaña del voto negativo no ha movilizado a su gente. Al contrario, el SÍ ha convocado multitudes en fiestas en distintos puntos del país.

Será la primera elección con voto obligatorio en una década y en un país con altísima tasa de abstención en las consultas más recientes. La firma Criteria indicó que 84%, es decir, 12.6 millones de personas tendrían intenciones de ir a votar, lo que podría significar una “revolución participativa”.

La campaña por el Rechazo del grupo “Amarillos por Chile” quitó del primer plano a grandes figuras de la derecha para exponer mejor las dudas de intelectuales y dirigentes de centro e izquierda.

La última evaluación del texto realizado por Criteria indicó que 42% de los encuestados reprueba su contenido según lo que ha escuchado o leído; un 28% lo aprueba aunque lo considera regular y 26% le da una nota sobresaliente.

Los defensores del nuevo texto creen que con este se cambiará un país otrora conservador y con marcadas fracturas sociales por el origen étnico y económico. Consideran que se sientan las bases para un Chile más equitativo. Sus detractores temen en cambio que con su aprobación Chile se dirija al abismo.

Si bien los chilenos dieron señales electorales claras de voluntad de cambio tras el estallido social de 2019, aprobando con 79% de apoyo la redacción de una nueva Constitución por independientes e integrantes electos por la ciudadanía, llegan al cierre de este ciclo sin certezas sobre el resultado del domingo.

Los cambios que mayores divisiones crearon e hicieron que el NO ganara terreno fueron los ajenos a la demanda de derechos sociales, donde hay respaldo transversal.  Pero el planteamiento de una mayor autonomía para los indígenas, derecho a decidir la interrupción del embarazo y controles más estrictos en el poderoso sector minero u otras industrias, en beneficio del cuidado medioambiental, atemorizaron a muchos.

Todo ello en un escenario de desaceleración económica y alta inflación, que ronda el 13% anual.

A solo tres días del plebiscito, el periodista Simón Boric, hermano del presidente de Chile Gabriel Boric, fue agredido por manifestantes en el centro de Santiago, en medio de protestas aisladas pero varias con mucha violencia.

La Convención Constitucional chilena le entregó este lunes al presidente Gabriel Boric una propuesta de nueva constitución que será plebiscitada en septiembre y, si es aprobada, reemplazará a la impuesta por la dictadura militar hace 41 años.

La propuesta, con 388 artículos y 57 disposiciones transitorias, fue entregada al mandatario por la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, en un acto formal en el ex Congreso de la capital chilena. En la misma ceremonia Boric firmó el decreto que convoca a un plebiscito de participación obligatoria el próximo 4 de septiembre.

“Me siento honrada de presidir este momento histórico”, dijo Quinteros antes de entregarle a Boric una edición de la propuesta. Añadió que ésta “nos devuelve la esperanza al permitirnos hablar en la constitución de dignidad, inclusión, de igualdad”.

“Más allá de las legítimas diferencias que puedan existir sobre el contenido del texto”, todos deben estar orgullosos de que en la profunda crisis de 2019, con un estallido social y multitudinarias protestas, “los chilenos y chilenas optamos por más democracia, no por menos”, enfatizó el mandatario tras recibir la propuesta.

Boric destacó que el plebiscito no es ni debe ser un juicio al gobierno, sino que es el debate sobre el futuro y el destino de Chile, en alusión a su desaprobación, que no deja de subir y se ubicó en un 61% frente a una aprobación de 34%, según la encuesta semanal Cadem, empujada especialmente por la inseguridad ciudadana ante un incrementó de la delincuencia armada y a una oleada inflacionaria que en doce meses acumula un 11.5%.

Concluido el pleno y a un año de su instalación, la Convención se disolvió. El martes comenzará la campaña electoral para el referendo.

La propuesta señala en su primer artículo que “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico”, con una democracia paritaria. Además, reconoce la existencia de 11 pueblos originarios que representan el 12,8% de los 19 millones de habitantes.

Los chilenos tendrán dos alternativas en el plebiscito de septiembre: votar “Apruebo” y aceptar la Ley Fundamental propuesta por la Convención, integrada mayoritariamente por izquierdistas, o votar “Rechazo” y quedarse con la constitución impuesta por la dictadura militar de 1973 a 1990 que, aunque ha sufrido decenas de reformas, sigue siendo ilegítima en su origen.

Hay incertidumbre sobré qué opción triunfará en el referendo. Sondeos públicos de comienzos de año daban un claro triunfo la aprobación, aunque desde abril a la fecha indican que ganaría el rechazo.

La nueva carta magna también incluye nuevos derechos, entre ellos “a una vivienda digna y adecuada” e igual remuneración por igual trabajo para hombres y mujeres.

El 4 de septiembre ganará la opción que obtenga la mitad más uno de las preferencias de los 15 millones de chilenos convocados a votar, en un país en el que la abstención bordea el 50%.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó esta tarde la porción normativa del artículo 1º, párrafo segundo, de la Constitución de Nuevo León, que establecía la tutela del derecho a la vida desde el momento de la concepción.

Es decir, reiteró su criterio en el sentido de que las entidades federativas carecen de competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de “persona” y la titularidad de los derechos humanos, pues ello corresponde en exclusiva a la Constitución General.

Además, la Corte consideró que la pretensión de otorgar el estatus de persona al embrión o feto y, a partir de ello, adoptar medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes, resultaba inconstitucional.

De acuerdo con precedentes, si bien el producto de la gestación merece una protección que se incrementa con el tiempo a medida que avanza el embarazo, ello no puede desconocer los derechos a la libertad reproductiva y, en particular, el derecho a interrumpir el embarazo en determinados supuestos.

Por ello, sostuvo que los principales esfuerzos del Estado para proteger la vida en gestación, como bien constitucionalmente valioso, deberán encaminarse a proteger efectivamente los derechos de las mujeres y de las personas gestantes, por ejemplo, ocupándose en la continuidad de los embarazos deseados; garantizar atención prenatal; proveer partos saludables y abatiendo la mortalidad materna, entre otros aspectos.

Recordemos que desde septiembre de 2021 la Corte declaró inconstitucional que los estados protejan en sus leyes el derecho a la vida desde la concepción.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)aprobó el monto del financiamiento público de los partidos políticos nacionales para el año 2022, que asciende de forma global a 5 mil 821 millones 851 mil 704 pesos.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aclaró que el dicho monto no lo decide el INE, sino que se calcula conforme a la fórmula establecida en el art. 41 constitucional; por ello, dijo,  este recursos no admite debate o negociación alguna, ni para el Instituto ni para la Cámara de Diputados que determina el presupuesto anual de la federación.

“La Constitución establece una fórmula precisa, los factores que se deben utilizar en ella y el INE únicamente puede y debe aplicar dicha fórmula, una fórmula que no está sometida a interpretación ni a posibles variaciones por parte de esta autoridad electoral. No es un monto que el INE arbitrariamente define”, dijo Córdova Vianello.

La Consejera Dania Ravel expuso que, al no haber concluido la pasada elección federal, ya que existen impugnaciones en torno a los resultados y la posibilidad de pérdida de registro de algún partido, aún no es posible definir los montos que se asignarán a cada partido.

“Cuando se tenga certeza del número de partidos políticos nacionales que conservarán su registro estaremos en condiciones de determinar con certeza el monto que corresponderá a cada fuerza política con base en los resultados definitivos de las elecciones de diputaciones federales 2020-2021”, expresó.

No obstante, detalló, se realizó el cálculo de los rubros para actividades específicas, así como el monto asignado para franquicia postal y telegráfica que a pesar de que esta última no se ocupa desde 2008, no puede dejar de calcularse al estar prevista en la ley y el INE debe garantizarla en función de la siguiente distribución:

Rubro de financiamiento público Monto de financiamiento público
Sostenimiento de actividades ordinarias permanentes $5,543,960,204
Actividades específicas $166,318,806
Franquicia postal $110,879,204
Franquicia telegráfica $693,490
Total $5,821,851,704

 

En tanto, la consejera Norma De la Cruz indicó que cada uno de los institutos políticos que recibirán parte de estos recursos tienen la responsabilidad de ejercerlos con trasparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas.

Llamó a los partidos a cuidar el presupuesto y que su ejercicio sea apegado a los principios de racionalidad, austeridad, fiscalización y rendición de cuentas, conscientes de la situación económica mundial y de la exigencia ciudadana de cuidar hoy más que nunca los recursos públicos.

“Recordemos, es dinero de los impuestos y del trabajo de la gente, es el dinero de todas y de todos, tenemos una responsabilidad frente a la ciudadanía y ésta nos exige ser muy transparentes en el gasto”, concluyó.

El Consejero Uuc-kib Espadas aseguró que un financiamiento público en las campañas evita que el conjunto de las elecciones dependa del favor de los dueños del dinero, ya que su costo puede implicar comprometer el erario público durante las gestiones de los gobernantes electos.

“Vamos a gastar 5 mil 800 millones de pesos aproximadamente en financiar a los partidos políticos, el dinero mejor gastado que habrá el próximo año en la República, puedo pensar en muy pocas cosas mejor compradas y tan valiosas que la aportación a la pluralidad, la equidad y la competencia limpia por las elecciones que de este gasto que se hará de 44 pesos por persona para el próximo año”, agregó.

Refirió que, si bien 5 mil millones puede ser considerado mucho, significa apenas nueve centavos de cada 100 pesos que México invierte en el Estado plural, por lo que afirmó no se trata para nada de un gasto desmedido, excesivo, oneroso o abusivo, sino  de un gasto correcto destinado a uno de los mejores fines que es garantizar que las fuerzas políticas compitan por sus méritos y no por su capacidad de reunir dinero.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó este lunes la iniciativa “Guardianes de la Constitución”, que pretende vigilar la constitución e ir contra reformas que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

En conferencia de prensa, desde el Teatro de la República en Querétaro, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, señaló que esta es una iniciativa social “en defensa de la Constitución y de su cumplimiento”.

“Guardianes de la Constitución funcionará como un observatorio que vigilará las violaciones a la constitución para llevar un recuento hasta que estas sean resueltas a través de suspensiones temporales y definitivas. Confiamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que será la que decida cuál es la situación de dichas reformas”, indicó Medina Mora.

La iniciativa busca actuar en casos como los de la Ley de la Industria eléctrica o la de Hidrocarburos, o en la ley que amplía el mandato del presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar. También va contra la que obliga a entregar los datos biométricos a empresas de telefonía móvil, pues señaló que esta atenta contra los derechos humanos.

Medina Mora dijo que además de fortalecer a las instituciones, el objetivo es crear “alertas constitucionales” cuando se hallen elementos que vayan contra la Constitución.

Afirmó que en el momento en que se apruebe una ley que va en contra de la Constitución, inmediatamente se podrá emitir una alerta constitucional, para que esta quede visible y se dé seguimiento hasta que esta sea resuelta eventualmente por la Suprema Corte.

Medina Mora argumentó que “no se necesitan más leyes”, sino que se cumplan las ya existentes y que “no haya nada ni nadie por encima de la Constitución.

El presidente nacional de Coparmex llamó a gobernantes, legisladores e integrantes del Poder Judicial a cumplir con el juramento que hicieron al tomar posesión de su encargo de  “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”, pues es un compromiso legal y moral con los mexicanos al que deben ceñirse en todo momento.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que en evidente violación a la presunción de inocencia y a las garantías del debido proceso, se giró una orden de aprehensión en su contra, a pesar de que el Congreso de Tamaulipas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron que se mantiene vigente e intocable el fuero que la ley le otorga.

A través de un posicionamiento público, el mandatario denunció que no se le ha dejado defenderse, pues no se le ha permitido conocer y comparecer a la carpeta de investigación.

El panista sostuvo que la orden de aprehensión que obtuvo la Fiscalía General de la República (FGR) demuestra que se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores y a los ciudadanos críticos a la gestión del gobierno federal, y de su partido.

Añadió que todo coincide con que la preferencia electoral de los ciudadanos a favor de Morena va en “franco declive”.

“No es casualidad que la existencia de la orden de aprehensión se hubiese difundido en primera instancia por militantes del partido en el gobierno. Eso solo significa que la decisión de proceder en mi contra se tomó en Palacio Nacional”, enfatizó el mandatario estatal.

Adelantó que como lo ha hecho desde que que iniciaron los ataques en su contra, se defenderá de “frente” a las falsas imputaciones, pese a reconocer que el piso no es parejo y que la ley ha quedado “sepultada por el capricho”.

Sobre los señalamientos que hizo el gobernador, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que es una cuestión que está tratando la Fiscalía, que recordó, es autónoma; se deslindó de las acciones que se han emprendido.

“Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras como lo son los conservadores. que esa es su doctrina, la hipocresía”, sostuvo AMLO.

Al decir que como titular del poder Ejecutivo no puede encubrir a nadie y actuar como tapadera, pidió dar a conocer el oficio que el gobierno de Estados Unidos envió a México solicitando información del gobernador en relación a una investigación que llevan a cabo por el posible delito de lavado de dinero.

Explicó que si no compartía el oficio, los adversarios tendrían elementos para decir que todo se trata de una persecución política, lo cual negó; aunque dijo que si se llegaba a dar el caso de que al gobernador se le detuviera en EUA, cómo iba a quedar México, “como tapadera”.

Finalmente, se informó que el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria a nombre de García Cabeza de Vaca, a solicitud de la Fiscalía.

“Con el propósito de verificar, registrar e informar a esta instancia de justicia sobre los movimientos de ingreso y salida de la persona mencionada a través de todos los puntos de internación -aéreos, marítimos o terrestres- del territorio nacional”, indicó el INM.

Porfirio Muñoz Ledo, actual Diputado federal y quien quedó fuera de las listas de Morena de legisladores que buscarían su reelección por la vía plurinominal, anunció que formará un Frente Amplio en Defensa de la Constitución, con la intención de defender la Constitución y a los organismos autónomos.

“Se trata de que defendamos la Constitución, reflexionando y haciendo propuestas. De defender la autonomía de las instituciones como el INE, INEGI, INAI y todos los órganos autónomos constitucionales, producto de un avance democrático en el país que impulsamos muchos sectores”, dijo el legislador en entrevista con el diario Reforma.

Muñoz Ledo aseguró que el Frente al que convocará se separará de la oposición al gobierno y de la coyuntura electoral, indicando que convocará a académicos, juristas, jueces, periodistas, intelectuales y ciudadanos interesados en defender a las instituciones y organismos.

El líder las izquierdas en México se dijo preocupado por el rumbo que está tomando el gobierno federal, pues además de que pareciera estar rodeado de gente de “derecha”, se perfila a convertirse en el “país de un solo hombre”. “Es el momento de pararlo y es un momento por la restauración de la democracia”, dijo el legislador.

Sobre la intención de Muñoz Ledo, el presidente López Obrador aseguró este viernes que está en su derecho aunque no comparte la intención que tendría el Frente.

“Pues que está en todo su derecho, es libre, los ciudadanos somos libres y, además, si se es legislador, pues se tiene más autoridad. Yo desde luego no comparto ese punto de vista, ya lo he expuesto aquí, pero no me puedo oponer a ninguna manifestación de protesta, somos libres”, sostuvo el mandatario.

Sobre el tema, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hizo un exhorto para que se respete la institucionalidad de los diversos órganos autónomos del país.

Y es que ante el anuncio del presidente López Obrador de desaparecer los órganos autónomos mediante la preparación de una reforma administrativa para trasladar sus responsabilidades a las secretarías de Estado, el CCE pidió protegerlos e incluso fortalecerlos, ya que dijo son parte fundamental del Estado de Derecho y la democracia nacional.

“El CCE manifiesta su profunda preocupación por tal anuncio y expresa su rechazo a cualquier iniciativa que pretenda reducir sus funciones o desaparecer a las instituciones catalogadas como autónomas; más cuando se trata de un tema eminentemente constitucional que supera el ámbito administrativo”.

Sostuvo que los diversos entes autónomos son un pilar esencial del andamiaje institucional del país, que han aportado a la consolidación del mismo y contribuyen a aumentar la confianza de la sociedad y de la comunidad internacional en México.