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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se volvió a lanzar contra Carlos Loret de Mola, por publicar un reportaje que revela una presunta red de influencias de uno de sus hijos: Gonzalo López Beltrán, en los contratos del Tren Maya.

“Es Loret de Mola, es muy corrupto Loret de Mola, mucho muy corrupto, hablábamos antes de que hay cosas que no se pueden ocultar y una de esas es el dinero”, respondió el mandatario al ser cuestionado sobre el tema.

Y es que el periodista publicó en Latinus que Gonzalo, conocido como ‘Bobby’, es el articulador de una red de negocios y de tráfico de influencias que controla miles de millones de pesos en la construcción del Tren Maya, obra magna de López Obrador para el sureste mexicano.

Latinus accedió a audios en los que uno de los mejores amigos de Gonzalo, Amílcar Olán, detalla cómo el hijo del presidente da órdenes, supervisa los tramos del Tren Maya y es quien opera el millonario negocio del balasto, piedra triturada que va debajo de las vías.

También obtuvo registros públicos en plataformas de el organismo mexicano de transparencia y en los correos electrónicos que el colectivo Guacamaya hackeó del Ejército el año pasado.

Fiel a su estilo, el presidente evadió responder a lo que se señala en la investigación, es decir, explicar si es verdadero o falso, y cómo él suele decir, si hay pruebas que demuestren que las acusaciones son un invento.

En su lugar, prefirió responder las acusaciones del reportaje reiterando sus acusaciones contra Loret de Mola, a quien le ha exigido publicar sus ingresos y su origen.

“Tiene mucho dinero, nada más que me diga hoy, además lo merecen sus lectores, porque todavía hay mucha gente que le cree, nada más que me informe hoy, nomás, cuánto gana, porque estoy seguro de que gana más de 1 millón de pesos mensuales (casi 59.000 dólares) como periodista”, sostuvo.

No es la primera vez que los hijos de López Obrador afrontan acusaciones de corrupción y tráfico de influencias.

Latinus publicó en mayo pasado que una red de amigos de su hijo Andrés Manuel López Beltrán, Andy, ha obtenido contratos por 100 millones de pesos de la Administración federal.

Además, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló en enero de 2022 que José Manuel López Beltrán y su pareja, Carolyn Adams, ocuparon en 2019 y 2020 una residencia en Houston, Texas, que pertenecía a Keith L. Schilling, ejecutivo de Baker Hughes, que ese año obtuvo un contrato de Petróleos Mexicanos (Pemex), un escándalo conocido como ‘La Casa Gris’.

En tanto, en noviembre de 2021, la revista Proceso y la periodista Carmen Aristegui exhibieron que el programa de reforestación insignia del presidente, Sembrando Vida, se usaba para beneficiar la fábrica de chocolates ‘Rocío’ de los hijos del mandatario en Tabasco, en el sureste del país.

El Gobierno federal reveló este miércoles dos contratos con la empresa de satélites Starlink, del magnate Elon Musk, con un valor máximo conjunto de 3,331 millones de pesos para cumplir con las metas de su programa ‘Internet para todos’.

Tras una licitación pública, el Gobierno anunció que la compañía de Musk obtuvo un contrato para que CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, empresa del Estado, provea internet gratuito con un costo mínimo de 778 millones de pesos y uno máximo de 1,556 millones de pesos.

A este se suma uno para que el Gobierno incremente la cobertura de telefonía celular a comunidades desconectadas con un importe mínimo de 887 millones de pesos y uno máximo de 1,775 millones de pesos.

El contrato consiste en los servicios satelitales de Starlink, que ofrece una órbita baja que, a diferencia de los satélites tradicionales de órbita lejana, tiene menor retraso en las señales y, por ende, una mayor rapidez en la transferencia de datos, expuso el Gobierno.

“Este servicio es de punta, es de los servicios más avanzados que existen en este tema y está hecho, contratado, para poder responder mucho más rápido a la conectividad con todo el país, como se ha prometido”, afirmó Carlos Emiliano Calderón, coordinador de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República al informar sobre el tema en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

Los contratos fortalecen la presencia en México de las empresas de Musk, quien en febrero anunció que Tesla instalará en Nuevo León una planta de vehículos eléctricos con una inversión de más de 5,000 millones de dólares que se perfila para ser la más grande de la compañía y la primera en Latinoamérica.

Calderón justificó el convenio con Starlink al argumentar que, desde que comenzó el proyecto de ‘Internet para todos’ del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Gobierno busca “todas las tecnologías posibles para poder conectar de forma muy rápida a toda la población”.

El mandatario aseveró que, ahora, el 94% de la población ya vive en un lugar con acceso a Internet. “El año próximo vamos a tener ya una cobertura casi total de Internet en todo el país, esto es muy importante”, sostuvo.

Calderón mostró que ahora hay 119.12 millones de personas que viven en un lugar con cobertura de telefonía celular, el 94.5% de la población, por encima de las 115.58 millones, el 91.9%, de hace un año. Proyectó que CFE Telecomunicaciones tendrá 12,629 torres de telefonía móvil para 2024, de las 8,616 actuales.

El político venezolano Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, quien confesó haber recibido 3.8 millones de dólares en sobornos en su país a cambio de contratos petroleros creó, junto a su esposa, tres empresas en México, una de las cuales se volvió contratista del IMSS.Marín Sanguino fue acusado en Venezuela de haber utilizado empresas fachada a nombre de su esposa para hacer negocios con fondos de la petrolera de Venezuela (PDVSA). Incluso en 2019 se giró una orden de aprehensión en su contra, por lo que se mudó a México, donde en abril de 2020 su esposa creó la empresa Neurova Life SA de CV, la cual consiguió antes de un año un contrato en el IMSS para abastecer 361 mil cubrebocas quirúrgicos.Así lo reveló una nueva investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en la que encontró que en 2021 se le otorgó a la empresa un contrato por adjudicación directa. Meses después de eso, el político de origen venezolano se presentó ante autoridades de Estados Unidos y confesó ser culpable de haber recibido sobornos en su país.MCCI tuvo acceso al expediente de la acusación en su contra, presentada ante el Tribunal de Distrito del Sur de Florida, en donde Marín Sanguino es señalado de haber recibido sobornos por alrededor de 3.8 millones de dólares para influir en el otorgamiento de contratos millonarios por parte de PDVSA a empresas ligadas a funcionarios de sus filiales y miembros del Gobierno o Ejército venezolanos entre 2015 y 2017. Según el Acuerdo de Culpabilidad, que firmó con la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida y la Sección de Fraude de la División Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Marín Sanguino se comprometió a cooperar con la investigación y proporcionar información sobre la ruta y el esquema de dinero empleado, así como de las transferencias realizadas. En la acusación se detalla que Marín Sanguino, quien se desempeñó como alcalde de Guanta entre 2008 y 2017, recibió pagos de sobornos por 3.8 millones de dólares para, mediante su cargo, interceder ante funcionarios de Petróleos de Venezuela (PDVSA) para la adjudicación de contratos a empresas señaladas como “co-conspiradoras” como parte de este esquema. Como parte de este esquema ilegal de sobornos, Marín Sanguino recibió numerosas transferencias electrónicas desde cuentas de las compañías a cuentas ligadas a él y a miembros de su familia para su beneficio personal, incluyendo la compra de propiedades en Florida y el uso de jets privados.

Además de Neurova Life, que es proveedora del IMSS, la esposa de Marín Sanguino es socia de otras dos compañías en nuestro país, una que incluye también la comercialización de medicinas e insumos médicos, y otra enfocada en equipo y servicios para actividades petroleras y mineras.El contrato que recibió Neurova Life en el IMSS en marzo de 2021 fue por la compra de cubrebocas de la marca Textilera Poblana de Productos Auxiliares PAM, otra compañía de reciente creación, que había sido constituida en mayo del 2020. MCCI detalló que entre diciembre de 2020 y agosto del 2021, la empresa registrada en Puebla obtuvo 21 contratos de dependencias del Gobierno federal, 17 de ellos con el IMSS, de acuerdo con una búsqueda en Compranet.Después de agosto, cuando MCCI relevó el contrato obtenido por Neurova Life por la venta de cubrebocas de su marca y el vínculo con el político venezolano acusado de corrupción, ya no aparece información pública sobre contratos a nivel federal adjudicados a la empresa poblana, que también fue contratada por la Secretaría de Salud de Durango, según información de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Investigación completa en MCCI

Pemex otorgó 27 contratos por 150 millones de pesos a la división de Baker Hughes en Houston en los primeros cuatro meses en que José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, habitó “La Casa Gris”.

Según documentos que permanecían ocultos y que la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) logró desclasificar, desmienten la versión de Baker Huges, quien tras la publicación del reportaje de “La Casa Gris” en enero de 2022, negó conflicto de intereses al argumentar que su división en Estados Unidos no tenía relaciones de negocios con Pemex.

Sin embargo, el dueño de “La Casa Gris” era Keith Schilling, quien se desempeñaba como presidente de la compañía en Canadá y a la par como director comercial y de ventas en el área de Houston.

“Durante su tiempo en Baker Hugues, él (Schilling) trabajó bajo nuestro grupo de Norteamérica y, dentro de Baker Hughes, México no está bajo el grupo de Norteamérica”, dijo Bob Pérez, presidente de la compañía en nuestro país.

El deslinde fue ratificado por la empresa de servicios petroleros a través de un comunicado en el que enfatizó: “México no está incluido en la región de Norteamérica para Baker Hughes. Internamente, las ventas y operaciones en México están organizados dentro de la entidad separada denominada Latinoamérica”.

No obstante, MCCI tuvo acceso a expedientes que sacan a la luz nuevos contratos que tanto Pemex como la compañía habían negado al descartar un posible conflicto de interés.

Estos contratos fueron adjudicados entre agosto y diciembre del 2019 por Pemex Procurement International (PPI), la filial en Texas de la petrolera mexicana.

Los documentos fueron obtenidos por MCCI tras un proceso que duró 14 meses, aunque Pemex censuró las firmas, por lo que no se puede conocer quién fue el ejecutivo de Baker Hughes que suscribió los contratos.

Investigación completa en MCCI

Foto: MCCI

Pese a que lo denunció para impedir que siguiera hablando de ella en sus mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no quito el dedo del renglón e insistió en que se investigue a la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, por los contratos y ganancias millonarias que ha obtenido de contratos con el gobierno

Xóchitl Gálvez es vista como la aspirante favorita del bloque opositor para ser candidata a las elecciones presidenciales de 2024 y enfrentar al candidato o candidata de Morena.

El mandatario indicó que recibió información de que las empresas de la senadora recibieron contratos por cerca de 1,500 millones de pesos en los últimos nueve años, aunque no explicó quién le proporcionó los datos o de dónde los sacó.

“La información que me llegó es que en nueve años sus empresas, son dos, recibieron tanto de desarrolladores como de los gobiernos, 1,400 millones de pesos. Estamos hablando como de 120 millones por año”, expuso.

Sin embargo, poco después de mediodía, el mandatario compartió un enlace a través de sus redes sociales, donde compartía la información que le había llegado.

Insistió en que dicha información será enviada a Claudio X. González, para que a través de las organizaciones que maneja, investiga los documentos, amplía la información y si es capaz de presentar las denuncias correspondientes.

Al seguir el enlace compartido, Twitter muestra una advertencia. “Fue identificado por Twitter o nuestros socios como posible contenido peligroso o de spam”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, la senadora del PAN aseguró que lo expuesto por AMLO era falso, e incluso le lanzó un reto.

“Reto al presidente López Obrador a que demuestre que en 9 años mis empresas han obtenido contratos por mil 400 millones de pesos. Si me lo demuestra yo renuncio a la candidatura, pero sino puede demostrarlo que él renuncie a la presidencia”, sostuvo.

Tal como lo dijera en días pasados, Xóchitl insistió en que su empresa es establecida, que cuenta con un domicilio fiscal y que paga impuestos. Añadió que es una mujer honesta, trabajadora que empezó su empresa hace 31 años con 40 mil pesos en la bolsa.

Sin embargo, fue en dicha entrevista donde conformó que tuvo contratos por 2 millones de pesos en el sexenio de Vicente Fox; por 14 millones de pesos con Felipe Calderón; de 12 millones con Enrique Peña Nieto y de 17 millones de pesos en la actual administración. Señaló que todos los contratos los ganó su empresa por licitaciones.

En noviembre de 2014, cuando el equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui reveló la llamada “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto, el entonces opositor Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exhortó a las autoridades a investigar al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, por haber sobornado con una residencia en Las Lomas de Chapultepec al presidente de México.

“La Casa Blanca en Las Lomas se la dio como un moche el contratista favorito de Peña, Hinojosa Cantú”, acusó López Obrador en una gira en Chiapas, el 13 de diciembre de 2014.

El morenista afirmó aquel día que la “Casa Blanca” había sido una recompensa a Peña de su “amigo y contratista predilecto”, quien a través de la empresa Eolo Plus “le rentaba los helicópteros y aviones cuando era gobernador del Estado de México”.

Seis años y cuatro meses después de esa acusación, en abril de 2021, el gobierno de López Obrador recurrió a la misma empresa aeronáutica fundada por Hinojosa Cantú, para servicios de apoyo logístico a aeronaves del Ejército.

Una nueva investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que entre las aeronaves de la empresa estaban incluidas aquellas que han servido para trasladar al presidente López Obrador en distintas giras por el país.

En los documentos consta que el primer contacto del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación con Eolo Plus se dio el 21 de abril de 2021.

Ese día, el teniente Adrián Peña Gómez, encargado de cotizaciones de la Fuerza Aérea, escribió al correo electrónico de la directora comercial de Eolo Plus, Karen Suárez, para pedirle información sobre los servicios aeroportuarios que ofrecía la empresa. A la par, el militar conversó con ella por teléfono.

Investigación completa en MCCI

Un juez federal expidió una nueva orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien desde 2019 se encuentra preso en Estados Unidos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR indicó que también fueron girados ordenes de aprehensión en contra de 60 personas, entre funcionarios y particulares, por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, que habrían cometido al defraudar recursos públicos destinados a las prisiones federales.

La Fiscalía detalló que obtuvo de un Juez de Control Federal, órdenes de aprehensión para 61 personas, encabezadas por Genaro “G”, Jonathan Alexis “N”, Mauricio Samuel “N” y 58 individuos más, todos vinculados a los delitos señalados.

De acuerdo con la FGR, durante el paso de García Luna por la SSP, los involucrados “se coludieron” con García Luna y sus socios: Jonathan Alexis “N” y Mauricio Samuel “N”, “para saquear los recursos públicos” del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social (cárceles federales), dependientes de dicha Secretaría.

“Lo anterior, a fin de canalizar esos recursos ilícitos a empresas controladas por Genaro “G”, sus socios y cómplices, tanto del sector público como del privado, a través de 10 contratos ilícitos, por la suma de 5,112 millones de pesos, que fueron sustraídos a través de diversas triangulaciones criminales a nivel internacional”, precisó la FGR.

La Fiscalía señaló que ya se ha solicitado la ficha roja para todos aquellos que se han salido del país y se procederá a las solicitudes de asistencia jurídica internacional para obtener la devolución de los bienes saqueados de la nación.

La dependencia explicó que este procedimiento penal “es independiente a la denuncia que el domingo hizo pública la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), respecto a otro despojo multimillonario en contra de la policía federal, también vinculado con empresas de Genaro García Luna, sus socios y cómplices.

Sobre este nuevo procedimiento, dijo la FGR, “ya se están recabando todas las pruebas necesarias para proceder a la vinculación penal correspondiente y a la recuperación de los bienes sustraídos”.

Recordemos que en febrero pasado, en una corte de Nueva York, Estados Unidos, un jurado declaró culpable por narcotráfico a García Luna.

García Luna encabezó la Agencia Federal de Investigación (AFI), cuyo objetivo principal era luchar contra organizaciones criminales, durante el gobierno de Vicente Fox, y fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.

Un integrante de la red de amigos de Andrés López Beltrán, ‘Andy’, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), también operó en Segalmex, el emblema de corrupción del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) identificó que Hugo Buentello Carbonell, ligado ala red de amigos de ‘Andy’, participó como subdirector de operaciones en Liconsa, desde donde firmó un contrato por 86 millones de pesos para el abasto de 50 mil bolsas de leche en polvo ‘fantasmas’, pues no existe evidencia de su entrega.

Buentello Carbonell es accionista de Industrias Wohl, titular de la marca de muebles urbanos “Grava y Arena”, que fueron colocados en distintas obras a cargo de la SEDATU, entre ellas el Malecón de Villahermosa, cuya supervisión está a cargo de Alejandro Castro Jiménez Labora, también amigo de ‘Andy’.

Recodemos que en noviembre de 2022, MCCI reveló que el presidente nombró a un amigo de su hijo, Alejandro Castro Jiménez Labora, como supervisor de la construcción del Malecón de Villahermosa, obra que representa una inversión de 3,200 millones de pesos.

Ahora, a partir de revelaciones de Latinus y MCCI, Buentello y Alejandro Castro no sólo tienen en común ser amigos de ‘Andy’: sus respectivas empresas comparten domicilio en una residencia de la calle Alejandro Dumas, en Polanco en la Ciudad de México.

La red de amigos de ‘Andy’ se ha visto beneficiada con contratos por más de 100 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en contratos simulando competencia entre sí y que son administradas por personas cercanas a Santiago Jiménez Labora Prieto y Alejandro Castro Jiménez Labora, amigos de López Beltrán.

Hugo Buentello Carbonell fue directivo de Segalmex durante la gestión de Ignacio Ovalle, y actualmente se encuentra siendo investigado por la Fiscalía General de la República.

Entre septiembre de 2019 y marzo de 2021, Buentello Carbonell se desempeñó como subdirector de Operaciones de Liconsa, desde donde también firmó contratos millonarios con ILAS México, una empresa multinacional que fue involucrada en 2019 por la UIF en una red de lavado de dinero mediante el envío de alimentos a Venezuela.

Investigación completa en MCCI

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que sus hijos sean corruptos, esto luego de que salieran a la luz reportajes periodísticos que evidencian presuntos conflictos de interés de dos de ellos.

El mandatario tachó de “calumnia” un artículo del portal Latinus, donde el periodista Carlos Loret de Mola reveló que una red de amigos de su hijo Andrés Manuel López Beltrán ha obtenido contratos por 100 millones de pesos de la administración federal.

Y aunque reconoció los contratos que se señalan, minimizó su “tamaño” en comparación con lo que se llevaban los anteriores gobiernos.

“Sí deben de existir (los contratos), pero mis hijos no tienen nada que ver. Mis hijos no son corruptos, o sea, nada que ver con Loret de Mola, que se ha dedicado a hacer un periodismo mercenario con fines de lucro”, argumentó.

El presidente aseveró que “no hay ningún problema, nada”, ni conflicto de interés en los contratos que obtuvieron empresas de allegados a López Beltrán de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“Loret saca un reportaje de que mis hijos están haciendo negocios, cosa que es rotundamente falso. Es parte del periodismo, si se puede llamar así, que él ejerce, porque en realidad es un mercenario que pertenece al hampa del periodismo, no pasa nada porque no es cierto”, lanzó AMLO centrándose en atacar al periodista que en explicar los contratos.

“Está demostrado que es un especialista en montajes y, si tiene pruebas de corrupción, que vaya a la Fiscalía, pero no (lo hace), es la consigna de que la calumnia cuando no mancha tizna, pero no hay ningún problema”, remarcó.

Aunado al escándalo de ‘Andy’, esta semana Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que otro hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, vive en México una casa que pertenece a la asistente de la directora de La Jornada, el diario con más contratos en el actual sexenio.

Esto llega luego de que José Ramón López Beltrán también protagonizara el escándalo de la Casa Gris en Huston, Texas, en Estados Unidos, que habitó siendo propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía con millonarios contratos en Pemex

En lugar de explicar si es cierto o no que su hijo tiene otra Casa Gris en México, el mandatario acusó a la prensa de “acosar” a sus hijos.

“Ayer fueron a la casa donde vive José Ramón a esperarlo ahí, es un acoso, pero yo le digo a mis hijos: ‘aguanten, no caigan en ninguna provocación’”, indicó.

No es la primera vez que los hijos de López Obrador afrontan acusaciones de corrupción y tráfico de influencias.

En noviembre de 2021, la revista Proceso y la periodista Carmen Aristegui exhibieron que el programa de reforestación insignia del presidente, Sembrando Vida, se usaba para beneficiar la fábrica de chocolates “Rocío” de los hijos del mandatario en Tabasco, en el sureste del país.

La bancada del PRD en la Cámara de Diputados, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sancionar a quienes están saqueando a las y los mexicanos, incluidos sus hijos.

Lo anterior, luego de que Latinus diera a conocer una investigación periodística que evidenció que los amigos de Andrés Manuel López Beltrán, ‘Andy’, hijo del presidente, fueron favorecidos en el proyecto que se lleva a cabo en los terrenos que habría ocupado el aeropuerto de Texcoco, mediante concursos públicos simulados.

El diputado del PRD, Marcelino Castañeda Navarrete, acusó en la sesión de la Comisión Permanente, en el Senado de la República, “el nepotismo grotesco” en el gobierno de quien se asume como incorruptible y que, entre sus consignas están el “no robar, no mentir y no traicionar.

Acusó que en los hechos, la familia y allegados del presidente son beneficiados con negocios turbios a costa del país.

“El esquema favorito de corrupción de este gobierno de cuarta es, sin duda, los contratos mediante las Fuerzas Armadas, que van a un ‘cártel inmobiliario’ de los amigos de Andrés Manuel López Beltrán y, en este caso, lo que se supone que va a ser un Parque Ecológico en Texcoco, se ha convertido en la caja grande del hijo del presidente, junto a una red de empresas de amigos, contratos millonarios y obras de dudosa calidad”, enfatizó el diputado.

A las críticas también se suma lo que reveló Latinus y MMCI, acerca de la casa que ahora habita en México otro de los hijos del presidente.

José Ramón López Beltrán vivió en Houston en una mansión de un alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía con millonarios contratos en Pemex. Tras perder su visa de trabajo de Estados Unidos, el hijo mayor del presidente se regresó con su familia a México y ahora se sabe que vive en una casa que es propiedad de la asistente de la directora de La Jornada, medio cercano al gobierno federal y que es el que ha recibido el mayor monto de contratos en el actual sexenio.

En ese sentido, el diputado del PRD sentenció que, dada la información recién difundida, queda claro que la “Casa gris” de José Ramón López Beltrán fue pagada desde México, en compensación con las obras otorgadas a una filial de Baker Hughes.

“La hipocresía de esta mayoría es sorprendente, que suben a la agenda a un supuesto ‘cártel inmobiliario’ local (contra integrantes del opositor Partido Acción Nacional); pero haciendo oídos sordos ante la misma corrupción donde, miles de millones de pesos que este gobierno ha significado, siguen siendo parte de programas clientelares sin un padrón consolidado”, acusó.

Enfatizó que el PRD, la única y verdadera izquierda de México, no será cómplice de la corrupción, y nunca estarán del lado de los corruptos. “Entendemos que los ladrones siempre serán ladrones y la corrupción siempre será la corrupción. Si quieren ser exonerados, afíliense a la Cuarta Transformación”, remató.

En Broojula, te presentamos un resumen sobre los recientes escándalos que alcanzan a la familia presidencial.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló este martes que se investiga a la familia del expresidente Vicente Fox por recibir permisos para comercializar productos derivados de la marihuana días antes de que finalizara el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Cinco días antes de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Cofepris dio 63 permisos para comercializar productos derivados de la cannabis, de la marihuana, la mayoría para empresas vinculadas con la familia Fox”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

López Obrador refirió que debido a esto se está haciendo ya una investigación, pues se han estado “descubriendo cosas” en las instalaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

“Había sótanos ahí en Cofepris y están descubriendo cosas, tienen que probar desde luego que dieron los permisos”, apuntó.

Asimismo, señaló que por ahora no se ha hecho ninguna denuncia penal porque apenas recibió este lunes la información, pero señaló que “desde luego se va a presentar denuncia, claro que sí”.

Minutos más tarde, el expresidente Fox, quien ha promovido abiertamente la despenalización de la marihuana para uso lúdico, rechazó que haya sido favorecido con estos permisos.

“López, una mentira más. ¡No tengo ninguna licencia de cannabis! Eres un Pinocho, nariz larga y mentiroso”, comentó el exmandatario en su cuenta oficial de Twitter.

Fox y otros empresarios han reivindicado que México tiene un enorme potencial para crear el mercado de marihuana legal más grande del mundo, pero López Obrador ha cuestionado la legalización del cannabis al sugerir que puede ser la puerta “a otras drogas”.

En 2021, la Suprema Corte de Justicia aprobó un fallo histórico que declaró inconstitucional la prohibición del consumo lúdico de marihuana en el país, pero el cannabis recreativo todavía tendría algunas limitaciones porque el Congreso y el gobierno de López Obrador se han negado a regularlo.

Mientras que el Congreso aprobó desde 2017, en el sexenio de Peña Nieto, el uso de la marihuana con fines de salud, una regulación que depende de la Cofepris.

La cifra de muertos por el incendio de la semana pasada en la estación migratoria del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua, se elevó a 40, confirmó el gobierno federal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicó en un comunicado que uno de los 28 heridos que dejó el siniestro murió durante el traslado aéreo desde Ciudad Juárez al Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados (CENIAQ) de la Ciudad de México.

Del total de los lesionados aún permanecen hospitalizados 23, precisó el gobierno.

En el caso de los pacientes en estado de pre-alta, que al momento son cinco, fueron canalizados a un hospital temporal del IMSS en Ciudad Juárez.

Durante el fin de semana las autoridades trasladaron vía aérea a seis de los heridos hacia el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y al CENIAQ. El resto de los lesionados permanecen en diferentes centros de salud de Chihuahua.

El director del Hospital General de Ciudad Juárez, Carlos Tadeo Perzabal, dijo este lunes que en ese centro permanecen internados once de los heridos que se encuentran en estado grave, debido a que tienen distintos órganos y sistemas afectados. Agregó que a dos de los pacientes les realizarán un procedimiento especial por una falla renal aguda.

Recordemos que por el caso se han girado órdenes de aprehensión en contra seis personas quienes enfrentan cargos por homicidio doloso y lesiones. La fiscalía federal también está investiga a otras personas.

Entre los procesados están tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), dos guardias de seguridad del centro de detención y un migrante que es señalado de haber iniciado el fuego.

En un video de una cámara de seguridad difundido, se mostró a unos guardias que salían caminando cuando comenzó el incendio en la celda en la que estaban recluidos decenas de migrantes sin hacer el más mínimo intento de liberarlos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró este lunes que no habrá impunidad para los culpables del incidente.

Al ser interrogado sobre si sería procesado el titular del INM, Francisco Garduño, por incumplir la orden presidencial de no contratar empresas de vigilancia privada para la seguridad de instalaciones públicas, López Obrador pidió esperar el avance de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la República.

La seguridad del centro donde ocurrió el fatal evento estaba a cargo de la empresa privada Grupo de Seguridad Privada CAMSA.

En ese sentido, la SSPC informó que el Instituto Nacional de Migración tiene un primer contrato con la empresa, con una vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2022, por el que se erogaron 151 millones 439 mil 389 pesos.

“Se dio continuidad al contrato y para el periodo de 01 de marzo al 31 de diciembre de este año 2023 se estableció uno nuevo, por un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 190 millones. Este contrato será rescindido”, anunciaron las autoridades.

Aclaró que el Instituto no ha erogado cantidad alguna para este último e incluso el 28 de marzo dio vista al Órgano Interno de Control por las irregularidades de la empresa. Para el caso del convenio modificatorio de 2023, que cubrió el periodo enero y febrero, el monto erogado fue de 29 millones 335 mil 668 pesos, con 503 elementos por turno.

Sin embargo, señalaron que de acuerdo con información del IMSS, hasta enero de este año Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A de C.V. tenía registrados 30 trabajadores, cifra que aumentó a 44 en febrero, pero el 31 de marzo, es decir cuatro días después del incendio, la empresa dio de alta 417 trabajadores. De esta manera, al momento suman 478 empleados dados de alta en este sistema.

Ante ello, el IMSS emitió una opinión negativa de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social contra esta compañía.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó a nueve proveedores del Sector Salud por acciones de simulación y evasión de reglas para obtener ventajas y beneficios en las contrataciones públicas, y que afectaron la competencia en los procesos de licitación de la Administración Pública Federal (APF).

Las sanciones fueron impuestas con base en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se dieron entre el 1 y el 25 de agosto.

La SFP explicó que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) impuso inhabilitaciones para que las dependencias y entidades de la APF, las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, se abstengan de aceptar propuestas o celebrar contratos con las compañías.

Además, les impuso sanciones económicas que suman 902 millones 187 mil pesos. Las empresas sancionadas con poco más de 100 millones e inhabilitadas por 7 años cada una son:

  1. Centrum Promotora Internacional, S.A. de C.V.
  2. Instrumentos y Equipos Falcon, S.A., de C.V.
  3. Impromed, S.A. de C.V.
  4. Valtrum, S.A. de C.V.
  5. Selecciones Médicas, S.A. de C.V.
  6. Servicios de Mínima Invasión, S.A. de C.V.
  7. Proyectos en Procesos de Recursos Humanos, S.A. de C.V.
  8. DAI Servicios S.A. de C.V.
  9. SERVAD Promo Asistencial S.A. de C.V.

Y es que de acuerdo con las denuncias recibidas, en las adjudicaciones de 8 servicios integrales en el ISSSTE, participaron diversas empresas que, presuntamente, se pusieron de acuerdo para beneficiarse entre ellas y acordaban repartirse cada una de las partidas en los procedimientos de contratación relacionados con los servicios de análisis clínicos y banco de sangre.

La plataforma Compranet, que dejó de operar hace 17 días, fue puesta nuevamente en marcha este lunes, en su totalidad, según informó la Secretaría de Hacienda.

“El esfuerzo conjunto de las distintas áreas de la Oficialía Mayor de Hacienda permitió conseguir, en menor tiempo al estimado, los discos de almacenamiento necesarios y acordes a lo requerido para la reorganización del sistema Compranet”, explicó Hacienda en un comunicado.

Y es que recordemos que desde el pasado 15 de julio, la plataforma gubernamental creada en 2010 para presentar, almacenar y verificar el avance de obras públicas, licitaciones y contrataciones que realiza el gobierno, salió de línea, por supuestas fallas técnicas.

“El 15 de julio Compranet presentó un error derivado de un problema de espacio de almacenamiento de datos en la infraestructura, por lo que las unidades compradoras del gobierno no pudieron cargar información al sistema. La plataforma se encuentra alojada en servidores con características que ya no están disponibles en el mercado”, explicó en su momento Hacienda, señalando que la empresa Bravo Solution era la encargada del soporte.

Hacienda había señalado que mientras el sistema volvía a operar, los procedimientos de contratación se siguieron realizando de manera presencial, respetando en todo momento la legalidad, y afirmó que ningún proceso relevante fue interrumpido ni pospuesto como consecuencia de la falla que presentó.

Ante la falla que presentó, grupos empresariales y organizaciones civiles, como Coparmex, advirtieron que la falla de la plataforma generó incertidumbre jurídica, mayor burocracia y costos, incrementó el riesgo de errores humanos, provocó un impacto grave al principio de máxima publicidad, además de que abrió la puerta a la opacidad y a la corrupción.

Aprovecharon para denunciar que, en los últimos meses, CompraNet había empeorado su funcionamiento.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional previstos en la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sobre los contratos para la adquisición de vacunas contra el COVID-19, y los comprobantes de pago respectivos.

En el primero de ellos, resolvió que la divulgación de las condiciones esenciales de la contratación puede poner en riesgo la seguridad nacional, al obstaculizar o bloquear acciones tendentes a prevenir o combatir pandemias en el país.

Por este motivo, los ministros resolvieron que dicha información debe ser clasificada como reservada por un periodo de 5 años, sin que ello impida divulgar una versión pública en la que se puedan apreciar aquellos aspectos que no fueron materia de la reserva o constituyan información confidencial (datos personales y secreto comercial).

En el segundo recurso de revisión, la Suprema Corte determinó que los comprobantes de pago respectivos deben ser clasificados como información reservada por un periodo de 5 años, pues su divulgación puede poner en riesgo la seguridad nacional, bajo los mismos argumentos dados en el otro recurso.

Y es que un particular solicitó los contratos y comprobantes de pago, vía transparencia, que el gobierno federal realizó con las farmacéuticas Pfizer, Cansino y Astra Zeneca.

Recordemos que en mayo de 2021, el INAI ordenó al gobierno entregar una versión pública de los documentos, aunque la Consejería Jurídica de la Presidencia, aún con Julio Scherer al frente, tramitó dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional para evitar la entrega.

La Iniciativa Privada (IP) está abierta al diálogo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para revisar los permisos de autoabastecimiento eléctrico y llegar a acuerdos, dijo este jueves el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes.

“Ha sido siempre la apuesta de nosotros, el diálogo y llegar a los mejores acuerdos paro lo que mejor convenga a México. Entonces sí celebramos esta propuesta”, dijo Cervantes en entrevista con Radio Fórmula.

Y es que esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un “llamado” a las empresas para “dialogar” acerca de los permisos de autoabastecimiento, que el mandatario considera “ilegales”, y bajo el cual operan.

López Obrador recalcó que la Suprema Corte declaró a comienzos del mes, constitucional la reforma a Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que entre otros puntos contempla revocar permisos de autoabastecimiento obtenidos “en fraude a la ley”.

Y aunque se mostró más conciliador que en otras ocasiones, el mandatario no descartó llegar a las denuncias penales hacia las empresas que a su modo de ver cometieron fraude. Dijo que si no se llegaba a acuerdos, no encubriría a nadie y aplicaría la ley como corresponde.

Cuestionado sobre la posibilidad de demandas e incluso de cárcel para empresarios, Cervantes dijo que cada mensaje puede tener “distintas interpretaciones”. “Estoy seguro de que nosotros estamos en la mejor disposición de plática. Tuvimos ya reunión con las empresas”, explicó.

El también empresario indicó que la IP se siente “tranquila” y que se busca apostar por las “energías limpias” sin descartar el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tal y como quiere el gobierno federal.

Pese a la invitación a negociar, Cervantes reconoció que todavía se está esperando la configuración de una “mesa de diálogo”. Consideró además que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sería la persona ideal para encabezar estas negociaciones por parte del Ejecutivo.

Recordemos que en días recientes, el ingeniero y empresario Régulo Salinas asumió la Presidencia de la Comisión de Energía del CCE, en sustitución de Roger González.