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El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, reveló esta tarde que el Poder Judicial sufrió presiones en gobiernos anteriores en temas como el de la Guardería ABC y Florance Cassez, entre otros.

«Sobre las declaraciones de Calderón debo decir que las presiones a las que fui sometido y fue sometida la Corte. No son nuevas. Tiene más de 8 años que se sabe de ellas. Todo mundo las sabía, todo mundo las conocía», indicó el Ministro Presidente.

Sostuvo que ahora hay todo un plan de trabajo para combatir la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial, y aprovechó para dar a conocer la suspensión de un magistrado de distrito por su presunta implicación en una red de corrupción e irregularidades graves.

«Cero tolerancia a la corrupción en los hechos. No habrá tolerancia a actos indebidos. Seguiremos combatiendo el nepotismo (…) Es la primera vez que tomando medidas y las seguiremos tomando. En esta administración no ha habido ni habrá intocables», declaró Zaldívar a la prensa.

Indicó que el antídoto contra las presiones que pueda recibir la Corte es no ceder a ellas.

Al ser cuestionado sobre los perfiles que se propondrán para ocupar la vacante en la Corte, Zaldívar indicó que no tiene conocimiento de quiénes serán, sin embargo confió en que sea gente honorable, seria, íntegra, juristas independientes que sumen al prestigio de la Corte.

Reconoció que le gustaría que fuera una terna de mujeres.

El Ministro Presidente, rechazó hablar en esta ocasión sobre el tema del exministro Eduardo Medina Mora, sin embargo expuso que sí «tiene inconsistencias financieras bastante importantes, es lo que puedo decir».

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que los bloqueos que afectaron ayer a millones de ciudadanos fueron realizados por el 0.4% del total de concesionarios de taxis de la Ciudad, quienes dijo, están enojados debido a que su gobierno no permitirá más la corrupción en el sector.

En un videomensaje publicado en sus redes sociales aseguró que si bien el gobierno está abierto al diálogo, el combate a la corrupción no es negociable, y advirtió que no regresará a prácticas opacas que benefician a unos cuantos y afectan a la mayoría.

Afirmó que 99.6% de los taxistas están de acuerdo con las medidas que se han implementado contra la corrupción y todos los días buscan de forma honesta salir adelante.

“La razón fundamental por la que algunos taxistas de la Ciudad de México hicieron estos bloqueos es porque están enojados, pues el gobierno de la ciudad ha hecho una serie de acciones para acabar con la corrupción y garantizar la calidad y seguridad de los servicios», enfatizó.

Como parte de las acciones, Sheinbaum dijo que se acabó con el “coyotaje» en la emisión de la licencia de conducir tipo ‘B’ y de la revista a partir de la digitalización de ambos documentos, además de que fueron cerrados los “históricos centros de corrupción de El Coyol y La Virgen», donde se hacían dichos trámites.

Refirió que además se implementó el programa de registro obligatorio de operadores de taxi para asociar cada placa con el conductor de la unidad.

«Estamos comprometidos con la modernización del servicio y por ello desarrollamos desde el gobierno una aplicación telefónica gratuita que está disponible para taxistas, que ayuda a los usuarios también con un botón de auxilio», añadió la mandataria local. Recordó que en la segunda fase se podrá solicitar un taxi por medio de la aplicación.

Reiteró que en la mesa de negociación que sostuvieron ayer con los dirigentes, éstos se comprometieron a no realizar más bloqueos, pues los únicos afectados son los habitantes de la capital y de la Zona Metropolitana.

«La Ciudad quiere taxis derechos y taxis seguros. Lo que no quiere es corrupción», remató la morenista.

Consulta Mitofsky presentó este lunes su ranking sobre aprobación a gobernadores del país, el cual muestra que solo cuatro de los 32 mandatarios locales tienen una aprobación sobresaliente, es decir, cuentan con el 50% más de aprobación ciudadana.

Mauricio Vila de Yucatán (PAN) es el gobernador mejor evaluado con el 78%. Le sigue Quirino Ordáz de Sinaloa (PRI) con el 61.6%. El tercer sitio es ocupado por Rutilio Escandón de Chiapas (Morena) y Claudia Sheinbaum de la CDMX (Morena) con el 53.3%.

Los gobernadores que cuentan con una aprobación alta (que tienen del 40% al 49% de aprobación ciudadana) son únicamente siete: Antonio Echevarría de Nayarit (PAN) con el 49.9%; Adán Augusto López de Tabasco (Morena) 48%; Carlos Mendoza de Baja California Sur (PAN) 45.9%; Diego Sinhue Rodríguez de Guanajuato (PAN) 43.7%; Martín Orozco de Aguascalientes (PAN) 42.6%; Francisco Dominguez de Querétaro (PAN) 41.7% y Cuitláhuac García de Veracruz (Morena) con 40.6%.

Los gobernadores que tienen una aprobación mejor a 20%, es decir, los peores evaluados en todos el país, son Silvano Aureoles de Michoacán (PRD) con 14%; Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León (Independiente) con 16.1%, y Francisco Vega de Baja California (PAN) con 18.2%.

Otro de los aspectos que mide el ranking, es la percepción de seguridad. Los cinco estados con mejor percepción son Nayarit; Tabasco; Zacatecas; Baja California Sur y Colima. Mientras que los cinco estados con peor percepción son: Durango; Guanajuato; Sonora; Chihuahua y San Luis Potosí.

En cuanto a la percepción de la economía, los cinco estados con mejor percepción en la materia son: Tabasco; Quintana Roo; Colima; Oaxaca y Sinaloa; mientras que Zacatecas; Estado de México; Aguascalientes; Chihuahua y Guanajuato son las entidades que tienen peor percepción.

Los estados en donde se percibe mejor corrupción son: Yucatán; Ciudad de México; Chiapas; Sinaloa y Veracruz. Los peores vistos en este aspecto son: Baja California, Coahuila; Oaxaca; Michoacán y San Luis Potosí.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, aseguró que el gobierno federal tiene la confianza de que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 tenga un “impacto positivo» desde el presente año.

Al comparecer ante el pleno del Senado de la República, como parte del análisis del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que aun cuando apenas se envió el paquete económico al Congreso y el presupuesto no se ha aprobado, la ley prevé «que se tengan procesos licitatorios desde este 2019.

El funcionario explicó que el gobierno federal no puede gastar ni recibir bienes y servicios antes del 1 de enero de 2020, pero si se licita desde ahora y se hacen los fallos correspondientes, por lo que se espera haya un impacto inmediato.

Herrera Gutiérrez expuso que el país experimenta una disminución en el dinamismo de la actividad económica, que se ha sincronizado con la evolución de la economía mundial.

Dijo que ante la corrección a la baja que de manera sostenida han mostrado las expectativas, desde la Secretaría de Hacienda se han impulsado un conjunto de acciones contracíclicas.

Entre ellas, indicó que el 29 de julio pasado se anunció la orientación de hasta 485 mil millones de pesos para impulsar la creación de infraestructura financiera, inversión física y apoyar el gasto de consumo de los hogares, así como el arranque en 2019 de procesos de adquisición de bienes y servicios que consumirá el gobierno federal en 2020.

Para acelerar la creación de infraestructura, dijo, se detonarán 50 mil millones de pesos en diferentes regiones del país, sin un impacto presupuestal, pues el gobierno, de manera conjunta con el sector privado, trabajarán en proyectos de los sectores carretero, hidráulico, transporte y de desarrollo urbano.

El secretario federal comentó que en el paquete económico de 2020, en lo relativo a las metas de ingreso, “estamos reportando lo que creemos que va a ser y no lo que hacienda antes hacía, que era subestimar los recursos de ingreso.

Aclaró que el ejercicio del gasto se conduce mediante el principio de austeridad y se apoya en una amplia política de combate a la corrupción, lo cual no es simple, pues se tiene que balancear entre una ejecución oportuna del gasto y la captura de mayores ahorros y una mayor transparencia.

Arturo Herrera sostuvo que en la Secretaría de Hacienda están conscientes de que el análisis de la política económica no es únicamente un ejercicio de contraste de cifras o de discusión de la trayectoria posible de las finanzas públicas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó esta mañana la inauguración de la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, y el Decimoprimer Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“Deseo de todo corazón que este encuentro se convierta en justicia y en igualdad para nuestros pueblos”, dijo AMLO en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Resaltó que el gobierno que encabeza lleva a cabo una nueva política en México, enfocada a eliminar la corrupción y la impunidad para destinar recursos y presupuesto al bienestar del pueblo.

Recordó que 8 millones de adultos mayores ya reciben una pensión de 2 mil 550 pesos bimestrales, al igual que menores con discapacidad; dijo que en este sector la meta es llegar a un millón de beneficiarios durante 2019.

Añadió que el derecho al estudio y al trabajo están garantizados con becas a estudiantes de educación básica, media superior y superior a partir de una inversión de 60 mil millones de pesos, mientras que el programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ ha abierto espacios laborales a 900 mil jóvenes.

El presidente sostuvo que su gobierno impulsa las actividades productivas y especialmente el campo “la fábrica más importante del país”, el cual, dijo, se abandonó y en consecuencia creció el fenómeno migratorio.

Explicó que actualmente ‘Sembrando Vida’ cultiva 500 mil hectáreas en el sur del país, principalmente, y da trabajo permanente a 200 mil campesinos. Adelantó que en 2020 se duplicarán dichas cantidades.

AMLO sostuvo que el periodo post neoliberal o post neoporfirista, pone fin a la etapa en la que la acumulación de capital se produjo al amparo del poder público y los bienes de la nación se trasladaron a particulares. Indicó que a diferencia de otros tiempos, la agenda ya no se dicta desde el extranjero, además de que se ejerce un gobierno sin lujos ni derroches.

“Nosotros aplicamos la austeridad juarista. Que no le cueste tanto el gobierno al pueblo, que se reduzca el costo a la sociedad. Que podamos liberar fondos para el desarrollo a la sociedad sin aumentar impuestos ni crear nuevos; sin endeudar al país y sin incrementar los precios de los combustibles. Ese es el modelo. Todo lo que se genera es para nuestro pueblo. Ese es el nuevo paradigma”, enfatizó.

El presidente reiteró que está a favor de que se supriman los exámenes de admisión a las universidades, pues dijo que la educación es un derecho del pueblo.

Insistió en que el Estado está obligado a garantizar el acceso a la educación pública, por lo que todos deben tener la oportunidad de estudiar y que si hay rezagos, exista un periodo de mejora, de regularización.

El director mundial del banco HSBC, Noel Quinn, afirmó que en México, la disciplina fiscal en la economía y el compromiso con la lucha contra la corrupción hace que los inversionistas tengan un panorama alentador para propiciar un mejor ambiente de inversión futura en nuestro país.

En entrevista con El Financiero, Quinn, consideró que se debe reconocer que el país pasa hoy por una transición de un gobierno a otro y la comunidad de inversionistas nacionales y extranjeros, así como la población en general se están adaptando al nuevo ambiente.

Refirió que en una reunión que tuvieron los directivos del banco con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), éstos le aseguraron que existe confianza del grupo internacional en la administración que encabeza.

“Nosotros estamos encantados con la disciplina fiscal que se ha instaurado en los últimos nueve meses en el país y eso crea confianza en la comunidad de inversionistas y bancaria de todo el mundo», señaló el banquero.

“Nosotros estamos muy contentos con su lucha contra la corrupción porque de nuevo esto da confianza a la comunidad de inversionistas en el mercado en el mundo y eso es un ingrediente sumamente importante para alentar la inversión extranjera y a los inversionistas extranjeros para invertir en México», añadió.

En opinión de Noel Quinn, una eventual recesión a nivel mundial podría darse en algunas zonas de Europa, donde el Brexit podría empeorar las cosas.

El director mundial de HSBC afirmó que es importante que se confirme, apruebe y adopte el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá. “Los mercados de capital no han reaccionado de manera negativa y el tipo de cambio tampoco ha reaccionado de manera negativa, yo diría que la sabiduría colectiva de los mercados no ha asumido que haya una razón para que haya un impacto adverso», consideró.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó que en la presente administración se han congelado más de 5 mil millones de pesos en cuentas de personas físicas y morales relacionadas con corrupción, narcotráfico o lavado de dinero.

Explicó que dicha cantidad corresponde a 130 acuerdos de bloqueo, que han derivado, hasta este momento, en 127 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y 61 vistas a distintas autoridades administrativas.

Indicó que el dinero permanece en los bancos, en espera de lograr las reformas legales para que pueda ser utilizado por el Estado mexicano en programas sociales.

Comentó que existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que señala que, si la investigación es de sede nacional y no internacional, pueden los jueces de distrito dictar suspensiones provisionales y, por tanto, en realidad estar liberando las cuentas”.

Detalló que con la reforma al artículo 116 de la Ley de Instituciones de Crédito, que ya fue avalada en el Senado de la República y que será discutida en la Cámara de Diputados, “podemos librar la inconstitucionalidad señalada por la Corte y fortalecer nuestro sistema financiero a fin de evitar que este tipo de recursos no sigan utilizándose en el marco del Estado de derecho de México”.

Añadió que en el Senado se discute un paquete de reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita , al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en la materia.

Remató señalando que la UIF está trabajando “muy de cerca con la Cámara de Diputados para lograr una reforma legal que permita mejorar los mecanismos de prevención de lavado de dinero”.

Prácticamente en todas las conferencias en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador se refiere al tema de la corrupción. Su combate; el barrer las escaleras de arriba para abajo; al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie…y un largo etcétera son el pan de cada día en su discurso.

Por eso debería sorprender su constante ataque a quienes, desde la sociedad civil, buscan lo mismo que él: acabar con la corrupción. O cuando menos, luchar vehementemente en su contra. En la Mañanera de ayer fue especialmente crítico con la Organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y contra su presidente, Claudio X. González.

Los acusó de haber solapado la corrupción en el pasado por haber defendido el proyecto del aeropuerto de Texcoco, el cual describió el presidente como “el saqueo más grande que se tenía preparado, que se iba a hacer al pueblo y a la nación; que iba a significar casi un billón de pesos. Iba a ser como un Fobaproa.”

Y agregó: “¿Qué hicieron [los de MCCI] si la corrupción estaba legalizada en la época en que ellos simulaban que la combatían? ¿Por qué no dijeron nada de que Salinas en 1994 modificó el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave? ¿No lo sabían ellos? ¿Cómo fue que crearon una asociación civil llamada Mexicanos Contra la Corrupción si nunca dijeron nada; nunca, de que la corrupción estaba legalizada porque no era delito grave?”

Por ello, el presidente cree que el verdadero nombre de la asociación debiera ser Mexicanos CON la Corrupción y la Impunidad. Y así lo declaró, generando risas entre los asistentes a su mañanera.

Este nuevo arrebato del presidente sorprende por varias razones. Primero que nada, porque a pesar de haber anunciado la cancelación del NAIM en Texcoco aduciendo esta corrupción, el gobierno no ha señalado absolutamente nada ni a nadie por estos actos. Simplemente ha dicho, pero nada ha demostrado.

Cuando empezó ese proyecto se hablaba de la enorme corrupción que lo envolvía. En mi caso quise investigar algunos de los ángulos señalados como infestados por la corrupción. Uno de ellos, el peaje que transportistas estaban obligados a pagar para que llegaran los materiales a la zona de construcción. Un peaje no regulado y que se señalaba iba a los bolsillos de lideres locales. Nunca encontré nada en concreto. No se puede señalar que hay corrupción si no hay pruebas. En el caso del presidente él decidió no solo señalar la corrupción del NAIM sino cancelarlo. A la fecha sigue diciendo que el tamaño del saqueo iba a ser de cerca de mil millones de pesos. Si tiene esa información, que persiga a los saqueadores. Se le va a aplaudir. Barrer las escaleras no es suficiente para acabar con la corrupción. También hace falta recoger la basura y ponerla en su lugar. ¿Quién está pagando una sola factura con la justicia por haber cometido un acto de corrupción en el proyecto del NAIM? A la fecha absolutamente nadie.

Lo segundo: el señalamiento de la modificación al Código Penal en 1994 no lo persiguió ni investigó MCCI porque la asociación nació 22 años después, en 2016. Y tercero: el que la corrupción no fuera delito grave no quiere decir que la corrupción estuviera legalizada. Hay delitos, como las infracciones de tránsito, que sin ser graves, no dejan de ser delitos perseguidos por la justicia.

 

Columna completa en El Universal

Luego de varios meses en que ha lanzado críticas en su contra, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a arremeter esta mañana en contra de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

AMLO se refirió a la organización como «Mexicanos por la Corrupción», para luego en broma decir que se había equivocado y que se trataba de «Mexicanos en Favor de la Corrupción», la cual recordó dirige Claudio X. González y otros adversarios de su gobierno.

Acusó que los adversarios se han dedicado a sabotear legalmente a su administración, pues son los que promueven los amparos en contra de las obras como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, entre otros, pues no quieren que el gobierno haga modificaciones de fondo y proyectos que beneficien al país.

«Están molestos, quieren que siga el mismo régimen de corrupción», enfatizó AMLO.

En ese sentido dijo que MCCI está defendiendo el proyecto del aeropuerto en el lago de Texcoco, que era el saqueo más grande que se tenía preparado; lo calificó como «el atraco más grande» que se iba a hacer en contra del pueblo y a la nación.

Mencionó que dicho proyecto iba a significar casi un billón de pesos para quienes lo promovían, e incluso señaló que iba a ser un nuevo Fobaproa.

«Suponiendo que se llamara este organismo Mexicanos Contra la corrupción, le preguntaría: ¿Qué hicieron? si la corrupción estaba legalizada en la época en que ellos simulaban que combatían la corrupción», lamentó el mandatario.

Cuestionó a la organización el trabajar contra la corrupción y no haber dicho nada cuando el expresidente Carlos Salinas modificó el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave en 1994.

En ese sentido invitó al dirigente de la asociación a que «le replicara» cuál era su posición respecto a que la corrupción estaba legalizada.

«Ya basta de simulación, o sea, no se puede así. Y ese es un distintivo del conservadurismo, son muy corruptos; pero además de corruptos, hipócritas», remató AMLO.

Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana publicaron este lunes la edición 2019 del Barómetro Global de la Corrupción. El estudio registra la opinión y experiencia de corrupción de ciudadanos de todo el mundo.

En México, 9 de cada 10 encuestados por el Barómetro Global de la Corrupción 2019 señalaron que la corrupción sigue siendo un problema para el país, aunque perciben cambios en comparación con años anteriores.

El 61% de los mexicanos valora de manera positiva la estrategia anticorrupción del Gobierno de México. Dicho porcentaje señaló que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está actuando “bien” o “muy bien” en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción. En 2017, en contraste, 24% de los encuestados consideraron que el gobierno de Enrique Peña Nieto actuaba “bien” o “muy bien” en contra de la corrupción. La diferencia entre la evaluación de Enrique Peña Nieto y la de Andrés Manuel López Obrador es de 37 puntos porcentuales.

El 44% de las y los encuestados consideraron que la corrupción en México había aumentado durante el último año; este porcentaje es menor que el expresado en 2017, en el que 61% de los encuestados reportó un incremento en la corrupción durante el año anterior a la aplicación de la encuesta.

En el Barómetro Global de la Corrupción, 21% de la población encuestada en México consideró que la corrupción había disminuido (durante los doce meses anteriores a la realización del estudio). En contraste, en el Barómetro 2017, 6% de los encuestados reportó que la corrupción en México había disminuido.

El estudio también muestra que una de cada tres personas (34%) tuvo que pagar un soborno en México para acceder a un trámite o servicio público. En cambio, en 2017, la mitad de los encuestados (51%) reportó haber incurrido en esta práctica. El número de personas que declaró haber pagado un soborno se redujo 33% entre 2017 y 2019.

Los servicios públicos en los que un mayor porcentaje de mexicanos reporta haber pagado un soborno se relacionan con la policía (52%), con el acceso a la justicia (35%) y con la provisión de servicios públicos básicos (30%).

México se ubica entre los países con un mayor porcentaje de personas que reconoce haber pagado sobornos, con 34% de los encuestados, sólo por encima de Venezuela donde 50% reporta haberlo hecho.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana que el presupuesto para 2020 que se entregó ayer al Congreso, será suficiente para cumplir las metas planteadas, ya que ahora existe un gobierno austero además de que no se permite la corrupción.

En su conferencia de prensa matutina, enumeró las medidas de austeridad aplicadas por su administración, recordó que «eso no se hacía antes» y dijo que gracias a ello están garantizados todos los programas sociales.

El Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020 mantiene el compromiso de no incrementar impuestos y fortalecer la recaudación fiscal, sostuvo el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, quien ofreció en resumen de lo presentado ayer al Congreso.

El funcionario aseguró que el Paquete Económico como principios básicos contribuir a la estabilidad macro y otorgar certidumbre económica, así como garantizar disciplina fiscal y sostenibilidad de la deuda.

Herrera añadió que el Paquete, que contempla recursos por 6.1 billones de pesos, también privilegia la austeridad republicana, la eficiencia en la ejecución del gasto, el fortalecimiento de la recaudación y el combate a la evasión fiscal.

El titular de Hacienda destacó que los objetivos del Paquete Económico son el bienestar social, la generación de empleo y desarrollo para todos los mexicanos, así como la seguridad, paz social y reactivación de Pemex.

Tras la explicación del presupuesto hecha por el secretario de Hacienda, López Obrador reiteró que no habrá aumento de impuestos, además de que insistió en que el gobierno va bien, por lo que pidió la confianza de los ciudadanos.

“No va a faltar el empleo”, expresó el mandatario al remarcar que “vamos bien porque el dinero del presupuesto ya no se va, como era antes, por el caño de la corrupción”, mencionó.

El presidente López Obrador dijo que el presupuesto real para el sector salud aumentó 40 mil millones de pesos y expresó que se logró estabilizar la producción petrolera, situación que no se había conseguido en 14 años.

Reiteró que, en los 36 años del periodo neoliberal, muy pocas veces se utilizó en los discursos oficiales la palabra corrupción, dado que todo tenía que ver con políticas públicas y reformas estructurales, además había una agenda dictada desde el extranjero que no obedecía a la realidad del país.

AMLO se dirigió a los más pobres y humildes a quienes dijo, “están garantizados sus apoyos. Que todos los adultos mayores van a estar recibiendo día con día, permanentemente, su pensión”, al igual que las personas con discapacidad, así como niñas y niños pobres.

También dijo, están garantizadas las becas para estudiantes de familias pobres y la continuación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en tanto que en Sembrando Vida se espera pasar de 500 mil hectáreas a un millón y de 200 mil a 400 mil empleos en ejidos y pequeñas propiedades.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de prevención y promoción de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, ofreció un informe sobre el dengue en el país, luego de que el presidente fuera cuestionado al respecto la mañana de ayer.

El funcionario inició mencionando que el dengue es una enfermedad infecciosa que afecta todas y todos los mexicanos, particularmente los que viven en zonas más cálidas y húmedas. Recordó que la clave de la prevención está en el saneamiento básico, que tiene que ver con los espacios públicos, que su cuidado es responsabilidad de los gobiernos municipales.

Añadió que la transmisión del dengue ocurre principalmente en las viviendas, que es en donde entra la primera parte de la prevención, que está basada en limpiar los espacios: que no haya depósitos de agua.

Indicó que cada año el dengue tiene un ciclo estacional muy claro: temporada fría, temporada seca, poco dengue o nada de dengue; empiezan las lluvias y empieza a subir el dengue: mayo, junio a veces, si se retrasan las lluvias, hasta finales de octubre. Ante dicho panorama señaló, se llega a recurrir a controlar con insecticidas el problema de los mosquitos, que es donde entra la participación del gobierno, en la compra del mismo.

El funcionario aclaró que han sido sujetos de una campaña de desinformación por parte y grupos interesados en la comercialización de los insecticidas, toda vez que es un mercado anual de más de 900 millones de pesos de pesos, sólo de la compra federal.

Acusó que había mercados amafiados, dos grandes grupos que se disputan el control de las compras generales; respondiendo a las críticas que se han hecho, López-Gatell Ramírez dijo que desde hace muchos años, dos terceras partes de los insecticidas que se compran cada año para el control de dengue se compran en los estados y desde el inicio del año, para lo que se transfiere dinero a las secretarías de salud estatales, que son quienes se encargan de las compras de insecticidas.

Sobre la participación del gobierno federal, dijo que interviene en una fase que es tardía, como ha venido ocurriendo desde hace varios años.

«Debemos decirlo, reconocerlo en términos de calendario, sí tradicionalmente la compra federal de insecticidas ocurría en mayo o junio, ahora ocurrió en agosto, pero nótese que no cambia la operación, porque está previsto y contemplado que la operación empieza con los estados; de modo que llegar a comprar en agosto la tercera parte de la compra federal no afecta los calendarios de uso de esos recursos federales».

Explicó que la razón del retraso en la compra es porque se está «luchando contra la corrupción», pues encontraron que no había bases científicas o técnicas para preferir un insecticida a otro. En ese sentido dijo, se hacían compras con «dedicatorias» y se elegía a algunas compañías.

El subsecretario reconoció que en el 2019 hay tres veces más dengue, aunque dijo, es un fenómeno que ha ocurrido en el pasado.

Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, informó este lunes que, de diciembre a julio, se han destituido a más de 100 funcionarios públicos tras diversas denuncias por actos de corrupción.

“Hemos inhabilitado, sobre todo a directores, jefes de altos mandos, directores generales y tratando de no afectar los derechos fundamentales de los funcionarios operativos y de base, pero evidentemente haciendo investigaciones muy cercanas, para que todos estén muy conscientes de que la Secretaría de la Función Pública hoy sí hace su trabajo”, dijo Sandoval durante la firma de un convenio de la Secretaría de la Función Pública con la Cámara de Diputados.

Apuntó que en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han incrementado en un 40 por ciento las denuncias por corrupción, con respecto al último año del sexenio anterior.

También indicó que la dependencia recibió ya 23 mil denuncias de la ciudadanía, de las que existen 18 mil investigaciones abiertas por presuntos actos de corrupción.

Luego de firmar el convenio “para impulsar la rendición de cuentas, la transparencia, honestidad y la ética” de los legisladores, la funcionaria federal expuso que llevan ya cerca de 2 mil sanciones impuestas a más de mil 400 servidores públicos, «y nos hemos concentrado, como nos ha instruido el señor Presidente, en barrer las escaleras de arriba para abajo”.

“Contamos con más de 100 destituciones, 183 sanciones económicas con carácter resarcitorio que ya suman 5 mil millones de pesos”, informó.

La funcionaria explicó que también cuentan con procedimientos de responsabilidades administrativas «en un número superior a los 7 mil procedimientos de asignaciones, que van desde inhabilitaciones hasta otro tipo de sanciones». Además, dijo que ya se han resuelto muchas controversias .

La secretaria argumentó que el cúmulo de denuncias se debe a que se han ganado la confianza de los ciudadanos en muy pocos meses.


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