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El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirmó que el reto del próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador (AMLO), será esclarecer los “casos más emblemáticos de corrupción política en el país”.

“No hay autentico cambio político en México, sin un auténtico combate a la corrupción y a la impunidad”, dijo el mandatario de Chiahuahua y mencionó casos como la Estafa Maestra, la Casa Blanca, la Casa de Malinalco, el socavón del Paso Exprés, Odebretch y los Duartes, los cuales dijo “son casos emblemáticos que no pueden ser sepultados, perdonados, ni olvidados”.

Al respecto informó que para los primero días de diciembre, una vez haya cambio de administración federal, presentarán cinco ordenes más de aprehensión contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, mismas que actualmente son 15.

“Confiamos en que el nuevo gobierno de la República cambie la actitud omisa y protectora y que aplique la ley al ex gobernador, que César Duarte comparezca ante los tribunales de Chihuahua”, sostuvo Corral.

Adelantó que aprovechará la visita del presidente electo, López Obrador, el próximo sábado a su entidad, para detallarte el proceso de extradición del ex mandatario.

 

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) dar a conocer la averiguación previa del Caso Odebrecht.

Al resolver el asunto, el INAI modificó la respuesta de la PGR y le instruyó entregar información relativa a las actuaciones de los agentes del Ministerio Público involucrados en la indagatoria, los avances y el estatus de la investigación.

La decisión llega luego de que se determinara que es del interés público conocer la información sobre el caso Odebrecht, además de que abona a la rendición de cuentas y permite a la sociedad tener el control sobre el actuar de la autoridad y la manera en la que solventa las investigaciones en casos o hechos en los que se presumen delitos que implican actos de corrupción.

El INAI expresó que con esta decisión responde al reclamo social del combate a la corrupción, pues reconoció que el caso Odebrecht es uno los casos más representativos de una red de corrupción a nivel global.

 

El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores presentó una propuesta para modificar el artículo 108, con la que buscan que el Presidente de la República pueda ser sujeto a responsabilidad penal por delitos electorales, de corrupción y contra la humanidad.

Salomón Jara Cruz, vocero de la fracción de Morena, indicó que es necesario que la figura presidencial ya no sea una persona con derecho a inmunidad, como ha sucedido en los últimos años.

El senador indicó que hoy nuestro país ha iniciado una nueva época de cambio político, en donde se están impulsando acciones legislativas que transparenten y permitan que en México no haya ningún tipo de inmunidades ni privilegios.

La propuesta que presentaron tiene como objetivo que el titular del Ejecutivo en funciones sea sometido a proceso cuando incurra en actos de corrupción o cuando la autoridad competente compruebe su participación en algún tipo de delito electoral vigente, lo que comúnmente se conoce como fraude electoral.

“El fraude electoral, en el caso de México, ha sido una práctica común, a lo largo de la historia, en la que los titulares del Poder Ejecutivo se inmiscuyen en asuntos electorales, especialmente cuando se trata de una contienda para renovar la Presidencia de la República; sólo recordemos el caso cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente Felipe Calderón violó la Constitución y la Ley Electoral al haber realizado propaganda gubernamental durante el periodo de veda”, señaló el legislador.

Jara Cruz añadió que su propuesta también trata de incorporar otros supuestos, como la responsabilidad penal por la comisión de algún delito contra la humanidad.

 

Un grupo de 14 eurodiputados llamaron al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a llevar a cabo una agenda de reformas contra la impunidad y la corrupción y en favor de los derechos humanos.

A través de una carta dirigida a López Obrador, los parlamentarios expresaron su preocupación por la situación de los derechos humanos, la impunidad y la corrupción que prevalece en nuestro país, por lo que dijeron que “México necesita un cambio que comenzará impulsando reformas de “profundidad para acabar con la impunidad y la corrupción”.

La carta, hecha pública por los eurodiputados, recuerda los avances legislativos de los últimos años en el país para mejorar la situación de los derechos humanos, tales como la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares y la Ley General contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Dijeron que si bien se atienden los estándares internacionales, “llamamos a que su Gobierno (AMLO) implemente adecuadamente dichas leyes, teniendo en cuenta la opinión de las personas afectadas, sus familiares y la sociedad civil”.

Los eurodiputados también señalaron los “retrocesos importantes” que detectaron, como lo es la Ley de Seguridad Interior, desde cuya aprobación indicaron se han presentado varios recursos de amparo que, “a nuestro modo de ver, supone continuar con la militarización de la seguridad pública”.

Llamaron a López Obrador y a su gobierno a derogar dicha Ley y a “retirar a las fuerzas armadas de las tareas de la seguridad pública”.

Los eurodiputados firmantes son, por parte de Los Verdes, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Molly Scott, Florent Marcellesi y Ana Miranda. Y, en representación del grupo de la Izquierda Unitaria: Estefanía Torres, Miguel Urbán, Javier Couso, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Tania González Peñas, Xabier Benito y Lola Sánchez Caldentey

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados detectó un esquema de reparto de cuotas y una red de asesores, empleados ‘fantasma’, así como compras y licitaciones irregulares, que eran operados por las bancadas del PRI, PAN y PRD.

De acuerdo con un informe realizado por Morena, del cual da cuenta el diario Reforma, el eje de la red era la Secretaría General dominada por el PRI, la cual hace una semana fue entregada por Mauricio Farah Gebara, quien fue llevado por Manlio Fabio Beltrones, ex coordinador del tricolor en la 62 Legislatura.

La Secretaría General es un puesto del que, de acuerdo con Morena, se puede prescindir, además de ser un “barril sin fondo” de recursos. Ahí se encuentran 30 superasesores.

Asimismo, el informe indica que la Contraloría Interna, cuyo titular es Alfredo Wong Castañeda, es una designación del PRI.

“La contraloría sirve como pista de aterrizaje de aviadores en plazas propuestas por el PRI, PAN y PRD, tanto para operar sus propios asuntos como para cubrir compromisos personales y políticos”, se lee en el reporte.

Sobre la dirección de Recursos Humanos se refiere que opera “para pagar favores con plazas, incrementos y liquidaciones”. La dirección está a cargo de Abril Renée Aguayo, vinculada al senador del PRI Jorge Carlos Ramírez Marín.

De la Secretaría de Servicios Parlamentarios, Morena afirma que es una “mina” donde hay 29 asesores, pero solamente 3 trabajan y los demás dobletean además como asesores en otras áreas.

Se resalta que esta secretaría era una cuota del PRD, pero fue “vendida” al PRI por la ex coordinadora Mary Thelma Guajardo, a cambio de dos cargos para su hija y esposo.

 

 

 

Con información de Reforma

El Ministro Luis María Aguilar, aseguró que no se tolerará la corrupción de ningún tipo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), pues aseguró que el pasado 1 de julio la ciudadanía exigió ejercer la función pública con responsabilidad, honestidad y dignidad.

“Y, para quienes no crean que esto va en serio en el Poder Judicial de la Federación, les digo y reitero que no se ha tolerado ni tolerará a ningún funcionario de esta institución fundamental del Estado mexicano, que incurra en actos que corrompan su actuar, ni por dinero ni por mala conducta”, dijo el Ministro Presidente.

Aguilar reiteró que el compromiso del Poder Judicial es con una impartición de justicia que anteponga la igualdad entre las partes; que salvaguarde la legalidad de los procedimientos; que agilice los plazos y las audiencias así como con la independencia y que garantice la libre determinación del juez.

Expuso que la impartición de justicia debe ser motivo de orgullo para todos los mexicanos, así como motivo de orgullo para todos los funcionarios del Poder Judicial de la Federación.

 

Luego de vivir en una casa en la colonia Progreso, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, designado como fiscal General de Guerrero en el mes de mayo, adquirió una mansión en una exclusiva zona del puerto de Acapulco.

Según el periódico Reforma, la lujosa casa fue comprada en 10 millones de pesos, en dos pagos de 5 millones cada uno, aunque realmente la residencia tiene un precio comercial de un millón de dólares, equivalentes a unos 20 millones de pesos.

La nueva propiedad del fiscal, de casi 700 metros cuadrados de construcción, tiene alberca, seis recámaras, dos cocinas integrales, un roof garden de palma con vista al mar y cuarto de vapor.

Cabe destacar que Jorge Zuriel de los Santos Barrila, designado como fiscal a propuesta del gobernador Héctor Astudillo, tiene un salario de 80 mil pesos mensuales más 20 mil pesos de viáticos y la casa en la que antes habitaba se encuentra en una de las zonas más azotadas por la narcoviolencia.

Su nombramiento generó polémica desde el principio pues se dijo que por primera vez el Congreso local designó a un Fiscal de muy bajo perfil.

Aquí una comparación de las dos viviendas del Fiscal guerrerense

Ricardo Monreal, senador electo por Morena, señaló que se creará una comisión especial para investigar el caso Odebrecht, en el que podrían estar involucrados decenas de funcionarios de la administración saliente del presidente Enrique Peña Nieto.

El próximo coordinador parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional en la cámara alta, dijo que investigar los contratos suscritos entre el gobierno mexicano y la empresa brasileña forma parte de los compromisos del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para combatir la corrupción.

“Hay atrás de todo esto, de Odebrecht y de Pemex, una gran corrupción”, señaló Monreal, quien recordó que existe la sospecha de que la compañía pagó 10 millones de dólares en sobornos al entonces director general de Petróleos Mexicano, Emilio Lozoya.

Autoridades brasileñas documentaron los sobornos a Lozoya Austin, quien a cambio entregó una licitación por 115 millones de dólares para realizar obras en la refinería de Tula, Hidalgo.

Además, Monreal afirmó que también se investigarán las condiciones en las que Pemex adquirió la planta de Agro Nitrogenados de Altos Hornos de México en 275 millones de dólares.

El ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, se pronunció a favor de la pronta creación de una Fiscalía Anticorrupción autónoma en materia técnica y presupuestal, así como por nombrar a la brevedad a su titular.

El ahora asesor del Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), consideró que sin esos elementos no se podrá avanzar en la lucha contra la corrupción, uno de los problemas que tanto daño le han hecho al país.

Al referirse en concreto a la Ciudad de México, urgió a que se nombre a la brevedad a los comisionados del Instituto de Transparencia de la capital, y confió en que el próximo gobierno pueda  instrumentar un nuevo modelo que permita combatir la corrupción, por lo que recomendó a los Diputados locales electos revisar detalladamente las 11 leyes en la materia y ponderar los perfiles.

Nieto Castillo lamentó que se haya caído en una escala de percepción internacional en materia de corrupción, pues recordó que México se ubica en el lugar 135 de 180 países.

 

Con información de Notimex / Foto: Archivo APO

En conferencia de prensa, el Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), insistió en que al entrar el próximo gobierno, el que él encabezará, se acabará la corrupción y la impunidad.

Indicó que será una tarea en la que participaran todos los mexicanos, en el que todos “se porten bien” y se pueda traducir en que no vuelvan a existir “moches, sobornos, influyentismo y marrullerías”

Indicó que los ciudadanos votaron el pasado 1 de julio para que haya un cambio verdadero, por lo que indicó que no se trata únicamente de un cambio de gobierno, sino de un cambio de todos los mexicanos.

Ejemplificó que en el futuro, los empresarios no evadirán contribuciones (impuestos), sino que va a cumplir con su responsabilidad ya que sabrán que el dinero que aporten se usará con honestidad.

Enfatizó que “los funcionarios no se van a robar el dinero del presupuesto, de los mexicanos” gracias a las nuevas reglas que ha propuesto. Reiteró en que se acabará con la corrupción, impunidad,  ilegalidad, y “todas las cosas que llevaron al país a la crisis tan profunda que vive”.

 

Al participar en la ceremonia de Graduación de Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, Generación 2018, el Almirante Soberón Sanz, titular de la Secretaría de Marina (SEMAR) pidió a los jóvenes Guardiamarinas egresados repudiar y denunciar la corrupción, la complicidad y la impunidad.

“Jamás olviden, denigren o mancillen el juramento que una vez hicieron ante nuestro lábaro patrio. Recuerden siempre que servir a México es una misión de honor, que los marinos navales cumplimos al actuar con justicia, honestidad, honradez y rectitud. Repudien y denuncien la corrupción, la complicidad y la impunidad”, dijo Soberón Sanz.

Añadió que todos deben respetar y defender las expresiones democráticas de las y los mexicanos, esto en el marco de la transición de gobierno que se vive en el el país.

Agradeció al Presidente Peña Nieto por las valiosas acciones que significaron mejorar extraordinariamente la educación naval, por creer en las Fuerzas Armadas, y sobre todo, por querer “tanto a México”.

Al respecto, el Secretario de Marina indicó que se encuentran listos para enfrentar los nuevos retos que se presenten, pues dijo, son “buscando el bienestar de nuestra Nación y de nuestros conciudadanos”

“Sabemos que como país vivimos una etapa de cambios y que, por lo tanto, se necesita de mujeres y hombres con valores, con sentido de pertenencia y con un gran amor a la tierra que los vio nacer”, remató.

 

Los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sostuvieron un encuentro con Olga Sánchez Cordero y Zoé Robledo, quienes han sido propuestos como Secretaria y Subsecretario de Gobernación para la próxima administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La reunión estuvo presidida por el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, y participaron las comisionadas María Patricia Kurczyn Villalobos y Blanca Lilia Ibarra Cadena, y los comisionados Carlos Bonnin Erales, Oscar Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez.

El Instituto indicó que entre los temas abordados, se discutió la importancia del INAI en el combate a la corrupción, dado que de él dependen el Sistema Nacional de Transparencia e integra el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Archivos.

Se acordó mantener una colaboración de manera estrecha y coordinada, con respeto a la autonomía del órgano constitucional autónomo, con la Secretaría de Gobernación (Segob) del nuevo gobierno federal. En ese sentido se señaló que el vínculo permanente para esta tarea será Zoé Robledo.

Por su parte Sánchez Cordero enfatizó la invitación al INAI para participar en los proyectos del nuevo gobierno encaminados a consolidar el derecho a la verdad y la rendición de cuentas en el país.

 

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que está trabajando en dos grupos de iniciativas de reformas que presentará al Congreso de la Unión el 1 de diciembre: una relacionada con la austeridad republicana y la otra con el estado de bienestar.

El combate a la corrupción; el fraude electoral en cualquiera de sus manifestaciones, es decir: compra de voto, uso de recursos para favorecer a candidatos, falsificación de actas, entre otros; así como el robo de hidrocarburos, serán considerados delitos graves, sin derecho a fianza, señaló el tabasqueño.

En cuanto al primer paquete que tiene que ver con la austeridad, López Obrador dijo que “se reformará el artículo 108 constitucional para que el presidente en funciones sea juzgado por los delitos de corrupción y también se va a abolir el fuero constitucional a servidores públicos”.

De igual forma, AMLO habló de modificar la ley reglamentaria del artículo 127 para que ningún funcionario pueda ganar más que el presidente de la República; en este paquete se incluirán modificaciones en la Ley Orgánica de la Administración Pública para reducir el gasto corriente.

“Vamos a llevar a cabo una política de justicia laboral, que va a consistir en bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos y mantener los de los servidores públicos intermedios, y que los que ganan menos tengan un aumento progresivo”, señaló López Obrador.

Con respecto al segundo paquete, el tabasqueño explicó que tiene que ver con el estado de bienestar en el que será prioridad orientar el presupuesto para garantizar la educación gratuita en todos los niveles de escolaridad, para ello se modificará el artículo 3 y “se cancelará la mal llamada reforma educativa”.

En este paquete, dijo, se considera el aumento a la pensión de adultos mayores, la pensión para discapacitados pobres, y se convertirá en ley el derecho al estudio y al trabajo de los jóvenes.

El presidente electo informó que las iniciativas de reformas las estará coordinando Julio Sherer Ibarra, quien será el coordinador de la Consejería Jurídica de la presidencia de la República.