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El ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, se pronunció a favor de la pronta creación de una Fiscalía Anticorrupción autónoma en materia técnica y presupuestal, así como por nombrar a la brevedad a su titular.

El ahora asesor del Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), consideró que sin esos elementos no se podrá avanzar en la lucha contra la corrupción, uno de los problemas que tanto daño le han hecho al país.

Al referirse en concreto a la Ciudad de México, urgió a que se nombre a la brevedad a los comisionados del Instituto de Transparencia de la capital, y confió en que el próximo gobierno pueda  instrumentar un nuevo modelo que permita combatir la corrupción, por lo que recomendó a los Diputados locales electos revisar detalladamente las 11 leyes en la materia y ponderar los perfiles.

Nieto Castillo lamentó que se haya caído en una escala de percepción internacional en materia de corrupción, pues recordó que México se ubica en el lugar 135 de 180 países.

 

Con información de Notimex / Foto: Archivo APO

En conferencia de prensa, el Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), insistió en que al entrar el próximo gobierno, el que él encabezará, se acabará la corrupción y la impunidad.

Indicó que será una tarea en la que participaran todos los mexicanos, en el que todos “se porten bien” y se pueda traducir en que no vuelvan a existir “moches, sobornos, influyentismo y marrullerías”

Indicó que los ciudadanos votaron el pasado 1 de julio para que haya un cambio verdadero, por lo que indicó que no se trata únicamente de un cambio de gobierno, sino de un cambio de todos los mexicanos.

Ejemplificó que en el futuro, los empresarios no evadirán contribuciones (impuestos), sino que va a cumplir con su responsabilidad ya que sabrán que el dinero que aporten se usará con honestidad.

Enfatizó que “los funcionarios no se van a robar el dinero del presupuesto, de los mexicanos” gracias a las nuevas reglas que ha propuesto. Reiteró en que se acabará con la corrupción, impunidad,  ilegalidad, y “todas las cosas que llevaron al país a la crisis tan profunda que vive”.

 

Al participar en la ceremonia de Graduación de Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, Generación 2018, el Almirante Soberón Sanz, titular de la Secretaría de Marina (SEMAR) pidió a los jóvenes Guardiamarinas egresados repudiar y denunciar la corrupción, la complicidad y la impunidad.

“Jamás olviden, denigren o mancillen el juramento que una vez hicieron ante nuestro lábaro patrio. Recuerden siempre que servir a México es una misión de honor, que los marinos navales cumplimos al actuar con justicia, honestidad, honradez y rectitud. Repudien y denuncien la corrupción, la complicidad y la impunidad”, dijo Soberón Sanz.

Añadió que todos deben respetar y defender las expresiones democráticas de las y los mexicanos, esto en el marco de la transición de gobierno que se vive en el el país.

Agradeció al Presidente Peña Nieto por las valiosas acciones que significaron mejorar extraordinariamente la educación naval, por creer en las Fuerzas Armadas, y sobre todo, por querer “tanto a México”.

Al respecto, el Secretario de Marina indicó que se encuentran listos para enfrentar los nuevos retos que se presenten, pues dijo, son “buscando el bienestar de nuestra Nación y de nuestros conciudadanos”

“Sabemos que como país vivimos una etapa de cambios y que, por lo tanto, se necesita de mujeres y hombres con valores, con sentido de pertenencia y con un gran amor a la tierra que los vio nacer”, remató.

 

Los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sostuvieron un encuentro con Olga Sánchez Cordero y Zoé Robledo, quienes han sido propuestos como Secretaria y Subsecretario de Gobernación para la próxima administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La reunión estuvo presidida por el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, y participaron las comisionadas María Patricia Kurczyn Villalobos y Blanca Lilia Ibarra Cadena, y los comisionados Carlos Bonnin Erales, Oscar Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez.

El Instituto indicó que entre los temas abordados, se discutió la importancia del INAI en el combate a la corrupción, dado que de él dependen el Sistema Nacional de Transparencia e integra el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Archivos.

Se acordó mantener una colaboración de manera estrecha y coordinada, con respeto a la autonomía del órgano constitucional autónomo, con la Secretaría de Gobernación (Segob) del nuevo gobierno federal. En ese sentido se señaló que el vínculo permanente para esta tarea será Zoé Robledo.

Por su parte Sánchez Cordero enfatizó la invitación al INAI para participar en los proyectos del nuevo gobierno encaminados a consolidar el derecho a la verdad y la rendición de cuentas en el país.

 

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que está trabajando en dos grupos de iniciativas de reformas que presentará al Congreso de la Unión el 1 de diciembre: una relacionada con la austeridad republicana y la otra con el estado de bienestar.

El combate a la corrupción; el fraude electoral en cualquiera de sus manifestaciones, es decir: compra de voto, uso de recursos para favorecer a candidatos, falsificación de actas, entre otros; así como el robo de hidrocarburos, serán considerados delitos graves, sin derecho a fianza, señaló el tabasqueño.

En cuanto al primer paquete que tiene que ver con la austeridad, López Obrador dijo que “se reformará el artículo 108 constitucional para que el presidente en funciones sea juzgado por los delitos de corrupción y también se va a abolir el fuero constitucional a servidores públicos”.

De igual forma, AMLO habló de modificar la ley reglamentaria del artículo 127 para que ningún funcionario pueda ganar más que el presidente de la República; en este paquete se incluirán modificaciones en la Ley Orgánica de la Administración Pública para reducir el gasto corriente.

“Vamos a llevar a cabo una política de justicia laboral, que va a consistir en bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos y mantener los de los servidores públicos intermedios, y que los que ganan menos tengan un aumento progresivo”, señaló López Obrador.

Con respecto al segundo paquete, el tabasqueño explicó que tiene que ver con el estado de bienestar en el que será prioridad orientar el presupuesto para garantizar la educación gratuita en todos los niveles de escolaridad, para ello se modificará el artículo 3 y “se cancelará la mal llamada reforma educativa”.

En este paquete, dijo, se considera el aumento a la pensión de adultos mayores, la pensión para discapacitados pobres, y se convertirá en ley el derecho al estudio y al trabajo de los jóvenes.

El presidente electo informó que las iniciativas de reformas las estará coordinando Julio Sherer Ibarra, quien será el coordinador de la Consejería Jurídica de la presidencia de la República.

El PRI en el Congreso de la Unión trabajará durante la próxima Legislatura en reducir la desigualdad y la pobreza en el país ante el nuevo escenario político, pero con mucha claridad sobre las facultades que tiene el partido como oposición que son, dijo Claudia Ruiz Massieu, presidenta nacional del tricolor.

Luego de confirmar que René Juárez Cisneros será el coordinador de los diputados del PRI en la LXIV Legislatura, y Miguel Ángel Osorio Chong será el líder de la bancada tricolor en el Senado de la República, la dirigente expresó que el panorama político del partido es que tiene una representación más pequeña de lo que habían alcanzado siempre en las cámaras del Congreso, pero eso no significa que no tengan una responsabilidad grande con la gente que votó por ellos.

Ruiz Massieu subrayó que en el seno del PRI realizan un análisis a fondo sobre las distintas causas que los llevaron a obtener el resultado del pasado 1 de julio, por lo que revisan las actitudes que los alejaron de la ciudadanía, “las formas de hacer política y de vincularse desde el partido con la gente, con la militancia, con los gobiernos que surgen de sus filas y con los gobiernos a los cuales son oposición”.

En entrevista con Grupo Fórmula, la presidenta del tricolor afirmó que todos en el PRI aceptan que la corrupción los golpeó y es una problemática que tienen que enfrentar.

“Creo que todos los que estamos haciendo una reflexión seria sabemos que este es un tema que en la elección fue muy relevante, pero que desde hace tiempo los mexicanos están reclamando actitudes distintas de quienes somos partido, gobierno, legisladores, representantes”, dijo.

“Ahora tenemos mucha claridad de que nos tenemos que comportar conforme a ese estándar que estamos exigiendo y eso implica un gran trabajo”, concluyó Ruiz Massieu.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está siendo investigado en Estados Unidos por supuestamente lavar más de 1,200 millones de dólares de la compañía petrolera estatal PDVSA.

De acuerdo con el periódico estadounidense Miami Herald, Maduro junto con otras ocho personas malversaron fondos del ingreso petrolero para hacer fortunas ilegales en Estados Unidos y otros países.

Asimismo, los acusados aprovecharon su acceso al sistema de cambio de moneda extranjera, que ofrece una tasa más favorable para convertir bolívares a euros, indica la investigación.

Aunque en la investigación el nombre de Maduro no aparece tal cual, fuentes aseguraron al diario que se refieren a él como “oficial venezolano 2”.

Presuntamente también están involucrados sus hijastros; Raúl Gorrín, propietario de la cadena televisiva venezolana Globovisión; un alemán arrestado el martes en el Aeropuerto Internacional de Miami y Gustavo Adolfo Hernández Frieri, un colombiano naturalizado nacido en Estados Unidos, detenido en Italia el pasado miércoles y en espera de ser extraditado.

Esta operación habría comenzado en diciembre de 2014 con un plan de cambio de moneda para malversar 600 millones de dólares de PDVSA, obtenidos a través de sobornos y fraudes.

Los demandados supuestamente usaron a un socio, que se convirtió en una fuente confidencial para los federales para lavar una parte de los fondos de PDVSA.

Según el reporte, para mayo de 2015, la conspiración había duplicado el monto a mil 200 millones de pesos malversados ​​por la compañía petrolera.

María del Refugio Ruiz Moreno, diputada local del PRI en Jalisco, afirmó en entrevista con un programa de radio de la entidad que si le bajan el salario como legisladora “tendrá que robar”.

En entrevista con la cadena DK, la diputada habló sobre el Sistema Estatal Anticorrupción y de la reducción salarial para diputados, argumentando que de ver reducido su sueldo tendrá que recurrir al ilícito.

Esto ante la pregunta de un locutor, sobre si estaría dispuesta a bajarse el sueldo.

“Si me lo bajo, entonces ya voy a tener que robar, porque entonces para poder viajar a todo mi distrito a mí no me dan ni un peso de gasolina, ni un vale de caseta, ni una comida”.

Sumado a esto, “Cuquita”, como se le conoce a la legisladora, enfrenta otro problema, pues se descubrió que contrató a su propio hijo en el Congreso local, con un salario de 40 mil pesos mensuales.

El Movimiento Juvenil del PRI exigió su destitución inmediata y su expulsión del partido por ambos escándalos.

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) indicó que presentará al actual Gobierno Federal y al equipo de transición del virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un documento que plantea acciones concretas para establecer regulaciones e incentivos que favorezcan el diseño y ejecución de las contrataciones del gobierno.

Señaló que el enorme monto de recursos involucrados en las contrataciones de gobierno, es un incentivo para que el diseño de las licitaciones o mecanismos de adquisición sean susceptibles a la simulación de competencia o a la presencia de actos de corrupción entre funcionarios públicos y proveedores.

Indicó que tan solo en 2017, se adjudicaron más de 228 mil contratos públicos, con un valor superior a los 585 mil millones de pesos. 78% de los contratos se otorgaron por medio de una adjudicación directa, 10% por medio de una invitación a cuando menos tres personas, y solo 12% por medio de una licitación pública.

Detallaron que las entidades del Estado mexicano tienen la obligación constitucional de adquirir bienes y servicios en procesos transparentes y competidos para obtener las mejores condiciones de precios, calidad, financiamiento y oportunidad.

Sin embargo, la COFECE asegura que de forma recurrente se presencian procesos de adquisición irregulares, donde se usan métodos de excepción a la licitación mediante justificaciones ambiguas o subjetivas; se restringe la participación por medio de requisitos innecesarios; se dirigen los concursos otorgando ventajas a determinados agentes con ciertos perfiles comerciales o especificaciones técnicas, entre otras irregularidades.

Por ello, la Comisión presentará el documento al Gobierno Federal, al Equipo de Transición del Virtual Presidente Electo, a los próximos legisladores federales y al Sistema Nacional Anticorrupción, para “unir esfuerzos en la búsqueda del mejor ejercicio posible del gasto público”.

 

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó hoy 50 medidas que forman parte de su plan de austeridad y combate a la corrupción luego de reunirse con integrantes de su próximo gabinete.

“Se terminan todos los métodos con la política tradicional, se va a romper el molde en el que se hacía la política tradicional. Ese fue el mandato del pueblo”, sostuvo López Obrador tras su reunión.

Los nuevos lineamientos, que entrarán en vigor a partir del 1 de diciembre, son:

1. Se reformará el Artículo 108 de la Constitución para agregar que el Presidente de la República en funciones puede ser juzgado por delitos de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción.

2. Se suspenderán por completo fueros y privilegios para funcionarios públicos.

3. Se reformará la ley para considerar delitos graves el tráfico de influencia, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la hacienda pública, el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades; las penas no permitirán al inculpado la obtención de la libertad bajo fianza.

4. La Fiscalía General contará, en los hechos, con absoluta autonomía; no recibirá consigna del Presidente de la República y sus prácticas se apegarán al principio del derecho liberal, según el cual, “al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.

5. La Fiscalía Electoral estará encargada de garantizar que las elecciones sean limpias y libres; a evitar la compra del voto, la coacción, la amenaza, el uso del presupuesto público y de bienes para favorecer a partidos o candidatos y castigar cualquier tipo de fraude electoral. Su distintivo será la imparcialidad y su misión la de establecer en México una auténtica democracia.

6. La Fiscalía Anticorrupción será garante para evitar este mal que tanto ha dañado a México y no permitir bajo ninguna consideración, el predominio de la impunidad. El mandato que recibimos del pueblo en las elecciones del 1º de julio de 2018, consistió, básicamente, en confiarnos la apremiante tarea de acabar con la corrupción y la impunidad. La Fiscalía Anticorrupción podrá actuar con absoluta libertad y castigar a cualquier persona que cometa un delito de esa naturaleza, tratase de quien se trate, incluidos compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares. Un buen juez, por la casa empieza.

7. Todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales; así como la de sus familiares cercanos y será publica y transparente en todos los casos.

8. El Presidente de la República ganará menos de la mitad de lo que recibe el presidente Enrique Peña Nieto, sin ningún tipo de compensaciones.

9. No se comprarán vehículos nuevos para funcionarios.

10. No se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de gobierno.

11. No habrá más de cinco asesores por secretaría.

12. Solo tendrán secretarios particulares los secretarios o equivalentes.

13. No habrá bonos ni otras canonjías, el salario será integral, según la Constitución que a la letra dice: “Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.”

14. Se limitarán los viáticos al mínimo.

15. No habrá partida para gastos médicos privados.

16. No habrá caja de ahorro especial; es decir, dejará de existir la partida conocida como “seguro de separación individualizada”.

17. No se viajará al extranjero sin autorización del secretario y la partida se reducirá al mínimo.

18. Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia.

19. Nadie tendrá guardaespaldas, solo los encargados de la seguridad.

20. Se suprimen todas las estructuras y programas duplicados (oficialías mayores, oficinas de prensa, publicaciones, defensorías jurídicas, compras, contraloría interna y otras) y estas funciones o programas se centralizarán en una sola unidad o coordinación, dependiente de la secretaría relacionada con los asuntos en cuestión.

21. Se reduce toda la estructura de confianza en un 70 por ciento de personal y del gasto de operación.

22. Se bajan los sueldos de los altos funcionarios públicos a la mitad de quienes ganan más de un millón de pesos anuales, de manera progresiva; pero lo ahorrado debe significar el 50 por ciento del gasto actual.

23. Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados. Se venderá la flotilla de aviones y helicópteros. Solo quedarán los destinados a la seguridad, la protección civil y los que se ocupen para enfermos.

24. Se cancelarán las pensiones a los expresidentes de la República.

25. No se utilizarán vehículos y otros bienes públicos para asuntos particulares.

26. No podrá contratarse a familiares.

27. Los trabajadores de confianza laborarán de lunes a sábado y, cuando menos, 8 horas diarias.

28. No se puede asistir al trabajo en estado de ebriedad, ni tomar en las oficinas públicas.

29. Se reducirá en 50 por ciento el gasto de publicidad del gobierno.

30. Los funcionarios de Hacienda, Comunicaciones, de Energía y de otras dependencias, no podrán convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajar con contratistas, grandes contribuyentes, proveedores o inversionistas vinculados a la función pública.

31. Ningún funcionario público podrá ocupar en su domicilio a trabajadores al servicio del Estado, si no lo tiene permitido o no cuenta con autorización para ello.

32. Ningún funcionario, sin causa de emergencia, podrá ordenar cerrar calles, detener el tráfico o pasarse los altos o estacionarse en lugares prohibidos.

33. No se comprará ninguna mercancía que exista en los almacenes públicos en cantidad suficiente.

34. No se remodelarán oficinas, ni se comprará mobiliario de lujo.

35. Sólo tendrán apoyo de choferes los secretarios y subsecretarios.

36. Los policías y militares de las distintas corporaciones no estarán al servicio de funcionarios o particulares sin plena justificación.

37. El Estado Mayor Presidencial se incorporará por completo a la Secretaría de la Defensa y se ocupará de tareas de protección de espacios públicos, instalaciones estratégicas y de la seguridad de los mexicanos.

38. La residencia oficial de Los Pinos pasará a formar parte del Bosque de Chapultepec y se convertirá en un espacio para el arte y la cultura.

39. Desaparecerán las partidas para vestuario o cualquier gasto de protocolo y ceremonial dedicado al Presidente, a sus colaboradores cercanos y a familiares.

40. Se cancelará toda labor de espionaje o intervención telefónica que afecte el derecho a la privacidad de las personas; el sistema de inteligencia del gobierno estará sólo dedicado a la prevención de delitos y al combate a la delincuencia.

41. Se cuidarán los bienes de la oficina a disposición de servidores públicos para proteger el patrimonio colectivo.

42. Se evitarán gastos de oficinas innecesarios y se ahorrará energía eléctrica, agua, servicios telefónicos, de internet, gasolinas y otros insumos pagados por el erario.

43. Se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas y en cualquier lugar, aceptando con humildad que ellos son los mandantes de los servidores públicos.

44. Las compras del gobierno se harán de manera consolidada; mediante convocatoria, con observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU.

45. Los contratos de obra del gobierno se llevarán a cabo mediante licitación pública, con la participación de ciudadanos y de observadores de la ONU.

46. No habrá partidas en el presupuesto a disposición de diputados o senadores. Se acabará la vergonzosa práctica del soborno o de los llamados moches.

47.Ningún funcionario público podrá recibir regalos, cuyo valor exceda los 5 mil pesos.

48. No se autorizará la contratación de despachos para elaborar proyectos de ley, planes de desarrollo o cualquier tipo de análisis y recomendaciones que puedan hacerse con el trabajo y la capacidad profesional de los servidores públicos.

49. En las relaciones comerciales o financieras con empresas internacionales se dará preferencia a los originarias de países cuyos gobiernos se caractericen por su honestidad y castiguen, no toleren las prácticas de sobornos o de corrupción.

50. Se revisarán los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que se hayan otorgado mediante el influyentismo, la corrupción y causen daño a la hacienda pública. En caso de anomalías que afecten el interés nacional, se acudirá al Congreso de la Unión, a tribunales nacionales e internacionales; es decir, siempre nos conduciremos por la vía legal. No actuaremos de manera arbitraria ni habrá confiscación o expropiación de bienes.

En conferencia de prensa dimos a conocer los lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana

Posted by Andres Manuel Lopez Obrador on Sunday, July 15, 2018

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, destacó hoy que su Gobierno y México se han comprometido a trabajar de “manera estrecha” en asuntos comerciales, de seguridad y frontera.

Las declaraciones fueron realizadas en una conferencia de prensa que ofreció junto al canciller Luis Videgaray al término de una reunión en la que ambos funcionarios reafirmaron que los dos países son “vecinos, socios y amigos”.

“México es un socio regional y mundial y como ejemplo podemos trabajar con el Salvador, Guatemala y Honduras para reducir la inseguridad y violencia, y así mejorar las oportunidades”, indicó Pompeo.

Destacó que al luchar contra la corrupción, se generarán mejores y mayores oportunidades para la región, lo que coincidió con la línea discursiva que ha empujado Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde su campaña. Pompeo explicó que así se podrá “reducir la migración que socava la seguridad en Estados Unidos”.

 

Aun cuando quizás Andrés Manuel López Obrador no viva en Los Pinos, a tres mil quinientos metros del lugar en donde han vivido los presidentes de México desde Lázaro Cárdenas, se ubica la delegación Miguel Hidalgo. Ahí, tan cerca de Los Pinos, regresa como alcalde Víctor Hugo Romo.

Romo ya fue delegado de Miguel Hidalgo por el PRD y el balance de su gestión la marcó la corrupción. Corrupción que abarcó desde la extorsión a restauranteros, antreros y constructores, hasta el desarrollo de edificios plagados de irregularidades en donde Romo pedía su ‘diezmo’ de un departamentito para él o sus cercanos.

Ahora regresa bajo las silgas de MORENA. Ganó por poquito: 5 mil 49 votos de los 226 mil 502 que se emitieron. Algunos dicen que su triunfo fue gracias a la compra de votos y el rebase de tope de gastos de campaña. Cuando menos eso ha reportado quien quedó en segundo lugar, Margarita Martínez Fisher, del Frente (PAN, PRD y MC) cuya queja está ahora en el Tribunal local y seguramente llegará hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero la explicación más sencilla es que Romo ganó arrastrado por el tsunami de López Obrador.

¿Cómo es posible que AMLO que habla de que el poder es humildad; de honestidad valiente y de que su bandera es no a la corrupción tenga entre los suyos a un personaje como Víctor Hugo Romo?

Basta comenzar con decir que actualmente existe una denuncia penal en su contra a la que no se ha presentado a declarar porque tiene fuero como Asambleísta. La denuncia es por una serie de obras que realizó cuando estuvo al frente de Miguel Hidalgo cuyas irregularidades siguen costándole a la delegación, ahora municipio, y que en pocas semanas deberá pagar 70 millones de pesos a la Tesorería.

Las obras señaladas en la denuncia en contra de Romo son tres principalmente: El mercado Escandón; el edificio delegacional y el parque El Mexicanito. Sobre estas tres obras y sus irregularidades hay documentos presentados y acreditados ante las instancias penales correspondientes que señalan pagos anticipados; cambios a los proyectos originales; uso de empresas como Elementos Estructurales y Construcción BC S.A de C.V cuya existencia no ha podido comprobarse por lo que cumplen con las características de las llamadas empresas fantasmas, e incumplimiento en los plazos de construcción.

Incluso hay dos ex funcionarios de la administración de Romo que están vinculados a proceso por las irregularidades en estas obras. Martín Adolfo Mejía Briones y José Carlos García Chávez quienes fungieron como Director General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y Director de Obras, respectivamente.

 

Columna completa en EL UNIVERSAL

El juez brasileño, João Gebran Neto, revocó la orden de excarcelación “inmediata” del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva dictada por otro magistrado horas antes,  por lo que deberá permanecer en prisión.

Gebran Neto es uno de los tres jueces que integran la octava sala del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre, corte que condenó a Lula en segunda instancia a 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero.

El magistrado contradijo la decisión dictada horas antes por el juez federal de turno Rogerio Favreto, quien este domingo concedió a Lula un “habeas corpus” solicitado por diputados del Partido de los Trabajadores (PT), formación liderada por el expresidente. Luiz Inácio Lula da Silva permanece preso desde el pasado 7 de abril por corrupción pasiva.

 

Con información de Agencias / Foto: Especial