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Un total de 10 entidades, entre ellas el IMSS, el ISSTE y la SEP, son las que acumulan más denuncias por posibles actos de corrupción de servidores públicos que investiga la Secretaria de la Función Pública (SFP) de las 34 mil que ha recibido la institución.

Así lo dio a conocer la titular de la dependencia federal, Irma Eréndira Sandoval, durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se explicó que, de entre las 10 entidades, las del sector salud son las que concentran más denuncias.

Además de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), del de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), también se indagan acusaciones contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Policía Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Sandoval Ballesteros refirió que las denuncias se concentran en el área de salud, por lo que es tan relevante todo el trabajo que el presidente encabeza junto con los secretarios y subsecretarios de Salud, en todas las dependencias que tienen interacción cotidiana con la ciudadanía.

La funcionaria federal también explicó que incluso en una sola institución de salud se detectaron presuntas irregularidades en contrataciones públicas por más de 12 millones de pesos, aunque no reveló el nombre.

Lo que si dijo es que se indaga un daño patrimonial que asciende a 7 mil 800 millones de pesos que se habría cometido mediante el desaparecido Seguro Popular.

Detalló que se investiga del periodo de 2007 a 2016, es decir del segundo año de la presidencia de Felipe Calderón hasta su conclusión y del inicio de Enrique Peña Nieto hasta su cuarto año de gobierno.

“Estamos investigando durante el periodo de 2007 a 2016 más de siete mil 800 millones de pesos no comprobados y ejercidos dentro de este proyecto del Seguro Popular. Aquí ya estamos trabajando con los Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Salud y del Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi) para preparar las denuncias penales por el daño patrimonial tan fuerte», afirmó Sandoval.

La titular de la SFP destacó que también se indaga que en 2018 se utilizaron indebidamente más de 6 mil 200 millones de pesos en unidades médicas “no acreditadas» dentro de la figura jurídica del Seguro Popular.

Por el momento la dependencia federal detalló que a la par que se realiza la investigación administrativa también se hace el proceso judicial. Además dijo que 5 empresas farmacéuticas están bajo investigación por violaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En ese sentido dijo que se han sancionado a 60 empresas en el sector salud de las cuales destaca el caso de Grupos Fármacos Especializados, a quienes multaron con 905 mil 880 pesos e inhabilitación por 2 años.

Finalmente dijo, hasta ahora se han recibido 102 denuncias contra Delegados y ex delegados de Bienestar.

El gobierno mexicano logró detener la caída libre de la corrupción que dejó la administración anterior, aseguró el titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.

El funcionario de dicho organismo, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), recordó que México mejoró ocho lugares a nivel mundial dentro del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

“Respecto al Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que nos mejora ocho lugares, es preciso decir que hemos logrado detener la caída libre que nos dejó el gobierno anterior», publicó en su cuenta de Twitter.

Y es que según el Índice presentado este jueves, de un total de 180 países evaluados, México se colocó en la posición 130, mejorando 8 posiciones respecto a 2018, para ubicarse junto a Guinea, Laos, Maldivas, Mali, Myanmar y Togo.

Se resaltó que al mejorar su calificación en un punto respecto a 2018, México detuvo una caída de 5 años consecutivos en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

Los países fueron valorados en una escala, donde cero significa mayor percepción de corrupción y 100 representa una menor percepción al respecto. México obtuvo una puntuación de 29 unidades.

Santiago Nieto adelantó que en breve se reunirá con Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, para trabajar en la promoción de políticas públicas para seguir mejorando en dicha materia.

«Cero tolerancia a la corrupción», sentenció el funcionario federal después de darse a conocer ese indicador.

Por su parte la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, celebró que México avanzara en el ranking internacional, y aseguró que el mundo «registra y abraza el viraje radical en materia de combate a la corrupción» que lleva a cabo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional presentaron hoy el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), en el que México subió ocho posiciones respecto a la edición de 2018.

El IPC registra la opinión de analistas, empresarias, empresarios y académicos de todo el mundo sobre su percepción de la corrupción en 180 países.

Al mejorar su calificación en un punto respecto a 2018, México detuvo una caída de 5 años consecutivos en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

En esta ocasión, México obtuvo 29 de 100 puntos posibles en este instrumento internacional, lo que representa una diferencia de un punto respecto al 2018. Con esta calificación, México se ubica en la posición 130 de 180 países evaluados por Transparencia Internacional, mejorando 8 posiciones respecto a 2018, para ubicarse junto a Guinea, Laos, Maldivas, Mali, Myanmar y Togo.

Los resultados del Índice consideran la percepción sobre los avances y retrocesos en el comportamiento de la corrupción. La edición 2019 del Índice de Percepción de la Corrupción para México registra la percepción sobre la corrupción durante 2018 y hasta agosto de 2019. Este periodo incluye la alternancia en el Gobierno Federal, que asumió un compromiso público contra la corrupción.

Registra también ajustes a la estrategia anticorrupción federal como la incorporación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda o la entrada en operación de una nueva Fiscalía General de la República con autonomía constitucional.

Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional puntualizaron que a partir de 2015, México venía experimentando una caída continua en el índice. En 2014, México fue calificado con 35 puntos (de 100 posibles). A partir de ese momento, año tras año México fue deteriorando su calificación y perdiendo lugares en su posición relativa con otros países.

«Aunque la mejora de un punto es una señal positiva, si el país quisiera obtener nuevamente la calificación de 2014, tendría que mejorar otros seis puntos», detalla el informe.

Respecto al continente americano, México se encuentra por debajo de Brasil (35 puntos), El Salvador (34 puntos) y Bolivia (31 puntos), y por encima de República Dominicana (28 puntos), Paraguay (28 puntos), Guatemala (26 puntos) y Honduras (26 puntos).

En las mejores posiciones de la tabla a nivel regional se encuentran Canadá (77 puntos), Uruguay (71 puntos) y Estados Unidos (69 puntos). Al final de la tabla se encuentran Nicaragua (22 puntos), Haití (18 puntos) y Venezuela (16 puntos).

La calificación de México lo coloca en el último lugar entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y sigue casi al final de la tabla del Grupo de los 20 (G20).

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó sobre la Ley de Confianza Ciudadana, que recordó ya fue aprobada y que busca cumplir con las responsabilidades bajo protesta de decir la verdad, terminar con la corrupción en los niveles de abajo y desaparecer la figura de los inspectores.

“Ya se aprobó la Ley de Confianza Ciudadana porque así como hay quienes están malacostumbrados y abusan, para combatir la corrupción desde abajo, pero si siguen los inspectores y pasan a recoger el moche a los comercios, van a decir que eso de que no hay corrupción es puro cuento, demagogia del presidente», expuso.

El mandatario explicó que no habrá inspectores, que los dueños de comercios se van a inscribir en un padrón y bajo protesta de decir verdad cumplirán con sus obligaciones. Indicó que la Secretaría de Economía se hará cargo de esta tarea.

“Se va a hacer posteriormente un sorteo, pero para decirlo más fino, por insaculación, se hace una inspección, no de todos, sino es una muestra y se va a corroborar si se cumplió. Si en efecto, a todo lo que se comprometió es cierto, se va a entregar un reconocimiento de buen ciudadano. Si resulta que engañó, simuló, pues entonces se hace acreedor a una multa y va a seguir siendo inspeccionado», advirtió.

López Obrador dijo que ese mismo procedimiento podría aplicarse en el caso del consumo de luz, donde los propios consumidores lleven el registro en una tarjeta y lo presenten para pagar por la energía eléctrica que usaron.

Indicó que lo que busca con esta nueva Ley, es darle la confianza a la gente, y quitar a inspectores de la Procuraduría del Consumidor, Salud, Economía; que sea la gente quien ayude al gobierno, y que todos actúen con rectitud.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que es suficiente con el marco legal que existe actualmente, por lo que “no hace falta una gran reforma político-electoral”.

Sin embargo indicó que lo que hace falta es que haya voluntad política para que no se permita el fraude electoral y se castigue a quienes lo cometan y que no haya incumplimiento.

En ese sentido aseveró que si el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral federal y la Fiscalía Electoral quieren poner orden y acabar con el fraude, tienen todos los elementos para meter a la cárcel a quien utilice dinero para quienes cometan delitos como favorecer a candidatos o partidos con recursos públicos.

López Obrador afirmó que es más importante reducir el presupuesto de los partidos políticos que hacer una reforma político-electoral, por lo que se debe volver a presentar la reforma constitucional que presentó el año pasado.

Planteó que el dinero que se les reduzca a los organismos políticos, que manejan mucho dinero, puede destinarse a atender las necesidades de la población.

«Lo más importante es que se disminuya el presupuesto a partidos, eso significa ahorro importante que se traduce en más apoyo a la gente”, indicó el mandatario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) alentó hoy a denunciar actos de corrupción de los que sean testigos o tengan pruebas.

“Todos los mexicanos lo saben, lo que pasa es que antes no se atrevían o no les hacían caso, o había represalias, ahora no, ahora vamos a proteger, a agradecer a quienes nos ayuden a acabar con la corrupción. Ya no hay influyentismo», aseguró el mandatario.

El mandatario reiteró que a quienes denuncien actos de corrupción se les otorgarán garantías para no sufrir represalias.

Sobre los casos de corrupción, AMLO informó esta mañana que se tiene una investigación abierta por huachicoleo de combustible en puertos, en el puerto más importante para la importación de gasolinas.

Sin citar el nombre del puerto donde los funcionarios están bajo investigación, para no afectar el proceso de la investigación, el mandatario aseguró que se cuenta con evidencias del ilícito.

“Tenemos todos los elementos, desde que embarcan el combustible hasta la entrega en las gasolineras, y esto se hace dentro del puerto y es imposible que no se den cuenta que tiene que salir por una calle del puerto y salen por otra las pipas, explicó.

Añadió que el almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina, está a cargo de la investigación y de la vigilancia en los puertos marítimos del país.

Otro dato que reveló el presidente este jueves, es que hubo cambio de directivos en Pemex Internacional con el objetivo de garantizar que no haya corrupción.

“Se hicieron cambios en Pemex Internacional porque llevaban mucho tiempo un grupo de servidores públicos, algunos de ellos hasta 30 años», expuso. Detalló que los funcionarios públicos que fueron removidos eran quienes estaban a cargo de la venta del petróleo y de establecer el costo del mismo.

“Estaban encargados de vender el petróleo y fijar los precios y se llegó a un acuerdo de que ya era necesario un cambio, una renovación y entraron nuevos servidores públicos, porque queremos tener la seguridad de que no va a haber corrupción», sentenció.

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, reprochó este miércoles que algunas unidades de gobierno no respetan la presunción de inocencia, lo cual puede afectar el debido proceso.

Durante un encuentro con embajadores y cónsules, el fiscal criticó que haya declaraciones desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre denuncias con poco criterio y ello ponga a la Fiscalía en una crisis procesal.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que se van a definir bien los campos de actuación, pues confirmó que sí hubo el reclamo de parte del fiscal en defensa de su autonomía, en ejercicio de sus facultades.

López Obrador enfatizó que el trabajo que realiza Santiago Nieto al frente de la UIF es fundamental en su gobierno para acabar con la corrupción.

Cuestionado sobre si pediría más prudencia a Nieto en sus declaraciones sobre indagatorias, el presidente aclaró que toda la información que sale de la unidad cuenta con su visto bueno.

“Santiago (Nieto) no hace nada sin consulta del presidente, o sea no es echarle la culpa a él», dijo el mandatario federal.

Reconoció que necesita que Santiago Nieto informe sobre temas de lavado de dinero y fraude, ya que a él no le corresponde informar sobre este tema, pero aclaró que de ahora en adelante buscarán que no se transgreda el debido proceso.

El ex candidato del PRD a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz y la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) de dicho partido, presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los presuntos «moches» que han cometido funcionarios de primer nivel del actual gobierno de Baja California, encabezado por el morenista Jaime Bonilla.

Martínez Veloz explicó que en el estado se han repetido actos de corrupción, mismos que se han denunciado oportunamente y existen evidencias sobre el uso de 28 millones de pesos que fueron utilizados para favorecer contratos a distintos empresarios, “es por eso que acudimos a la FGR para que intervenga y dé certidumbre a la ciudadanía y a los empresarios del estado”.

Acompañado de los dirigentes nacionales Ángel Ávila, Camerino Márquez y la dirigente estatal Brenda Villena, agregó que “los moches empezaron a producirse a partir de la detención del chofer de la ex Secretaria del Bienestar Social, que portaba la cantidad de cuatro millones 700 mil pesos y, a partir de ahí, empiezan a aparecer una serie de declaraciones por parte de funcionarios, exfuncionarios y empresarios que señalan que hubo al menos 28 millones de pesos que le fueron solicitados a distintos empresarios a cambio de favorecerlos con contratos cuando llegara a ocupar su cargo”, acusó.

El ex candidato del PRD detalló que dichos recursos fueron utilizados en una asociación llamada “voluntariado de Jaime Bonilla” y de acuerdo con declaraciones de la Secretaria del Bienestar, parte de esos recursos fueron destinados para distribuir mochilas y promover la figura y la imagen del ya gobernador electo.

En ese sentido, Ángel Ávila señaló que Jaime Bonilla es un personaje nocivo para la vida pública del país, pues a menos de un mes de tomar protesta como gobernador se destapan ese desvío de recursos por parte de funcionarios de primer nivel, “ya renunció la Secretaria del Bienestar y el Oficial Mayor, por tanto esas acciones deben ser investigadas de manera inmediata”, subrayó.

Precisó que la decisión de acudir a la FGR es porque las autoridades locales no van a resolver conforme a derecho, pues hace unos días nombraron al nuevo Fiscal de Baja California que es nada menos que el compadre de Jaime Bonilla, por tanto, no hay confianza en las autoridades del estado resuelvan a favor de la legalidad.

El ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante la administración del presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue detenido este martes en Texas, Estados Unidos.

Fue la periodista Ginger Thompson quien a través de su cuenta de Twitter informó sobre la detención, la cual se debe a acusaciones de corrupción en contra del exfuncionario federal mexicano.

Más tarde, la Fiscalía de los Estados Unidos confirmó la detención por «conspiración con el narcotráfico y falsas declaraciones».

García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa, específicamente de «El Chapo» Guzmán mientras dirigía a la Policía Federal y era responsable de garantizar la seguridad pública en nuestro país.

«El arresto de hoy demuestra nuestra determinación de llevar ante la justicia a quienes ayudan a los cárteles a infligir daños devastadores en los Estados Unidos y México, independientemente de los cargos que mantuvieron mientras cometían sus crímenes», declaró el fiscal de Estados Unidos Donoghue.

En la acusación de la corte, se señala que García Luna recibió millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de proporcionar protección para el contrabando de droga y actividades de trata de personas.

Detallaron que el cártel de Sinaloa obtuvo un pasaje seguro para sus envíos de drogas, información confidencial de las fuerzas del orden sobre investigaciones sobre el cártel e información sobre cárteles rivales de drogas, lo que facilitó la importación de cantidades de toneladas de cocaína y otras drogas en los Estados Unidos.

En dos ocasiones, el Cartel entregó personalmente sobornos a García Luna en maletines que contenían entre tres y cinco millones de dólares. Según los registros financieros obtenidos por el gobierno, cuando García Luna se mudó a los Estados Unidos en 2012, había acumulado una fortuna personal de millones de dólares.   

Se indica que ya Estados Unidos, García Luna presentó una solicitud de naturalización en 2018, en la que mintió sobre sus actos criminales pasados ​​en nombre del cártel de Sinaloa.

Recordemos que García Luna también fue colaborador del expresidente Vicente Fox, al dirigir la ahora extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, destacó la urgencia de que se conozca un «padrón» de beneficiarios de actos corrupción pública y privada.

“Es fundamental conocer quiénes son los beneficiarios finales de los actos de corrupción, levantar el velo a las personas jurídicas para identificar quiénes son los beneficiarios de actos de corrupción pública y privada», dijo el funcionario.

Al participar en la Conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción 2019, dijo que en lo que va del año la unidad que encabeza ha presentado 40 denuncias por lavado de dinero vinculado a temas de corrupción.

Además, ha dado 27 vistas de casos relacionados con dicho problema en sedes administrativas; se han judicializado cuatro casos con vinculación a proceso, y se han incorporado a 178 personas en la lista de bloqueos relacionados por temas de corrupción.

“Esto ha dado un monto total de mil 415 millones de pesos por actos de corrupción», expresó Nieto Castillo, quien resaltó que la lucha contra los grupos delincuenciales pasa forzosamente por el combate a la corrupción e impunidad, y precisa de voluntad política.

El funcionario subrayó la importancia de que la ciudadanía participe en el combate a la corrupción, pues recordó que la lucha contra la impunidad se dará a partir de llevar más casos a los tribunales.

“En la medida en que logremos cumplir con esa responsabilidad estaremos cumpliendo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, de barrer las escaleras de arriba hacia abajo, de tener una casa limpia, en virtud de que sea responsabilidad de todos cumplir con este compromiso de naturaleza internacional», sostuvo Nieto.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó en dos billones de dólares (bdd) el monto anual que en el mundo se paga por sobornos, y en 2.6 bdd la cifra a que asciende el robo mediante la corrupción, 5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el Día Internacional contra la Corrupción, precisó que los países en desarrollo pierden por la corrupción 10 veces más que el dinero dedicado oficialmente al desarrollo.

«Ningún país, región o comunidad es inmune», señaló Naciones Unidas para la cual este tipo de prácticas afecta de manera negativa a todos e impide en consecuencia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En su mensaje por el Día Internacional contra la Corrupción, António Guterres, secretario general de la ONU, señaló que «la evasión de impuestos, el blanqueo de dinero y otros flujos ilícitos desvían de su destino recursos muy necesarios para escuelas, hospitales e infraestructura esencial». Se trata de fondos esenciales para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible, subrayó.

Por su parte el Papa Francisco en su cuenta de Twitter se sumó a esta jornada y señaló que la corrupción degrada la dignidad de la persona y destruye los ideales buenos y hermosos.

«La sociedad está llamada a comprometerse concretamente para combatir el cáncer de la corrupción que, con la ilusión de ganancias rápidas y fáciles, en realidad empobrece a todos», escribió el pontífice en su red social.

A su vez, Transparencia Internacional (TI), acreditada por sus acciones anticorrupción, advirtió que «la corrupción es uno de los mayores obstáculos para garantizar la efectividad de las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático».

Advirtió que en países en los que impera la corrupción, el financiamiento internacional para la protección del medioambiente está en riesgo, y también se crean las condiciones para crímenes como la tala y la minería ilegal y, en muchos casos, el asesinato de activistas ambientales.

Llamó a reafirmar el Objetivo de Desarrollo Sustentable 16: «la corrupción es un obstáculo para diseñar y ejecutar políticas a favor del ambiente, la igualdad y el desarrollo de todos los países».

Foto: Twitter @IntegridadMx

La secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, informó que han recibido 21 denuncias sobre las presuntas irregularidades en la declaración patrimonial del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.

Esa fue la respuesta a la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, durante su comparecencia ante la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y participación Ciudadana del Senado, la tarde-noche de ayer.

La legisladora panista preguntó: ¿Cómo va la investigación?, ¿se obligará a Bartlett a que declare lo que omitió?, ¿se le sancionará?.

Al responder, la funcionaria federal agradeció a la senadora que hubiera interpuesto su queja ante la Función Pública, y le reiteró el compromiso de la dependencia de atender todas y cada una de las investigaciones que se le solicitan.

“Le agradezco mucho que, con su investidura de senadora, se haya tomado la molestia de venir, incluso en bicicleta, a poner la denuncia, pero es una investigación que acumula 21 denuncias, la más reciente se presentó el 30 de septiembre pasado, precisó Sandoval Ballesteros.

Sostuvo que no van a defraudar la confianza de la ciudadanía, y que van a llegar “hasta las últimas consecuencias» en esa investigación ya que, reiteró, la Secretaría de la función Pública (SFP) tiene como uno de los ejes la apertura total de las investigaciones para acercarse a los ciudadanos.

«Como lo mandata la ley, hay que ser muy prudente, pues se tiene que respetar la presunción de inocencia, que corresponde a todos y cada uno de los servidores públicos; también exigentes, autoexigentes, para no dejar sin asignación una responsabilidad que merezca sanción, como una violación o un acto de corrupción», indicó la funcionaria.

Durante la comparecencia, la titular de la SFP aseguró que la prioridad del nuevo gobierno es acabar con la corrupción y la impunidad, lo que se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo y el trabajo de la Secretaría. Señaló que lo que buscan es instaurar una nueva ética de trabajo en el servicio público con «honestidad, eficacia, profesionalización y transparencia».

Sandoval Ballesteros reveló que recibió una secretaría que no funcionaba. “La primera misión fue reanimar, relanzar, revivir y fortalecer la Función Pública para que utilizara todas sus facultades”, apuntó.

Detalló que hay alrededor de 28 mil investigaciones en proceso por presuntas irregularidades de servidores públicos, de éstas, han concluido alrededor de 5 mil 480, un 30% más que en el gobierno anterior. “En la Función Pública ya no hay intocables ni siguen existiendo perseguidos políticos”, sentenció.

Irma Eréndira Sandoval reveló que debido a la transformación de la visión de la auditoría, de la fiscalización y de la examinación, han resuelto que los gobiernos estatales tienen pendiente la justificación o devolución a la Federación, de 46 mil 121 millones de pesos, lo que representa 50 veces el presupuesto de la Función Pública en este año.

Además, agregó, tienen observaciones en auditorías de obra pública por un monto de 17 mil 319 millones de pesos, más de 16 mil millones de éstos, vinculados al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco.

En materia de combate a la impunidad, informó que han impuesto 2 mil 791 sanciones a servidores públicos, entre las que destacan 875 inhabilitaciones y 237 sanciones económicas resarcitorias, por más de 3 mil 596 millones de pesos, sin contar las que continúan en litigio.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, reveló esta tarde que el Poder Judicial sufrió presiones en gobiernos anteriores en temas como el de la Guardería ABC y Florance Cassez, entre otros.

«Sobre las declaraciones de Calderón debo decir que las presiones a las que fui sometido y fue sometida la Corte. No son nuevas. Tiene más de 8 años que se sabe de ellas. Todo mundo las sabía, todo mundo las conocía», indicó el Ministro Presidente.

Sostuvo que ahora hay todo un plan de trabajo para combatir la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial, y aprovechó para dar a conocer la suspensión de un magistrado de distrito por su presunta implicación en una red de corrupción e irregularidades graves.

«Cero tolerancia a la corrupción en los hechos. No habrá tolerancia a actos indebidos. Seguiremos combatiendo el nepotismo (…) Es la primera vez que tomando medidas y las seguiremos tomando. En esta administración no ha habido ni habrá intocables», declaró Zaldívar a la prensa.

Indicó que el antídoto contra las presiones que pueda recibir la Corte es no ceder a ellas.

Al ser cuestionado sobre los perfiles que se propondrán para ocupar la vacante en la Corte, Zaldívar indicó que no tiene conocimiento de quiénes serán, sin embargo confió en que sea gente honorable, seria, íntegra, juristas independientes que sumen al prestigio de la Corte.

Reconoció que le gustaría que fuera una terna de mujeres.

El Ministro Presidente, rechazó hablar en esta ocasión sobre el tema del exministro Eduardo Medina Mora, sin embargo expuso que sí «tiene inconsistencias financieras bastante importantes, es lo que puedo decir».

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