Ana Paula Ordorica
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Congreso peruano aprueba denuncia contra el expresidente Pedro Castillo

El Congreso peruano aprobó el viernes una denuncia constitucional contra el expresidente izquierdista Pedro Castillo por presuntos casos de corrupción en su gobierno, cometidos antes de que fuera destituido en diciembre.

La denuncia constitucional será trasladada ahora al despacho de Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que en adelante podría acusar formalmente a Castillo ante el poder judicial.

Con 59 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones, los legisladores aprobaron el informe, presentado
por la fiscal Patricia Benavides, que recomienda acusar al expresidente por presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.

“El expediente de la acusación constitucional será enviado a la fiscal de la nación para que proceda conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución Política de Perú”, ha sentenciado el presidente del Congreso, José Williams.

Y es que la Fiscalía investiga una supuesta red criminal liderada por Castillo que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con Juan Silva, exministro de esta cartera, con el exministro de Vivienda Geiner Alvarado, así como con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial y de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.

Durante el debate, el abogad de Castillo, Eduardo Pachas, negó en el Congreso los cargos y rechazó que el exmandatario perteneciera a una organización criminal.

En la misma sesión, el Congreso también aprobó las denuncias contra dos exministros de Castillo involucrados en los cargos relacionados a presuntos sobornos en la construcción de un puente y en la compra de combustibles para la estatal Petroperú.

La destitución de Castillo, un profesor rural e hijo de campesinos, ha provocado una ola de violentas protestas principalmente de regiones pobres del sur del país contra el gobierno, que han dejado unos 60 muertos en dos meses.

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In BRÚJULA

Los corruptos ya no son como los de antes

Los corruptos de hoy, los que son de Morena y/o cercanos al presidente López Obrador, son muy distintos a los corruptos que antes estaban en el poder.

Cuando salen audios de Alejandro Moreno, dirigente del PRI, hablando de, por ejemplo, como compraba a periodistas cuando era gobernador de Campeche, se muestra el modus operandi de los Priístas. Pero cuando salen videos como los que exhibió mi compañero Enrique Acevedo en el noticiero que conduce en Televisa, En Punto, que involucra a tres políticos del actual gobierno de Layda Sansores recibiendo fajos de billetes en las oficinas del gobernador interino un mes antes de la elección en Campeche de la que ella resultó ganadora, ahí se trata de una venganza política, no de un acto de corrupción.

El reportaje de Fátima Monterrosa es impecable. No solamente se trata de los videos en los que aparecen Raúl Pozos Lanz, Rocío Abreu Artiñano y Armando Toledo Hamid recibiendo millones de pesos en efectivo. Además muestra con fechas los brincos de estos personajes de sus anteriores partidos a Morena y a formar parte del gobierno de Sansores una vez que ella ganó la gubernatura. Para rematar, llamó a cada uno de estos personajes para preguntarles para qué era ese dinero.

Raúl Pozos Lanz recibe los fajos de dinero un mes antes de las elecciones, en mayo del 2021. Él fue integrante del PRI hasta diciembre 7 del 2020 cuando publica un video renunciando al partido. Al día siguiente, el 8 de diciembre, Layda Sansores publica otro video en el que le da la bienvenida a Morena. Un mes después, cuando gana la elección, nombra a Raúl Pozos Secretario de Educación del Estado. Cuando la reportera le llama para preguntar sobre los videos, su respuesta es que era dinero para cumplir las demandas de la ciudadanía. ¿Pues qué demandas debe cumplir pagando en efectivo? ¿Están registrados como gastos de campaña?

Rocío Abreu era senadora del PRI-PVEM. En 2018 renuncia y se va a Morena. Aparece en los videos en la misma oficina que Pozos Lanz, solo que ella lo hace en dos ocasiones. A la pregunta de Monterrosa sobre los fajos de billetes, la hoy senadora Morenista no sabe ni qué inventar. A duras penas alcanza a decir que era para pagar unos impuestos. Hasta donde sé, los impuestos no se pueden pagar en efectivo.

El otro hombre que aparece en los videos ni le tomó la llamada a Monterrosa. Armando Toledo Hamid acude a la misma oficina a recibir fajos de billetes. En septiembre del 2021, cuando Sansores asumió la gubernatura, fue nombrado Jefe de la oficina de la gobernadora.

Todo esto ocurre en la oficina de Carlos Miguel Aiza González, quien era gobernador interino de Campeche. Hoy es el Embajador de México en República Dominicana. Su hijo, Carlos Aysa Damas renunció al PRI y ahora es Diputado por Morena.

Así o más claro. Pero qué responden desde el gobierno a estos videos: que son producto de una venganza. Lo mismo que ha dicho el presidente cuando hemos visto a sus hermanos recibiendo videos. Ahí además la justificación fue que eran aportaciones para el movimiento.

Cuando se ha documentado el desfalco en la Secretaría de Educación Pública los pocos meses que estuvo al frente Delfina Gómez, el presidente la defiende diciendo que ella es impecable y la prueba es que vive en la misma casa de siempre.

Queda claro que cuando salen videos de “los otros”, son la prueba fehaciente de cuan corruptos son los conservadores. Cuando salen a la luz videos de los de Morena, los corruptos de este gobierno, éstos son producto de una venganza política.

Los corruptos de antes y los de ahora son diferentes solo en el grado de cinismo al pretender los de ahora darse baños de pureza y pretender justificar lo indefendible.

Si realmente hubiera un compromiso con combatir la corrupción, Delfina no sería la candidata de Morena en el Edo Mex y los tres personajes de los videos difundidos estarían ya fuera del gobierno de Campeche.

Columna completa en El Universal

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In Internacional

EUA sanciona por corrupción al vicepresidente de Paraguay

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este jueves que ha sancionado al exmandatario de Paraguay, Horacio Cartes, y al actual vicepresidente, Hugo Velázquez, a ambos por corrupción, además de designar a cuatro empresas por estar bajo el control del exgobernante.

La entidad, desde su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), tomó las medidas contra Cartes y Velázquez por su participación en “la corrupción desenfrenada que socava las instituciones democráticas en Paraguay”, dijo en un comunicado.

Cartes, de 66 años y quien gobernó el país entre 2013 y 2018, es el actual líder del Partido Colorado, en el poder, y un importante apoyo para su candidato a las elecciones presidenciales de este año.

En un comunicado separado, la embajada estadounidense en Asunción, la capital paraguaya, señaló que Cartes y Velázquez “tienen vínculos” con miembros de Hezbolá, organización que fue designada por Washington como entidad que ha cometido actos de terrorismo.

Velázquez dijo en declaraciones a la radio local ABC Cardinal que las acusaciones eran falsas y que no iba a dimitir.

“Mientras no me presenten realmente algo que tenga contenido (…) entonces voy a renunciar. Pero (por) estas denuncias volátiles, que encima son falsas, no voy a renunciar”, afirmó. “Eso es un invento, una falsedad”, agregó sobre los supuestos vínculos con Hezbolá.

El Partido Colorado gobernó en forma ininterrumpida Paraguay durante las últimas siete décadas con la excepción del período 2008-2013, en el que la oposición ocupó el gobierno. Cartes era un desconocido en la política antes de ganar las elecciones en 2013 para devolver a su grupo al poder.

Por su parte, Velázquez llegó a anunciar su renuncia en agosto pasado después de las acusaciones iniciales en su contra por parte de Estados Unidos de haber ofrecido un soborno de más de un millón de dólares a un funcionario, pero por el momento continúa en el cargo.

“No puedo especular ahora sobre otras acciones contra estas personas”, dijo el embajador de Estados Unidos en Asunción, Mark Ostfield, en una conferencia de prensa al ser consultado sobre la posibilidad de un pedido de extradición contra Cartes o Velázquez.

Agregó que las sanciones fueron resultado de un proceso multidisciplinario, que involucró a varias instituciones estadounidenses.

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In Nacional

Quienes acusan el plagio, están metidos en corrupción: AMLO sobre Yasmín Esquivel

Luego de que se eligiera a la ministra Norma Piña como nueva presidenta de la Suprema Corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la polémica que ha generado el plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, quien aspiraba a encabezar la Corte.

Se le preguntó al mandatario si la polémica en torno a la autoría de su tesis “salpicó” de alguna manera a los ministros de la Corte, así como si afectó la credibilidad y honor de la UNAM.

El presidente se limitó a decir que el supuesto plagio lo tiene que decidir la instancia correspondiente, es decir, a la Universidad Nacional Autónoma de México, así como las instancias judiciales que ameriten tras las denuncias presentadas.

Sin embargo, fiel a su estilo, López Obrador dirigió sus palabras a señalar un supuesto ataque en contra de la ministra, que es sabido cuenta con el respaldo del gobierno federal.

“A mí lo que me llama la atención es que cuando va a haber una elección salen estos asuntos. O sea, yo padecí de un proceso de desafuero. Cada vez que hay una injusticia así pues no me gusta, o sea, porque es politiquería. Por lo general los que acusan no tienen autoridad moral”, criticó el presidente.

Acusó que quienes ahora se han empeñado en señalar el supuesto plagio, son lo que se quedaron callados ante los robos que se cometieron por años en el país y ante los actos de corrupción que tanto han dañado a México.

“Nada más que si no les parece algo y más si se trata de perjudicarnos a nosotros, inmediatamente se enfilan. No tienen escrúpulos morales de ninguna índole, los conservadores son muy corruptos y muy hipócritas, pero también vivimos en una democracia y somos libres”, añadió el presidente.

Se le insistió al presidente si una conducta de plagio no era incurrir en corrupción, algo que tanto ha criticado él.

“Sí, sí, sí, además es deshonestidad, pero a lo que voy es que el que acusa de plagio o los que acusan de plagio están metidos en la corrupción o avalaron la corrupción o viven de la corrupción. Aquí es aplicable aquello de que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero como son muy hipócritas, son finísimas personas, se les olvida todo”, recriminó.

López Obrador finalizó señalando que se debe investigar todo, y que no quede nada pendiente, aún tratándose de una ministra de la Corte, que él mismo propuso.

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In Nacional

Para el 57.1% de los mexicanos la corrupción es uno de los mayores problemas del país

Dado el impacto de la corrupción en la vida cotidiana, en 2003, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción, con el propósito es sensibilizar a la sociedad sobre este tema y resaltar la importancia de su prevención y combate

México forma parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta ofrece un conjunto de normas, medidas y reglamentos para fortalecer los marcos jurídicos nacionales.

Para contribuir con el diseño y evaluación de políticas públicas en la materia, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) genera información que permite analizar el fenómeno de la corrupción en nuestro país, particularmente el soborno, así como conocer la percepción que la ciudadanía tiene a este problema.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021, el 57.1% de la población consideró a la corrupción como uno de los problemas más importantes en su entidad federativa. Se ubicó solo por debajo del problema de inseguridad pública.

En cuanto a las prácticas de corrupción, en 2021, 14.7% de la población de 18 años y más fue víctima de algún acto de corrupción al realizar trámites o solicitar servicios públicos. Y si bien en ese año se observó una disminución respecto a 2019, la prevalencia continuó por arriba de la estimada en 2015.

En el caso de las empresas, la experiencia de corrupción registró una tendencia a la baja desde 2017, año en el que se estimó una prevalencia de 5.4%, la más alta desde que se realiza la encuesta. Los sectores Industria y Servicios han sido los más afectados a lo largo de los años.

En 2021, la prevalencia más alta de corrupción en trámites y servicios se observó en Quintana Roo, con 20.4% de la población afectada; siguieron Puebla, Baja California, Durango y Estado de México que presentaron prevalencias superiores a 17%.

Por el contrario, la menor prevalencia se encontró en Baja California Sur, Colima, Zacatecas, Querétaro y Tlaxcala, donde menos de 9% de la población que solicitó algún trámite o servicio público fue víctima de corrupción.

Entre 2013 y 2021, en 25 entidades federativas aumentó el porcentaje de personas que fueron víctimas de soborno. El mayor incremento fue en Sonora, de 5.1% a 16.9%. San Luis Potosí registró la mayor disminución.

En cuanto al tipo de trámite o servicio donde hay corrupción, 65% de las personas que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública la experimentó. Estas interacciones fueron las de mayor nivel de corrupción en 2021, seguidas de los trámites ante el Ministerio Público y la gestión de permisos relacionados con la propiedad

Sobre los costos directos de la corrupción que se generan por el dinero, regalos o favores que se apropian los servidores públicos cuando la población o las empresas realizan algún trámite o servicio, se estimó que, a nivel nacional y durante 2021, el costo promedio fue de 3,044 pesos por persona en términos reales.

La lucha contra la corrupción ha sido una de las principales banderas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien lo mismo ha dicho que se logró acabar con la corrupción, y en otros momentos ha reconocido que es un problema que sigue presentándose por lo arraigado que estaba.

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In Internacional

Cristina Fernández es condenada a 6 años de prisión por corrupción

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, como parte de su sentencia por un caso de corrupción conocido como “Vialidad”.

Aunque la peronista no irá a prisión hasta que la sentencia esté firme, pues ya ha sido anunciada una apelación, además de que actualmente cuenta con fuero, la decisión de la Justicia generará una gran incertidumbre a una Argentina que lidia con una crisis económica y un fuerte antagonismo político.

En la lectura del veredicto, el Tribunal Federal 2 de la ciudad de Buenos Aires consideró a la dirigente “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

En tanto, el tribunal absolvió a la dirigente del delito de “asociación ilícita”, en un caso en el que se investigaba un mecanismo de corrupción durante sus gobiernos anteriores, cuando se le acusó de que se entregaban contratos de obras públicas a un empresario cercano, Lázaro Báez, quien después devolvía el dinero al matrimonio Kirchner.

“Está claro que la idea era condenarme (…) esto es un Estado paralelo y mafia judicial”, señaló la vicepresidenta tras conocerse el veredicto, quien consideró que no se respetaron las garantías constitucionales en el proceso y anunció que apelará el fallo.

Cristina Fernández es la dirigente más popular de la alianza oficialista de centroizquierda, que el año próximo enfrentará unos comicios que, según los sondeos, podría perder en manos de la oposición de centroderecha.

Con una condena firme en contra, la actual vicepresidenta no podría postularse, aunque todo el proceso podría demorar años tras la apelación que se anunció. Hasta entonces, la vicepresidenta podría postularse para cualquier cargo de elección popular según lo establece la ley.

Sin embargo, la vicepresidenta dijo que “la condena real que me dan es la de inhabilitación para cargos electivos”, y afirmó que “en 2023, no voy a ser candidata a nada, ya no voy a tener fueros”. “Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Me vuelvo el 10 de diciembre a la misma casa de donde salí”, agregó.

La dirigente peronista grabó su reacción en su despacho en el Senado, desde el cual siguió de forma virtual el momento en el que un tribunal federal integrado por tres jueces leyó el veredicto.

Esta es la primera vez que un vicepresidente argentino es condenado estando en funciones.

Decenas de simpatizantes de fuerzas izquierdistas se congregaron en torno de la sede de los tribunales federales para dar su apoyo a la exmandataria cuando el veredicto fue leído. El edificio se encontraba rodeado de vallas y fuertemente custodiado por policías.

El tribunal también dictó penas de seis años de prisión para otros acusados, como Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López, quienes ya cumplen condenas de cárcel por corrupción, y penas menores para varios exfuncionarios. Tres de los 13 acusados fueron absueltos o sobreseídos por falta de pruebas.

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Día de definición para Cristina Fernández en Argentina. Seguidores se movilizan

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner podría recibir este martes una condena de hasta 12 años de cárcel, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, si la Justicia la encuentra culpable de corrupción, lo que según expertos, sacudiría el tablero político de Argentina.

La peronista, quien fue presidenta entre 2007 y 2015, es la dirigente más popular de la alianza oficialista de centroizquierda, que el año próximo enfrentará unos comicios que, según los sondeos, podría perder en manos de la oposición de centroderecha.

Con una condena firme en contra, la actual vicepresidenta no podría postularse, aunque se espera una apelación del fallo, que podría demorar años.

“Es evidente que va a haber una condena (…) La sentencia estaba escrita”, señaló Fernández de Kirchner en una entrevista con el periódico brasileño Folha de Sao Paulo publicada ayer, en la que destacó que durante el proceso del caso conocido como “Vialidad” se violaron garantías constitucionales.

El fiscal a cargo del caso, Diego Luciani, consideró que Cristina Fernández cometió los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita agravada al mantener durante los años de su gobierno un mecanismo de corrupción por el que se le entregaban contratos de obras públicas a un empresario cercano, quien después devolvía el dinero al matrimonio Kirchner.

Según Luciani, la estructura delictiva la montó Néstor Kirchner, esposo de Cristina Fernández, quien falleció en 2010 tras gobernar el país entre 2003 y 2007.

Mientras que los detractores de Fernández de Kirchner señalan los casos de corrupción, los defensores de la vicepresidenta, que aún cuenta con un respaldo cercano al 25% de la población, consideran que la exmandataria es víctima de una persecución judicial.

Al respecto, seguidores de la vicepresidenta se movilizan este martes hacia los tribunales donde se leerá la sentencia.

A partir de las 17:30 hora local (14:30 hora México), el Tribunal Oral Federal 2 dará su veredicto. Por ello, las fuerzas federales reforzaron la seguridad en el Congreso y en los tribunales, según indicaron fuentes del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires.

El partido Miles y la Federación Tierra Vivienda y Hábitat encabezaron esta mañana una movilización hasta los tribunales donde están los jueces que dictarán sentencia con la consigna de parar “el golpe” y liberar a Cristina Fernández.

El líder de la convocatoria, Luis D´Elía, llamó a que hoy sea “un nuevo 17 de octubre”, en referencia al de 1945, cuando Juan Domingo Perón fue liberado tras ser detenido por opositores militares luego de que miles de obreros se movilizaran para exigir su liberación.

En tanto, la delegación en Buenos Aires de la Asociación Trabajadores del Estado prevé hacer una vigilia para esperar el veredicto y, ante una condena, movilizarse y declarar un paro activo garantizando todos los servicios esenciales.

La vicepresidenta escuchará de forma remota el veredicto, pues recordemos que en medio de una de las manifestaciones en su apoyo, el pasado 1 de septiembre, Fernández sufrió un atentado a las puertas de su casa, del que salió ilesa.

Tras la lectura de la sentencia, Cristina Fernández hablará a través de sus redes sociales, anticiparon sus portavoces.

Si se emite una condena contra Fernández – que como vicepresidenta goza de inmunidad de arresto-, el fallo deberá transitar un largo proceso hasta ser refrendado o rechazado por la Corte Suprema.

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Falso que la lucha contra la corrupción ahuyente la inversión extranjera en México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó esta mañana de “histórica” la Inversión Extranjera Directa (IED), que de forma preliminar se reportó en poco más de 27,500 millones de dólares en el primer semestre de 2022.

“Son históricos (los datos). Desde que se lleva el registro de la inversión extranjera en los últimos tiempos, nunca se había recibido tanta inversión foránea como en este primer semestre del año”, indicó el mandatario en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Ayer, la Secretaría de Economía (SE) reportó la captación de 27,511.6 millones de dólares en el primer semestre de 2022 de IED, un aumento de 49.2% frente al mismo periodo de 2021. En esta cifra se considera la fusión de Televisa Univisión y la reestructura de Aeroméxico.

Dichos movimientos fueron reconocidos por el presidente, quien los calificó como “movimientos extraordinarios”. Aún así, dijo que al descontar ese monto quedaba una cantidad superior a cualquier periodo anterior.

El mandatario atribuyó la inversión extranjera a la confianza que existe en el país porque, argumentó, existe un “auténtico” Estado de derecho, gobernabilidad y estabilidad. En ese sentido defendió las políticas de su gobierno, pese a las críticas que han recibido.

López Obrador cuestionó las “campañas” de algunos sectores que apuntan a que “con las decisiones que se toman de no permitir la corrupción se ahuyenta la inversión extranjera, como si la inversión extranjera viniera porque hay corrupción”, expresó López Obrador.

De igual forma señaló la geopolítica, al opinar que la guerra entre Rusia y Ucrania, y las tensiones entre China y Taiwán motivan a invertir en México. “Todo eso hace a México un país muy atractivo para la inversión, seguro”, mencionó.

“Nosotros desde que llegamos siempre ha estado creciendo la inversión extranjera, se redujo por los efectos de la pandemia, pero de todas maneras estuvo arriba del 2018, el último año del gobierno del licenciado (Enrique) Peña”, sostuvo López Obrador.

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Ebrard se reúne con Castillo, quien hoy acudió a declarar en investigación por corrupción

El canciller Marcelo Ebrard llegó este jueves a Bolivia invitado por el presidente Luis Arce, para discutir una eventual alianza bilateral para la industrialización del litio boliviano.

“Este viaje corresponde al interés de lograr una extensa colaboración en litio, para lo cual fui invitado a conocer Uyuni, el mayor desierto de sal en el mundo con importantes reservas de litio… Este metal estratégico coloca a Bolivia en primer lugar mundial de reservas y a México en el décimo”, escribió Ebrard el jueves en una columna publicada en el diario boliviano La Razón.

Ebrard tenía previsto una rueda de prensa con su colega boliviano Rogelio Mayta antes de viajar a la ciudad de Sucre, la capital histórica de Bolivia, para participar de una celebración patria como invitado de honor.

El titular de la SRE recordó que Bolivia y México tienen una relación diplomática de 190 años que alcanzó su pico cuando el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le concedió el asilo al expresidente boliviano Evo Morales en 2019 tras su renuncia después de unas fallidas elecciones denunciadas como fraudulentas por la OEA, lo que detonó un estallido social que dejó 37 muertos.

A su vez, Arce fue un aliado de su par mexicano en el reclamo por la exclusión de los presidentes de Venezuela, Nicaragua y Cuba por parte de Estados Unidos a la Cumbre de las Américas celebrada en California en junio pasado.

A pesar de sus enormes reservas, Bolivia no ha podido consolidar una industria del litio. Arce se ha propuesto activarla tras 14 años de escasos avances que han rezagado a Bolivia frente a sus vecinos Chile y Argentina.

El gobierno boliviano impulsa la construcción de una planta para producir carbonato de litio a nivel industrial hasta 2024 para lo cual ha seleccionado como eventuales socios a seis compañías transnacionales: una estadounidense, cuatro chinas y una rusa.

El encuentro con Ebrard se pridujo luego de que Castillo acudió al Ministerio Público para declarar ante la Fiscal General en un caso de presunta corrupción.

Rodeado de sus abogados y decenas de policías antimotines Castillo acudió a la cita de la Fiscal General, Patricia Benavides, quien lo investiga por supuesta corrupción en el manejo de ascensos de oficiales de las fuerzas armadas en 2021.

Previamente, a través de sus abogados, Castillo pidió ser interrogado en el palacio presidencial, pero la Fiscal General aclaró más tarde que el presidente era un investigado, por lo que no podía escoger dónde ser interpelado y debía acudir a la fiscalía.

El presidente dijo en su cuenta de Twitter que se dirigía a la fiscalía para defender su “inocencia y colaborar siempre con la justicia”. En su caminata el mandatario saludó a decenas de simpatizantes que gritaban “Cierra el Congreso” y “Prensa corrupta”. En otro extremo, otro grupo menos numeroso lo abucheaba y coreaba “Castillo ya fuiste, por rata te jodiste”.

La investigación por la que el mandatario es interrogado partió de una denuncia de irregularidades presuntamente cometidas en 2021 en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas.

En noviembre el ahora exjefe del Ejército, José Vizcarra, dijo en el Parlamento que recibió presiones de los entonces secretario presidencial, Bruno Pacheco, y ministro de Defensa, Walter Ayala, para ascender a militares cercanos al gobierno. Castillo ha negado las acusaciones.

Sobre el mandatario pesan cinco investigaciones fiscales, la mayoría por corrupción y una por el presunto plagio de su tesis de maestría. La Fiscal General sostiene la hipótesis de que el presidente es el líder de una organización criminal que recibía dinero de licitaciones de obras públicas.

La Fiscal incluye en el grupo al exsecretario presidencial y al sobrino del mandatario y a un exministro de Transportes que están prófugos.

Castillo es el primer presidente peruano investigado mientras está en funciones. Casi todos los expresidentes de las últimas décadas están bajo investigación judicial, un exmandatario está sentenciado y otro en proceso de extradición desde Estados Unidos.

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OHLA afirma que colaborará con autoridades en investigación contra Peña Nieto

La constructora española OHLA dijo este miércoles que colaborará con las autoridades de nuestro país para esclarecer cuestiones relacionadas con las investigaciones contra el expresidente Enrique Peña, esto luego de que la FGR indicara que hay diversas denuncias que involucran a OHL México.

Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) dijo que investigaba al exmandatario por delitos como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias ilegales internacionales, precisando que una de las pesquisas estaba vinculada a OHL por delitos electorales y patrimoniales.

“Los hechos referidos se remontan al año 2017 y a OHL México. En dicho año, se anunció la venta de OHL México y de toda la división de concesiones (…) a Aleática”, detalló la compañía en un mensaje vía correo electrónico, con lo que OHL México ya no es parte del grupo.

“Grupo OHLA colaborará en todo lo necesario con las autoridades mexicanas para aclarar cualquier hecho cuestionado”, agregó en su comunicado.

Recordó que grupo OHLA mantiene una política de cero tolerancia contra la corrupción, y tiene, desde el 2002, códigos éticos que supervisan y atienden estos temas. Destacó que en sus 110 años de historia, la empresa no ha sido condenada por ningún supuesto de corrupción.

El mes pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que entregó a la Fiscalía una carpeta de investigación que se aperturó desde octubre de 2021, en la que se detallaban varias transferencias millonarias a Peña Nieto, quien se encuentra en España, por parte de familiares.

“Se detectó un esquema en donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos, en este esquema, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 001 mil 429 pesos”, sostuvo Pablo Gómez. titular de la UIF, al intervenir en la conferencia de Palacio Nacional.

Detalló que en agosto de 2019, EPN recibió 16 millones de pesos; el 20 de octubre de 2021, recibió 5 millones 702 mil pesos; el 29 de octubre de ese mismo año, recibió otros 5 millones 718 mil pesos, todas estas por movimientos de transferencias bancarias, de parte de un familiar del exmandatario desde una cuenta en México a otra en España.

Gómez añadió que el mismo familiar aplicó las operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por un valor de 29 millones de pesos. Dicha persona registró retiros de las cuentas por 189 millones 857 mil pesos y depósitos por 47 millones 523 mil pesos entre los años 2013 y 2022.

Tras lo dado a conocer por el funcionario, el expresidente respondió a través de un mensaje en Twitter señalando que esperaba se le permitiera “aclarar cualquier cuestionamiento” a su patrimonio, que dijo, era legal.

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Mientras AMLO confirma investigación en Segalmex, revelan que se otorgaron 21 contratos a empresa fantasma

Una nueva investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que Grupo Marhel, filial de una empresa ‘fantasma’ investigada por su presunta participación en una red de lavado de dinero mediante el envío de alimentos a Venezuela, recibió 21 contratos por adjudicación directa en Segalmex por más de 67 millones de pesos.

Marhel es una división de B-Eminent Inc. de México, que en junio de 2020 fue incluida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el listado definitivo de empresas que simulan operaciones, mejor conocidas como empresas fantasma.

Los contratos de Segalmex se otorgaron a Marhel en 2020 para surtir toneladas de azúcar, res y pollo para el programa de abasto rural del gobierno federal. Además, ocurrieron cuando su filial B-Eminent ya era investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero en una red que enviaba alimentos con sobreprecio al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Otro dato que llama la atención, revelado por MCCI, es que en Marhel, creada en 2019 en Mazatlán, Sinaloa, participa Martín Armando Botello Ruvalcaba, quien fue directivo de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) entre 2003 y 2011. El propio ex funcionario ha sido también apoderado de B-Eminent, según consta en actas del Registro Público de Comercio.

Como parte de la indagatoria, la UIF detectó transferencias por 7 millones 936 mil dólares de una empresa de Tussef Smaill Abou Nassif, pareja de la vicepresidenta de Venezuela, a B-Eminent Inc. de México, según publicó el diario Reforma en julio del 2019.
Desde octubre del 2019, el SAT incluyó a B-Eminent en el listado de empresas con presuntas operaciones inexistentes, y el 29 de junio de 2020 la incluyó en el listado negro definitivo de empresas fantasma, con operaciones simuladas, difundido en el Diario Oficial de la Federación. 
Apenas ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre el estado que guarda la supuesta investigación por actos de corrupción y desfalco en Segalmex, que se le indicó por uno de los reporteros, asciende a 9 mil millones de pesos.
“Hay una investigación del gobierno, hay denuncias desde hace más de un año, están ya procesos abiertos en la Fiscalía General de la República y le voy a pedir al secretario de la Función Pública que venga y explique sobre este fraude, y la forma en que se está actuando”, respondió el mandatario.

Investigación completa en MCCI

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Discurso de AMLO sobre corrupción no se ha traducido en su combate. México cae en índice

México cayó de posición en un índice sobre la capacidad para combatir la corrupción, que indica que los intentos del gobierno mexicano de interferir en asuntos legislativos y judiciales han mermado la transparencia y la rendición de cuentas en el país.

El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), presentado anualmente por el Consejo de las Américas y que clasifica a 15 países de América Latina según la eficacia con la que pueden combatir la corrupción, reveló que México siguió en su trayectoria descendente desde 2019 y este año cayó del puesto 11 al 12, tan sólo por delante de Guatemala, Bolivia y Venezuela.

El reporte señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha criticado al Poder Judicial y a instituciones autónomas como el Instituto Nacional Electoral (INE). Además apunta que el mandatario ha declarado que planea eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, “lo cual afectaría los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción”.

Por otro lado, los organismos anticorrupción en México han sido usados, según algunos observadores, para obtener beneficios personales o cuentan con nombramientos basados en motivos políticos, según el informe.

“Hay este discurso anticorrupción (de López Obrador) que es positivo. El problema es cuando este discurso no se traduce en las herramientas, los mecanismos y en el presupuesto para combatir la corrupción”, dijo Alejandra Soto, de Control Risks, una consultora especializada en riesgos globales que realiza el índice junto al Consejo de las Américas. “Este discurso cotidiano en contra de los otros poderes, y a favor de la agenda presidencial, sin debate alguno, se traduce en un desgaste de contrapesos democráticos”, añadió.

El índice, que se presenta por cuarta vez, tiene en cuenta variables como la independencia de las instituciones judiciales o los recursos disponibles para combatir los delitos cometidos por empresarios o funcionarios de gobierno.

Los países con los puestos más altos en el índice son Uruguay y Costa Rica, en donde se consideran más propenso a ver a los actores corruptos procesados.

El reporte destacó que en México las fuerzas armadas, que no están sujetas al mismo escrutinio que los organismos civiles, “participan cada vez más en importantes proyectos de infraestructura”. También asegura que en el último año López Obrador escaló sus críticas hacia organizaciones de la sociedad civil y la prensa en medio de revelaciones de supuestos conflictos de intereses y corrupción que involucran a familiares suyos y aliados políticos.

“En México se están debilitando algunos componentes para combatir la corrupción de manera institucional y de manera integral”, opinó Soto, quien apuntó que un 80% de los contratos del gobierno federal son por adjudicación directa en lugar de por licitación, que identificaría más fácilmente la corrupción.

También se alerta que el Congreso está por debatir una propuesta presidencial para poner a la Secretaría de la Función Pública (SFP), una institución clave en la lucha contra la corrupción, a cargo de las contrataciones públicas y la supervisión de gasto público, lo cual tendría consecuencias negativas ya que la SFP se auditaría a sí misma en lugar de que los organismos autónomos supervisen el gasto público.

Tras Uruguay y Costa Rica en los puestos más altos del índice están Chile, Perú, República Dominicana, Argentina, Panamá, Colombia y Ecuador.

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Actos de corrupción le cuestan a México cerca de 10 mil millones de pesos

El costo de los actos de corrupción en México al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades asciende a 9,500 millones de pesos, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La cifra equivale a 3,044 pesos en promedio por persona afectada, reportó el INEGI de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2021.

El 86.3% de la población consideró “frecuentes” los actos de corrupción en las instituciones de gobierno, y se advierte que el 14.7% de la población que realizó trámites, pagos, solicitudes de servicios, o bien, tuvo contacto con algún servidor público, experimentó “actos de corrupción”.

A pesar de la cifra, el INEGI reportó un decremento de 32.9% del costo total de la corrupción frente a la edición anterior, que documentó una afectación de 14,141 millones de pesos en 2019. También implica una reducción de 28.1% en el costo por persona de los actos de corrupción, que dos años atrás fue de 4,233 pesos.

“En 2021, el contacto con autoridades de seguridad pública fue el trámite con mayor porcentaje de experiencias de corrupción, con 65%. Le siguen los trámites ante el Ministerio Público, con 24%”, expuso el Inegi.

Las policías son la segunda peor institución pública evaluada, solo por encima de los partidos políticos, que solo obtienen la confianza de 27.9% de la población. La encuesta indica que solo uno de cada tres mexicanos confía en las policías.

En contraste, las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina, son la tercera institución pública mejor evaluada, con una confianza de 71% de la población. Las primeras dos son las escuelas públicas de nivel básico y las universidades, cada una con la confianza de casi 79% de la población.

En zonas urbanas, 48.2% de la población de al menos 18 años declaró estar satisfecha con los servicios públicos básicos y bajo demanda. En esta materia, la ciudadanía reportó estar más satisfecha con la recolección de basura y agua potable en las ciudades, con grados de satisfacción de 70.5% y 53.7%, respectivamente.

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No queremos relaciones con empresas extranjeras corruptas: AMLO sobre VITOL

México rechazó un acuerdo reparatorio con la comercializadora de energía suiza Vitol por el pago de sobornos a funcionarios de Pemex, informó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Tras recordar que Vitol admitió el delito ante la justicia de Estados Unidos, el mandatario dijo que delegados de la empresa manifestaron al gobierno federal que “estaban dispuestos a devolvernos el dinero (…) de las operaciones que se habían llevado a cabo”.

Pero “la instrucción que di es que no aceptamos nada hasta no saber quiénes habían recibido esos sobornos”, reveló López Obrador en su conferencia matutina.

El gobierno no aceptará “ningún trato con esa empresa porque nos estaban dando el dinero, pero iba a quedar la sospecha de quién había recibido el soborno y además íbamos a quedar nosotros como encubridores”, explicó.

AMLO no detalló los montos de los sobornos ni de la reparación ofrecida por Vitol, indicando que posteriormente el gobierno informará esos detalles. Según reportes de prensa, los sobornos se dieron entre 2015 y 2020.

El presidente aseguró que la intención de su administración es dar “ejemplo” de que esos delitos no se borran con “nada más devolver el dinero”. “No queremos relaciones con empresas extranjeras corruptas”, sostuvo.

Recordemos que Vitol reconoció en Estados Unidos que pagó sobornos para obtener contratos con Pemex, así como con empresas de Brasil y Ecuador, por lo que la petrolera canceló acuerdos que tenía la mayor comercializadora independiente de energía del mundo.

A fines del 2020, la subsidiaria de la gigante suiza en Estados Unidos acordó desembolsar 164 millones de dólares para resolver las investigaciones de la justicia estadounidense.

AMLO dijo que en los próximos días se darán a conocer más detalles del caso. “Al parecer ya se está conociendo sobre la información de quiénes recibieron esos sobornos o eso es lo que yo he conocido del caso, para tener una idea más apegada a la realidad vamos a pedirle a Pemex que informe el día de hoy sobre esto”, dijo López Obrador.}

Adelantó que si no se aclara todo, Vitol no va a tener ninguna oportunidad de trabajo en México.

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Conocemos movimientos bancarios de Gertz. No hay elementos para presumir actos de corrupción: AMLO

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a salir en defensa del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sobre quien dijo tener información de movimientos bancarios provenientes de la la Universidad de las Américas (UDLA), aunque en ninguna había indicios de actos de corrupción.

“Ya tengo información sobre algo parecido; sin embargo, en la información que llegó a mis manos no hay elementos para poder presumir de que hay actos de corrupción. De todas maneras, vamos a ver lo que tú estás planteando”, respondió AMLO a un reportero que llevó documentos que confirmaban el “flujo financiero” de las cuentas de la  Universidad a diversas cuentas vinculadas con Gertz Manero.

López Obrador relató que el titular de la FGR desde hace mucho tiempo es dueño de la Universidad, que dijo, es una filial que se desprendió hace años de la Universidad de las Américas de Puebla. “Creo que él originalmente estaba en la Universidad de las Américas y luego se dividieron y él se hizo cargo de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México desde hace bastante tiempo”.

Como ha sucedido en otros casos, el presidente dijo que este tipo de acusaciones y señalamientos debían tomarse con mucho cuidado, ya que son conocidas las diferencias y confrontaciones que hay entre el fiscal general y otros grupos de abogados.

“Cuando hay pleito de abogados son pleitos… ¡Qué bárbaro! Entre abogados, sí, pero nosotros lo que hacemos es que actuamos con justicia, con rectitud y no nos dejamos llevar”, añadió López Obrador.

Recordemos que en marzo pasado, El Universal publicó que Gertz Manero utilizó la UDLA  para enviar fuertes cantidades de dinero a sus cuentas bancarias, así como a la de familiares en México y el extranjero, incluso cuentas en paraísos fiscales.

El diario reportó que de acuerdo con un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las cuentas bancarias de la Universidad registraron movimientos que beneficiaron al Fiscal y su familia por al rededor de 150 millones de pesos.

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Ante presunto cabildeo en contra de reforma eléctrica, AMLO amaga a EUA con llevar a Tribunales casos de corrupción

El presidente de Andrés Manuel López Obrador, afirmó este jueves que, de ser necesario, se acudirá a tribunales internacionales para defender su política energética y posibles controversias dentro del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El mandatario retomó esta mañana el tema de las presiones de gobiernos extranjeros, que denunció un día antes, sobre la reforma eléctrica que presentó al Congreso y que se discute en la Cámara de Diputados.

En referencia a Estados Unidos, afirmó que en varias reuniones con funcionarios del país vecino “se trató el tema pero ya ellos saben que estas son decisiones nuestras y que no deben de intervenir”.

Sobre las presiones, continuó: “Es evidente, hasta una funcionaria de la Secretaría de Energía del Gobierno de Estados Unidos envió una carta amenazante de que estábamos con la iniciativa violando el tratado, cosa que no es cierta”.

Dijo que quienes consideran que se viola el T-MEC también deberían tomar en cuenta que en el mismo tratado hay un capítulo que “obliga a los gobiernos a no permitir la corrupción”, lo que ocupó para amagar al gobierno estadounidense.

“Y si nos vamos a tribunales internacionales, vamos a tratar el tema de los que están apoyando lo ilegal por motivos de corrupción, y tenemos las pruebas”, subrayó el mandatario mexicano.

Pese a ello, reiteró que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, es respetuoso y agregó que la relación, en general, es buena con el país vecino. Recordemos que ayer el embajador visitó Palacio Nacional, aunque no se conocen mayores detalles de los temas tratados.

“Pero los que están acostumbrados a saquear, a robar, no quieren dejar de hacerlo”, agregó López Obraor en términos generales.

Las declaraciones de hoy se suman a las emitas ayer, cuando señaló a empresas y gobiernos extranjeros, específicamente a Washington, de hacer “lobby” en contra de la reforma eléctrica.

“Ahí es muy claro que hay intereses de las empresas y de que están metidos haciendo ‘lobby’ en la Cámara de Diputados, de senadores y en el Poder Judicial. Las empresas extranjeras y los gobiernos extranjeros” , dijo el mandatario.

Hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votará para declarar constitucional o no la polémica reforma a Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que busca fortalecer la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) al cambiar, entre otros puntos, el orden de despacho de la energía.

La ministra Loretta Ortiz, encargada del proyecto, declarar la validez de la reforma a la LIE que resumió en 4 áreas: la modificación del orden de despacho eléctrico; modificación de los Certificados de Energía Limpia; la modificación de los contratos legados y la revisión de los contratos de Productores Independientes de Energía.

Se necesitan 8 votos de los 11 ministros que integran la Suprema Corte para declarar inconstitucional la LIE. En el episodio de hoy en Broojula, te explicamos en qué consiste y qué se espera.

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