Tag

CRIMEN DE ESTADO

Browsing

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este viernes que no está cerrado el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, esto luego de que ayer se presentara el informe de la Comisión de la Verdad del caso que concluyó que se trató de un “crimen de Estado” y que descartaba que los estudiantes estén vivos.

“Desde luego el caso no está cerrado, ayer se dio a conocer el informe de la comisión y la Fiscalía va a seguir actuando, está procediendo, y también va a corresponder a los jueces y al Poder Judicial la impartición de la Justicia”, manifestó López Obrador desde Tijuana.

Ayer, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, encabezó la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia que López Obrador creó en 2018 para resolver el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron en Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

El reporte, el primero en su tipo, concluye que el acto fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles, incluyendo al Ejército.

López Obrador, quien prometió resolver el caso cuando asumió la presidencia en diciembre de 2018, insistió en que “no se termina el proceso, es un informe” y que “además este tipo de delitos no prescriben”.

Sobre la actuación del Ejército, el mandatario argumentó “que debe tomarse en cuenta que la actuación de malos servidores públicos no significa el mal funcionamiento de una institución, más si se hace el deslinde y se castiga a los responsables”.

Recordó que él sostuvo que “si miembros del Ejército habían participado en actos ilícitos, en vez de debilitarlo, dándolo a conocer y reconociéndolo, se fortalecía la institución”.

El informe se presenta a un mes de que se cumplan 8 años de los hechos. El 26 de septiembre de 2014 los estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.

Según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, mejor conocida como la “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

La Administración de López Obrador desmintió dicha versión, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

Quién en ese momento estaba al frente de la entonces te PGR era Jesús Murillo Karam, a quien se le ha considerado como el defensor de la llamada verdad histórica.

Este viernes, la Fiscalía General de la República informó sobre su detención, cuando iba saliendo de su domicilio en un inmueble ubicado en Lomas de Chapultepec.

Y es que según la carpeta de investigación Murillo Karam estaría entre los funcionarios públicos que incurrieron en ma alteración de los hechos, por lo que se estaría señalando como presunto responsable de la fabricación de la versión anterior del caso Ayotzinapa.

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue un crimen de Estado en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles y no hay indicios de que estén vivos, concluyó este jueves de forma preliminar la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso.

“La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”, declaró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno, en una conferencia de prensa.

El funcionario presentó las primeras conclusiones preliminares de la comisión que creó en 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron en Guerrero.

La comisión también concluyó que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes e, incluso, las acusó de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad.

“Sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”, mencionó Encinas sobre las autoridades, incluyendo miembros del Ejército y de las policías locales.

En ese sentido, se reveló que el Ejército tenía infiltrado a un soldado en la normal, con el fin de conocer las acciones que realizaban los estudiantes para la conmemoración de la marcha del 2 de octubre de 2014, lo que habría permitido que las autoridades supieran lo que ocurría en la escuela.

Señaló que el militar infiltrado, de nombre Julio César López, también desapareció, aunque los mandos no emprendieron acciones para buscarlo; reclamó que en caso de que se hubiera intentado localizarlo, se pudo haber evitado la desaparición y el asesinato del resto de los estudiantes.

El funcionario también reconoció que “no hay indicios” de que ninguno de los estudiantes esté vivo y que “nunca estuvieron juntos” desde que se separan en la estación de autobuses de Iguala esa noche.

Recordemos que según la polémica versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

La Administración de López Obrador ha desmentido esa “verdad”, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

Encinas anunció que México ofreció a Tomás Zerón, el más alto exfuncionario involucrado en el caso, un acuerdo para que colabore con la justicia a cambio de información que pueda esclarecer los hechos y el destino de los jóvenes.

Zerón, que se encuentra prófugo en Israel acusado de tortura y desaparición forzada, no aceptó la oferta de inmediato pero el gobierno sigue en contacto con sus abogados. El exfuncionario es considerado el artífice de la versión oficial del gobierno de Peña Nieto.

El subsecretario ofreció también datos que reavivan la hipótesis de que el tráfico de heronia que se realizaba en esa región pudo estar en el centro del crimen. Según explicó, se confirmó que un autobús sin pasaje libró esa noche al menos 16 retenes y “nunca fue detenido” aunque, según los mensajes interceptados, ahí se encontraba “la mercancía”. “Y la mercancía es o droga o dinero”, indicó.

Durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió una carta de los padres de Mario Aburto, asesino confeso del ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio.

El encargado de entregarle la carta, explicó que los familiares de Aburto confían en que la nueva presidencia los podría ayudar a que se reabra el caso. “Ellos confían mucho en su palabra, en la transparencia que ha dado usted a este nuevo gobierno y al país”, se le dijo al mandatario.

Al recordarle que mañana se cumplen 25 años del asesinato del candidato, López Obrador afirmó que se tiene que seguirse indagando sobre el caso, para saber qué fue lo que realmente pasó.

“Lamenté mucho y sigo lamentando el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Lo conocí y nos vimos dos días antes de que lo asesinaran”, relató el presidente.

Dijo que el 21 de marzo de 1994, cenó con él en casa de una amiga común, Clara Jusidman. “Cenamos el 21 en la noche y él al día siguiente salió a la gira, estuvo creo que en Sinaloa, en Baja California Sur y luego el 23 en Tijuana. Entonces, muy lamentable este asesinato”.

AMLO dijo que en todo lo que queda sin contestar sobre dicho crimen, se tiene que indagar pues no debe quedar impune si es que se tratara de un crimen de Estado.

Finalizó precisando que ahora que en México hay un auténtico Estado de derecho, se va proceder en lo que se pueda. Dijo que con toda claridad se informará qué procede y qué no “para no generar falsas expectativas”.