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La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) recibió ayer el Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 y la Tercera Entrega del Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Con un total de 866 auditorías, la ASF detectó probables daños por un total de 49 mil 765 millones 790 mil 200 pesos, de los cuales 11 mil 848 millones corresponden a la Federación y el resto, a los estados.

Esta entrega corresponde al segundo año del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al frente del gobierno federal. Tanto la presidencia como los gobiernos locales tienen un periodo de 30 días hábiles para solventar las observaciones hechas por la Auditoría.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el priísta Pablo Angulo Briceño, recordó que la ASF tiene la obligación constitucional de entregar a la Cámara de Diputados los informes individuales de auditorías para concluir la total entrega de los informes de la Cuenta Pública 2020, que durante el periodo respectivo suman un total de mil 616 auditorías.

El diputado afirmó que la Cámara de Diputados cuenta con las observaciones, recomendaciones y acciones que, en su caso, derivarán en la imposición de sanciones respectivas y demás actuaciones que deriven de los resultados de las auditorías practicadas en el ejercicio 2021.

El diputado del PAN, Iván Arturo Rodríguez Rivera, afirmó que México requiere una auditoría superior fuerte, autónoma, imparcial y comprometida con su labor, y no sometida al poder del Ejecutivo. Mencionó que la facultad de fiscalización presenta una preocupante distorsión, el 74% de las auditorías que se realizan están dirigidas a los estados y municipios y solamente el 26% a las dependencias federales.

Indicó que a tres años de haberse cancelado el que sería el más importante aeropuerto de América Latina, no se sabe con toda certeza cuál fue el costo final y definitivo para el pueblo de México; 330 mil millones de pesos fue lo primero que se dijo que costó la cancelación del aeropuerto, “para que tras la presión del Ejecutivo federal de manera indigna y humillante para la institución que usted encabeza, saliera a corregir esa cifra a 113 mil millones de pesos”.

De acuerdo a un análisis previo, la ASF detectó posibles daños al erario por más de 10 mil millones de pesos, que incluye a las obras estrella del gobierno federal, así como algunos de los programas prioritarios de la 4T.

En cuanto a las obras, se detectaron supuestos pagos indebidos en la construcción tanto del Tren Maya, debiendo aclarar 267 millones 882 mil pesos; la refinería de Dos Bocas (59.2 millones de pesos) el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En cuanto a los programas sociales, se detectaron pagos a personas no inscritas o a personas fallecidas, o pagos en efectivo sin comprobar, como sucedió en Sembrando Vida, donde se pagó a 18 mil 500 personas sin acreditar  con los documentos respectivos. Tan solo en este programa se entregaron 243.8 millones de pesos de manera “directa”.

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, órgano responsable de la vigilancia de la fiscalización superior anunció que se realizarán mesas de trabajo para analizar, conjuntamente con el Titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, y los Auditores Especiales responsables de las auditorías de los informes de auditoría a la Cuenta Pública 2019.

“Citar a todos los auditores especiales, y al auditor superior de la Federación, a una reunión a la Cámara de Diputados, el día lunes a las 12 del día, esto con la finalidad de conocer y ampliar información pertinente a los informes enviados a la misma Cámara de Diputados, no sólo la del aeropuerto, sino que profundicemos y revisemos metodologías y que tengamos el seguimiento constante de éstos informes”, dijo el diputado Mario Alberto Rodríguez, presidente de la comisión.

Indicó que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación realizará las investigaciones correspondientes conforme a sus facultades y llevará a cabo los procedimientos legales y administrativos que establece el marco legal aplicable, para que llegado el momento se puedan deslindar las responsabilidades a que hubiese lugar, si fuera el caso.

El legislador añadió que otra de las acciones es que se solicitó a la Unidad de Evaluación y Control (UEC), qué es, quién funge como Órgano Interno de Control de la propia Auditoría, que inicie las investigaciones correspondientes al auditor especial Agustín Casos Rafael, por su desempeño en la fiscalización que hizo en el informe del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Sobre lo anunciado esta mañana por el presidente López Obrador, respecto a que solicitaría a la Cámara de Diputados una investigación sobre el caso, el legislador de Movimiento Ciudadano dijo que no era necesario que el presidente solicitara la investigación, pues ellos saben sus funciones.

“Esa investigación ya se giró, veía yo hoy la declaración del Presidente diciendo que nos va a decir, no tiene nada que decirnos, nosotros sabemos nuestra responsabilidad y además hay independencia de autonomía de los órganos legislativo y Ejecutivo”.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió la noche de ayer un comunicado en el que reconoció que existen inconsistencias en la en la revisión de la Cuenta Pública 2019, por lo cual su contenido está siendo objeto de una nueva revisión.

Precisó que en particular la revisión se está haciendo en relación con la metodología utilizada para determinar el costo de cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco (NAICM), que de acuerdo a lo informado el fin de semana pasado el costo total de la cancelación del Aeropuerto Internacional en Texcoco asciende a 331 mil 996 millones de pesos.

Dicho dato está lejos de los 100 millones de pesos que estimaba el gobierno de la Cuarta Transformación cuando informó sus razones de la cancelación el proyecto, para dar paso a la construcción en la base aérea militar de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles.

“Al momento se ha detectado ya que dicho monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica”, precisó la ASF.

Adelantó que preliminarmente que se ha detectado en la auditoría revisada que el costo estimado de la cancelación de la construcción del NAICM, considera los flujos pasados y futuros para llevar a cabo la cancelación de las obligaciones contraídas para la construcción que no representan un costo, pero si un flujo de salida; asimismo, contempla Bonos en Circulación que ya se encuentran contemplados dentro del costo de la inversión ejercida y la terminación anticipada de los contratos suscritos.

Además, dijo la ASF, el informe contempla intereses de vencimientos futuros que no representan un costo actual y que se materializarán en la medida que dichos bonos no sean rescatados, siendo que hasta entonces, en su caso, formarán parte del costo de cancelación.

La Auditoría enfatizó que una vez que se cuente con mayores elementos, dará a conocer el resultado final de la revisión de la auditoría de la Cuenta Pública 2019.

Y es que ayer durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador negó las cifras que la ASF divulgó, y dijo que exageraban.

“Y no sólo eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos y se va a informar aquí; y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación, porque le están dando mal la información a nuestros adversarios y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas”, respondió López Obrador al ser cuestionado sobre el tema.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer los resultados del estudio que realizó a la Cuenta Pública del gobierno federal correspondiente al 2013-2018, es decir, al sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

El análisis incluyó revisar cómo se presupuestaron ingresos, egresos y deuda en comparación con el monto ejercido.

El IMCO concluyó que, en seis años, Peña Nieto gastó en total 1 billón 823 mil millones de pesos adicionales a lo originalmente previsto en su Administración, es decir, una variación del 9%. Esto porque estimó gastar 20.7 billones de pesos cuando en realidad erogó 22.5 billones de pesos.

Señaló que, en el sexenio anterior, los presupuestos de egresos aprobados por la Cámara de Diputados no fueron confiables, pues las cuentas públicas no reflejan lo autorizado por los legisladores. Lamentó que no existió un contrapeso efectivo al Poder Ejecutivo que revisara las variaciones al presupuesto y las ampliaciones al gasto.

Advirtió que la administración pasada no cumplió con su presupuesto, pues subestimó sus ingresos y gastó más de lo presupuestado. Entre 2013-2018, la administración tuvo un total de ingresos excedentes de 2 billones 338 mil millones de pesos, en promedio, tuvo una variación en ingresos del 11% entre lo estimado y lo recaudado.

Durante el periodo 2013-2018, la Cámara de Diputados aprobó a las secretarías de Estado un gasto de 6 billones 94 mil millones de pesos, sin embargo, al final erogaron 7 billones 125 mil millones de pesos. En el mismo periodo, al Ramo 23, conformado por fondos destinados a cubrir funciones de gobierno, se le autorizaron 757 mil millones de pesos, este ramo ejerció en los hechos un gasto de 1 billón 371 mil millones de pesos, una variación del 81%.

El IMCO destacó que, a pesar de que el gasto excedente en la mayoría de los rubros fue una constante en el sexenio, el Poder Ejecutivo dejó de ejercer 149 mil millones de pesos en inversión pública, 25% menos de lo aprobado.

Finalizó indicando que la deuda adquirida por el gobierno de Peña Nieto fue de 2 billones 930 mil millones de pesos. Recordó que, en diciembre de 2012, el saldo de la deuda del gobierno federal era de 4 billones 452 mil 986.5 millones de pesos y representaba 27.8% del PIB. Para diciembre de 2018, ascendía a 8 billones 315 mil 863.8 millones de pesos, significando un 35.3% del PIB.

Al inicio del sexenio pasado cada mexicano debía 37,837 pesos, seis años después, la deuda fue de 66 mil pesos por persona.

La Auditoría Superior de la Federación presentó a la Cámara de Diputados los primeros 344 informes individuales de auditorías a la Cuenta Pública 2017, un 22% del total de las 1,592 auditorías programadas sobre el gasto público ejercido el año pasado.

La ASF encabeza los reportes señalando las irregularidades detectadas “en lo relativo a la venta de la participación accionaria de PEMEX en Ductos y Energéticos del Norte”, en donde “la empresa productiva del estado obtuvo recursos por 3,126 millones de pesos”, sin embargo “no se ha acreditado que dichos recursos se destinaran a la mejora de la rentabilidad de PEMEX, como fue acordado por su Consejo de Administración”.

Sin dar detalles ni datos particulares de cada caso, la ASF añade en su informe que “siete dependencias: SAGARPA, ASERCA, SENASICA, SEDATU, SCT, INBA e INDAABIN no reportaron a la Tesorería de la Federación 2,735 garantías, por un monto detectado de 3,082 millones de pesos”.

Adicionalmente, “la ASF observó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no hizo efectivas garantías por obras no realizadas por un monto de 104 millones de pesos”.

La Auditoría detectó también que “la implementación de la política de guarderías y estancias infantiles presentó deficiencias, toda vez que no se dio acceso a la totalidad de los infantes para los cuales se solicitó el servicio; no se garantizó la integridad física de los menores en todos los establecimientos; y no se tiene la certeza de que los servicios ofrecidos en todos los centros de atención infantil cumplieron con la calidad requerida”.

De los 344 informes, la ASF emitió 724 Recomendaciones, 337 Pliegos de Observaciones, 620 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 33 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 176 Solicitudes de Aclaración.

El segundo reporte de informes individuales de las diversas dependencias del sector público será entregado en octubre y el último en febrero del 2019.

Asimismo, la ASF adelantó que “se fiscalizará a BANSEFI por su participación en la entrega de apoyos a los damnificados por daños parciales o totales en sus viviendas” tras los sismos.

En su informe general, la Auditoría expuso que “se implementará una política de total transparencia sobre el seguimiento de las acciones emitidas como resultado de la fiscalización practicada en los temas de mayor “impacto en la opinión pública”.

Entre ellos mencionó el Nuevo Aeropuerto Internacional de México; Adquisiciones y puesta en operación de plantas de Agro Nitrogenados por parte de PEMEX; el Paso Express de Cuernavaca, Morelos; Contratos de obra pública adjudicados a la Constructora Odebrecht, y Contrataciones al amparo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó la tarde de ayer a la Cámara de Diputados, 699 informes individuales de auditoría correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, en las que detectó irregularidades por 104 mil 241 millones de pesos, de los cuales 98 mil 102 millones corresponden al gasto federalizado que el Ejecutivo entrega a los estados y 6 mil 879 millones a posibles desvíos de dependencias federales.

 

Se indicó que dichos informes complementan las revisiones presentadas en junio y octubre pasados que fueron 1,166, y que también corresponden al ejercicio fiscal 2016. El total de auditorías realizadas sobre la Cuenta Pública 2016 asciende a 1,865.

 

Juan Javier Pérez Saavedra, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF y Auditor Superior en funciones, informó que como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 se emitieron 10,346 observaciones, de las cuales 4,439 corresponden a recomendaciones; 643 solicitudes de aclaración; 2,557 pliegos de observaciones; 184 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 2,504 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias.

 

En su mensaje a los legisladores, señaló que los entes fiscalizados tienen 30 días para aportar las pruebas que pudieran aclarar las observaciones recibidas. Algunas de las dependencias involucradas las presuntas irregularidades son la Sedesol, la Sedatu, Sagarpa, Conagua, el ISSSTE, Diconsa, la Conapesca, la CFE y los institutos nacionales de Desarrollo Social y para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural.

 

Los estados con mayor número de observaciones fueron Veracruz, con 12 mil 150 millones; Estado de México, 7 mil 320.6 millones; Michoacán, 5 mil 481.2 millones; Nuevo León, 4 mil 019.7 millones y Chiapas, con 3 mil 868.9 millones de pesos.

 

El documento entregado hace referencia a las áreas de riesgo en que se presentaron “problemas recurrentes en la eficacia, eficiencia y economía de la acción gubernamental, o insuficiencia en la supervisión y control de los procesos que los entes gubernamentales llevan a cabo”.

 

  • Contrataciones entre entidades públicas al amparo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
  • Obra pública
  • Gobernanza en la toma de decisiones de las empresas productivas del Estado
  • Finanzas estatales
  • Padrones de los programas gubernamentales que otorgan subsidios.

 

Con información de medios / Foto: Archivo APO

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) presentó los informes individuales de la auditoria correspondiente al mes de octubre sobre la Cuenta Pública 2016, en donde señala diversas irregularidades en temas energéticos, de infraestructura, en administraciones estatales, entre otros.

 

 

 

El titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, indicó que se han recuperado 1,927 millones de pesos de recursos correspondientes a dicho año, y por las que se han presentado al menos 100 denuncias ante el Ministerio Público federal; detalló que el gobierno de Javier Duarte en Veracruz fue el que más observaciones recibió.

 

“Veracruz fue el más observado todavía; recuérdese que es Cuenta Pública 2016 donde el anterior Gobernador estuvo hasta septiembre, no recuerdo el mes, el grueso de lo observado corresponde a su administración del gobernador Duarte”, sostuvo Portal Matínez.

 

El documento detalla que a Pemex, a través de su división de Transformación Industrial (PTRI), le pudo haber salido más barato la producción de gasolinas, que la importación de las mismas. Puntualizó que el ahorro pudo haber sido de hasta 60%, sin embargo “PTRI no logró capitalizar la oportunidad que ofreció el contexto internacional”.

 

Adicional la ASF indicó que  detectó que Pemex terminó pagando 61% más de lo que se había establecido en el contrato original con la empresa brasileña Odebrecht, por el proyecto que asignó de aprovechamiento de aguas residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, ubicada en Tula, Hidalgo. El costo que se había establecido en un principio fue por mil 436 millones de pesos, y terminó costando 2 mil 315 millones de pesos.

 

Adicional se señaló que se detectaron pagos indebidos por mil 775 millones de pesos en los recursos utilizados para la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.

 

Los gastos devengados de la construcción del famoso Paso Exprés de Cuernavaca también recibió observaciones; la ASF pidió que se aclare el destino de 491 millones de pesos, de los aproximadamente 2 mil millones que costó en total la obra; el organismo alertó que algunos contratos se incumplieron de manera deliberada, además de que lo materiales y acabados no corresponden con lo especificado.

 

 

Con información de Medios / Foto: Archivo APO