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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que el servicio de trenes de pasajeros en el Sistema Ferroviario Mexicano se declara como “área prioritaria para el desarrollo nacional”.

Fue el pasado 8 de noviembre cuando López Obrador informó que preparaba un decreto para destinar alrededor de 20,000 kilómetros de vías férreas al servicio de pasajeros y que actualmente son utilizadas por trenes de carga.

En ese momento, dijo que convocaría, de manera preferente, a los actuales concesionarios de vías férreas tras la presentación de proyectos formales.

En el decreto se apuntó que los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de carga (entre ellos Ferromex, Kansas City Southern de México, Ferrosur y Ferrovalle) “serán los primeros en ser invitados para presentar los proyectos para la implementación del servicio ferroviario de pasajeros”.

Se precisó que los interesados deberán presentar sus propuestas ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a más tardar el 15 de enero de 2024.

En el documento se indica que las primeras siete rutas que se concesionarán, que deberán considerar preferentemente las estaciones que operaban antes de 1995, son:

  • México-Veracruz-Coatzacoalcos
  • Interurbano AIFA-Pachuca
  • México-Querétaro-León-Aguascalientes
  • Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato
  • México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo
  • México-Querétaro-Guadalajara-Tepic-Mazatlán-Nogales
  • Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez

“La revolución se hizo en ferrocarril y a caballo. Se escogió este día para publicar el decreto que establece el regreso del servicio de trenes modernos de pasajeros con la utilización de 17,484 kilómetros de vía férreas e instalaciones que fueron concesionadas para servicio de carga y ahora se van a utilizar para el servicio de trenes de pasajeros”, dijo López Obrador en un acto por el aniversario 113 de la Revolución Mexicana.

“Esta decisión la tomamos porque los viajes en tren serán más económicos, cómodos menos contaminantes, pueden electrificarse las vías, es un transporte público más seguro y se incrementará la movilidad de la población desde las principales ciudades de México hasta la frontera norte”, añadió el mandatario.

El decreto, publicado por la SICT, precisó que en las vías concesionadas, se dará preferencia a la prestación del servicio público ferroviario de pasajeros y se respetará el servicio público de transporte ferroviario de carga en términos de lo dispuesto en la concesión respectiva.

Tal como se había anunciado, los actuales concesionarios del servicio de transporte ferroviario de carga serán los primeros en ser invitados para presentar los proyectos para la implementación del servicio ferroviario de pasajeros.

En caso de que los concesionarios “no presenten propuesta viables en inversión, tiempo de construcción, modernización de vías para otorgar el servicio de pasajeros o no manifiesten su interés y aceptación en el plazo establecido, el Gobierno Federal podrá otorgar títulos de asignación a la Sedena o la Semar, que ya operan el Tren Maya y el Tren del Istmo de Tehuantepec.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó este miércoles que prevé emitir un decreto antes del 20 de noviembre, para instar a las empresas de trenes de carga que operan actualmente en el país a que ofrezcan también el servicio de pasajeros.

“Va a entregarse a ellos la posibilidad de que se comprometan a tener trenes de pasajeros”, dijo en su conferencia matutina.

Explicó que si las compañías, entre las que están la unidad de transportes de Grupo México y Canadian Pacific Kansas City, no acceden a dar el servicio, lo haría el Estado.

López Obrador explicó que pese a lo que sus detractores han dicho, en caso de que sea el Gobierno quien brinde el servicio, no se incurrirá en una expropiación. Dijo que la Constitución y la Ley contemplan el hacer uso del derecho que el Estado tiene para usar esa infraestructura en beneficio del pueblo de México.

Sin embargo, añadió que “vamos a darle primero las preferencias a los que ya tienen las concesiones de trenes de carga para que esas vías se conviertan, desde luego mediante su modernización, electrificación, va a entregarse a ellos la posibilidad a que se comprometan en un tiempo razonable”.

Y es que recordemos que el mandatario tiene como uno de los ejes de su política de transportes el desarrollo de líneas ferroviarias para pasajeros. Uno de los proyectos estrella de su gestión es el Tren Maya, que se construye en estados del sur del país.
Adelantó que será antes del aniversario de la Revolución cuando se de a conocer el decreto.

“Ya lo estamos trabajando y ya se enviaron cartas a los concesionarios invitándolos a que vayan preparando sus proyectos considerando que como tienen la concesión de trenes de carga que puedan recibir la concesión de trenes de pasajeros. Para enero ya sabemos, por es lo quiero hacer pronto, y nos dé tiempo de tomar una decisión”, señaló.

Santiago Creel Miranda, diputado del PAN y aspirante a la candidatura presidencial en el bloque opositor, presentó una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra del nuevo decreto de el pasado 18 de mayo el gobierno federal publicó por medio del cual declaró como de seguridad nacional e interés público, la construcción y operación de determinadas obras de infraestructura de transportes.

Creel Mirando explicó que el recurso lo presentó en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

En un mensaje a difundido a través de sus redes sociales, el panista informó que impugnó el nuevo decreto con el que el gobierno busca que ciertas obras de infraestructura de su gobierno sean consideradas de seguridad nacional, y con ello negar toda información relacionada, a la que tienen derecho de acceder todas y todos los mexicanos.

Recordemos que el nuevo ‘decretazo’ se refiere a obras como el Tren Maya, del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y de los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.

Dicho decreto llegó apenas unas horas después de que la Corte invalidara el decreto que que emitió el gobierno federal en noviembre de 2021, con el cual buscaba blindar todos los proyectos y obras de infraestructura que lleva a cabo el gobierno.

“Se trata de un acto arbitrario del Presidente de la República que atenta contra nuestro derecho humano a que el gobierno rija su actuación bajo los principios de transparencia, de acceso a la información pública gubernamental y de máxima publicidad”, añadió Santiago Creel.

Creel Miranda adelantó que si este decreto se vuelve a invalidad, tal como sucedió con el primero en mayo pasado, “de inmediato, a nombre de la Cámara de Diputados, volveré a impugnar su actuación, y así lo haré las veces que sean necesarias”.

Finalmente, Creel Miranda mandó un mensaje al presidente López Obrador: Sí Presidente, la Constitución es la Constitución y la ley es la ley”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este miércoles que su administración espera llegar a un acuerdo con Grupo México por la reciente ocupación de un tramo ferroviario operado por Ferrosur, una de sus filiales, aunque aclaró que no se considera una compensación en efectivo.

La semana pasada, el gobierno federal publicó un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se indica que un tramo ferroviario controlado por Grupo México Transportes, en el sureste del país, fue declarado de utilidad pública, en una acción que según las autoridades fue necesaria para el desarrollo de un importante proyecto de infraestructura.

Efectivos de la Marina ocuparon las instalaciones de la firma en el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas, en el estado Veracruz, poniendo de relieve una compleja disputa entre el gobierno y el grupo minero.

“Sí se va a llegar a un acuerdo, espero, pero no es dinero”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina de hoy, al afirmar que el Estado había tomado el control de una concesión y que no se trataba de una expropiación.

“(La eventual compensación) es un permiso de paso y una revisión de concesiones sobre las mismas vías que están en poder de Grupo México”, explicó.

Grupo México, con negocios también en el sector de infraestructura, es encabezado por Germán Larrea, la segunda persona más rica del país.

Recordemos que al inicio de la semana, López Obrador aseguró que cuando ya se estaba cerca de firmar un acuerdo, abogados de Grupo México pidieron al gobierno un pago de 9,500 millones de pesos como indemnización por la ocupación.

La noche de ayer, fuentes  del gobierno y del sector privado aseguraron a El Universal que se había alcanzado un acuerdo económico entre ambas partes, después de una reunión en la que participaron el presidente; el secretario de Gobernación; directivos de Grupo México Transportes y el asesor externo de la Presidencia, Alfonso Romo.

“El monto que solicitó la empresa en una reunión previa con López Obrador fue de 9 mil 500 millones de pesos, pero las fuentes consultadas afirmaron que bajará entre 20% y 25%, para quedar en alrededor de 7 mil millones de pesos”, indicó El Universal en su reporte.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentó un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del nuevo Decreto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el cual se declara la construcción del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum, entre otras obras, como de seguridad nacional y de interés público.

El Instituto, que se encuentra inoperante al no contar con los comisionados necesarios para sesionar, advirtió que la publicación de dicho Decreto viola la suspensión otorgada por el Máximo Tribunal en la controversia constitucional 217/2021, que interpuso en diciembre de 2021, para impugnar el Acuerdo del 22 de noviembre de ese mismo año, por el cual el Presidente de la República declaraba como de seguridad nacional los proyectos y obras de infraestructura del Gobierno Federal.

Precisó que al admitir la controversia constitucional, la SCJN determinó procedente la suspensión de todos los efectos y las consecuencias del Acuerdo, ya que su ejecución implicaría una restricción al derecho a saber, pues la información derivada de esos proyectos y obras podría ser considerada también reservada por seguridad nacional e interés público.

El INAI concluyó que el Decreto publicado ayer por el presidente López Obrador se encuentra en los mismos términos del Acuerdo de noviembre de 2021 y, en ese sentido, viola la suspensión otorgada por el Máximo Tribunal, lo cual podría representar una restricción al acceso a la información relacionada con esas obras como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum, entre otras.

Es importante precisar que la suspensión se encuentra vigente, debido a que la controversia constitucional no ha sido resuelta en su totalidad.

Explicó que si bien en la sesión de ayer, el Pleno de la Corte determinó la invalidez del Acuerdo del 22 de noviembre de 2021, lo cierto es que no se dictaron los efectos de la sentencia, con lo cual no se puede considerar como un asunto totalmente concluido.

Adicional al recurso de queja, el Instituto solicitó al Máximo Tribunal que los efectos de la sentencia de la controversia 217/2021, que se prevé sean dictados en la sesión del próximo lunes, se hagan extensivos al Decreto publicado ayer, debido a la similitud existente, toda vez que en ambos se catalogan como de seguridad nacional e interés públicos las obras de infraestructura a cargo del Gobierno federal, lo cual afecta el derecho a saber de la sociedad.

Horas después de que la Suprema Corte de México determinara que es inconstitucional un acuerdo del gobierno que declaraba grandes proyectos de infraestructura como obras de “interés público y seguridad nacional”, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó un decreto similar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en claro desafío al fallo del alto tribunal.

La Corte dejó claro que el gobierno federal no puede simplemente decretar que las obras públicas son asuntos de “seguridad nacional”, debido a que eso viola el derecho del público a la información sobre tales infraestructuras.

DECRETO AQUÍ

Sin embargo, el jueves por la tarde entraba en vigor un acuerdo que daba ese mismo calificativo a varios proyectos, entre ellos el Tren Maya, la polémica obra en el sureste que el mandatario ha prometido entregar en diciembre próximo, y que ha intentado acelerar eximiéndola de permisos y de la presentación de informes públicos bajo el argumento de que es vital para la seguridad del país.

Además del Tren Maya, el nuevo decretó añade que son obras de seguridad nacional el Corredor económico que atravesará el Istmo de Tehuantepec, y varios aeropuertos de esa zona del sureste.

El fallo de ayer de la Corte es el último de una serie de reveses para López Obrador, que ha tratado de ampliar los poderes discrecionales de la presidencia.

De momento no está claro si la determinación judicial del jueves sólo afecta el derecho del público a acceder a la información sobre el gasto, costos y otros datos de ese tipo de proyectos, o si también irá más allá. La Corte tiene previsto discutir y votar el lunes el alcance y las implicaciones del fallo.

López Obrador está molesto con el máximo tribunal por desechar algunas de sus iniciativas de reforma electoral, y ha pedido un cambio para que la Suprema Corte sea un órgano electo. En la actualidad, el presidente sugiere las ternas de posibles jueces, pero el Senado las elige.

López Obrador se está apresurando para terminar el Tren Maya, a pesar de las objeciones por parte de defensores del medio ambiente, de buzos y de arqueólogos.

El gobierno había pausado el proyecto en 2022 luego de que activistas ganaron una orden judicial contra el trazado, porque abría una franja en la selva para las vías sin presentar previamente una declaración de impacto ambiental.

En Broojula, Ana Paula Ordorica te presenta un resumen sobre lo que sucedió ayer en la Corte y la decisión del presidente de apresurarse a emitir un nuevo decreto. Carlos Bravo Regidor, analista y periodista, comenta al respecto.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el cual clasificó como de “seguridad nacional” las obras y proyectos prioritarios de su gobierno, tales como el Tren Maya, el AIFA, la refinería de Dos Bocas, entre otros.

Mediante el acuerdo, el gobierno ordenaba autorizar permisos provisionales a las obras para que pudiera avanzar aún sin dictámenes, permisos o licencias, además de que restringía el acceso a la información sobre dichos proyectos.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentó la controversia constitucional, al señalar que el acuerdo implicaba una reserva “anticipada y generalizada de la información” sobre las obras estrellas de la 4T, lo que dijo, vulnera el derecho a la información.

El proyecto discutido corrió a cargo del ministro Juan Luis González Alcántara, en donde se indica que se transgrede el derecho de acceso a la información, así como las facultades del INAI para su salvaguarda.

Al inicio de la sesión, los ministros determinaron que el acuerdo se trataba de un acto administrativo y no una norma general, por lo que sólo requerían seis votos a favor del proyecto para declararse inconstitucional.

Pese a esto, la invalidez se dio con 8 votos a favor, de los ministros: Luis González Alcántara Carrancá; Javier Laynez; Luis María Aguilar; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Alberto Pérez Dayán; Margarita Ríos Farjat; Jorge Pardo Rebolledo y Norma Piña.

En tanto, y tal y como se preveía, los ministros que votaron en contra del proyecto fueron: Arturo Zaldívar; Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.

Fue el 22 de noviembre de 2021 cuando el presidente publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que declaró “de interés público y seguridad nacional” la realización de proyectos y obras de infraestructura, desarrollo social y turismo a cargo del gobierno. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, abordó y resolvió la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados, que presentó en contra del acuerdo por el que se dispone de las Fuerzas Armadas (FFAA) para llevar a cabo tareas de seguridad pública hasta 2024.

El Pleno de la Corte validó el acuerdo con el respaldo de ocho ministros, el cual fue presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que dispone de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria la actuación de las Fuerzas Armadas.

En primer lugar, se concluyó que el referido Acuerdo no vulnera el principio de división de poderes en relación con el principio de reserva de ley, tal como se había presentado en el recurso presentado por la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que en ese momento era presidido por Laura Rojas, diputada del PAN.

Ello en virtud de que el artículo Quinto Transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional de 26 de marzo de 2019, le otorgó una facultad excepcional al Presidente de la República de disponer de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública, facultad cuyo ejercicio no está supeditado a que el Congreso de la Unión ejerza su facultad legislativa en materia de seguridad pública.

El Pleno también resolvió que la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública no es una decisión unilateral del Presidente de la República, sino que emana directamente de la Constitución.

Asimismo, el Pleno sostuvo que el Acuerdo se encuentra fundado y motivado, pues cumple con lo establecido en el referido artículo Quinto Transitorio, en cuanto a que la intervención de la Fuerza Armada que contempla está sujeta a una temporalidad de cinco años y reviste el carácter de extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

La resolución también señala que el acuerdo respeta los estándares internacionales determinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso Alvarado Espinoza y otros contra México.

Luego de que declarara el proyecto del Tren Maya como un asunto de seguridad nacional, para así poder superar la suspensión que un juez concedió a uno de sus tramos, el gobierno federal anunció este lunes la expropiación de un millón noventa y tres mil ciento dieciocho punto noventa y tres metros cuadrados a favor de la Federación para la ejecución del polémico Tramo 5.

De acuerdo a un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la superficie de 1,093,118.93 m2, se emplearán en los subtramos norte y sur del tramo 5 del Tren Maya, y corresponden a 36 inmuebles de propiedad privada en cuatro municipios de Quintana Roo.

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En Benito Juárez, se expropiaron un total de 68 mil 894 metros cuadrados. En Puerto Morelos fueron 18 mil 312 metros cuadrados, mientras que en Tulum la superficie afectada fue de 155 mil 529 metros cuadrados. El resto, y convirtiéndose en el municipio donde se expropio más, fue en Solidaridad.

En total, el acuerdo señala que los inmuebles expropiados suman 109.3 hectáreas.

Recordemos que en junio pasado, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) había publicado una declaratoria de utilidad pública sobre 138 hectáreas, que hoy culmino con el decreto firmado hoy por el presidente López Obrador.

El decreto señala que la expropiación incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en los propios terrenos y que formen parte de ellos.
También se detalla que será Sedatu quien cubrirá el monto de la indemnización que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, que hasta ahora se desconocen, de conformidad con los avalúos que emita el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
Esta medida se repite un año después, pues en junio de 2021, el presidente  también decretó la expropiación de 109 hectáreas de terrenos privados para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que sirvieron para que el proyecto se completara y fuera inaugurado en marzo pasado.

El tema del Tren Maya, en específico el Tramo 5, que va de Cancún a Tulum, no ha dejado de ir de polémica en polémica.

Primero, fue el cambio de trazo, que conllevó a acusaciones de parte de ONG’s y activistas sobre el impacto ambiental que tendría. En mayo pasado, el juez federal Adrián Novelo otorgó una suspensión definitiva contra el proyecto al coincidir que la construcción no contaba con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), necesaria para iniciar la obra, además de que señaló que fue ignorada por las autoridades al declarar el proyecto de seguridad nacional.

Además, mientras el gobierno emitía el decreto de expropiación, Adrián Novelo, juez del Primer Distrito de Yucatán concedió una segunda suspensión definitiva a la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, al otorgar un amparo a la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esa mañana un plan de acción inmediata para atender la emergencia de desabasto de agua potable para uso público urbano y doméstico en Nuevo León, por el que se reforzarían las acciones del gobierno federal.

“Vamos a reforzar el apoyo y se van a tomar algunas medidas adicionales. (…) Resolver el fondo a mediano y a largo plazo del problema y reforzar acciones de inmediato. (…) Nosotros estamos proponiendo y se van a llevar a cabo con el apoyo del gobierno del estado y municipales”, dijo el mandatario.

En su mensaje, indicó que con el plan propuesto, se estaría garantizando agua por “ocho, diez años hacia adelante” el abasto de agua, señalando que serán las próximas autoridades quienes tendrán que tomar acciones para ampliar ese tiempo de abasto de agua,

Entre los puntos que se incluyen, está que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reforzará el Plan DN-III-E en las comunidades más pobres del área conurbada de Monterrey, donde la carencia se agravó. El subsecretario de la Sedena, Agustín Radilla Suastegui, informó que a partir del 1 de agosto se reforzará el Plan DN-III E con 114 vehículos cisterna en 20 puntos de carga en un horario de 6:00 a 19:00 horas; abastecerán a diez municipios que presentan mayor necesidad.

El faltante de agua, explicó, es de 3 mil litros por segundo aproximadamente, por lo que el conjunto de acciones contempla la reparación de pozos y la aportación de la industria privada.

Anunciaron que “hacia adelante estamos pensando terminar en un año y medio a más tardar un acueducto de la Presa El Cuchillo que tiene agua suficiente. Otro acueducto ya abastece la zona conurbada, pero es otro acueducto de cien kilómetros, que nos va a permitir disponer de 5 mil litros por segundo”, señaló.

También se reiteró que se concluirá la Presa Libertad antes de que se termine este sexenio, lo que ayudará a hacer frente al déficit de agua en la entidad.

En tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, precisó que el Decreto por el que se establece el Plan de acción faculta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para apoyar al gobierno estatal y a los 18 municipios de la zona metropolitana.

Al respecto,el director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez, detalló que una de las acciones a mediano plazo es el financiamiento del acueducto El Cuchillo con una inversión por 15 mil 700 millones de pesos; de estos, Banobras aportará 7 mil 850 millones de pesos; autoridades estatales, 4 mil 710 millones de pesos y las municipales, 3 mil 140 millones de pesos.

Aclaró que el gobierno federal será quien pague los intereses que deriven del crédito de Banobras.

Abundó que la Presa Libertad proporcionará mil 500 litros por segundo al final de su construcción en 2023, para la cual el gobierno federal ha invertido 3 mil 301 millones de pesos desde 2019.

Resaltó los acuerdos de la federación con las zonas agrícolas citrícolas cercanas a la zona metropolitana que aportan hasta mil litros por segundo.

El gobierno británico firmó este viernes el decreto de extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos, donde se le quiere juzgar por espionaje y la filtración masiva de documentos confidenciales.

Wikileaks y los allegados de Assange anunciaron que apelarán la decisión y lamentaron un “día negro para la libertad de prensa y la democracia británica”.

Recordemos que en abril pasado, la justicia británica emitió la orden formal de entregar a Washington al fundador de WikiLeaks, tras varios años en juzgados, pero correspondía a la ministra de Interior, Priti Patel, firmar el decreto, algo que hizo el viernes.

“En virtud de la ley de 2003 sobre la extradición, la ministra debe firmar una orden de extradición si no hay ningún motivo que la prohíba”, dijo un portavoz del ministerio de Interior.

Según el funcionario, “los tribunales británicos no concluyeron que fuera opresivo, injusto o un abuso procesal extraditar al señor Assange. Tampoco concluyeron que la extradición fuera incompatible con sus derechos, incluyendo el derecho de tener un juicio justo, y con la libertad de expresión y (garantizaron) que durante su estancia en Estados Unidos será tratado de manera apropiada, también con respecto a su salud”.

Estados Unidos quiere juzgar a Assange por espionaje y podría condenarlo a hasta 175 años de cárcel si es declarado culpable de la publicación a partir de 2010 en WikiLeaks de unos 700,000 documentos militares y diplomáticos estadounidenses secretos, sobre todo sobre Irak y Afganistán.

Assange permanecía recluido desde 2019 en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh. Había sido detenido en la embajada de Ecuador en Londres, una vez que el entonces presidente Lenín Moreno le retirara la protección que le había concedido su predecesor Rafael Correa.

Violando las condiciones de su libertad condicional en Reino Unido, el fundador de WikiLeaks se había refugiado en la sede diplomática ecuatoriana en 2012 para evitar ser extraditado a Suecia por cargos de violación que después fueron abandonados.

Negando dichos cargos, ya entonces afirmó temer que todo fuese una estrategia para entregarlo a Estados Unidos.

En enero de 2021, la justicia británica decidió a su favor: la jueza Vanessa Baraitser rechazó la extradición por considerar que el australiano, de frágil salud física y psicológica, corría el riesgo de suicidarse en el sistema penitenciario estadounidense.

Pero en diciembre de 2021, Washington logró que la Alta Corte de Londres anulara esa decisión, asegurando que no sería encarcelado en la prisión de alta seguridad ADX de Florence, en Colorado, donde están detenidos miembros de la organización yihadista Al Qaida.

Y garantizaron que recibiría la atención clínica y psicológica necesaria, mencionando incluso la posibilidad de permitir que cumpliera su condena en su Australia natal.

Organizaciones de defensa de la libertad de prensa, como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Amnistía Internacional se oponen a esta extradición porque temen que Assange sea sometido a condiciones de aislamiento en prisión que agravarían el riesgo de un suicidio.

Stella Assange, abogada y esposa de Assange, había pedido al gobierno británico que no firmara el decreto de extradición a Estados Unidos. “Cualquier país que se preocupe por la libertad de expresión tendría que sentir vergüenza al ver que la ministra de Interior ha aprobado la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, el país que complotó para asesinarlo”, dijo en un comunicado este viernes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó un decreto del estado de Nayarit que consideraba a las corridas de toros y a las peleas de gallos como un patrimonio cultural.

La segunda sala del máximo tribunal resolvió por cuatro votos a favor y uno en contra que tales “actividades no son susceptibles de reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial” y que los animales no son cosas sino “especies merecedoras de un trato decente”, señala el fallo público.

Sin embargo, los ministros aclararon que este criterio no significa que las corridas de toros o las fiestas de gallos deban ser prohibidas, como reclaman organizaciones defensoras de animales.

El fallo judicial fue en respuesta a un recurso de la organización civil Cuenta Conmigo contra un decreto del gobierno estatal emitido en 2018.

Este es un nuevo golpe en contra de las fiestas taurinas. La semana pasada, un juez de la Ciudad de México suspendió de manera indefinida las corridas de toros en la Plaza México, la más grande del mundo con aforo de 50,000 espectadores, luego de que la ONG Justicia Justa presentara un amparo en contra de los reglamentos locales.

En el caso capitalino, este 2 julio se tenía programada la primera pamplonada de la historia en la capital, la cual ha sido suspendida a la espera de que el centro de espectáculos acuda a una instancia superior a impugnar el fallo.

En cinco de 32 estados del país se han prohibido las corridas, una tradición de 500 años en el país.

El debate está latente también en América Latina. En Bogotá y Quito se prohíbe matar al toro en el ruedo, mientras Venezuela ha cancelado algunas corridas y en Perú la justicia rechazó proscribirlas en 2020.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, encabezó la tarde de ayer una mesa de diálogo entre autoridades aeronáuticas y las principales aerolíneas del país, donde se acordó un incremento significativo en las operaciones de vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Entre los principales acuerdos, destacan que las aerolíneas comerciales nacionales e internacionales mantendrán sus respectivos horarios de aterrizaje y despegue (slots) que hoy tienen asignados para esta temporada de verano 2022 desde y hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Esto significará que se mantiene sin afectación la oferta de servicios a los pasajeros desde el AICM para la temporada actual.

Sin embargo, se acordó que un incremento significativo en la oferta de vuelos desde y hacia el AIFA. El plan es alcanzar más de 100 operaciones diarias, iniciando la primera etapa el próximo 15 de agosto y la segunda el 15 de septiembre.

En tanto, las operaciones tipo chárter y de carga nacionales migrarán inmediatamente del AICM al AIFA.

Autoridades estiman que en 90 días quedará instalada la infraestructura fiscal y aduanera para poder recibir a partir de ese momento los vuelos de carga internacional.

También se indicó que aquellas aerolíneas que hoy operan en el AICM y que tengan más de un año de adeudos aeroportuarios, combustible, impuestos y derechos, entre otros conceptos, no podrán continuar sus vuelos y deberán migrar a otra terminal aérea.

Segob precisó que a partir de este momento, no se autorizarán nuevos vuelos entrantes al AICM y no se permitirá un aumento de las operaciones más allá de los slots asignados para la temporada de verano 2022.

Se reiteró que no existe ningún decreto relativo a restringir las operaciones en el AICM, tal como lo informó ayer el presidente López Obrador, y también se destacó la importancia de redoblar esfuerzos para recuperar la Categoría 1 en la clasificación de las distintas autoridades aeronáuticas que establece la Federal Aviation Administration (FAA) de Estados Unidos.

Aeroméxico confirmó que a partir de la segunda quincena de agosto, incrementará sus operaciones en el AIFA, para que a finales de octubre estén realizando 30 operaciones diarias,, lo que significará ofrecer 1.5 millones de asientos.

Reconoció la disposición al diálogo por parte de las autoridades, que dijo, permitirá operar bajo altos estándares de seguridad.

Sin embargo, se ha alertado que tan solo en febrero de 2022, el AICM tuvo casi 25,000 operaciones comerciales y movió a 3 millones de pasajeros, por lo que el anuncio de 30 operaciones al día en el AIFA aún sigue siendo muy bajo.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió este jueves que suspenderá los contratos de suministro de gas si los países “inamistosos” no pagan el combustible en rublos y no abren una cuenta en la moneda nacional rusa en Gazprombank.

“Hoy firmé un decreto que establece las reglas para el comercio del gas natural ruso con los llamados países inamistosos y que entrará en vigor el 1 de abril”, señaló el líder ruso poco antes de una reunión con la industria de la aviación.

“Ofrecemos a esos países un mecanismo claro y transparente: para comprar gas natural de Rusia, deben abrir cuentas en rublos en bancos rusos. Los pagos por el gas suministrado se realizarán a partir de estas cuentas a partir de mañana”, dijo Putin.

En el decreto, el presidente ruso especifica que el banco autorizado para ello es Gazprombank, una de las pocas entidades financieras de Rusia que no ha sido sancionado por la Unión Europea (UE) porque procesa, junto a Sberbank, gran parte de las operaciones energéticas con el bloque.

El mandatario ruso afirmó que Rusia no hará “obras de caridad” en lo que concierne el suministro de gas a Europa y otros países. Si no se realizan dichos pagos, se considerará eso como un incumplimiento por parte de los compradores con todas las consecuencias resultantes, advirtió.

“Nadie nos vende nada gratis y tampoco haremos obras de caridad. Eso significa que los contratos existentes (en caso de falta de pago del gas en rublos) se suspenderán”, recalcó.

Putin señaló que Rusia suministró “a los consumidores europeos nuestros recursos, en este caso gas, lo recibieron, nos pagaron en euros, que ellos mismos luego congelaron”.

En este sentido, señaló que hay una razón para creer que suministraron parte del gas a Europa prácticamente gratis, y dijo que así no se puede continuar.

Sin embargo, en el decreto otorga a la Comisión para el Control de Inversiones Extranjeras la autoridad para conceder “permisos a compradores extranjeros para que satisfagan sus obligaciones con los suministradores rusos por los suministros de gas natural sin tener que cumplir el procedimiento establecido” sobre el pago en rublos.

Recordemos que el gobierno ruso adoptó el pasado 8 de marzo una lista de países y territorios inamistosos, que incluye a Estados Unidos, Canadá, todos los países miembros de la UE, el Reino Unido, Ucrania, Montenegro, Suiza, Albania, Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Macedonia del Norte, Japón, Corea del Sur, Australia, Micronesia, Nueva Zelanda, Singapur y Taiwán.

En respuesta, el canciller alemán, Olaf Scholz, reiteró este jueves que los pagos por el suministro de gas procedente de Rusia se seguirán realizado en euros.

Scholz afirmó que en su conversación de ayer con el líder ruso dejó claro que Alemania no está dispuesta a cambiar la forma de pago, según dijo en una rueda de prensa conjunta con su homólogo austríaco, Karl Nehammer, en Berlín.

“Qué es lo que pretende Putin, lo analizaremos, pero lo que está en vigor para las empresas es que pueden pagar en euros y así lo harán,” aseguró.

No obstante, tanto Scholz como Nehammer rechazaron una vez más la imposición de un embargo energético contra Rusia debido a la dependencia de sus países del gas procedente de Moscú.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró inaplicable el decreto que permitía a los funcionarios públicos hacer promoción del proceso de Revocación de Mandato que se realizará el próximo 10 de abril, sin que se considere propaganda gubernamental.

“El TEPJF declaró inaplicable el Decreto de interpretación auténtica sobre ‘propaganda gubernamental’ en la revocación de mandato”, informó este martes el organismo.

En sesión privada y por mayoría de votos, con el voto en contra de la magistrada Mónica Soto y del magistrado José Luis Vargas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió, por una parte, declarar inaplicable el Decreto de interpretación auténtica del concepto de “propaganda gubernamental”, dentro del procedimiento de revocación de mandato.

Este decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 17 de marzo tras su aprobación en el Senado y previo en Diputados, el cual fue muy criticado por la oposición.

“El Decreto de interpretación auténtica es inaplicable a los casos de revocación de mandato porque no se realiza una interpretación auténtica del concepto ‘propaganda gubernamental’ sino que se establece una excepción a la prohibición de difusión de propaganda gubernamental durante el desarrollo de un proceso de revocación de mandato”, apuntaron los magistrados.

El Tribunal Electoral consideró que este decreto, al considerar esta “excepción” a la norma habitual, es violatorio de la prohibición prevista en la propia Constitución general.

“Asimismo, al establecer esta excepción se realiza una modificación sustancial a las reglas de comunicación política en la Revocación de Mandato, lo cual está prohibido a nivel constitucional”, agregó el TEPJF.

Así, el Tribunal protege el modelo de comunicación política del proceso de Revocación de Mandato en desarrollo, con lo cual tutela el principio de certeza y legalidad en su desenvolvimiento.

Y es que la consulta de Revocación, derivada de la Ley Federal de Revocación de Mandato promulgada en septiembre pasado, ha causado polémica porque es impulsada por el propio López Obrador, por lo que la oposición le ha acusado de promover “una campaña permanente” para movilizar a sus bases.

Además, en los últimos meses se han producido varios choques entre los organismos electorales y el gobierno federal y locales, por este tema.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha dictado diversas medidas cautelares contra López Obrador y otros funcionarios, para que se ajusten a “los principios de imparcialidad y neutralidad” en la consulta de Revocación de Mandato.

Un total de 92.82 millones de mexicanos podrán participar en consulta, según la validación que el INE realizó al Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores. Del total de las y los ciudadanos registrados en la Lista Nominal de Electores, se necesita que el 40% participe para que los resultados de dicho ejercicio sean vinculantes. Así, se requiere que mínimo participen 37 millones 129 mil286 personas en el ejercicio.

Foto: Twitter @REDAML0

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), solicitó la publicación del proyecto de resolución relacionado a la sentencia que establece la inaplicabilidad del Decreto de interpretación auténtica que hicieran los legisladores sobre el alcance del término propaganda gubernamental.

Este decreto fue aprobado por los legisladores para así permitir a los diferentes servidores públicos hacer promoción de la consulta de Revocación de Mandato que se realizará el próximo 10 de abril, sin que ello les significara una sanción por la autoridad electoral.

El proyecto, que se analizará y votará en los próximos días, se establece que la interpretación hecha por los legisladores no puede ir en contra del Artículo 105 de la Constitución, con un proceso activo previo a su entrada en vigor. Recordemos que la interpretación fue hecha cuando el proceso de la Revocación de Mandato ya había iniciado.

En el texto se refiere que el artículo 35 constitucional mandata la suspensión de toda clase de propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, que incluye a los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias, las entidades de la administración pública y cualquier otro ente de gobierno.

Además, se indica que el decreto de interpretación auténtica “no es una instancia válida de derecho aplicable”, ya que no realiza una interpretación auténtica del término “propaganda gubernamental” que pretenda aclarar su significado, “sino que excede el ejercicio de dicha facultad al establecer una excepción sobre quién puede emitir propaganda gubernamental en el contexto de un proceso de revocación de mandato”.

Con el sentido del proyecto del magistrado de la Mata Pizaña, se confirmaría el acuerdo ACQyD-INE-42/2022 de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) impugnado por Morena.

“Este órgano jurisdiccional considera que con la actual configuración del sistema normativo, el decreto de interpretación auténtica es inaplicable a los casos de revocación de mandato, lo que incluye a las controversias que surjan en el desarrollo del actual proceso, ya sea en sede cautelar o en el análisis de fondo”, se señala en el proyecto.

El proyecto que se discutirá se relaciona con el recurso promovido por Morena en contra de las medidas cautelares dictadas por el INE en contra del desplegado que firmaron y publicaron los gobernadores de la Cuarta Transformación a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

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