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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó la “campaña tremenda” contra su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que hay “desde Estados Unidos”.

“Desde Estados Unidos hay una campaña tremenda contra el presidente López Obrador de los medios de comunicación del sistema, el New York Times, todos esos medios son del sistema estadounidense, que han hecho una campaña brutal contra un hombre honesto, honorable, un hombre valiente”, dijo el mandatario en su programa semanal de televisión ‘Con Maduro +’.}

El pasado jueves, durante una rueda de prensa y frente a las cámaras de televisión, López Obrador exhibió una carta de Natalie Kitroeff, corresponsal de The New York Times en México, que incluía su número telefónico y un cuestionario sobre la investigación que estaba llevando a cabo para el diario.

El artículo en cuestión, que fue publicado después de los comentarios del presidente, reveló que durante años Estados Unidos tuvo abierta una investigación sobre dinero del narcotráfico que supuestamente recibieron los hijos de López Obrador y algunos de sus más cercanos colaboradores para la campaña presidencial de 2018.

Por la información que reveló en su mañanera, YouTube eliminó el video al argumentar que la difusión del número telefónico de la periodista podría calificar como acoso, aunque el mandatario calificó los hechos como “censura”, y acusó al gigante tecnológico de tener una “actitud prepotente y autoritaria”.

Maduro se solidarizó con “el presidente López Obrador, con el pueblo de México, ante estos ataques absurdos que le están haciendo desde Estados Unidos”.

“El presidente López Obrador lo que ha hecho es defenderse, defender a México, decir la verdad. Entonces, por decir la verdad, por defender a México, ahora lo censuran en las redes sociales, en YouTube (…) Ellos censuran, ponen, quitan, hacen campaña, ¿y quieren que la gente no se defienda?”, agregó el presidente venezolano.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este viernes que la marcha ciudadana que tendrá lugar el próximo domingo busca “que regresen los corruptos” y no la defensa de la autonomía de las elecciones como se pregona.

“Están convocando a la manifestación para defender la corrupción porque eso es lo que en esencia buscan, que regresen los corruptos, aunque digan que les importa la democracia”, expresó el mandatario en su conferencia matutina.

El morenista se refirió a la ‘Marcha por nuestra democracia’ que convocaron unas 210 agrupaciones ciudadanas agrupadas en ‘Unid@s’, y que se replicarán en cerca de 120 ciudades de México y el mundo. Los organizadores han señalado que busca denunciar que “el voto libre está en riesgo” rumbo a las elecciones presidenciales del 2 de junio.

Las organizaciones ciudadanas denuncian que los comicios están en peligro por la violencia del narcotráfico y por la intromisión del Gobierno federal en el proceso, lo que quedó evidenciado con las reformas que impulsa el presidente López Obrador.

Al respecto, presidente sostuvo que detrás de la protesta está el empresario Claudio X. González, quien apoya a Xóchitl Gálvez, la candidata de la alianza opositora Fuerza y Corazón por México.

“¿Cómo les va a importar la democracia, si ellos eran los que promovían y ejecutaban todos los fraudes electorales? Ellos fueron los que nos robaron la presidencia en 2006, es como el mundo al revés”, comentó López Obrador.

La marcha empezará a las 11:00 hora el próximo domingo, y en el caso de la capital, tendrá lugar en el Zócalo de Ciudad de México.

Esta movilización es la tercera que organizan las agrupaciones de la sociedad civil. La primera fue en noviembre del 2022, en defensa del INE, y la segunda en febrero de 2023, con la intención de proteger los derechos electorales. En esta ocasión, los organizadores han insistido en que quien pretenda acudir evite usar cualquier tipo de emblema partidista o referencia a alguna candidatura, pues esto es un esfuerzo ciudadano.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Amado Avendaño, vocero del Frente Cívico Nacional y Emilio Álvarez Icaza, senador, sobre la convocatoria y que esperan de ella.

Donald Trump reiteró que los países miembros de la OTAN deben contribuir más a la Alianza, caso contrario Estados Unidos nos los debería proteger ante una agresión.

Durante un mitin que ofreció en Carolina del Sur, el favorito en las primarias republicanas para elegir al candidato de ese partido en las próximas elecciones presidenciales, insistió en que Estados Unidos no debe proteger a los países que no paguen su cuota.

En la ciudad de North Charleston, Trump incluso opinó que la cuota del 2% del PIB que cada país miembro de la OTAN hace en Defensa debería subir al 4%.

Y es que el pasado sábado, en otro mitin electoral también en Carolina del Sur, el expresidente arremetió contra la OTAN y dijo que permitiría que Rusia hiciera lo que quisiera, incluso atacar a los miembros de la Alianza que no realicen el pago del 2% de su PIB, objetivo establecido por la organización transatlántica y que una veintena de miembros no cumplen.

El rechazo de varios líderes europeos no se hizo esperar, al igual que el del actual presidente de EUA, el demócrata Joe Biden, quien calificó el comentario de “estúpido” y “vergonzoso”.

Durante el acto de campaña de ayer por la noche, y como lo ha manifestado en otras ocasiones, Trump señaló que una administración suya resolvería de manera rápida la guerra entre Ucrania y Rusia.

En esta ocasión, saludó que no tenga posibilidad de prosperar en la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, el proyecto aprobado por el Senado con un paquete de ayudas por 95,300 millones de dólares, de las cuales 60,000 millones son para Ucrania.

Trump volvió a calificar los procesos legales que afronta como casos de “interferencia electoral”, debido a que concurre a las elecciones generales del próximo noviembre y, agregó que algunas encuestas le dan un triunfo sobre Biden.

“Quieren silenciarme”, señaló Trump al tiempo que llamó a sus simpatizantes a votar en las primarias republicanas de Carolina del Sur, previstas para el próximo 24 de febrero, a las que llega como claro favorito frente a la otra aspirante a la nominación, la exembajadora de EUA ante la ONU, Nikki Haley.

Trump está muy cerca de hacerse con la nominación de su partido después de sus éxitos rotundos en Iowa, Nuevo Hampshire, Nevada e Islas Vírgenes.

El expresidente también aprovechó para arremeter contra Biden, a quien criticó en varios momentos del mitin por la “trágica” gestión de la frontera con México.

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, pidió este lunes su libertad y su restitución como jefe de Estado en una audiencia en el Tribunal Constitucional (TC) que estudia cinco demandas de habeas corpus presentadas por su defensa para que se suspenda una de las dos órdenes de prisión preventiva que pesan sobre él.

“Solicito que se deje sin efecto y se declare nulo todo este procedimiento y actos posteriores. Claro está que ha habido todo un andamiaje y acción preparada para derrocar a mi gobierno, pero no se puede, más allá de intereses políticos, acabar con la libertad constitucional”, dijo Castillo al intervenir virtualmente desde la prisión en la que se encuentra.

Expuso que no hubo ninguna flagrancia en sus acciones del 7 de diciembre de 2022, fecha de su fallido autogolpe de Estado, y que el argumento de que se iba a fugar no es válido, porque su trayecto a la Embajada de México en Lima, en cuyo recorrido fue arrestado por su escolta, tenía como fin poner a su familia en resguardo.

“He sido apresado y se han violentado mis derechos constitucionales, como es el derecho a la libertad y debido proceso, dispuesto por la fiscal de la Nación, que el día de hoy es de público conocimiento y se demuestra con los hechos, una líder de una presunta organización criminal planeada con altos mandos de la Policía y ciertos grupos de congresistas para acabar con mi gobierno”, indicó.

Reiteró que las autoridades se “han ensañado” con él y que ha sentido el odio en carne propia.

La defensa del expresidente solicitó que declare nula la pena de 18 meses prisión preventiva por el fallido autogolpe, se de la inmediata libertad de Castillo y “se reponga el estado anterior” a la detención de este, para que pueda ejercer de nuevo la presidencia en el período 2021-2026.

Explicó que la motivación de los habeas corpus presentados atienden a la vulneración de la libertad individual de su representado y que el proceso judicial tiene “falta de coherencia narrativa” e insuficientes justificaciones del delito de flagrancia, porque no se ha detallado el tipo de esta.

Por su parte, varios representantes de la Fiscalía recordaron que la detención del expresidente fue legítima, puesto que el 7 de diciembre de 2022, Castillo dio un discurso que pretendía romper el orden constitucional y que más tarde este intentó fugarse, por lo que debería permanecer en prisión preventiva.

Además de la orden de 18 meses de prisión preventiva por el fallido autogolpe, la Corte Suprema de Perú ha ratificado la decisión de imponer otra medida de 36 meses de prisión preventiva a Castillo, por un caso de corrupción y tráfico de influencias.

China destituyó este martes al ministro de Defensa, Li Shangfu, y expulsó del Consejo de Estado al excanciller Qin Gang, informaron medios oficiales en el marco de una importante reestructuración de la cúpula dirigente.

Este anuncio llega tras meses de especulaciones, después de que Qin fuera destituido abruptamente de su cargo como jefe de la diplomacia sin ninguna explicación, para ser reemplazado por Wang Yi, que dirige la política exterior del Partido Comunista que gobierna China.

Antes del anuncio de este martes, Li estuvo semanas sin participar en ningún acto público.

“En la sexta reunión del comité permanente de la XIV Asamblea Popular Nacional de la República Popular China, el 24 de octubre de 2023 se decidió (…) destituir a Li Shangfu de los cargos de miembro del Consejo de Estado y ministro de Defensa”, informó la cadena estatal CCTV que indicó que Qin también fue depuesto de su cargo en el Consejo de Estado.

Los medios no nombraron a un sustituto para Li y no explicaron los motivos de su destitución.

Desde septiembre, la ausencia de Li avivó la circulación reportes de que había sido apartado del cargo. El diario The Financial Times informó a mediados de septiembre que el gobierno estadounidense creía que Li estaba siendo investigado por las autoridades y que había sido destituido.

El ministro de Ciencia y Tecnología, Wang Zhigang, y el ministro de Finanzas, Liu Kun, también fueron destituidos de sus cargos, según informes de la CCTV.

Miles de empleados y ciudadanos que apoyan la independencia del Poder Judicial, marcharon este domingo en varias ciudades del país, en contra del proyecto que se discute en el Senado y que busca eliminar 13 fideicomisos que aseguran, se destina a prestaciones laborales.

La protesta, que se da en medio de un paro de labores, se agudizó luego que la Cámara de Diputados, dominada por el oficialismo, aprobara la semana pasada la eliminación de los fideicomisos.

La Suprema Corte de Justicia asegura que el proyecto legislativo suprimirá fondos con los que el Poder Judicial atiende obligaciones laborales y de seguridad social.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostiene que el objetivo es eliminar un régimen de privilegios que, según él, solo beneficia a magistrados y otros altos funcionarios, y ha asegurado en reiteradas ocasiones, en que no se afectará a los trabajadores.

Miles de empleados judiciales se reunieron en el Monumento a la Revolución, desde donde marcharon hasta el Zócalo capitalino. A lo largo del recorrido, se escucharon consignas como “¡No son privilegios, son nuestros derechos!” o “¡Somos los garantes de la Constitución!”.

Así como tuvo lugar en la Ciudad de México, trabajadores, simpatizantes y políticos salieron a las calles en más de 20 ciudades.

Los manifestantes, incluyendo jueces o exministros como José Ramón Cossío, marcharon en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Cancún, Mérida, Puebla, y Tijuana, además de Aguascalientes, Celaya, Colima, Chihuahua, Cuernavaca, León, Mexicali, Querétaro, Saltillo, Tampico, Torreón, Tuxtla Gutiérrez, Uruapan, Veracruz y Xalapa.

Este es solo el más reciente episodio del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, que en los últimos meses se ha profundizado a medida que la Suprema Corte ha bloqueado iniciativas clave de López Obrador.

El mandatario acusa al tribunal de estar al servicio de la oposición conservadora y de defender la corrupción, en un contexto de alta impunidad.

Según López Obrador, los fideicomisos que podrían desaparecer si la iniciativa es avalado en el Senado, administran cerca de 15,000 millones de pesos que, según ha dicho, planea destinar a programas sociales como becas a estudiantes.

Ya que el Senado aún debe aprobar la desaparición de los fideicomisos, los trabajadores han dicho que seguirán manifestándose en los próximos días, además de que analizan sus siguientes pasos, ya que mañana acaba el paro de labores que se acordó la semana pasada.

Foto: Twitter @MiguelCarbonell

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió este jueves al extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, acusado en Estados Unidos de presuntos vínculos con el crimen organizado, luego de la condecoración que le entregó ayer.

“La inconformidad en el fondo es porque intervenimos ante una actuación que consideramos violatoria de nuestra soberanía por parte de la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos) y se demostró que le fabricaron delitos al secretario de la Defensa del Gobierno anterior, pudimos constatar que era una venganza y que no habían elementos”, señaló AMLO.

El mandatario respondió a las críticas sobre la condecoración que entregó a Cienfuegos, con motivo de los 200 años de la creación del Colegio Militar. Aclaró que el reconocimiento “se les entregó a todos los que fueron directores”.

“Ese fue el motivo, entonces, sin decir el marco en que se da la ceremonia se lanzan todos los que están en contra de nosotros”, reprochó.

Recodemos que el exsecretario fue detenido en octubre de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles por una investigación de la DEA que lo acusó de tener vínculos con el crimen organizado durante su periodo frente a la Sedena.

Tras su detención, López Obrador primero expresó que el arresto era “una muestra inequívoca de la descomposición del régimen”, pero días después acusó a la DEA de “fabricar” los delitos contra Cienfuegos.

En noviembre de 2020, López Obrador gestionó con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la entrega de Cienfuegos a México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo exoneró en enero de 2021 tras revisar en menos de dos meses el expediente que la DEA armó desde 2017.

“Los de la DEA, sus representantes, porque están metidos en todos lados, se quedaron muy enojados, quisieran tener un Ejército mexicano, Fuerzas Armadas de México, debilitadas, sentadas en el banquillo de los acusados para que ellos puedan hacer y deshacer en México como se los permitía Calderón”, acusó ahora el mandatario.

López Obrador también defendió a Cienfuegos sobre su posible participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.

“Él va a empezar a responder sobre esto, no hay en la investigación nada en donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos de Ayotzinapa, para que también quede claro”, apuntó.

Todo esto se da cuando las Fuerzas Armadas han cobrado un papel preponderante en el Gobierno de López Obrador, quien les ha otorgado mayores facultares en tareas de seguridad pública, construcción de infraestructura, control migratorio y administración de aduanas y aeropuertos, entre otras.

La definición de la titularidad de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación resultará en la unidad política del partido, aseguró Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

Mier Velazco expresó que es necesario esperar a conocer el resultado del proceso que se sigue a los aspirantes a la Coordinación Nacional de los Comités, respecto a lo cual confió en que “todos estemos serenos, de que salgamos unidos y que no repercuta en la Cámara de Diputados o de Senadores”.

El legislador, quien abiertamente ha expresado su deseo de buscar la gubernatura de Puebla, adelantó que podría ser entre el 15 de septiembre al 15 de octubre cuando podría haber una definición sobre las candidaturas para las nueve gubernaturas que se disputarán en 2024.

Sin embargo, manifestó que los procesos estatales podrían demorarse si llega a haber alguna controversia de la o los aspirantes morenistas a la Coordinación Nacional. “Si todo sale bien, seguramente no habrá convulsión interna”, señaló.

Al respecto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, confirmó la instalación de la Comisión Especial del partido, que será la encargada de coordinar los trabajos para elaborar el Proyecto de Nación 2024-2030.

Destacó la importancia de pensar a futuro el legado del proyecto encabezado por el presidente López Obrador y aseguró que, hoy en día, el partido se encuentra más unido que nunca. “Lo hemos venido diciendo: habrá continuidad con cambio, y para eso estamos avanzando en unidad. En lugar de que estemos en una dinámica de división, es mejor construir ideas, construir el proyecto”.

El líder morenista aseguró que el partido cuenta con las bases y con la estructura necesarias para refrendar el triunfo electoral el próximo año. “Seguimos avanzando en la construcción del movimiento rumbo al 2024”, remató.

Luego de que Morena aprobara el acuerdo para elegir a quien encabezará la Coordinación de Defensa de la Transformación (CDT), que no es más que la posición previa de quien será el precandidato o precandidata del partido en la elección presidencial, Movimiento Ciudadano (MC) impugnó dicho acuerdo ante el INE.

El coordinador de MC en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, y el diputado Salomón Chertorivski, fueron los responsables de presentar la impugnación, al señalar que se está incurriendo en un proceso de precampaña, que se encuentra fuera de los tiempos que la ley señala para ello, por lo que se está violando la Constitución.

Los legisladores recordaron que, legalmente, las precampañas inician a finales de año, por lo que Morena se estaría adelantando a dicho proceso en casi cinco meses.

Aseguran que con el proceso iniciado, Morena omite el proceso de fiscalización, y rompe con los principios de equidad en la contienda.

Los ‘emecistas’ solicitaron al Tribunal Electoral que declare ilegal el proceso interno de Morena, y  se ordene a las personas involucradas realizar cualquier acto proselitista.

“Morena, con su llamado ‘Acuerdo del Consejo Nacional’ se adelanta a los tiempos electorales de manera arbitraria, retando así a la autoridad. Violan la Ley flagrantemente. Agotaremos todas las vías legales para evitarlo”, dijo Chertorivski en un mensaje en sus redes sociales, donde expuso el oficio que presentaron ante el TEPJF.

En tanto, Álvarez Máynez dijo que el acuerdo del Consejo Nacional de Morena viola las leyes electorales y la Constitución, al ignorar los plazos de la ley, “desprecia la fiscalización y rompe con los principios de equidad en la contienda y de legalidad”.

Recordemos que Movimiento Ciudadano ha denunciado en más de 40 ocasiones a diferentes actores de Morena, especialmente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por actos anticipados de campaña y precampaña, el uso indebido de recursos públicos, la promoción personalizada, la presentación de informes fuera del periodo establecido, entre otros posibles delitos.

Los legisladores de MC cuestionaron, específicamente sobre el acuerdo aprobado por Morena el pasado domingo, de dónde van a salir los recursos para las actividades proselitista que las cuatro llamadas ‘corcholatas’ utilizarán para recorrer todo el país.

Salomón Chertorivski incluso preguntó “¿Por qué si Morena va ‘tan bien’ en las encuestas, necesita adelantar tramposamente sus campañas? Se parecen tanto al PRI…”.

Ayer se llevó a cabo una marcha que movilizó a miles de personas en apoyo a la Suprema Corte de Justicia de México(SCJN), que derivó en enfrentamientos entre quienes salieron a defender a la Corte y simpatizantes de la 4T que, en línea con el discurso presidencial, rechazan y critican el actuar de los ministros.

Los enfrentamientos, según se reportó, ameritó la intervención de la policía para separar a los grupos, y para desalojar al grupo que mantenía un plantón a las afueras de la Corte.

Los incidentes ocurrieron al final de la movilización, cuando cientos de manifestantes concentrados a las puertas de la Corte comenzaron a lanzar objetos e insultar a un grupo que mantenía desde hace varias semanas un plantón, donde colocaron carteles y consignas contra los ministros.

Mientras los manifestantes gritaban al unísono “el pueblo unido jamás será vencido”, el grupo crítico de la Corte les respondía “provocadores, provocadores”.

Algunos de los manifestantes comenzaron a arrancar los carteles contra los ministros que estaban en las puertas de la Corte y derribaron un pequeño kiosco que tenían los participantes del plantón.

Horas antes, miles de personas vestidas de blanco se concentraron en el Monumento a la Revolución, para unirse a la movilización convocada por organizaciones civiles en respaldo a los ministros de la Corte que han sido objeto de críticas y protestas en las últimas semanas luego de diversos reveses al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ante esto, López Obrador ha endurecido su posición en contra del Poder Judicial luego que el mes pasado el máximo tribunal declaró inconstitucional una reforma que transfería el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A esto, se sumó el hecho de que la Corte invalidara la primer parte del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral que la mayoría oficialista del Congreso aprobó en diciembre y permitía a los funcionarios públicos expresar opiniones políticas sin riesgo de sanciones por incurrir en propagada electoral, tal como se establece en la actualidad.

Las tensiones aumentaron luego que el pasado 18 de mayo el máximo tribunal invalidó un decreto presidencial del 2021 que ordenaba a las dependencias públicas acelerar la emisión de permisos y autorizaciones para que la construcción de proyectos de infraestructura se pudieran ejecutar sin dilaciones, el llamado ‘decretazo’.

Sin embargo, López Obrador desafió a la Corte emitiendo el mismo día de la sentencia otro decreto en el que declaró al Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como la construcción de cuatro aeropuertos en el sur del país como proyectos de “seguridad nacional”.

“Y la Corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados”, afirmó el presidente la semana pasada al reiterar que ante el “divorcio completo” de los jueces de las necesidades de la mayoría de los mexicanos “hace falta una reforma en el poder judicial”.

López Obrador adelantó que en el último año de su sexenio, 2024, promoverá una reforma constitucional para que los ministros de la Corte, magistrados y jueces sean electos por voto ciudadano. En la actualidad la Constitución faculta al Presidente de la República para presentar una terna de candidatos al Senado, los cuales requieren de los votos de las dos terceras partes de la cámara para su elección.

La presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, ha sido el principal blanco de los ataques, del presidente y de sus seguidores.

En marzo, en medio de una concentración que organizó el gobierno en el Zócalo capitalino por el aniversario de la expropiación petrolera, manifestantes llevaron una figura de cartón con el rostro de la ministra presidenta a la que le prendieron fuego al grito de “fuera Piña”.

El máximo tribunal consideró el incidente como un acto de odio y violencia de género contra la ministra y manifestó preocupación de que “el ejercicio de los pesos y contrapesos que exige el orden constitucional redunde en una confrontación”.

Piña, quien asumió la presidencia de la Corte en febrero, ha mantenido silencio ante las críticas de López Obrador, pero en diferentes intervenciones públicas ha defendido la independencia de los jueces.

Recientemente, el ministro Alberto Pérez Dayán aseguró que “estamos fuertes, convencidos de lo que hacemos. Nada nos va a doblar”, en clara alusión a las tensiones que han surgido entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

En reacción a la movilización de ayer en la CDMX, que se replicó en diversos estados del país, el presidente dijo que fue una convocatoria muy “eriza”, asegurando que los reportes que él tiene indican que participaron sólo 3 mil personas.

“Tienen que echarle más ganas, no tienen causa”, dijo al mandatario, quien volvió a insistir en que los ministros no respetan la Constitución, pues ganan más que él.

También dijo que quienes salieron a manifestarse en defensa de la Corte “actuaron con prepotencia”, pues señaló, “no debieron ir y quitarles las mantas” a quienes se manifestaban en contra.

El canciller Marcelo Ebrard anunció un próximo encuentro entre dirigentes comunitarios y autoridades en Miami para diseñar una estrategia de acción frente a iniciativas y leyes anti-inmigrantes y racistas en Estados Unidos.

En un comunicado, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que se reunió la tarde de ayer con 1,200 trabajadores agrícolas en Wimauma, Florida, informó que el Encuentro Nacional de la Comunidad Mexicana se realizará el próximo 30 de junio y 1 de julio.

El primer objetivo, dijo, es determinar la participación y orientación del gobierno mexicano “en cómo defender a nuestras hermanas y hermanos en toda la Unión Americana, sobre todo en Florida, porque en Florida va a entrar en vigor una ley claramente contraria a nuestra comunidad y que puede dar lugar a muchos abusos”.

Adelantó que en la reunión se prevé que asistan dirigentes de diversas agrupaciones de migrantes de todos los Estados Unidos y servirá para evaluar y determinar los próximos pasos a seguir del Plan de Acción para las Comunidades Mexicanas Residentes en el Exterior.

Durante la reunión que mantuvo Ebrard con trabajadores en Miami, el funcionario prometió mayores oportunidades de movilidad laboral y reiteró la defensa de los trabajadores migrantes mexicanos de leyes y políticas racistas.

Ebrard destacó el trabajo y la contribución de trabajadores migrantes a las sociedades de Estados Unidos y México.

Estas declaraciones se dan apenas unos días después de que Estados Unidos dejó de aplicar el Título 42, que permitía expulsar de inmediato a migrantes indocumentados con el pretexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

Pero instauró otras restricciones a las solicitudes de asilo en la frontera y comenzó a deportar mediante otra normativa conocida como Título 8 que sí permite a los migrantes pedir asilo al llegar a la frontera, pero tienen que cumplir varios requisitos, entre ellos haberlo solicitado en los países por donde han pasado o de lo contrario pueden ser deportados rápidamente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuestionó el acuerdo reparatorio que ofrece el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para salir de prisión por sus acusaciones de corrupción, y así evitar los juicios que enfrenta.

López Obrador señaló que la cantidad del acuerdo reparatoria debería de ser mayor al que el ex funcionario ofrece, esto al recordar que Lozoya afronta dos procesos: uno por la compra que hizo Pemex a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados y otro por ser el principal acusado de la trama de corrupción de Odebrecht en el país.

“Eso lo tienen que ver los funcionarios, pero 10 millones (de dólares) se me hace muy poco. Es que 10 millones (de dólares) son 200 millones de pesos. ¿Cuánto entregó a los legisladores? Fue muchísimo más que eso. ¿Y de dónde salió ese dinero?”, manifestó el mandatario en su rueda de prensa diaria.

Recordemos que la propuesta que el equipo legal de Lozoya Austin ha puesto sobre la mesa es de 10.7 millones de dólares.

Las declaraciones del presidente se dan luego de que ayer, durante una audiencia, se informara autoridades como la Fiscalía General de la República (FGR), Pemex y la UIF, estuvieran de acuerdo en seguir las pláticas para alcanzar el acuerdo.

Aunque se mostró abierto a una negociación, el mandatario pidió “que hagan bien las cuentas”. “Si se llega a un acuerdo de reparación del daño, yo lo veo muy bien”, sostuvo López Obrador.

“Pero tiene que ser una cantidad considerable, de acuerdo a lo que se prueba que se sustrajo ilegalmente, que devuelvan el dinero, que se repare el daño, eso es lo principal. Lo demás, pues de acuerdo a las leyes pueden seguir el juicio en sus casas, pero que devuelvan el dinero”, añadió el presidente.

Lozoya fue arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a nuestro país a mediados de ese año.

Adicional, la defensa de Lozoya argumentó que tiene elementos para inculpar a Peña Nieto y extraditarlo desde España, al citar como ejemplo al expresidente peruano Alejandro Toledo, extraditado hace unos días desde Estados Unidos a Perú por el caso Odebrecht, acusado de haber recibido 35 millones de dólares.

La defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, principal acusado por la corrupción de la brasileña Odebrecht en México, aseguró este jueves que cuentan con las “pruebas suficientes” para responsabilizar y pedir la extradición del expresidente Enrique Peña Nieto por “operar un aparato de poder enfocado en la corrupción”.

El abogado del exfuncionario señaló que en México puede ocurrir la acusación contra Peña Nieto “tal y como sucedió en el caso del expresidente de Perú (Alejandro Toledo) hace unos días”, extraditado desde Estados Unidos a Perú por el caso Odebrecht, acusado de haber recibido 35 millones de dólares.

“En este caso hay suficientes condiciones para que el expresidente Enrique Peña Nieto sea extraditado desde España (…) para que responda en torno a las acusaciones formuladas por Emilio Lozoya Austin en la denuncia, que es pública”, sostuvo.

Lozoya, quien fue arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos casos abiertos ante la justicia, ambos por corrupción: Odebrecht y Agronitrogenados.

Hoy se llevó a cabo la audiencia intermedia en la que las partes informarían al juez si habían llegado a un acuerdo en relación con Agronitrogenados.

La defensa de Lozoya informó que mantiene un diálogo con la Fiscalía General de la República, Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo que el juez de control Gerardo Alarcón, difirió la audiencia para el próximo 18 de junio a las 12:30 horas.

El posible acuerdo, que implicaría que Lozoya no enfrente el juicio, tiene como único punto de desencuentro el monto de la reparación del daño.

Recordemos que el equipo legal de Emilio Lozoya ha ofrecido 10 millones 736 mil 351 dólares, con lo que pide beneficie a Lozoya tanto en el caso de Agronitrogenados como en el Odebrecht, además de que el beneficio se extienda a su mamá, Margarita Austin, a su hermana Gilda Margarita y su esposa Marielle Helene.

Hay un dicho muy claro y sencillo que debería recordar la oposición si realmente quieren tener oportunidad de regresar al poder: “No puedes querer tener el pastel y a la vez comértelo”. Pero eso es lo que están intentando los dirigentes del PAN, PRI y PRD.

Salen a marchar diciéndole a la ciudadanía que están en las calles porque ellos defienden a la democracia que está siendo atacada por el presidente López Obrador, por su partido, Morena; y sus aliados, PVEM y PT, pero después se unen a estos mismos actores para atacar ¡a la democracia!

Quieren su pastel intacto pero también le quieren dar sus mordidotas. ¿No entienden o creen que los ciudadanos somos ignorantes?

Al atacar al Tribunal Electoral como lo están haciendo, para ganar mayor poder en las cúpulas y poder vivir bajo sus propias reglas manteniendo el presupuesto público – que proviene del bolsillo de todos los mexicanos vía impuestos – están atacando la democracia.

Lo que pretenden con la iniciativa que busca reformar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la constitución es eliminar contrapesos y limitar derechos de las minorías políticas. Así de sencillo. Primero porque pretende frenar juicios de derechos políticos promovidos por mujeres. Gracias a éstos se ha logrado avances en la paridad legislativa y mayor presencia en gobiernos locales. Han sido logros costosos que han tenido que brincar varias trancas, como cuando se inventaron los partidos aquello de ‘las Juanitas’. Ponían a una mujer candidata a una diputación o senaduría con un suplente hombre y, apenas comenzaba la legislatura, la obligaban a renunciar.

Con todo y estas mañas, se logró importantes avances en paridad de género dentro de los partidos políticos. Mismo caso se ha dado para otras minorías como indígenas y transgénero. Esto lo quieren eliminar todos los partidos salvo Movimiento Ciudadano.

Además pretenden proteger a las dirigencias de los partidos, en este caso a Marko Cortés, del PAN, Jesús Zambrano, del PRD y Alejandro Moreno del PRI, de juicios internos en nombramientos que hagan. Son tan pequeños estos dirigentes, que prefieren aliarse con quien los está aplastando, Morena, con tal de mantener el poco poder que aún detentan.

Vemos un día sí y al otro también a los aspirantes de Morena, a las famosas corcholatas, violar las leyes electorales. Se promueven burdamente con recursos públicos, y aun así la oposición siente que es buen momento para quitarle poder y atribuciones al Tribunal Electoral que es actualmente la última instancia para poner un freno a estas violaciones constantes de la ley.

Consideran los tres partidos de la oposición, PRI, PAN, PVEM, que hoy que el presidente López Obrador, ataca al Poder Judicial, es buen momento para unírsele a él y a su coalición para atacar al Tribunal que forma parte de este contrapeso.

En medio del litigio electoral de mayor calado de las últimas décadas, el Plan B electoral, uno esperaría que las prioridades políticas de los partidos de la oposición deberían estar en la defensa de las instituciones electorales a toda costa. Si hay puntos que corregir dentro del INE y dentro del Tribunal Electoral, ahora no es el momento para hacerlo ni para pretender debilitarlos. Pero tal parece que la oposición quiere tener su pastel – decir que defienden la democracia – y comérselo también, al querer debilitarla.

La oposición parece que simplemente no entiende.

Columna completa en El Universal

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, decidió postergar la decisión respecto al cese de su ministro de Defensa debido a “la actual situación de seguridad”, a poco más de una semana de anunciar su despido por oponerse a su reforma judicial.

La decisión sobre el futuro del ministro de Defensa, Yoav Gallant, será considerada nuevamente más adelante, agregaron fuentes cercanas al primer ministro, que no precisó a qué cuestiones de seguridad hacía referencia.

Este anuncio pone así fin a las dudas sobre el futuro inmediato del ministro de Defensa, tras varios días de especulaciones en torno a su situación.

Desde que Netanyahu anunciara su cese por instar públicamente a frenar la reforma judicial, Gallant no había recibido ninguna notificación oficial y continuaba ejerciendo sus funciones.

El anuncio sobre su destitución el pasado 26 de marzo desencadenó una jornada de masivas protestas en todo el país que, sumadas a una huelga general, llevaron al primer ministro a frenar la reforma y entablar negociaciones con la oposición.

La confirmación hoy de la continuidad del ministro llega poco después de que este advirtiera ayer de que Israel vive momentos de “tensión en todos los frentes”.

“Los iraníes están extendiendo su alcance a Judea y Samaria (nombre bíblico que hace referencia a Cisjordania ocupada) y a Gaza, e intentan atrincherarse en Siria y Líbano”, dijo Gallant.

“No permitiremos que los iraníes y Hizbulá nos perjudiquen. Cuando sea necesario, los expulsaremos de Siria a donde pertenecen, que es Irán”, agregó, poco después de que Siria acusara a Israel de perpetrar un ataque con misiles contra la provincia de Homs por tercera vez en cuatro días.

Benny Gantz, exministro de Defensa y actual miembro de la oposición, instó hoy a Netanyahu a confirmar la permanencia de Gallant en el cargo.

“Los ciudadanos israelíes necesitan un ministro de defensa permanente. No más tarde, ahora”, escribió Gantz a través de su cuenta de Twitter tras informarse del aplazamiento del cese de Gallant.

Otro exministro de Defensa y miembro de la oposición, el ultranacionalista Avigdor Liberman, denunció este lunes que Netanyahu “está jugando juegos” en un momento “tan delicado para la seguridad” de Israel.

“No hay nada más dañino para el aparato de seguridad que la inestabilidad y la incertidumbre sobre la identidad de un ministro de Defensa permanente que se centre únicamente en cuestiones de seguridad”, agregó Liberman.

Miles de personas, ciudadanos y opositores, se movilizaron ayer en el primer cuadro de la Ciudad de México, llenando el Zócalo capitalino, para protestar contra el ‘Plan B’ de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De acuerdo a los organizadores, ayer domingo llegaron al Zócalo y calles aledañas poco más de medio millón de personas. Algunos de los asistentes no pudieron llegar a la plancha, y tuvieron que apostarse en calles como Madero, 20 de Noviembre, 16 de Septiembre y 5 de Mayo.

La mayoría de los manifestantes vestían prendas blancas y rosas, en alusión a los colores del Instituto Nacional Electoral (INE). De acuerdo a los reportes de la prensa, los asistentes gritaban consignas como: “¡Mi voto no se toca!”, lema de la concentración.

Y es que las reformas electorales propuestas por López Obrador, que concluyeron su trámite legislativo la semana pasada luego de ser aprobado el segundo paquete en el Senado, pasaron al Ejecutivo para su promulgación. En ellas se contempla reducir el salarios de los funcionarios electorales, cortar el financiamiento para las oficinas electorales locales y la capacitación de ciudadanos que operan y supervisan las casillas.

El ‘Plan B’ también disminuirá las sanciones para candidatos que no reporten sus gastos de campaña.

Sin embargo, López Obrador niega que las reformas sean una amenaza contra la democracia y asegura que las críticas son elitistas, argumentando que el INE gasta demasiado dinero, y que ese monto debería invertirse en favor de los más necesitados.

El mandatario dijo el jueves que promulgará el ‘Plan B’, aunque dijo que sí espera impugnaciones judiciales. En ese sentido, muchos de los asistentes a la protesta de ayer expresaron su esperanza de que la Suprema Corte anule las reformas, como han hecho los tribunales con otras iniciativas presidenciales.

La manifestación fue convocada por varias organizaciones políticas y civiles agrupadas en UNID@S, colectivo contrario a López Obrador.

Ramón Cossío, exmagistrado de la Suprema Corte Juan y orador principal del evento, acusó al mandatario de querer “apropiarse del sistema electoral”.

Cossío, quien ha sido fuertemente criticado por el presidente, confió en que la Suprema Corte eche abajo la reforma cuando falle las demandas que han sido presentadas ante ese tribunal.

“Confiamos en ellos (los jueces), en su talante democrático, en la decisión que tomarán para preservar la vida democrática del país”, sostuvo desde la tarima que se montó en la plancha del Zócalo. Beatriz Pagés fue la otra oradora en la concentración de ayer.

Las autoridades de Ciudad de México, de Morena, sorprendió al señalar que ayer se tuvo una asistencia de 90,000 personas.

La marcha se replicó en cerca de 120 ciudades en al menos 5 países.  De acuerdo con los organizadores, más de 50,000 se concentraron en Monterrey y Guadalajara.

En respuesta a la protesta de ayer, López Obrador, cuya popularidad ronda el 60%, convocó a sus seguidores a movilizarse el próximo 18 de marzo con motivo del 85 aniversario de la nacionalización del petróleo en México.

Foto: Twitter @FCN_mx