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El presidente se está saliendo con la suya. Está logrando acabar con la prensa libre e independiente en su país. Con la detención del periodista Evan Gershkovich, del Wall Street Journal, acusado de espionaje, Vladimir Putin le está clavando probablemente el último tornillo al ataúd de la libertad de prensa en Rusia.

El proceso que ha llevado a este momento en el que ya prácticamente no hay prensa libre independiente en Rusia, ha sido paulatino. Nos podemos remontar a los años de la URSS, en donde la “libertad de expresión” se regía bajo el artículo 58 del Código Penal, que declaraba ilegales el espionaje, la traición y movilizaciones en contra del régimen. Este artículo inspiró terror en los años de la URSS. Los corresponsales extranjeros acreditados aparentemente estaban fuera del ámbito de este artículo.  La mayor amenaza que enfrentaban era la expulsión. La excepción fue Nicholas Daniloff, periodista de US News & World Report detenido en 1989. El arresto de Daniloff fue una represalia por el arresto, en Estados Unidos, del diplomático soviético Gennady Zakharov, quien fue acusado de espionaje. Dos semanas después hubo un acuerdo: los soviéticos liberaron a Daniloff y los estadounidenses liberaron a Zakharov.

Con la caída de la URSS se pensó que las cosas serían distintas. Que no habría mayor amenaza a la libertad de expresión. Esto resultó errado. La presidencia de Vladimir Putin ha ido apretando las tuercas poco a poco hasta llegar al momento actual.

Desde el 2012 cuando comenzaron las primeras manifestaciones en contra de Putin, se amplió el catálogo de delitos que ameritaban detención por cargos de traición a la patria y/o espionaje. Este endurecimiento se recrudeció de nuevo en febrero del año pasado con la nueva invasión a Ucrania lo que llevó varios periodistas rusos y extranjeros a abandonar el país.

Gershkovich fue de los pocos que se quedaron a seguir ejerciendo el periodismo. Su detención el 29 de marzo ha significado la escalada más importante en acoso a la prensa y ataque a la libertad expresión desde tiempos de la Guerra Fría. Tanto el Departamento de Estado como el WSJ ha negado las acusaciones en su contra y consideran que está detenido bajo acusaciones falsas lo que lo convierte en un rehén de Putin.

El gobierno de Estados Unidos logró que más de 40 países firmaran una carta exigiendo el gobierno de Putin la liberación de Gershkovich enfatizando que él estaba acreditado como periodista en Rusia y que el periodismo no es un delito. No obstante, ayer un juez negó otorgarle su libertad antes de que comience su juicio, programado para el 29 de mayo. Si Gershkovich es declarado culpable podría pasar 20 años en una colonia de prisioneros.

Lo que le ocurre a este periodista del WSJ es la culminación de ataques de Putin a la Prensa y a quienes no están de acuerdo con su guerra en contra de Ucrania. La escalada en los ataques a la libertad de prensa y expresión han sido paulatinos.

En un país como México, en donde hay ataques a la libertad de expresión que vienen también desde la presidencia, lo que ocurre en Rusia no puede verse como un problema ajeno y/o lejano. Putin está logrando que todo el periodismo independiente abandone Rusia. Con el periodismo tratado como un delito, la cobertura de la guerra en Ucrania quedará enmarcado de la propaganda y mentiras de su régimen. Es el sueño cumplido de cualquier autócrata.

Columna completa en El Universal

El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Ulises Lara, informó que luego de una exhaustiva investigación, fue posible establecer que la joven María Angela, que desapareció en el Metro Indios Verdes y encontrada días después en Nezahualcóyotl, se ausentó de manera “voluntaria” y que no fue víctima de algún delito durante el tiempo en que permaneció ausente.

La investigación que permitió llegar a esta conclusión estuvo a cargo de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, y en ella participaron agentes de la Policía de Investigación, personal ministerial, peritos, el Grupo Especial de Búsqueda, Reacción e Intervención, GEBRI, y la Comisión Local de Búsqueda.

En dicha indagatoria se analizaron diversos materiales como videos, información de redes sociales, entrevistas, dictámenes periciales y recorridos en campo. Todo se presentó en conferencia de prensa a través de una línea de tiempo que dijo el funcionario, mostraba muestra claramente lo ocurrido desde que la menor se ausentó en el Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes hasta que fue ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Se describió que el 19 de enero, María Ángela y su madre se dirigieron a las oficinas de una institución educativa, ubicadas en Taxqueña. Durante el trayecto, la denunciante acudió a un sanitario ubicado en la terminal del Metro, donde su hija aguardó al exterior; posteriormente la escuchó hablarle, pero al salir y no verla, solicitó ayuda de policías para localizarla.

Ese mismo día por la noche, la adolescente arribó al campamento de un colectivo, ubicado en inmediaciones del Palacio de Bellas Artes. Ahí, como lo señalaron en su entrevista, le brindaron apoyo al pensar que se trataba de una persona perdida.

La menor solicitó ayuda con un lugar donde dormir, por lo que recibió asilo por parte de una de las integrantes en un domicilio ubicado en la colonia Juárez Pantitlán, en Nezahualcóyotl.

Al día siguiente, el 20 de enero, volvieron al campamento ubicado en la zona de la Alameda Central, donde la adolescente permaneció la mayor parte del día y realizó algunos desplazamientos por inmediaciones del lugar.

Posteriormente se trasladó junto a una integrante del grupo, al domicilio del Estado de México, donde había pasado la noche e incluso se le facilitó ropa para cambiarse. El material presentado por la Fiscalía mostró que el 21 de enero regresaron al campamento mencionado.

Fue en ese momento cuando las testigos se percataron que se trataba de la joven que era buscada por redes sociales, por lo que entablaron contacto con la Comisión Local de Búsqueda para dar aviso.

“Minutos después, posiblemente al darse cuenta que dichas personas ya tenían conocimiento de su identidad, la menor de edad les refirió que acudiría a la zona de fuentes de la Alameda, donde la buscaron, pero ya no la encontraron. Horas más tarde, una de las integrantes del colectivo recibió un mensaje de un teléfono celular desconocido donde la menor le informaba que se encontraba bien”, relató el vocero de la Fiscalía.

De acuerdo a los testimonios recabados, se supo que durante su estancia en el campamento, María Angela refirió a una de las integrantes del campamento, que tenía la intención de visitar a una persona en un domicilio localizado en las inmediaciones del sitio donde fue ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl.

Finalmente, el funcionario destacó que a partir de revisiones médicas, psicológicas y periciales a la adolescente, se pudo establecer que la menor no presentaba ningún daño y que su ausencia no tuvo relación alguna con la comisión de algún delito.

“El Ministerio Público no tiene documentado ningún caso en el que alguna niña, adolescente o mujer haya sido privada de su libertad en esa zona y no se cuenta con registro de ilícitos de este tipo en inmediaciones del Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes o zonas aledañas. Por ello insistimos en hacer un llamado a la ciudadanía a no prestar atención a falsas versiones o rumores sobre la presencia de una banda o grupo delictivo que opere en la zona con ese modus operandi”, añadió el funcionario.

Recordemos que los padres de María Ángela denunciaron la desaparición el jueves 19 de enero, quien tres días después fue encontrada desnuda envuelta en bolsas negras en un lote baldío de Nezahualcóyotl.

El papa Francisco ha generado una polémica al referirse a las leyes que criminalizan la homosexualidad como “injustas”, y dijo que Dios ama a todos sus hijos tal y como son.

En entrevista con la agencia The Associated Press (AP), el Papa pidió a los obispos católicos que apoyan esas leyes y que acojan a las personas LGBTQ en la Iglesia católica.

“Ser homosexual no es un delito”, dijo Francisco, tras reconocer que los obispos católicos en algunas partes del mundo apoyan las leyes que criminalizan la homosexualidad o discriminan a la comunidad LGBTQ.

Sin embargo, atribuyó esas actitudes a contextos culturales y dijo que los obispos en particular también deben pasar por un proceso de cambio para reconocer la dignidad de todos.

“También el obispo tiene un proceso de conversión”, dijo, añadiendo que debían mostrar “ternura, por favor, ternura, como la tiene Dios con cada uno de nosotros”.

Unos 67 países o jurisdicciones de todo el mundo penalizan las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo y 11 de ellos pueden aplicar o aplican la pena de muerte, según la organización The Human Dignity Trus.

Los expertos señalan que incluso cuando las leyes no se aplican, contribuyen al acoso, la estigmatización y la violencia contra las personas LGBTQ. En Estados Unidos, más de una docena de estados aún tiene leyes contra la sodomía en sus leyes, pese a un fallo de 2003 de la Corte Suprema que las declaró inconstitucionales.

Los defensores de los derechos LGBTQ dicen que esas leyes anticuadas se emplean para acosar a homosexuales y señalan a nuevas normas como la conocida como “No diga gay” en Florida, que prohíbe la educación sobre orientación sexual e identidad de género en los primeros grados escolares.

Naciones Unidas ha pedido de forma reiterada que se abandonen las leyes que penalizan la homosexualidad y afirma que violan los derechos a la privacidad y a la libertad ante la discriminación, además de incumplir las obligaciones de esos países según el derecho internacional de proteger los derechos humanos de todo el mundo, sin importar su orientación sexual o identidad de género.

El Papa Francisco declaró esas normas como “injustas” y dijo que la Iglesia católica puede y debe trabajar para ponerles fin. “Tienen que hacerlo, tienen que hacerlo”, dijo.

Francisco citó el catequismo de la Iglesia para señalar que los homosexuales deben ser recibidos y respetados, y no deben verse marginados ni discriminados. “Somos todos hijos de Dios y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad”.

En 2019 se esperaba que Francisco publicara un comunicado contra la criminalización de la homosexualidad durante un encuentro con grupos de derechos humanos que investigaron los efectos de esas normas y de las llamadas “terapias de conversión”.

Al final, el Papa no se reunió con los grupos, que en su lugar se entrevistaron con el número dos del Vaticano, que reafirmó “la dignidad de cada persona humana y contra cualquier forma de violencia”.

Sin embargo, Francisco matizó que debía distinguirse entre el delito y el pecado. “El ser homosexual no es un delito”, dijo. “No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo”.

Las enseñanzas católicas indican que si bien debe tratarse a los homosexuales con respeto, los actos homosexuales son “intrínsecamente desordenados”. Francisco no ha cambiado esa posición, aunque ha hecho del acercamiento a la comunidad LGBTQ uno de los rasgos característicos de su papado.

Desde su famosa declaración de 2013 “¿quién soy yo para juzgar?” cuando le preguntaron por un sacerdote que según reportes era gay, Francisco ha seguido dirigiéndose de forma reiterada y pública a las comunidades homosexual y trans.

Como arzobispo de Buenos Aires se mostró a favor de ofrecer protecciones legales a las parejas del mismo sexo como alternativa a apoyar el matrimonio homosexual, algo que prohíbe la doctrina católica.

Pese a ese acercamiento, Francisco fue criticado por la comunidad católica LGBTQ por un decreto de 2021 de la oficina de doctrina del Vaticano sobre que la Iglesia no puede bendecir las uniones entre personas del mismo sexo “porque Dios no puede bendecir el pecado”.

La diputada del PRI, Lorena Piñón Rivera, presentó una iniciativa para establecer como delito de rapiña a quien aprovechando la confusión, falta de vigilancia, catástrofes, accidentes viales u otros siniestros, robe los productos o mercancías contenidos en un transporte de carga accidentado, lo que se conoce como rapiña.

La propuesta señala que se sancionará a quien cometa dicho delito con uno a cuatro años de prisión. En tanto, para quien participe en los actos de rapiña y no brinde auxilio o no pidiera la atención médica que requiriera la persona que viajaba en el transporte que sufrió el accidente, se le podrían aplicarán de 2 a 4 años de prisión.

Se precisa que en caso de muerte de la persona a la que no se brindó auxilio, la pena será de 6 a 9 años de prisión.

La diputada Piñón Rivera consideró necesario tipificar este delito y evitar que la gente realice robos en cualquier circunstancia en donde pueda existir una o varias personas en peligro, como “los casos donde se accidenta un vehículo de carga que traslada mercancías y/o productos que, al quedar sin protección, algunos individuos se deciden por robar la mercancía expuesta y se omite el auxilio a personas que son afectadas por el accidente”.

Señaló la importancia de sancionar a aquellos que busquen aprovechar un accidente vial y actúen de forma dolosa para robar la máxima cantidad de productos o materiales que estén a su disposición, así como implementar protocolos que permitan a las autoridades proceder de manera adecuada para dispersar rápidamente a las personas involucradas en los actos de rapiña.

La legisladora precisó que el objetivo es garantizar que tanto trabajadores como permisionarios tengan presente que existe un marco legal que pueda proteger su inversión, así como a quienes brindan este servicio. “Es necesario crear el tipo penal de rapiña en accidentes provocados en accidentes viales, mismos que acontecen de manera regular en el país”, remató.

Un juez determinó esta tarde que existen elementos suficientes para procesar penalmente al extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo, por diversos delitos en relación a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con información difundida por el Consejo de la Judicatura Federal  (CJF), Murillo Karam fue vinculado a un proceso penal por los delitos de por desaparición forzada y tortura.

Además, el exfuncionario deberá responder en un juicio por delitos contra la administración de justicia, según decidió el juez en la audiencia que se celebró este miércoles en el Reclusorio Norte.

Durante la audiencia, que dio inicio poco después de las 09:00 horas, el excolaborador del sexenio pasado dijo que la llamada “Verdad Histórica” no había podido ser refutada. “Se pudieron cometer fallas, pudo hacerse mejor, puedo aceptar algunos errores,  pudo haber fallas, y aceptar cosas que se hicieron mal, pero ninguno la ha podido tirar”.

Murillo, quien también fue diputado, senador y gobernador de Hidalgo entre 1993 y 1998, fue detenido el viernes pasado, convirtiéndose así en la aprehensión del exfuncionario de más alto rango hasta el momento por el caso de la desaparición de los estudiantes.

Murillo Karam estuvo a cargo de la fiscalía general durante la primera mitad de la gestión del exmandatario Enrique Peña Nieto. En ese tiempo, encabezó los esfuerzos del gobierno federal por resolver lo sucedido.

Expertos independientes encontraron serias fallas en sus conclusiones, que sostenían que los normalistas de la escuela de Ayotzinapa habían sido incinerados en un basurero por órdenes de un grupo criminal. Ahora, fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de fabricar la Verdad Histórica.

Y es que dar con el paradero de los normalistas fue una de las promesas de campaña del presidente López Obrador, quien relanzó las investigaciones tras asumir el cargo a fines de 2018.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló esta mañana sobre el caso de su hermano Pío López Obrador, y dijo que debe ser castigado si se demuestra que es culpable de actos de corrupción.

“Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia”, contestó el mandatario al ser cuestionado sobre el tema.

Y es que ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) investigue a Pío López Obrador por videos en los que aparece recibiendo dinero en efectivo por parte de David León, durante la campaña electoral de Chiapas en 2015.

“Lo de mi hermano ha quedado muy claro, de manifiesto, que no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación”, añadió López Obrador. Recordó que en 2018 le dieron “su confianza millones de mexicanos” y prometió que no los traicionaría.

Ofreció una disculpa a quienes afecta que siga denunciando actos de corrupción, pues dijo, es el principal problema de México; sacó de su bolsillo un pañuelo blanco para declarar que “ya no se permite la corrupción”. Y aunque admitió que todavía hay actos de corrupción “abajo”, aseguró que “arriba ya no hay”, en referencia a los altos funcionarios del gobierno.

Recordemos que el 20 de agosto de 2020, Pío López Obrador apareció en un video en el que se observan presuntas entregas de dinero de parte del entonces funcionario del gobierno de Chiapas, David León Romero.

Los implicados alegaron en su momento que el dinero no era de procedencia ilegal, sino para financiar la campaña de su partido (Morena) a las elecciones locales del estado de Chiapas que se iban a celebrar ese año.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) concluyó el año pasado que no encontró “nada significativo” en la investigación sobre el hermano del presidente.

Sin embargo, Pío López Obrador no es único hermano de AMLO señalado de estos actos; en julio pasado se divulgó en el sitio Latinus material de 2015 en el que Martín Jesús López Obrador, otro hermano del presidente, recibe presuntamente 150,000 pesos en efectivo de David León Romero.

El Gobierno federal pidió revisar las 432 carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto este año en el país tras el histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra su criminalización.

La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís, señaló que existen 432 carpetas de investigación abiertas por este delito entre enero y julio pasado en 27 estados del país.

“Las autoridades locales y federales debemos asegurar la no criminalización de las mujeres por el ejercicio de sus derechos sexuales, por lo que deben analizarse todos los casos de personas acusadas por el delito de aborto en todo el país”, declaró la funcionaria.

Sus declaraciones se producen después de que la Suprema Corte declarara el martes pasado inconstitucional la penalización del aborto, un precedente histórico que impide encarcelar a las mujeres y personal médico que les ayuden con consentimiento.

Y aunque el fallo de la SCJN solo invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, estado donde se castigada con penas de hasta tres años de prisión por abortar de manera voluntaria, la decisión de los ministros crea un criterio obligatorio para todos los tribunales del país.

Y es que el aborto, cuya criminalización es competencia local, solo está despenalizado en cuatro de los 32 estados: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

La Conavim citó que las entidades con más carpetas abiertas por aborto son Estado de México con 93, Nuevo León con 67 y Ciudad de México con 52, pese a que en la capital existe la interrupción legal del embarazo hasta la duodécima semana de gestación.

“Cabe destacar que estas tres entidades concentran el 49% de las carpetas abiertas en los primeros siete meses de este año”, advirtió la comisión, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El organismo también destacó las cifras de Tamaulipas con 28 casos; Querétaro con 22; Baja California y Guanajuato con 18 cada uno; Hidalgo con 15; Veracruz con 14 y Michoacán con 13, con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Tras el fallo del martes, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, anunció que el Instituto Federal de Defensoría Pública dispondrá de abogados públicos para defender a las mujeres procesadas por el crimen.

“Ninguna mujer o persona gestante en el país debe enfrentar un proceso penal por ejercer su derecho al aborto, y el Estado mexicano debe garantizar el acceso a la justicia para quienes hoy están en esa situación”, coincidió la Conavim.

Foto: Twitter @GIRE_mx

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó este martes que obtuvo de un juez penal, en el sistema tradicional, una orden de aprehensión en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exlider del PRI en la capital, por el delito de trata de personas

El juez también giró ordenes de aprehensión en contra de cuatro personas más, tres de ellas mujeres, quienes son probables responsables de los delitos de trata de personas, en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de tentativa, y de publicidad engañosa, así como del delito de asociación delictuosa.

Entre las personas involucradas figuran la actual diputada priista de la Ciudad de México, Sandra Esther Vaca Cortés, y quien fuera exsecretario de finanzas del tricolor, Roberto Zamorano.

La dependencia capitalina indicó que a efecto de dar cumplimiento a esta orden judicial, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha solicitado la colaboración de la Fiscalía General de República (FGR), del Instituto Nacional de Migración (INAMI) y de las fiscalías de las entidades federativas, para la búsqueda, localización y aprehensión de las personas ya citadas.

Recordemos que la Fiscalía General de Justicia reabrió en septiembre pasado la investigación en contra de Gutiérrez de la Torrey demás implicados en una red de prostitución, al considerar que las indagatorias realizadas en la administración pasada tuvieron omisiones graves que afectaron el proceso.

La FGJ-CDMX informó que también se solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el congelamiento de las cuentas bancarias de dichas personas.

Una de las “prioridades es atender a las víctimas con perspectiva de género, enfoque diferencial y especializado, por lo que, a través de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas y de la Policía de Investigación (PDI), ha implementado un esquema de protección para las personas agraviadas”, dijo la Fiscalía sobre el tema.

Fue en el 2014 que la periodista Carmen Aristegui presentó un trabajo especial: “La red de prostitución de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre”, donde se dio a conocer la forma en que operaba la red desde las oficinas del PRI en la capital del país.

La organización Artículo 19, que conduce la defensa de la escritora Lydia Cacho, informó este miércoles que luego de 15 años de lucha, la noche de ayer, el Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo, notificó el auto de formal prisión dictado en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín, señalado como autor intelectual en el delito de tortura en contra de la periodista.

La decisión del juzgado significa, según Artículo 19, que existen elementos probatorios de la probable responsabilidad del exgobernador en la comisión del crimen. La orden de auto de formal prisión es por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista

Recordemos que Marín fue detenido el pasado 3 de febrero en Acapulco, Guerrero.

La organización adelantó que continuarán con el robustecimiento de las pruebas que han sido recabadas y presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) con la intención de obtener la máxima pena en contra del exgobernador, que es de 12 años de prisión por el delito de tortura, conforme a la ley vigente en el momento de los hechos.

Destacaron que el auto de formal prisión contra Marín, es el primer caso en el que se procesa a una figura política de alto nivel “en ser detenido y procesado por violaciones” derechos humanos y “en menoscabo de la libertad de expresión”.

Señalaron que la justicia no será plena hasta que sea condenado el exgobernador y junto con él, todos los responsables, además de que se tiene que cumplir con la reparación integral del daño para Cacho y su familia, así como garantizar las medidas de no repetición.

“Esperamos un proceso feroz, pero estamos preparadas. Hicieron funcionar una maquinaria muy grande y nosotros también tuvimos que hacerlo, porque nos fueron bloqueados todos los recursos aquí en México”, declaró esta mañana Araceli Andrade, defensora y representante de Lydia Cacho en una conferencia de prensa.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) detuvieron a Miguel Ángel Vázquez Reyes, quien fuera subsecretario de Capital Humano y jefe de gabinete en el gobierno capitalino en la administración de Miguel Ángel Mancera.

En conferencia de prensa, el vocero de la Fiscalía de la ciudad, Ulises Lara López, indicó que el hombre es probable responsable de delitos cometidos por servidores públicos.

Indicó que el exfuncionario fue detenido sin uso de la fuerza y con respeto a sus derechos humanos, durante un cateo en un inmueble de la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El probable responsable fue trasladado para la certificación médica correspondiente y su posterior internamiento al Reclusorio Preventivo Varonil Norte. En las próximas horas, el juez de control que lo requirió determinará su situación jurídica.

Vázquez Reyes ya había sido detenido en diciembre del año pasado, pero fue liberado debido a que obtuvo un amparo.

Lara López recordó que el pasado fin de semana, la Fiscalía anunció la vinculación a proceso de María del Carmen Ramírez Jasso y Óscar Armando Peña Avendaño, exconsejeros suplentes, luego de que un juez los consideró probables responsables de delitos cometidos por servidores públicos y les impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Asimismo, el martes pasado un juez también vinculó a proceso a Joel Pazol Ruiz, por su probable participación en delitos cometidos por servidores públicos. El juez fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. El exfuncionario fue detenido en diciembre de 2019 e internado en el Reclusorio Norte.

De acuerdo a las indagatorias, se pudo establecer que en abril de 2016 estos cuatro exservidores públicos fungieron como consejeros suplentes de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal (Caprepol), uno de ellos como presidente suplente.

La Fiscalía señaló que posiblemente realizaron actos para dejar de pagar las aportaciones de jubilados y pensionados del ISSSTE, lo que ocasionó un perjuicio a la hacienda pública del Distrito Federal (Ciudad de México) por más de 293 millones pesos.

Esta tarde, Óscar Andrés Flores alias “El Lunares”, líder de La Unión Tepito logró que un juez ordenara de nueva cuenta su libertad, luego de ser trasladado al Reclusorio Norte el fin de semana pasado, cuando otro juez lo había puesto en libertad.

El juez determinó este viernes que no se acreditó que “El Lunares” hubiera participado en el delito de secuestro exprés, por el que se le había reaprehendido cuando salía del penal del Atliplano, en el Estado de México.

Su libertad fue ordenada el pasado 8 de febrero por la juez federal Beatriz Moguel quien determinó la “insuficiencia de datos de prueba” para vincularlo a proceso.

“El Lunares” es señalado como uno de los principales generadores de violencia en la capital del país.
Tras ordenarse su liberación el fin de semana pasado, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, explicó que había otra orden de aprehensión por el delito de privación de la libertad personal en su modalidad de secuestro exprés agravado, emitida el 30 de noviembre de 2019.
En ese momento, Godoy aseguró que “estamos trabajando, no va a quedar libre”, lo cual quedó rebasado este viernes, al quedar por segunda vez, en menos de seis días, en libertad.

Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, aclaró esta mañana su postura sobre el delito de feminicidio. Lamentó la forma como los medios de comunicación han tratado el tema y negó que piense renunciar a la FGR.

“No quiero desaparecer el feminicidio, sino facilitar su investigación”, señaló en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al afirmar que la protección de las mujeres y los grupos vulnerables es prioridad de su gestión, en coordinación con el Gobierno Federal.

“Ese delito deberíamos hacerlo mucho más sencillo para proteger a las víctimas, para darles mayor empoderamiento en la defensa de su vulnerabilidad; lo ideal sería homologarlo”, expuso el fiscal.

“Lo que estamos haciendo es visibilizar un problema grave, estableciendo que hay un grupo muy delicado de seres humanos a los que hay que proteger”, abundó.

Gertz Manero recordó que fue invitado por la bancada de Morena a una reunión antes del inicio del actual periodo ordinario de sesiones legislativas, y en dicho foro planteó una mejor judicialización para la protección de las mujeres.

Consideró que el delito de feminicidio “no está suficientemente claro” para hacer la defensa porque en los homicidios no hay un aumento en los homicidios en general, pero sí en los feminicidios.

Explicó que en los últimos años el feminicidio ha crecido 137%, pero la tipicidad de este ilícito ha obstaculizado a la justicia. Por ello, su propuesta es agilizar los procedimientos legales para salvaguardar a las mujeres.

El fiscal denunció que en los últimos días la prensa ha malinterpretado sus palabras e incluso inventó la versión de su renuncia.

“Me han enfermado, me han renunciado, me han parece que hay grupos a los que estoy molestando, pero es mi trabajo, expresó Gertz Manero.

Alejandro Gertz Manero entregó esta mañana un cheque de dos mil millones de pesos que fueron recuperados de una investigación de combate a la corrupción.

“El patrimonio de México, los bienes de la nación han sido saqueados, por eso se debe combatir, por eso, hemos iniciado una serie de acciones penales para recuperar los bienes de la nación. Y hoy podemos anunciar que estamos entregando un cheque de 2 mil millones de pesos al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado”, dijo el Fiscal.

Previamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho, al presentar el tema durante la conferencia matutina, que “nunca en la historia nunca se había recuperado dinero de la corrupción, estamos en el terreno de lo inédito. Se ha tomado la decisión para que ese dinero regrese al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado”.

A un año de la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó esta mañana la presentación del informe de acciones para atender a los familiares de las víctimas.

“Esto del ‘huachicol’ es producto de la desatención, de no dar opciones, de no dar alternativas, desde luego manejado por un grupo de delincuentes pero con una base social”, explicó el mandatario en su conferencia matutina.

El jefe del Ejecutivo exhortó a las comunidades cercanas a ductos de combustible a que no participen en este tipo de actividades, que más allá de su carácter delictivo representan un riesgo para la vida de las personas.

Informó que el robo de combustibles continúa aunque con una disminución significativa que derivó en ahorros de 50 mil millones de pesos como resultado de la aplicación del plan contra el robo de combustible.

Indicó que Hidalgo y el Estado de México son las entidades con mayor incidencia en este delito.

La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Maury, explicó que la atención a las víctimas y familiares se realizó desde la coordinación interinstitucional integrada por las secretarías de Bienestar; de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Agricultura y Desarrollo Rural y de Cultura, en colaboración con la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Nacional del Agua, Petróleos Mexicanos y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Detalló que se llevaron a cabo acciones inmediatas para la identificación y registro de familiares desaparecidos, hospitalizados o fallecidos; apoyos terapéuticos, funerarios, para la ampliación del panteón de Tlahuelilpan, humanitario con 15 mil pesos por familiar afectado a fin de reducir la vulnerabilidad, así como la asignación de recursos desde el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2019.

Además, se distribuyeron Becas para el Bienestar, recursos a niñas y niños hijos de madres trabajadoras, seguros de vida para jefas de familia, pensiones para adultos mayores, Tandas para el Bienestar y estímulos a la producción.

La subsecretaria detalló que el 14 de octubre Pemex adquirió un inmueble para la construcción del memorial en Tlaxcoapan, Hidalgo.

Este sábado, cuando formalmente se cumpla un año del incidente, la subsecretaria Diana Álvarez y un grupo de servidores públicos visitarán al pueblo de Tlahuelilpan.

“Llevan nuestro pésame, nuestra solidaridad. No debe de haber motivo para estigmas, somos todos productos de circunstancias, es la circunstancia la que lleva a ciertas actividades o procederes. Nadie puede sentirse culpable. Los que pierden la vida en este caso están ahí y buscan sobrevivir, un ingreso, un apoyo y sus familias lo mismo. Ellos merecen todo nuestro apoyo y solidaridad”, remató el presidente.

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, obtuvo este lunes un amparo por parte del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual invalida la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de peculado que se le impuso el 20 de mayo de 2018.

Sin embargo, Duarte de Ochoa continuará preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por el delito de lavado de dinero, por el cual fue sentenciado en septiembre del año pasado a nueve años de prisión y una multa de 58 mil 890 pesos.

El amparo obtenido por la defensa del exmandatario estatal también obliga al juez de control que dictó dichas medidas a realizar una nueva audiencia para determinar nuevamente si lo vincula o no a proceso por el delito de peculado.

De acuerdo con la resolución del citado Tribunal Colegiado se deberán analizar nuevamente las pruebas y testimonios por el cual se determinó vincularlo a proceso y en su caso fundarlas y motivarlas.

La vinculación por el delito de peculado por un monto de 220 millones de pesos en contra de Javier Duarte quedó sin efecto hasta en tanto se realice una nueva audiencia del juez de control.

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados hizo un llamado a que el proceso penal en contra de la exsecretaria federal, Rosario Robles, no atienda venganzas políticas, y la justicia se mantenga imparcial.

Recordaron que la bancada panista denunció con anterioridad acciones de opacidad, corrupción y los desvíos en los fondos en los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“El 16 de octubre del año pasado, la entonces secretaria compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados y ahí, frente a ella, se le mencionaron las irregularidades que se presumía existían en su gestión, así como el hecho de que se mantuviera el halo protector de la impunidad”, señalaron los legisladores.

Señalaron que se dará seguimiento al proceso contra la excolaboradora del sexenio pasado, con el propósito de que a Rosario Robles no se le vulneren sus derechos humanos y el debido proceso.

Pidieron que la Fiscalía General de la República (FGR) actúe con autonomía y sin dejar de fincar las responsabilidades que se comprueben llegue hasta las últimas consecuencias y sobre todo la impartición de justicia.

Por su parte la diputada de Morena, Dolores Padierna, confió en que la FGR aportará todas las pruebas del delito imputado a la extitular de Sedatu dentro de los dos meses que se le dictaron de prisión preventiva justificada.

“Hay que investigar a fondo para que esa sonrisa de ‘Rosario, no te preocupes’ sí tenga de que preocuparse. Ahora se tiene que rendir cuentas a las responsabilidades a las que uno tiene lugar. El servicio público es para servir al pueblo, nada más. Si alguien quiere llegar al servicio público para servirse de él será sancionado”, señaló la legisladora.

Padierna Luna consideró que las autoridades deben recuperar los recursos públicos que fueron desviados en el caso conocido como la “Estafa Maestra”.

La diputada morenista refirió que los abogados de Robles Berlanga declararon que ella informó a su sucesor en Sedesol, José Antonio Meade, sobre las anomalías detectadas en la dependencia, por lo cual la FGR debe abrir una línea de investigación al respecto.

Tras diez horas y media de audiencia, concluyó la comparecencia de Rosario Robles ante el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México. En dicha audiencia, la Fiscalía General de la República imputó a la exsecretaria federal el delito de ejercicio indebido del servicio público.

De acuerdo a lo argumentado por la Fiscalía, Robles Berlanga supo del desvío de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos en contra del patrimonio de la Nación a través de la llamada “Estafa Maestra”.

Y aunque se le imputó el delito, no se le vinculó a proceso, pues la defensa de la excolaboradora del presidente Enrique Peña Nieto solicitó la ampliación del término de 144 horas para presentar pruebas y evitar que se le vincule a proceso.

Así, la situación jurídica de Rosario Robles se definirá hasta el próximo lunes, fecha que dictó el juez para que la acusada se presente a una nueva audiencia en punto de las 18:00 horas.

El fiscal Mario Fonseca Barrera expuso que “la hoy justiciable (Robles) fue omisa en su calidad de garante como secretaria de Estado y poder detener estos actos de corrupción por parte de funcionarios que se encontraban bajo sus órdenes cuando fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social y la Sedatu”.

Al término de la audiencia, Rosario Robles sostuvo que volverá a presentarse el próximo lunes, “de forma voluntaria”; explicó que aunque estaba fuera del país, cuando se enteró de la situación, regresó inmediatamente y “vine voluntariamente. Estaré aquí el próximo lunes a la hora indicada”.