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Como parte de la audiencia que se realizó la tarde de ayer, la juez determinó que  no hay delito que perseguir en el caso de Valeria, menor de 11 años que fue raptada, violada y asesinada en Nezahualcóyotl, Estado de México.

 

Luego de que la defensa del también occiso José Octavio “N” presentara el acta de defunción correspondiente al deceso del imputado, la jueza dictó el “acto de sobreseimiento, lo que decreta la extinción penal en contra del imputado, es decir que no hay delito que perseguir”.

 

La parte acusatoria, dispondrá de tres días para que en caso de convenir a la parte afectada, se presente una apelación a la sentencia de la juez; a la par la Fiscalía General de Justicia del estado continuará con la investigación de los hechos.

 

Con información de Agencias / Foto: Archivo APO

 

La Fiscalía de Chihuahua informó que el ex colaborador de César Duarte, Antonio Tarin, fue vinculado a proceso por segunda acusación por el delito de peculado, ya que se le acusa de desviar 246 millones de pesos del erario público.

 

El también ex director de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda del estado, Tarín será juzgado jutno a otros dos ex funcionarios de la adminsitración de Duarte quienes simularon licitaciones, pagos y facturación de servicios por el monto señalado.

 

Los otros implicados son Ricardo Yáñez Herrera, ex secretario de Educación, Cultura y Deporte; y Gerardo Villegas, ex director general de Administración de la Secretaría de Hacienda, quienes simularon gastos relacionados con la impartición de talleres para padres, capacitación y actualización de docentes, cursos sobre medio ambiente y la planeación, así como el supuesto diseño e implementación de un software, que nunca se realizaron.

 

De acuerdo a la investigación, Tarín García era el encargado de definir la ruta del dinero y de articular la adjudicación directa de los recursos públicos. 

 

Con información de Milenio / Foto: Archivo APO

Un grupo de congresistas demócratas presentaron esta tarde, un proyecto de ley en la Cámara baja de Estados Unidos para solicitar que “el tráfico ilícito de armas de fuego hacia México”, se tipificado como crimen federal, algo hasta ahora no existe.

 

Los legisladores que empujan dicha iniciativa, buscan que sea un requisito reportar las ventas múltiples de rifles a la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas, y buscarían que se converta el tráfico de armas en un delito federal punible con veinte años de prisión.

 

Algunos de los legisladores, tales como Norma Torres (California), Eliot Engel (Nueva York) e Yvette D. Clarke (Nueva York), aseguraron que “el presidente (Donald) Trump ha propuesto gastar miles de millones de dólares de los contribuyentes construyendo un muro entre Estados Unidos y México que hará poco para asegurar la frontera y solo ha ofendido a nuestros aliados mexicanos y latinoamericanos en el proceso”, dijo Torres.

 

Por su parte, Engel, el demócrata de más alto rango de la comisión de exteriores, insistió en que “es muy loco” que el tráfico de armas ilegales hacia y desde México “no sea actualmente un crimen federal” en Estados Unidos.

 

“Este es un ejemplo más de lo increíblemente laxas que son nuestras leyes de armas. Los traficantes de armas pueden cruzar las fronteras estatales e internacionales en este momento sin temor a ser procesados por el gobierno federal”, agregó.

 

 

 

 

 

Con información de 24 Horas / Foto: Twitter

Este miércoles, miembros del PRD en el Estado de México acudieron a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), para presentar demandas en contra de funcionarios de la administración estatal, por la entrega de 12 millones de pesos en monederos electrónicos.

 

De acuerdo a lo que informaron a la prensa, la entrega de este dinero, supone una violación a los estatutos políticos, de cara a las elecciones del próximo mes de junio. De igual forma, se informó que buscan la comparecencia de Santiago Nieto Castillo, titular de la Fepade,  ante alguna de las dos Cámaras del Congreso, para que de detalles del proceso que guardan las denuncias que presentaron.

 

Se informó que las investigaciones que se solicitaron por delito electoral, son en contra del secretario de Salud del Estado de México, César Monje, y al alcalde de Ecatepec, Indalesio Ríos, a quienes se les acusa de entregar 12 millones de pesos en tarjetas monedero de Banorte. “Entregamos un audio como prueba técnica donde se establece la conducta delictiva donde claramente se establece que el recurso es enviado por el gobernador Eruviel Ávila y se refieere particularmente que desean que el Estado de México quiere ir por el mismo camino y no mirar a otro lado. De tal suerte que el fiscal está obligado a conocer de esta denuncia”.

 

 

 

 

Con información de El Universal / Foto: Archivo APO