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De acuerdo a información dada a conocer por el periodista Alan Feuer de The New York Times, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, se encuentra en negociaciones para declararse culpable.

«Los documentos judiciales presentados hoy (este lunes) en la Corte del caso de Genaro García, acusado de tomar millones del cártel de Sinaloa, confirman que participa en negociaciones de declaración de culpabilidad para resolver su caso con los fiscales federales en Brooklyn», señaló el periodista en su cuenta de Twitter.

En el documento que compartió, se lee que el gobierno de Estados Unidos y el excolaboador del presidente Felipe Calderón «están celebrando negociaciones sobre la declaración de culpabilidad, que pueden dar lugar a una resolución de este caso sin juicio».

La filtración del documento llega luego de que el viernes pasado, García Luna se declarara no culpable de los cargos que se le imputan: conspiración para traficar cocaína, ayudar al Cártel de Sinaloa a enviar toneladas de drogas a Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios entre 2001 y 2012, y por hacer declaraciones falsas en 2018, en las que ocultó su pasado criminal.

Un juez negó la petición de continuar su proceso en libertad, y ordenó su permanencia en prisión, al considerar que existe un “riesgo inaceptable de fuga” en caso de ser liberado.

García Luna fue arrestado el pasado 9 de diciembre en Grapevine, Texas, en los Estados Unidos. Será el próximo 21 de enero cundo se lleve a cabo una nueva audiencia.

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde, en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la Ley de Amnistía, en favor de las personas a las que se les haya ejercitado acción penal ante los tribunales del orden federal, por delitos menores, sean grupos vulnerables y no sean reincidentes.

El documento aprobado por 306 votos a favor, 129 en contra y cuatro abstenciones, precisa que los posibles beneficiados de la amnistía deben cumplir con tres condiciones: que la sentencia en firme que tenga el inculpado sea la primera; que no se haya cometido delito de privación de la vida, secuestro o delitos contra la integridad personal y, no se hayan utilizado o empleado armas de fuego.

Los delitos susceptibles son: aborto, que incluye a la mujer que interrumpió el embarazo, a los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, practicantes del procedimiento; los delitos contra la salud, por posesión y transporte de narcóticos en los casos que se trate de personas en estado de vulnerabilidad; los cometidos por integrantes de los pueblos indígenas a quienes no se haya garantizado el debido proceso.

Por el robo simple sin violencia y no reincidente; la sedición y delitos políticos, con excepción del terrorismo, y el delito de homicidio por razón de parentesco, cuando el sujeto pasivo sea el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.

El dictamen precisa que no se concederá el beneficio de esta ley a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, salvo lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Amnistía, fracciones I y II; ni a quienes cometieron el delito de secuestro, o cuando se hayan utilizado armas de fuego en la comisión del delito.

Tampoco se podrán beneficiar las personas indiciadas por los delitos a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política, o cometido otros delitos graves del orden federal.

La ley señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) integrará una comisión que coordinará los actos para dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la ley.

La persona interesada o su representante legal podrán solicitar a dicha comisión la aplicación de la ley. Esta comisión determinará la procedencia del beneficio y someterá su decisión a la calificación de un juez federal para que la confirme.

Las personas a quienes beneficie la ley no podrán ser en lo futuro detenidas ni procesadas por los mismos hechos. La Secretaría de Gobernación coordinará las acciones para facilitar la reinserción social de las personas beneficiarias de esta ley, en términos de la legislación aplicable.

Adicional, señala que la solicitud de amnist%A

El robo sigue siendo el delito más frecuente en México, al representar el 21.9% de las 112 mil 917 averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas en 2018.

Le siguieron los delitos en materia de hidrocarburos, con 13.9%, y de armas, explosivos y otros materiales explosivos, con 12.3%, de acuerdo con el Sexto Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal del El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El INEGI indica que en ese año también se identificaron en menor medida los delitos a instituciones de crédito, con 9.1%, y fraudes, con 7.5%.

El Instituto indicó que en la Ciudad de México, Estado de México y Veracruz se concentra el mayor número de delitos cometidos, al reportar 17 mil 569; siete mil 746; y seis mil 972 casos, respectivamente.

El año pasado, se aseguraron 242 mil 041 kilogramos de narcóticos, de los cuales 85.4% fueron de cannabis sativa o mariguana, 7.2% de metanfetamina y 6.8% de cocaína.

Por otra parte, el INEGI expone que en 2018 laboraban 22 mil 825 servidores públicos en la Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR). De ellos, 57.5% fueron hombres y 42.5% mujeres.

Además, al menos ocho mil 029 (35.2%) se encontraban incorporados al Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y/o Pericial. En el mismo periodo, en las 202 agencias del Ministerio Público Federal trabajaban 11 mil 579 personas, de los cuales 26.7% eran Agentes del Ministerio Público y 23.2% personal administrativo y de apoyo.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer esta tarde que ha integrado una carpeta de investigación por la probable comisión de los delitos conspiración para traficar cocaína, declaraciones falsas a autoridades judiciales federales, cohecho, coparticipación en diversos delitos contra la salud, delincuencia organizada y otros, por parte de Genaro García Luna.

Indicó que a dicha carpeta ha incorporando las investigaciones y las pruebas que han diligenciado las autoridades de los Estados Unidos, donde este martes fue detenido el exfuncionario federal.

La FGR señaló que pondrá a disposición las probanzas que las autoridades estadounidenses soliciten legalmente con el objetivo de fortalecer ambos procedimientos.

Enfatizó que una vez que la carpeta de investigación termine de integrarse, se le solicitará al Juez de Control competente la orden de aprehensión con fines de extradición en contra de esta persona.

Añadió que la documentación correspondiente se hará llegar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, cumpliendo así los requisitos legales que habrán de presentarse ante las autoridades de EUA para obtener la extradición correspondiente.

Y es que el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante la administración del presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue detenido este martes en Texas, Estados Unidos. La Fiscalía de los Estados Unidos indicó que la detención responde a los delitos de «conspiración con el narcotráfico y falsas declaraciones».

El magistrado presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, informó esta tarde sobre la determinación de suspender a los jueces de Control del Sistema Penal Acusatorio, Federico Mosco González, quien están relacionado con el feminicidio de Abril Pérez Sagaón.

Se indicó que ante la lamentable cadena de hechos que culminaron con el feminicidio de Abriol, el Poder Judicial de la Ciudad de México se suma a la indignación social y ratifica su compromiso de actuar con perspectivas de género y contra toda violencia contra la mujer, sin menoscabo de la independencia judicial y la autonomía de las y los juzgadores.

Señalaron que independientemente de la queja que interpuso la Procuraduría General de Justicia capitalina, el Consejo de la Judicatura ha iniciado una «profunda investigación» sobre lo actuado en torno al caso que ha levantado polémica e indignación.

También se informó que fue suspendido el juez Luis Alejandro Díaz Antonio, vinculado al mismo caso, e indicaron que la suspensión será hasta que concluya el análisis de lo actuado, con el fin de no entorpecer el desarrollo de la investigación.

Y es que Mosco Gonzalez fue quien reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa que mantenía en prisión a Juan Carlos “N”, esposo de Abril, y quien ahora es el principal sospechoso de haber ordenado y planeado su asesinato.  El juez reclasificó el delito al de “lesiones y violencia familiar”.

La Cámara de Diputados avaló la minuta que recibió del Senado que reforma la Constitución para establecer que el Presidente de la República pueda ser acusado por diversos delitos graves, entre ellos actos de corrupción y delitos electorales.

El Pleno la aprobó por mayoría calificada, en lo general y en lo particular, con 420 votos a favor, 29 en contra y cinco abstenciones. El documento fue devuelto al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

Se establece que el jefe del Ejecutivo federal podrá ser acusado y procesado penalmente por actos de corrupción, delitos electorales y los señalados en el artículo 19 constitucional: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación (genocidio, financiamiento a organizaciones terroristas, bloqueo de actividades de inteligencia, entre otros), del libre desarrollo de la personalidad (por ejemplo, corrupción de menores de edad, turismo sexual en contra de menores de edad) y de la salud (narcotráfico).

Recordemos que el Senado de la República aprobó la minuta el pasado 26 de marzo, y la turnó a la Cámara de Diputados, donde fue dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual modificó la minuta para dejarla en los términos de la iniciativa del Ejecutivo federal.

El Senado, en el artículo 108, había establecido que los integrantes del Congreso de la Unión también podían ser acusados por estos mismos delitos, lo cual se eliminó.

Esta mañana, en la conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se presentó un informe en materia de seguridad, en la que hablaron los titulares de la SSPC, Sedena y el subsecretario de Gobernación.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, admitió esta mañana que se mantiene «alto» el número de homicidios en el país, aunque dijo que ya registra un punto de inflexión y disminución en dicho delito de diciembre de 2018 a agosto de 2019.

Durazo aclaró que todavía no hay nada qué celebrar en el combate a la inseguridad, pero presentó un informe de acciones y resultados en los que la Guardia Nacional tiene 70.9% de aceptación.

Dijo que se recibió una administración inmersa en una crisis de inseguridad crónica, con 33 millones de delitos cometidos en 2018 asociados a 24 millones de víctimas.

Indicó que el 67.2% de los mexicanos considera que seguridad es el principal problema que aqueja al país.

Detalló que Guanajuato, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua concentran el 41.5% de los homicidios dolosos en el país, de diciembre de 2018 a agosto de este año. Puntualizó que si bien a nivel nacional en nueve meses de la administración, hay una tendencia de estabilización en los delitos, no se puede festejar nada.

Precisó que en los últimos nueve meses del gobierno, en las principales ciudades del país, destacan: mil 430 homicidios dolosos en Tijuana, Baja California; 678 en Juárez, Chihuahua; 189 en Monterrey, Nuevo León; y 17 en la alcaldía de Benito Juárez en la Ciudad de México.

Detalló que en un comparativo, en 2015 el aumento de estos ilícitos fue de 1.1%; en 2016 de 2.8%; en 2017 de 1.9%, mientras que en 2019 de 0.4%.

Por su parte el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que 70% del tráfico de armas que ingresan a México proviene de Estados Unidos y el resto de España, Italia, Austria y otros países. El responsable de las Fuerzas Armadas dijo que éste es uno de los principales problemas en materia de seguridad.

Detalló que de las armas involucradas en crímenes en México, 41% provenían de Texas, 19% de California; 15% de Arizona y 25% del resto de Estados Unidos.

Mencionó que los principales puntos de trasiego son: San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa; y Brownsville-Matamoros.

Finalmente, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, informó que del 1 de diciembre de 2018 al 23 de agosto pasados se han identificado 352 sitios de inhumación ilegales y 594 fosas clandestinas.

Al presentar el Informe sobre el Registro nacional de fosas clandestinas y verificación de cuerpos, dijo que 706 cuerpos han sido exhumados, de los cuales 206 ya fueron entregados a sus familiares. En ese sentido, adelantó que se darán 266 millones de pesos de subsidios a los estados para las omisiones locales de búsqueda.

En tanto, dijo que hay mil 039 personas que están inscritas en el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas; detalló que han sido asesinados 23 defensoras y 15 periodistas, de los cuales, sólo tres estaban incorporados en el mecanismo.

Adicional, Encinas Rodríguez agregó que el actual gobierno ha emitido dos Alertas de género: en Puebla y en el Estado de México, mientras que ya está en proceso la emisión de esa alerta en la Ciudad de México.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que gracias a la Estrategia de Fortalecimiento de la Seguridad, se ha logrado disminuir el número de carpetas de investigación en delitos de alto impacto, delitos con baja cifra negra y delitos con alta incidencia como son: el homicidio doloso, robo de vehículos con y sin violencia, robo a pasajeros en el Metro y Metrobús, robo a casa-habitación y robo a cuentahabiente, entre otros.

De acuerdo con el reporte mensual de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), en el periodo julio-agosto, se observó una diminución en el número de carpetas de investigación de 10 de los 16 delitos que fueron analizados, entre los que se encuentran delitos de alto impacto como:

  • Homicidio doloso, que tuvo una reducción de -16.6%;
  • Robo a vehículo con violencia con -8.1%
  • Robo a vehículo sin violencia con -4.5%
Estos delitos, están considerados como los que históricamente han tenido la cifra negra más baja por lo que son usados frecuentemente como indicadores para medir los cambios en incidencia delictiva.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la estrategia de Proximidad por Cuadrantes, se fortaleció la presencia y capacidad de respuesta a emergencias de tal forma que en agosto se realizaron al menos 3 mil 800 puestas a disposición de probables responsables en la comisión de delitos, entre los que destacan 919 detenciones por robo a negocio con y sin violencia y 360 presuntos implicados en robo a transeúnte.

En cuanto a la Procuraduría General de Justicia, destacó que uno de los logros en la administración ha sido la vinculación a proceso de cuatro sujetos acusados de feminicidios, además de que se puso a disposición a otros dos sujetos relacionados con la comisión de este mismo delito.

Como parte de la reorientación de la Policía del Transporte Público en la Ciudad de México, a fin de reforzar la presencia de elementos de las diferentes corporaciones que resguardan las instalaciones de este sistema de transporte, señalaron una reducción en el número de carpetas de investigación, pues en julio se registraron 200 por el delito de robo a usuarios del Metro mientras que 144 en agosto, es decir una disminución de -28 %.

De igual forma, entre julio y agosto también se observó una reducción en otros delitos de alto impacto como:

  • Robo a negocio con violencia (-12.5%),
  • Robo a transportista (-11.1%),
  • Robo a casa habitación con violencia (-8.2%),
  • Robo a cuentahabiente (-3%) y
  • Robo a pasajero o conductor de vehículo (-2.8%).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó esta mañana la Encuesta Nacional de Victimización
y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.

Indicó que el propósito de la encuesta es generar información a nivel nacional, por entidad federativa y áreas metropolitanas de interés sobre el fenómeno de la victimización delictiva durante 2018, así como la percepción social respecto de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades en el periodo marzo-abril de 2019.

La ENVIPE estima 24.7 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de prevalencia delictiva de 28,269 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2018, cifra estadísticamente inferior a la estimada en 2017.

La tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en 2018 fue de 37,807, cifra estadísticamente menor a la estimada en 2017 que fue de 39,369.

El delito de extorsión presentó una reducción en su frecuencia, al pasar de 19.6% del total de los delitos ocurridos durante 2017 a 17.3% en 2018. Dicha reducción tiene un impacto en la disminución de la incidencia delictiva total durante 2018.

En cuanto al pago o la entrega de lo solicitado en dichas extorsiones, pasó de 6.8% de los casos en 2017, a 7.1% en 2018, cifra estadísticamente equivalente.

En 2018, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 286.3 mil millones de pesos, es decir, 1.54% del PIB. Lo anterior equivale a un promedio de 6,468 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.

La cifra negra, es decir el nivel de delitos no denunciados o denunciados que no derivaron en averiguación previa o carpeta de investigación, fue de 93.2% a nivel nacional durante 2018.

La ENVIPE 2019 estima que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son por circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo con 31.7% y la desconfianza en la autoridad con 17.4%.

La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en las entidades federativas al momento del levantamiento de la encuesta (marzo-abril 2019) se ubicó en 78.9%. Asimismo, la sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas en marzo y abril de 2019, fue de 70.5% y 50.6% de la población de 18 años y más que se siente insegura en su municipio o demarcación territorial y en su colonia o localidad, respectivamente.

Entre mayo y junio de 2013, un grupo de comerciantes, pequeños restauranteros, vendedores de flotadores para nadar y ambulantes que ofrecen comida al turismo a lo largo de los 2 kilómetros de playa en Guayabitos, en el municipio de Compostela, fueron a Tepic, la capital, a manifestar su descontento con la situación que se vivía en el estado.

Era insoportable, los pagos por derecho de piso, los secuestros, las amenazas de muerte y los asesinatos los estaban ahogando a los empresarios. Se enfrentaron a Édgar Veytia, un hombre duro quien apenas unas semanas atrás, en febrero de ese mismo año, había sido nombrado Fiscal pero que desde hacía tiempo era quien estaba al mando de la policía.

Entre los comerciantes que visitaron la oficina de Veytia en la Fiscalía del Estado estaban los dueños de modestos hoteles a quienes un grupo de hombres con armas largas los sacaron a empujones de sus casas para que firmaran contratos de venta sobre sus negocios con una empresa constructora llamada DUVASA.

“Tienes que cooperar para la causa”, le exigían unos policías al empresario Gerardo Montoya mientras lo torturaban para que entregara su casa.

El exfiscal Édgar Veytia ordenaría a nombre de quien quedaría la propiedad. Esto es parte de uno de los 2 mil testimonios que muestran un mecanismo para apoderarse de casas, terrenos, comercios y negocios en el que aparecieron involucrados el exgobernador Roberto Sandoval y el propio Veytia, detenido en Estados Unidos y quien, ahora se supo, trabajó para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) buscando espacios para almacenar drogas.

Todos sabían que, bajo sus órdenes, operaba un grupo de encapuchados, armados y a bordo de camionetas sin placas. Se trataba de policías que habían sembrado el terror en Nayarit desde que Sandoval asumió el cargo de gobernador, según consta en los testimonios obtenidos por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Alguien grabó el encuentro dentro de la oficina de Veytia. A lo largo de 54 minutos, en medio de la discusión, se escuchan gritos de una mujer. En al menos cinco ocasiones se oyen nítidamente los alaridos de alguien que sufre profundo dolor físico. Pide que paren, que se detengan.

MCCI obtuvo una copia de la grabación que, desde hace tiempo, circula entre los vecinos de Guayabitos. Algunos de ellos han entregado a otros periodistas este material, sin embargo, hasta el momento nunca se había hecho público. La organización comprobó con fuentes ajenas a la comunidad de Guayabitos que sí se trata de la voz del exfiscal quien ahora está detenido en Estados Unidos y al borde de una condena tras confesar que protegió al narcotráfico.

Los nombres de esas fuentes no pueden darse a conocer por razones de seguridad ya que la mayor parte de los policías, comandantes, testaferros y cómplices del exfiscal todavía viven y operan Nayarit.

 

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Este lunes el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo informó que en el periodo de enero a julio de este año, los delitos de alto impacto tuvieron una disminución al pasar del 36 al 31 por ciento.

Durante su participación en la Reunión Nacional de Seguridad y posteriormente en la Conferencia de Prensa que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador mexiquense puntualizó que el robo de vehículo también tuvo una disminución el cual, dijo, disminuyó en 11 por ciento.

Del Mazo detalló que el robo al transporte público también comienza a mostrar una disminución, con lo cual se atiende una de las demandas que más aquejan y dañan a la población.

En este tema en particular, indicó que son 17 municipios mexiquenses los que concentran el 89 por ciento del robo en el transporte público, y manifestó que entre las acciones que se llevan a cabo para inhibir este delito se encuentran el equipar las unidades con cámaras de video vigilancia, botones de pánico y sistemas GPS.

En el caso del homicidio doloso, precisó que de enero a la fecha ha habido una disminución del nueve por ciento.

Respecto al tema de la sobrepoblación penitenciaria, el mandatario estatal dio a conocer que el Estado de México cuenta con 22 penales, que tienen una capacidad para 13 mil 500 reclusos, sin embargo, hay casi 28 mil, lo que representa una sobrepoblación del 120 por ciento.

Por tal motivo, dijo, se construirán dos penales más en la entidad y agradeció al Gobierno de México el que se estén trasladando a reclusorios federales a personas privadas de la libertad, principalmente catalogadas como de alta peligrosidad.

El titular del Ejecutivo estatal destacó también el trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y federal en materia de seguridad, con acciones como la presencia de la Guardia Nacional, Ejército y Marina en 32 regiones mexiquenses, donde ya se encuentran más de tres mil 500 elementos castrenses.

Tras su publicación en la Gaceta Oficial, este viernes entraron en vigor las reformas y adiciones al Código Penal y a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, aprobadas por Congreso local el pasado martes 31 de julio.

Con ello, el feminicidio, la reincidencia, el robo a celular, a cuentahabiente, casa habitación y automóvil, robo con portación de arma, extorsión y despojo, serán sancionados con mayor gravedad.

En cuanto a la Ley de Cultura Cívica, ya se sancionará con 20 y hasta 36 horas de trabajo comunitario a quien veje, intimide, maltrate físicamente o incite a la violencia contra un elemento policial.

Las autoridades capitalinas indicaron que dichas modificaciones al marco legal buscan contribuir a la disminución de índices delictivos como parte de la estrategia de seguridad del Gobierno de la Ciudad junto a los rubros de atención a las causas, mayor presencia policiaca, trabajo de inteligencia y coordinación interinstitucional.

El delito de feminicidio, la violación más grave a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, será sancionado con penas que van de 35 a 70 años de prisión.

El robo a celular constituye no sólo una afectación patrimonial sino también una sustracción de información personal o confidencial que puede derivar en otros delitos. Se castiga con 2 a 6 años de prisión. El robo a cuentahabiente se sanciona con 2 a 6 años de prisión, mientras que el de casa habitación se agrava de 4 a 10 años.

Asimismo, el robo de automóvil se sanciona ahora con 4 a 8 años de prisión. Con 5 a 10 años de cárcel se castiga a quien extorsione, pena que aumentará al doble cuando lo realice o participe un servidor o ex servidor público; si es vía telefónica, la penalidad aumenta dos terceras partes.

Quien cometa un delito con medios violentos o con arma será castigado con 3 a 8 años de prisión. El despojo simple es penado con 2 a 5 años de prisión; y con 6 a 10 años de prisión cuando sea agravado, esto es, cometido contra mayores de 60 años o se utilice documentación falsa.

El empresario mexicano Alonso Ancira, negó este martes, ante un juez español, los delitos de corrupción y lavado de dinero, de los que es acusado en México, y acusó que todo se trata de una persecución política en su contra.

Ancira, reclamado por nuestro país, se volvió a negar a ser extraditado, así que el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, fijará una fecha para que un tribunal resuelva si se cumplen los requisitos para su extradición.

Sin embargo, la Subdirectora de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia de España confirmó la semana pasada que el Consejo de Ministros de su país determinó que la solicitud de extradición formal de Alonso Ancira reunía los requisitos para continuar el procedimiento en vía judicial.

Recordemos que el empresario fue detenido el 28 de mayo en el aeropuerto español de Palma, en la isla mediterránea de Mallorca, y con anterioridad se negó entonces a ser extraditado, al tiempo que pidió su libertad condicional.

En ese momento ingresó en prisión por orden de Pedraz, que un mes más tarde le impuso una fianza de un millón de euros para salir de la cárcel. El empresario pagó esa cantidad y quedó en libertad el 1 de julio pasado.

El juez impuso entonces a Ancira, que también posee la nacionalidad estadounidense, comparecencias en el juzgado cada dos días, prohibición de salir de España, así como la retención de su pasaporte.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal por la compra-venta de la planta de Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la gestión de Emilio Lozoya. También se le vincula con el caso Odebrecht.

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