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La Cámara de Diputados aprobó la tarde de ayer minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución, en materia de consulta popular y revocación de mandato. El dictamen se avaló en lo general con 372 votos a favor y 75 en contra.

El documento señala que las consultas populares podrán ser sobre temas de trascendencia nacional y regional. Se establece que se realizarán el primer domingo de agosto. Para temas nacionales tendrán que ser respaldadas por al menos dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

Las consultas de trascendencia regional competencia de la Federación, tendrán que impulsarse por los ciudadanos de una o más entidades federativas, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan.

Aclara que no podrá ser objeto de consulta popular la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular, el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, ni las obras de infraestructura en ejecución.

También se establece que el INE promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de su difusión.

En lo que se refiere a la revocación de mandato del Presidente de la República, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: será convocado por el INE a petición de la ciudadanía, en número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas.

Además, el INE, dentro de los siguientes treinta días a que se reciba la solicitud, verificará el requisito establecido y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocación de mandato. Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer periodo constitucional. Los ciudadanos podrán recabar firmas para la solicitud de revocación durante el mes previo a la fecha señalada, los formatos y medios para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas.

Dicha consulta se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal, el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o locales.

Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber participación de, por lo menos, el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La revocación sólo procederá por mayoría absoluta.

Igualmente, el INE tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Emitirá los resultados de los procesos de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo federal, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La Sala Superior del TEPJF realizará el cómputo final del proceso de revocación, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto. En su caso, emitiría la declaratoria de revocación.

En caso de haberse revocado el mandado del Presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la Presidencia del Congreso; dentro de los treinta días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el periodo constitucional.

El documento también indica que el mandato de los gobernadores de los estados podrá ser revocado; por ello, las constituciones locales establecerán las normas relativas a los procesos de revocación de mandato del gobernador. También será sujeto de la revocación de mandato el jefe de Gobierno de la Ciudad de México. La Constitución de esta entidad establecerá las reglas para ese proceso.

Al participar en la Cumbre de Negocios 2019, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que en México el sistema electoral funciona y encauza pacíficamente la política, lo que genera estabilidad al país.

Córdova Vianello destacó que el modelo electoral actual funciona y funciona bien, y muestra de ello es que el país presenta el nivel más alto de alternancias, del orden del 60%, en cinco años; la alternancia significa que en este régimen democrático existen condiciones reales y garantías de certeza, legalidad y confianza para que el voto se ejerza en libertad y sean las y los ciudadanos quienes elijan en las urnas a sus representantes.

El presidente del INE enfatizó que la actual democracia es tan poderosa en las manos de los ciudadanos que premia a los buenos gobiernos y castiga a aquellos que no hicieron bien las cosas.

Hoy en día se está discutiendo una posible renovación de la democracia, y pretenden hacerlo a partir de vender la idea de que empezó el 1 de julio de 2018; pero no fue el punto de partida, sino el punto de llegada a través de un proceso de décadas, de esfuerzo colectivos y compromisos conjuntos”, dijo Córdova Vianello.

En el contexto actual de una posible reforma electoral, reiteró que el INE se ha pronunciado en no estar en contra de cambios a las reglas, ni en contra de la austeridad como lo propone el partido gobernante, pero dichos cambios, aseguró, deben darse basados en el consenso político y con respeto pleno a la autonomía electoral.

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó esta mañana que en el caso del periodo de gobierno de Jaime Bonilla en Baja California, se debe respetar lo que determina la Constitución y la autoridad competente.

Además, aseguró que él no está involucrado en el asunto, porque incluso le produce «pena».

AMLO sostuvo que si el Tribunal Electoral federal resuelve que son dos años los que deberá gobernar el morenista, ese será el tiempo que se acatará; y si determina que está bien la decisión del Congreso local, de que sean cinco años, se deberá respetar.

Al ser cuestionado sobre la consulta que se realizará en Baja California este fin de semana respecto al periodo de gobierno de Bonilla, el mandatario dijo que él no se involucra en ese asunto.

«Es algo que me produce pena, me da pena, porque no debe de estarse discutiendo sobre estos asuntos, hay que respetar lo que establece la Constitución, las leyes y que resuelvan las autoridades», enfatizó el presidente.

Al decir que ya no es como antes, que el Presidente se involucraba en ese tipo de temas, señaló que él no tolera que nadie viole la Constitución, pues es partidario de la democracia.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que Acción Nacional apuesta toda su experiencia para defender las instituciones, las libertades y la democracia, ante las violaciones y errores que está cometiendo el actual gobierno federal.

“Ante un gobierno, clientelar, recesivo y totalitario que se guía por las ideas regresivas de un solo hombre y no toma en cuenta las opiniones técnicas de la sociedad, hoy Acción Nacional es más necesario que nunca y nuestro reto es defender el Estado de Derecho, la división de poderes, las instituciones, las libertades y la democracia», indicó el líder.

Cortés Mendonza sostuvo que México vive uno de sus peores momentos de la época moderna y por eso el objetivo más importante de Acción Nacional en este momento es lograr consolidarse como la alternativa de los mexicanos en las próximas elecciones, para poder incidir en el cambio de rumbo que requiere México.

El panista aseguró que está convencido que su partido es el instrumento que México necesita para poder salir adelante en sus problemas y sus deficiencias.

Afirmó que quieren volver a conquistar el corazón y la confianza de la mayoría de los mexicanos, pues dijo que al igual que muchos ciudadanos, el PAN ha alzado la voz para señalar que las cosas no van bien en este gobierno.

Marko Cortés remató diciendo que frente a las incongruencias, errores y omisiones del gobierno federal, que han empeorado los principales problemas de México, «solo en Acción Nacional radican la experiencia, la fuerza transformadora, la certeza y el anhelo de poder tener un mejor país».

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, refirió que existe viabilidad y pertinencia de una reforma electoral, siempre y cuando no haya retroceso alguno en cuatro pilares del sistema que se ha construido a lo largo de cuatro décadas.

“Una reforma no debe retroceder ni un milímetro sobre las columnas vertebrales del sistema: la autonomía de las autoridades electorales, los procedimientos que dan certeza a las elecciones, las reglas de equidad en las condiciones de la competencia y la posibilidad de mantener la representación de la pluralidad política”, dijo.

Lorenzo Córdova enfatizó que nadie está en contra de la austeridad, pues las leyes que rigen el sistema electoral son perfectibles, pero cualquier cambio debe tener en la mira hacer más eficiente el modelo, incrementar los derechos de las y los ciudadanos, así como contar con el consenso de todas las fuerzas políticas.

Recalcó que si no hay reforma electoral, “no pasa nada, podemos las autoridades electorales ir a las complejísimas elecciones 2021 con las reglas hoy vigentes que han sido probadas y sirven para recrear la pluralidad política del país en paz, una conquista que coloca al sistema electoral mexicano en paz”.

Córdova Vianello sostuvo que la renovación pacífica del poder lograda después de las elecciones de 2018, no es resultado de un evento fortuito, sino de una larga y compleja evolución de la sociedad mexicana y de su sistema político.

Mencionó que a lo largo de ocho reformas electorales se construyó un Padrón Electoral confiable, un sistema basado en la equidad, un modelo de comunicación política con acceso gratuito de los partidos y candidatos a tiempos en radio y televisión, así como la estandarización de las reglas con que se organizan los procesos electorales locales y federales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre lo que pasa con Morena en diversos Congresos locales, y la fuerza que el partido tomó a raíz de la elección del año pasado, y si se está perdiendo confirme avanza el tiempo.

AMLO dijo que no tenía opinión alguna, pues ahora es presidente de México y representa a todos los mexicanos, lo que le impide actuar como antes cuando era jefe del partido; en ese sentido enfatizó: ya no hay partido de Estado.

«Yo no puedo intervenir en asuntos partidistas, ni en asuntos que tienen que ver con los sindicatos, ni va a ser el Poder Ejecutivo, como era antes, el poder de los poderes que mandaba en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial (…) nosotros estamos inaugurando una etapa nueva», sostuvo el mandatario.

Al respecto, subrayó que el Estado ya no interfiere  en asuntos que corresponden a las organizaciones sociales o a los partidos; por contrario, es respetuoso de los poderes y de la soberanía de los estados.

Sin embargo, hizo una recomendación que dijo, no sólo era para militantes de Morena, sino para los militantes de los todos partidos y en general a todos los ciudadanos: hacer el compromiso de hacer efectiva la democracia, que entre todos se pudiera construir una auténtica y verdadera democracia.

Hizo un llamado a trabajar para que desaparezca el fraude, que no haya manipulación o censura, y que no haya compra de votos; que no se trafique con la pobreza de la gente y que no se utilice el dinero del gobierno para favorecer a ningún partido, a algún candidato.

«Hay cosas en las que nosotros no podemos intervenir y todos tenemos que ayudar, porque son inercias. No es fácil sacudirse años, décadas, siglos de prácticas antidemocráticas, pero sí vamos a lograr la transformación del país, porque mucha gente quiere que haya un cambio verdadero», remató el presidente.

De pie junto a un agricultor de caña de azúcar que usa una prensa de madera tirada por caballos para exprimir jugo en un cubo de plástico, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dio una demostración de su visión del mundo económico.

En una visita a La Huasteca la semana pasada, cerca de la región del Bajío, que es la potencia en la fabricación de alta tecnología de México, el presidente nacionalista de izquierda, que se enorgullece de no tener una cuenta o una tarjeta de crédito, enalteció las virtudes de las microempresas artesanales que dijo que eran «como o más importantes» en términos de creación de empleo y desarrollo, que las grandes empresas.

«Esta es la economía que estamos impulsando», dijo, mientras bebía su jugo de caña.

El día después de su viaje, despidió abruptamente al titular del organismo encargado de medir la pobreza y evaluar los programas sociales que han sido un pilar de su gobierno en los ocho meses que lleva.

El despido de Coneval de Gonzalo Hernández Licona, cuatro días después de que escribió un editorial diciendo que los recortes presupuestarios estaban paralizando la capacidad del organismo para funcionar, fue lo último en una purga de tecnócratas e instituciones que el presidente dice que son corruptos, despilfarradores y que obstaculizan la transformación de México después de 36 años de fallidas políticas «neoliberales» centradas en el mercado.

Pero algunos inversionistas y analistas temen que al perseguir el espejismo de un regreso a la era dorada del crecimiento de hace medio siglo, con el estado firmemente conduciendo el país, el hijo de comerciantes de cabello cano está coqueteando con el tipo de demagogia que podría llevar a México por un peligroso camino populista.

«Hay una sensación de que la historia comienza con él, que nada del pasado funciona y que tiene que comenzar una nueva era», dice Enrique Krauze, un prominente historiador que se ha enfrentado a un presidente que alguna vez llamó un «mesías tropical». “No solo está tomando decisiones, buenas o malas, sobre política económica, sino también sobre instituciones, que requirió tanto esfuerzo construir. Estoy realmente preocupado».

México publicará el miércoles datos del PIB del segundo trimestre que se espera que muestren que la economía está cerca de la recesión, luego de una fuerte contracción a principios de año, una caída en la creación de empleo y la actividad económica más baja en 13 años. Citibanamex, un banco líder, ha reducido su pronóstico de crecimiento para 2019 a solo 0.2 por ciento en marcado contraste con la promesa del presidente del 2 por ciento.

Sin embargo, con índices de aprobación de hasta el 70 por ciento y su principal barómetro económico, el peso, manteniéndose estable frente al dólar, López Obrador se siente reivindicado en su apuro por deshacerse de las políticas del pasado y revisar las instituciones en línea con sus creencias, sin importar el malestar que pudiera causar.

«Creo que si su proyecto es cambiar el status quo, las tensiones políticas son normales», dice Ignacio Marván, profesor del CIDE y ex asesor de López Obrador cuando era alcalde de la Ciudad de México. «No es contrario al riesgo. No tiene miedo de tomar decisiones difíciles, luego retrocede».

“[Pero] él puede estar pensando eso. . . dar concesiones ahora debilitaría su apoyo «.

El político de 65 años asumió el cargo en diciembre después de una victoria aplastante que le otorgó un enorme respaldo popular y el control de ambas cámaras del Congreso. Se ha movido rápidamente para centralizar la toma de decisiones en sus manos y consolidar un nivel de poder sin precedentes ahora que finalmente llegó a la presidencia en su tercer intento.

López Obrador ha presionado para cambiar la forma en que muchas dependencias y organismos gubernamentales gastan dinero, con grandes reducciones en los gastos operativos para permitir que más recursos vayan directamente a las personas.

Pero las esperanzas de que demostraría ser un administrador pragmático de la economía, como lo fue durante su período como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se están desvaneciendo rápidamente. López Obrador ya ha alarmado a los inversionistas al desechar un proyecto aeroportuario de $13 mil millones parcialmente construido y avanzar con una refinería planificada de $8 mil millones que pocos en la industria petrolera creen que tiene sentido o que se puede construir a tiempo y según el presupuesto. Si bien sus objetivos de erradicar la corrupción y la distribución más justa de la riqueza son ampliamente reconocidos, muchos temen que sus métodos signifiquen un regreso a las políticas nacionalistas fallidas de la década de los setentas.

A medida que avanza en su deseo, que espera «con todo mi corazón y mi alma», que los futuros gobiernos no puedan echar atrás, el estilo de confrontación de López Obrador lo ha enfrentado con los reguladores de energía, con la Policía Federal que dijo «no estaba a la altura» y a calificar como «vergonzosa» a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Carlos Urzúa, su aliado desde hace mucho tiempo, renunció como Secretario de Hacienda después de una dramática disputa con el presidente, alegando que las decisiones políticas no se basaban en «evidencia».

Se une a una creciente lista de víctimas: Germán Martínez, que renunció como titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Guillermo García Alcocer, como titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)  y Tonatiuh Guillén como jefe del Instituto Nacional de Migración (INM) en medio de recortes presupuestarios, intromisiones interdepartamentales y diferencias de políticas.

El mensaje que se ha dado es que no solo los críticos, aquellos que no están de acuerdo con la forma radical en que el presidente a combatido la corrupción y todo los rastros del «período neoliberal» son enemigos o prescindibles. Pues las instituciones también pueden ser sacrificadas, ya que el presidente impone su agenda intransigente a la segunda economía más grande de América Latina.

«El problema es que su idea no es construir más instituciones técnicas», dice Jacqueline Peschard, ecomisionada presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. «Él subordina todo a su narrativa, que es más moralizante que técnica».

El presidente se niega a considerar sugerencias de que puede haber ido demasiado lejos en su purga de personal técnico y en la reducción de presupuestos y recortes salariales que ha implementado en un intento por liberar recursos para destinarlos al gasto social.

Culpó a Coneval en Twitter diciendo que gastó más el año pasado en alquiler de oficinas que en sus estudios. Cuando Denise Dresser, una analista que critica a López Obrador, dijo que debería explicar la fuente de sus datos y «mejorar las instituciones y no solo demonizarlos», fue atacada por los seguidores del presidente.

López Obrador dice que los recortes presupuestarios son vitales para acabar con las malas prácticas arraigadas y construir un «nuevo paradigma» en la política económica que brinde bienestar, y no solo un mayor producto interno bruto.

Su cruzada contra instituciones autónomas en un país donde la oposición está cercana a desaparecer después de la paliza electoral y que el presidente enfrenta pocos otros controles y contrapesos, ha alarmado incluso a los principales aliados del gobierno. Gerardo Esquivel, a quien López Obrador designó como miembro de la junta de gobierno del Banco de México defendió la existencia de Coneval.

Algunos analistas temen que el Inegi, el organismo estatal de estadísticas, que ya ha tenido que cortar diversas encuestas debido a los recortes presupuestarios, podría ser la próxima víctima. López Obrador dijo recientemente a La Jornada, un periódico de izquierda, que su presidencia «no fue solo un cambio de gobierno sino un cambio de régimen, por lo que medimos las cosas de una manera diferente».

México es una democracia relativamente joven con instituciones históricamente débiles que incluyen un sistema judicial corrupto y sindicatos poderosos y motivados políticamente. Durante las tres cuartas partes del siglo XX estuvo bajo un régimen efectivo de un solo partido hasta que el Partido Revolucionario Institucional perdió el poder en 2000. Su regreso, de 2012 a 18, en medio de una espiral de corrupción y empeoramiento del crimen, provocó el disgusto de los votantes y una carrera precipitada hacia los brazos de López Obrador.

 

Texto original publicado por Jude Webber en FT

JORGE SUÁREZ-VÉLEZ

REFORMA

 

 

El éxito de los líderes populistas que han llegado al poder en todo el mundo ha sido posible por otros políticos y gobernantes tradicionales que les allanaran el camino. Tal fue el caso de Enrique Peña Nieto.

Peña pasará a la historia como el Presidente que nos dejó a López Obrador de herencia. La corrupción en su administración ensombreció logros reales que merecen reconocimiento. En mi opinión, las reformas energética y de telecomunicaciones serán las de mayor calado. Su sucesor nos dejará sin éstas y, peor aún, pone en duda el paradigma entero. Satanizará a la economía de mercado, culpándola por la falta de probidad elemental que Peña y algunos miembros de su equipo mostraron. Como si los escrúpulos o la integridad fuesen atributos exclusivos de izquierda o derecha.

Así como Trump fue el anti-Obama, después de Peña Nieto y su Casa Blanca los mexicanos eligieron a alguien palpablemente austero. Nadie puede cuestionar que AMLO lo sea. Mientras tanto, Peña sigue sin entender lo que no entendía, y posa en la revista ¡Hola! con su novia Tania Ruiz, obsequiándonos un irritante recordatorio de su frivolidad y falta de sensibilidad a la realidad del México que nos dejó.

Peña hizo más por López Obrador. Su deshonesto ataque a Ricardo Anaya, recurriendo a la fuerza del Estado para desacreditar a quien iba en segundo lugar, probablemente abonó a que Morena alcanzara amplia mayoría en ambas Cámaras, e hizo tan amplio el margen de victoria del tabasqueño que muchos gobernadores del propio PRI operaron a favor de Morena en sus estados, en una «cargada» inusual.

Peña está jugando con fuego. Se dice que hubo un acuerdo de impunidad entre él y AMLO. Imposible saberlo. Sí creo, sin embargo, que las fotos y portadas de revistas de sociedad donde el ex Presidente celebra, pasándola en grande, lo hacen vulnerable. Pocas cosas le darían más capital político a López Obrador que aplastarlo. Cuando este gobierno tenga una crisis suficientemente grande, Peña proveerá una distracción oportuna. Al paso al que va López Obrador, eso ocurrirá antes de lo que muchos imaginan. Al final del día, México es el gran perdedor. Peña facilitó la llegada de un gobierno plagado de ineptitud, y de paso devastó a la oposición, dejándonos sin los contrapesos que tanta falta están haciendo.

Es importante no confundirnos. Es posible ser un político de derecha honesto, y no hay que confundir la austeridad de López Obrador con honradez. Sufrirán una decepción quienes creen que este atributo del Presidente garantiza menos corrupción. Este gobierno ha mostrado nulo interés en empoderar instituciones autónomas, o en desplegar un intento estructural serio de combatir corrupción. Seguirán eviscerando estructuras que empezaban a dar fruto en materia de transparencia, como el INAI, otros entes público autónomos con importantes funciones reguladoras -CRE, CNH, Cofere, IFT- y otros que proveen información vital para evaluar políticas públicas, como el Conveal e INEE. Ya intenta tomar control del INE, lo cual debilitaría seriamente nuestra democracia, y es sólo cuestión de tiempo para que pelee con el INEGI, conforme éste reporte en forma fehaciente, como siempre lo ha hecho, el serio deterioro que empieza a sufrir nuestra economía.

El reciente «Plan de Negocios» (así, entre comillas) de Pemex reitera lo que sabíamos. Este gobierno cree que puede sepultar miles de millones de dólares en una obra absurda -Dos Bocas- mientras cancela rondas, y cree que, impulsados sólo por su inquebrantable voluntad, llegarán en cinco años a la plataforma de producción que se tenían en 2012. En el mejor de los casos, inyectarán menos de la quinta parte de los recursos que la Agencia Internacional de Energía estima necesarios para recuperar producción. La producción seguirá cayendo.

El voluntarismo del Presidente está alcanzando niveles de fantasía patológicos. Que no nos quepa duda, cuando fracase, y fracasará, se lanzará en la búsqueda de culpables y chivos expiatorios. En una de esas, el mayor logro de López Obrador será hacer que Peña, finalmente, entienda.

Al cumplirse un año de la elección presidencial, el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, recordó que el pasado 1 de julio de 2018 se constató la fortaleza y certeza del sistema electoral mexicano.

Indicó que durante las elecciones “más grandes y mejor organizadas de nuestra historia», más de 56 millones de mexicanas y mexicanos votaron, y la mayoría decidió que hubiera una tercera alternancia en el Poder Ejecutivo Federal, con la llegada de un candidato de izquierda, además de que se conformó un nuevo Congreso y se reconfiguró el mapa político nacional al renovarse nueve gubernaturas, 27 congresos locales y mil 600 ayuntamientos.

Córdova Vianello aseguró que los comicios del 2018 son reconocidos a nivel mundial y sentaron las bases de lo que en el futuro debe ser la normalidad democrática del país.

Hizo un llamado a todos los mexicanos, pues sostuvo que “es responsabilidad de todos y todas cuidar las reglas e instituciones electorales que hicieron posible ese primero de julio. La democracia es una obra colectiva y un patrimonio común, cuidémosla”.

El Consejero Presidente puntualizó que las campañas transcurrieron en libertad y paz, a pesar del complejo momento que atravesaba el país en materia de inseguridad y violencia.

“Sin duda el 1 de julio de 2018 vivimos una jornada histórica gracias a la participación de millones de ciudadanas y ciudadanos que ejercieron su derecho al voto, y a más de un millón 300 mil ciudadanas y ciudadanos designados y debidamente capacitados, que actuaron como funcionarios de casilla”, remató Lorenzo Córdova.

Luego de uno de los periodistas presentes en su conferencia de prensa matutina le preguntara si el próximo lunes habría conferencia ya que es el día que realizará su evento en el Zócalo capitalino, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) decidió someter el tema a votación.

“Sí va a haber mañaneras el próximo lunes, ¿o cómo lo ven ustedes, si vamos a tener el acto? No, ¿verdad? Vamos a hacer una consulta a mano alzada, a mano alzada”, dijo el mandatario.

Acto seguido, procedió a hacer una de sus ya famosas consultas, por lo que preguntó si se haría la mañanera el próximo lunes. Pidió a los presentes levantar la mano si querían el encuentro.

Enseguida pidió que levantaran la mano los que pensaban que, como ofrecería un informe la tarde del lunes, no habría necesidad de la mañanera.

“Ya es mayoría. A ver, abstenciones. Que democracia ésta de mano alzada”, sostuvo AMLO para luego informar que las mañaneras se retomarían el martes próximo.

Antes de finalizar su intervención, reiteró su invitación al evento que encabezará el lunes a las 17:00 horas en el Zócalo, y en el que informará sobre las acciones de gobierno y cómo se encuentra el país a un año de que triunfó en las elecciones.

Al presentar el Informe de Actividades 2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez enfatizó que la existencia o no de violaciones a los derechos humanos no puede negociarse ni interpretarse a la luz de intereses políticos o ideológicos.

Afirmó que las instituciones, las leyes y la autonomía e independencia de los Poderes y órganos constitucionales tienen suma importancia en nuestro sistema democrático y legal, y deben respetarse y mantener su vigencia, sin importar las personas o grupos en el poder.

González Pérez indicó que la defensa de la legalidad y de los derechos humanos son prioridades fundamentales y obligaciones, tanto para las autoridades como para la sociedad, y constituyen la mejor protección contra la intolerancia o cualquier tentación autoritaria.

Expresó que nuestro país requiere una institucionalidad fuerte, que consolide la democracia y fortalezca la unidad nacional, de ahí que las instituciones marcan pautas e imponen límites a la actuación de  personas y autoridades, generan certidumbre en la sociedad y dan cauce a la conciliación de intereses individuales y colectivos, además de evitar posibles arbitrariedades.

El Ombudsperson nacional apuntó que durante 2018, México no superó la crisis que enfrenta desde hace años en materia de derechos humanos, que se acentuó en varios aspectos ante la falta de respuestas efectivas a problemas graves como inseguridad, impunidad, miles de personas desaparecidas, tortura, desplazamiento forzado interno, abusos a migrantes, fosas clandestinas e irregulares, violencia de género, trata de personas, falta de acceso real y efectivo a la justicia y debilidad del Estado de derecho.

Expuso que durante 2018 un total de 158,960 personas recurrieron a la CNDH en busca de apoyo, atención o asesoría, y se recibieron 44,274 escritos que derivaron en la apertura de 25,889 nuevos expedientes, de los cuales 9,002 correspondieron a quejas propiamente dichas, 7,855 a orientaciones directas, 8,395 remisiones y 637 inconformidades. Estos asuntos implicaron la atención de un total de 77,404 personas agraviadas.

El sector salud fue el que mayor número de quejas presentó durante 2018, con 4,043 casos, seguido por el de seguridad, con 1,734; el educativo, con 892, y el social, con 328; en tanto que en el mismo periodo la CNDH emitió 101 instrumentos recomendatorios, que comprendieron 90 recomendaciones ordinarias, 8 recomendaciones por violaciones graves, y 3 recomendaciones generales, y se concluyeron investigaciones de casos tan graves como la serie de detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, actos de tortura, violencia sexual, y cateos ilegales, entre otras
conductas, en que incurrieron miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina en diversas entidades de la República.

El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), José Agustín Ortiz Pinchetti, afirmó que los mexicanos están preparados para la democracia, esto en referencia a la reforma política que se analiza en el Congreso.

“Estamos llegando a un punto de madurez que nos podemos dar el lujo de hacer una reforma electoral definitiva con el consenso de todos”, indicó Ortíz Pinchetti.

Recordó que en las elecciones de 2018 hubo pocas impugnaciones y en las de 2019, fueron «increíblemente escasas”. Precisó que se recibieron 72 denuncias, de las cuales más de la mitad estaban fundadas en hechos falsos.

Señaló que los resultados son propios de un sistema maduro en lo político, “nadie se puede alzar para reclamar una victoria ni tampoco para lamentar una derrota”.

Enfatizó que la participación en la reciente elección fue escasa, pero los ciudadanos acudieron a las urnas con una sensación de seguridad, incluso, en zonas donde se sabe que hay crimen organizado y que a veces interviene en las elecciones.

Sostuvo que fueron elecciones tranquilas y en paz, muy distintas de las elecciones mexicanas típicas.

El titular de la Fepade consideró que, si las características de juego limpio se repiten en 2021, en las elecciones intermedias “podríamos estar felicitándonos unos y otros, la gente de los partidos y los opinadores y aquellos que somos en alguna forma árbitros de que la democracia, finalmente, está echando raíces en México”.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que una reforma electoral requiere, además de una profunda deliberación, un amplio consenso y el acuerdo de todas las fuerzas políticas.

“La reforma electoral no debe improvisarse, ni mucho menos imponerse; estamos hablando de las reglas para el juego democrático y la disputa civilizada del poder político. No entenderlo puede significar abrir la puerta a la descalificación futura de las elecciones precisamente por las reglas, algo, por cierto, que ya vivimos en el pasado”, advirtió.

Córdova Vianello reconoció que el sistema electoral es un sistema perfectible, “pero cambios mal planeados, mal procesados o claramente mal intencionados, pueden implicar una regresión antidemocrática”.

Señaló que en la reforma no se puede dar marcha atrás en la certeza que se ha logrado en la construcción democrática de México. Al respecto recordó que las elecciones de 2018 convirtieron a México en un referente internacional por la capacidad de organizar elecciones en contextos de complejidad.

Argumentó que el centro de una posible reforma electoral no está en el funcionamiento del modelo, sino en el costo de las elecciones.

El consejero presidente del INE dijo que si lo que se quiere es reducir los costos, no se necesita revisar el modelo electoral, sino repensar algunos aspectos del mismo, como las fórmulas para determinar el financiamiento público que se otorga a los partidos a nivel nacional y local; la duración de las campañas electorales y avanzar hacia el voto electrónico, entre otros.

Córdova Vianello enfatizó que reducir los costos de las elecciones minando las reglas, los procedimientos y las instituciones construidas para inyectar certeza por un tema de costos, “es no tener claras las prioridades y abrir la puerta a un pasado superado, cuando, apenas hace treinta años las elecciones eran el principal de los problemas nacionales. Nadie está contra la austeridad, pero lo primero en lo electoral, no nos equivoquemos, es cuidar la certeza”.

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