La ministra presidenta del Suprema Corte, Norma Piña, presentó ayer su Primer Informe de Labores, donde reconoció que el Poder Judicial de la Federación ha enfrentado retos sin precedentes, donde la respuesta ha sido “la solidez y fortaleza, tanto de las instituciones que lo conforman, como de las personas que lo integran”.
Estos momentos de cambio, expresó, exigen que “saquemos lo mejor de nosotros mismos. No por medio de la obstinación, sino del diálogo. No por medio del sectarismo, sino de la inclusión. No por medio de las palabras, sino de los hechos. No por medio del protagonismo, sino de una participación activa y, sobre todo, colaborativa”.
Ante representantes de los otros dos poderes de la unión, la ministra presidenta pidió no olvidar que la justicia no es un “monopolio del Poder Judicial”, sino una responsabilidad de Estado que incluye la seguridad, la procuración de justicia, el desarrollo social y el combate a la desigualdad.
Piña Hernández destacó que la defensa de la independencia judicial surge no sólo de quienes la viven en el ejercicio de sus funciones, sino “de quienes, con el debilitamiento de la judicatura, con la deslegitimación de nuestra función social, ven amenazada la defensa de sus derechos, de su dignidad”.
Por ello, exhortó a promover la legitimidad del PJF, que incentive el compromiso, la responsabilidad y el actuar ético de todas las personas que lo integran.
“La independencia judicial no sólo es una aspiración, es un pilar esencial de la democracia y la protección de los derechos (…) en la función jurisdiccional no buscamos aplausos, nuestra guía es honrar y preservar la justicia”, sostuvo.
La Ministra Presidenta informó que durante 2023 ingresaron al sistema de justicia federal 1,493,712 asuntos, que se sumaron a los 531,571 que ya estaban. De los cuales se resolvió un 70%.
Norma Piña Hernández subrayó que el PJF tiene la responsabilidad de administrar sus recursos siguiendo los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, sin poner en riesgo la función jurisdiccional.
Sin embargo, indicó que desde 2018, el presupuesto para el Poder Judicial Federal se ha reducido más de 23% en términos reales, aunado a que se tienen nuevas responsabilidades derivadas de reformas constitucionales y tratados internacionales en diversas materias.
En ese sentido, dijo que “la viabilidad de continuar sirviendo la sociedad, de ofrecerle una justicia pronta, completa e imparcial está a prueba”.
Por último, dijo a las más de 53 mil personas trabajadoras del PJF que sus derechos laborales serán garantizados en términos de orden legal y constitucional que los ampara, porque son ellos, “el elemento fundamental para garantizar la justicia que México exige”.
Agradeció a los trabajadores que salieron a las calles a manifestarse en contra de la eliminación de los fideicomisos y a todos aquellos que han defendido públicamente la independencia judicial.
“Cada expresión de solidaridad, y también de crítica, son, en sí, valiosas. Constituyen elementos torales de la democracia y de nuestro Estado constitucional y democrático de derecho”, dijo.
La Ministra Presidenta reiteró su compromiso, el cual “es y seguirá siendo, tanto la defensa de la Constitución, nuestro pacto social fundamental, como la independencia del Poder Judicial, el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos”.
Durante su informe, destacó resoluciones que han enfrentado al Poder Judicial con el titular del Ejecutivo, tales como la inconstitucionalidad de la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); la invalidez del llamado Plan B electoral; del decreto por el que AMLO declaró que las obras del gobierno se catalogaran como cuestiones de seguridad nacional; el transparentar los contratos de compra de vacunas COVID-19; la luz verde que se le dio al INAI para sesionar con cuatro integrantes ante la falta de nombramientos, entre otras.
El informe de labores de Norma Piña se realizó, por primera vez en el sexenio, sin que el titular del Ejecutivo asistiera, lo que se consideró un claro desaire a la ministra presidente, y evidencia de las diferencias que hay entre ambos poderes.
Fue la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, quien acudió en representación de López Obrador.
