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Luego de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicara que gracias a las grabaciones se había identificado a presuntos infiltrados en las movilizaciones de mujeres que se llevaron a cabo el lunes pasado en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría capitalina, fue el PRD quien respondió a los señalamientos.

«El PRD se deslinda de cualquier acto de vandalismo que pudo haber tenido lugar en la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX)», dijo el partido.

Indicó que reprobaban los hechos de violencia y hacían un llamado a la manifestación pacífica a fin de no permitir que el gobierno utilice el discurso del ‘golpeteo’ en su contra y se enfoquen en dar resultados.

El partido condenó que se quiera vincular al PRD en los hechos violentos y exigieron a funcionarios del Gobierno de la CDMX y Gobierno Federal a realizar acciones eficientes para prevenir y sancionar la violencia y abuso de autoridad por parte de elementos de la SSC-CDMX.

La dirigencia del PRD adelantó que presentará una denuncia contra el gobierno capitalino y contra Jesús Orta, titular de la SSC-CDMX, por su inacción y complicidad en el caso de la presunta violación de policías a una menor de edad.

“Exhortamos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum a tomar cartas en el asunto y que no pretenda desvirtuar una demanda legítima de seguridad. Como encargada del ejecutivo local no puede ser permisiva con estas actitudes por parte de sus policías”.

Los dirigentes del partido señalaron que era contradictorio que hace un par de años la jefa de gobierno era muy crítica desde el ámbito académico y apoyaba los llamados de justicia y defensa de los derechos de las mujeres, ahora parece que se ha olvidado de ello y prefiere solapar las conductas delictivas, subrayaron.

El gobierno federal se encuentra analizando una nueva denuncia contra Rosario Robles, quien esta mañana ingresó al penal de Santa Martha Acatitla, debido a que se han detectado 105 convenios nuevos que supuestamente fueron realizados de forma irregular bajo las administraciones de la exsecretaria.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, confirmó que se realiza dicho análisis, y quien aprovechó para señalar que la prisión preventiva dictada a Robles Berlanga es un mensaje importante de que casos de corrupción ya no deben de volver a ocurrir.

Insistió en que la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es muy clara, cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad.

“En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos desarrollando un proceso de análisis de la información que se cuenta y se han detectado con la Secretaría de Bienestar 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República (FGR)», indicó a la prensa.

El funcionario señaló que los nuevos casos sirvieron de base para congelar las cuentas de Rosario Robles y algunos de sus principales colaboradores, pues explicó que hasta este momento se tienen siete cuentas congeladas con montos variables que llegan hasta los 12 millones de pesos.

La confirmación de la posible nueva denuncia, llega luego de que el juez de control del Reclusorio Preventivo Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, vinculara a Robles a proceso y ordenara prisión preventiva de dos meses, para que se realice la investigación complementaria.

La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por actos violatorios de la normatividad electoral federal y por la realización de actos de promoción personalizada cometidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador y los llamados “Servidores de la Nación”.

El PRD indicó que el Gobierno Federal está destinando cerca de 3 mil 500 millones de pesos anuales a la nómina y gastos de operación del Coordinador General, Delegados Estatales, Coordinadores Regionales y toda la estructura diseñada para operar los recursos públicos del programa para el desarrollo, lo que calificaron como un daño a la vida democrática del país.

Indicaron que el gasto equivale, por ejemplo, a un año del Fondo Nacional de Desastres naturales o 10 veces del presupuesto destinado para los refugios de las mujeres víctimas de la violencia; acusó que «es un despilfarro ilegal e inconstitucional al hacer uso indebido del dinero público destinado a los programas de asistencia social”.

Líderes del partido del sol azteca señalaron que los «Servidores de la Nación, quienes repartirán este año 190 mil millones de peso, es una estructura electoral que va a jugar un papel relevante en las elecciones del 2021, sobre todo cuando le dicen a la gente que el dinero va de parte del Presidente de la República y no de parte de un programa federal.

Los dirigentes del PRD exigieron que se frene la intervención personalizada, que se le quite el nombre de López Obrador a la propaganda y que los “Servidores de la Nación” se apeguen a la legalidad, especificando que los apoyos son parte de los programas sociales que el Gobierno de la República tiene la obligación de dar a la ciudadanía.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, presentaron el programa de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.

El presidente indicó que con la intención de seguir limpiando de corrupción al gobierno, se necesita del apoyo de todos los ciudadanos, pues se requiere que no se quede sólo en la obligación que tienen los servidores públicos, sino que sean los ciudadanos quienes ayuden para desterrar el gran problema de México.

«No es simulación, como era antes, que se inventaban programas sólo para cubrir el expediente, sólo para fingir que se estaba combatiendo la corrupción cuando en realidad la corrupción estaba permitida, tolerada desde arriba. Entonces, esto es distinto», dijo AMLO.

Señaló que para «sacudir, zarandear» a algunos servidores, es necesaria la participación de los ciudadanos; que les quede claro que ya no son los tiempos en que imperaba la corrupción en el país. Ahora, dijo, será la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno.

Por su parte, Sandoval Ballesteros dijo que el programa de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, tendrá disponible una plataforma para hacer las denuncias correspodientes: alertadores.funciónpública.gob.mx

Señaló que el programa busca garantizar la protección a los derechos de todo tipo, en especial los derechos laborales, pues explicó que normalmente quienes denunciaban actos de corrupción perdían su empleo.

El programa está basado en tres ejes:

  • Garantizar la confidencialidad. Explicó que no se busca fomentar el anonimato por sí mismo, aunque cuando se necesite el anonimato se podría considerar; sin embargo, lo que se pretende es confidencialidad en las denuncias.
  • El acompañamiento en cada una de las diligencias. La funcionaria indicó que habrá acompañamiento a los ciudadanos en cada una de las dependencias que están involucradas con la denuncia que se interpongan.
  • La sanción. Se busca garantizar que la denuncia no quede en «una botella lanzada al mar» con la esperanza de que se cumpla con la investigación, sino que se lleve a buen puerto la denuncia, y haya una  sanción.

Detalló que los actos que se pueden alertar y denunciar a través de la plataforma son actos graves de corrupción, aunque se está dando un énfasis especial al tema del hostigamiento y el acoso sexual.

Adelantó que a 12 días de haber presentado el proyecto en la Función Pública, ya se tienen 172 alertas.

La Secretaría de Bienestar informó que fue presentada una denuncia de hechos, por la presunta falsificación y uso que pudiera darse de documentos, ocupados para defraudar a varias personas con un programa social inexistente.

La Secretaría, a través de la Unidad General del Abogado y Comisionado para la Transparencia, formuló la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que se supo que, en oficios apócrifos difundidos en los estados de Tamaulipas y Veracruz, se proporcionó información falsa a la población sobre un programa llamado “Acabemos tu Casa” o “Agrandemos tu casa”.

Indicó que, con dichos documentos, personas ajenas a la institución se ostentaban con el cargo de Coordinador Temporal de la Secretaría de Bienestar.

“Los documentos apócrifos enviados por usuarios de redes sociales, quienes advierten de un presunto fraude para acceder a apoyos sociales del citado programa, fueron remitidos a la Unidad Jurídica de esta dependencia, la cual señala que la documentación referida es falsa, así como su contenido, por lo que se niega su autenticidad”, señaló la dependencia.

Aclaró que el programa difundido no forma parte de las estrategias con las que el gobierno federal apoya a los grupos más vulnerables del país.

De acuerdo a lo que se ha reportado en redes sociales, con la promesa de ser beneficiario de dicho programa, los responsables obtenían las credenciales de elector, lo cual se presume podría ser ocupado con fines electorales.

La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD interpuso una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales contra el presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador de la Bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, por clientelismo, condicionar el voto, fraude electoral y tráfico de influencias.

La dirigencia del partido del sol azteca exigió que sea sancionado con prisión preventiva así como lo establece la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Los integrantes de la DNE fundamentaron la denuncia con testimonios y videos y señalaron que el senador Monreal violó la legislación electoral durante un mitin en Aguascalientes, el pasado domingo 5 de mayo, donde condicionó el tema de recursos presupuestales que pudieran destinarse a la alcaldía de esa entidad a cambio de votos a favor del candidato de Morena a la Presidencia Municipal.

Ángel Ávila Romero, miembro de la DNE del PRD, detalló que este instituto político siempre ha luchado por la equidad en las contiendas electorales, “no se le puede condicionar recursos a cambio de sus votos, eso se llama delito electoral y eso fue lo que hizo Ricardo Monreal. Está claramente tipificado que hoy los delitos electores están castigados con prisión preventiva, recordemos que esta legislación fue impulsada por el PRD y aprobada en términos de Ley General en ambas Cámaras”.

Indicó que su denuncia es una prueba de fuego para el actual Fiscal José Agustín Ortiz Pinchetti, pues “tiene que hacer cumplir la legislación electoral, vamos a ver si efectivamente van a cumplir con la Ley o va haber un trato diferenciado a los partidos políticos”.

Los perredistas indicaron que pese a la figura que representa Ricardo Monreal a nivel nacional, como dice el propio Presidente, nadie por encima de la ley todos iguales.

En su intervención la también integrante de la Dirección Nacional del PRD,  Karen Quiroga Anguiano, exigió que el Senador Ricardo Monreal renuncie al cargo, a fin de responder a las denuncias que se han presentado en su contra.

«Estamos solicitando la prisión preventiva, porque hubo todo un discurso alrededor del fuero para quitarlo, para no proteger a nadie ante estos actos de corrupción, hoy queremos que se haga de la mejor manera, que se haga por la vía legal», sostuvo la dirigente.

Quiroga Anguiano informó que entre los delitos cometidos están: tráfico de influencias,  fraude electoral y clientelismo. Criticó que ahora Morena realice negociaciones del presupuesto público desde los mítines políticos, lo mismo que se hacía con el Ramo 23 para negociar otorgarle recursos a Presidentes Municipales, en la época del PRI.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acudió este viernes a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en compañía de diversos colaboradores, para presentar una denuncia penal contra el encargado de despecho de la extinta Procuraduría General.

La denuncia contra Alberto Elías Beltrán, que también incluye a agentes del Ministerio Público y al juez federal Gerardo Moreno, es por haber ayudado a exculpar a Alejandro Gutiérrez, ex secretario adjunto del PRI, en el desvío de 250 millones de pesos.

Y aunque si bien la denuncia es contra quien resulte responsable del delito contra la administración de justicia, el gobernador señaló que los funcionarios referidos fueron quienes orquestaron diversas acciones para ayudar al priísta, quien fue declarado culpable por un tribunal de Chihuahua por el delito de peculado agravado.

Corral Jurado insistió en que los señalados obstaculizaron la indagatoria y protegieron a Gutiérrez. Afirmó que las pruebas que su gobierno presentó en su momento ante la PGR fueron desechadas, mientras que en el estado fueron suficientes para fincarle responsabilidades. «Resulta evidente que hubo protección», expuso.

Junto al consejero jurídico del gobierno estatal, el gobernador indicó que se presentó una segunda denuncia, esta de carácter administrativa, la cual es directamente en contra de Elías Beltrán, pues explicó «también la vía administrativa debe activarse para sancionar lo que a todas luces constituyen conductas violatorias a los derechos humanos».

Corral remató asegurando que se llevará la exigencia de justicia hasta sus últimas consecuencias, incluso dijo, podría llegar a instancias internacionales. “No pararemos hasta tener Justicia para Chihuahua”.

Antonio, un hombre de 59 años de edad y que es el dueño del departamento donde fue encontrada Nancy Tirzo, menor de ocho meses, fue quien alertó a las autoridades sobre el paradero de la bebé.

«Bueno yo me enteré por medio de un video que me enseñó a mí una inquilina que vive en la casa; al darme cuenta yo de ese video, de quién se trataba, opté por dirigirme a las autoridades para dar aviso de que yo conocía a esa persona que estaba saliendo en el video”, declaró Antonio a los medios de comunicación.

Y es que la bebé Nancy fue localizada en uno de los tres departamentos que renta Antonio en Ciudad Lago, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Explicó que se enteró del caso por medio de un video que le enseñó otra de sus inquilinas. «Al ver eso (el video difundido en los medios) van a mi, y es cuando yo me doy cuenta que efectivamente es la señora y es por eso que fui a dar parte a las autoridades”.

Narró que la pareja, quien presuntamente habría pagado seis mil pesos por la mejor, tenía cerca de cuatro años habitando el departamento que renta. Antonio dijo que la pareja, ahora detenida, tenían un negocio de venta de pozole.

Los voceros de la campaña para la gubernatura de Puebla de Miguel Barbosa acusaron que la denuncia interpuesta contra el candidato “carece de sustento jurídico”.

En conferencia de prensa Carlos Meza Viveros y David Méndez Márquez, voceros del morenista, explicaron que “lo presentado no tienen valor jurídico y sólo busca hacerle el juego sucio a los contrincantes”.

«Este tipo de ‘bufones políticos’ (Alejandro Rojas Durán), actúan como si estuvieran en una carrera de relevos, reviviendo temas que no significan nada nuevo y como aquí se aclaró forman parte de información pública de nuestro candidato y que está al acceso de los ciudadanos”, señalaron.

Los voceros precisaron que los inmuebles que se presentan en la denuncia, en las alcaldías de Coyacán y Cuauhtémoc, están en la declaración Tres de Tres de Barbosa Huerta, estableciéndose ahí cómo fueron adquiridos.

“Es claro que las recientes acciones de Rojas Díaz Durán se inscriben en una estrategia en contra de Morena y de nuestro candidato Miguel Barbosa, de la cual forman parte el Senador Alejandro Armenta, Violenta Lagunes y el PAN, como lo evidencian los recientes audios que han sido publicados en diversos medios de comunicación estatal y nacional», sostuvieron.

Y es que, Alejandro Rojas Durán, suplente de Ricardo Monreal, presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Barbosa Huerta, por supuesto enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias.

A nombre del Frente Nacional Petrolero (FNP), Sergio Morales Quintana, acudió esta tarde a ratificar la denuncia que interpusieron el pasado 27 de febrero en contra de Carlos Romero Deschamps, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) por el delito de fraude.

El líder del FNP indicó que la denuncia fue presentada por el delito de fraude y la administración fraudulenta que «llevamos de toda la vida en el Sindicato Petrolero».

Indicó que lo que se busca es que se informe a detalle, los recursos y bienes que tiene el gremio, así como la administración de los mismos.

«No se sabe el monto total del dinero que se ha desviado, por eso se está pidiendo al Sindicato, a la dirigencia y a las nuevas autoridades que nos diga cuánto dinero hay, qué propiedades se tienen, en qué constan todos los beneficios que tenemos los trabajadores».

Exhortó a los dirigentes a que se rindan cuentas y se transparenten por completo las finanzas del gremio petrolero. En ese sentido adelantó que solicitaron la intervención del INAI para que se den a conocer los estados financieros del sindicato.

Confió en que denuncia avance, pues dijo creen en la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que «todo debe ser sin corrupción».

Con esta denuncia, suman seis las que recaen sobre Romero Deschamps.

 

El equipo legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán, encabezado por el abogado José Luis Meza, presentó una denuncia penal en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto y algunos funcionarios de su administración, por supuestas fallas procesales en la extradición del capo a los Estados Unidos.

A las afueras de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en entrevista con el diario El Financiero, el abogado dijo que su “primera misión” era extender un agradecimiento al Gobierno Federal por el apoyo que brindó a la familia de ‘El Chapo’ Guzmán para obtener las visas que les permitirán visitar al narcotraficante.

“La primera misión que tengo es agradecerle al presidente Andrés Manuel López Obrador el apoyo brindado a la familia del ‘Chapo’ Guzmán, en especial a su madre, la señora Consuelo y a sus hermanas, gracias a nombre de la familia por todo el apoyo brindado”, señaló Meza.

Sobre la denuncia que se presentó, el abogado explicó que es en contra de Peña Nieto, del ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, del ex secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, del ex titular de la PGR Raúl Cervantes, y del ex comisionado Nacional de Seguridad, Rento Sales Heredia.

“La denuncia es los perjuicios causados al ‘Chapo’ Guzmán al ser entregado indebida e ilegalmente violándose la Constitución y violándose los amparos que todavía siguen vigentes y violándose también los tratados de extradición entre México y Estados Unidos”, detalló el abogado del capo.

Según el abogado, los funcionarios podrían haber incurrido en la comisión de delitos como secuestro, abuso de autoridad, responsabilidad oficial y los que resulten. Señaló que en un documento que tienen en su poder, se señala que ‘El Chapo’ sería entregado para ser juzgado en San Diego y el Paso, Texas, por lo que al ser llevado a Nueva York se violentó el tratado de extradición México-Estados Unidos.

 

A dos meses de que dejaron de recibir el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ahora del Bienestar, se estima que se han cerrado alrededor de 50 por ciento de las estancias infantiles capitalinas, aseguraron este lunes representantes y madres de familia de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, lanzaron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para salvar las estancias infantiles que actualmente atienden a 323 mil niños, mismos que están en riesgo de truncar su educación de primera infancia, sin descontar que todos están considerados dentro del nivel vulnerable o entre los más pobres de la población.

Ángela Santillán, representante de las estancias de Tlalpan, señaló que no se sienten enojadas, sino denigradas y excluidas, no solo en la atención a estos grupos vulnerables, sino en que se les quite su fuente de empleo, sin descontar que se trata de apoyar a madres trabajadoras, muchas de ellas solteras.

Aseguró que las estancias infantiles no son escuelas ‘patito’ sino centros educativos que operan profesionalmente a favor de los menores en las que los padres cubrían cuotas de entre 300 y 600 pesos mensuales, que se complementaban con los 950 pesos que otorgaba la Sedesol.

Expuso que en la Ciudad de México había 593 estancias infantiles que atendían a unos 18 mil pequeños.

 

 

 

Con información de El Financiero

El pasado viernes 15 de febrero, el ex aspirante a la Fiscalía General de la República (FGR), el abogado Luis Manuel Pérez de Acha, presentó una denuncia penal ante la FGR en contra de diversos funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Órgano Interno de Control (OIC) en la propia dependencia, por los delitos de cohecho, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, cometidos en el año de 2016, bajo la jefatura de Aristóteles Núñez.

La denuncia penal, explicó el abogado, se fundamenta en las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.

De acuerdo a lo informado por el abogado, los funcionarios a quienes la Auditoría Superior de la Federación señala como responsables son los titulares en el año de 2016 de la Administración General de Recursos y Servicios del SAT, de la Administración General de Tecnologías de la Información del SAT y del Órgano Interno de Control en dicha dependencia. Sin embargo, como la vigencia del contrato es por 42 meses, las responsabilidades se extienden a 2017.

Con la denuncia presentada, dijo, la Fiscalía tendrá que investigar el caso a partir de los datos objetivos y ciertos proporcionados por la Auditoría Superior de la Federación, y en función de ello determinar la responsabilidad penal de los funcionarios responsables.

«La relevancia del caso estriba en el monto del contrato por $1,176 millones de pesos, y en el hecho de que sea el SAT en donde se prohíjen este tipo de conductas», enfatizó el abogado.