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El senador Emilio Álvarez Icaza presentó una ampliación de la quinta denuncia contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por la concesión del Viaducto Bicentenario a la empresa Aleatica, antes OHL, que involucra al extitular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza.

El senador acudió hoy a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para anexar al expediente de la denuncia la respuesta a una solicitud de información en la que la SCT niega que haya otorgado concesión alguna.

La denuncia fue interpuesta en agosto de este año, pues al tratarse de una vía de comunicación del dominio público de la Federación no puede ser explotada, utilizada o aprovechado sin que exista autorización, licencia o concesión entregada por el gobierno federal.

De acuerdo con integrantes de la iniciativa Ahora, la última denuncia se interpuso por la compra a sobreprecio de 20 millones de dólares de maquinaria que se adquiriría con cargo al Viaducto Bicentenario, pero finalmente se compraron con cargo al Circuito Exterior Mexiquense en 2009.

Este sobreprecio, indicaron, podría significar el pago de un soborno a través de una empresa vinculada al entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

En la ampliación del expediente, se pide que la FGE siga con las investigaciones, pero que a la luz de la declaración de la SCT acerca de la negación de entrega de concesión, el caso se judicialice.

Álvarez Icaza sostuvo que se pondrá al tanto a la Fiscalía Anticorrupción y a la Unidad de Inteligencia Financiera para que den seguimiento al caso.

Los senadores Damián Zepeda y Kenia López Rabadán, del PAN, advirtieron que alistan una denuncia y recurrirán a la Corte para aclarar lo que consideraron un «fraude» en la elección de Rosario Piedra Ibarra como nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Los legisladores sostuvieron que se cometió un fraude al haberse emitido 116 votos y no 114, con lo cual no se habría alcanzado la mayoría calificada que exige la Constitución para la elección del titular de la Comisión.

Además señalaron que la supuesta conversación en un chat donde Marko Cortés, presidente del PAN, señalaría que se haría «un desmadre» al senador Ricardo Monreal, de Morena, es falsa. Para ello, mostraron sus teléfonos celulares y el chat donde, según ellos, esa conversación no existió, y retaron a Monreal a comprobarlo.

Damián Zepeda sugirió que Rosario Piedra Ibarra no se presente a rendir protesta y que, con dignidad, no acepte ese cargo que se logró mediante un fraude, pues no obtuvo en realidad los votos de mayoría calificada y «cualquier persona honesta lo que hace es pedir que se investigue primero».

Por separado los senadores Germán Martínez y Ricardo Moreno Bastida, de Morena, refrendaron en conferencia de prensa la legalidad de la elección y subrayaron que es un proceso consumado.

«En este parlamento, como en cualquiera, ganan las mayorías con las reglas que las mayorías se dan. Se ha electo a la señora Rosario Piedra Ibarra como nueva presidenta de la CNDH, y nos duele profundamente que se quiera manchar este proceso», dijeron los legisladores.

Germán Martínez anunció que la bancada de su partido reflexionará sobre la permanencia de López Rabadán en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, por las acusaciones que virtió en contra de Monreal.

El canciller de Bolivia, Diego Pary, denunció ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) un intento de golpe de Estado, mientras los líderes de grupos cívicos bolivianos anunciaron que «radicalizarán» sus protestas contra la reelección del presidente Evo Morales.

La sesión de ese organismo internacional fue convocada tras el pedido que hizo la Misión Permanente de Bolivia ante la OEA, para denunciar que grupos cívicos junto al candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien perdió los comicios, han generando convulsión en el país con enfrentamientos entre bolivianos, destacó la Agencia Boliviana de Información (ABI).

El canciller señaló que los cívicos encabezados por el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, realizan llamados a la confrontación, violencia, desacato civil y derrocamiento del presidente Evo Morales, constitucionalmente elegido.

Agregó que el plazo de 48 horas que dieron para que Morales deje el Gobierno venció la noche de este lunes y mostró ante los delegados de los países miembros del consejo permanente que hay un intento de golpe de Estado en curso en Bolivia.

Asimismo, enfatizó que Bolivia convocó a la OEA para que realice una auditoría integral a los comicios, que actualmente está en proceso, pero ese y otros esfuerzos «no sirvieron» para que los grupos de oposición radical dejen su accionar y medidas antipopulares.

La crisis política que registra Bolivia desde el 20 de octubre al concluir el proceso electoral se profundizó esta semana, con la tensa espera del emplazamiento al presidente Evo Morales para que renuncie, el llamado a nuevas elecciones y los enfrentamientos en varias partes del país.

Morales anunció “resistencia ante el ultimátum otorgado por los cívicos para que renuncie y aseguró que el “pueblo está organizado para defender el denominado “proceso de cambio».

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados informó que presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR), una denuncia contra los titulares de la Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) por el presunto desvío del 75% de los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de este año.

“En el párrafo segundo del artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 215 sobre abuso de autoridad o aquél que sea aplicable se presentó denuncia contra Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público y Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural por el presunto desvío de fondos de los programas etiquetados”, indicaron los legisladores.

Los panistas detallaron que presentaron como pruebas de su denuncia, los siguientes documentos: un video de la comparecencia del titular de la Sader, Víctor Villalobos Arámbula, el primer y segundo informe trimestral (Cuenta Pública) de la secretaría.

La diputada Marcela Torres Peimbert recordó que, en la comparecencia del titular de la Sader, en la Cámara de Diputados, éste reconoció que sólo se han ejercido 900 millones, de los cuatro mil millones de pesos que se aprobaron para el presente año, para el Programa Crédito Ganadero a la Palabra.

Por su parte, la diputada Gloria Romero León refirió que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que la SHCP y la Sader, se tienen que circunscribir a lo que está presupuestado, pero “vemos con temor que los subejercicios se vayan a la bolsa discrecional que puede ejercer el Presidente de la República”.

La diputada Ángeles Ayala Díaz acusó que “estamos ante un gobierno federal que no tiene transparencia, al no presentar cuentas claras a las y los ciudadanos, y ante el subejercicio de los recursos necesarios para la alimentación de todas y todos los ciudadanos”.

La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD interpuso ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) una denuncia contra el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, por el ocultamiento de bienes patrimoniales, enriquecimiento ilícito y conflicto de interés.

Fernando Belauzarán, integrante de la DNE, aseguró que la denuncia es “en contra del mapache más famoso del país» que no puede explicar 750 millones de pesos de propiedades que están a nombre de su pareja sentimental con la que vive desde hace dos décadas y de sus hijos.

Explicó que el artículo 60 de la Ley de Responsabilidades es muy clara al establecer como una falta muy grave el ocultamiento de bienes que estén a nombre de la pareja o concubina; detalló que la falta implicaría la inhabilitación del cargo por 10 o 20 años.

En ese sentido, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se haya adelantado a las investigaciones oficiales y lo haya absuelto diciendo que es un complot político.

El perredista exigió a la titular de la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, llevar a cabo una investigación profunda y transparente.

Adicional señalaron que están solicitando medidas cautelares como la separación del cargo de Manuel Bartlett en tanto no se esclarezca el origen de los recursos que se utilizaron para adquirir las propiedades y se pueda generar toda una línea de investigación alrededor de los familiares del funcionario federal.

La DNE sostuvo que es totalmente inadmisible que un servidor público que llegó acompañado de un Presidente, que a todas luces puso el dedo en la llaga con el tema de la corrupción, hoy sea acompañado por corruptos, “quien con lobos anda aullar se enseña”, indicaron.

En medio de la polémica que han generado las declaraciones patrimoniales y de interés del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, la senadora Xóchitl Gálvez acudió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para presentar una denuncia contra el funcionario.

Y es que el pasado domingo, la senadora indicó a través de sus redes sociales, que si de verdad había un compromiso con la honestidad por parte del gobierno federal, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval debía solicitar la declaración patrimonial de Bartlett .

La titular de la SFP respondió asegurando que no existía denuncia alguna en contra de las declaraciones del director de CFE, por lo que la invitó a que si tenía información sobre irregularidades cometidas, era ella quien debería presentar la denuncia.

Gálvez Ruiz indicó que presentaría la denuncia este martes, hecho que quedó documentado en un video que compartió en sus redes sociales.

«Tal como se lo ofrecí a la Secretaria de la Función Pública estoy presentando una denuncia para que sean investigada la declaración patrimonial y de conflicto de interés  del director de la CFE», señaló la legisladora.

Indicó que en la denuncia presentada, había una argumentación jurídica de porqué de acuerdo a la ley, Irma Erédira Sandoval pudo haber iniciado por oficio una investigación y las razones que llevaban a Manuel Bartlett a presentar en su declaración los bienes de esposa, concubina, pareja e hijos.

Tras entregar su denuncia en la oficialía de partes, la senadora indicó que en menos de 5 minutos pudo presentar el documento, por lo que dijo, es muy sencillo para quien quiera denunciar.

El equipo de abogados de Rosario Robles acudió este martes a presentar una denuncia en contra del Juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ante a Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que  actuó de manera ilegal, arbitraria y dolosa.

El equipo legal también se solicitó el apoyo de dicho organismo internacional para que su defendida sea puesta en libertad de inmediato.

Julio Hernández Barros, quien coordina la defensa de Robles Berlanga, en compañía de Xavier Olea Trueheart,  y Magin Puig abogado que reside en Washington, se presentaron en la sede de la CIDH para interponer la denuncia contra el Estado Mexicano, en  específico contra el juez, por violar flagrantemente la Constitución mexicana, las leyes procesales y los tratados internacionales de los que México es parte, cometiendo probablemente delitos contemplados en el Código Penal Federal al decretar una detención ilegal.

Argumentaron que si bien se reconoce que los hechos relacionados con la denuncia se encuentran en trámite ante diversas autoridades, «no cabe duda de que se trata de una detención ilegal, motivo de un Tribunal de Estado». Afirmaron que la tardanza en resolver el caso por parte de las autoridades mexicanas, lo único que hace es retardar el acceso a su derecho y prolongar innecesariamente el ilegal encarcelamiento a que ha sido objeto y que de manera infundada e imparcial el Juez decretó la medida cautelar gravosa e invasiva.

Además de presentar pruebas y argumentos que muestran la ilegalidad con la que actuó el Juez, entre las que incluyen el parentesco confirmado del juzgador con la diputada Dolores Padierna, la defensa legal de la ex secretaria de estado solicitó a la CIDH “se apliquen medidas cautelares, para que cesen de inmediato las acciones que mantienen a la hoy víctima María del Rosario Robles Berlanga privada ilegalmente de su libertad y sometida a un encarcelamiento ilegal y arbitrario por parte del Estado Mexicano”.

Los abogados explicaron además que el daño que causa la conducta de la autoridad a la esfera de Derechos Humanos es irreparable, lo que se traduce en que una grave afectación sobre sus derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.

Luego de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicara que gracias a las grabaciones se había identificado a presuntos infiltrados en las movilizaciones de mujeres que se llevaron a cabo el lunes pasado en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría capitalina, fue el PRD quien respondió a los señalamientos.

«El PRD se deslinda de cualquier acto de vandalismo que pudo haber tenido lugar en la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX)», dijo el partido.

Indicó que reprobaban los hechos de violencia y hacían un llamado a la manifestación pacífica a fin de no permitir que el gobierno utilice el discurso del ‘golpeteo’ en su contra y se enfoquen en dar resultados.

El partido condenó que se quiera vincular al PRD en los hechos violentos y exigieron a funcionarios del Gobierno de la CDMX y Gobierno Federal a realizar acciones eficientes para prevenir y sancionar la violencia y abuso de autoridad por parte de elementos de la SSC-CDMX.

La dirigencia del PRD adelantó que presentará una denuncia contra el gobierno capitalino y contra Jesús Orta, titular de la SSC-CDMX, por su inacción y complicidad en el caso de la presunta violación de policías a una menor de edad.

“Exhortamos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum a tomar cartas en el asunto y que no pretenda desvirtuar una demanda legítima de seguridad. Como encargada del ejecutivo local no puede ser permisiva con estas actitudes por parte de sus policías”.

Los dirigentes del partido señalaron que era contradictorio que hace un par de años la jefa de gobierno era muy crítica desde el ámbito académico y apoyaba los llamados de justicia y defensa de los derechos de las mujeres, ahora parece que se ha olvidado de ello y prefiere solapar las conductas delictivas, subrayaron.

El gobierno federal se encuentra analizando una nueva denuncia contra Rosario Robles, quien esta mañana ingresó al penal de Santa Martha Acatitla, debido a que se han detectado 105 convenios nuevos que supuestamente fueron realizados de forma irregular bajo las administraciones de la exsecretaria.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, confirmó que se realiza dicho análisis, y quien aprovechó para señalar que la prisión preventiva dictada a Robles Berlanga es un mensaje importante de que casos de corrupción ya no deben de volver a ocurrir.

Insistió en que la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es muy clara, cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad.

“En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos desarrollando un proceso de análisis de la información que se cuenta y se han detectado con la Secretaría de Bienestar 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República (FGR)», indicó a la prensa.

El funcionario señaló que los nuevos casos sirvieron de base para congelar las cuentas de Rosario Robles y algunos de sus principales colaboradores, pues explicó que hasta este momento se tienen siete cuentas congeladas con montos variables que llegan hasta los 12 millones de pesos.

La confirmación de la posible nueva denuncia, llega luego de que el juez de control del Reclusorio Preventivo Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, vinculara a Robles a proceso y ordenara prisión preventiva de dos meses, para que se realice la investigación complementaria.

La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por actos violatorios de la normatividad electoral federal y por la realización de actos de promoción personalizada cometidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador y los llamados “Servidores de la Nación”.

El PRD indicó que el Gobierno Federal está destinando cerca de 3 mil 500 millones de pesos anuales a la nómina y gastos de operación del Coordinador General, Delegados Estatales, Coordinadores Regionales y toda la estructura diseñada para operar los recursos públicos del programa para el desarrollo, lo que calificaron como un daño a la vida democrática del país.

Indicaron que el gasto equivale, por ejemplo, a un año del Fondo Nacional de Desastres naturales o 10 veces del presupuesto destinado para los refugios de las mujeres víctimas de la violencia; acusó que «es un despilfarro ilegal e inconstitucional al hacer uso indebido del dinero público destinado a los programas de asistencia social”.

Líderes del partido del sol azteca señalaron que los «Servidores de la Nación, quienes repartirán este año 190 mil millones de peso, es una estructura electoral que va a jugar un papel relevante en las elecciones del 2021, sobre todo cuando le dicen a la gente que el dinero va de parte del Presidente de la República y no de parte de un programa federal.

Los dirigentes del PRD exigieron que se frene la intervención personalizada, que se le quite el nombre de López Obrador a la propaganda y que los “Servidores de la Nación” se apeguen a la legalidad, especificando que los apoyos son parte de los programas sociales que el Gobierno de la República tiene la obligación de dar a la ciudadanía.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, presentaron el programa de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.

El presidente indicó que con la intención de seguir limpiando de corrupción al gobierno, se necesita del apoyo de todos los ciudadanos, pues se requiere que no se quede sólo en la obligación que tienen los servidores públicos, sino que sean los ciudadanos quienes ayuden para desterrar el gran problema de México.

«No es simulación, como era antes, que se inventaban programas sólo para cubrir el expediente, sólo para fingir que se estaba combatiendo la corrupción cuando en realidad la corrupción estaba permitida, tolerada desde arriba. Entonces, esto es distinto», dijo AMLO.

Señaló que para «sacudir, zarandear» a algunos servidores, es necesaria la participación de los ciudadanos; que les quede claro que ya no son los tiempos en que imperaba la corrupción en el país. Ahora, dijo, será la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno.

Por su parte, Sandoval Ballesteros dijo que el programa de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, tendrá disponible una plataforma para hacer las denuncias correspodientes: alertadores.funciónpública.gob.mx

Señaló que el programa busca garantizar la protección a los derechos de todo tipo, en especial los derechos laborales, pues explicó que normalmente quienes denunciaban actos de corrupción perdían su empleo.

El programa está basado en tres ejes:

  • Garantizar la confidencialidad. Explicó que no se busca fomentar el anonimato por sí mismo, aunque cuando se necesite el anonimato se podría considerar; sin embargo, lo que se pretende es confidencialidad en las denuncias.
  • El acompañamiento en cada una de las diligencias. La funcionaria indicó que habrá acompañamiento a los ciudadanos en cada una de las dependencias que están involucradas con la denuncia que se interpongan.
  • La sanción. Se busca garantizar que la denuncia no quede en «una botella lanzada al mar» con la esperanza de que se cumpla con la investigación, sino que se lleve a buen puerto la denuncia, y haya una  sanción.

Detalló que los actos que se pueden alertar y denunciar a través de la plataforma son actos graves de corrupción, aunque se está dando un énfasis especial al tema del hostigamiento y el acoso sexual.

Adelantó que a 12 días de haber presentado el proyecto en la Función Pública, ya se tienen 172 alertas.

La Secretaría de Bienestar informó que fue presentada una denuncia de hechos, por la presunta falsificación y uso que pudiera darse de documentos, ocupados para defraudar a varias personas con un programa social inexistente.

La Secretaría, a través de la Unidad General del Abogado y Comisionado para la Transparencia, formuló la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que se supo que, en oficios apócrifos difundidos en los estados de Tamaulipas y Veracruz, se proporcionó información falsa a la población sobre un programa llamado “Acabemos tu Casa” o “Agrandemos tu casa”.

Indicó que, con dichos documentos, personas ajenas a la institución se ostentaban con el cargo de Coordinador Temporal de la Secretaría de Bienestar.

“Los documentos apócrifos enviados por usuarios de redes sociales, quienes advierten de un presunto fraude para acceder a apoyos sociales del citado programa, fueron remitidos a la Unidad Jurídica de esta dependencia, la cual señala que la documentación referida es falsa, así como su contenido, por lo que se niega su autenticidad”, señaló la dependencia.

Aclaró que el programa difundido no forma parte de las estrategias con las que el gobierno federal apoya a los grupos más vulnerables del país.

De acuerdo a lo que se ha reportado en redes sociales, con la promesa de ser beneficiario de dicho programa, los responsables obtenían las credenciales de elector, lo cual se presume podría ser ocupado con fines electorales.

La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD interpuso una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales contra el presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador de la Bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, por clientelismo, condicionar el voto, fraude electoral y tráfico de influencias.

La dirigencia del partido del sol azteca exigió que sea sancionado con prisión preventiva así como lo establece la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Los integrantes de la DNE fundamentaron la denuncia con testimonios y videos y señalaron que el senador Monreal violó la legislación electoral durante un mitin en Aguascalientes, el pasado domingo 5 de mayo, donde condicionó el tema de recursos presupuestales que pudieran destinarse a la alcaldía de esa entidad a cambio de votos a favor del candidato de Morena a la Presidencia Municipal.

Ángel Ávila Romero, miembro de la DNE del PRD, detalló que este instituto político siempre ha luchado por la equidad en las contiendas electorales, “no se le puede condicionar recursos a cambio de sus votos, eso se llama delito electoral y eso fue lo que hizo Ricardo Monreal. Está claramente tipificado que hoy los delitos electores están castigados con prisión preventiva, recordemos que esta legislación fue impulsada por el PRD y aprobada en términos de Ley General en ambas Cámaras”.

Indicó que su denuncia es una prueba de fuego para el actual Fiscal José Agustín Ortiz Pinchetti, pues “tiene que hacer cumplir la legislación electoral, vamos a ver si efectivamente van a cumplir con la Ley o va haber un trato diferenciado a los partidos políticos”.

Los perredistas indicaron que pese a la figura que representa Ricardo Monreal a nivel nacional, como dice el propio Presidente, nadie por encima de la ley todos iguales.

En su intervención la también integrante de la Dirección Nacional del PRD,  Karen Quiroga Anguiano, exigió que el Senador Ricardo Monreal renuncie al cargo, a fin de responder a las denuncias que se han presentado en su contra.

«Estamos solicitando la prisión preventiva, porque hubo todo un discurso alrededor del fuero para quitarlo, para no proteger a nadie ante estos actos de corrupción, hoy queremos que se haga de la mejor manera, que se haga por la vía legal», sostuvo la dirigente.

Quiroga Anguiano informó que entre los delitos cometidos están: tráfico de influencias,  fraude electoral y clientelismo. Criticó que ahora Morena realice negociaciones del presupuesto público desde los mítines políticos, lo mismo que se hacía con el Ramo 23 para negociar otorgarle recursos a Presidentes Municipales, en la época del PRI.


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