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Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, y la madre de la duquesa, Doria Ragland, sufrieron una persecución automovilística “casi catastrófica” en Nueva York, Estados Unidos, por parte de paparazzi “muy agresivos”, informó el portavoz de la pareja.

Según el portavoz, la “persecución”, después de que los tres asistieran a una ceremonia de entrega de premios, duró “más de dos horas” y dos agentes de la Policía neoyorquina (NYPD) presenciaron los hechos.

“Anoche, el duque y la duquesa de Sussex y la Sra. Ragland se vieron involucrados en una persecución automovilística casi catastrófica a manos de un grupo de paparazzi muy agresivos”, indicó el comunicado difundido en el Reino Unido.

“Esta persecución incesante, que duró más de dos horas, resultó en múltiples colisiones cercanas que implicaron a otros conductores, a peatones y a dos agentes de la policía de Nueva York”, afirmó la fuente.

Si bien ser una figura pública “conlleva cierto nivel de interés”, “nunca debe ser a costa de la seguridad de nadie”, añadió el portavoz.

La fuente señala que la difusión de imágenes obtenidas de esta manera “fomenta una práctica altamente invasiva, que es peligrosa para todos los implicados”.

Según la BBC, el incidente se produjo en la noche del martes después de que los duques y la madre de Meghan asistieran a los premios de Ms. Foundation Women of Vision, en su primera aparición pública desde que el hijo menor de Carlos y Diana acudiera a la coronación de su padre en Londres el pasado 6 de mayo.

En la ceremonia, Markle fue reconocida por su labor en favor de los derechos y libertades de mujeres y niñas.

No constan daños personales ni detenidos por este incidente, aunque el entorno del príncipe sí ha recogido una serie de infracciones en las que constan conducir mientras se habla por teléfono o se hacen
fotos, subirse a la acera, saltarse un semáforo en rojo, circular en dirección contraria o bloquear el paso de un vehículo, añadió la BBC.

El seguimiento de la prensa es un tema especialmente delicado para el hijo pequeño del rey británico, que ha llegado a equiparar la presión sobre su mujer a la sufrida por su madre, Diana de Galas, fallecida en París mientras era seguida por fotógrafos.

La pareja, que tiene dos hijos en común, reside en Estados Unidos desde que decidió renunciar a sus principales funciones dentro de la Casa Real británica. Tras esta decisión, ambos han criticado públicamente tanto a la institución como a sus propios parientes, en televisión y también con un libro de memorias.

Enrique y Meghan, que se casaron en el Reino Unido el 19 de mayo de 2018.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump fue fue declarado culpable de abuso sexual y difamación, en el juicio que se seguía tras las acusaciones que presentó la escritora E. Jean Carroll.

Así lo señala el veredicto que hoy alcanzó en tiempo récord el jurado neoyorquino que veía su caso. El aspirante a la candidatura presidencial republicana logró esquivar el delito de violación.

Carroll acusaba a Trump de haberla violado en el probador de unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de los noventa, y también de difamarla cuando ella se decidió a hacer pública su denuncia.

El jurado añadió que Trump difamó a Carroll en octubre de 2022, a través de su red social Truth Social, donde dijo que sus afirmaciones eran una “completa estafa”, “un engaño” y “una mentira”.

Al resolverse su culpabilidad, el exmandatario deberá pagar a la escritora 5 millones de dólares. Al haber sido un juicio civil, no aplicó una sanción que involucrara prisión.

Medios estadounidenses destacaron la rapidez con la que el jurado deliberó y alcanzó un veredicto. Retirado para deliberar poco antes del mediodía, y sin contar la hora de pausa por el almuerzo, el jurado necesitó poco menos de tres horas para alcanzar un acuerdo unánime.

El juez había pasado esta mañana una hora y media explicando lo que significaban las distintas acusaciones y los conceptos asociados: consentimiento, agresión sexual, tocamientos forzosos, que se dilucidaban en el caso de la violación, o la existencia de una voluntad de hacer daño en el caso de la difamación.

Recordemos que Trump no compareció en todo el juicio, mientras que la escritora lo ha hecho en todas las sesiones durante las dos semanas que ha durado el proceso.

En una primera reacción al veredicto, Trump calificó de “vergüenza” la sentencia que lo declara culpable de abuso sexual y difamación.

Una de las organizaciones que ayer suscribieron un manifiesto para pedir la suspensión por seis meses de los experimentos con inteligencia artificial (IA) muy avanzada, denunció en Estados Unidos a la tecnológica OpenAI, desarrolladora del ChatGPT, por considerar que la tecnología que utiliza, denominada GPT-4, viola la ley de protección de los consumidores.

El Center for AI and Digital Policy (CAIDP) presentó una demanda contra OpenAI ante la Comisión de Comercio Federal (FTC) de Estados Unidos en la que alega que el producto GPT-4 es “sesgado, engañoso y supone un riesgo para la privacidad y la seguridad pública”.

“La FTC tiene la clara responsabilidad de investigar y prohibir las prácticas comerciales injustas y engañosas. Creemos que la FTC debe examinar de cerca OpenAI y GPT-4”, dijo el presidente de CAIDP Marc Rotenberg.

Según Rotenberg, OpenAI no está cumpliendo con las prácticas propuestas por la FTC como que la garantía por parte de las compañías de inteligencia artificial de “la solidez empírica de los datos y de los modelos” empleados, así como su transparencia.

La demanda insiste en que esta tecnología no cuenta con las suficientes salvaguardas para limitar la parcialidad y el engaño.

Rotengberg fue uno de los firmantes de una carta abierta en la que solicitaron que se suspendan durante seis meses los experimentos con inteligencia artificial muy potente (superior a GPT-4) porque consideran que “pueden plantear profundos riesgos para la sociedad y la humanidad”.

“La sociedad ha hecho una pausa en otras tecnologías con efectos potencialmente catastróficos en la sociedad. Podemos hacerlo aquí. Disfrutemos de una larga pausa veraniega de la IA y no nos apresuremos a caer sin estar preparados”, decía la carta publicada por el organismo sin ánimo de lucro Future of Life Institute.

Entre los firmantes también estaban el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, o el cofundador de Apple Steve Wozniak entre otros que también piden la intervención de los gobiernos, en caso de que estas empresas no respondan a esta solicitud.

“La IA avanzada podría representar un cambio profundo en la historia de la vida en la tierra, y debería planificarse y gestionarse con el cuidado y los recursos correspondientes”, aseguraba la misiva que criticaba, además, “que los laboratorios de IA se han enzarzado en una carrera fuera de control para desarrollar y desplegar mentes digitales cada vez más poderosas”.

GPT, siglas en inglés del término Transformador Generativo Preentrenado, es un tipo de modelo de aprendizaje artificial que se utiliza para generar lenguaje similar al humano. El GPT-4 es mucho más avanzado que los modelos similares anteriores.

El Congreso peruano aprobó el viernes una denuncia constitucional contra el expresidente izquierdista Pedro Castillo por presuntos casos de corrupción en su gobierno, cometidos antes de que fuera destituido en diciembre.

La denuncia constitucional será trasladada ahora al despacho de Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que en adelante podría acusar formalmente a Castillo ante el poder judicial.

Con 59 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones, los legisladores aprobaron el informe, presentado
por la fiscal Patricia Benavides, que recomienda acusar al expresidente por presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.

“El expediente de la acusación constitucional será enviado a la fiscal de la nación para que proceda conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución Política de Perú”, ha sentenciado el presidente del Congreso, José Williams.

Y es que la Fiscalía investiga una supuesta red criminal liderada por Castillo que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con Juan Silva, exministro de esta cartera, con el exministro de Vivienda Geiner Alvarado, así como con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial y de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.

Durante el debate, el abogad de Castillo, Eduardo Pachas, negó en el Congreso los cargos y rechazó que el exmandatario perteneciera a una organización criminal.

En la misma sesión, el Congreso también aprobó las denuncias contra dos exministros de Castillo involucrados en los cargos relacionados a presuntos sobornos en la construcción de un puente y en la compra de combustibles para la estatal Petroperú.

La destitución de Castillo, un profesor rural e hijo de campesinos, ha provocado una ola de violentas protestas principalmente de regiones pobres del sur del país contra el gobierno, que han dejado unos 60 muertos en dos meses.

El gobierno federal anunció este lunes que no retirará su título universitario a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), nominada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Yasmín Esquivel, acusada de plagiar su tesis de licenciatura.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, indicó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) rechazará la petición de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde estudió Esquivel, para resolver el caso de la jueza.

“La Secretaría de Educación Pública enviará el día de hoy la respuesta formal a ese oficio, en el sentido que no está facultada la Dirección General de Profesiones para cancelar ningún título”, comentó López Hernández en la conferencia de prensa de Palacio Nacional.

Las declaraciones surgen después de que la UNAM determinó el miércoles pasado que la tesis que Esquivel presentó en 1987 “es copia sustancial” de la que entregó en 1986 el entonces estudiante Edgar Ulises Báez de la Facultad de Derecho.

Y aunque la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM admitió que se copió la tesis, trasladó la decisión final sobre retirarle o no su título universitario a la ministra a la SEP.

Pero el secretario de Gobernación contestó este lunes que la SEP solo podría cancelar el registro, pero tiene que haber una resolución judicial o una inhabilitación, “cosa que no ha cumplimentado la UNAM”.

López Hernández consideró que el consejo universitario y el tribunal universitario de la UNAM es la instancia de que debe decidir.

“Se le pedirá a la Universidad Nacional Autónoma de México, al señor rector, que no evada la responsabilidad que tiene, sino que emitan ellos una resolución”, manifestó el titular de Segob.

La polémica de la tesis de Esquivel, señalada como cercana al gobierno federal, estalló en diciembre pasado durante su candidatura para encabezar la Suprema Corte, que el 2 de enero eligió a la ministra Norma Piña como su nueva presidenta.

Esquivel, propuesta en 2019 por López Obrador, ha sido controversial por ser esposa de uno de los contratistas predilectos del gobierno, José María Riobóo, y por votar a favor de temas propuestos por el mandatario, como la consulta para enjuiciar a expresidentes y la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo esta mañana que hay una campaña por parte del bloque conservador en contra del gobierno federal, por lo que ahora toman el tema de la ministra. “Están tan desesperados que inventan, mienten como respiran”.

Negó que se haya reunido en los últimos días con la ministra o con su esposo, el ingeniero Riobóo, como lo aseguraron diversos medios de comunicación.

Al acusar que en la UNAM hay grupos que defienden los intereses políticos y económicos de las minorías, dijo que el rector emitió un comunicado “mal aconsejado” sobre el caso de la ministra, pues dijo, a quien le corresponde resolver sobre si es legal o no el título de la ministra es a ellos. “El rector se lava las manos como Poncio Pilatos”.

AMLO presentó un video de Eduardo Andrade Sanchez, exabogado general de la UNAM, que describe el proceso que habría que seguir en relación al título de la ministra.

“Es una situación de la élite básicamente, porque ni modo que sea tan interesante para la mayoría del pueblo”, dijo el mandatario, cuestionando cuándo la Suprema Corte ha hecho algún beneficio del pueblo, de los más necesitados; dijo que el tema tiene que ver con los despachos de abogados dónde se llevan los litigios millonarios y la defensa de la política neoliberal.

“Sencillo corresponde a la UNAM decidir y presentar una denuncia para obtener un mandato judicial y anule la licenciatura de la ministra Yasmín (Esquivel). Tiene en la UNAM que presentar una denuncia, primero agotar las instancias internas, y si hay constancia de qué hubo plagio y que eso es motivo para anular el título profesional, tiene que presentar la denuncia ante el ministerio público”, sostuvo AMLO.

López Obrador dijo que da pena ajena el que la UNAM actúen de la manera en que lo ha venido haciendo, y por ello dijo que el gobierno federal no se va a someter. Y a quienes hablan de cuestiones morales en la permanencia de Yasmín Esquivel en la Corte, el presidente dijo: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la denuncia ante el INE que presentó el PAN y el PRD en contra de él y de otros funcionarios públicos por el presunto uso de recursos públicos en la marcha del pasado domingo.

Se le preguntó sobre los señalamientos que se les hace de coacción, acarreo, amenazas a empleados con respecto de perder su empleo o su cargo si no asistían a la marcha, a lo que dijo, la oposición está en su papel al ver que no conectan con la gente.

“Pues están en su papel, es una oposición que no ha podido levantar el vuelo porque no defienden causas justas”, lanzó el mandatario.

AMLO acusó que la oposición no hace más que denunciar, criticar e insultar. Como “no hay imaginación, no hay talento, como no tienen convicciones, porque para hacer política se necesita tenerle amor al pueblo y ellos son simuladores, por eso no han podido y nos acusan de todo”, recriminó.

Indicó que si tienen las pruebas que acrediten sus dichos, se tendrá que investigar y dar seguimiento.

Sobre si le preocupa o no la denuncia, el mandatario sostuvo que no, pues tiene su conciencia tranquila.

“Si hace uno algo malo y si se tiene conciencia, no puede uno estar tranquilo. No es nada importante, ni llega a ser anécdota, es parte de la desesperación”, agregó.

Sin embargo, sus ataques hacia la oposición no pararon ahí. López Obrador dijo que la oposición no termina de convencer pues para ellos no existe el pueblo, “lo menosprecian”. Tal como lo ha dicho en reiteradas ocasiones, insistió en que para los conservadores,  la política es asunto de los políticos, del llamado círculo rojo.

También dijo que la oposición tiene muy malos asesores: “imagínense que el jefe político es Claudio X. González, él es el que le da orden al del PRI, al del PAN, al del PRD (…) ¿qué experiencia política tiene?”, cuestionó.

En ese sentido, dijo que él y el movimiento que encabeza quieren que en México haya una auténtica democracia, no una dictadura como lo sugieren sus detractores. Apuntó que la democracia son contrapesos, oposición, derecho a disentir y no pensamiento único.

“Pero sí están muy debilitados. Y sus intelectuales orgánicos pues tampoco saben de política, porque una cosa es el manejo de la ciencia, incluso de la filosofía, de la literatura, se puede ser un buen intelectual y no necesariamente un buen político”, remató.

Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), enfrenta una denuncia por lavado de dinero que interpuso en su contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que depende de la Secretaría de Hacienda.

La denuncia se presentó el pasado lunes 14 de noviembre ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de tráfico de influencias y defraudación fiscal.

Recordemos que el exprocurador se encuentra recluido en el Reclusorio Norte, por su vinculación al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que se ha catalogado como un crimen de Estado.

Sin embargo, la UIF detalló que esta nueva denuncia se desprendió de una serie de investigaciones en el marco de las revelaciones de los ‘Pandora Papers’, que desenmascararon diversos instrumentos de elusión fiscal utilizados por diversos personajes públicos alrededor del mundo, incluido México.

“La UIF realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente mencionadas en la investigación de los Pandora Papers, entre ellas a Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República”, detalló la Unidad.

De acuerdo con el análisis hecho, Murillo Karam posiblemente esté relacionado con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el que se involucra una empresa familiar.

En dicha empresa, de la cual no se reveló el nombre, participan como socios el sobrino, yerno e hijos del exprocurador, quienes resultaron beneficiados con contratos gubernamentales cuando Murillo Karam se desempeñaba en la PGR.

La UIF identificó que esta empresa obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de 2013 a 2015, mientras Murillo Karam tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.

“Por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”, detalló la UIF.

Además, la UIF indicó que dicha empresa familiar presentó diversas irregularidades al momento de su constitución legal, pues los domicilios manifestados no concuerdan con las actividades indicadas a realizar. La empresa declaró fiscalmente deducciones similares a sus ingresos acumulables, lo que hace inviable el sostenimiento de la unidad económica al tener ganancias mínimas.

Asimismo, la autoridad identificó el envío y recepción de recursos con empresas simuladoras que han sido identificadas como empresas fachada, lo que configura “una posible defraudación fiscal”.

La UIF detectó que Murillo Karam recibió 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión en el extranjero en 2017, mientras que, entre 2020 y 2021, colocó en el extranjero 26.5 millones de pesos en cuentas propias.

En ambas situaciones, los recursos no fueron declarados ante el fisco, por lo que se procedió con su informe ante la FGR a través de una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los cuatro militares detenidos por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa presentaron ayer una denuncia pena contra quien resulte responsable ante la Fiscalía General de la República (FGR), alegando el uso de pruebas falsas.

Esta denuncia podría afectar el proceso de la investigación, con la que se ha comprometido el presidente López Obrador, e incluso alcanzar al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que ha dirigido las investigaciones.

El general retirado José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel fueron quienes presentaron la denuncia.

Los abogados de los militares, Alejandro Robledo Carretero y César González, indicaron que con la acción se busca hacer frente a lo que consideraron como un procedimiento “viciado” por la “fabricación y el uso de evidencias falsas” en el último informe de la Comisión de la Verdad y las indagatorias y procesos que adelantan las autoridades judiciales.

Independiente de las investigaciones que adelanta la comisión gubernamental, la Fiscalía General de la República avanza desde hace varios años un proceso que llevó a las detenciones de algunos exfuncionarios y los militares.

A raíz de las acciones de la Fiscalía a Rodríguez Pérez, quien era comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones, le dictaron cargos por el delito de delincuencia organizada, mientras que Martínez Crespo, Pirita Ochoa y Mota Esquivel enfrentan un proceso por los delitos delincuencia organizada y desaparición forzada.

Rodríguez Pérez fue mencionado por Encinas como el presunto responsable de la desaparición de seis de los 43 normalistas.

Tras asegurar que los cuatro militares implicados en el caso fueron “detenidos indebidamente con acusaciones sin fundamento, sin pruebas”, el abogado González señaló a Encinas de incurrir en “violación de correspondencia” y de presentar “declaraciones falsas” ante las autoridades, y lo instó a renunciar a la comisión.

“Ha abusado de sus facultades como funcionario público para buscar chivos expiatorios y producir resultados viciados y con todo esto ha dañado gravemente las posibilidades de éxito de las investigaciones. y la reputación del Ejército”, sostuvo el abogado en conferencia de prensa.

Al ser consultado sobre quiénes podrían ser alcanzados por la acción judicial, González afirmó que todo dependerá de lo que decida la Fiscalía.

Luego del pronunciamiento de los abogados, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa a los padres de los estudiantes, afirmó que los militares acusados “buscan confundir” con la “anuencia del mando”.

La organización dijo que la no verificación de parte del informe de la Comisión de la Verdad “no resta valor a pruebas de acusación” sobre colusión entre el narco y miembros del Ejército.

Y es que la investigación sobre la desaparición de los normalistas se vio envuelta en polémica la semana pasada luego que el grupo de expertos internacionales designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el GIEI, cuestionó la credibilidad de parte de las evidencias que se utilizaron para armar el más reciente informe de la Comisión de la Verdad.

Los expertos reconocieron que las pruebas utilizadas en el informe presentan “inconsistencias” en cuanto a fechas, la forma de escritura de algunos de los mensajes y los dispositivos que se utilizaron, lo que dijeron, complica la verificación de las evidencias.

Por su parte Encinas defendió las acciones de la Comisión y afirmó, en un video que difundió en su cuenta de Twitter, que se ha desatado una “intensa campaña” para “desacreditar el trabajo y las investigaciones”.

Recordemos que el subsecretario de Gobernación presentó a mediados de agosto un informe con indicios sobre los presuntos implicados en la desaparición de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre del 2014, así como en el ocultamiento posterior de los hechos, en el que participaron altos funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que presentó una denuncia en contra de personas que el pasado miércoles por la tarde provocaron daños al patrimonio en el campus de Ciudad Universitaria.

En un comunicado, la institución reportó que “unas 40 personas entre hombres y mujeres”, procedentes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel sur, “portando palos, hachas, martillos, entre otras herramientas, ocasionaron diversos daños a instalaciones universitarias”.

En particular, señalaron que los daños ocurrieron en la explanada y entrada principal de la torre de rectoría.

Se apuntó que “los agresores, encapuchados y vestidos de negro, detonaron varios artefactos explosivos” en la explanada.

Posteriormente, en la zona recreativa conocida como “Las Islas” “vandalizaron muros, así como las letras modulares “+UNAM”, ubicadas frente a la Biblioteca Central, la cual fue declarada por la Unesco en 2007 como Patrimonio Cultural de la Humanidad, junto con el campus central de la Ciudad Universitaria.

En una segunda acción, los encapuchados regresaron a la explanada de rectoría donde, “luego de arremeter contra la puerta principal de la torre, arrojaron artefactos explosivos y amedrentaron a las personas que transitaban por el lugar”.

Los hechos descritos quedaron registrados en una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía de Investigación Territorial de Agencia Investigadora COY-2.

La UNAM refrendó su disposición al diálogo para atender las demandas e inquietudes de estudiantes, rechazando el uso de la violencia como método para dirimir conflictos. Adelantó que aportarán a la autoridad investigadora “todos los elementos de prueba con que se cuenta, para la plena identificación de las personas agresoras”.

En las últimas semanas una decena de plantes de la UNAM se han ido a paro para exigir la solución de problemáticas locales que van desde la exigencia de seguridad hasta becas alimentarias pasando por temas de género y de transporte, entre otros.

Juan Antonio Ferrer, titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), confirmó que se presentará la denuncia en contra del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (COVAX), tal como lo anunció ayer el presidente López Obrador, por el incumplimiento en la entrega de dosis de vacunas.

El funcionario indicó que al inicio de la pandemia, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del mecanismo COVAX invitó a todos los países del mundo a que adquirieran vacunas para el COVID-19 de calidad y a un precio justo.

“El mecanismo no ha sido tan efectivo en la entrega. México, a través de la Secretaría de Salud federal hizo el convenio respectivo y no se ha respetado. Hoy la instrucción del Presidente es que se inicie el procedimiento legal, y lo vamos a hacer”, indicó Juan Antonio Ferrer.

Sin embargo, esta mañana el presidente López Obrador y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informaron que CONVAX ya entró en comunicación con el gobierno, a través de la cancillería para ver la entrega de dosis, aunque se indicó, que México se reserva su derecho a emprender acciones legales.

En temas del sector salud, Ferrer afirmó que el Insabi no es el responsable del desabasto de medicamento, ya que llega a los almacenes centrales de las entidades federativas y de ahí hay responsabilidad local de distribuir los medicamentos, lo que se denomina “última milla”, hasta los centros de salud, los hospitales y que le llegue al paciente.

“Por eso, el Presidente dio la instrucción de que los medicamentos los entregue a partir de ahora Birmex, porque los vamos a llevar por todos los centros de salud y hospitales con cargo al gobierno federal”, con apoyo de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, y la Guardia Nacional.

Indicó que se espera que en este año se sumen 15 estados a la federalización del sistema de salud, y para el 2023 los 17 restantes.

Al ser cuestionado sobre si desaparecerá el Insabi tal como se ha rumorado, Ferrer Aguilar dijo que “si eso compone el sistema de salud yo estoy de acuerdo. Nosotros no estamos por el puesto, nosotros no venimos al gobierno para tener un cargo. Nosotros venimos para que a la gente le lleguen los medicamentos y que los servicios de salud sean gratuitos”, remató.

En entrevista con El Heraldo Televisión, Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que la investigación que se abrió y que involucró al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados nunca fue con él directamente, sino contra una empresa ligada al legislador.

Además, reconoció que fue ilegal la filtración de dicha carpeta. “Es incorrecto que se haya filtrado una carpeta de investigación, efectivamente, porque además apareció un documento que yo había firmado y ciertamente incompleto”.

Dijo que aunque Mier hace referencia a una filtración que sucedió en mayo, no era la primera vez que había una filtración ilegal de la carpeta de investigación, pues ocurrió otra en julio del año pasado.

Nieto Castillo explicó que la investigación hacía mención a un cheque de 97 mil pesos que se depositó en la cuenta del morenista, pero aclaró que “no tenía que ver nada que ver con una actividad ilícita”.

“En el documento digo que Ignacio Mier no tiene relación, y que la transferencia, el cheque que se había depositado a su cuenta era de una empresa de la que él es accionista y por lo tanto no había ninguna irregularidad”, señaló el extitular de la UIF-.

El ahora miembro de los equipos de transición de Tamaulipas e Hidalgo, dijo que se tergiversaron las cosas en torno a dicha investigación, pues reconoció que se recibió una denuncia a la que se le dio trámite, y que en reunión con el gobernador Miguel Barbosa se planteó que existía dicha problemática, pero nunca se involucró directamente a Ignacio Mier.

Defendió que la reunión con Barbosa se dio en el marco de los encuentros que solía tener con muchos gobernadores, asegurando que él tiene una buena relación con Ignacio Mier. “Es un problema de poblanos, que se tendría que resolverse en Puebla” y no estar impactando a nivel nacional.

Al respecto, esta  mañana el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro reconoció que Nieto comenzara a poner las “cosas en su lugar”.

“Reconoce filtración ilegal, tergiversación de una carpeta de la UIF e insiste en que nunca hubo una ilegalidad de parte mía”, y acompañó su mensaje con un fragmento de la entrevista de Nieto.

Sobre aviso no hay engaño… o traición. Así fue como se expresó el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, al informar que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de compañeros de movimiento por por tráfico de influencias, entre otros delitos.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Mier Velasco detalló que la denuncia la presentó en contra de Santiago Nieto, ex titular de la UIF; Miguel Barbosa, gobernador de Puebla; Alejandro Armenta, senador de Morena, y el fiscal estatal, Gilberto Higuera.

La denuncia se presentó por los delios de revelación de secretos, tráfico de influencias y delitos cometidos por servidores públicos, con el propósito de “perjudicar sistemáticamente a Morena, y a personas que les son contrarios a sus intereses económicos, políticos y personales”.

“Le pido con firmeza a la Fiscalía General de la República realice las indagatorias conforme a derecho, cuidando el sigilo y el debido proceso, para evitar falsas narrativas como lo hicieron en mí contra y que motivó que la Unidad de Inteligencia Financiera emitiera enérgico extrañamiento a la Fiscalía del Estado de Puebla por falsear información”, sostiene el diputado en su mensaje.

Y es que recordemos que el mes pasado, Pablo Gómez, actual titular de la UIF, informó que el gobernador y el fiscal de Puebla filtraron una investigación contra el diputado, en el que se señalaba supuesto  lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal.

Y es que Mier Velazco. con supuesta información que salió desde el palacio de gobierno de Puebla, en complicidad con el extitular de la UIF, fue señalado en meses pasados de estar implicación en prácticas de lavado de dinero a través del Diario Cambio en Puebla, del que es socio, y que también involucraría a su director editorial, Arturo Rueda.

Se le señaló de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y evadir impuestos por cerca de 400 millones de pesos junto a otros socio y directivos del diario.

La dirigencia nacional del PRD presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por actos anticipados de campaña en conta de las tres principales “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

No podemos permitir que las “corcholatas presidenciales” violenten la Constitución y la ley electoral, dijo Ángel Ávila, representante del PRD ante el Consejo General del INE.

La denuncia se presentó en contra e la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el Secretario de Gobernación Adán Augusto López, quienes el fin de semana participaron en un evento de Morena en Toluca, Estado de México.

El partido del Sol Azteca señaló que los tres funcionarios incurrieron en actos anticipados de campaña, además de que utilizaron recursos públicos pese a que los tiempos legales electorales aún no inician.

“Los funcionarios públicos no pueden por ley utilizar recursos públicos para su auto-promoción, por eso en esta queja también denunciamos al presidente de Morena, Mario Delgado”, añadió el PRD.

Ávila llamó a Morena y a las corcholatas a que en lugar de estar pensando en el 2024, los tres funcionarios se dedicaran a trabajar y entregar buenas cuentas a la ciudadanía, que son quienes con sus impuestos les pagan sus salarios para dar resultados y no para estar en campaña permanente.

En el mismo sentido se manifestó el PAN, quien presentó una queja ante la Unidad de Quejas y Denuncias del INE, que implemente las medidas cautelares para suspender toda la publicidad relacionada con el evento de Morena en Toluca.

Acción Nacional coincidió en que en el acto del Estado de México hubo promoción de precandidatos, concentración masiva, difusión de imagen y materiales promocionales.

“Se debe precisar que estamos frente a propaganda pagada electoral y no política de contenido genérico, pues finalmente es criterio reiterado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la propaganda política pretende crear, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, así como estimular determinadas conductas políticas”, se señala en la queja.

El diputado del PAN, Gabriel Quadri, presentó ayer ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra quienes resulten responsables, por el internamiento en México de “médicos esclavos cubanos y por violación a las leyes de trata personas, migración, educación y derechos humanos”.

El diputado de oposición exigió medidas cautelares para impedir que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “traiga nuevos médicos esclavos cubanos en los términos en los que firmó acuerdos con la dictadura cubana en su reciente viaje a dicha isla”.

Afirmó que la presencia de Médicos Cubanos en México bajo dicho esquema viola el convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo forzoso. Además, indicó que se viola la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, ya que estas acciones conllevan a esclavitud y explotación laboral.

Quadri de la Torre expuso que además de la explotación ilegal y de esclavitud contemporánea, se viola la Ley General de Educación y el requisito de revalidación de estudios realizados en el extranjero; explicó que los médicos cubanos no acreditan y no tienen cédula profesional para poder ejercer la medicina en nuestro país, lo que constituye usurpación y, por lo tanto, un delito.

El legislador agregó que también se viola la Ley de Migración en sus artículos 10 y 11, que establece el derecho a los migrantes a la preservación de la unidad familiar, y el artículo 17, que señala que son las autoridades mexicanas, las que podrán retener la documentación migratoria de estas personas, siendo que son las autoridades cubanas quienes les retienen sus pasaportes y otros documentos migratorios.

“Es fundamental investigar y sancionar penalmente el internamiento en México de médicos esclavos cubanos, estamos interponiendo esta denuncia, a quien resulte responsable, empezando por el presidente López Obrador”.

Para finalizar, denunció que estos médicos “carecen de un contrato, son vigilados día y noche por comisarios políticos de la dictadura, quienes se aseguran que cumplan con sus labores de propaganda, que no deserten, que no huyan, que no se queden, que no se vayan y que sigan bajo este esquema de esclavitud”.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira, afirmó que la denuncia presentada por Mario Delgado, presidente nacional de Morena, en contra de los diputados que no apoyaron la reforma electoral es uno de los mayores atentados a la democracia mexicana.

El priísta señaló que tratar de eliminar a la oposición es muestra de “una intención totalitaria y pone en riesgo la marcha del país”.

Aseveró que las y los diputados del PRI, conscientes de su responsabilidad histórica y después de agotar los espacios de diálogo, reiteraron su rechazo a una iniciativa que ponía en peligro el desarrollo económico de la Nación.

Además, el legislador refutó cualquier acusación que desde el partido oficial se haga por su decisión y actuar. “Tomamos en serio la acción jurídica realizada por el señor Mario Delgado y levantaremos la voz para denunciar este atentado contra la democracia”, advirtió.

Dijo que en los próximos días, la bancada del PRI en Diputados comunicará a todos los parlamentos del mundo la acción realizada por el partido oficial, que traducen como un intento de acabar con la democracia mexicana y dejar al parlamento sin la oposición.

El clima nacional, recalcó, no merece acciones como las que encabeza Mario Delgado, ya que trastoca la marcha de las instituciones y prende la alerta de intentonas golpistas.

“Morena no tiene capacidad de diálogo, no sabe construir acuerdos, está mostrando la cara de la intolerancia y el verdadero rostro fascista que esconde bajo una máscara de supuesta apertura”, manifestó.

Moreira Valdez externó su confianza en las autoridades de procuración de justicia de este país, “pero no pasamos por alto el ánimo fascista del partido que más legisladores tiene en la Cámara de Diputados”.

Agregó que no es de un demócrata denunciar por el hecho de no coincidir en un tema, sobre todo cuando hubo un periodo de análisis, en el que se escuchó a diferentes sectores y se dieron buenas razones para no apoyar una iniciativa que no beneficiaba a México.

El senador con licencia Félix Salgado Macedonio presentó ante la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político, misma que ratificó, contra los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo ocurrido en el pasado proceso electoral donde se le retiró la candidatura por Morena a gobernador de Guerrero.

En declaraciones a la prensa, señaló que la denuncia versa sobre el abuso y excesos en el ejercicio de sus facultades como servidores públicos, que violaron el marco jurídico y el derecho de un ciudadano a ser votado.

“Hago pleno uso de mis derechos como ciudadano mexicano, acreditado con mi credencial de elector, he venido a poner esta denuncia; ya se ratificó y turnó a la comisión correspondiente para que analicen la procedencia o no de la denuncia”, comentó.

Dijo que la solicitud se presenta porque los consejeros “tuvieron excesos en su determinación”, no como una venganza, por lo que se busca obtener una respuesta jurídica, no política.

Asimismo, Salgado Macedonio informó que, junto a un contingente de guerrerenses, también presentó un documento, firmado por 505 ciudadanos, que apoya la iniciativa de reforma electoral que envío el presidente López Obrador al Congreso.

“El INE ya perdió toda credibilidad, ya actúa sin congruencia; es incongruente y abusivo”, dijo el político, quien estuvo acompañado por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado.

Delgado subrayó que el caso de Félix Salgado es uno de los más “vergonzosos en la historia de la democracia” en México, porque se violaron los derechos políticos fundamentales establecidos en la Constitución.

“Por eso Félix viene a poner esta denuncia de juicio político, pero también un documento donde el pueblo de Guerrero está apoyando la reforma electoral de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y estamos exhortando a los diputados a que se apruebe”, concluyó.

En la denuncia de juicio político de Salgado Macedonio se señala a las consejeras y los consejeros Lorenzo Córdova Vianello, Ciro Murayama Rendón, Carla Astrid Humphrey Jordán, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez y Beatriz Claudia Zavala Pérez.