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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), Santiago Nieto, informó que en la reunión que sostuvo con diputados, propuso modificar la Ley de Instituciones de Crédito, para que se establezca un procedimiento que permita el bloqueo de cuentas bancarias con recursos de procedencia ilícita.

Sobre las denuncias que ha presentado la UIF a la Fiscalía General de la República (FGR) y de qué tipo son, Nieto Castillo expuso que al momento se han presentado 56 denuncias ante la FGR y han dado 31 vistas ante las autoridades administrativas por alguna responsabilidad de carácter fiscal o administrativo.

“Esto incluye temas relacionados con corrupción política, robo de hidrocarburos, asuntos vinculados con trata de personas, tráfico de migrantes y con empresas fachada y factureras que están generando ataques a los grupos establecidos y una competencia desleal al empresariado mexicano”, detalló.

Al ser cuestionado sobre las investigaciones en torno a la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAH) y las cuentas del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, el funcionario indicó que la UAH ha presentado su garantía de audiencia en términos de la ley, sin embargo, confirmó que las cuentas permanecen bloqueadas en razón de que la UIF consiguió que los jueces de distrito negaran las suspensiones provisionales y definitivas a la universidad.

“Estamos analizando la información que ha dado en este momento la universidad, ellos presentaron más de 15 cajas de documentación que a su dicho amparan las operaciones por las cuales han sido detectados por el Sistema Financiero, pero el trabajo de la UIF es analizar la información y si se logra acreditar la procedencia lícita de los recursos se desbloquearán”, puntualizó.

Respecto al caso de César Duarte, el funcionario comentó que se ha generado el congelamiento de cuentas y que están en espera de que “en su caso se promuevan las acciones legales y nosotros sostendremos nuestro acuerdo para efecto de evitar que finalmente recursos provenientes de corrupción política sean utilizados en el sistema financiero y en las actividades vulnerables”, remató.

Este lunes, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, encabezó una conferencia de prensa con motivo de los 100 primeros días de sus administración.

Indicó que a pesar de que en la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía, se le concede y se le autoriza a proponer la reorganización de dicha Institución en un plazo de un año, se optó por dar a conocer el proceso de diagnóstico, evaluación y propuestas que ya se tienen en la institución.

«Voy a informar a ustedes cuál es el estado en el que se recibió esta Institución; en cada uno de sus rubros; señalaré también qué hemos hecho hasta el momento para resolver lo que corresponde; y cuál es el avance en nuestra visión autónoma en la procuración de justicia, para cambiar, profunda y realmente, la función de procurar justicia para todos, acabando con el modelo tan negativo que hemos sufrido los mexicanos», indicó Gertz Manero.

Detalló que a su llegada a la institución, se encontró un rezago injustificado de más de 300 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación, sin resolver. Además no se encontró control, ni centralización de las denuncias o querellas presentadas.

Al respecto dijo que el promedio general de eficiencia terminal favorable, en sentencias definitivas judicializadas, no alcanzaba más del 5% del volumen total de asuntos tramitados.

Otro de los problemas encontrados fue que no existía un control integral de calidad en la judicialización de las carpetas de investigación; ya que únicamente se prestaba asistencia técnica al Ministerio Público por excepción y en casos muy contados.  Tampoco existía algún programa de verificación sobre el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación a cargo de cada Agente del Ministerio Público.

No había control alguno sobre los tiempos máximos para integrar las investigaciones, ni para identificar atrasos en las averiguaciones previas y carpetas, por lo que las denuncias podían quedarse meses o años, sin determinarse.  Adicional, tampoco existía ningún sistema efectivo para comprobar el cumplimiento de mandamientos judiciales y peritajes.

Enfatizó que no existía control efectivo sobre los Agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados, quienes supuestamente le debían dar seguimiento a los procesos judiciales, que se estaban perdiendo mayoritariamente. Se pudo determinar el número exiguo de 4 mil elementos policíacos en activo, para todo el país, de los cuales se distraían a 800 elementos, para prestar servicios de protección y seguridad a funcionarios, exfuncionarios, políticos y personas diversas.

Sobre la estructura administrativa que se encontró, Gertz Manero explicó que existía una evidente anarquía en la estructura administrativa, con áreas de atención a la ciudadanía con grave escasez de personal de apoyo; mientras que, por otro lado, había áreas no prioritarias, con exceso de personal desperdiciado o subutilizado.

Tal como se ha sucedido en otras dependencias, dijo que se tenía un número desproporcionado de funcionarios de alta jerarquía, así como plazas eventuales y contratos de honorarios, con elevadas percepciones, sin que estuvieran establecidas con precisión sus obligaciones laborales, ni su vinculación y evaluación de resultados y productividad.

Puntualizó que se halló una falta evidente de control sobre el uso y el estado de la flota de transporte terrestre, compuesta por un total de 4 mil vehículos, entre propios y arrendados, que incluye un gran número de unidades blindadas, para uso de altos funcionarios y sus allegados.

Entre los problemas que también se detectaron, están la compras multimillonarias de aeronaves; la falta de control en la utilización de la infraestructura inmobiliaria; gastos de Seguridad Pública se aplicaron en forma irracional y sospechosa; la falta de control adecuado en la asistencia del personal, un mal ejercicio del gasto en las Delegaciones Estatales, entre otros.

Respecto a las acciones que se han llevado a cabo en los 100 primeros días de trabajo, el Fiscal General de la República indicó que se creó un modelo de Oficialía de Partes Única en cada área central de la Institución, y en cada estado; el inició un análisis de cargas de trabajo y resultados en las áreas sustantivas del Ministerio Público y de apoyo administrativo, a fin de reconocer al personal que desempeña de manera sobresaliente su función y, al mismo tiempo, para poder exigir que todos los Agentes del Ministerio Público se responsabilicen del trámite y de los resultados de las carpetas de investigación que se les asignen.

Se creó exprofeso un programa de operación y seguimiento de la acción penal denominado “Sistema de Evaluación de Resultados” (SER); sobre la fuerza policial que estaba dedicada a prestar servicios de protección y de seguridad a funcionarios, exfuncionarios, políticos y otras personas, se han recuperado más de 320 elementos.

Precisó que del primero de diciembre a la fecha, el Gobierno Federal y sus organismos han presentado 12 mil 700 denuncias por actos de corrupción. La Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, han sido los principales denunciantes.

Dijo que hasta el momento, se han judicializado más de 400 casos, con más de 620 detenidos.

Adicional se ha llevado a cabo una revisión general de las 26 mil plazas autorizadas, con el propósito de reorientar al mayor número de servidores públicos en el apoyo a víctimas y ofendidos, en la presentación de sus denuncias y en el seguimiento de éstas.

También se lleva a cabo una política diaria de control en los gastos de operación, y se están analizando contratos y convenios inoperantes o de alto costo y cualquier otro gasto superfluo.

«Todas las tareas emprendidas no serán fructíferas, si no cambiamos en forma permanente e irreversible, las estructuras básicas de la procuración de justicia, ya que en el mismo momento en que los corruptos y los enemigos de la democracia lo puedan realizar, le darán marcha atrás a todo lo que se haya logrado», dijo Gertz Manero.

Por ello, explicó, han considerado tres premisas básicas: La prontitud en la justicia; la reparación inmediata del daño y, el establecimiento de los controles sociales para abatir el crecimiento desmedido del fenómeno delictivo.

Esta tarde se registró una balacera en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, en lo que según los primeros reportes, habría sido un atentado contra el periodista Héctor de Mauleón.

Se informó que en el cruce de Francisco Márquez y Mazatlán, se registró un enfrentamiento luego de que una persona abriera fuego en contra del periodista. Ante el ataque, la escolta de De Mauleón respondió, lo que provocó que el presunto agresor perdiera la vida.

Se sabe que De Mauleón y su escolta fueron trasladados al ministerio público de la coordinación territorial Cuauhtémoc II, para rendir su declaración y saber qué fue lo que pasó.

Se sabe que tanto el periodista como su escolta resultaron ilesos. Algunas versiones manejan que se trató de un intento de asalto, sin embargo hasta ahora no se tiene un reporte oficial.

El cuerpo del agresor quedó sobre la calle, donde los elementos policíacos han acordonado el área, en espera de los servicios forenses, quienes llegaron minutos más tarde.

En repetidas ocasiones, el periodista ha ventilado amenazas que ha recibido debido a su trabajo periodístico, en el cual ha denunciado cómo operan las redes de narcomenudeo en la capital del país.

En el marco del movimiento #MeToo que esta semana tomó fuerza en nuestro país por la denuncia que se presentó, de forma anónima, en contra del músico Armando Vega Gil, quien finalmente se quitó la vida ante la acusación, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) se pronunció al respecto.

La dependencia señaló que está a favor de escuchar la voz de miles de mujeres que presuntamente han sufrido acoso, hostigamiento y/o violencia sexual, a la par de que condena dichos actos.

Exhortó a las víctimas a denunciar ante las autoridades competentes, para que los hechos sean investigados, sancionados, se repare el daño causado y no se vuelvan a repetir. Indicó que la denuncia permitirá acabar con la impunidad.

Sin embargo, frente a las denuncias que se han comenzado a hacer de forma anónima y a través de las redes sociales, “hacemos un llamado a respetar la presunción de inocencia y el debido proceso en todos los casos, y a que se actúe de manera diligente, imparcial, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, evitando procesos de revictimización, para que cada día más mujeres violentadas tengan confianza en la denuncia oficial”.

El INMUJERES recordó que se encuentra disponible el “Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual”y reiteró su compromiso para promover políticas de “cero tolerancia” a cualquier tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, y a fomentar la prevención, para erradicar abusos, conductas machistas o misóginas.

El Gobierno de Morelos, a través de la Consejería Jurídica, presentó este miércoles cinco denuncias más ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presuntas irregularidades detectadas en diferentes dependencias estatales, durante la anterior administración.

Se indicó que una de estas demandas, es de carácter penal contra el ex gobernador Graco Ramírez y otros ex funcionarios de primer nivel.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, detalló que la denuncia presentado en contra del ex mandatario estatal responde a los delitos de ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias y posible enriquecimiento ilícito.

Fue el consejero Jurídico, Samuel Sotelo Salgado, quien precisó que se detectaron triangulaciones de operaciones realizadas por funcionarios, que en su momento estuvieron en la administración anterior, con particulares y las empresas BERSO Edificaciones S.A. de C.V. y TEKARQ S.A. de C.V., con las cuales se dispusieron de recursos públicos que afectaron gravemente al erario del Estado.

Las otras cuatro denuncias fueron por irregularidades encontradas en áreas que dependen de las secretarías de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), Turismo y Cultura (STyC), Desarrollo Sustentable (SDS) y Desarrollo Agropecuario (Sedagro).

Con las presentadas hoy, suman alrededor de 40 denuncias las que el gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco ha exhibido ante esta Fiscalía contra sus antecesores, además de la presentada por presuntos actos delictivos en contra del ex gobernador e integrantes de su familia, ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Elementos de las Fuerzas Armadas aseguraron al menos cuatro tomas clandestinas en Cuatlacingo en el municipio de Otumba, Estado de México.

Al arribar a la zona, los militares tuvieron un enfrentamiento verbal con los habitante de la zona, quienes se negaban a que la zona fuera resguardada, debido a que recolectaban combustible de manera ilegal. Por ahí atraviesa el ducto Tuxpan-Azcapotzalco.

Según informes, tras percatarse de la presencia de personas y camionetas con las cuales se transportaba el combustible robado, las fuerzas armadas intervinieron, por lo que fueron agredidos físicamente por la población. Trascendió que tres uniformados resultaron heridos.

Se reportó que tras la intervención, dos personas fueron detenidas, además de seis vehículos, una motocicleta y diversos contenedores de combustibles.

Adicional, se informó que elementos de la Policía Federal, localizaron 18 tomas clandestinas en Hidalgo: tres en Tetepango, 11 en Tlahuelilpan y cuatro en Huichapan.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la ubicación de 14 tomas fueron resultado de las labores de proximidad, vinculación e inteligencia con los pobladores de dicho municipio, lo que contribuyó en la realización de denuncias ciudadanas.

Con la información de las denuncias, los efectivos desplegaron operativos de búsqueda, detección y neutralización de las tomas.

La dependencia aclaró que en todas las acciones se realizó la custodia de las tomas, las cuales no presentaron derrames ni bajas de presión, además de que se informó de inmediato a Petróleos Mexicanos y al Agente del Ministerio Público Federal.

 

El Partido Acción Nacional (´PAN) exigió al gobierno federal hablar con la verdad sobre el desabasto de gasolinas, que dijo, ha afectado la movilidad de millones de mexicanos, a la educación en varios estados y comprometido la comercialización de varios productos.

El dirigente nacional del blanquiazul, Marko Cortés, afirmó que es necesaria una explicación clara a los ciudadanos, pues ya no es creíble el argumento de que el desabasto es por el combate al huachicoleo, ya que la escasez se ha generalizado y es creciente.

“Pareciera que la incapacidad, la falta de planeación, ahora se busca  justificar en un supuesto combate al robo de combustible, cosa que en Acción Nacional y todos los mexicanos respaldamos, siempre y cuando sea un combate inteligente y efectivo, sin que salga más caro el combate que lo que hoy estamos enfrentando, que son pérdidas multimillonarias de millones de mexicanos”, explicó.

Cortés Mendoza dijo que en este tema el responsable directo es el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por su falta de visión como Jefe de Estado.

El líder del PAN adelantó que su partido está preparando la ruta jurídica para orientar y apoyar a los ciudadanos que decidan denunciar al gobierno federal por las afectaciones que han tenido debido al desabasto de gasolinas. Dijo que el gobierno de la República tiene que responder ante sus malas decisiones.

 

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) hizo un llamado al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a honrar su palabra, y que su gobierno dé seguimiento a las más de 60 denuncias penales y administrativas que han interpuesto en contra de servidores públicos.

La organización indicó que las denuncias se han presentado en contra de servidores públicos pertenecientes a 19 dependencias centrales y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal y diversas empresas privadas por el manejo irregular y desvío de más de 6 mil 700 millones de pesos.

Recodaron que López Obrador ha dicho en repetidas ocasiones que si hay investigaciones abiertas se van a continuar. Subrayaron que de acuerdo a sus declaraciones, todo lo que esté en curso se tiene que concluir y la autoridad competente tiene que resolver.

“Mexicanos Contra la Corrupción solicita al Presidente Electo que, honrando su palabra y en el ámbito de sus facultades, garantice las condiciones necesarias para que el Fiscal General de la República y el Fiscal Anticorrupción, así como la Secretaria de la Función Pública, que entrarán en funciones en unas horas, prosigan con las investigaciones de las denuncias ya presentadas garantizando un verdadero acceso a la justicia y combate a la impunidad”, dijo MCCI.

La organización adelantó que aún y con el cambio de gobierno, seguirá implementando acciones legales en contra de funcionarios públicos y privados que participen en actos y redes de corrupción.

 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que lleva a cabo una investigación respecto a los hechos acontecidos en el poblado de San Juan Ixhuatepec, en el municipio de Tlalnepantla.

Indicó que las investigaciones que se siguen giran en dos vertientes, una es el posible abuso de autoridad que habrían cometido elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en contra de vecinos de la comunidad de San Juan Ixhuatepec, quienes resultaron lesionados y con daños en sus inmuebles y vehículos.

La segunda vertiente es respecto a las lesiones que pudieron haber sufrido policías preventivos, tanto de la Ciudad de México como de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, de la Policía Municipal de Tlalnepantla y Policías Federales, durante las horas transcurridas desde que se registró la incursión de los uniformados capitalinos en territorio mexiquense, hasta que fue liberado el bloqueo realizado por civiles en la Autopista México-Pachuca, así como el daño a unidades oficiales de las distintas corporaciones.

La dependencia indicó que para integrar las carpetas de investigación, Ministerios Púbicos fueron enviados a la zona donde se registró el conflicto, en donde recabaron denuncias por parte de los vecinos, principalmente por la probable comisión de delitos referentes a lesiones y daño en los bienes, tanto en inmuebles como en vehículos.

Señaló que hasta el momento se han recibido 63 denuncias.

La FGJEM solicitó a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México la lista de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que participaron en la movilización, por lo que dijo que una vez que tenga la información, los elementos serán entrevistados. De igual manera señaló que será requerida la entrevista ante el Ministerio Público de la persona que estuvo al mando de esta movilización.

Confirmó que personal de la Fiscalía realizó un recorrido por la zona de San Juanico, para registrar y cuantificar los daños causados a inmuebles y a vehículos.

 

La Cámara de Diputados, a petición de la diputada de Morena, Dorheny García Cayetano, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) remitir, en un término no mayor a 10 días hábiles, un informe sobre el estado que guardan las carpetas de investigación relativas a las denuncias presentadas contra el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.

En el exhorto se detalla que las denuncias referidas son por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, y se solicitó a la dependencia agilizar la integración de las averiguaciones, a fin de determinar la probable responsabilidad y proceder en consecuencia.

García señaló que existen tres denuncias penales contra Yunes Linares, cuyas indagatorias fueron abiertas antes del primero de diciembre de 2016, cuando comenzó su administración en Veracruz.

Precisó que la primera acusación fue presentada en mayo de 2013 y tras cuatro años de averiguación previa, la PGR no ha ofrecido resultados. Las otras dos, son por lavado de dinero, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito, con fecha de 2016.

La legisladora expresó estar consciente de que el contenido de una carpeta de investigación es información reservada, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo, estimó que “el pueblo veracruzano demanda saber si al menos se ha dado seguimiento a los hechos que, con escándalo, han retratado públicamente la figura de quienes ejercen el gobierno y disponen de los recursos que todos aportamos”.

El también diputado de Morena, Eulalio Juan Ríos Fararoni, sostuvo que Yunes Linares ha hecho de la función pública un patrimonio y una gran empresa, “porque su vida la ha dedicado a exprimir el presupuesto de este país”.

Por su parte el legislador del PAN, Carlos Alberto Valenzuela González, dijo que su grupo parlamentario votó a favor de este punto de acuerdo porque “nosotros siempre estaremos a favor de la legalidad y transparencia”.

 

Luego de que desde el fin de semana pasado comenzara a circular en redes sociales la información de una supuesta agresión a una alumna del CCH Naucalpan, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló que no se ha podido corroborar dicha agresión, por lo que hizo un llamado a que quien cuente con detalles para dar seguimiento al caso.

A través de un comunicado señaló que pese a la desinformación que existe sobre la supuesta agresión, decidió presentar las denuncias correspondientes ante las procuradurías de la Ciudad de México y del Estado de México, para que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes.

Reconoció que existen diferentes versiones sobre los supuestos hechos, publicadas a través de las redes sociales y medios de comunicación. «Son confusas e incluso incurren en contradicciones respecto al sitio donde se dice que ocurrió la supuesta agresión».

Sostuvo que desde que se tuvo conocimiento de la denuncia, personal de la UNAM acudió a los ministerios públicos y a los hospitales de la zona para indagar si había sido presentada alguna denuncia o si existía algún ingreso de una paciente con una lesión similar a la que se mencionaba.

«En todos los casos no encontró ningún dato que pudiese estar relacionado a la información que en redes circulaba», advirtió la Máxima Casa de Estudios.

Añadió que también se procedió a revisar las bases de datos de la Dirección General de Servicios Escolares del CCH para identificar a alumnas que pudieran coincidir con el nombre de la supuesta alumna lesionada; sin embargo dijo que en los casos donde hubo coincidencias se estableció comunicación y «todas ellas se encontraban con buen estado de salud y negaban haber sido agredidas».

Recordemos que la información que circuló en redes sociales señalaba que una alumna que asistía a la Asamblea Interuniversitaria como comisionada de CCH Naucalpan, había sido interceptada, golpeada, apuñalada y amenazada.

 

Con motivo del análisis del Sexto Informe de Gobierno, el titular de la Secretaría de Salud, José Narro, compareció ante diputados de la actual legislatura, ante quienes respondió a los señalamientos que han hecho a la dependencia por supuestos desvíos de recursos, deficiencias en la calidad de servicios médicos, Seguro Popular y desabasto de medicamentos.

Narro reconoció la importancia del uso eficiente y transparente del presupuesto del ramo, pues dijo “no se vale desviar dinero público; pero hacerlo en el caso de la salud, es un doble crimen, un doble delito”.

Al respecto subrayó que la dependencia ha presentado 70 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), por el desvío de mil 150 millones de pesos. «Hemos estado insistiendo frente a la Procuraduría para que nos informen del avance de estas situaciones”.

Informó que el presupuesto para las instituciones de salud y seguridad social aumentó de 2013 a 2018, en términos reales, 4.7%; es decir, 3.3 billones de pesos, de los cuales 68% se va a las entidades, explicó.

Finalizó indicando que para el gobierno actual, la salud ha sido prioridad. “Claro que tenemos problemas y claro que hay situaciones que urge remediar en el país”.

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso multas por 6 millones 245 mil 121 pesos a los partidos políticos PT, PAN, PVEM, MC, PRI y Nueva Alianza, por violar las disposiciones electorales de libre afiliación de ciudadanos.

En sesión extraordinaria, el Consejo General resolvió 201 quejas de afiliaciones indebidas de ciudadanos, de las cuales 154 resultaron fundadas.

Las sanciones totales impuestas esta tarde a los partidos políticos por indebida afiliación fueron las siguientes:

PARTIDO POLÍTICO MULTA No. CIUDADANOS
NA $41,575.89 1
PVEM $140,674.62 3
PT $3,220,536.2 80
PAN $1,399,784.66 38
MC $51,745.20 1
PRI $1,390,804.62 31
TOTAL $6,245,121.19 154

 

Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, explicó que hasta el momento el INE ha recibido 20 mil 792 quejas de ciudadanas y ciudadanos por ser afiliados indebidamente, de las cuales se han resuelto mil 969 y se han impuesto sanciones por 19 millones de pesos a casi todos los partidos políticos.

“Les hago un recordatorio a los partidos políticos para que verifiquen sus procesos de afiliación y tengan un registro muy exacto de las personas que se han afiliado y cuántas se han desafiliado al partido, porque lamentablemente hay muchos casos”, precisó la consejera Favela.

 

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