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La investigación del fiscal especial Jack Smith sobre el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, por su participación en el asalto al Capitolio de 2021 y la sustracción de documentos clasificados de la Casa Blanca, ha costado hasta el momento cerca de 9 millones de dólares.

El balance facilitado este viernes por el Departamento de Justicia precisó que desde el nombramiento de Smith en noviembre de 2022 y hasta el pasado 31 de marzo, su oficina ha desembolsado 5.4 millones de dólares en personal, viajes o adquisición de material, entre otros servicios, mientras que otras agencias del Departamento de Justicia han invertido 3.8 millones.

En esos 3.8 millones se incluye el costo de la seguridad asignada al fiscal especial, que antes de ser designado para esa labor ejercía como fiscal de La Haya para crímenes de guerra en Kosovo. Otra de las partidas más importantes, de 2.6 millones de dólares, corresponde al pago del salario del personal.

Recordemos que Trump fue imputado el mes pasado ante un tribunal de Miami por la retención ilegal de secretos del Gobierno, obstrucción a la Justicia y conspiración, entre otros delitos.

Se trató de la primera vez en la historia del país en la que un exmandatario resultó imputado con cargos federales y esa acusación llegó en plena campaña por las elecciones presidenciales de 2024.

De acuerdo con el escrito de la acusación, el exmandatario republicano se habría llevado ilegalmente en 2021, cuando abandonó la Casa Blanca, centenares de documentos clasificados, incluidos secretos nucleares, que almacenó en su mansión de Mar-a-Lago en Florida, en lugares como un dormitorio, un salón de baile, un baño y una ducha.

La investigación sobre su rol en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, que tuvo lugar mientras se certificaba la victoria de Joe Biden en los comicios de noviembre del año anterior, sigue abierta.

Trump ha reiterado en numerosas ocasiones que se considera víctima de una “cacería de brujas”, mientras que desde la Fiscalía se ha recordado que nadie está por encima de la ley.

Según otro informe difundido también este viernes por el Departamento de Justicia, el fiscal especial Robert Hur, asignado para investigar los documentos clasificados hallados en el domicilio de Delaware del actual mandatario, Biden, gastó entre los pasados 12 de enero y 31 de marzo 615,962 dólares.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó esta tarde que buscará que sean desestimados los cargos en contra del exsecretario de Defensa mexicano, Salvador Cienfuegos, para que pueda ser investigado bajos leyes de nuestro país.

Cienfuegos, secretario de Defensa en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, fue aprehendido en octubre pasado en el aeropuerto de Los Ángeles, acusado de haber recibido sobornos a cambio de protección a narcotraficantes, conspiración para manufacturar, importar y distribuir narcóticos en Estados Unidos, así como de lavado de dinero.

A través de un comunicado conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), señalaron que la dependencia mexicana abrió su propia investigación tan pronto supo de la detención y los cargos que se le fincaban al secretario mexicano.

“En reconocimiento de la fuerte relación en materia de procuración de justicia entre México y Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado la decisión de procurar que se desechen los cargos penales federales estadounidenses contra el exsecretario Cienfuegos a fin de que se pueda investigársele y, si correspondiere, imputársele cargos conforme al derecho mexicano”, indicaron las dependencias.

El Departamento de Justicia de EUA indicó que conforme al Tratado que rige cómo se comparten pruebas, se le han proporcionado a la FGR pruebas del caso, además de que se comprometió a seguir cooperando en torno a la investigación que se realice en México.

“Como lo refleja la decisión de hoy, somos más fuertes cuando trabajamos juntos y respetamos la soberanía de nuestras naciones y sus instituciones. Esta estrecha relación de socios incrementa la seguridad de los ciudadanos de nuestros dos países”, remató el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Sobre la información difundida, la FGR difundió en redes sociales un mensaje en el que confirmó el acuerdo alcanzado con su par estadounidense, sobre solicitar a la Jueza que se desestimen los cargos penales contra Salvador Cienfuegos.

Por su parte el canciller Marcelo Ebrard informó que el general Cienfuegos será retornado a nuestro país para ser procesado si así lo acuerda la Jueza del caso.

El secretario de Justicia de los Estados Unidos, William Barr, ha autorizado a los fiscales federales de todo el país investigar “acusaciones sustanciales” de irregularidades en la votación de la jornada electoral del pasado martes.

Dichas investigaciones se darán antes de que se certifique la elección presidencial, a pesar de que hay poca evidencia de las irregularidades que denuncia la campaña del presidente Donald Trump.

La medida adoptada de Barr plantea la posibilidad de que Trump utilice al Departamento de Justicia para tratar de impugnar el resultado que hasta ahora da a Joe Biden como ganador de la contienda.

La decisión le da a los fiscales la capacidad de desentenderse de la añeja política del Departamento de Justicia que normalmente prohibiría tales medidas antes de que la elección sea formalmente certificada.

Y es que recordemos que Trump no ha reconocido su derrota, y en su lugar afirma sin pruebas, que ha habido una conspiración multiestatal de los demócratas para sesgar el recuento de votos a favor de Biden.

Biden tiene una ventaja considerable en varios estados reñidos tales como Georgia, Arizona y Carolina del Norte, y en donde no ha habido indicios de suficientes votos mal contados o emitidos ilegalmente que cambien el resultado.

De hecho, los funcionarios electorales de ambos partidos políticos han declarado públicamente que la elección salió bien, aunque ha habido cuestiones menores que son típicas en las elecciones, incluyendo fallas en algunas máquinas de votación y votos que fueron mal emitidos y perdidos.

En un memorando dirigido a los fiscales federales, Barr escribió que las investigaciones “pueden llevarse a cabo si hay acusaciones claras y en apariencia creíbles de irregularidades que, de ser ciertas, pudieran afectar el resultado de una elección federal en un estado concreto”.

Los estados tienen hasta el 8 de diciembre para resolver las disputas electorales, incluyendo recuentos e impugnaciones judiciales sobre los resultados. Los miembros del Colegio Electoral se reúnen el 14 de diciembre para formalizar el resultado.

El fiscal especial Robert Mueller, rompiendo un silencio de dos años acerca de su investigación sobre los vínculos entre Rusia y el equipo de campaña de Donald Trump, anunció este miércoles que renunciará al Departamento de Justicia.

El fiscal hizo el anuncio en sus primeras declaraciones públicas desde su designación hace dos años a cargo de la investigación especial.

Mueller ha estado en la nómina del Departamento de Justicia desde que concluyó formalmente su investigación en marzo.

No está claro qué ha estado haciendo Mueller en el Departamento de Justicia desde entonces, aunque la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes, dirigida por los demócratas, ha estado negociando con su oficina en un intento por obtener su testimonio público ante el Congreso.

Sin embargo, Mueller aseguró que ha decidido “voluntariamente” no testificar ante el Congreso. “He decidido voluntariamente no testificar ante el Congreso porque no tengo nada que decir más allá de lo que está (escrito) en mi informe”. Enfatizó que no creía que fuera “apropiado” declarar.

La investigación que dirigió determinó que no hubo un esfuerzo coordinado entre Rusia y la campaña de Trump para influir en las elecciones, pero el informe reveló que Trump intentó tomar el control de la pesquisa y forzar la expulsión de Mueller para impedir que investigara una posible obstrucción de la justicia por parte del presidente.

Mueller insistió en que la acusación formal contra el mandatario “no era una opción” dada la normativa del Departamento de Justicia.

“Acusar al presidente de un delito no fue una opción que pudiésemos considerar; no obstante, agregó: “si hubiésemos tenido confianza en que el presidente claramente no cometió un delito, lo habríamos dicho”, remató.

La “número 3” del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Rachel L. Brand, planea dejar su puesto tras nueve meses al frente de una de las ramas del Gobierno que más críticas ha recibido por parte del presidente, Donald Trump, según medios locales.

La notoriedad de Brand ha aumentado en los últimos meses debido a que es la siguiente en la línea de sucesión del Departamento de Justicia tras el vicefiscal, Rod Rosenstein, encargado de supervisar la investigación del fiscal especial sobre los supuestos lazos entre Rusia y la campaña de Trump para las elecciones de 2016.

Durante semanas, medios locales han informado de que Trump estaba planteándose despedir a Rosenstein y al fiscal especial Robert Mueller, quien actúa de forma independiente al Gobierno.

Frente a esa situación, Brand habría sido la encargada de decidir qué ocurría con la investigación rusa, puesto que el fiscal general, Jeff Sessions, tuvo que apartarse de esas pesquisas después de que saliera a la luz que había ocultado al Congreso unos encuentros con el embajador ruso en Washington durante la campaña.

Según el diario The New York Times, que cita a dos personas conocedoras de la decisión, Brand planea dejar el Departamento de Justicia para trabajar como asesora en el sector privado.

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO

Donald Trump acusó este viernes al FBI y al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de politizar sus investigaciones y beneficiar a los demócratas.

 

 

“Los principales líderes e investigadores del FBI y del Departamento de Justicia han politizado el sagrado proceso de investigación a favor de los demócratas y en contra de los republicanos, algo que hubiera sido impensable hace poco tiempo”, dijo Trump vía redes sociales.

 

El mensaje del mandatario se produjo previo a que se anunciara que había sido aprobada la publicación de un memorándum republicano que describe abusos de vigilancia en el FBI, lo que intensificó la disputa entre el Presidente y la principal agencia de aplicación de la ley sobre los orígenes de la investigación sobre Rusia.

 

Al reunirse con periodistas en la Oficina Oval, Trump dejó entrever que el documento muestra un sesgo político por parte del FBI sobre la investigación sobre si su campaña cooperó con la intromisión electoral de Rusia. “Creo que es una desgracia. Mucha gente debería sentirse avergonzarse de sí misma”, dijo el magnate.

 

 

Trump remató al decir que el documento fue desclasificado y se verá qué sucede, e indicó que cada quien sacará sus propias conclusiones.

 

Recordemos que el Departamento de Justicia, pidió no difundir el documento argumentando que podría afectar la seguridad nacional, mientras que el FBI ha indicado que presenta inexactitudes. Acusan que al hacerse público el documento podría revelarse métodos de investigación que el Gobierno Federal emplea.

 

Con información de Agencias / Foto: Archivo APO

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció  que cuatro personas, entre ellas dos funcionarios del Servicio Federal de Seguridad de Rusia,  fueron responsables del hackeo masivo de información de Yahoo.

 

El hackeo  afectó a al menos 500 millones de cuentas de Yahoo y parte de la información robada se utilizó para “obtener acceso no autorizado al contenido de las cuentas de Yahoo, Google y otros proveedores de correo web, incluyendo cuentas de periodistas rusos, funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos y Rusia, así como empleados del sector privado de compañías financieras”, aseguró el Departamento de Justicia en conferencia de prensa.

 

La seguridad de las cuentas de Yahoo  fueron violadas por lo menos dos veces, y la compañía dijo anteriormente  en 2014  el hackeo fue patrocinada por el Estado, pero no identificó quién creía que era responsable.

 

Los hackers rusos expusieron los mensajes de correo electrónico del presidente de la campaña de Hillary Clinton, John Podesta, y el funcionamiento interno del Comité Nacional Demócrata.

 

Es el más reciente ataque cibernético que las autoridades estadounidenses atribuyen a Rusia, una nación con la que el nuevo gobierno del presidente de Estados Unidos Donald Trump ha tratado de fomentar relaciones más cálidas.

 

 

 

Con información de CNN / Foto: Especial