Tag

dependencias

Browsing

Tal como lo había advertido, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca apretar más el cinturón al gobierno, con el fin de obtener mayores recursos para enfrentar la crisis que está ocasionando la pandemia del Covid-19 en el país.

De acuerdo a un oficio emitido por la Secretaría de la Función Pública (SFP), con fecha del 8 de abril, por instrucciones del presidente se ordena a las dependencias de gobierno hacer un recorte de al menos 50% al gasto asignado a los servicios generales y gastos de operación.

En el documento que se giró a los integrantes del gabinete legal y ampliado, la SFP refiere que las áreas de administración y finanzas no deberán realizar pagos por conceptos “no contratados”, ni comprometan recursos adicionales, argumentando la “situación excepcional” por la que atraviesa el país.

La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, señala que dicha instrucción se da de acuerdo con la política de Austeridad Republicana y de conformidad con las fracciones I, II y III del artículo 7 de la Ley Federal de Austeridad Republicana.

El oficio señala que para lograr la reducción de gasto, se toma en cuenta que el gobierno ha reducido la ocupación de oficinas y el uso de insumos,.

Sandoval Ballesteros enfatizó que en caso de que no se atienda la instrucción, se estaría incurriendo en una falta administrativa sancionable por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Los “guardaditos” que tenían distintas dependencias del gobierno federal a través de fideicomisos, que representan alrededor de 250 mil millones de pesos, regresarán a la arcas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para hacer frente a la emergencia sanitaria que se vive en el país debido a la pandemia del coronavirus, informó este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Lo anterior, explicó, después de que se publicara un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para extinguir los fideicomisos públicos sin estructura orgánica y mandatos; dichos recursos representan casi un punto del Producto Interno Bruto (PIB).

“Vamos a decir que cada dependencia, no todas, pero sí algunas, tenían sus guardaditos; y lo que se está haciendo ahora es concentrar todos esos recursos en Hacienda y Hacienda los va a distribuir”, explicó el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

El presidente hizo una recomendación a la SCHP para que los recursos obtenidos de los fideicomisos sirvan para atender cuatro propósitos: fortalecer los programas sociales que se destinan a las personas de escasos recursos; a la reactivación económica como los créditos que impulsen la industria de la construcción para reactivar la economía; apuntalar a Petróleos Mexicanos (Pemex) ante la caída en los precios del petróleo a nivel internacional, y finalmente que se destine al pago de deuda.

De acuerdo con lo publicado ayer en el DOF, el regreso de los recursos de los fideicomisos que tienen las dependencias del gobierno federal deberá de ser a más tardar el próximo 15 de abril.

A partir de este jueves, todas las instituciones y dependencias gubernamentales suspendieron actividades, salvo las que se consideraron como críticas y esenciales, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

El subsecretario recordó que dicha disposición fue publicada en el Diario Oficia de la Federación (DOF).

A partir de hoy  “todo el gobierno federal suspende sus actividades, pero hay algunas esenciales que no se pueden suspender porque necesitamos hospitales, combustibles, producir energía, servicio de limpieza y seguridad pública”, indicó el funcionario.

En ese sentido, señaló que los titulares de las dependencias serán lo responsables de determinar quienes no podrán suspender sus actividades porque “pondrían en riesgo el funcionamiento de la institución”. Aclaró que el paro de labores no será por sector, sino por la función que cumplen.

Sobre la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explicó que actualmente se realiza una evaluación pues se considera como un actividad esencial, sin embargo, podrían haber modalidades para disminuir el tránsito y concentración de personas.

Por su parte Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, informó que a partir de hoy se suspendieron las labores en el recinto legislativo de San Lázaro hasta nuevo aviso.

Y es que autoridades de la Cámara de Diputados dieron a conocer la tarde de ayer que se registró un caso de coronavirus en uno de los proveedores externos, por lo que el Sindicato de Trabajadores demandó que se cerrara el recinto.

Todavía del lunes 23 al miércoles 25 de marzo alrededor de 900 trabajadores permanecían en labores, particularmente empleados de confianza y honorarios.

Sin embargo, el proveedor externo no fue el único, pues se confirmó que un diputado dio positivo a Covid-19.

Jorge Alcibiades García Lara, diputado de Movimiento Ciudadano (MC) participó en las sesiones del 10 y 12 de marzo, y al presentar síntomas como fiebre, se ausentó de las sesiones ordinarias del miércoles 18 y jueves 19 de marzo.

Un total de 10 entidades, entre ellas el IMSS, el ISSTE y la SEP, son las que acumulan más denuncias por posibles actos de corrupción de servidores públicos que investiga la Secretaria de la Función Pública (SFP) de las 34 mil que ha recibido la institución.

Así lo dio a conocer la titular de la dependencia federal, Irma Eréndira Sandoval, durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se explicó que, de entre las 10 entidades, las del sector salud son las que concentran más denuncias.

Además de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), del de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), también se indagan acusaciones contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Policía Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Sandoval Ballesteros refirió que las denuncias se concentran en el área de salud, por lo que es tan relevante todo el trabajo que el presidente encabeza junto con los secretarios y subsecretarios de Salud, en todas las dependencias que tienen interacción cotidiana con la ciudadanía.

La funcionaria federal también explicó que incluso en una sola institución de salud se detectaron presuntas irregularidades en contrataciones públicas por más de 12 millones de pesos, aunque no reveló el nombre.

Lo que si dijo es que se indaga un daño patrimonial que asciende a 7 mil 800 millones de pesos que se habría cometido mediante el desaparecido Seguro Popular.

Detalló que se investiga del periodo de 2007 a 2016, es decir del segundo año de la presidencia de Felipe Calderón hasta su conclusión y del inicio de Enrique Peña Nieto hasta su cuarto año de gobierno.

“Estamos investigando durante el periodo de 2007 a 2016 más de siete mil 800 millones de pesos no comprobados y ejercidos dentro de este proyecto del Seguro Popular. Aquí ya estamos trabajando con los Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Salud y del Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi) para preparar las denuncias penales por el daño patrimonial tan fuerte”, afirmó Sandoval.

La titular de la SFP destacó que también se indaga que en 2018 se utilizaron indebidamente más de 6 mil 200 millones de pesos en unidades médicas “no acreditadas” dentro de la figura jurídica del Seguro Popular.

Por el momento la dependencia federal detalló que a la par que se realiza la investigación administrativa también se hace el proceso judicial. Además dijo que 5 empresas farmacéuticas están bajo investigación por violaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En ese sentido dijo que se han sancionado a 60 empresas en el sector salud de las cuales destaca el caso de Grupos Fármacos Especializados, a quienes multaron con 905 mil 880 pesos e inhabilitación por 2 años.

Finalmente dijo, hasta ahora se han recibido 102 denuncias contra Delegados y ex delegados de Bienestar.

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la descentralización del gobierno que prometió en campaña y que se comprometió en el evento que encabezó en el Zócalo el 1 de diciembre.

“En eso no hemos avanzado”, reconoció el mandatario. Indicó que entre los 22 compromisos que están en proceso, uno de ellos es el que tiene que ver con descentralización. Sin embargo, aclaró que “no lo hemos olvidado”.

Reiteró que el propósito es llevar a cabo la descentralización, y recordó que Medio Ambiente estará en Yucatán; Turismo en Quintana Roo; Pemex en Ciudad del Carmen, Campeche; la Comisión Federal de Electricidad en Tuxtla Gutiérrez; la Secretaría de Agricultura en Ciudad Obregón; Cultura esté en Tlaxcala; la Secretaría de Educación Pública en Puebla, y la Secretaría de Bienestar en Oaxaca.

Indicó que de todas las secretarías la que más ha avanzado en el proceso es la de Energía, pues Rocío Nahle ya está trabajando más tiempo en Villahermosa, Tabasco; y es que explicó que, al estar a cargo de la construcción de la refinería de Dos Bocas, necesita ir a la obra una o dos veces a la semana.

“Desde luego es un proceso, no vamos a dejar esto de lado, se va a ir cumpliendo, vamos poco a poco. Son de los compromisos pendientes”, dijo AMLO.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que se detectó un total de mil 400 policías que custodiaban a personas que, por ley, no deberían disponer de dicho servicio

La mandatario local indicó que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP) se desempeñaban como escoltas de funcionarios, dependencias y empresas sin costo alguno, por lo que como parte de las acciones que su administración han emprendido para combatir la corrupción, se procedió a retirar dichos servicios.

La acción anunciada implicó el retiro de los elementos de la SSP, así como de los vehículos pertenecientes a la dependencia que se utilizaban para realizar dichas funciones.

“Se acabaron los privilegios y sobre todo no es justo que la ciudadanía no tenga esos policías en las calles y que de manera gratuita estuvieran cuidando a determinadas personas”, dijo Sheinbaum Pardo. Refirió que dichos servicios representaba un costo de 21 millones de pesos mensuales a la ciudad.

Explicó que los elementos regresarán a desempeñar funciones de seguridad pública, para salvaguardar la integridad de la ciudadanía, pues enfatizó, es a ellos a quienes deben de proteger.

Remató indicando que los servicios de escolta eran otorgados a criterio de quien fue secretario de Seguridad Pública, Raymundo Collins, en la administración pasada. Denunció que incluso, en los últimos meses de su gestión, aumentaron dichas asignaciones.

 

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, aseguró que como parte del programa de descentralización de las dependencias federales propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), será en 2021 cuando la dependencia a su cargo se encuentre completamente instalada en Puebla.

Indicó que se busca tener las mejores condiciones, por lo que se hacen diagnósticos para definir temas como ubicación, financiamiento, atención del personal y apoyos de viviendas para todos los funcionarios que voluntariamente decidan mudarse a la dicha ciudad.

“Ha insistido mucho el señor presidente que este es un proceso voluntario, en donde pues tendrán todas las facilidades quienes quieran venirse aquí al estado de Puebla”, dijo Moctezuma añadiendo que el cambio se trata de un proceso gradual.

Moctezuma Barragán señaló que será a finales de 2020 o principios de 2021 que se pueda tener una “franca descentralización” de la SEP en el estado de Puebla.

Agradeció el apoyo que al respecto están brindando los urbanistas y desarrolladores locales, pues dijo que sus opiniones van a ser de mucha ayuda para revisar todo el aspecto técnico, territorial, las tendencias de crecimiento de la ciudad de Puebla, sus capacidades en vialidad, en agua, en reservas territoriales, para ubicar a la secretaría en el lugar más adecuado.

Reiteró que de acuerdo a las instrucciones del presidente de la República, se busca garantizar que al mudarse a Puebla, la Secretaría de Educación Pública además de un beneficio urbano propicie un beneficio para el sector educativo; recordó que es la segunda ciudad con más universidades públicas en el país, por lo que los programas que se desarrollen en el estado, le van a dar a Puebla un impulso sin procedentes.

 

La descentralización de las dependencias federales detonará el arrendamiento de vivienda en otras entidades, destacó el director ejecutivo de previsión legal de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Javier Tapia.

En estados de la península de Yucatán, se mudarían hasta cuatro secretarías, lo que generaría la llegada de miles personas a la zona.

El representante del organismo destacó que se trata de una iniciativa la cual deberá realizarse de una manera ordenada y planeada, ya que, de lo contrario, también podría generar importantes distorsiones en el mercado arrendatario.

Durante una reunión con representantes de los medios de comunicación explicó que, tan solo en la Ciudad de México, se habla de mover a más de 741 mil servidores públicos, quienes dejarían sus viviendas actuales para cambiar de residencia, en tanto que tres mil 300 edificios quedarían vacantes, al ser el arrendatario el mismo gobierno del Estado.

En la península de Yucatán, se prevé que sean cuatro secretarías las trasladadas a las ciudades de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Con información de Notimex

Una de las primeras iniciativas anunciadas por el equipo de transición del Presidente Electo, ha sido la propuesta de reubicar a la gran mayoría de las Secretarías de Estado y las entidades más relevantes del Gobierno Federal, tema sobre el que se pronunció este lunes la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Reconocieron su coincidencia con lo expuesto por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su equipo acerca de que dicha iniciativa ayudará a descentralizar las acciones del gobierno federal y fomentará el desarrollo económico en las ciudades a donde se relocalizarían las dependencias federales.

Sin embargo, estimaron que el proyecto de cambio de sede de las dependencias enfrenta importantes inconvenientes, tales como tiempos, costos, retención del capital humano, entre otros.

“Hacemos un llamado al Presidente Electo y a su equipo, para que se analice con rigor técnico, de forma multidisciplinaria y con un amplio escrutinio público, los factores en favor y en contra de proceder con la pretendida reubicación, tomándose la decisión que mejor convenga al País”, indicó la Confederación.

Expusieron que tras el terremoto del año 1985, el gobierno federal que entonces encabezaba Miguel de la Madrid Hurtado, determinó reubicar al INEGI, a Aguascalientes. El proceso implicó la erogación de casi 2 mil millones de pesos (valor histórico) y tomó cerca de 4 años en concretarse.

“Si tomamos este caso como referencia, pareciera improbable que en un período sexenal, logren mudar las 31 Secretarías y dependencias federales que se han mencionado en la iniciativa” enfatizó la Coparmex. Señaló que si el proceso de traslado se ejecuta de manera correcta podría tardar más de seis años.

Pidió tomar en cuanta los costos de construir o arrendar nuevos espacios, y los costos emergentes pero constantes de operación que implicaría para el Gobierno Federal la dispersión de sus actividades.

Adicional expusieron que la iniciativa de reubicación de las dependencias federales parece contradictoria a las medida de austeridad que se emprenderán para eficientar el gasto público federal, pues en el Proyecto de Nación que formuló AMLO se estima que tan sólo el traslado costaría 125,000 millones de pesos.

Recordaron que según el portafolio del Instituto Nacional de Administración y Avalúos de los Bienes Nacionales (INDAABIN), existen 116 inmuebles federales distribuidos en 25 estados, que se encuentran desocupados, los cuales reconocieron se podrían usar, sin embargo dijeron que el problema radicará en definir con responsabilidad financiera y transparencia, cómo  se llevará a cabo la adquisición o arrendamiento de los inmuebles faltantes, así como las características de los mismos.

Otro de los inconvenientes que señalaron fue que el cambio de sede de las entidades podría entrañar un reto de retención de capital humano, pues la reubicación no sólo requiere de nuevos inmuebles sino que implicaría el desplazamiento de miles de funcionarios, que tienen su vida hecha en la Ciudad de México.

“La reubicación de Secretarías y dependencias que ha propuesto el Presidente Electo y su equipo, es una empresa de gran envergadura. Una decisión tan trascendental para el País, no se debe adoptar, sin justificación plena y planeación rigurosa”, remató la Coparmex.

 

Desde que se encontraba en campaña, Andrés Manuel López Obrador anunció que de ganar la presidencia pondría en marcha un plan para descentralizar el gobierno federal, lo que quiere decir que repartirá a lo largo de todo el país secretarías y dependencias, con el objetivo de “promover el desarrollo en todo el territorio nacional”.

De acuerdo con el plan del tabasqueño, el cual fue presentado a finales de 2017, esto generará derrama económica en todo el país, beneficiando a la mayoría de la población y evitará las “islas de crecimiento”.

Según el plan de López Obrador, el SAT operará en Mexicali, Baja California; el CONACYT estará en la Paz, Baja California Sur; la Secretaría de Pesca, estará en Mazatlán, Sinaloa; Recursos Forestales en Durango; Fonatur en Nayarit; Ganadería en Jalisco.

Asimismo, dependencias como el ISSSTE y el IMSS también serán reubicadas, la primera operaría desde Colima, mientras que la segunda se ubicaría en Morelía, Michoacán.

La Secretaría de salud, será trasladada a Chilpancingo, Guerrero; en tanto que la Secretaría de Desarrollo Social se mudará a Oaxaca.

En Chiapas estará la Comisión Federal de Electricidad. La Secretaría de Turismo será reubicada a Chetumal, Quintana Roo; la de Medio Ambiente a Yucatán; Pemex se trasladará a Ciudad del Carmen, Campeche; mientras que la Secretaría de Energía estará en Tabasco.

Veracruz será sede de la Comisión Nacional del Agua; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estará en San Luis Potosí; Aduanas en Tamaulipas; la Secretaría de Economía en Monterey, Nuevo León; Diconsa en Zacatecas; Nafinsa en Coahuila; Minería en Chihuahua; la Secretaría de Agricultura operará en Ciudad Obregón, Sonora; la Secretaría del Trabajo en León, Guanajuato.

El INEGI será trasladado a Aguascalientes, mientras que la Secretaría de la Función Pública irá a Querétaro; en Hidalgo estará la Sedatu; el Infonavit estará en el Estado de México; Capufe operará desde Morelos; la Secretaría de Educación Pública se moverá a Puebla y la de Cultura a Tlaxcala.

En la administración de Andrés Manuel López Obrador, las únicas dependencias federales que permanecerán en la capital del país serán la Presidencia y las secretarías de Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Marina.

Al respecto del tema, el próximo jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, señaló que la descentralización del gobierno federal se está planeando “con mucho cuidado”.

“Las cosas las vamos a hacer bien hechas, en orden, cuidando a la gente”, aseguró Romo.

El líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, señaló que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de descentralizar las dependencias federales es factible si se lleva a cabo de forma gradual y si se toma en cuenta a los trabajadores.

E entrevista con Grupo Fórmula, Ayala Almeida indicó que el plan debe partir de tomar en cuenta al trabajador, pues se le tienen que garantizar condiciones mejores a las que tienen en su actual punto de trabajo, y que así estén de acuerdo con el cambio.

“El planteamiento que hemos entendido es que la base de la dependencia federal se llevará a una ciudad de la República y el resto de las oficinas en la misma región, pero sin saturar a una sola ciudad (…) Lo primero que pedimos es que reciban a los trabajadores con viviendas dignas, amplias, y con los servicios necesarios de educación y salud”, dijo el líder de los trabajadores del Estado.

Adelantó que se buscará un acercamiento con López Obrador para que explique los detalles del proceso de reubicación de las dependencias gubernamentales a otros estados, e indicó que esa propuesta tiene décadas sobre la mesa, por lo que afirmó que es buen momento para concretarla.

 

Con información de Notimex / Foto: Twitter

La Auditoría Superior de la Federación presentó a la Cámara de Diputados los primeros 344 informes individuales de auditorías a la Cuenta Pública 2017, un 22% del total de las 1,592 auditorías programadas sobre el gasto público ejercido el año pasado.

La ASF encabeza los reportes señalando las irregularidades detectadas “en lo relativo a la venta de la participación accionaria de PEMEX en Ductos y Energéticos del Norte”, en donde “la empresa productiva del estado obtuvo recursos por 3,126 millones de pesos”, sin embargo “no se ha acreditado que dichos recursos se destinaran a la mejora de la rentabilidad de PEMEX, como fue acordado por su Consejo de Administración”.

Sin dar detalles ni datos particulares de cada caso, la ASF añade en su informe que “siete dependencias: SAGARPA, ASERCA, SENASICA, SEDATU, SCT, INBA e INDAABIN no reportaron a la Tesorería de la Federación 2,735 garantías, por un monto detectado de 3,082 millones de pesos”.

Adicionalmente, “la ASF observó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no hizo efectivas garantías por obras no realizadas por un monto de 104 millones de pesos”.

La Auditoría detectó también que “la implementación de la política de guarderías y estancias infantiles presentó deficiencias, toda vez que no se dio acceso a la totalidad de los infantes para los cuales se solicitó el servicio; no se garantizó la integridad física de los menores en todos los establecimientos; y no se tiene la certeza de que los servicios ofrecidos en todos los centros de atención infantil cumplieron con la calidad requerida”.

De los 344 informes, la ASF emitió 724 Recomendaciones, 337 Pliegos de Observaciones, 620 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 33 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 176 Solicitudes de Aclaración.

El segundo reporte de informes individuales de las diversas dependencias del sector público será entregado en octubre y el último en febrero del 2019.

Asimismo, la ASF adelantó que “se fiscalizará a BANSEFI por su participación en la entrega de apoyos a los damnificados por daños parciales o totales en sus viviendas” tras los sismos.

En su informe general, la Auditoría expuso que “se implementará una política de total transparencia sobre el seguimiento de las acciones emitidas como resultado de la fiscalización practicada en los temas de mayor “impacto en la opinión pública”.

Entre ellos mencionó el Nuevo Aeropuerto Internacional de México; Adquisiciones y puesta en operación de plantas de Agro Nitrogenados por parte de PEMEX; el Paso Express de Cuernavaca, Morelos; Contratos de obra pública adjudicados a la Constructora Odebrecht, y Contrataciones al amparo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, en conjunto con las dependencias del Gobierno de la República, dieron a conocer detalles del operativo que los tres órdenes de gobierno, asociaciones civiles y grupos voluntarios, implementaron con motivo de las vacaciones de semana santa.

 

Indicaron  se establecerán puestos de auxilio en puntos estratégicamente localizados, que conducen a zonas turísticas, operados durante esta temporada, con el objeto de auxiliar oportunamente a la población, en caso necesario y mantener la vigilancia en carreteras para evitar accidentes.

 

La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las zonas militares, participa el operativo, reforzando las actividades de vigilancia mediante patrullajes. Indicaron que los elementos militares se encargarán de vigilar calles y zonas concurridas las 24 horas del día, durante todo el periodo vacacional.

 

Por su parte la Secretaria de Marina, implementa el programa “Operación  Salvavidas  Semana  Santa  2018”, en 145 playas, en las que se establecerán servicios de patrulla marítima y terrestre para salvaguarda la vida de personas en el mar y el mantenimiento del orden, con 129 puestos de socorro y rescate.

 

La Policía Federal destina 9,000 elementos y 4,000 vehículos, los cuales mantendrán operativos institucionales:

  • Cinturón, para garantizar el uso del cinturón de seguridad por parte de conductores y pasajeros.
  • Carrusel, destinado a fomentar el respeto a los límites de velocidad.
  • Radar, que permite detectar vehículos que rebasen los límites de velocidad permitidos.
  • Telurio, para los pasajeros que viajan a bordo de autobuses.

 

En lo que incumbe a la Secretaría de Turismo, coordinará el operativo en los principales destinos turísticos, con la Apertura de los Centros de Atención y Protección al Turista (CAPTA)como módulos integrales e interactivos de prevención, reacción y atención a la seguridad de los turistas y los habitantes de los destinos turísticos de Acapulco, Cancún y Los Cabos.

 

Como de costumbre la corporación Ángeles Verdes realizará apoyo vial en 206 tramos carreteros, mientras que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se encargará de un monitoreo permanente de los 4,223 kilómetros de la red carretera.

 

La Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, aplicará una evaluación médica a conductores del autotransporte federal, para garantizar que estén en óptimas condiciones para conducir. Instituto Nacional de Migración, puso en marcha el Operativo Paisano Semana Santa 2018.

 

La Procuraduría Federal del Consumidor, destinó a 900 servidores públicos, que atenderán el programa  “Conciliaexprés”, el teléfono del Consumidor y las redes sociales, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, reforzó el programa de inspección y vigilancia en puertos, aeropuertos y fronteras.

 

La Secretaría de Salud, intensificará la asistencia a los viajeros, en la atención médica, medidas de prevención y atención a los migrantes, así como la instalación de módulos de vacunación, aplicando principalmente para Influenza Estacional, la vacuna de Tétanos-Difteria (TD) y Neumocócica.

 

Como parte del operativo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, realizaron la toma de muestras de agua de mar durante las semanas previas al período vacacional en las principales playas turísticas.

Caminos y Puentes Federales

  • Destina 5,000 servidores públicos.
  • 850 médicos y paramédicos certificados.
  • 400 vehículos de apoyo entre ambulancias, grúas, unidades de señalamiento dinámico, y unidades de rescate y auxilio vial.

 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia, reforzó las medidas de protección y salvaguarda coordinadas a través de sus 31 centros regionales. Coordinación y comunicación, con 189 zonas arqueológicas y 120 museos, para la atención de seguridad, orientación a los visitantes, tránsito y servicios médicos.

 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó la tarde de ayer a la Cámara de Diputados, 699 informes individuales de auditoría correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, en las que detectó irregularidades por 104 mil 241 millones de pesos, de los cuales 98 mil 102 millones corresponden al gasto federalizado que el Ejecutivo entrega a los estados y 6 mil 879 millones a posibles desvíos de dependencias federales.

 

Se indicó que dichos informes complementan las revisiones presentadas en junio y octubre pasados que fueron 1,166, y que también corresponden al ejercicio fiscal 2016. El total de auditorías realizadas sobre la Cuenta Pública 2016 asciende a 1,865.

 

Juan Javier Pérez Saavedra, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF y Auditor Superior en funciones, informó que como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 se emitieron 10,346 observaciones, de las cuales 4,439 corresponden a recomendaciones; 643 solicitudes de aclaración; 2,557 pliegos de observaciones; 184 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 2,504 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias.

 

En su mensaje a los legisladores, señaló que los entes fiscalizados tienen 30 días para aportar las pruebas que pudieran aclarar las observaciones recibidas. Algunas de las dependencias involucradas las presuntas irregularidades son la Sedesol, la Sedatu, Sagarpa, Conagua, el ISSSTE, Diconsa, la Conapesca, la CFE y los institutos nacionales de Desarrollo Social y para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural.

 

Los estados con mayor número de observaciones fueron Veracruz, con 12 mil 150 millones; Estado de México, 7 mil 320.6 millones; Michoacán, 5 mil 481.2 millones; Nuevo León, 4 mil 019.7 millones y Chiapas, con 3 mil 868.9 millones de pesos.

 

El documento entregado hace referencia a las áreas de riesgo en que se presentaron “problemas recurrentes en la eficacia, eficiencia y economía de la acción gubernamental, o insuficiencia en la supervisión y control de los procesos que los entes gubernamentales llevan a cabo”.

 

  • Contrataciones entre entidades públicas al amparo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
  • Obra pública
  • Gobernanza en la toma de decisiones de las empresas productivas del Estado
  • Finanzas estatales
  • Padrones de los programas gubernamentales que otorgan subsidios.

 

Con información de medios / Foto: Archivo APO

Durante su visita a Sonora, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), indicó que en caso de que llegue a la Presidencia en 2018, propondrá que las dependencias federales se trasladen a otros estados, con el fin de generar derrama económica “pareja en todo el país”.

López Obrador aseguró que México tiene una necesidad real de descentralizar el gobierno federal de la Ciudad de México, e indicó que el claro ejemplo de ello, es que después de los sismos del 7 y 19 de septiembre, se demostró que no se puede concentrar todo el trabajo federal en la capital del país por los daños sufridos.

De acuerdo a lo que indicó, la reubicación de las dependencias será de la siguiente manera:

  • Secretaría de Agricultura: Ciudad Obregón, Sonora
  • Secretaría de Salud: Chilpancingo, Guerrero
  • Secretaría de Comunicaciones y Transportes: San Luis Potosí
  • Secretaría de Pesca: Mazatlán, Sinaloa
  • Secretaría de Ganadería: Jalisco
  • Secretaría de Minería: Chihuahua
  • Secretaría de Recursos Forestales: Durango
  • Secretaría de Educación Pública: Puebla
  • Comisión Federal de Electricidad: Chiapas
  • Pemex: Ciudad del Carmen, Campeche
  • Secretaría de Energía: Tabasco
  • Secretaría Medio Ambiente: Yucatán
  • Secretaría de Turismo: Chetumal, Quintana Roo.

“Así vamos a extender todo el gobierno para que haya beneficios en toda la República”, remató el tabasqueño.

Con información de El Noroeste / Foto: Twitter

Luego de que el programa de Televisa “En Punto” revelara los contratos por los que la PGR, con José Murillo Karam al frente de la dependencia, compró en 2014 el software “Pegasus”,  y por el que pagó  más de 32 millones de dólares, los responsables de la investigación #Gobiernoespía alertó que dicha filtración urge a tomar medidas inmediatas. 

 

Según el programa televisivo, la compra se hizo a través de una transacción entre la empresa Tech Bull y la PGR, en el que se ampara la compra de 500 objetivos del sistema”Pegasus” y que está firmado por Tomás Zerón, quien en dicho periodo fungía como director de la agencia de investigación criminal de la dependencia.

 

 

Este jueves, a través de un comunicado de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), los autores del reporte #GobiernoEspía, indicó que si bien la información revelada no es prueba suficiente para excluir la posible adquisición del software por parte de otras instancias del Gobierno Federal, “los documentos sí comprueban que PGR adquirió y cuenta con esa tecnología (…) por lo que se confirma la necesidad de investigar y aclarar los procesos de contratación y el uso que la institución le dio al malware adquirido”.

 

MCCI indicó que dado que es la misma PGR la que está a cargo de la investigación de las practicas de espionaje, “esta revelación corrobora y hace más relevante la necesidad de generar mecanismos adicionales y extraordinarios para asegurar garantías de independencia en la investigación, tales como la intervención de un Panel de Expertos y Expertas Independientes, que incluya la participación de mecanismos internacionales de derechos humanos”

 

Pidieron que los funcionarios de la PGR que firmaron los documentos así como aquellos que fungieron como sus superiores (procurador) “sean llamados a declarar para que aclaren el uso que dieron al sistema Pegasus”. Adicional solicitaron que se transparenten todos los contratos de tecnologías de espionaje realizados por PGR con NSO Group y otros proveedores similares, además de los realizados por otras dependencias que pudieron haber adquirido el software. Indicaron que El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) debe ejercer sus facultades para acelerar dicho proceso.

 

Con información de MCCI / Foto: Twitter