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La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizará una visita oficial a nuestro país del 5 al 9 de abril próximo.

Se informó que la visita responde a una invitación hecha por parte del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Esperamos que podamos seguir encontrando puntos comunes en nuestros esfuerzos para mejorar la situación de los derechos humanos en ese país”, señaló al confirmar el viaje el portavoz de la oficina Rupert Colville.

La fuente también recordó que habrá un encuentro la próxima semana en Ginebra entre Bachelet y la subsecretaria mexicana de AAEE, Martha Delgado, al margen del Consejo de Derechos Humanos que se inicia este lunes.

Se detalló que uno de los principales temas de esa reunión será el proyecto de creación de la Guardia Nacional.

Colville señaló que la delegación mexicana de la Oficina de la ONU de Derechos Humanos ha revisado el plan de la Guardia, y lo ha debatido con las autoridades del país, “dejando claros nuestros puntos de vista sobre algunas cuestiones que nos parecían problemáticas”.

 

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, advirtió que de aprobarse las reformas constitucionales que darán vida a la Guardia Nacional, iniciarían un proceso de alejamiento y ruptura con sistemas internacionales de protección y defensa de derechos humanos.

Adelantó que México podría solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión sobre la compatibilidad de la Guardia Nacional con el régimen iberoamericano de derechos humanos.

Al participar en el tercer día de las audiencias públicas que se desarrollan en el Congreso, el ombudsman, advirtió que la nueva corporación podría acabar vulnerando los derechos humanos, además de contravenir sentencias, principios y recomendaciones internacionales.

“La participación de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad pública no es deseable, tampoco podemos desconocer que, por el momento, no es viable su retiro”; sin embargo, indicó que no puede verse como “la solución básica a la problemática que enfrentamos y que en razón de ello se busque perpetuarla”.

González Pérez sostuvo que la Secretaría de la Defensa Nacional no puede volverse la instancia que, directa o indirectamente, investigue, sancione y prevenga los delitos que cometan civiles.

 

El Gobierno de Estados Unidos confirmó hoy que regresará a México a los inmigrantes que accedan al país irregularmente o sin los documentos necesarios por la frontera sur. El gobierno mexicano fijó su postura al respecto.

“Confrontaremos esta crisis de frente, defendiendo la ley y fortaleciendo nuestros compromisos humanitarios”, aseguró la secretaria de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen.

Por su parte la cancillería mexicana informó que esta mañana el gobierno estadounidense les informó sobre su decisión de implementar la sección de su ley migratoria que le permitiría devolver a extranjeros, no mexicanos, a nuestro país para que aguarden el desarrollo  de su proceso migratorio en Estados Unidos.

“México reafirma su derecho soberano de admitir o rechazar el ingreso de extranjeros a su territorio, en ejercicio de su política migratoria”, expresó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Al respecto informó que decidido tomar algunas acciones en beneficio de las personas migrantes, en particular a los menores de edad, estén acompañados o no:

  • Autorizará, por razones humanitarias y de manera temporal, el ingreso de ciertas personas extranjeras provenientes de Estados Unidos con base en la legislación mexicana vigente y los compromisos internacionales suscritos, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, su Protocolo, así como la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otros.
  • Permitir que las personas extranjeras soliciten su internación a territorio nacional por razones humanitarias en los lugares destinados al tránsito internacional de personas, permanezcan en territorio nacional bajo la condición de “estancia por razones humanitarias”.
  • Garantizará que las personas extranjeras gocen plenamente de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución.

Pese que con dichas acciones México acepta que los migrantes permanezcan en territorio mexicano tal y como lo quería el gobierno estadounidense, la cancillería explicó que no se trata de un “esquema de Tercer País Seguro”, pues dijo que dicho concepto obligaría a las personas migrantes en tránsito a solicitar asilo en México.

Aclaró que las decisiones tomadas están dirigidas a facilitar el seguimiento de las  solicitudes de asilo en los Estados Unidos, sin que eso implique obstáculo alguno para que cualquier persona extranjera pueda solicitar refugio en México.

En compañía de funcionarios federales, el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén, presentó este miércoles el Programa de Política Migratoria 2018-2014.

Explicó que el programa planteado tendrá dos ejes. “El primero tiene énfasis en el respeto y promoción a los derechos humanos de los migrantes. El segundo es el desarrollo social y económico”.

Como parte del programa, anunció que se tiene contemplada la creación de una comisión para la protección de los menores migrantes y solicitantes de refugio.

El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, indicó que es necesario acabar con la discriminación relacionada al fenómeno migratorio, y pidió ver a la migración como “un nuevo fenómeno para conformar una nación”.

Se señaló que la nueva política migratoria será un esfuerzo intersecretarial bajo la coordinación de Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Al respecto, Olga Sánchez Cordero sostuvo que la nueva política migratoria de México se apega al Pacto de Migración de Marrakech, mismo que quedó aprobado por la ONU. Fue ahí donde el canciller Marcelo Ebrard enfatizó que México es el primer país en el mundo que ajusta sus políticas migratorias al pacto internacional.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fijó su postura sobre el aumento al Salario Mínimo que se anunció la tarde de ayer por parte del gobierno federal y las distintas agrupaciones empresariales.

Reconoció la “sensibilidad y disposición” para fijar el nuevo Salario Mínimo, que recordó entrarán en vigor a partir del próximo 1 de enero, y enfatizó que por primera vez se actuó tomando como base la perspectiva de derechos humanos.

El presidente nacional del organismo, Luis Raúl González Pérez, aseguró que con el anuncio realizado, el Gobierno de la República inicia el cumplimiento de su compromiso de respetar a los derechos humanos en la materia.

Pese a destacar la sensibilidad que imperó para la fijación de los nuevos salarios, González Pérez advirtió que los salarios todavía son “insuficientes”.

Destacó que tal como lo dijo la Secretaria del Trabajo, con la decisión de aumentar los Salarios Mínimos se atiende la Recomendación General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que llama a asumir los acuerdos necesarios para incrementar el salario mínimo a partir del ejercicio fiscal 2019, considerando como mínimo lo expuesto por el CONEVAL en relación con la línea de bienestar.

 

El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que el modelo de Guardia Nacional planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no revertirá la situación de violencia e inseguridad que vive el país.

Por el contrario, dijo, generaría un riesgo de que se vulneren los derechos humanos, y que se debilite la institucionalidad civil y democrática.

Indicó que la Guardia Nacional “no garantizaría en modo alguno o contribuiría por sí misma de manera sustantiva a que se acabara con la impunidad, debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos”.

El titular de la CNDH señaló que la Guardia Nacional representa una respuesta parcial e incompleta a la problemática de violencia e inseguridad.

Al reunirse con diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales México, González Pérez dijo que se requiere combatir la violencia sin medidas autoritarias o que generen más violencia.

Subrayó que la seguridad es una necesidad y no un campo para intereses políticos, por lo que solicitó a los diputados que, por graves que sean las circunstancias en la materia, no se debe renunciar a la institucionalidad civil y democrática.

 

Debido a la coyuntura por la que atraviesa el país con el paso de la Caravana Migrante, el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila Romero, exigió que el gobierno electo de a conocer su política migratoria.

El dirigente perredista señaló que la situación que prevalece en este momento con la Caravana Migrante, no será la única que enfrentará la gestión del Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo que es urgente conocer la estrategia que seguirán.

“El próximo gobierno, debe tener una estrategia clara, con respecto al actuar de las caravanas migrantes; mucho me temo que no serán las únicas caravanas que se realizarán a lo largo del sexenio, pues la miseria y el abandono de las sociedades en los estados paupérrimos de América Central, obligará cada día más a nuestros hermanos centroamericanos para que abandonen sus países de origen”, indicó en conferencia de prensa.

Ávila Romero indicó que en el PRD hacen un llamado para privilegiar el tema de la atención a los derechos humanos, el respeto a las garantías individuales, la atención debida y adecuada a las caravanas migratorias.

Un grupo de 14 eurodiputados llamaron al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a llevar a cabo una agenda de reformas contra la impunidad y la corrupción y en favor de los derechos humanos.

A través de una carta dirigida a López Obrador, los parlamentarios expresaron su preocupación por la situación de los derechos humanos, la impunidad y la corrupción que prevalece en nuestro país, por lo que dijeron que “México necesita un cambio que comenzará impulsando reformas de “profundidad para acabar con la impunidad y la corrupción”.

La carta, hecha pública por los eurodiputados, recuerda los avances legislativos de los últimos años en el país para mejorar la situación de los derechos humanos, tales como la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares y la Ley General contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Dijeron que si bien se atienden los estándares internacionales, “llamamos a que su Gobierno (AMLO) implemente adecuadamente dichas leyes, teniendo en cuenta la opinión de las personas afectadas, sus familiares y la sociedad civil”.

Los eurodiputados también señalaron los “retrocesos importantes” que detectaron, como lo es la Ley de Seguridad Interior, desde cuya aprobación indicaron se han presentado varios recursos de amparo que, “a nuestro modo de ver, supone continuar con la militarización de la seguridad pública”.

Llamaron a López Obrador y a su gobierno a derogar dicha Ley y a “retirar a las fuerzas armadas de las tareas de la seguridad pública”.

Los eurodiputados firmantes son, por parte de Los Verdes, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Molly Scott, Florent Marcellesi y Ana Miranda. Y, en representación del grupo de la Izquierda Unitaria: Estefanía Torres, Miguel Urbán, Javier Couso, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Tania González Peñas, Xabier Benito y Lola Sánchez Caldentey

Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó al próximo gobierno de México a poner fin a la desaparición de personas.

Jan Jarab, representante de ONU-DH en México sostuvo que “combatir la desaparición de personas deberá ser una prioridad para el próximo gobierno federal”; reconocieron las señales que el equipo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha dado al respecto.

El representante indicó que la implementación efectiva de la Ley general en la materia tiene que ser la principal directriz de la próxima administración para erradicar las desapariciones; buscar de manera apropiada a las personas desaparecidas; garantizar la atención y reparación a las víctimas; adoptar medidas efectivas de no repetición y desarrollar políticas contra el “olvido”.

Pidió además al nuevo gobierno dote de recursos suficientes a las instancias encargadas de la atención de este problema, así como fortalecer las capacidades de investigación criminal, la prestación de servicios periciales y forenses y la asistencia a las víctimas.

Llamó a que México profundice su apertura al escrutinio y asistencia internacionales, y para ello pidieron aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU para recibir comunicaciones individuales; permitir la visita al país del Comité; desarrollar un plan de acción para la implementación de las Acciones Urgentes emitidas por el Comité; entre otras.

Finalmente Jarab enfatizó que el reto no solamente es de la Federación, sino que los estados y los municipios también tienen que comprometerse y reconocer el problema.

 

Foto: Twitter @ONUDHMéxico

Los Ombudsperson del país hicieron un llamado al Gobierno actual y al entrante, a ratificar el Protocolo Facultativo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que se muestre el compromiso de nuestro país en la realización efectiva de esos derechos a favor de todas las personas.

Así lo dio a conocer Luis Raúl González Pérez, quien enfatizó que para defender la dignidad humana no se debe esperar, y puntualizó que en este momento de transición gubernamental que vive el país, el compromiso con las personas y sus derechos no puede verse disminuido por cuestiones políticas sino, por el contrario, se debe reforzar cada día más por las autoridades.

Reconoció que mucho se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pero alertó que es necesario trabajar para que sean efectivos y no meras expectativas o postulados programáticos.

Tras destacar la presencia de presidentes de comisiones estatales de Derechos Humanos y del Sexto Visitador General de la CNDH, Jorge Ulises Carmona Tinoco, el Ombudsperson nacional puntualizó que los Organismos Públicos de Derechos Humanos están ante una valiosa oportunidad para impulsar la Agenda 2030 y, desde su ámbito de competencia, exigir a los gobiernos de los tres órdenes de gobierno incluir su trabajo como prioridad en sus agendas.

 

Las Senadoras de Acción Nacional, Laura Rojas y Mariana Gómez del Campo, ofrecieron este martes una conferencia de prensa en la que recriminaron que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no se haya manifestado en contra de las violaciones a los Derechos Humanos que se viven en Venezuela.

Lamentaron que desde su campaña, López Obrador indicara que optaría por una política exterior respetuosa de la no intervención, misma que ha sido respaldada por el futuro canciller, Marcelo Ebrard.

Indicaron que esta misma semana presentarán un punto de acuerdo sobre los últimos hechos contra líderes opositores en Venezuela, aunque adelantaron que a diferencia de los acuerdos anteriores, se incluirá un exhorto al Presidente Electo a mantener y fortalecer la política de respeto, protección y promoción de los Derechos Humanos.

“Nos parece preocupante lo que pasa en Venezuela, pero nos parece aún más preocupante esta posición que ha adelantado el próximo gobierno de volverse a aislar, de volverse a retirar, de dejar de alzar la voz a cualquier violación a los Derechos Humanos en este país (Venezuela) y en cualquier otro”, dijo Rojas.

Las legisladoras insistieron en que se tiene que cumplir lo que la Ley dicta, pues la importancia de la política exterior está estipulado en la Constitución. Señalaron que el apoyo a Venezuela no solo debe ser por solidaridad, sino también por acato a lo que marca la Ley.

“Queremos y esperamos que le nuevo gobierno haga todo lo que este en sus manos para defender con fuerza las libertades y Derechos Humanos”, remató Gómez del Campo.

 

La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) confirmó este viernes a Michelle Bachelet, la primera mujer en presidir Chile y torturada por la dictadura pinochetista, como la nueva Alta Comisionada de Derechos Humanos del organismo.

Bachelet, de 66 años, dos veces presidenta de Chile y enérgica defensora de los derechos de las mujeres, reemplazará desde el 1 de septiembre al príncipe jordano Zeid Ra’ad Al Hussein, un vigoroso crítico de los abusos de los derechos humanos en varios países, incluido en Estados Unidos.

En nombre de América Latina y el Caribe, el embajador argentino ante la ONU, Martín García Moritán, se congratuló en la asamblea de la designación “de una mujer altamente competente para este desafiante rol” y destacó “su compromiso, experiencia y pasión”.

Bachelet fue también la primera directora de ONU Mujeres de 2010 a 2013, la agencia de la organización que promueve la igualdad de género.

 

Con información de AFP / Foto: Archivo APO

Amnistía Internacional hizo llegar un memorándum al Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en el que le solicitó colocar de forma inmediata la agenda de los Derechos Humanos como eje central de las políticas públicas de su próximo gobierno.

La organización internacional señaló que el memorándum tiene como objetivo presentar las principales observaciones, preocupaciones y recomendaciones para hacer frente a la seria crisis en materia de Derechos Humanos en la que se encuentra el país.

Indicó que ante los constantes y complejos desafíos en la materia, la nueva administración podría impulsar cambios sustanciales si atiende a las recomendaciones hechas, las cuales pretenden lleguen a incidir en las decisiones gubernamentales.

Entre las recomendaciones que realizó aparecen las relacionadas a la política de control de drogas ilícitas, sobre lo que pidieron reorientar la política de control de drogas en México de un enfoque de militarización y uso de la fuerza pública a uno basado en la protección de los Derechos Humanos de las personas, incluido el derecho a la salud.

En relación a las fuerzas armadas, señalaron que era necesario presentar al Congreso de la Unión una iniciativa para abrogar la Ley de Seguridad Interior, así como poner fin al papel de las fuerzas armadas en el desempeño de funciones de seguridad pública a través de su retiro ordenado, y del fortalecimiento, la capacitación y la supervisión adecuados de las policías civiles

Sobre el papel de la policía, recomendaron someter al Congreso de la Unión una iniciativa para adoptar una Ley sobre el uso de la fuerza conforme a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.

En su documento, Amnistía Internacional realiza recomendaciones relacionadas al fortalecimiento de la procuración de justicia, violencia de género contra las mujeres y las niñas, personas defensoras de los Derechos Humanos, migración y refugio, derechos de los pueblos indígenas y política exterior en materia de Derechos Humanos.