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Al menos 126 personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente fueron asesinadas en América Latina en 2023, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dados a conocer este martes.

La institución, perteneciente a la OEA, expresó su preocupación ante los “elevados índices de violencia” contra personas defensoras en la región, donde sólo en los tres últimos meses del año ese colectivo sufrió 54 asesinatos.

“Como en años anteriores, esta violencia estuvo particularmente dirigida a quienes defienden el medio ambiente y el territorio y personas con liderazgos indígenas y afrodescendientes”, dijo la CIDH en un comunicado.

El país más afectado fue Colombia, donde los asesinatos de personas que defienden el medio ambiente y los derechos humanos aumentaron a 34 el año pasado, frente a los 26 fallecidos que la institución registró en el reporte del 2022.

El siguiente país más mortal para las personas defensoras fue Brasil con 10 casos en el año, seguido de México que registró cuatro, y Guatemala, Honduras y Perú con tres, dos y un asesinato respectivamente.

Aunque las cifras muestran que los esfuerzos no han sido suficientes, el reporte apunta que algunos países latinoamericanos han implementado medidas para la promoción y protección de los derechos humanos, como el Acuerdo de Escazú de Colombia, que incluye disposiciones sobre los derechos de los defensores del medio ambiente.

Particularmente, la CIDH felicitó a México por aumentar los recursos presupuestales destinados a fortalecer el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el país, otro colectivo afectado por la violencia.

En un informe separado, Reporteros Sin Fronteras (RSF) había informado que seis periodistas fueron asesinados en 2023 en América Latina, con México situándose como el segundo país más peligroso del mundo para estos profesionales, con cuatro informadores asesinados, sólo por detrás de Palestina.

“Los profesionales de la información siguen sin trabajar con seguridad”, dijo RSF, refiriéndose a diferentes incidentes violentos en los últimos meses del año contra profesionales de la información en el estado de Guerrero.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, llamó este jueves al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para felicitarlo por su reelección, que consiguió en medio de señalamientos sobre su legalidad y su estrategia de seguridad.

“El secretario felicitó al presidente electo Bukele por su victoria electoral del 4 de febrero”, informó en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

El jefe de la diplomacia estadounidense reiteró también su “compromiso para priorizar la buena gobernanza, el crecimiento económico inclusivo, las garantías judiciales y los derechos humanos”, añadió Miller.

Además, Blinken subrayó los “valores compartidos y la larga amistad con el pueblo de El Salvador”.

El recuento de las elecciones del pasado domingo todavía no ha concluido pero se da por hecho la aplastante victoria de Bukele, muy popular en su país por el combate a las pandillas.

Su reelección para un segundo mandato ha causado polémica dado que la Constitución salvadoreña prohíbe los mandatos presidenciales consecutivos.

En la misma noche electoral, Bukele se autoproclamó vencedor de los comicios antes de conocerse los resultados oficiales y dijo que fue con más del 85% de los votos.

La felicitación y reconocimiento llamada la atención pues la Administración de Joe Biden ha sido muy crítica con las tendencias autoritarias de Bukele, pero en los últimos meses ha suavizado su postura en busca de una mayor cooperación en materia migratoria con El Salvador.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo la semana pasada a que la reducción de la violencia en El Salvador se ha hecho “a costa de los derechos humanos”, por lo que “ahora es momento de centrarse en la construcción de instituciones judiciales”.

“Esto abordará eficazmente la violencia de las pandillas respetando al mismo tiempo los derechos humanos. El Salvador puede hacer ambas cosas”, afirmó el funcionario norteamericano.

De Gaza a Ucrania, pasando por Sudán y Birmania o México, 2023 ha sido un “año terrorífico” para los Derechos Humanos en todo el mundo, alertó Human Rights Watch (HRW) en su informe anual publicado este jueves.

El documento, de 700 páginas, abarca más de 100 países, y en él la organización describe el “inmenso sufrimiento” causado por la guerra entre Israel y Hamás, la guerra entre los dos generales rivales en Sudán y los continuos conflictos en Ucrania, Birmania, Etiopía y el Sahel.

“En 2023, la población civil fue blanco de ataques y asesinatos a una escala sin precedentes en la historia reciente de Israel y Palestina”, señala el informe.

Acusa tanto a Hamás de “crímenes de guerra” por los ataques del 7 de octubre contra Israel, como a las fuerzas israelíes por las represalias contra la Franja de Gaza.

Human Rights Watch también condena las “violaciones masivas” de los derechos de los civiles en Sudán por parte de los dos generales rivales Abdel Fattah al Burhan y Mohamed Hamdan Daglo, y critica la “impunidad” que ha conducido a “ciclos repetidos de violencia” en el país durante los últimos veinte años.

Además de los conflictos armados, Human Rights Watch ha identificado varias tendencias que marcan la “erosión de los Derechos Humanos”, cuando se acaban de cumplir 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.

Así, “ha sido un año aterrador no sólo por la represión de los Derechos Humanos y las atrocidades de la guerra, sino también por la ira selectiva de los gobiernos y la diplomacia transaccional que hace pagar el precio a aquellos cuyos derechos quedan excluidos”, insiste el informe.

Este comportamiento envía “el mensaje de que la dignidad de algunos merece ser protegida, pero no la de todos, que algunas vidas valen más que otras”; una situación que la ONG resume en una palabra: “hipocresía”.

El informe critica en particular a la Unión Europea (UE), cuya “prioridad en política exterior con sus vecinos del sur sigue siendo contener a toda costa la salida de migrantes hacia Europa, perseverando en un enfoque fallido que ha puesto de relieve la erosión de los compromisos del bloque con los derechos humanos”.

Otro blanco de este “doble rasero” es la diferencia entre la “rápida y justificada condena” de muchos países a los atentados de Hamás del 7 de octubre y las respuestas “mucho más comedidas”, sobre todo de Estados Unidos y la UE, a los bombardeos israelíes de Gaza.

O la falta de condena de la “intensificación de la represión” en China, especialmente en Xinjiang y el Tíbet o el trato en materia migratoria que convierte a México, guardián para que no entren en Estados Unidos.

En el caso de nuestro país, HRW indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha hecho pocos avances para atender a los desafíos en materia de Derechos Humanos, incluyendo la violencia criminal extrema, abusos contra migrantes, violencia de género, ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.

Señala que López Obrador ha intentado socavar la independencia del sistema judicial y otros órganos constitucionales, demonizando a los periodistas y a los activistas de derechos humanos y ha permitido bloquear el rendimiento de cuentas de tales abusos aterradores.

En materia de seguridad, recordó que al igual que sus predecesores, el presidente López Obrador ha dependido en gran medida de los militares para realizar tareas de la seguridad pública, y apuntó que el Congreso, controlado por Morena, disolvió la Policía Federal en 2019 y la sustituyó por la Guardia Nacional, otra fuerza militar.

Sostuvo que existen evidencias de que la Secretaría de la Defensa ha utilizado el programa de espionaje Pegasus durante el gobierno de López Obrador para espiar ilegalmente a defensores de Derechos Humanos, periodistas, políticos de partidos de la oposición y altos funcionarios del gobierno.

Human Rights Watch describe un sistema internacional de derechos humanos “amenazado”. Pero no roto.

“El sistema de derechos humanos sigue ahí. Lo único que nos falta es el compromiso, la coherencia y la voluntad política de los Estados que componen el sistema y dan vida a los derechos humanos”, insiste HRW, haciendo hincapié en la necesidad de hacerlo mejor en 2024, cuando una gran parte de la población mundial, desde Estados Unidos hasta Rusia, acudirá a las urnas.

México enfrenta un nivel de impunidad del 99% en los delitos de desaparición de personas, para casos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, dato que refleja una crisis profunda en la justicia y los derechos humanos.

Impunidad Cero, una organización que estudia, analiza y visibiliza el problema de la impunidad en México, con el fin de combatirla, presentó su primer índice de impunidad en materia de desaparición de personas en México.

Entre otros hallazgos del informe, se señala que la impunidad acumulada en casos de desaparición registrados por el fuero federal es del 98% para el delito de desaparición forzada, 100% de impunidad acumulada para el delito de desaparición cometida por particulares y 99% de impunidad acumulada para ambos delitos.

También se indica que a casi cinco años de su promulgación, la Ley General en Materia de Desaparición de Personas “sigue sin ser plenamente implementada”, dejando brechas significativas en la persecución y sanción de estos delitos.

El reporte también refiere el creciente aumento de delitos de desaparición, sumado a la persistente impunidad que obstruye la investigación y esclarecimiento, lo que indica que México se encuentra inmerso en una grave crisis de derechos humanos.

De 2019 a 2022 en el país se registraron 35,669 desapariciones, mientras que los poderes judiciales locales solo reportaron 141 sentencias condenatorias por delitos de desaparición forzada y cometida por particulares.

A todo ello hay que sumar la “falta de transparencia en la información” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) lo que “dificulta la comprensión de la magnitud de la crisis”.

Además de discrepancias entre informes estatales y el tablero público, así como en la sistematización de fosas clandestinas, resaltan la urgencia de una mayor claridad.

La organización indicó que el informe retoma el cálculo de impunidad acumulada desarrollado anteriormente en los delitos de homicidio doloso y feminicidio 2022, para conocer la impunidad entre los años 2019 y 2022.

Recordemos que según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en el país se contabilizan más de 113,000 casos, mientras que el año pasado el país superó la cifra de 100,000 personas no localizadas desde que hay registro, en 1962.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, presentó su renunció al cargo, la cual será efectiva a partir de este jueves, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Le agradecemos mucho todo su apoyo, él ya me presentó su renuncia y va a participar en actividades políticas electorales”, dijo el presidente.

AMLO confirmó que Encinas dejaba el Gobierno para participar en las elecciones de 2024, lo cual se supo luego de que Claudia Sheinbaum revelara en redes sociales la invitación que hizo al entonces subsecretario, señalando que había aceptado.

Sin embargo, la renuncia de Encinas a la subsecretaría se da en medio de acusaciones y señalamientos sobre su desempeño en temas de desapariciones, las Fuerzas Armadas y en especial del caso Ayotzinapa.

Encinas era el rostro más visible de la política de derechos humanos desde el inicio del Gobierno de López Obrador, y el más cercano a las organizaciones ciudadanas que trabajan en la materia.

Pero el funcionario afrontó controversias recientes por la defensa que ha hecho López Obrador de las Fuerzas Armadas y por el intento del mandatario de cambiar el censo nacional de desaparecidos, que ahora contabiliza de forma oficial más de 110,000.

Una de las mayores polémicas fue la renuncia en agosto pasado de Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), en medio de presuntas presiones del Gobierno para modificar el registro de desaparecidos y bajar las cifras.

En septiembre, Encinas presentó el segundo informe de la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa en medio de reclamos de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014, quienes acusan al Gobierno de proteger a las Fuerzas Armadas, implicadas en el caso.

Este mes, los investigadores del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) denunciaron ante Encinas que el Ejército obstruye la investigación de la “Guerra sucia”, periodo de represión estatal de 1960 a 1990 que López Obrador prometió esclarecer.

Al respecto, López Obrador descartó que esto afecte investigaciones como las de Ayotzinapa. “Nada, continúa la investigación, y toda esa información la entregó la Sedena”, insistió.

Con estos señalamientos y habiendo dejo varios pendientes, Encinas se incorporará al equipo de Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena a la Presidencia en 2024.

Finalmente, AMLO informó que en su lugar se quedará Félix Arturo Medina Padilla, quien hasta ahora se desempeñaba como procurador fiscal de la Federación.

La International Association of Women Judges (IAWJ) decidió otorgar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, el premio Derechos Humanos 2023.

El anuncio se realizó durante el inicio de la reunión de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, que se comienza mañana en Marruecos, y que se extenderá hasta el próximo 14 de mayo, fecha en que se entregará el premio a Piña Hernández.

El premio responde a las aportaciones que la ministra ha tenido en temas como perspectiva de género; tutela judicial efectiva; el derecho a la educación; el derecho al libre desarrollo de la personalidad; la libertad de expresión; el derecho a la información; los derechos de la niñez y de de la comunidad LGBT+, entre otros.

La IAWJ reúne cada año a más de 10 mil juzgadoras de más de 100 países, con el objetivo impulsar el desarrollo jurisdiccional de protección de derechos humanos y reducir brecha de género en los espacios de toma de decisiones judiciales.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre este galardón que recibe la ministra presidenta. Sorprendió con su respuesta, la cual buscó minimizar el premio.

“Esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo o también en el Time. Acuérdense, esta revista famosa internacional que decía: ‘El economista del año’, siempre era un secretario de Hacienda de México de la época del saqueo, de la corrupción, los presidentes de México de aquél entonces; salían en la portada”, dijo el mandatario.

López Obrador no se limitó a desdeñar el premio a la ministra. También criticó los reconocimientos que se le han entregado a otras figuras, críticos de su gobierno, como Enrique Krauze, a quien dijo, “la monarquía española, casi una vez por año” le entrega un premio.

También incluyó en sus críticas al rector de la UNAM, Enrique Graue, a quien señaló de haber ido a España por “su medalla”. “Yo no sé por qué se van a allá, o a vivir o a recibir premios, tienen esa fascinación”.

Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional encabezan el listado de instituciones con más denuncias por violaciones de los Derechos Humanos en 2022, con más de 1,000 quejas en total, según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La Guardia Nacional, que ha sido recientemente puesto bajo mando militar, encabeza el listado con 577 denuncias, mientras que la Secretaría de la Defensa (SEDENA), acumula 428.

La Guardia Nacional habría protagonizado en total siete asesinatos, tres desapariciones forzosas, 16 casos de tortura, 29 de trato cruel y 43 detenciones arbitrarias.

La SEDENA en cambio ha sido denunciada por un asesinato, 4 detenciones arbitrarias, nueve casos de tortura, 19 de trato degradante y 34 de detención arbitraria.

Uno de los estados con más denuncias, 33, es Tamaulipas, donde precisamente efectivos militares mataron a cinco jóvenes e hirieron a otro apenas el pasado 26 de febrero. Allí la Guardia Nacional acumula 15 quejas, según el informe.

En 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió un total de 12 mil 582 quejas ante el mal uso de la autoridad de todas las instituciones del gobierno.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) encabeza la lista de quejas, con 3 mil 789 casos, seguido por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con 2 mil 679; el Instituto Nacional de Migración (INM), 2 mil 141; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mil 258.

Sin embargo también aparecen la Secretaría de Bienestar con 994 quejas; la Guardia Nacional, con 577; la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 526; la Secretaría de la Defensa Nacional, 428; la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, 369 y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, 347.

 

Con información de El Universal

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este martes que Naciones Unidas “no tienen mucha autoridad” para cuestionar a su gobierno sobre las desapariciones y el respeto a los derechos humanos en el país.

El mandatario respondió al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien la semana pasada lamentó que, a cinco años de expedir la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, México no haya actuado con firmeza para combatir dicho problema.

“Lo del señor de la ONU, respeto su punto de vista, aunque no tienen mucha autoridad porque ¿desde cuándo se creó lo de la oficina para desaparecidos? Hace cinco años”, manifestó López Obrador en su conferencia matutina.

Y es que nuestro país vive una crisis histórica de desapariciones al rebasar el año pasado la cifra oficial de más de 100,000 personas no localizadas desde que hay registro.

Pero el presidente cuestionó que, según él, la ONU calló durante los gobiernos anteriores al citar el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, cuyo juicio arrancó ayer en Estados Unidos acusando sus posibles nexos con el narcotráfico.

“¿Qué pasaba antes? ¿Qué hicieron cuando García Luna? ¿Qué hizo la ONU? Nada. Y todos esos organismos, la mayoría, están infiltrados por gente conservadora que solo denuncia cuando se trata de gobiernos progresistas y cuando se trata de gobiernos conservadores guardan silencio”, reclamó AMLO.

El mandatario también acusó a los organismos internacionales de callar ante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en Perú, donde más de 60 personas han muerto desde que iniciaron las movilizaciones en diciembre del año pasado.

“Ahí está el caso de Perú, están reprimiendo al pueblo, ¿y qué ha dicho la ONU, qué ha dicho derechos humanos de la ONU? Nada. La OEA (Organización de Estados Americanos) menos”, señaló.

López Obrador, quien asumió el poder en 2018 con la promesa de “pacificar” al país, ha recibido críticas por no detener la crisis de asesinatos y desapariciones, aunque el gobierno ha insistido en referir una caída de más de 7% en homicidios  dolosos el año pasado, hasta los 30,968 asesinatos.

“Estamos trabajando todos los días con el propósito de garantizar la seguridad pública, como nunca se está protegiendo a los ciudadanos, hay elementos (de seguridad) suficientes en los estados con más violencia”, afirmó López Obrador.

El nuevo plan de control migratorio anunciado por los Estados Unidos podría vulnerar los derechos humanos fundamentales, advirtió este miércoles el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

“El derecho a solicitar asilo es un derecho humano, independientemente del origen de las personas, de su situación migratoria o de la forma en que llegaron a la frontera”, dijo Türk en una declaración.

El alto funcionario destacó que las medidas anunciadas van “en contra de la prohibición de las expulsiones colectivas y del principio de no devolución”.

La semana pasada, el presidente Joe Biden anunció un nuevo plan migratorio que implica que personas que lleguen de forma irregular a la frontera sur de país serán objeto de expulsiones inmediatas y una prohibición de entrar en territorio estadounidense durante cinco años.

Como parte del plan, Biden permitirá el ingreso mensual de hasta 30,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, siempre que cuenten con un patrocinador financiero en el país y lleguen en avión para no sobrecargar a los agentes que patrullan la frontera.

Y es que muchos migrantes que buscan escapar de la pobreza o la violencia que se vive en sus países de origen emprenden una ruta llena de peligros para llegar a territorio estadounidense.

La economía estadounidense depende en gran medida de la mano de obra extranjera, además de que Biden prometió a su llegada a La Casa Blanca brindar refugio a los solicitantes de asilo y poner fin a las políticas de su predecesor, Donald Trump contra la inmigración irregular.

En noviembre pasado, las detenciones de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México alcanzaron una cifra récord de 230.000 personas.

El tema fronterizo es una de las principales debilidades políticas de Biden, señalan especialistas; es una piedra en su camino para la reelección si se presenta a un segundo mandato en el cargo como tiene pensado según sus consejeros.

Hasta ahora Biden ha mantenido bajo perfil frente a las críticas de la oposición, pero también de las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Ayer, durante la X Cumbre de Líderes de América del Norte, celebrada en nuestro país, Biden volvió a destacar su nueva política migratoria, señalando que las acciones que su gobierno ha tomado han contribuido para bajar el número de migrantes que llegan a la frontera.

El tema migratorio fue uno de los asuntos centrales de la Cumbre, que reunió a los presidentes Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

El principio internacional de no devolución garantiza que nadie debe ser devuelto a un país donde pueda sufrir torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron este miércoles su preocupación por el posible impacto negativo que el Tren Maya pueda tener en los derechos humanos de los pueblos indígenas y en el medio ambiente de la zona.

En un comunicado firmado por 14 relatores de la ONU y otros expertos, se expresó el temor a que la obra de 1,500 kilómetros, con una inversión de 20,000 millones de dólares, ponga en peligro los derechos a la tierra y los recursos naturales, a la cultura y a un medio ambiente sano y sostenible.

También denunciaron que defensores de los derechos humanos que han expresado similares preocupaciones en contra del megaproyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) han sufrido amenazas y ataques, así como un acceso muy limitado a tribunales independientes e imparciales.

Los expertos expresaron además su inquietud por el hecho de que el Tren Maya se haya elevado a la categoría de “proyecto de seguridad nacional”, lo que en su opinión “permite derogar la aplicación de salvaguardias ambientales y sociales”.

“Como proyecto dirigido por el Estado, el gobierno mexicano debería tomar medidas adicionales para garantizar el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente”, afirmaron los representantes de Naciones Unidas.

Uno de ellos, la presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, Fernanda Hopenhaym, expresó en la nota su “gran preocupación” por la creciente participación del Ejército en la construcción y gestión del proyecto.

Los expertos pidieron a López Obrador que garantice en este proyecto una participación significativa de las comunidades afectadas, así como mayor transparencia a la hora de evaluar su impacto ambiental y en los derechos humanos “antes de cualquier decisión futura”.

A las compañías multinacionales involucradas en la construcción, los expertos les acusan de “falta de debida diligencia en materia de derechos humanos”.

“Las empresas e inversores relevantes domiciliados en España, Estados Unidos y China no pueden hacer la vista gorda ante los graves problemas de derechos humanos relacionados con el proyecto del Tren Mayo”, concluye el comunicado.

Entre los firmantes del comunicado de hoy se encuentran los relatores de la ONU para la libertad de expresión (Irene Khan), para los defensores de los derechos humanos (Mary Lawlor), y para los derechos de los indígenas (Francisco Cali Tzay).

La Alta Comisionada interina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al Nashif, expresó este viernes su preocupación por la decisión del Senado de avalar el pase del control de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), es decir, integrarla en el Ejército.

Según ha expresado Al Nashif, la Constitución precisa que este cuerpo es de carácter civil.

Sin embargo, el Senado ha aprobó la noche de ayer la reforma por la que el control operativo, presupuestario y administrativo de la Guardia Nacional pase a manos de cargos militares.

“Las reformas dejan efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México”, denunció la Alta Comisionada interina.

“Los mecanismos de Derechos Humanos han señalado claramente que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes”, añadió Al Nashif.

Enfatizó que la militarización de las fuerzas de seguridad “aumenta de forma constante” desde 2006, pero eso no se ha traducido en un descenso de la criminalidad. En cambio, denuncia, se ha producido un aumento de las denuncias de graves violaciones de derechos humanos por parte de las cuerpos de seguridad.

Llamó a las autoridades de nuestro país a reforzar la supervisión civil en el sector de la seguridad y manifestó su preocupación por la reforma de la Constitución que se trata de llevar a cabo para permitir el uso de las Fuerzas Armadas para la seguridad pública hasta 2028.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró la aprobación de la reforma.

“Eso es lo más importante, que se aprobó la ley para que la Guardia Nacional (GN) esté operada, tenga la tutela, la guía, el ejemplo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), eso es muy importante”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina.

“La Guardia Nacional debe cuidarse para que no se caiga en el mismo error que se padeció con la Policía Federal, que se pudrió”, agregó.

Sobre el voto en abstención que emitió el senador Ricardo Monreal, quien ha manifestado su intención de ser candidato presidencial, López Obrador dijo que no lo compartía aunque lo respetaba.

“Es su libertad (de Monreal), no estoy de acuerdo con su postura porque está avalando la falsedad y politiquería del conservadurismo de México, pero somos libres, celebro que se esté aprobando la iniciativa”, afirmó López Obrador.

Aprovechó para criticar que hay legisladores y organizaciones que se opongan a la militarización de este cuerpo de seguridad. “Me sorprende la actitud de algunos legisladores, su nivel de cretinismo y la hipocresía que tienen”, apuntó.

En ese sentido, criticó que se conviertan en “paladines de la justicia y defensores de los derechos humanos” y señaló que en realidad son “unos reverendos farsantes”.

Los acusó de que no se preocuparon en los gobiernos pasados cuando, según él, había más muertos en los enfrentamientos entre la policía, las Fuerzas Armadas y los civiles.

Finalmente, afirmó que los elementos de la Guardia Nacional, así como el Ejército y la Marina, han apoyado en la seguridad de los estados en el país y negó que se vaya a cambiar la estrategia de seguridad.

“Vamos a seguir defendiendo el derecho a la seguridad y vamos a mantener la estrategia que ha dado buenos resultados y se puede probar en los datos”, remató.

Amnistía Internacional (AI) también rechazó “categóricamente” la aprobación de la reforma, al acusar que las y los senadores legalizaron la militarización del país.

La decisión “representa un atroz acto que pone en riesgo la garantía de los derechos humanos en México”, dijo Edith Olivares Ferreto, director ejecutiva de AI México.

Añadió que en los últimos 16 años se han visto “los desastrosos” resultados de la militarización de la seguridad pública en México y por ello llamó al Ejecutivo a diseñar un plan de retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de las calles.

Dijo que se debe priorizar el fortalecimiento de las policías civiles, así como el desarrollo de políticas públicas de prevención, tendientes a garantizar la seguridad pública. “Ya basta de violaciones de derechos humanos y la impunidad”, remató.

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, deja el puesto este miércoles, quien agradeció a todos los defensores de Derechos Humanos con quienes compartió.

“Ustedes son una inspiración para muchos. Me ha impresionado ver como alrededor del mundo tantas personas defensoras de derechos humanos siguieron haciendo las preguntas difíciles sobre los déficit y deudas de derechos humanos, muchas veces a un gran costo personal”, dijo Bachelet en un video publicado en sus redes sociales.

La expresidenta de Chile volverá a su país tras cuatro años en el cargo en Ginebra, donde reconoció en su última conferencia de prensa que los derechos humanos en el mundo no han avanzado, al citar obstáculos como la pandemia, la falta de voluntad política y la guerra en Ucrania.

Recordó que como muchos chilenos de su generación, se enfrentó a un gobierno oprsivo, que silenció de forma violenta las voces de quienes defendían la democracia.

Hizo un llamada a reunirse, debatir y escuchar para alcanzar acuerdos, ya que el reconoció que el mundo se encuentra en una coyuntura crítica.

Mencionó temas de importancia como el cambio climático, las crisis alimentarias y de combustibles, las desigualdades, el aumento de la violencia y los conflictos armados.

Alertó que hay intentos para acabar con los espacios de debate y crítica, además de los ataques contra defensores de derechos humanos, y enfatizó que los niveles de polarización han alcanzado niveles sin precedentes, mientras que el multilateralismo está bajo presión.

En el marco de su despedida, el gobierno de México reconoció el trabajo de Bachelet, con quien, aseguró, siempre hubo un diálogo “franco y abierto”.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresa el más amplio reconocimiento por la labor efectuada por Michelle Bachelet, quien hoy culminó su nombramiento como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la primera mujer latinoamericana en ostentar dicho cargo”, dijo la cancillería.

La dependencia agradeció y reconoció “su denuedo y compromiso” en el cargo y recordó que siempre tuvo atención hacia México “buscando siempre mantener un diálogo franco y abierto. Reconoció su experiencia, capacidad de diálogo, madurez e integridad profesional y personal.

Recordó la visita de la alta comisionada en abril de 2019, cuando planteó una hoja de ruta para cumplir los compromisos de México en materia de derechos humanos.

Y destacó que durante esa visita se firmaron acuerdos de cooperación entre su oficina y el gobierno federal para fortalecer el trabajo de la Guardia Nacional y dar seguimiento al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014.

Finalmente, señaló que el gobierno mexicano hace votos para que Bachelet “continúe su estela de éxitos y reconocimientos en sus próximos proyectos, tal y como lo ha logrado hasta ahora”.

China acusó este martes que Estados Unidos, Gran Bretaña y otras potencias extranjeras intentan sabotear sus relaciones internacionales orquestando críticas en torno al viaje de la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelet Bachelet.

Beijing ha frenado durante mucho tiempo la misión de investigación encabezada por Michelle Bachelet, que se centra en las denuncias de confinamiento masivo, trabajos forzados y medidas de control de natalidad obligatorias impuestas a los miembros de las minorías musulmanas uigur y kazaja, entre otras.

El vocero del Ministerio de Exteriores de China, Wang Wenbin, respondió a las críticas afirmando que “Estados Unidos, Gran Bretaña y otras naciones occidentales han montado repetidamente farsas políticas en torno a la visita a China” de Bachelet.

“Primero han presionado abiertamente y han exigido con firmeza que la alta comisionada visite China y Xinjiang, y realizaron la llamada investigación con presunción de culpabilidad”, dijo Wang durante su conferencia de prensa diaria.

Acusó que dichos países se lanzaron y no escatimaron en esfuerzos para perturbar y sabotear la visita, creando condiciones y obstáculos para la misma, agregó el funcionario.

Por otra parte, el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, recibió a Bachelet en la ciudad sureña de Guangzhou y le transmitió que Beijing se opone a la “politización” de los derechos humanos y a la imposición de un doble rasero, apuntó el Ministerio de Exteriores.

Es el primer viaje a China de un alto comisionado de la ONU para los derechos humanos desde 2005.

Su visita se centra en las denuncias de abusos contra las minorías musulmanas en la región noroccidental de Xinjiang, pero los grupos de derechos temen que su visita ayude a blanquear los abusos.

Se estima que China encerró a un millón o más miembros de las minorías musulmanas, incluyendo la uigur y la kazaja, en lo que los críticos describen como una campaña para borrar sus distintas identidades culturales. Beijing asegura que no tiene nada que ocultar y da la bienvenida a quienes, sin prejuicios políticos, visiten Xinjiang y vean lo que catalogó como una campaña exitosa para restaurar el orden y la cohesión étnica.

Desde Guangzhou, Bachelet viajará a Kashgar, que en su día fue una parada de la Ruta de la Seda, y Urumqi, la capital de la región de Xinjiang, Tanto la ONU como China ha prohibido que medios extranjeros acompañen a Bachelet y no está claro ni con quién se reunirá ni cuánto acceso tendrá durante la visita.

El Partido Comunista chino no permite la oposición política y limita estrictamente la libertad de expresión, además del derecho de reunión y de expresión religiosa. China es además uno de los cinco miembros permanentes de Consejo de Seguridad de la ONU, lo que le concede derecho a veto, y ha firmado, pero no ratificado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos administrado por la agencia de Bachelet.

Beijing ha recibido críticas por negarse a condenar la invasión rusa de Ucrania además de por su estricta política de “cero COVID” frente a la pandemia del coronavirus, que ha alterado la vida de decenas de millones de ciudadanos y ha trastocado las cadenas de suministro globales.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió este martes a las autoridades de México que redoblen los esfuerzos para acabar con la problemática de las desapariciones forzadas, un día después de que se anunciara que nuestro país ha rebasado la cifra de 100,000 desaparecidos desde 1964.

“El flagelo de las desapariciones es una tragedia humana de enormes proporciones”, señaló la alta comisionada en un comunicado donde afirmó que “ningún esfuerzo debe escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y abusos de dimensión extraordinaria”.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos que dirige Bachelet también denunció la “abrumadora tasa de impunidad” en torno a estas desapariciones, ya que sólo en 35 de estos más de 100,000 casos han sido condenados los perpetradores.

Alrededor de una cuarta parte de las personas desaparecidas son mujeres, mientras que aproximadamente una quinta parte tenían menos de 18 años en el momento de su desaparición.

La oficina también recordó que más del 97% de las desapariciones cuya fecha se conoce ocurrieron posteriormente a diciembre de 2006, “cuando México transitó hacia un modelo militarizado de seguridad pública”.

Bachelet recordó en su mensaje a las familias de las víctimas, “que han sido clave para organizar y proponer soluciones, así como para lograr avances legales e institucionales encaminados a que se reconozca la magnitud de esta problemática en México”.

La alta comisionada, quien visitó México en 2019, recordó en concreto a Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo desapareció en 1975 y que hasta su muerte el pasado mes de abril ayudó a localizar con vida a 150 personas desaparecidas.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reconoció algunos pasos significativos de México para avanzar hacia la solución de las desapariciones, como la creación de comisiones de búsqueda en todos los estados o la fundación del Centro Nacional de Identificación Humano. También reconoce las comisiones para examinar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990, así como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

La oficina recordó que en 2020 México reconoció la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, y se convirtió en el primer país en aceptar la visita de expertos de esta institución.

“Esperamos que estos pasos positivos allanen el camino para prevenir más desapariciones, esclarecer el paradero de las personas desaparecidas, mejorar el acceso a la justicia y garantizar los derechos de las víctimas”, subrayó Bachelet.

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) suspendió este jueves a Rusia del Consejo de Derechos Humanos del organismo a raíz de la invasión de Ucrania.

De los 193 miembros de la asamblea, 93 votaron a favor, 24 en contra y 58 se abstuvieron, lo que puso en evidencia un debilitamiento de la unidad internacional contra Rusia.

Se trata de la segunda suspensión de un país del consejo, después de Libia en 2011.

Las abstenciones, condenadas por Kiev, no se tomaron en cuenta porque para una suspensión basta con el voto favorable de dos tercios de los países que se pronuncian a favor o en contra.

Entre los países que votaron en contra figura China, que lo considera una “iniciativa precipitada” que “añade leña al fuego” y un sienta un “precedente peligroso”. También se opusieron Irán, Kazajistán, Bolivia y Cuba. Venezuela llamó a votar en contra pero ha perdido su derecho a voto debido a la acumulación de pagos pendientes. Como era de esperar, Rusia, Bielorrusia y Siria se opusieron a la resolución.

Pese a las presiones en los últimos días de Rusia para que los países votaran en contra, varios estados africanos, como Sudáfrica y Senegal, han optado por abstenerse al considerar que la resolución que suspende a Moscú “prejuzga los resultados de la comisión de investigación” creada en marzo por el Consejo de Derechos Humanos.

Brasil, México e India, actualmente los tres miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, también se abstuvieron.

Por la mañana en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya había adelantado que México se abstendría en la votación.

“Lo que hemos nosotros planteado es que no debemos votar por la expulsión de Rusia ni estar en contra, nos vamos a abstener”, precisó. Detalló que la abstención, que él llamó “expulsión”, también es una postura y que la ONU debe insistir en que se consiga la paz y el fin de la guerra en Rusia, la cual, dijo es un claro “fracaso de la política”.

Y acusó que la ONU no hizo nada por frenar el conflicto bélico “¿Qué no pudieron antes de que se desatara la guerra convocar a las partes? ¿Qué hicieron? ¡Nada!”, reclamó.

Aunque la posibilidad de excluir a Rusia del Consejo de Derechos Humanos se comentaba desde hace semanas, Washington decidió dar el paso tras conocerse la matanza llevada a cabo en la localidad de Bucha, cerca de Kiev, donde las autoridades ucranianas acusan a tropas rusas de matar a cientos de civiles.

Creado en 2006 para sustituir a la fracasada Comisión de Derechos Humanos, el Consejo es el máximo órgano de Naciones Unidas en este ámbito y está compuesto por 47 países, elegidos para mandatos de tres años.

Su composición, que se decide en elecciones celebradas anualmente, ha sido criticada regularmente por incluir a Estados con historiales muy dudosos en materia de derechos humanos. Actualmente se sientan en el Consejo, entre otros, China, Cuba, Libia, Estados Unidos, Ucrania o Venezuela. Rusia, por su parte, ha sido un miembro habitual y ahora estaba en el segundo año de un mandato de tres.

La Asamblea General de Naciones Unidas votará mañana si suspende a Rusia del principal órgano de derechos humanos de la ONU.

La propuesta fue planteada por Estados Unidos en respuesta al descubrimiento de cientos de cadáveres después de que las tropas rusas se retiraran de las ciudades cercanas a la capital ucraniana, Kiev, lo que generó llamados para que sus fuerzas sean juzgadas por crímenes de guerra.

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, solicitó que a Rusia le sea retirado su asiento en el Consejo de Derechos Humanos de 47 miembros, a raíz de videos y fotos de calles en la ciudad ucraniana de Bucha cubiertas de cadáveres, aparentemente civiles.

Los videos y las informaciones reportadas desde la ciudad han provocado el rechazo y la condena de varios gobiernos, que han solicitado sanciones más duras contra Rusia. Moscú ha negado con vehemencia tener responsabilidad.

“Creemos que los miembros de las fuerzas rusas cometieron crímenes de guerra en Ucrania y que Rusia debe rendir cuentas”, declaró Thomas-Greenfield esta semana “La participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos es una farsa”.

La portavoz de la Asamblea General, Paulina Kubiak, dijo hoy que la sesión especial de emergencia de la asamblea sobre Ucrania se reanudará mañana, cuando se someta a votación la resolución que busca “suspender los derechos de membresía de la Federación Rusa en el Consejo de Derechos Humanos”.

Aunque el Consejo de Derechos Humanos tiene su sede en Ginebra, sus miembros son elegidos por la Asamblea General de 193 naciones para que cumplan mandatos de tres años. La resolución de marzo de 2006 que estableció el Consejo de Derechos Humanos indica que la Asamblea puede suspender los derechos de membresía de un país si este “comete violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos”.

La breve resolución que se someterá a votación expresa una “preocupación grave por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania, en particular por los informes de violaciones y abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario por parte de la Federación Rusa, incluidas violaciones graves y sistemáticas y abusos de los derechos humanos”.