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Este miércoles se informó que el Padre Alejandro Solalinde rechazó la invitación que el virtual futuro Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), le hiciera semanas atrás para encabezar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El también activista en temas de Derechos Humanos aseguró que su decisión se debió a que tras analizar la propuesta, no se ve desempeñando el papel de un funcionario. “Soy un misionero de pie, me veía como funcionario y pues no me veía, no puedo ser funcionario”.

Solalinde explicó que en caso de haber aceptado el ofrecimiento de López Obrador, su puesto como miembro de la Iglesia no le impedía asumir la encomienda. “No hay ninguna objeción, no se rompe el Estado de Derecho”.

Adelantó que su decisión ya ha sido informada al propio morenista e incluso le propuso a Elizabeth Lara Rodríguez, actual coordinadora de la oficina de la CNDH en Oaxaca, para el puesto.

“La licenciada Elizabeth es una persona íntegra (…), que tiene vocación de servicio, que ha batallado con nosotros. Por eso me honra presentárselas y decirles que Andrés Manuel se sentirá muy honrado. Esta mañana le notifiqué a él, al presidente electo (mi decisión)”, indicó.

 

Con información de El Financiero / Foto. Archivo APO

Estados Unidos anunció hoy su salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, órgano internacional al que el Gobierno del presidente Donald Trump ha criticado duramente desde que asumió la Presidencia de su país.

Trump ha señalado al organismo por presentar un sesgo en lo relativo a Israel y por servir de plataforma a países como China, Venezuela y Cuba. “No dudamos que su creación fue con buena fe, pero tenemos que ser honestos: el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un pobre defensor de los derechos humanos”, dijo en una conferencia de prensa el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, dijo que la decisión se tomó luego de comprobar que ningún otro país “tuvo el valor de unirse a nuestra lucha” para reformar el “hipócrita y egoísta” organismo, aunque aclaró que su retirada no era un retroceso en los compromisos de su país con el tema de los derechos humanos.

Por su parte el secretario general de la ONU, António Guterres, indicó que “habría preferido que Estados Unidos permaneciese en el Consejo de Derechos Humanos”.

“La arquitectura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desempeña un papel muy importante en la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo”, apuntó el portavoz, Stéphane Dujarric, en un breve comunicado tras el anuncio de Estados Unidos.

A la par, se informó que el gobierno de Guatemala anunció que destituyó al portavoz de la Presidencia, Heinz Hiemann, por unas declaraciones en las que aseguraba que respetaban la política migratoria de Estados Unidos, por las que han separado a casi 2.000 menores de sus familias.

“La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informa que a partir de la presente fecha el señor Heinz Harold Hiemann ya no tiene ninguna relación contractual con esta Secretaría” por las declaraciones, que “no representan la postura” del presidente, Jimmy Morales.

 

Con información de Agencias / Foto: Archivo APO

Al participar en el foro “Diálogo por la Paz y Justicia, La agenda fundamental”, que se realizó en la Ciudad de México, el candidato presidencial de Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) extendió una invitación al Padre Alejandro Solalinde y al escritor Javier Sicilia para que formen parte de su eventual gobierno en el área del Derechos Humanos.

“Vamos a invitar, a mí me gustaría, lo digo de corazón, y además a mí me gustaría que el encargado de los Derechos Humanos, y además a lo mejor ellos no aceptan, pero a mí me gustaría que el padre Solalinde fuera el encargado de la defensa de los derechos humanos”, dijo el candidato.

Añadió que le gustaría que también Sicilia formara parte de la comisión que ayudaría a encontrar a los miles de desaparecidos en el país.

Y aunque expresó su deseo de que los activistas se sumaran a su proyecto, AMLO reconoció que sería difícil que Solalinde aceptara pues tiene un impedimento legal al ser un ministro de culto.

El aspirante presidencial indicó que pese a tener claros los retos que el país enfrenta, en el caso de la inseguridad necesita el apoyo de las organizaciones civiles, a quienes dijo, sumará a su proyecto de gobierno.

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

El rey Guillermo Alejandro de Holanda pidió hoy más respeto a los derechos humanos en México, y celebró las medidas tomadas por el presidente Enrique Peña Nieto al respecto. Resaltó que las medidas buscan “brindar más protección” a los activistas y periodistas mexicanos.

 

En un discurso en el Palacio de Noordeinde, en la ciudad holandesa de La Haya, el monarca subrayó que Peña Nieto ha trabajado duro para brindar más protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Guillermo Alejandro señaló como ejemplo de ello la Ley de Desapariciones Forzadas, aprobada el año pasado por el Congreso mexicano.

 

El rey neerlandés lamentó que la lucha contra el crimen organizado sea tal vez el mayor desafío que se enfrenta México al día de hoy, lo cual implica “reducir el uso de armas pero también la detección y el enjuiciamiento de los responsables” de estas violaciones.

 

“Los derechos humanos deben respetarse”, concluyó el jefe de Estado holandés, que celebró como signo de fortaleza que México tenga abierto un debate sobre este “difícil tema”.

 

Peña Nieto se reunirá hoy con el primer ministro holandés, Mark Rutte, antes de dirigirse a España, última parada dentro de su girapor Europa, y donde mañana tiene previsto un encuentro en Madrid con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y con el rey Felipe VI.

 

Con información de EFE / Foto: Twitter

México, Liberia y Uzbekistán fueron mencionados hoy como algunos de los “puntos brillantes por avances en temas humanitarios”, dentro del reporte del Departamento de Estado sobre los derechos humanos 2017.

El subsecretario de Estado en funciones, John Sullivan, puso los avances registrados en los tres países como un ejemplo que podrían seguir otras naciones para mejorar su record en los próximos reportes.

De México, el funcionario estadunidense destacó la Ley General sobre Desapariciones Forzadas e hizo notar que “estableció penas criminales a personas convictas por desapariciones forzadas y un marco general para encontrar a las víctimas.

El reporte consignó que el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la legislación luego de tres años de debate legislativo e hizo notar que la nueva ley fija penas de entre 40 y 90 años de prisión a personas convictas por desapariciones forzadas.

También se señaló que se creó un sistema nacional para la búsqueda de personas desaparecidas, un banco de datos forense y un sistema de alerta Amber. No obstante, el informe reiteró que la impunidad para los abusos de los derechos humanos sigue siendo un problema y observó las bajas tasas de procesos judiciales para todas las formas de crimen.

 

Con información de Notimex / Foto: Archivo APO

Al inaugurar la exhibición de la pieza museográfica “Muro de Berlín” en el Museo Memoria y Tolerancia, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que un gobierno que no acepta la crítica, el escrutinio público y la libertad de expresión, es un gobierno que siembra la intolerancia y la confrontación en la sociedad.

 

“La historia de México es el recorrido de un camino que pasó por el respeto de las diferencias y el papel protagónico de la sociedad, es decir, una ruta de memoria y tolerancia”, afirmó el mandatario.

 

La memoria, subrayó, es indispensable para no repetir errores, injusticias y crímenes de ayer. Sólo quien tiene conciencia de su pasado puede comprender cabalmente su presente y construir un mejor futuro. Mientras que la tolerancia, agregó el mandatario, es clave para lograr una convivencia en armonía entre quienes piensan distinto y son diferentes. 

 

Al respecto el Presidente refirió que hace dos días, en Lima, Perú, 16 países del Continente Americano alzaron la voz para pedir con toda claridad la restauración de la institucionalidad democrática en Venezuela, así como el respeto a los derechos humanos y la plena vigencia del Estado de Derecho, “hicimos un exhorto al gobierno venezolano para que permita el ingreso y la distribución de la ayuda humanitaria que mitigue los graves efectos del desabasto, especialmente de alimentos y medicinas”.

 

Sostuvo que callar ante lo que está sucediendo en Venezuela es aceptar la violación de derechos fundamentales. No denunciar la crisis política, económica, social y humanitaria en ese país significaría ser cómplices de quienes pretenden destruir sus instituciones democráticas.

Malala Yousafzai, premio Nobel de la Paz en 2014 y militante a favor de los derechos de las mujeres, viajó este jueves a su país natal, Pakistán, por primera vez desde que sobrevivió a un atentado en 2012.

 

Los detalles de su viaje no fueron informados debido “al carácter sensible” de su visita, indicó un miembro del Gobierno.

 

La joven de 20 años pasó por el aeropuerto internacional de Islamabad con una importante escolta policial, según fotos difundidas por la televisión local. Malala Yousafzai, que viajó junto con sus padres, se entrevistará con el primer ministro Shahid Khaqan Abbasi durante su visita de cuatro días.

 

La activista sobrevivió en 2012 a un intento de asesinato a manos de talibanes paquistaníes cuando regresaba a su casa después de la escuela. Tras haber sido tratada en Inglaterra, donde reside desde entonces, se convirtió en una defensora del derecho a la educación para los niños.

 

Después de haber vivido con su familia en Birmingham, en el centro de Inglaterra, donde estudió en una escuela para chicas, Yousafzai ahora estudia economía, filosofía y ciencias políticas en la universidad de Oxford.

 

Con información de AFP / Foto: Archivo APO

El Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, presentó su informe anual de actividades correspondiente a 2017, ante el Presidente Enrique Peña Nieto, el cual será el último que se presente ante la administración del mandatario.

 

 

Durante el discurso que ofreció, el Ombudsman Nacional subrayó ante los señalamientos que se han hecho en contra del organismo, que “en la CNDH no defendemos delincuentes ni buscamos la impunidad. Defendemos que los derechos humanos sean vigentes para todos y la ley se aplique de forma debida y sin distinciones”.

 

González Pérez enfatizó que los casos de  Iguala, Chalchihuapan, Tanhuato, Apatzingan, Tlatlaya y Nochixtlán han sido las violaciones más graves en contra de los derechos humanos que han marcado el sexenio del Presidente Peña Nieto.

 

Indicó que 25,340 carpetas de investigación por homicidio fueron aperturadas durante 2017, la cifra más alta en los últimos 20 años según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de  Seguridad Pública.

 

Aprovechó para hacer un llamado al diálogo plural, incluyente e informado sobre Ley de Seguridad Interior para proponer soluciones integrales y efectivas a las problemáticas de inseguridad y violencia que no han sido atendidas y que siguen carcomiéndose al país.

 

Cuba y Venezuela conforman la “lista negra” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según el informe anual de 2017 que publicó hoy el organismo autónomo que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).

 

El capítulo IV del informe, conocido como la “lista negra”, señala los países donde las violaciones de derechos humanos requieren una atención especial por parte de este organismo, con sede en Washington.

 

Respecto al caso de Venezuela, se señala el grave debilitamiento de la institucionalidad democrática, el alarmante incremento de la represión hacia la protesta social y la libertad de expresión, la violencia e inseguridad ciudadana, y la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país;

 

Adicional se menciona la existencia de serias restricciones que afectaron gravemente el ejercicio del derecho a la protesta social y la libertad de expresión. Asimismo, la situación causada por el desabastecimiento de alimentos, medicamentos, tratamientos e insumos médicos ha provocado alarmantes índices de pobreza y pobreza extrema.

 

En relación con Cuba, se señalaron las persistentes restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, y las restricciones a la libertad de movimiento; además de las mínimas garantías judiciales y de protección judicial, que afectan especialmente a defensores y defensoras de derechos humanos y personas disidentes, líderes sociales y políticos, periodistas independientes, además de la discriminación y violencia contra personas LGTBI y la exclusión de la población afrodescendiente, mujeres, y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

 

Cuba y Venezuela repiten en esa lista, donde el año pasado apareció inicialmente República Dominicana, pero después la CIDH se retractó en sus afirmaciones.

 

Con información de EFE /Foto. Archivo APO

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, se mostró hoy preocupado por la nueva Ley de Seguridad adoptada en México, que autoriza a las Fuerzas Armadas ejercer tareas de seguridad pública sin garantías o supervisión y que no cumple los estándares de derechos humanos.

“Me preocupa que una nueva Ley de Seguridad Interna autorice el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sin las garantías adecuadas ni supervisión”, señaló el comisionado en la presentación de su informe anual ante la trigésima séptima sesión del Consejo de Derechos Humanos.

Zeid añadió que la ley, que otorga a las Fuerzas Armadas un papel fundamental a la hora de velar por la seguridad interna, un rol reservado tradicionalmente a la Policía, no cumple los estándares internacionales de derechos humanos.

El alto comisionado de la ONU se mostró preocupado por que la “sistemática detención de inmigrantes y su devolución acelerada se haya convertido en la norma y socave gravemente las garantías del debido proceso y la protección del principio de la no devolución”, que prohíbe deportar a una persona a un lugar en el que su vida y libertades puedan estar en peligro.

El alto comisionado anunció además que en los próximos días publicará un informe con elementos de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO

El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que 2018 será un año clave en materia de Derechos Humanos, y adelantó, la dependencia está lista para revisar y perfeccionar, si se requiere, el actual marco normativo.

 

 

Durante un encuentro de la CONAGO, el encargado de la política interior del país pidió que este 2018 se bata el récord como el mayor año de cumplimiento efectivo de las recomendaciones emitidas por los organismos autónomos.

 

Subrayó que”treinta años después de haber comenzado en su vida moderna un importante esfuerzo institucional de defensa, protección y promoción de derechos humanos (…) nuestro país cuenta con un sistema más robusto, con un cambio en los paradigmas culturales, ya no con discusión sobre su existencia, sino la reflexión y discusión sobre cómo los mejoramos”.

 

El funcionario indicó que “hoy no es un tema de tortura, sino de desaparición forzada, de violencia y del atentado ya no contra un luchador social, que por sí mismo es grave, sino contra las instituciones defensoras del sistema de derechos humanos”.

 

En el marco de su informe de actividades respecto a 2017, el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,  Luis Raúl González Pérez, aseguró que es necesario y urgente que autoridades recuperen las condiciones de seguridad pública, pues han fallado en su obligación y responsabilidad de garantizarles ese derecho a todos los ciudadanos.

Aseguró que las “Fuerzas Armadas no puedan retornar , es previsible que imputaciones continúen, desgastando y debilitando credibilidad y confianza de la sociedad en sus instituciones”

 

 

Al comparecer ante el Congreso, González Pérez indicó que el “combate a la violencia, inseguridad, corrupción e impunidad”, son sin duda “asuntos prioritarios para 2018. Añadió que los “derechos humanos son el eje y parámetro que de manera transversal deben regir y condicionar todo el desarrollo de la actividad estatal”.

 

El Ombudsman nacional reconoció que “Aun con avances significativos en formulación de nuevos ordenamientos y el reconocimiento casi generalizado sobre necesidad de su cumplimiento, los derechos humanos no son plenamente respetados y vigentes en México”, lo que genera una situación de incertidumbre para todos los mexicanos.

 

Puntualizó que instituciones como la Secretaría de Marina (SEMAR) o la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) siendo señaladas como responsables de presuntas violaciones a los derechos humanos, lo que involucrarían conductas de evidente gravedad, como tortura, desaparición forzada o ejecución arbitraria, entre otras, aunque aclaró que no son las instituciones con mas denuncias.

 

Informó que las autoridades más señaladas presuntamente como responsables de violación a los Derechos Humanos en 2017 fueron:

  • IMSS 2,634
  • ISSSTE 1.078
  • SEP 656
  • INAI 521
  • Policia Federal 425
  • PGR 422
  • SEDENA 415
  • SEDESOL 386
  • SEMAR 259

 

 Luis Raúl González Pérez indicó que si bien el año pasado registró una disminución en el número de quejas promovidas contra dichas instancias, la CNDH emitió el mayor número de recomendaciones por violaciones graves.

 

Luego de que fuera publicado el Informe Anual de la organización Human Rights Watch (HRW), el gobierno de México aseguró que garantiza la protección de los derechos humanos en todo el territorio nacional, y rechazaron “todo acto de tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

 

La Secretaría de Gobernación (SEGOB), reconoció que existen desafíos para alcanzar el objetivo de garantizar en su totalidad el respeto a los derechos humanos de los mexicanos  “por diversos factores internos y externos a nuestro país”, sin embargo asegura que junto a otras instituciones del gobierno federal, han emprendido acciones concretas para hacer frente a todos y cada uno de estos retos.

 

A través de un comunicado dio respuesta a lo que el informe de HRW puntualizó sobre México.

  • El 16 de enero de 2018 entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuyas  disposiciones han incorporado los estándares internacionales más altos.
  • El Estado mexicano está plenamente comprometido con el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, la continuidad de las investigaciones, la sanción de los responsables y la protección de los derechos de las víctimas.
  • Se reitera el sólido compromiso de esclarecimiento y la sanción a los responsables de los hechos en el caso Tanhuato, para el que se cuenta con investigaciones, personas detenidas y procesadas.
  • Por lo que hace al caso de Tlatlaya, se llevaron a cabo las investigaciones por parte de la autoridad ministerial y con plenitud de autonomía el Poder Judicial Federal resolvió conforme a derecho sobre el particular, respetando y garantizando los derechos humanos de los inculpados, víctimas u ofendidos.

 

Destacó que las instituciones que conforman el gobierno de México han instrumentado políticas públicas que incluyen acuerdos, lineamientos y capacitaciones, para regular el uso de la fuerza en todos los niveles, lo cual se refleja en la reducción de las quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y de las recomendaciones emitidas por ésta.

 

“El Estado rechaza y condena tajantemente todo acto de tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, en general y en el marco de las investigaciones”, se lee en un comunicado conjunto entre SEGOB, PGR y SRE; añade que el gobierno de México “agradece el interés de Human Rights Watch por el respeto a los derechos humanos en todo el mundo; y reconoce las observaciones tanto de ésta como de otras organizaciones de la sociedad civil, reiterando el compromiso institucional, irrestricto e ineludible, por continuar trabajando en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos”.