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El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entregó el  Informe Anual de Labores 2018 a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, luego de no concretarse la entrega al propio presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La CNDH resaltó que es un hecho inédito en los casi 29 años de existencia del organismo, pues será la primera vez que el informe anual de labores no se presentara directamente al Presidente de la República

El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que 2018 fue un año crítico para los derechos humanos, donde las quejas referidas a salud, así como a las cuestiones relativas a la seguridad y justicia, fueron las áreas donde las personas acusaron mayores afectaciones a sus derechos.

Tras señalar que es claro que en el pasado existieron graves deficiencias y omisiones por parte de las autoridades de los distintos niveles y ámbitos del gobierno, el Ombudsperson nacional señaló que en estos primeros meses de 2019, se empiezan a acumular hechos, actos y omisiones que harían suponer que procurar la vigencia de los derechos humanos no se está asumiendo como premisa y límite de toda actuación pública, ni se están adoptando medidas pertinentes para revertir la situación que, desde hace varios años nuestro país ha enfrentado en diversos rubros.

González Pérez señaló que más allá de un acto meramente formal, el encuentro que propiciaba la presentación del Informe Anual de labores abría un espacio directo e inmediato para que la CNDH pudiera exponer, ante el Titular del Ejecutivo Federal, un balance anual sobre la situación de los mismos, así como reflexionar, prospectivamente, sobre los retos y situaciones que demandaban atención especial para el año en curso, cuestiones que en este 2019 no pudieron concretarse, al no haberse generado un espacio para que los derechos humanos fueran escuchados.

El Presidente nacional dijo que no será debilitando la institucionalidad democrática, ni eliminando o haciendo inoperante el sistema de pesos y contrapesos entre autoridades y poderes, o restringiendo o condenando en los hechos el legítimo ejercicio de los derechos o el disenso, que México avanzará por la ruta de la legalidad y del respeto a la dignidad humana.

«Nuestro país no puede prescindir de espacios y vías para que la reflexión y el entendimiento sean posibles mediante la pluralidad, la tolerancia, así como el respeto a las personas y a las ideas, para construir consensos en beneficio del país y de su sociedad. El piso común que nos una, identifique y permita sustentar cualquier cambio para México, deben ser la legalidad, respeto a la dignidad humana y vigencia de los derechos humanos», remató.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a diversas autoridades, por las omisiones y responsabilidades en que incurrieron autoridades de seguridad pública municipal y estatal, educativas y de procuración de justicia de Chiapas, al no proteger los derechos humanos de 14 docentes que fueron humillados en 2016.

La CNDH recordó que por negarse a participar en un paro magisterial, los maestros “fueron humillados al obligárseles a caminar descalzos por las calles del Municipio de Comitán de Domínguez, entre burlas y vejaciones, y a portar pancartas con leyendas denigrantes, además de que a la mayoría se le rapó públicamente”.

El organismo “acreditó” después de casi dos años la violación de los derechos humanos al trato digno, a la seguridad jurídica, a la integridad y a la seguridad personal, al trabajo digno, al derecho al acceso a la justicia, así como al derecho a una vida libre de violencia, atribuidas a autoridades de seguridad pública municipal y estatal, autoridades educativas y de procuración de justicia.

Recordemos que un grupo de maestros adscritos a la SEP y al Colegio de Bachilleres de Comitán de Domínguez, fueron retenidos el 31 de mayo de 2016. Las víctimas fueron llevadas por integrantes de la CNTE a la Central de Abastos del municipio, donde fueron vejadas y maltratadas, y las imágenes se difundieron ampliamente por los medios de comunicación.

Las omisiones y responsabilidades acreditadas consistieron en “la falta de acciones eficaces para contener las agresiones, ya que las autoridades de seguridad pública solo instruyeron ‘monitoreos’ de los hechos mediante uno o dos policías; no se solicitaron oportunamente medidas cautelares para proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas, ni se les brindó protección y auxilio en el momento de los hechos ni con posterioridad, y se omitió integrar con debida diligencia una de las carpetas de investigación, lo que generó impunidad”, indicó la CNDH.

El organismo detalló en su recomendación, dirigida al Gobernador de Chiapas que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, deberá reparar integralmente el daño a las víctimas, que incluya atención médica y psicológica, y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; entre otras acciones, las cuales involucran a la Fiscalía General del Estado, a la Directora General del Colegio de Bachilleres de Chiapas y al presidente municipal de Comitán de Domínguez.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicó que son importantes y complejos los retos que enfrenta México en materia de derechos humanos.

Recordó que en México se registra 40 mil personas desaparecidas; nueve mujeres son asesinadas al día, y se han alcanzado tasas de homicidios no vistas desde 1990.

“Cuando no se respetan los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia lo que se genera es un ciclo creciente de violencia”, dijo Bachelet.

Sobre el acuerdo que firmó con nuestro país, la ex presidenta de Chile dijo que va más allá de la capacitación e incorpora elementos que reforzarán el carácter civil que debe tener la Guardia Nacional; mencionó que apoyarán mecanismos de participación ciudadana, construcción de indicadores, mayor transparencia, rendición de cuentas y dignificación y profesionalización de la función policial.

Insistió en que los esfuerzos centrados en la Guardia Nacional deben complementarse con el fortalecimiento del resto de las corporaciones policiales; la habilidad estructural de los cuerpos policiales en todo el país puede revertirse por medio de la profesionalización de las policías y la dignificación de su labor. La dotación de suficientes recursos y la mejoría del proceso de selección, capacitación y evaluación de su actuación resultan esenciales.

 

Bachelet acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante 38 minutos de su conferencia matutina. Sin embargo, se le pudo ver un poco desconcertada cuando entró al salón de Palacio Nacional donde se realizaba la conferencia.

Tal como quedó captado en video, la Alta Comisionada se desconcertó ante el pódium que se eligió para firmar el acuerdo de colaboración con el gobierno mexicano. Incluso Bachelet se quedó inmóvil para después preguntar si era ese el lugar donde ella tenía que sentarse.

Esta mañana, el gobierno mexicano firmó un Acuerdo Marco con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para brindar asesoría y asistencia técnica en materia de Derechos Humanos y operación de acuerdo a estándares internacionales a la Guardia Nacional.

“Este es un acto muy importante, podría decir histórico, porque se firma el acuerdo con Naciones Unidas, con la Alta Comisionada de Derechos Humanos, la señora Bachelet, para el acompañamiento de una nueva etapa en el propósito de garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país”, afirmó el mandatario quien fungió como testigo de honor.

Sostuvo que el apoyo de Naciones Unidas al nuevo cuerpo de seguridad pública de México, tiene el propósito de abonar en la formación de los elementos de la Guardia Nacional en los principios de la defensa de derechos humanos y en el “uso moderado de la fuerza”.

AMLO agradeció a la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, su acompañamiento en este proceso, al tiempo que recordó que México estará a la vista de los organismos internacionales en esta y otras materias, como el combate a la corrupción.

Por su parte el canciller, Marcelo Ebrard, indicó que la Guardia va a demostrar que la eficacia para la seguridad implica y requiere en una democracia el respeto sistémico a los derechos humanos. Dijo que, desde ahora, la Guardia Nacional tendrá “en su ADN los derechos humanos”.

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, recordó que México ha atravesado un difícil periodo de más de 12 años de inseguridad creciente, cuyo costo en vidas humanas, desaparecidos, tortura, violaciones y severo quebranto del tejido social, es simple y sencillamente inaceptable.

“Aspiramos a que los derechos humanos nunca más se divorcien del quehacer del Estado en materia de seguridad pública, y para ello nos es indispensable la colaboración de organismos multilaterales”, sostuvo.

Añadió que el gobierno federal tiene el compromiso de que la Guardia Nacional sea ejemplar y que su organización, capacitación y actuación respondan a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.

 

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, dio a conocer un balance sobre el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

Adicional informó sobre las acciones que el gobierno federal está llevando a cabo para garantizar la protección y seguridad de los periodistas y activistas.

Encinas Rodríguez señaló que, desde el inicio de la nueva administración, se tiene registro de 790 personas bajo el Mecanismo de protección, de los cuales 498 son defensores de derechos humanos, el 63%, mientras que 292 son periodistas, el 37%.

Las personas bajo el programa, se concentran principalmente en 10 entidades, donde está el 62% de los beneficiarios, entre los que destacan: Ciudad de México (17%); Veracruz (9.6%) y Guerrero (9%).

Al explicar el funcionamiento de dicho mecanismo, el funcionario federal indicó que se ha detectado que el “mecanismo tiene medidas fundamentalmente reactivas, no se atiende la parte preventiva no sólo de quienes están sujetos al Mecanismo de protección, sino de los periodistas o los defensores en general”.

Señaló que otro problema que se ha encontrado, es que existe una empresa privada, que es la encargada de toda la aplicación de los mecanismos que se decidan a cada uno de las personas que están sujetas a la protección, que reporta deficiencias en la operación, particularmente en sus equipos tecnológicos y en su personal.

Una de las medidas del mecanismo que más ha llamado la atención de las autoridades, es el relacionado con los botones de asistencia; señaló que actualmente hay 792 botones en activo para periodistas y defensores de derechos humanos.

Detalló que, de los 792 botones, 209 de los usuarios tienen apagado durante más de 150 días al año el botón; 100 más lo tienen apagado entre 61 y 150 días del año y 230 lo tienen activo prácticamente de manera permanente. Encinas afirmó que dichas prácticas de uso las han entendido como una falta de confianza en la autoridad.

Adicional dijo, que muchos de los beneficiarios del mecanismo y que cuentan con los botones no los usan para que la autoridad no sepa donde se encuentran.

El subsecretario adelantó que se está llevando a cabo una auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al fideicomiso que maneja los recursos del mecanismo, además de una evaluación externa por parte de las oficinas en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Adicional se hará una evaluación conjunta con todos los beneficiarios.

Está en proceso también el reemplazo de las escoltas privadas de los beneficiarios por escoltas capacitadas por la Policía Federal Preventiva. Aclaró que los beneficiarios del mecanismo van a seguir manteniendo los beneficios en tanto no esté resuelto todos los mecanismos de protección.

En el caso específico de los periodistas, señaló que se involucrará directamente a los dueños de los medios de comunicación en la corresponsabilidad para garantizar la integridad y la seguridad de sus trabajadores. Adicional ventiló el trabajo de cooperación internacional que se implementará para favorecer la operación del mecanismo.

Resumió que a la fecha se tienen registrados seis homicidios de periodistas a partir del 1 de diciembre, de los cuales solamente Rafael Murúa Manríquez, en Baja California Sur, estaba bajo la protección del mecanismo; los otros cinco no estaban dentro de la protección del mecanismo; precisó que de estos seis casos cuatro ya fueron identificados y detenidos los presuntos responsables del homicidio.

En el caso de defensores de derechos humanos, se tienen nueve asesinatos, de los cuales solamente se han esclarecido dos, en particular el caso de Sinar Corzo, en Arriaga Chiapas; y en el caso de Samir Flores, en Amilcingo, se tienen identificados a tres agresores.

Detalló que de los otros siete casos está en proceso la investigación, sin que hasta ahora se hayan detenido a todos los responsables materiales e intelectuales.

“Yo creo que el Mecanismo debe de entrar en una nueva etapa de desarrollo con una participación más activa por parte del gremio periodístico y por parte de los defensores de derechos humanos; y necesitamos fortalecer, sin lugar a dudas, mecanismos de cooperación entre la federación y los estados, pero también los instrumentos de corresponsabilidad con los propios beneficiarios del Mecanismo de Protección”, remató Alejandro Encinas.

 

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizará una visita oficial a nuestro país del 5 al 9 de abril próximo.

Se informó que la visita responde a una invitación hecha por parte del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

«Esperamos que podamos seguir encontrando puntos comunes en nuestros esfuerzos para mejorar la situación de los derechos humanos en ese país», señaló al confirmar el viaje el portavoz de la oficina Rupert Colville.

La fuente también recordó que habrá un encuentro la próxima semana en Ginebra entre Bachelet y la subsecretaria mexicana de AAEE, Martha Delgado, al margen del Consejo de Derechos Humanos que se inicia este lunes.

Se detalló que uno de los principales temas de esa reunión será el proyecto de creación de la Guardia Nacional.

Colville señaló que la delegación mexicana de la Oficina de la ONU de Derechos Humanos ha revisado el plan de la Guardia, y lo ha debatido con las autoridades del país, «dejando claros nuestros puntos de vista sobre algunas cuestiones que nos parecían problemáticas».

 

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, advirtió que de aprobarse las reformas constitucionales que darán vida a la Guardia Nacional, iniciarían un proceso de alejamiento y ruptura con sistemas internacionales de protección y defensa de derechos humanos.

Adelantó que México podría solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión sobre la compatibilidad de la Guardia Nacional con el régimen iberoamericano de derechos humanos.

Al participar en el tercer día de las audiencias públicas que se desarrollan en el Congreso, el ombudsman, advirtió que la nueva corporación podría acabar vulnerando los derechos humanos, además de contravenir sentencias, principios y recomendaciones internacionales.

“La participación de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad pública no es deseable, tampoco podemos desconocer que, por el momento, no es viable su retiro”; sin embargo, indicó que no puede verse como “la solución básica a la problemática que enfrentamos y que en razón de ello se busque perpetuarla”.

González Pérez sostuvo que la Secretaría de la Defensa Nacional no puede volverse la instancia que, directa o indirectamente, investigue, sancione y prevenga los delitos que cometan civiles.

 

El Gobierno de Estados Unidos confirmó hoy que regresará a México a los inmigrantes que accedan al país irregularmente o sin los documentos necesarios por la frontera sur. El gobierno mexicano fijó su postura al respecto.

«Confrontaremos esta crisis de frente, defendiendo la ley y fortaleciendo nuestros compromisos humanitarios», aseguró la secretaria de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen.

Por su parte la cancillería mexicana informó que esta mañana el gobierno estadounidense les informó sobre su decisión de implementar la sección de su ley migratoria que le permitiría devolver a extranjeros, no mexicanos, a nuestro país para que aguarden el desarrollo  de su proceso migratorio en Estados Unidos.

«México reafirma su derecho soberano de admitir o rechazar el ingreso de extranjeros a su territorio, en ejercicio de su política migratoria», expresó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Al respecto informó que decidido tomar algunas acciones en beneficio de las personas migrantes, en particular a los menores de edad, estén acompañados o no:

  • Autorizará, por razones humanitarias y de manera temporal, el ingreso de ciertas personas extranjeras provenientes de Estados Unidos con base en la legislación mexicana vigente y los compromisos internacionales suscritos, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, su Protocolo, así como la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otros.
  • Permitir que las personas extranjeras soliciten su internación a territorio nacional por razones humanitarias en los lugares destinados al tránsito internacional de personas, permanezcan en territorio nacional bajo la condición de “estancia por razones humanitarias”.
  • Garantizará que las personas extranjeras gocen plenamente de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución.

Pese que con dichas acciones México acepta que los migrantes permanezcan en territorio mexicano tal y como lo quería el gobierno estadounidense, la cancillería explicó que no se trata de un «esquema de Tercer País Seguro», pues dijo que dicho concepto obligaría a las personas migrantes en tránsito a solicitar asilo en México.

Aclaró que las decisiones tomadas están dirigidas a facilitar el seguimiento de las  solicitudes de asilo en los Estados Unidos, sin que eso implique obstáculo alguno para que cualquier persona extranjera pueda solicitar refugio en México.

En compañía de funcionarios federales, el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén, presentó este miércoles el Programa de Política Migratoria 2018-2014.

Explicó que el programa planteado tendrá dos ejes. «El primero tiene énfasis en el respeto y promoción a los derechos humanos de los migrantes. El segundo es el desarrollo social y económico».

Como parte del programa, anunció que se tiene contemplada la creación de una comisión para la protección de los menores migrantes y solicitantes de refugio.

El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, indicó que es necesario acabar con la discriminación relacionada al fenómeno migratorio, y pidió ver a la migración como «un nuevo fenómeno para conformar una nación».

Se señaló que la nueva política migratoria será un esfuerzo intersecretarial bajo la coordinación de Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Al respecto, Olga Sánchez Cordero sostuvo que la nueva política migratoria de México se apega al Pacto de Migración de Marrakech, mismo que quedó aprobado por la ONU. Fue ahí donde el canciller Marcelo Ebrard enfatizó que México es el primer país en el mundo que ajusta sus políticas migratorias al pacto internacional.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fijó su postura sobre el aumento al Salario Mínimo que se anunció la tarde de ayer por parte del gobierno federal y las distintas agrupaciones empresariales.

Reconoció la “sensibilidad y disposición” para fijar el nuevo Salario Mínimo, que recordó entrarán en vigor a partir del próximo 1 de enero, y enfatizó que por primera vez se actuó tomando como base la perspectiva de derechos humanos.

El presidente nacional del organismo, Luis Raúl González Pérez, aseguró que con el anuncio realizado, el Gobierno de la República inicia el cumplimiento de su compromiso de respetar a los derechos humanos en la materia.

Pese a destacar la sensibilidad que imperó para la fijación de los nuevos salarios, González Pérez advirtió que los salarios todavía son “insuficientes”.

Destacó que tal como lo dijo la Secretaria del Trabajo, con la decisión de aumentar los Salarios Mínimos se atiende la Recomendación General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que llama a asumir los acuerdos necesarios para incrementar el salario mínimo a partir del ejercicio fiscal 2019, considerando como mínimo lo expuesto por el CONEVAL en relación con la línea de bienestar.

 

El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que el modelo de Guardia Nacional planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no revertirá la situación de violencia e inseguridad que vive el país.

Por el contrario, dijo, generaría un riesgo de que se vulneren los derechos humanos, y que se debilite la institucionalidad civil y democrática.

Indicó que la Guardia Nacional “no garantizaría en modo alguno o contribuiría por sí misma de manera sustantiva a que se acabara con la impunidad, debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos”.

El titular de la CNDH señaló que la Guardia Nacional representa una respuesta parcial e incompleta a la problemática de violencia e inseguridad.

Al reunirse con diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales México, González Pérez dijo que se requiere combatir la violencia sin medidas autoritarias o que generen más violencia.

Subrayó que la seguridad es una necesidad y no un campo para intereses políticos, por lo que solicitó a los diputados que, por graves que sean las circunstancias en la materia, no se debe renunciar a la institucionalidad civil y democrática.

 

Debido a la coyuntura por la que atraviesa el país con el paso de la Caravana Migrante, el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila Romero, exigió que el gobierno electo de a conocer su política migratoria.

El dirigente perredista señaló que la situación que prevalece en este momento con la Caravana Migrante, no será la única que enfrentará la gestión del Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo que es urgente conocer la estrategia que seguirán.

“El próximo gobierno, debe tener una estrategia clara, con respecto al actuar de las caravanas migrantes; mucho me temo que no serán las únicas caravanas que se realizarán a lo largo del sexenio, pues la miseria y el abandono de las sociedades en los estados paupérrimos de América Central, obligará cada día más a nuestros hermanos centroamericanos para que abandonen sus países de origen”, indicó en conferencia de prensa.

Ávila Romero indicó que en el PRD hacen un llamado para privilegiar el tema de la atención a los derechos humanos, el respeto a las garantías individuales, la atención debida y adecuada a las caravanas migratorias.

Un grupo de 14 eurodiputados llamaron al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a llevar a cabo una agenda de reformas contra la impunidad y la corrupción y en favor de los derechos humanos.

A través de una carta dirigida a López Obrador, los parlamentarios expresaron su preocupación por la situación de los derechos humanos, la impunidad y la corrupción que prevalece en nuestro país, por lo que dijeron que «México necesita un cambio que comenzará impulsando reformas de «profundidad para acabar con la impunidad y la corrupción».

La carta, hecha pública por los eurodiputados, recuerda los avances legislativos de los últimos años en el país para mejorar la situación de los derechos humanos, tales como la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares y la Ley General contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Dijeron que si bien se atienden los estándares internacionales, «llamamos a que su Gobierno (AMLO) implemente adecuadamente dichas leyes, teniendo en cuenta la opinión de las personas afectadas, sus familiares y la sociedad civil».

Los eurodiputados también señalaron los «retrocesos importantes» que detectaron, como lo es la Ley de Seguridad Interior, desde cuya aprobación indicaron se han presentado varios recursos de amparo que, «a nuestro modo de ver, supone continuar con la militarización de la seguridad pública».

Llamaron a López Obrador y a su gobierno a derogar dicha Ley y a «retirar a las fuerzas armadas de las tareas de la seguridad pública».

Los eurodiputados firmantes son, por parte de Los Verdes, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Molly Scott, Florent Marcellesi y Ana Miranda. Y, en representación del grupo de la Izquierda Unitaria: Estefanía Torres, Miguel Urbán, Javier Couso, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Tania González Peñas, Xabier Benito y Lola Sánchez Caldentey