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Jaime Barrera, periodista y conductor de noticias en N+ (TelevisaUnivisión) de Guadalajara, se encuentra desaparecido en según denunciaron sus familiares y organizaciones civiles.

“Mi papá, el mejor periodista de Jalisco (estado del occidente de México), está desparecido. Les ruego con el alma nos ayuden a encontrarlo”, publicó en redes sociales su hija, Itzul Barrera, quien es consejera nacional de Morena.

A Barrera, quien también era colaborador de medios como Milenio, El Informador y Canal 44, lo vieron por última vez ayer a las 14:00 horas, detalló la organización Artículo 19, que defiende la libertad de prensa.

La asociación exigió a las autoridades aplicar el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas y solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) ayudar en la investigación de la Fiscalía del estado.

El Comité de Protección para Periodistas (CPJ) también anunció que está indagando el caso.

En tanto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, expuso que el periodista no acudió a su noticiero del lunes y “que desde el mediodía su familia no lo localizaba”.

“A partir de esa información estamos atentos y concentrados en dar con su paradero. Personalmente, estoy atendiendo el tema y todas las corporaciones están coordinadas para encontrarlo”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

La prensa local reportó que las autoridades encontraron el auto abandonado del periodista en la colonia Fovissste Sector I, en el municipio de Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara, pero hasta ahora los investigadores no han compartido más hipótesis.

El hecho ocurre mientras organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) han advertido que México es el país que no está en guerra más peligroso para los periodistas, con al menos cinco asesinados en relación a su labor en 2023, según Artículo 19.

La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, presentó su informe de actividades 2023 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde propuso desaparecer al organismo y dar paso a una Defensoría de los Derechos del Pueblo.

Piedra Ibarra afirmó que “nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz” a la CNDH pues dijo, ya que no responde a las necesidades del pueblo.

“Estamos convencidos de que la defensoría nacional de los derechos del pueblo emerja como una nueva institución, más aún de que es indispensable reformar el sistema jurisdiccional mexicano para cumplir cabalmente con el artículo 1º de la Constitución”, dijo la funcionaria.

La hija de la reconocida activista Rosario Ibarra de Piedra, sostuvo que los mexicanos demandan un nuevo organismo de defensoría, que dijo, debe ser más dinámico, comprometido y proactivo.

Subrayó que la única manera de hacer cumplir la ley es devolviéndole las instituciones al pueblo, palabras que recordaron al discurso del presidente López Obrador; en el caso de la CNDH, sostuvo que desde su creación emite recomendaciones que no tienen carácter de obligatoriedad, lo que contradice lo que mandata el 1º constitucional, además que está estancada en acciones reactivas, cuando en realidad se requiere prevenir, asumir resoluciones con rapidez y eficacia e incidir en políticas públicas.

En ese sentido, dijo que durante su gestión al frente de la CNDH, ha tratado de ir más allá de “nuestras posibilidades ejerciendo también acciones de prevención, gestión y, en su caso, de acompañamiento a las víctimas en sus demandas ante las autoridades”.

Detalló que al inicio de la actual presidencia de la Comisión se recibieron 508 recomendaciones sin cumplimiento, siendo la más antigua la de la Guerra Sucia, emitida en 2001, mientras que en la del caso Ayotzinapa se está integrando un nuevo proyecto de recomendación.

Rosario Piedra detalló que durante 2023 se registraron 153 mil 261 documentos en el Sistema Integral de Quejas y 73 mil 66 solicitudes de atención, de las cuales 60 mil 342 fueron escritos de quejas. Resaltó que 13 mil 1 expedientes fueron resueltos durante su tramitación, lo que dio solución a su problemática en favor de 37 mil 961 personas agraviadas o quejosas; representa el 62.90% de los expedientes concluidos.

Añadió que se ha fortalecido la presencia nacional mediante la transformación de las 16 oficinas foráneas, asegurando que hoy hay representación prácticamente en todo el país.

En línea con el debate que se ha dado en los últimos días en el púlpito presidencia, Piedra Ibarra destacó que ni ella ni ningún alto cargo de la CNDH gana más que el Presidente; se haya gastado millones en viáticos o banquetes, bonos, percepciones extraordinarias; gastos ostentosos o se ha contratado a familiares o amigos.

Durante el debate, el senador Germán Martínez del Grupo Plural, acusó que la tarea de la CNDH es limitar al poder. Reclamó que la Comisión no menciona en sus recomendaciones violaciones a los derechos de personas en contexto de migración, con discapacidad, periodistas asesinados, madres buscadoras y desplazamientos forzados y terrorismo.

Una jueza federal revocó la prisión preventiva impuesta a ocho militares acusados de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, permitiéndoles que sigan su juicio en libertad con el pago de una fianza, la prohibición de salir del país y su presentación quincenal ante los juzgados.

Santiago Aguirre, abogado de los padres de los desaparecidos, explicó que los beneficiados por el cambio de medida cautelar están acusados por el delito de desaparición forzada de personas, lo que supone un nuevo golpe al caso que después de nueve años sigue sin esclarecerse.

“Es la confirmación de que el caso se está cayendo por la intervención de Sedena”, agregó Aguirre. “En la defensa de estos acusados participan abogados militares”.

Con esta medida sólo quedarán en prisión cinco militares, entre ellos un general, que son los únicos cuya presunta responsabilidad habría reconocido el Ejército, agregó Aguirre. Tres de ellos también están acusados de delincuencia organizada. Presuntamente colaboraban con un cártel local que traficaba droga hacia Estados Unidos.

A nueve años del ataque del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, no está claro ni el móvil del crimen ni el destino de los estudiantes, aunque se encontraron restos calcinados de tres de ellos y se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cártel que traficaba heroína y que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, militares incluidos.

La participación de las Fuerzas Armadas está confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR), así como por la Comisión de la Verdad creada al principio de este gobierno y por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron el caso ocho años.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que ha dado cada vez más poder a los militares, insiste en que los involucrados son sólo de un puñado de elementos aunque durante su gobierno se calificó el ataque como un “crimen de Estado”.

Los expertos internacionales y los abogados de las víctimas aseguran que existen muchas evidencias de que la participación de las Fuerzas Armadas fue mucho mayor, no sólo en el ataque sino en la posterior obstrucción a la justicia.

El problema, denunciaron, es que la Secretaría de la Defensa sigue ocultando unos 800 documentos de inteligencia que podrían contener datos clave para el esclarecimiento de los hechos.

La excarcelación de los ochos militares llega poco más de una semana después que las familias de los 43 amenazaran el jueves con romper el diálogo con el gobierno si no les entregaban los documentos militares que faltan, que llevan exigiendo un año y que provocó que los expertos de la CIDH dejaran el país en julio por este motivo.

Hasta ahora el procesado de mayor rango es el exprocurador general Jesús Murillo Karam, acusado por obstrucción a la justicia, tortura y desaparición forzada y en prisión preventiva.

En noviembre, un juez federal le concedió el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria por cuestiones de salud pero sigue encarcelado porque tal decisión solo afectaba a uno de los varios casos que hay en su contra.

López Obrador se comprometió a esclarecer el caso antes del fin de su mandato, el próximo 1 de octubre, pero los padres de los desaparecidos confían cada vez menos en él.

En respuesta, la FGR anunció que impugnará la decisión de la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo que ordenó revocar la orden de prisión preventiva emitida contra los ocho militares al considerar que ya no existe riesgo de fuga para ninguno de los imputados.

Tras conocer la decisión, el organismo ha mostrado su rechazo “tajante” a la estipulación de la jueza y de los magistrados del tribunal: Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, de “desconocer las resoluciones” de los jueces que determinaron prisión preventiva y conceder “ventajas indebidas a quienes no lo merecen” a través de una “secuela procesal absolutamente cuestionable para los derechos y la protección de las víctimas”.

El Ministerio Público ha subrayado que estos procedimientos de amparo generan una “evidente situación de injusticia” que afecta a los desaparecidos, sus familias, su seguridad “y a la nación misma, dada la brutalidad de los abusos cometidos y del peligro de una libertad procesal para quienes cometieron el delito de desaparición forzada de personas”.

Asimismo, ha denunciado que “esta conducta procesal notoriamente injusta, que se repite constantemente en asuntos de trascendencia nacional o de importancia política, se utiliza por algunos medios (de comunicación) de manera parcial y engañosa”: “Esta distorsión mediática se ha venido repitiendo de manera constante y progresiva durante los últimos años”, indicó en un comunicado.

La Fiscalía denunció que este tipo de casos “vinculan con toda claridad despachos de abogados, relaciones
personales o familiares, autoridades judiciales de la más alta jerarquía y a extorsionadores mediáticos que han sido exhibidos públicamente y que se dedican a distorsionar la justicia, traficar influencias y a descalificar las tareas del Estado y de sus instituciones, todo ello por razones aviesas y de voracidad patrimonial”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó este jueves que en el paquete de reformas que presentará el próximo 5 de febrero, estará la propuesta de desaparecer todos los organismos autónomos que existen en el país.

“Nosotros también estamos revisando con lupa lo que hacen estos organismos, al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma, que desaparezcan todos estos organismos que crearon para proteger a particulares”, señaló el mandatario.

AMLO respondió así a las declaraciones de la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Andrea Marván, sobre la exhaustiva revisión que hará dicho organismo sobre la venta de 13 plantas de la española Iberdrola a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en junio pasado.

Entre los organismos que ha criticado López Obrador, y que podrían estar en la lista negra, están la Cofece, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai), y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

López Obrador afirmó que todos los reguladores autónomos se crearon en lo que él llama el periodo neoliberal “para afectar el interés público”. Y sostuvo que durante esa etapa se entregaron los bienes “del pueblo” y de la nación a particulares.

“Hubo una privatización que solo venía como antecedente en la historia que llevó a cabo (el dictador) Porfirio Díaz, le entregó el petróleo, las minas, las tierras, el agua, los ferrocarriles, los bancos a los extranjeros”, añadió.

AMLO indicó que su paquete de iniciativas busca modificar las reformas hechas en los últimos 36 años para favorecer únicamente a particulares y aseveró que justo por ello se crearon los organismos “supuestamente” autónomos.

“Necesitaban protegerse y por eso constituyeron todos estos organismos, supuestamente autónomos, en donde tiene más peso lo privado, lo particular, que lo público, por eso es la actitud de este organismo (Cofece)”, reclamó.

Fue a inicios de semana cuando López Obrador reveló que el paquete de reformas constitucionales que presentará el 5 de febrero asciende a 10 iniciativas, aunque no negó que el número pueda ser mayor; ente ellas incluirá las del Poder Judicial, la Guardia Nacional y la austeridad republicana.

En eventos previos ha expresado que también buscará una iniciativa eléctrica para contrarrestar la reforma que abrió a la inversión privada el sector energético en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ayer dijo que el dinero que hoy se les asigna a estos organismos autónomos podrían servir para financiar las aportaciones del Gobierno federal a las pensiones, las cuales propone sean del 100%.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que aumentar la austeridad en el Gobierno permitirá al Gobierno participar en el pago de pensiones completas, tal como lo planteó en recientes días.

Esto es algo que anunció incluirá en la iniciativa de reforma a las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que enviará el 5 de febrero al Poder Legislativo.

“Sobre los recursos, la parte que nos corresponde a nosotros la vamos a obtener porque vamos a proponer más austeridad republicana. Empezamos con un plan de austeridad, nos ayudó mucho, pero pensamos que todavía podemos ahorrar más. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, entonces lo que ahorremos, para que no le cueste tanto al pueblo mantener al gobierno, vamos a hacer un ajuste y ese ahorro va a destinarse a ese propósito”, explicó el mandatario.

AMLO dijo que el Gobierno va a aportar lo que le corresponde y señaló que aún existen estructuras improductivas, autónomas a la federación, que fueron creadas durante el periodo neoliberal y que no benefician a los intereses del pueblo.

“Lo que ahorremos para que no le cueste tanto el Gobierno al pueblo (…) se hará un ajuste y va a destinarse a ese propósito. Hay muchas estructuras improductivas, todas las que crearon para proteger la corrupción, los organismos autónomos que se crearon en contra de la gente para proteger, ahí hay muchos ahorros”, añadió.

Fue en ese punto donde señaló que contempla destinar los recursos que hoy en día se le dan al INAI, mil millones de pesos, al fondo de pensiones.

Reiteró que la iniciativa de reforma que será presentada en Palacio Nacional corregirá gradualmente las “injusticias cometidas” en contra de los trabajadores en el sexenio de Ernesto Zedillo.

“¿Qué otra cosa hizo Zedillo? Llevó a cabo esa reforma para que cuando el trabajador se jubila, no reciba el 100 por ciento de su salario sino, si le va bien, el 50 por ciento. Es una gran injusticia, entonces, ¿qué es lo que estamos planteando y qué voy a enviar como iniciativa de reforma a la Constitución? Que el trabajador, al concluir su tiempo laborando, al jubilarse, reciba completo su sueldo”, remató.

Las familias de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 amenazaron con romper el diálogo con el Gobierno si no les entregan los 800 documentos de inteligencia militar que llevan exigiendo por más de un año, que aseguran podrían tener información clave sobre la desaparición.

Según denunciaron los padres y sus abogados, desde que se presentó la exigencia, lo único que han conseguido son mentiras, intentos de las autoridades de dividir al grupo, ofertas engañosas de apertura de los archivos y un trato que les recuerda a la Gobierno anterior.

Después de meses de diferencias, los padres se salieron de una reunión de la Comisión de la Verdad a la que habían sido convocados y exigieron ser recibidos de nuevo por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aunque, afirmaron, su confianza en él ya casi no existe.

“Señor Presidente, no nos niegue el derecho a saber el paradero de nuestros hijos”, dijo Mario González, padre de uno de los 43 desaparecidos. “Firmó un decreto presidencial donde nos daba todas las facilidades y no cumplió absolutamente nada su palabra”. “¿Cuál es el cambio?”, preguntó en referencia a la administración de Enrique Peña Nieto.

Y es que recordemos que López Obrador se comprometió a resolver el caso nada más llegar al poder. Y pese a la creación de la Comisión de la Verdad, de haber calificado el ataque contra los jóvenes como un “crimen de Estado”, de que la Fiscalía General reconociera que la anterior administración armó toda una trama para obstruir el acceso a la justicia, de sumar pruebas, detenciones y procesos judiciales, el caso sigue sin esclarecerse.

Según las críticas de los padres, la principal traba sigue: las Fuerzas Armadas. Aunque más de una docena de militares están detenidos y procesados, lo que para el presidente es una muestra de que no habrá impunidad, los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  dejaron el país alegando que los militares seguían ocultando información clave.

Cuando falta menos de un año para el fin de la administración, padres, madres y abogados advirtieron un panorama desolador.

Tras abandonar la reunión, encabezaron una conferencia de prensa donde estaban los familiares de casi todos los desaparecidos incluidas un par de madres que denunciaron cómo sus exesposos se habían pasado al otro bando.

La intención del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de enviar una iniciativa de ley para eliminar los organismos autónomos, tales como el INAI, el IFT o la COFECE, sería un grave retroceso para el desarrollo democrático del país, alertó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

La patronal expresó su preocupación y desacuerdo con la propuesta de López Obrador y advirtió: “seremos férreos defensores de su permanencia y su fortalecimiento”, ya que son pilares “fundamentales” para el equilibrio de poderes en el país y garantizan los derechos de las personas.

“Consideramos que su eliminación sería un grave retroceso para el desarrollo democrático de México”, enfatizó.

La Coparmex se pronunció respecto al anuncio de López Obrador, quien ayer informó que antes de que termine su mandato enviará una iniciativa de reforma con la que buscará que desaparezcan organismos autónomos pues “no sirven para nada”.

“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos”, expresó durante su conferencia matutina.

AMLO se refirió a organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Al respecto, la Confederación demandó resolver los nombramientos pendientes de los integrantes de dichos organismos, como el INAI, que desde abril no ha podido resolver ninguna demanda ciudadana que implique ordenar a algún órgano público transparentar información porque no alcanza el mínimo de cinco comisionados para sesionar como mandata la Constitución.

La Coparmex recordó que estas instituciones “sí sirven a la sociedad”, pues garantizan el derecho a la transparencia de las acciones de los gobiernos, la rendición de cuentas, la protección de datos personales y el cumplimiento de las regulaciones en distintos temas.

Asimismo, dijo que las funciones especializadas y atribuciones que ejercen como órganos garantes constitucionales desde sus distintas áreas “son determinantes para la estabilidad del principio de División de Poderes” y “la vigencia efectiva de los derechos humanos”.

“Debilitarlos y concentrar todas las decisiones en un solo Poder, representaría una regresión autoritaria contra la cual los ciudadanos hemos luchado durante décadas”, agregó.

Finalmente, señaló que la existencia y permanencia de las instituciones “no pueden ni deben estar en función del gobierno en turno ni de ideologías políticas particulares. Los órganos autónomos son una conquista ciudadana expresada en la Constitución. México no puede dar pasos atrás”, remató.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este lunes que antes de que termine su mandato elaborará una iniciativa de reforma con la que buscará que desaparezcan organismos autónomos pues, consideró, “no sirven para nada”.

“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluo”, expresó el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

El mandatario se refirió a organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), los cuales, aseguró, deben desaparecer.

“Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos, y es ‘supuestamente autónomos’ porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías”, aseveró.

Refirió que cada vez que se quiere defender a empresas como Pemex o a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), “sale el Instituto este de la Competencia (Cofece) a defender a los particulares”, lamentó.

Asimismo, dijo que no importa si no aprueban su reforma, pero lo que busca es dejar constancia de que esos organismos “están mal” y no quiere ser cómplice.

“Si no la aprueban lo que quiero es que quede constancia de que eso está mal y no quiero ser cómplice, este año o el año próximo, antes de irme”, enfatizó.

Recordemos que en diversas ocasiones, López Obrador ha dicho que este tipo de organismos son “inútiles” y ha criticado los altos salarios de sus funcionarios.

Autoridades investigan la desaparición de cinco personas, entre ellas, tres periodistas, en la localidad de Taxco de Alarcón, en Guerrero, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La Fiscalía precisó que el caso se persigue a través de la fiscalía especializada en delitos cometidos en agravio de periodistas y defensores de los derechos humanos, así como por la fiscalía especializada en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas.

Los periodistas desaparecidos fueron identificados como Marco Antonio Toledo Jaimes, director del Semanario Espectador de Taxco, corresponsal de N3 Guerrero, La Crónica, y Vespertino de Chilpancingo, el pasado 19 de noviembre.

Además de Silvia Nayssa Arce Avilés, y Alberto Sánchez Juárez, una pareja de periodistas del medio digital RedSiete, el 22 de noviembre, ambos plagios perpetrados por grupos criminales armados.

Lo anterior pudo ser corroborado por la organización Artículo 19, mientras que los familiares de los plagiados dieron a conocer públicamente sus desapariciones en sus redes sociales.

Artículo 19 explicó que las coberturas de los periodistas se centraban en temas tanto políticos como de seguridad local, en el caso de Toledo; y notas locales en los alrededores de Taxco y del estado, siendo sus coberturas más recientes las relacionadas al azote de Otis el pasado 25 de octubre.

La organización también destacó que con 425 agresiones entre 2009 y 2023, Guerrero se posiciona como la quinta entidad con más ataques contra periodistas y medios de comunicación.

“El estado es también el segundo más letal contra la prensa, pues se tienen contabilizados 17 periodistas asesinados, siendo el último caso de Nelson Matus Peña. Así como tres periodistas desaparecidos, con el caso de Alan García, siendo el último caso documentado”, añadió.

La organización instó a las autoridades a aplicar los protocolos legales estimados en este tipo de investigaciones ministeriales y atender su localización con oportunidad.

Los hechos se reportan una semana después del asesinato del fotoperiodista Ismael Villagómez en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En lo que va del año en México, considerado el país sin guerra más peligroso para la prensa, cinco periodistas han sido asesinados en relación con su labor, con lo que la cifra asciende a 163 homicidios entre de 2000 a la fecha, según el conteo de Artículo 19.

El Ejército estuvo al tanto del secuestro y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, según confirmó un adendum al segundo informe dado a conocer por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

“El Ejército tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo y acredita que los objetivos que estaban siendo investigados con anterioridad a los hechos contaban con información en tiempo real sobre los posibles destinos de los estudiantes desaparecidos”, dice el documento emitido por la Comisión para la Verdad (COVAJ), que indaga el caso.

Según el reporte, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), a la que pertenece el Ejército, hacía seguimiento a miembros del grupo armado que cometió el crimen con la complicidad de agentes del Estado.

“La Sedena tenía identificados y hacía seguimiento con anterioridad a los hechos, a diferentes objetivos prioritarios que eran parte de los grupos delictivos y cuya información es de interés para continuar con la investigación”, se lee en el documento.

Recordemos que un informe previo de la COVAJ presentado el pasado 27 de septiembre, justo cuando se cumplieron 9 años de la desaparición, señalaba que la participación por acción u omisión de autoridades federales, estatales y municipales en el caso constituyó un “crimen de Estado”.

Los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa desaparecieron entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, uno de los más violentos del país debido a enfrentamientos entre cárteles del narcotráfico.

Los jóvenes habían llegado a Iguala para hacerse de autobuses y utilizarlos para trasladarse a Ciudad de México en donde participarían de una manifestación, cuando fueron perseguidos y atacados por miembros del cártel Guerreros Unidos.

Dicho grupo es acusado de haber perpetrado el crimen en colusión con policías y ante la pasividad de autoridades y oficiales de las Fuerzas Armadas de México.

Durante los últimos años, los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa habían reclamado que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) entregó información incompleta sobre el caso, en particular sobre la participación del Ejército.

Hasta el momento hay 132 detenidos por el crimen, entre ellos 14 miembros del Ejército y el exprocurador general Jesús Murillo Karam, quien en un inicio estuvo a cargo de las investigaciones.

Entre las causales que han manejado las autoridades por la desaparición de los estudiantes están que fueron confundidos como miembros de un cártel rival o que fueron víctimas de un “escarmiento” por parte del entonces alcalde de Iguala y de Guerreros Unidos.

También se ha planteado que la presencia de drogas, armas o dinero en los autobuses que tomaron pudo provocar su persecución y muerte. El gobierno fue enfático en señalar que dichas hipótesis “no son necesariamente excluyentes”.

Hasta la fecha han sido hallados e identificados los restos de solo tres de los 43 estudiantes desaparecidos.

Un segundo sospechoso de la desaparición y presunto asesinato de cinco jóvenes en Jalisco fue detenido la tarde de ayer, informó la fiscalía estatal, tras la captura el lunes del primer presunto involucrado con el crimen.

El nuevo detenido fue identificado como Celestino “M”, quien además del caso de los cinco jóvenes, ocurrido el pasado 11 de agosto en el municipio de Lagos de Moreno, también está relacionado con la desaparición de otras dos personas, cuyos cuerpos sin identificar fueron hallados el 20 de agosto en la misma localidad, detalló la fiscalía.

“Se llevaron a cabo diversos actos ministeriales con los que se logró identificar a dicho individuo como probable responsable, por lo que el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión por los delitos mencionados”, señalaron las autoridades a través de un comunicado.

Celestino “M” fue puesto a disposición de un juez de control que determinará su situación jurídica.

Recordemos que el lunes, la fiscalía estatal informó de la detención del primer sospechoso identificado como Rogelio “M”, quien fue ubicado tras un operativo entre agentes judiciales y policiales y entregado luego a un juez del Tercer Distrito Judicial, con sede en Lagos de Moreno.

El caso de los cinco jóvenes secuestrados causó conmoción en todo el país. Sus restos siguen sin ser encontrados e identificados por las autoridades.

Hasta inicios de septiembre, operativos desplegados en la zona del crimen permitieron la captura de 85 individuos por delitos como desaparición de personas, pero sin vinculación con el caso de los cinco jóvenes.

Lagos de Moreno es considerado un lugar estratégico para las organizaciones del crimen organizado, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al conectar con varios estados clave en el tráfico de drogas.

Jalisco es el estado con más desaparecidos en México: casi 15,000 del total nacional, la mayoría desde 2006 cuando se militarizó la lucha antidrogas y la tasa de homicidios se triplicó hasta 25 casos por 100,000 habitantes actualmente.

Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa exigieron este jueves investigar penalmente a todos los involucrados en los hechos, incluyendo al entonces presidente Enrique Peña Nieto.

“En virtud que hubo una junta de autoridades en la cual participó el expresidente Enrique Peña Nieto y otras autoridades de más alto nivel, estamos pidiendo que se abra una investigación penal exhaustiva, que se procese y se sancione a las personas que aparecen ahí, incluido el presidente”, señaló el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, en un mensaje a medios.

Desde el plantón que mantiene afuera del Campo Militar 1, reiteraron su exigencia al Gobierno federal para que sea entregada la información que, aseguran, tiene el Ejército y que ayudará a seguir con la investigación.

“No sabemos qué contienen esos folios de la información que está en los archivos militares, pero estamos seguros que está relacionada con el paradero (de los 43)”, dijo Rosales.

Los familiares pidieron indagar a quienes aparecen en los archivos presentados hasta ahora, incluido el actual aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por Morena, Omar García Harfuch.

Según ellos, García Harfuch también participó en la creación de la llamada “Verdad Histórica”, la polémica versión con la que el gobierno de Peña Nieto buscó dar por terminada la investigación.

Además, denunciaron que el exprocurador Jesús Murilllo Karam, ahora detenido, no pudo actuar sin una orden directa de Peña Nieto.

“Ellos materializaron la verdad histórica, pero hubo otras autoridades alrededor que participaron en su construcción, debe investigarse a todas esas autoridades que participaron en la construcción”, insistió el abogado.

Los padres pidieron que López Obrador cumpla con la promesa de entregar la verdad, pues afirmaron que no les han dado ninguna razón sobre el paradero de los jóvenes, como prometió el mandatario desde su campaña en 2018.

Los padres anunciaron el levantamiento del plantón, pero recalcaron que regresarán si no reciben la información necesaria.

Las familias, que en un inicio respaldaron al presidente en su aspiración presidencial en 2018, ahora lo acusan de proteger al Ejército, por lo que también anunciaron que evaluarán en próximos meses el encubrimiento del Gobierno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que ayer, al término de su conferencia matutina, no escuchó la pregunta que se le hizo sobre la desaparición de los cinco jóvenes en Jalisco. Afirmó que todo fue un invento de sus detractores.

“Ellos son capaces de todo, yo no, no somos iguales. Yo tengo principios, tengo ideales, soy un hombre de sentimientos, no me puedo burlar del dolor, de la desgracia de los demás, nunca lo he hecho, por eso quería iniciar esta conferencia de esta forma”, se defendió el mandatario.

Afirmó que, ante los “gritos” de los reporteros, no distinguió los cuestionamientos que se le hicieron, hecho que fue tergiversado por el bloque conservador en redes sociales.

“¿Ustedes creen que sí yo escucho que me están preguntando sobre eso no les contesto? Pero ¿qué escuché? Nada, por eso me acordé de ese chiste, que era puro grito y no escucho, entonces lo interpretan como que no quise yo responder y que además me burlé; son unos perversos”, reclamó.

Incluso dijo que no iba a ofrecer disculpas, pues lo sucedido no fue como lo quisieron hacer ver, “fue un invento”.

Acusó al llamado “bloque conservador” de dar vuelo a esa mentira, entre ellos mencionó a una “aspirante a la presidencia, corrupta”, en referencia a Xóchitl Gálvez, así como a representantes de los gobiernos neoliberales.

Pese a la polémica generada, López Obrador resaltó la confianza del pueblo de México. Sostuvo que “saben que nosotros no somos perversos, no somos como ellos, por eso no pasarán, (…) pueden inventar lo que sea y no pasan porque tenemos un pueblo muy consciente”.

Sobre el tema, el presidente afirmó que el Gobierno federal ayuda en la investigación del caso de la desaparición de los jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco.

“Estamos nosotros ayudando en la investigación. Hay un grupo de especialistas de la Secretaría de Seguridad, especialistas en secuestro, sobre todo, y en investigación; están trabajando. (…) Nosotros estamos ayudando, vamos a seguir ayudando”, enfatizó.

Indicó que la Fiscalía de Jalisco es quien lleva a cabo las indagatorias, sin embargo, dijo que corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) decidir si atrae el caso o no, tal como lo solicitó el gobernador Enrique Alfaro.

“Están haciendo su trabajo; es muy lamentable, muy triste esto que está sucediendo. Hay varias hipótesis, pero hay que esperar, no adelantarnos. Vamos a que se avance más en la investigación y sí hay algunos avances, pero vamos a esperar”, remató.

El exgobernador de Veracruz Javier Duarte, quien se encuentra actualmente preso por delitos de corrupción, enfrenta un nuevo juicio, ahora por la presunta desaparición forzada, un delito de lesa humanidad.

Un juez determinó vincular a proceso al político, y le impuso como medida cautelar prisión preventiva, justificada por un año y seis meses de investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que pidió al juez iniciar un nuevo juicio por desaparición forzada, cometida en contra de un agente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, identificado con las iniciales D.L.C.

Fue el Juez de Control y Enjuiciamiento Adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, quien determinó que había elementos suficientes para el juicio.

Esta decisión no significa que Duarte de Ochoa sea culpable, sino que permitirá la aportación de pruebas de ambas partes.

El despacho Campuzano Abogados, que lleva la defensa del exgobernador, aseguró que es inocente del delito que se le imputa y aseguró que uno de los involucrados declaró en su contra bajo tortura.

“Se determinó que, tal como se ha manifestado en varias ocasiones, Duarte no es ni posiblemente responsable del delito de Desaparición Forzada de Personas. Sin embargo, el juez de control autorizó la continuación formalizada de la investigación, vinculándolo a proceso por presuntamente entorpecer una investigación de dicho delito, sin siquiera contar con las facultades para ello”, expresó el abogado defensor Pablo Campuzano de la Mora.

Recordemos que el exgobernador actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Norte de Ciudad de México, cumpliendo una condena de nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Durante su mandato en Veracruz, se desató una violencia sin precedentes relacionada con la operación de bandas del narcotráfico y su combate por parte del Estado.

En la última década, han sido localizadas a lo largo y ancho del territorio veracruzano un total de 642 fosas, donde 609 cuerpos han sido recuperados, así como 381 cráneos y más de 56 mil restos humanos.

Un juez determinó esta tarde que existen elementos suficientes para procesar penalmente al extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo, por diversos delitos en relación a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con información difundida por el Consejo de la Judicatura Federal  (CJF), Murillo Karam fue vinculado a un proceso penal por los delitos de por desaparición forzada y tortura.

Además, el exfuncionario deberá responder en un juicio por delitos contra la administración de justicia, según decidió el juez en la audiencia que se celebró este miércoles en el Reclusorio Norte.

Durante la audiencia, que dio inicio poco después de las 09:00 horas, el excolaborador del sexenio pasado dijo que la llamada “Verdad Histórica” no había podido ser refutada. “Se pudieron cometer fallas, pudo hacerse mejor, puedo aceptar algunos errores,  pudo haber fallas, y aceptar cosas que se hicieron mal, pero ninguno la ha podido tirar”.

Murillo, quien también fue diputado, senador y gobernador de Hidalgo entre 1993 y 1998, fue detenido el viernes pasado, convirtiéndose así en la aprehensión del exfuncionario de más alto rango hasta el momento por el caso de la desaparición de los estudiantes.

Murillo Karam estuvo a cargo de la fiscalía general durante la primera mitad de la gestión del exmandatario Enrique Peña Nieto. En ese tiempo, encabezó los esfuerzos del gobierno federal por resolver lo sucedido.

Expertos independientes encontraron serias fallas en sus conclusiones, que sostenían que los normalistas de la escuela de Ayotzinapa habían sido incinerados en un basurero por órdenes de un grupo criminal. Ahora, fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de fabricar la Verdad Histórica.

Y es que dar con el paradero de los normalistas fue una de las promesas de campaña del presidente López Obrador, quien relanzó las investigaciones tras asumir el cargo a fines de 2018.

Autoridades federales confirmó este viernes el hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, la joven de 18 años que desapareció el pasado 9 de abril en Nuevo León, en un caso que ha conmocionado y generado indignación en todo el país.

El subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, expuso que las autoridades locales localizaron el cuerpo de la joven en una cisterna de un motel, ubicado en el municipio de Escobedo.

“En la última comunicación que se tuvo con el fiscal (de Nuevo León, Gustavo Guerrero), hace algunos momentos, nos informa que ya se rescató el cuerpo de la cisterna, que se lo llevaron al servicio médico forense para hacer la necropsia”, indicó el funcionario.

Mejía Berdeja recordó que Escobar regresaba de una fiesta y descendió de un taxi en la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo, aunque no se ha aclarado cómo llegó el cuerpo al motel. El conductor de dicho taxi tomó una fotografía de la joven en la carretera que se volvió viral a nivel nacional, lo que desató protestas feministas para exigir su aparición.

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó de “lamentable” el hecho, del que aún se desconocen las causas, e incluso si de trata de un feminicidio.

El mandatario aclaró que la investigación corresponde al gobierno de Nuevo León y a la Fiscalía General del Estado, pero ofreció la disposición del gobierno federal, y sugirió que si la familia así lo desea, la Fiscalía General de la República (FGR) podría atraer el caso.

“También es importante el que se considere la posibilidad de atraer el caso, este asunto correspondería a la Fiscalía General, también si los familiares, los amigos, lo consideran, para que no haya dudas y se aclare”, manifestó el mandatario.

Aunque aún falta la prueba genética, horas antes de estas declaraciones, en la madrugada de hoy, el padre de Debanhi confirmó a la prensa local la identidad del cuerpo, que portaba la misma vestimenta y un crucifijo de la joven.

El padre de la joven criticó también las fallas de la Fiscalía local por su tardanza en la localización. Acusó que pasaron 15 días y el cuerpo aparentemente estuvo en la cisterna del inmueble, en una zona que ya había sido revisada.