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DESPRESTIGIO

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El Secretario General del PRD, Ángel Ávila Romero manifestó que el Gobierno Federal sigue en su estrategia de desprestigiar al candidato Ricardo Anaya, esto luego de que un diario español revelara una supuesta investigación que autoridades europeas siguen por supuesto lavado de dinero en beneficio de Ricardo Anaya.

“Después de haber tenido un desempeño muy exitoso en el debate presidencial hace unos días y que lo coloca como el único candidato con una tendencia en ascenso, vuelven a revivir el tema (lavado de dinero). Si la PGR o alguna autoridad internacional tuvieran verdaderamente algo ya lo hubieran hecho público. Es una burda campaña de desprestigio”, enfatizó.

El perredista recordó que hace dos meses el aspirante presidencial por la coalición “Por México al Frente” acudió expresamente a la PGR a enfrentar y desenmascarar las acusaciones en su contra y hace unos días la Sala Especializada en materia electoral del Tribunal realizó un fallo en contra de la PGR por haber utilizado recursos públicos en una campaña de desprestigio hacia el candidato frentista.

“Ahora resulta que desde un medio de comunicación en España se dice que se está investigando a un ciudadano que NO es Ricardo Anaya y de nueva cuenta se le quiere vincular”, Ávila dijo que lo único que se evidencia es que la campaña de desprestigio contra Anaya y el Frente aún no termina, pues como ya no funcionó la campaña interna en México porque no existe ninguna prueba, ahora se busca generar este tipo de noticias desde el ámbito internacional.

 

Por su parte uno de los voceros del Frente, Fernando Belauzarán, aseguró vía redes sociales que la información sobre la supuesta investigación proviene de un “panfleto digital pitero” de España. Y cuestionó que es como si el periódico El País (uno de los más prestigiados de Europa) citara a SDP para asegurar que hay una investigación contra Mariano Rajoy en México.

Además indicó que no es casual que el relanzamiento de la guerra sucia contra el abanderado de la coalición “Por México al Frente”, refriteando la nave, haya salido de un medio español justo cuando el Presidente Enrique Peña Nieto realizó una visita por dicho país.

 

Pese a permanecer prófugo de la justicia mexicana, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, denunció al actual mandatario local, Javier Corral, por el supuesto uso de recursos públicos para el movimiento que denominó “Caravana por la Dignidad”.

 

A través de su abogado, el priísta presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), en la que acusó que además utiliza el tema del supuesto ataque en su contra para afectar al precandidato presidencial José Antonio Meade, quien busca llegar a Los Pinos.

 

Y aunque la denuncia se presentó desde el pasado 24 de enero, es este viernes cuando se ventiló el asunto, coincidiendo con la denuncia que el PRI presentó la tarde de ayer ante la misma instancia.

 

“(Corral) pretende hacer ver que (la Caravana) es una protesta en contra del Gobierno Federal, pero en realidad lo hace para perjudicar al precandidato José Antonio Meade, al PRI y, por supuesto, a mi representado, buscando incidir y favorecer al candidato del PAN (Ricardo Anaya) en las elecciones a presidente de la República”, se lee en el texto de la denuncia.

 

La demanda señala tres aspectos en contra de Corral: pagar con recursos públicos los espectaculares que se han colocado en la entidad para exigir al Presidente Peña Nieto la extradición de Duarte; utilizar las cuentas bancarias de la Secretaría de Hacienda estatal para recibir donativos para financiar su Caravana; y el uso de vehículos oficiales en la Caravana.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Ante el desprestigio de la clase política y su derivado, el hartazgo con los partidos y sus integrantes, se han puesto de moda los ciudadanos como impolutos y como la solución a nuestros problemas. Todos los partidos y/o alianzas voltean a ver a la candidatura ciudadana como respuesta para poder ganar en el 2018.

 

El PRI y sus rémoras voltean a ver a José Antonio Meade o a José Narro como sus alternativas ciudadanas. Meade no está afiliado a ningún partido, es cierto. Pero de que es político, no hay duda. Es además un extraordinario servidor público, con décadas de serlo y sin escándalos de por medio. Ni de corrupción, ni personales, ni partidistas o chapulineos. A pesar de haber trabajado con presidentes del PRI, del PAN.

 

José Narro sí acredita ser PRIísta por haber sido titular de lo que hoy conocemos como la Fundación Colosio, antes la Fundación Siglo XXI. Venderlo como ciudadano es intentar hacerlo con calzador. Sería mejor que el PRI lo perfilara como un Bernie Sanders región 4, que, a sus 68 años puede mover los ánimos de jóvenes, como lo hizo el demócrata en la contienda interna del partido en contra de Hillary Clinton. Pero como lo ciudadano está de moda, así quieren que se vea a Narro.

 

En Morena Andrés Manuel López Obrador se presenta como antisistema y conserva la palabra Movimiento como emblema de que lo suyo es distinto a los desprestigiados partidos y que por eso él no se mancha ni con el pétalo de una P de político.

 

Irónico por que él ha sido PRIísta y PRDista y es el ejemplo del político que no ha vivido más que del erario. No conocemos cómo le ha hecho para pagar esa vida de giras a diestra y siniestra. Las sumas no dan, como sucede con muchos otros políticos y es razón importante del desprestigio que hoy aclama cambios. Pero AMLO no le encuentra la incoherencia.

 

Y ahora el Frente Ciudadano por México, que antes se pensó que se llamaría Frente Amplio Opositor, pero, como están de moda los ciudadanos, prefirieron botar eso de Amplio y sumarle la palabra mágica: Ciudadano.

 

 

 

 

Columna completa EL UNIVERSAL

Kate del Castillo se presentó  a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en donde interpuso una denuncia contra el gobierno mexicano, al señalar la violación a sus derechos civiles y ante la falta de justicia para su caso en territorio mexicano.

 

 

 

Acompañada de sus abogados, la actriz arribó a la CIDH con dos cajas de documentos que según lo informado, contenían pruebas de las violaciones a sus garantías individuales cometidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto luego de su encuentro con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

 

Al ser cuestionada sobre si pensaba que su caso era una represalia directa, la también empresaria indicó que “No creo que sean nadie en específico, no tengo el fundamento para decir una cosa así. Sí ha sido un ataque, un linchamiento a mi persona, sin duda, y no sé de quién específicamente, pero del gobierno en general, desde luego”.

 

Del castillo sostuvo que la decisión de imponer la denuncia se debía en gran parte a los daños que ha sufrido profesionalmente por el desprestigio del que ha sido víctima, pues perdió varios contratos. “La gente piensa a veces que soy culpable, pero todos los cargos que se me hicieron, la gente cree muchas veces lo que dicen los medios y lo que dice la televisión, ¿Por qué? porque fueron filtradas todas esas informaciones erróneamente del gobierno a las televisoras y los medios”.

 

 

Con información de Proceso / Foto: Twitter