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La detención de tres presuntos criminales dejó una persona sin vida, bloqueos carreteros y el incendio de varios automóviles ayer en Guanajuato, informaron autoridades locales.

“Derivado de estas detenciones, un grupo delincuencial generó actos de violencia al incendiar vehículos en diferentes tramos carreteros de la región”, informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado mediante un comunicado.

Todo comenzó cuando agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado patrullaban en la comunidad San Antonio de los Morales, en el municipio de Juventino Rosas.

En su recorrido observaron un vehículo donde viajaban civiles armados, quienes al percatarse de la presencia de los policías, y sin motivo aparente, comenzaron a disparar contra ellos.

Los agentes estatales repelieron la agresión, dando inicio a una persecución cuando lograron que el vehículo de los presuntos agresores detuviera su marcha y sus tres ocupantes fueran detenidos. Se les decomisaron municiones, un arma de fuego y droga.

Como represalia, el grupo criminal al que pertenecen los detenidos comenzó a incendiar varios vehículos y a tirar artefactos llamados estrellas ponchallantas en las calles de la comunidad de Yustis, del municipio de Celaya, aledaño a Juventino Rosas.

También quemaron otros dos vehículos en otros puntos de Celaya, mientras que en el municipio de Villagrán, que forma parte de la región conocida como Laja-Bajío, fueron incendiados dos camiones.

Incluso en Celaya, un agente de bomberos fue asesinado cuando iba a atender uno de los incendios. Estos actos fueron captados en distintos videos que fueron publicados en las redes sociales.

“La situación fue controlada de manera inmediata por las autoridades estatales y el apoyo de cuerpos de emergencias, al apagar los siniestros, liberar las vías de comunicación y retirar las unidades dañadas por el fuego”, informó la dependencia estatal.

Y es que desde 2018, Guanajuato es la región que concentra la mayor cantidad de homicidios en el país. Entre enero y noviembre de 2023, acumuló 2,875 víctimas de homicidio doloso.

El Gobierno federal ha insistiendo en señalar que el estado, gobernador por Acción Nacional, es una de las entidades más violentas debido al consumo de drogas y enfrenamientos entre grupos de la delincuencia organizada. Incluso desde Palacio Nacional se ha acusado sobre diversos pactos entre grupos delincuenciales y autoridades.

Las detenciones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos aumentaron en un 33% en julio en comparación con el mes anterior, con más de 132,000 arrestos, informó este viernes un funcionario de alto rango del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El Gobierno estadounidense atribuye este incremento a una tendencia “estacional” e insiste en que las medidas implementadas por el presidente Joe Biden para controlar la migración fronteriza han sido “efectivas”.

Se trata del primer aumento en los arrestos en la frontera con México desde que se levantara en mayo pasado el Título 42, norma por la que las autoridades estadounidenses estuvieron expulsando de forma expedita a los migrantes con el pretexto de la pandemia.

“La frontera no está abierta y, como cada año, vemos diferentes cambios en el flujo de migrantes que llegan a la frontera”, subrayó el funcionario.

En concreto, 132,652 personas fueron arrestadas al intentar cruzar de manera irregular la frontera con México, de acuerdo con los datos entregados.

Por otro lado, la fuente informó de que más de 44,000 migrantes pudieron presentarse en puertos de entrada mediante citas solicitadas en la aplicación CBP One, promovida por el Gobierno como la principal vía legal para solicitar asilo en la frontera.

Solo 8 de los 47 puertos de entrada en la frontera sur, que se extiende por 3,141 kilómetros, atienden citas reservadas a través de la aplicación, cuyo funcionamiento ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos humanos, al considerarla una forma de restringir el acceso al asilo.

Las nuevas reglas, impuestas por la Administración de Biden dificultan que quienes hayan llegado por tierra a la frontera puedan solicitar asilo, a menos que pidan una cita en la aplicación móvil o se les haya negado protección en un tercer país.

Autoridades detuvieron a dos personas relacionadas con el ataque con explosivos que dejó seis muertos y 15 heridos el pasado martes en Tlajomulco, Jalisco.

El fiscal del estado, Joaquín Méndez, dijo este lunes que las dos personas,  Sergio Julián “N” y Samuel “N”, están señaladas por homicidio, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad pública.

“Son dos personas a las que en las próximas horas se les estarán imputando esos delitos”, adelantó el funcionario en conferencia de prensa. Añadió que las detenciones se lograron en coordinación con autoridades municipales y el Ejército.

Recordemos que el ataque ocurrió cuando fueron activados varios explosivos de fabricación artesanal al paso de vehículos policiales y de la Fiscalía que atendían un reporte sobre un eventual hallazgo de restos humanos en esa zona.

En la explosión murieron cuatro policías y dos civiles mientras que otras 15 personas resultaron lesionadas.

Este atentado ocurrió casi una semana después de que un coche bomba matara a un miembro de la Guardia Nacional e hiriera a otros tres del cuerpo en el estado de Guanajuato.

Al respeto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció la semana pasada un aumento en ese tipo de ataques, los cuales rechazó pudieran ser catalogados como terrorismo.

Tras el atentado, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que se suspendería la búsqueda de personas desaparecidas mientras se generaban protocolos de seguridad para evitar sucesos similares.

Sin embargo, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas denunciaron que, con esa decisión, se violentaba su derecho a buscar a sus familiares.

Jalisco es el estado con más personas desaparecidas en el país con más de 15,000 casos, un fenómeno que se atribuye principalmente a la delincuencia organizada, pues en la región opera el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más violentos en el país.

La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, informó que a partir de esta semana residirá en un cuartel militar de la región que encabeza debido a las amenazas que ha recibido por parte de presuntos delincuentes que han sido capturados durante su gestión.

La alcaldesa recordó que esta medida se dio por recomendación del Gobierno Federal, a través de la Guardia Nacional y el Ejército, debido a que las amenazas han sido constantes e incluso ya fue víctima indirecta de un atentado, cuando agredieron a uno de sus escoltas el pasado 17 de mayo.

En conferencia de prensa, relató que las amenazas que ha recibido “son de personas que han sido detenidas (…) que pudieran quedar libres y que están enojadas” con ella.

“La Guardia Nacional me sugirió vivir en el Cuartel por mí seguridad, porque no es la seguridad de una ciudadana, sino de quien procura la seguridad de todos los ciudadanos de Tijuana”, señaló.

Recalcó que sus “resultados hablan y si tienen relación o no con estas amenazas, ya será la Fiscalía General del Estado la que lo determine” y afirmó que esta situación “sí le genera temor” porque es un “ser humano preocupado por su integridad”.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que se decidió proteger a la alcaldesa, por lo que se llegó a un acuerdo de ayudarla, siempre tomando en cuenta su opinión. Dijo que era mejor “prevenir que lamentar”.

“Se le está protegiendo ya desde hace como 15 días porque sí ha recibido amenazas y se decidió protegerla, se habló con ella, se llegó a ese acuerdo de ayudarla, protegerla y lo vamos a seguir haciendo”, sostuvo el mandatario.

Fue a finales del mes pasado, cuando el mandatario le manifestó su apoyo a la alcaldesa de Tijuana.

“Es migrante de Oaxaca, una mujer extraordinaria, gente humilde, trabajadora, honesta, que últimamente ha estado recibiendo golpes, agresiones y amenazas”, apuntó en su momento AMLO.

Las detenciones de migrantes que ingresan por la frontera entre México y Estados Unidos han bajado un 70% desde que se dejó de implementar el Título 42 el pasado 12 de mayo, informó este martes el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS).

El descenso fue atribuido a la aplicación del plan de la Administración del presidente Joe Biden para gestionar la frontera tras el fin del Título 42, que permitía la expulsión inmediata de los migrantes por razones sanitarias, señaló el DHS.

El plan (Título 8) que estableció nuevas reglas para los solicitantes de asilo y castigos más severos para los migrantes que ingresan de forma ilegal, redujo las detenciones a un promedio de 3,400 diarias, desde el 12 de mayo hasta el pasado viernes 2 de junio, según cifras difundidas por el DHS.

Dentro de esta cifra, llama la atención que los migrantes procedentes de México representan el mayor número de detenciones con un promedio de 1,200 al día, pese a que el gobierno de nuestro país ha asegurado lo contrario.

En segundo lugar se encuentran los hondureños con un promedio de 520 detenciones diarias, seguidos de los guatemaltecos con 360 detenidos al día.

Entre el 12 de mayo y el 2 de junio también se repatriaron a más de 38,400 extranjeros de más de 80 países. La cifra incluye a 1,400 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que fueron devueltos a México bajo un acuerdo que permite enviarlos a nuestro país.

Las semanas previas a la culminación del Título 42 se registraron más de 10,000 detenciones al día.

Bajo esa normativa impuesta por el gobierno del expresidente Donald Trump al inicio de la pandemia en marzo de 2020, Estados Unidos llevó a cabo más de 2.5 millones de expulsiones de migrantes desde que entró en vigor, según datos del International Rescue Committee.

Como parte de su plan, la administración Biden actualizó el uso de la aplicación móvil CBP One para permitir que los solicitantes de asilo inicien sus peticiones desde el lugar donde se encuentren. En promedio 1,070 migrantes se presentaron todos los días para ser procesados después de programar una cita.

A partir del jueves pasado, el número de citas disponibles aumentó a 1,250 por día. Los migrantes que más usaron CBP One provienen de Haití, México y Venezuela.

Pese al informe del DHS, un grupo de migrantes intentaron cruzar la noche de ayer desde Matamoros, Tamaulipas, hacia Estados Unidos, luego de que una tormenta destruyera el improvisado campamento que montaron justo en la frontera.

Es el primer incidente de esta magnitud que se produce en un cruce fronterizo desde que Estados Unidos puso fin al Título 42.

Según medios locales, fueron cientos de migrantes, sobre todo venezolanos, hondureños y salvadoreños, fueron los que intentaron llegar a Estados Unidos.

La Agencia de Seguridad del Estado de Bielorrusia (KGB) dio a conocer que ayer logró detener a varias personas que planeaban un ataque terrorista en el país durante el Día de la Victoria.

El Día de la Victoria se celebra este martes, una fecha en la que las antiguas repúblicas soviéticas conmemoran la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Según indicó el jefe de la KGB bielorrusa, Ivan Tertel, la agencia de seguridad cuenta con información suficiente para asegurar que los detenidos tenían previsto atentar durante la jornada de este martes, aunque señaló que la información completa sobre la operación se dará a conocer mañana miércoles.

“Estos fueron intentos de organizar ataques terroristas en nuestro territorio. Y creemos que estuvieron ligados precisamente al Día de la Victoria”, ha manifestado a la agencia bielorrusa de noticias BelTA el máximo responsable de la KGB, quien además alertó sobre una escalada de las tensiones a nivel nacional.

Según Tertel, Bielorrusia también está sufriendo las consecuencias de que “la situación en el mundo ahora sea muy inquieta”.

“Estamos esperando la escalada de la situación en nuestro país”, reconoció el jefe de la KGB, quien ha asegurado estar trabajando en nombre del presidente Alexander Lukashenko para garantizar la calma.

La Agencia de Seguridad del Estado ha confirmado que esta operación se ha llevado a cabo con la colaboración del Ministerio del Interior y el Comité Estatal de Fronteras.

Finalmente dijo que se ha ordenado reforzar los controles de seguridad en las fronteras del país.

El titular del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, Salvador González Guerrero, fue detenido a pesar del amparo presentado por la muerte de 40 personas tras el incendio que se desató en la estación migratoria de la ciudad a finales de marzo.

Con el arresto de González Guerrero suman siete los detenidos en relación al incendio.

La detención de Guerrero fue detenido la tarde de ayer, a pesar del recurso de amparo que presentó el pasado 13 de abril, y un día después de que fueran arrestados por delitos de homicidio y lesiones otros cuatro funcionarios.

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo el sábado Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de Recursos Materiales del INM en Ciudad Juárez; Juan Carlos Meza Cumplido, coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes; y Cecilia Rivera Tena, agente migratoria.

De acuerdo con la Fiscalía, todos ellos habrían incumplido sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas que permanecían recluidas en las instalaciones a su cargo.

Hasta la fecha, los cuerpos de 39 migrantes han sido repatriados a sus países de origen, la mayoría de ellos de países de Centroamérica.

Recordemos que las imágenes de las cámaras de seguridad del centro muestran como varias de las víctimas permanecían encerradas mientras se extendían las llamas, cuando los funcionarios abandonaron el lugar sin abrir la puerta o intentar brindar otro tipo de apoyo.

En un primer momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó a los propios internos de originar el fuego, en protesta por su posible deportación. Sin embargo, días después informó que no se abrió la puerta pues la persona que tenía la llave no se encontraba en el lugar al momento de los hechos.

Las autoridades detuvieron a tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) de Chihuahua, por su presunta relación con el incendio dejó 40 migrantes fallecidos en una estación migratoria de Ciudad Juárez.

La Fiscalía General de la República (FGR) logró la detención del jefe del Departamento de Recursos Materiales del INM en Chihuahua, Eduardo Apodaca; el subdirector del Grupo Beta de Protección de Migrantes, Juan Carlos Meza, y la funcionaria de migración Cecilia Rivera.

En tanto, las autoridades aún están tras la búsqueda del delegado del INM en Chihuahua, el contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, contra quien también hay una orden de aprehensión.

Sin embargo, el delegado del INM en Chihuahua no podrá ser detenido debido a que un juez federal le otorgó una suspensión provisional contra la orden de aprehensión en su contra.

Recordemos que un magistrado había acordado la detención de seis personas por su vinculación con el caso, de las cuales sólo han sido cumplimentadas cinco.

El Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua también aprobó el jueves las citaciones del titular del INM, Francisco Garduño, y del jefe de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina, para el próximo 20 y 21 de abril.

Garduño y Molina podrían ser procesados por presuntas conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo.

El anuncio de la citación de Garduño se dio un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó la salida de su colaborador, e incluso defendió su trabajo al frente del INM.

Recordemos que el incendio ocurrido la noche del 27 de marzo en Ciudad Juárez, organizaciones humanitarias y activistas han intensificado los cuestionamientos contra la gestión de Garduño, quien asumió la dirección del organismo migratorio en junio de 2019, seis meses después de que López Obrador llegara al gobierno.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió ayer un informe en el que denunció violaciones a los derechos humanos y al trato digno cometidas por funcionarios del INM en agravio de más de 20 personas, incluidos menores, que se encontraban alojadas “en condiciones indignas” en centros migratorios de las localidades fronterizas de Saltillo y Piedras Negras, en el estado de Coahuila.

Ante las denuncias, la CNDH emitió una serie de recomendaciones dirigidas a Garduño para que se atienda la situación en esos centros y se capacite al personal en materia de derechos humanos.

Autoridades detuvieron la noche de ayer, en el estado de Michoacán,, al presunto sicario y autor material del ataque al periodista Ciro Gómez Leyva, perpetrado el pasado 15 de diciembre en la Ciudad de México.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó en redes sociales que la detención se realizó en el estado de Michoacán.

El ahora detenido fue identificado como Héctor Eduardo “N”., de 32 años, quien fue capturado en el municipio de Tangancícuaro, en medio de un operativo en el que participó el Ejército, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, las Fiscalías de la Ciudad de México y de Michoacán.

El presunto sicario fue arrestado con base a una orden de aprehensión, por lo que la misma noche de ayer fue trasladado mediante un fuerte dispositivo a la capital.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que su administración ha dado facilidades a las autoridades de la Ciudad de México para continuar las investigaciones por el ataque contra Gómez Leyva. El fiscal de la entidad confirmó la arresto.

En tanto, Claudia Sheinbaum afirmó que el detenido es la persona que viajaba como copiloto en la motocicleta que siguió al periodista y desde la cual dispararon contra él e impactaron el vehículo en el que viajaba la noche del 15 de diciembre antes de llegar a su casa en el sur de la Ciudad.

“Detuvieron en Michoacán al presunto responsable de disparar en contra de Ciro Gómez Leyva. Se trata de la persona que iba de copiloto en la moto el día del atentado. Nuestro compromiso es acabar con la impunidad”, añadió Sheinbaum en un mensaje en Twitter.

Esta detención se produce luego de que en la madrugada del pasado 11 de enero, autoridades capitalinas detuvieron a 11 personas en 12 cateos llevamos a cabo de manera simultanea en diversos inmuebles de la Ciudad de México.

Ayer, el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la captura de otros cuatro implicados en el caso. En total suman 16 detenidos relacionados con el ataque al periodista.

El atentado ha causado polémica en México por tratarse de uno de los comunicadores más reconocidos del país y por la cobertura crítica que hace al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El Instituto Nacional de Migración (INM), que depende de la Secretaría de Gobernación, informó que ha detenido en solo cuatro días a 16 mil 096 personas migrantes provenientes de 46 países, quienes transitaban de manera irregular por diversas entidades del país.

Las detenciones, que el INM llama “rescates”, se dieron entre el pasado 17 y 20 de noviembre en 22 estados.

Detalló que la mayor cantidad de personas migrantes extranjeras detenidas en esos cuatro días son originarias de países de Centro y Sudamérica: Venezuela, 4 mil 968; Guatemala, 2 mil 987; Nicaragua, mil 385; Honduras, mil 311 y Ecuador, mil 285.

Las entidades donde fueron identificadas son Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

La autoridad migratoria indicó que ante el aumento de personas en tránsito irregular por el país y los peligros a los que son expuestas por los traficantes de migrantes, así como por las bajas temperaturas que pueden poner en riesgo su vida y su salud, se determinó incrementar los centros de atención de puertas abiertas para los migrantes.

Dichos centros se establecieron en los estados de Aguascalientes, Chiapas, Durango, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas.

“El INM refrenda el compromiso por una migración segura, ordenada y regular, con pleno respeto y salvaguarda a los derechos de quienes ingresan y transitan por territorio mexicano”, señaló el Instituto.

Las detenciones en nuestro país se dan cuando Estados Unidos ha alertado sobre un número récord de cruces de migrantes en la frontera con México, incluidos 187,000 venezolanos sólo en el año fiscal 2022.

Autoridades estadounidenses habían anunciado el mes pasado un plan, acordado con México, para devolver a migrantes venezolanos que entran ilegalmente a Estados Unidos.

Sin embargo, a principios de este mes, un juez estadounidense declaró ilegal la orden de la época de la pandemia de COVID conocida como Título 42, utilizada para expulsar a los migrantes a México, lo que complica la estrategia del presidente Joe Biden para disuadir el cruce de la frontera.

Desde entonces, miles de migrantes se han visto obligados a acampar en malas condiciones en distintos puntos de México, generando una crisis que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) insiste en negar.

La cifra de detenciones de supuestos miembros y personas ligadas a pandillas en El Salvador asciende a 56,716 en los siete meses de régimen de excepción, implementado por el presidente Nayib Bukele.

El Ministerio de Seguridad y Justicia actualizó la cifra este viernes sin detallar cuántas de las personas capturadas son pandilleros o a qué banda pertenecen.

La Presidencia informó recientemente que en los siete meses de régimen de excepción suman 128 días sin homicidios, y en lo que va de la administración de Bukele se cuentan 227 días sin ningún asesinato.

El régimen de excepción ha sido prorrogado en siete ocasiones por la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, e implica la suspende de varias garantías constitucionales.

Se prevé que El Salvador concluya 2022 bajo esta medida, promovida por el presidente Bukele para “combatir” a las pandillas.

La medida ha sido criticada por diversas organizaciones en El Salvador y el mundo. Recientemente, siete organizaciones locales dieron a conocer que registran 4,071 denuncias por violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción.

Estas denuncias se suman a las más de 3,400 registradas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) superan las 7,400.

La mayoría de denuncias son por detenciones arbitrarias y los registros apuntan a los cuerpos de seguridad como los victimarios, en especial elementos de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA), señala que la mitad de los salvadoreños dice que el régimen de excepción “no resolverá el problema” de las pandillas, aunque 75.9% aprueba la medida.

Recordemos que el gobierno atribuye la reducción de homicidios a su plan Control Territorial y a la medida de régimen de excepción.

Tres militares fueron detenidos por su presunto vínculo con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida Guerrero en 2014, informaron este jueves autoridades federales.

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, dijo durante su intervención en la conferencia matutina de Palacio Nacional, que entre los detenido está quien fuera el comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, cuando ocurrieron las desapariciones.

Adelantó que se espera que se concrete una cuarta orden de captura de otro oficial, aunque no mencionó los nombres de los uniformados.

El responsable del Batallón de Infantería de Iguala en 2014 era el coronel José Rodríguez Pérez, quien fue mencionado el mes pasado por el subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, como el presunto responsable de la desaparición de seis de los 43 estudiantes ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de ese año.

De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, los normalistas fueron retenidos en un lugar denominado la “bodega vieja” y el 30 de septiembre de 2014 una persona identificada como “el coronel” comentó que “ellos se encargarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los seis estudiantes”.

El presidente de la Comisión de la Verdad indicó que se obtuvo esa información a través de llamadas telefónicas de emergencia que acreditan que seis jóvenes estuvieron al menos cuatro días más con vida tras la detención masiva del resto de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

En su último informe la Comisión de la Verdad calificó el caso de Ayotzinapa de “crimen de Estado” tras reconocer la responsabilidad de los tres niveles de gobierno.

Poco después de la difusión del informe la Fiscalía General anunció que había emitido 83 órdenes de captura, 20 de ellas a militares y el resto a policías, funcionarios estatales o delincuentes, por distintos delitos vinculados con el caso que van desde delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.

Tras el anuncio hecho por Encinas, fue detenido y encarcelado quien fuera titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam.

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, también adelantó que se presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del juez que liberó en primera instancia al expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y 19 personas más, vinculados al caso Ayotzinapa, y quienes también fueran señalados como presuntos responsables en el informe de la Comisión de la Verdad.

“Sobre el fallo de un juez de control de Matamoros, Tamaulipas en contra de José Luis Abarca generó la absolución por secuestro agravado por el tema de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y 19 personas más, esto se va a impugnar por parte del Ministerio Público Federal”, dijo el funcionario.

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que el viernes fueron detenido un total de 1,608 personas migrantes de 38 nacionalidades, en varias operaciones realizadas en todo el país.

Las autoridades detallaron que se trata de 1,398 personas mayores de edad, 424 mujeres y 974 hombres, y 210 menores, 82 mujeres y 128 hombres, quienes quedaron bajo tutela y protección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la entidad en la que fueron rescatados.

Se identificó que 158 menores de edad, 69 mujeres y 89 hombres, iban acompañados de un familiar o tutor, mientras que 52 viajaban solos (13 mujeres y 39 hombres).

Las personas migrantes fueron localizadas en varias áreas del país: 374 en Chiapas; 262 en Baja California; 199 en Nuevo León; 168 en la Ciudad de México; 152 en Tabasco; 111 en Coahuila; 97 en Tamaulipas; 50 en Veracruz; 47 en San Luis Potosí; 26 en Quintana Roo; 22 en Sonora; 20 en Oaxaca; 18 en Puebla y en Chihuahua respectivamente; 17 en Durango; 8 en Tlaxcala; 6 en Yucatán; 5 en Jalisco y Zacatecas respectivamente; 2 en Sinaloa y una en Colima.

Durante el proceso administrativo para definir su situación migratoria se identificó que 357 son originarias de Guatemala; Honduras, 296; Colombia, 195; Cuba, 189; Nicaragua, 113; El Salvador, 96; Perú, 60; Brasil, 56; Venezuela, 55; Comoras, 29; Haití, 19, Estados Unidos y Etiopía, 16 respectivamente; Filipinas 14; Francia, 13; Ecuador y Turquía, 11 por cada país.

En número menores, se identificó a migrantes de Angola; Bolivia; Macedonia del Norte; India; Bangladesh; China; Lesotho; Bosnia y Herzegovina; España; Jamaica; República Dominicana, Senegal y Guinea.

Como parte de los operativos, en la que participaron distintas autoridades federales, estatales y municipales, fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público (MP) cuatro vehículos en el estado de Tamaulipas y uno en Tlaxcala, así como cuatro probables responsables de cometer algún delito en Tamaulipas.

El INM añadió que además se realizó una intervención al ferrocarril en Coahuila y se revisó una casa de seguridad en San Luis Potosí.

Diez hombres, presuntos responsables de las riñas que se registraron en el estadio Corregidora, en Querétaro, fueron detenidos la noche de ayer en en los municipios de Querétaro, El Marqués, Colón y San Juan del Río, informó la fiscalía del estado.

“En continuidad a las acciones de investigación (…) por lo sucedido durante el partido Querétaro vs Atlas, se informa que se ha detenido a las primeras 10 personas del sexo masculino”, informó en un comunicado de la Fiscalía de Querétaro.

Detalló que fueron detenidos por su posible participación en delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos y apología del delito.

Y es que se informó que ayer un juez emitió 26 órdenes de captura, luego de que fueron identificados, gracias a imágenes difundidas por medios de comunicación y en redes sociales, a los presuntos responsables del enfrentamiento que dejó 26 heridos.

“Para la identificación de las conductas criminales y de los 26 posibles intervinientes, se recibió información a través de nuestras redes sociales, por lo que se analizaron 583 imágenes, 78 videos, más de mil mensajes con información y denuncias anónimas al 089; además, de extraer información de los videos de las cámaras de vigilancia del Estadio Corregidora”, indicó la Fiscalía.

El juez también autorizó que fueran cateadas las viviendas de los presuntos responsables, a quienes se les decomisaron 82 prendas deportivas con insignias del equipo de Querétaro, 4 pares de zapatos deportivos, algunos con posibles manchas de sangre, 22 teléfonos celulares y otros objetos.

Hasta la noche de ayer, se informó que de los 26 heridos, 19 ya habían sido dados de alta.

Este martes está prevista una asamblea de los dueños de equipos de la Liga MX en la que se revisarán los avances de las investigaciones que realiza la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Este miércoles se informó que se logró la detención de tres personas señaladas como los presuntos autores materiales del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido en enero pasado en Tijuana, Baja California.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, indicó que las detenciones se realizaron entre la noche de ayer y la madrugada de hoy en el estado de Baja California.

Recordemos que Maldonado fue asesinada con un arma de fuego la noche del 23 de enero dentro de su vehículo al llegar a su vivienda.

La captura de los supuestos responsables se dio gracias a la cámara de seguridad de la calle donde vivía Maldonado. que grabó la llegada en un taxi de los atacantes y su posterior huida, informaron las autoridades.

La titular de la SSPC dijo, durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, que las investigaciones continuarán para dar con todos los autores intelectuales del asesinato.

“Estamos obligados a que haya justicia en el país y que no se permita la impunidad”, dijo López Obrador al anunciar los avances en el esclarecimiento del homicidio de Maldonado, que ocurrió una semana después del asesinato, también en Tijuana, del fotógrafo independiente Margarito Martínez.

En enero también fueron asesinados José Luis Gamboa, director de un portal de internet, en el estado de Veracruz, y de Roberto Toledo, colaborador del portal de noticias Monitor Michoacán , quien fue baleado en Zitácuaro, Michoacán. En lo que va del año también han sido atacados otros dos periodistas en el sur del país.

La escalada de la violencia contra la prensa ha generado un sinfín protestas en México. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, una ONG de protección a la prensa con sede en Nueva York, México es el país más violento del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo.

De acuerdo con sus datos, hasta diciembre pasado había nueve periodistas asesinados y de ellos tres fueron por represalias por su labor informativa, aunque aún se investigan otros casos para determinar el motivo.

Las autoridades de Hidalgo confirmaron la detención de tres de los nueve reos que se fugaron ayer del penal de Tula, en un operativo por parte de grupos criminales que incluyó la detonación de coches bomba en diversos puntos de la ciudad.

Asimismo, las autoridades han detenido a nueve de los implicados en el asalto a la cárcel, aunque únicamente se ha puesto a dos, que presuntamente pertenecen al grupo que participó directamente en la operación, a disposición de la Fiscalía.

Por otra parte, agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, entidad vecina de Hidalgo, han detenido a un hombre que circulaba en un vehículo que participó en la fuga. El detenido, de 47 años, ofreció 9,000 pesos a los
agentes para que no lo pusieran a disposición de la Justicia.

Finalmente, fue trasladado a la Fiscalía de Texcoco, acusado de los delitos de encubrimiento y cohecho.

Recordemos que la madrugada de ayer, un grupo armado detonó dos coches bomba e incendió uno más para rescatar a los presos. Tras asaltar la prisión, tuvo lugar un intercambio de disparos con las autoridades carcelarias. Dos agentes resultaron heridos.

Tras los hechos, la Secretaría de Seguridad de Hidalgo, junto con otras instituciones como la Guardia Nacional y la fiscalía estatal, desplegaron un operativo para encontrar a los presos. Los reos fugados formarían parte de un grupo criminal llamado Pueblos Unidos.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó la detención de tres de los reos que se fugaron. Indicó que el tema fue abordado en la reunión del gabinete de seguridad, donde se expuso que ya se tiene completamente identificados a todos los que participaron en el ataque.

Indicó que todos tienen antecedentes penales; no solo de robo de hidrocarburos, es decir, huachicoleo, sino de otros delitos como secuestro y asesinatos.