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La propuesta para reformar el artículo 41 de la Constitución a fin de reducir a la mitad el financiamiento público otorgado a los partidos políticos, no alcanzó la mayoría calificada para su aprobación en la Cámara de Diputados.

El dictamen obtuvo, en lo general y lo particular, 274 votos a favor, 207 en contra y cero abstenciones, por lo que la presidencia de la Mesa Directiva informó que el proyecto de decreto quedaba desechado.

El documento surgió de diversas iniciativas, cuatro presentadas por la bancada de Morena, dos del PT, dos del PES y una del PRD, dictaminadas en la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por la diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena).

Con dicha modificación se pretendía que el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos, se fijara anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 32.5%, en lugar del 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Al fundamentar el dictamen en tribuna, la diputada Carrillo Martínez puntualizó que los partidos políticos juegan un papel fundamental e importante en los regímenes democráticos; sin embargo, existen múltiples señalamientos sobre los altos costos que representan para la sociedad.

Y es que el modelo actual tiene su origen en la reforma política constitucional de 1977, cuando se estableció expresamente la existencia e importancia de los partidos políticos reconociéndoles el carácter de entidades de interés público. Después en 1987 se previó por primera vez el financiamiento público para actividades ordinarias.

En 1993 se incluyeron disposiciones normativas referentes al financiamiento privado, y fue hasta 1996 que se consolidó el régimen de financiamiento público de los partidos políticos al establecer una serie de medidas, y entre el año 2000 y 2003 hubo un aumento en el financiamiento, del 25% en términos reales para actividades ordinarias y específicas. Sin embargo, este crecimiento no se tradujo en una mayor participación ciudadana.

Posteriormente, en 2007 se estableció la fórmula que prevalece en el texto actual de la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para calcular el monto de financiamiento público a partidos políticos por el desarrollo de sus actividades ordinarias.

En la última reforma, de 2014, no se alteró la fórmula de recursos a partidos en el ámbito federal, mismo que provocó un aumento en el financiamiento, ya que los partidos políticos reciben dinero por dos vías: la federal y la local.

Recordemos que las actividades ordinarias, que fueron motivo del análisis en el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, comprenden los gastos para la participación ciudadana en la vida democrática, el gasto de los procesos internos de selección de candidatos, sueldos y salarios del personal, propaganda de carácter institucional y campañas de consolidación democrática, sólo por mencionar algunas.

El monto para el sostenimiento de estas actividades se calcula multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Del total del financiamiento público que resulte, el 30% se distribuye entre los partidos políticos de forma igualitaria, y el 70 por ciento restante, de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados anterior.

Diversas voces señalan que en el ámbito mundial, el voto en México representa uno de los más caros, sobrepasando incluso a países como Estados Unidos, Rusia o Brasil, mientras que en el escenario latinoamericano nuestro país es el que más subsidio otorga a los partidos políticos.

El Pleno del Congreso de la Ciudad de México, eligió a Ernestina Godoy como la primer fiscal de la capital, esto luego de que la comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobara el decreto por el que se designaba a Godoy Ramos titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Con 60 votos a favor y solo uno en contra, Godoy se convirtió en la primer fiscal de la entidad; y aunque rindió protesta al cargo esta tarde, su periodo iniciará a partir del 10 Enero de 2020, y será por cuatro años.

El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el morenista Eduardo Santillán Pérez, detalló previamente que con base en las entrevistas realizadas a los integrantes de la terna, la Comisión Dictaminadora evaluó a los aspirantes de la siguiente forma:

  • Ernestina Godoy Ramos, 9.36
  • Carlos Juan Manuel Daza Gómez, 8.14
  • Fernando Vázquez Herrera, 7.76.

“Como resultado de las entrevistas realizadas a las personas propuestas en la terna enviada, esta Comisión Dictaminadora considera que la persona que reúne los mayores requisitos de idoneidad y cumplimiento del perfil que debe tener quien ocupe la titularidad de la Fiscalía General de Justicia conforme lo establece el artículo 44 numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México, es la ciudadana Ernestina Godoy Ramos”, leyó del dictamen el legislador Santillán Pérez.

Resaltó que se analizó el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos a Godoy Ramos, mismos que fueron aprobatorios y que fueron:

  • Tener ciudadanía mexicana, acreditada con el acta de nacimiento correspondiente.
  • Tener cuando menos 35 años de edad.
  • Contar con título y cedula en Derecho, con experiencia mínima de cinco años.
  • No haber sido condenado por delito doloso.
  • Someterse y acreditar en los términos de la ley las evaluaciones y certificación de confianza.
  • Presentar y hacer pública en los términos de la ley su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.
  • No haber desempeñado cargo de elección popular o de dirección de un partido político.

Las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados ratificaron el dictamen de la Subcomisión de Examen Previo, para avanzar en el Juicio Político en contra de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Tras una serie de intervenciones y preguntas de legisladores de todos los grupos parlamentarios, la mayoría ratificó la resolución que considera que existen los elementos probatorios para enjuiciar políticamente a Rosario Robles por su responsabilidad en la llamada “Estafa Maestra», por el desvío de más de siete mil millones de pesos del erario público.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera Badillo, aseguró que en este proceso “no hay venganzas ni cacerías de brujas», y si no hay otros procedimientos de juicio político, es porque no hay más denuncias, porque no hay otros servidores públicos acusados.

Explicó que hay cuatro denuncias, de ellas solo dos cumplieron con la normatividad para avanzar en la Subcomisión de Examen Previo; por ello, con base en esas dos, las Comisiones Unidas resolvieron en ese sentido.

Recordó que el plazo para la presentación de demandas de juicio político en contra de los servidores públicos vence un año después de que se han separado o han concluido su encargo, mismo que se cumple, para el caso de quienes participaron en la administración anterior el domingo 1 de diciembre.

La morenista coincidió con la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, quien sostuvo que los delitos que se le imputan no son graves y podría enfrentar su proceso en libertad. Añadió que junto con Robles, también deberían ser procesados el expresidente Enrique Peña Nieto; Alfredo del Mazo, quien era, en ese tiempo, director de Banobras; medio centenar de funcionarios y los titulares de ocho universidades y 11 instituciones del gobierno federal.

Por su parte la diputada de Morena, Tatiana Clouthier, les respondió que, si bien Rosario Robles ya está siendo procesada, es porque se ha cumplido el compromiso presidencial de acabar con la impunidad y si se encuentra inhabilitada, no fue por este caso, sino por haber mentido en su declaración de situación patrimonial.

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, un dictamen de reforma constitucional para que ningún funcionario público, federal, estatal o municipal y particularmente los de los organismos autónomos federales y estatales, tengan una remuneración mayor a la establecida para el Ejecutivo federal.

El documento señala que las remuneraciones de los funcionarios que sean superiores a lo que establece el decreto deberán ser disminuidas al año siguiente de aquél en que entre en vigor la reforma, siempre y cuando se haya cumplido con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena al Congreso de la Unión corregir la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y aclarar cómo se debe calcular el sueldo del presidente de la República.

El dictamen, que modifica los artículos 116 y 127 de la Constitución Política, fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

El Pleno lo aprobó por mayoría calificada, en lo general, con 318 votos a favor, 12 en contra y 99 abstenciones. Posteriormente, votó en lo particular los artículos 116 y 127 con 322 votos en pro, 21 en contra y 81 abstenciones.

El documento surgió de tres iniciativas que presentaron, por separado, la diputada Dulce María Sauri Riancho del PRI; la diputada María Chávez Pérez de Morena y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado de la República que transforma el Banco Nacional de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) en el Banco del Bienestar, con lo que nueva entidad propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cobrará vida de manera formal.

El Pleno la aprobó en lo general con 268 votos a favor, 48 en contra y 11 abstenciones; y posteriormente en lo particular con 207 votos en pro, 65 en contra y 10 abstenciones.

El documento fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El dictamen reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Bansefi, comenzando por su denominación, para quedar como Ley Orgánica del Banco del Bienestar.

Según lo expuesto en el dictamen, el Banco del Bienestar tendrá carácter de Sociedad Nacional de Crédito e Institución de Banca de Desarrollo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, entre cuyas funciones estará el dispersar los recursos destinados a subsidios y programas sociales del gobierno federal, sujetos a reglas de operación de las dependencias y entidades.

Recordemos que el pasado 30 de abril, la Cámara alta aprobó el documento y lo remitió a la Cámara de Diputados, donde fue dictaminado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Al fundamentar el dictamen, la bancada de Morena indicó que con el Banco del Bienestar se fortalece la presencia del Estado mexicano en el sistema financiero nacional y se da un paso importante para reorientar el desarrollo económico y social del país.

Además, defendieron que se alinea a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, recién avalado, ya que se plantea la inclusión financiera de todas las personas, priorizando a los grupos históricamente discriminados o en territorios de alta marginación.

Finalmente, expusieron que se combatirán las desigualdades sociales que excluyen del desarrollo a las personas de la tercera edad, los discapacitados, los jóvenes sin trabajo y sin estudios y a miles de estudiantes.

Los integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores; Economía; Puntos Constitucionales, y de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República anunciaron que acordaron aplazar la aprobación del dictamen que ratifica el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Aunque manifestaron de manera unánime su postura en favor de aprobar el dictamen, decretaron un receso y acordaron concluir el proceso de la votación el próximo viernes, después que comparezca el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“Se acuerda suspender los trabajos, temporalmente, una vez que ha concluido la discusión de los asuntos, y proceder a declarar un receso para recoger las firmas correspondientes, de aquí al viernes en la tarde”, explicó el senador Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Economía.

Por su parte el senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, expresó que hay un consenso claro de lo conveniente que resulta para México la aprobación del tratado, pues aseguró que el T-MEC dará certidumbre para los intercambios comerciales y para la inversión.

Además resaltó, protegerá al país, algo muy importante tomando en cuenta lo ocurrido en los últimos días, de los embates que con toda probabilidad se presentarán en los próximos meses, esto en alusión a los aranceles que anunció el presidente Donald Trump.

El senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, mencionó que el objetivo de diferir la votación del dictamen hasta el próximo viernes es que este acuerdo comercial salga de manera impecable y con los consensos necesarios.

Carlos Ramírez Marín, senador del PRI, dijo que es importante preguntarle al Canciller en su comparecencia si se cumplirá el Tratado por parte de Estados Unidos, para «saber qué hacer si dentro de un año o dos habrá más amenazas cuando estén más cerca las elecciones en ese país”, expresó.

Y es que recordemos que Ebrard comparecerá este viernes en el Senado para responder a los cuestionamientos sobre lo negociado con Estados Unidos y que permitió echar abajo la imposición de aranceles.

Fue el director general para América del Norte, de la cancillería, Jesús Mario Chacón Carrillo, quien confirmó la visita del titular de SRE al Congreso luego de que indicara que él no tenía los elementos necesarios para responder a todas las dudas que se tenían.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) celebró que el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, pues dijo, tiene mejoras sustanciales en lo correspondiente a la inclusión y a la incorporación de la educación sexual en todos los niveles educativos, la Educación Superior y la autonomía universitaria.

Sin embargo dijo que hay aspectos que les preocupan, ya que en el dictamen se desaparecieron las disposiciones que ligaban la permanencia de los profesores al resultado de sus evaluaciones, lo cual lo calificaron como un «claro retroceso que pone en riesgo la calidad de la educación que estarán recibiendo las futuras generaciones».

Indicó que también es alarmante que se haya abierto la puerta a que regresen viejas prácticas como la venta de plazas del magisterio.

Enfatizaron que si bien se establece la creación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Evaluación, se señala que en ningún caso se afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio docente, lo que en términos prácticos significa que no habrá consecuencias para un bajo desempeño.

Por otra parte, alertaron sobre el apartado B del artículo 123 deja entrever que el Sindicato puede tener el control del 50% de las plazas de nueva creación lo que abre un margen enorme de discrecionalidad, conflicto de interés y corrupción.

«Exhortamos a la Cámara de Senadores a revisar y corregir lo que toca al servicio docente para asegurar que quienes están a cargo de la educación de los mexicanos reciban una adecuada capacitación y demuestren tener los conocimientos necesarios para realizar una de las tareas más relevantes que existen en la sociedad», remató la Coparmex.

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde, un dictamen que reforma la Ley General de Turismo, y por el cual se disuelve y liquida el Consejo de Promoción Turística como empresa de participación estatal mayoritaria.

El Pleno lo aprobó en lo general con 290 votos a favor, 162 en contra y una abstenciones, y posteriormente en lo particular con 284 votos en pro, 157 en contra y cinco abstenciones.

El dictamen fue remitido al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación. Durante el debate se desecharon tres reservas de diputados del PRI y del PAN.

El documento surgió de una iniciativa que presentó la diputada María de los Ángeles Huerta del Río  de Morena, el pasado 4 de abril, la cual fue dictaminada por la Comisión de Turismo.

Con dicho dictamen, se modifican los artículos 3 y 4 de la Ley General de Turismo, y derogan los preceptos 38, 39, 40 y 41 de esta misma legislación. Asimismo, se establecen nueve artículos transitorios. En los preceptos transitorios se ordena la desincorporación del Consejo de Promoción Turística de México de la administración pública federal.

Quedó estipulado que la Asamblea General de Accionistas del Consejo, dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigor del decreto, sesionará para aprobar su disolución y nombrar a su liquidador. Se indica que la Secretaría de Turismo, en los siguientes 30 días siguientes al reconocimiento de la disolución y nombramiento del liquidador, publicará las bases para el proceso de liquidación de empresa de participación estatal mayoritaria.

Establece que los remanentes del proceso de liquidación, consistentes en activos, muebles e inmuebles y derechos de carácter patrimonial podrán ser transferidos por el liquidador al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes o a la Tesorería de la Federación.

Recordemos que el Consejo de Promoción Turística era el organismo encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional, y fue creado en el año 2000, luego de una reforma a la extinta Ley Federal de Turismo.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que contempla diversos cambios a la reforma laboral, entre los que se encuentra la libertad y la democracia sindical de los trabajadores.

Luego de someterlo a votación ante el Pleno, el dictamen fue avalado por 417 diputados, mientras que una legisladora del PAN votó en contra, y se registraron 29 abstenciones.

Las leyes que se reforman son: Federal del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Federal de Defensoría Pública, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Seguro Social (IMSS).

Tras su aprobación en lo general, la Mesa Directiva informó que se presentaron 104 reservas para discutirse en lo particular.

El PAN, quien fue uno de los grupos parlamentarios que más se opuso al dictamen, acusó que se estaba de «rodillas» ante el gobierno de los Estados Unidos, pues dijeron hubo presión por parte del país vecino para que se aprobara, todo relacionado con la ratificación del T-MEC.

Lamentaron que ante las presiones, faltó tiempo para el análisis y discusión de la reforma, la cual calificaron como «avanzada», misma que ahora «queda corta».

El tema que causó división entre la bancada de Morena, y que fue apoyado por la bancada del PT, fue del outsourcing. Solicitaban que el outsourcing y la subcontratación desaparecieran del proyecto. “No al outsourcing», “No a la subcontratación», “basta de sindicatos charros», reclamaron con pancartas.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó que el Pleno de la Cámara de Diputados sesione los días martes, miércoles y jueves de esta semana, para recuperar el tiempo perdido por el cierre del recinto legislativo en días recientes.

Así lo dio a conocer el presidente de la Jucopo, Mario Delgado, indicando que en la sesión del jueves próximo se discutirá y votará el dictamen de la iniciativa del Presidente de la República que reforma la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Respecto del dictamen de reforma constitucional en materia educativa, subrayó que éste no se llevará al Pleno, para su discusión y votación, hasta que se agote el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y los grupos parlamentarios, y se llegue a un acuerdo con amplio consenso.

“Hemos hablado con los maestros, y tenemos el acuerdo para que esta semana la Cámara de Diputados pueda tener su función normal… No hay fecha aún definida para subir, para la discusión, análisis y votación de las reformas al artículo 3º tercero constitucional, referentes a la reforma educativa”, externó el legislador.

Delgado Carrillo apuntó que se está trabajando para que los maestros puedan dar su voto de confianza a la reformas educativa, aunque dijo, optar por el diálogo no quiere decir que el tema esté congelado; «está caminando el dictamen de manera muy favorable”, señaló.

Luego de que en comisiones fuera aprobado el dictamen de reforma educativa, y ello desatara nuevos bloqueos por parte de trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Cámara de Diputados, autoridades informaron que el dictamen fue enviado al magisterio para «conocer su opinión».

Fue el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, quien informó que enviaron a los integrantes de la CNTE el dictamen de reforma educativa, e indicó que más tarde se reunirán con los maestros para conocer su opinión al respecto.

El legislador también sostuvo que los tres diputados de Morena, ligados con la CNTE, y que votaron en contra del dictamen, lo hicieron en libertad pues en su bancada no hay “línea” y hay maestros representantes de distintas organizaciones que sufragan como ellos decidan.

Afirmó que las preocupaciones de la Coordinadora están ampliamente abordadas en el dictamen, en donde queda claro que el tema de la relación laboral está en el Apartado B del artículo del 123 constitucional.

Delgado Carillo aseguró que hay un amplio consenso en la reforma y un gran acuerdo político, y que nunca más se repetirán los abusos laborales en contra de los maestros. Afirmó que se cumple con la promesa del presidente López Obrador de abrogar la reforma avalada en el sexenio anterior.

 

Este viernes, dos Congresos locales más aprobaron la reforma constitucional que permitirá la creación de la Guardia Nacional.

Las legislaturas fueron la de Nayarit y Sinaloa, las cuales se suman a las otras 24 que han respaldado el proyecto en materia de seguridad que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El resto de los estados que han dado luz verde al dictamen son: Morelos, Veracruz Guerrero, Campeche, Tabasco, Chiapas, Nuevo León, Colima, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Baja California Sur, Tlaxcala y Durango.

También figuran los Congresos de Tamaulipas, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Oaxaca, Aguascalientes, Coahuila, Sonora y Jalisco, así como la de la Ciudad de México.

Recordemos que la reforma necesitaba el respaldo de al menos 17 legislaturas para poder ser promulgada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y con ello poder entrar en operaciones; sin embargo el presidente López Obrador indicó que su gobierno esperaría unos días para lograr que el mayor número de Congresos «legitimaran» su propuesta.

Se espera que sea este lunes cuando se promulgue la reforma en el DOF.

 

Luego de más de tres horas de discusión, la Cámara de Diputados avaló, sin cambios, la minuta de reforma constitucional, devuelta por el Senado de la República, que crea la Guardia Nacional.

El Pleno la aprobó por mayoría calificada, en lo general y en lo particular, con 463 votos a favor, uno en contra (de la diputada sin partido Ana Lucía Riojas Martínez) y cero abstenciones.

Ahora, la Cámara turnó la reforma constitucional a los congresos estatales para su análisis y eventual ratificación.

El dictamen señala que la Guardia Nacional, que se constituirá con los elementos de la Policía Federal, Militar y Naval, estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional en la materia.

Estipula que la formación y desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una formación policial. Adicional establece un periodo de cinco años para que el Ejecutivo federal pueda disponer de las Fuerzas Armadas permanentes en tareas de seguridad pública, en tanto la nueva corporación desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.

El análisis de la minuta inició a las 12:55 horas, con la fundamentación del dictamen. Posteriormente inició la discusión en lo general y al término prosiguió la votación nominal en lo general y en lo particular, dado que no se presentaron reservas de modificación.

El pasado 16 de enero, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen original y lo envió al Senado, donde fue sujeto de diversas modificaciones, las cuales finalmente se aprobaron el 21 de febrero pasado.

Entre los cambios destacó la eliminación de la Junta de Jefes de Estado Mayor de la Guardia Nacional, donde participarían militares.

 

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