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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desmintió esta mañana el reportaje difundido por un medio estadounidense, ProPublica, que refiere que habría recibido dinero del narcotráfico para financiar su campaña electoral de 2006, y aprovechó para criticar al gobierno de Estados Unidos por permitir las “prácticas inmorales” de sus agencias.

“No hay ninguna prueba. Son unos viles calumniadores”, dijo López Obrador en su conferencia matutina al objetar el reporte difundido que señala que testigos habrían informado a la agencia antidrogas estadunidense, la DEA, que grupos del narcotráfico aportaron cerca de dos millones de dólares a la campaña que perdió por una mínima diferencia frente a Felipe Calderón.

Aunque la investigación causó una gran polémica y sirvió a opositores para denunciar la relación de López Obrador con el narco, el reportaje aclara que no se logró establecer si López Obrador sabía de las supuestas donaciones de los narcotraficantes.

El mandatario descartó que vaya a iniciar un juicio contra ProPublica o el periodista que realizó el reportaje, aunque atacó al gobierno estadounidense por permitir “prácticas inmorales contrarias a la ética política” de sus agencias.

“Tiene que decir la DEA si es cierto, o no es cierto, cuál es la investigación que hicieron, cuáles son sus pruebas”, expresó López Obrador al exigir al Departamento de Estado que aclare los supuestos informes que tendría la agencia antidrogas que lo comprometen.

“No hay que dejarnos engañar con eso”, señaló el presidente al asegurar que el reportaje en su contra guarda relación con las elecciones que habrá este año en Estados Unidos y México.

Al ser preguntado sobre si el presidente Joe Biden sabría de la investigación de la DEA, López Obrador se mostró cauteloso y sólo indicó que posiblemente se enterará tras la polémica desatada por el reportaje.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que aumentar la austeridad en el Gobierno permitirá al Gobierno participar en el pago de pensiones completas, tal como lo planteó en recientes días.

Esto es algo que anunció incluirá en la iniciativa de reforma a las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que enviará el 5 de febrero al Poder Legislativo.

“Sobre los recursos, la parte que nos corresponde a nosotros la vamos a obtener porque vamos a proponer más austeridad republicana. Empezamos con un plan de austeridad, nos ayudó mucho, pero pensamos que todavía podemos ahorrar más. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, entonces lo que ahorremos, para que no le cueste tanto al pueblo mantener al gobierno, vamos a hacer un ajuste y ese ahorro va a destinarse a ese propósito”, explicó el mandatario.

AMLO dijo que el Gobierno va a aportar lo que le corresponde y señaló que aún existen estructuras improductivas, autónomas a la federación, que fueron creadas durante el periodo neoliberal y que no benefician a los intereses del pueblo.

“Lo que ahorremos para que no le cueste tanto el Gobierno al pueblo (…) se hará un ajuste y va a destinarse a ese propósito. Hay muchas estructuras improductivas, todas las que crearon para proteger la corrupción, los organismos autónomos que se crearon en contra de la gente para proteger, ahí hay muchos ahorros”, añadió.

Fue en ese punto donde señaló que contempla destinar los recursos que hoy en día se le dan al INAI, mil millones de pesos, al fondo de pensiones.

Reiteró que la iniciativa de reforma que será presentada en Palacio Nacional corregirá gradualmente las “injusticias cometidas” en contra de los trabajadores en el sexenio de Ernesto Zedillo.

“¿Qué otra cosa hizo Zedillo? Llevó a cabo esa reforma para que cuando el trabajador se jubila, no reciba el 100 por ciento de su salario sino, si le va bien, el 50 por ciento. Es una gran injusticia, entonces, ¿qué es lo que estamos planteando y qué voy a enviar como iniciativa de reforma a la Constitución? Que el trabajador, al concluir su tiempo laborando, al jubilarse, reciba completo su sueldo”, remató.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, lamentó que, con tal de no ser señalado, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) niega el incremento generalizado de precios en bienes y servicios esenciales, desde alimentos básicos hasta servicios públicos y transporte, lo cual dijo, afecta a todos los estratos sociales, en especial a las personas de ingresos bajos.

“Mintió cuando dijo primero los pobres, con datos oficiales del CONEVAL hoy más mexicanos viven en pobreza extrema, López Obrador reconoció que ese dicho de primero los pobres se trató de una simple estrategia política”, criticó el panista.

Acusó que el gobierno de López Obrador miente todos los días pues a pesar de que indica que se acabó la cuesta de enero, a miles de familia no les alcanza para nada, ni siquiera para adquirir la canasta básica.

Recordó que en campaña, el ahora presidente prometió y no cumplió que la gasolina costaría 10 pesos; acusó que ahora vuelve a mentir descaradamente cuando dice que la gasolina no ha subido de precio,pues insistió en que fue la propia secretaría de Hacienda quien informó de un aumento del 4.32% este año en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Esto, explicó, implica un incremento directo a la gasolina, aunque el gobierno lo niegue, la verde, la roja y el diésel, lo que afecta también al gremio transportador del país y al precio de los alimentos.

“Es innegable que todos los precios están subiendo y que no hay medicamentos, es absolutamente innegable que a la gente cada vez le alcanza para menos”, sostuvo.

El líder blanquiazul condenó que el gobierno federal siga incrementando el déficit y endeudando y engañando al país, por ello consideró imperativo que se aborde este problema de manera urgente y efectiva.

“Una vez más y como es su costumbre, López Obrador y los propagandistas de Morena mienten, lamentablemente esa gran farsa tendrá un alto costo en el mediano y largo plazo para las familias mexicanas”, añadió.

El imperio empresarial de Donald Trump recibió al menos 7.8 millones de dólares de gobiernos extranjeros durante sus años como presidente de Estados Unidos, según un informe del Congreso revelado por los demócratas.

China, Qatar o Arabia Saudí serían algunos de los países que, según el informe hecho público este jueves, hicieron pagos a la organización Trump, que el magnate dejó en manos de sus hijos Donald Jr. y Eric cuando llegó a la Casa Blanca.

Según el informe, también habría recibido dinero de Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, la India, Filipinas, Malasia, Turquía, la República Democrática del Congo, Albania y Kosovo.

En el caso de China, habría hecho pagos de hasta 5.5 millones de dólares a través de alquileres en la Torre Trump de Nueva York o de estadías en los hoteles del magnate en Las Vegas y Washington.

Trump abrió su hotel en Washington en 2016 y durante su mandato en la Casa Blanca se convirtió en un lugar clave de toma de decisiones en la capital federal. Lo vendió en 2022, una vez había abandonado el poder.

Los demócratas autores del informe acusan a Trump de haber violado una clausula constitucional que prohíbe al presidente sacar provecho de gobiernos extranjeros sin la aprobación del Congreso.

Además, señalan que los 7.8 millones de dólares seguramente sean sólo una parte de lo obtenido por Trump, ya que la investigación quedó interrumpida cuando los republicanos se hicieron con el control del Congreso hace un año.

“Es cierto que 7.8 millones de dólares son casi con certeza solo una fracción de la cosecha de dinero estatal extranjero ilegal de Trump, pero esta cifra en sí misma es un escándalo”, afirmó el representante Jamie Raskin, el demócrata de más alto rango en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Este comité es, precisamente, uno de los que lidera las pesquisas de juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por supuesto tráfico de influencias con gobiernos extranjeros para beneficiar a familiares.

Los republicanos aseguran que la familia Biden, especialmente su hijo Hunter, recibió más de 15 millones de dólares de empresas y gobiernos extranjeros de Ucrania, Rusia, Kazajistán, Rumanía y China entre 2014 y 2019. Sus socios habrían recibido otros 9 millones de dólares.

El abogado de Shakira, Pau Molins, sorprendió a la prensa al señalar que si la cantante colombiana “se hubiera enamorado de Sergio Ramos, en lugar de Gerard Piqué, le habría costado mucho menos dinero”.

En una entrevista en El Món de RAC1, Molins ha afirmado que si Shakira no hubiera vivido en Cataluña se habría ahorrado tres de los seis delitos de los que estaba acusada, puesto que en Madrid no existe el impuesto de patrimonio.

Las declaraciones del abogado llegan luego de que la colombiana evitara ayer los tres años de cárcel que le impuso la Audiencia de Barcelona tras reconocer que defraudó 14.5 millones de euros a Hacienda entre los años 2012 y 2014, y aceptar multas que suman casi 7.8 millones de euros.

“Tanto que se llenan la boca con la igualdad de los españoles, si eres residente en Cataluña puedes ir a la prisión por un delito que es imposible que te lleve en Madrid con la misma conducta, porque no hay impuesto de patrimonio”, ha manifestado.

Además, sostuvo que “si se hubiera enamorado de Sergio Ramos, en lugar de Gerard Piqué, le habría costado mucho menos dinero”.

Molins también ha afirmado que Shakira es inocente y que no tenía ninguna voluntad de defraudar a Hacienda, a la vez que ha añadido que “es un tema muy complicado con los artistas mundiales”, que siempre están en movimiento, y ha recordado que la cantante hizo una gira mundial en 2011 y “visitó 74 países”.

El letrado ha afirmado que “es complejo determinar donde tienen que pagar sus impuestos” los artistas internacionales, y ha defendido que Shakira no pretendía engañar a nadie, puesto que “lo muestra todo en las redes sociales”.

El abogado también ha manifestado que él quería que se celebrara el juicio pero que fue Shakira quien decidió que era mejor evitarlo. “Creo que podríamos haber ganado, pero deontológicamente tenemos que respetar su voluntad”, afirmó.

Sobre el motivo que llevó a Shakira a aceptar un pacto para evitar la celebración del juicio, ha explicado que es el mismo que hizo público en el comunicado, y que consiste en que “priorizaba el bienestar de sus hijos y que quería pasar página de España”.

Foto: X @shakira

Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia con 30 millones de votos en el 2018. En la elección del 2024 habrá un segmento de la población que representa 15 millones de votos. Con que las candidatas busquen la forma de motivar a este grupo poblacional, ya tendrán la mitad de la chamba hecha.

Son votos que valen oro. Quince millones. Me refiero a los jóvenes de entre 18 y 24 años, los que nacieron entre el 2001 y el 2006, y que además podrán votar por primera vez en el 2024. La palabra clave aquí es PODRÁN. Por qué el gran reto con los jóvenes es sacarlos a votar.

En 2018 votó menos de 5 de cada 10 personas entre los 18 y 24 años. Es un abstencionismo muy elevado, sobre todo si tomamos en cuenta que quienes tenían 18 años en esos comicios, los primo-votantes, salió a votar más que los de 19-24 años. Votó el 63.4 por ciento de los jóvenes de 18 años, muy probablemente ilusionados por estrenar su credencial del INE. Pero a partir de los 19 años, el abstencionismo comienza a crecer. Así, en 2018 más de 13 millones de personas entre los 19 y 29 años se abstuvo de votar, con todo y que había un candidato joven: Ricardo Anaya.

Según el Registro Federal de Electores, hay 11 millones 355 mil personas de entre 20 y 24 años; 2 millones 136 mil de 19 años y un millón 717 mil que tienen 18 o tendrán para la fecha de las votaciones. Estos datos son aproximados y quedarán definidos con mayor claridad en febrero próximo por el INE cuando se tenga la Lista Nominal definitiva. Lo más interesante es que el resultado de la elección del 2024 va a impactar precisamente a esta generación, la conocida como Generación Z, más que a otras. De lo que ocurra en las próximas votaciones ellos son los que más van a sentir y vivir los resultados precisamente por la edad que tienen.

¿Qué propuestas tendrán Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum para estos jóvenes? ¿Cómo los van a motivar para salir a votar el 2 de junio del 2024? ¿Qué se le puede decir a una generación que, sin haber conocido al PRI ni el régimen de un solo partido, han vivido más bien circunstancias sociales muy lamentables por la guerra en contra del narco que arrancó Felipe Calderón? ¿Cómo motivarlos a votar si los tres presidentes que han gobernado México desde que tienen conciencia han fallado en la principal responsabilidad del Estado que es lograr seguridad para sus ciudadanos al recibir el monopolio del uso de la fuerza?

Hasta ahora la actividad de los jóvenes es intensa en redes sociales y en especial es para quejarse. Pero ¿cómo entusiasmarlos para votar? ¿qué propuestas pueden ser atractivas para ellos? ¿La posibilidad de votar a una mujer a la presidencia por primera vez jugará como incentivo?

En 2018 los jóvenes votaron más por Andrés Manuel López Obrador que por el candidato que más se les acercaba en edad, Ricardo Anaya. ¿Qué pensarán hoy esos jóvenes que le dieron su voto? Apenas hace dos fines de semana estuvo AMLO en el Edo Mex presumiendo sus acciones en favor de los jóvenes. Habló del dinero que reciben de parte del gobierno a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro: “En los cinco sexenios anteriores, 30 años, el gobierno invirtió 7 mil millones de pesos [en los jóvenes]. En 5 años que llevamos nosotros la inversión sólo de este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro es de 100 mil millones de pesos”. ¿Será dinero la clave para ganar este voto?

Entrevisté para mi podcast al periodista Ernesto Nuñez sobre este voto joven a partir de un texto que escribió al respecto en Animal Político y me aseguró algo: convertir a los jóvenes en una clientela electoral va a fallar. Los jóvenes quieren oportunidades y seguridad, no dádivas.

Quien tenga las mejores propuestas para generar oportunidades y mejorar la seguridad puede atraer a estos 15 millones de votantes, que valen oro. Xóchitl y Claudia tienen que entender como hablarles a estos votantes.

Columna completa en El Universal

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este miércoles que su administración espera llegar a un acuerdo con Grupo México por la reciente ocupación de un tramo ferroviario operado por Ferrosur, una de sus filiales, aunque aclaró que no se considera una compensación en efectivo.

La semana pasada, el gobierno federal publicó un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se indica que un tramo ferroviario controlado por Grupo México Transportes, en el sureste del país, fue declarado de utilidad pública, en una acción que según las autoridades fue necesaria para el desarrollo de un importante proyecto de infraestructura.

Efectivos de la Marina ocuparon las instalaciones de la firma en el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas, en el estado Veracruz, poniendo de relieve una compleja disputa entre el gobierno y el grupo minero.

“Sí se va a llegar a un acuerdo, espero, pero no es dinero”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina de hoy, al afirmar que el Estado había tomado el control de una concesión y que no se trataba de una expropiación.

“(La eventual compensación) es un permiso de paso y una revisión de concesiones sobre las mismas vías que están en poder de Grupo México”, explicó.

Grupo México, con negocios también en el sector de infraestructura, es encabezado por Germán Larrea, la segunda persona más rica del país.

Recordemos que al inicio de la semana, López Obrador aseguró que cuando ya se estaba cerca de firmar un acuerdo, abogados de Grupo México pidieron al gobierno un pago de 9,500 millones de pesos como indemnización por la ocupación.

La noche de ayer, fuentes  del gobierno y del sector privado aseguraron a El Universal que se había alcanzado un acuerdo económico entre ambas partes, después de una reunión en la que participaron el presidente; el secretario de Gobernación; directivos de Grupo México Transportes y el asesor externo de la Presidencia, Alfonso Romo.

“El monto que solicitó la empresa en una reunión previa con López Obrador fue de 9 mil 500 millones de pesos, pero las fuentes consultadas afirmaron que bajará entre 20% y 25%, para quedar en alrededor de 7 mil millones de pesos”, indicó El Universal en su reporte.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuestionó el acuerdo reparatorio que ofrece el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para salir de prisión por sus acusaciones de corrupción, y así evitar los juicios que enfrenta.

López Obrador señaló que la cantidad del acuerdo reparatoria debería de ser mayor al que el ex funcionario ofrece, esto al recordar que Lozoya afronta dos procesos: uno por la compra que hizo Pemex a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados y otro por ser el principal acusado de la trama de corrupción de Odebrecht en el país.

“Eso lo tienen que ver los funcionarios, pero 10 millones (de dólares) se me hace muy poco. Es que 10 millones (de dólares) son 200 millones de pesos. ¿Cuánto entregó a los legisladores? Fue muchísimo más que eso. ¿Y de dónde salió ese dinero?”, manifestó el mandatario en su rueda de prensa diaria.

Recordemos que la propuesta que el equipo legal de Lozoya Austin ha puesto sobre la mesa es de 10.7 millones de dólares.

Las declaraciones del presidente se dan luego de que ayer, durante una audiencia, se informara autoridades como la Fiscalía General de la República (FGR), Pemex y la UIF, estuvieran de acuerdo en seguir las pláticas para alcanzar el acuerdo.

Aunque se mostró abierto a una negociación, el mandatario pidió “que hagan bien las cuentas”. “Si se llega a un acuerdo de reparación del daño, yo lo veo muy bien”, sostuvo López Obrador.

“Pero tiene que ser una cantidad considerable, de acuerdo a lo que se prueba que se sustrajo ilegalmente, que devuelvan el dinero, que se repare el daño, eso es lo principal. Lo demás, pues de acuerdo a las leyes pueden seguir el juicio en sus casas, pero que devuelvan el dinero”, añadió el presidente.

Lozoya fue arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a nuestro país a mediados de ese año.

Adicional, la defensa de Lozoya argumentó que tiene elementos para inculpar a Peña Nieto y extraditarlo desde España, al citar como ejemplo al expresidente peruano Alejandro Toledo, extraditado hace unos días desde Estados Unidos a Perú por el caso Odebrecht, acusado de haber recibido 35 millones de dólares.

La Directora Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral (INE) reveló los montos que recibirán como compensación las y los consejeros que concluyen sus encargos el próximo 3 de abril, entre ellos el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

En el oficio que se entregó, se detalla la Compensación por Terminación de la Relación Laboral (CTRL) que se asignará. El INE señaló que este tipo de compensación es común en el sistema laboral mexicano, tanto en el ámbito privado como en la esfera pública, pues se contemplan como parte de las liquidaciones relacionadas con la conclusión o la separación del trabajador o servidor público, según corresponda.

Para el período que comprende del 4 de abril de 2014 al 3 de abril del 2023, que es el cargo en que se desempeñaron los consejeros que terminan su encargo, el monto asciende a 1 millón 663 mil 388 pesos.

En el caso del Consejero Presidente, se aclaró que aplica el mismo cálculo para los nueve años en su encargo. Pero debe tomarse en cuenta que fue designado Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral el 15 de diciembre de 2011 sin que, al término de ese encargo, percibiera algún monto de compensación por conclusión del mismo.

Por ello, debe considerarse todo el periodo en que laboró de forma ininterrumpida para el entonces IFE y el actual Instituto Nacional Electoral. Así, el monto que recibirá es de 1 millón 934 mil 380 pesos.

Se recordó que por prohibición constitucional, el consejero presidente, así como las y los consejeros electorales no pueden tener otro empleo, cargo o comisión, a diferencia de lo que acontece con otros servidores públicos, por ejemplo los legisladores, que pueden tener negocios propios.

De igual forma, se detalló que los consejeros tienen prohibido desempeñar cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado, de dirigencia partidista, ni ser postulados a cargos de elección popular durante los dos años siguientes a la conclusión de sus encargos.

Así: Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Margarita Favela y José Roberto Ruiz Saldaña, no podrán buscar algún cargo público al menos hasta 2025.

Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes la entrega de 100 millones de dólares adicionales para ayuda humanitaria a Ucrania, después de que los países del golfo Pérsico fueran acusados de apoyar a Rusia tras la última decisión de la OPEP+ de recortar la producción de petróleo.

La agencia de noticias estatal emiratí WAM dijo que esta decisión fue emitida por el presidente del país, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a modo de “ayuda adicional” para la población ucraniana afectada por la invasión rusa.

Por su parte, la ministra de Estado de Cooperación Internacional emiratí, Reem al Hashimy, dijo que “estas ayudas adicionales provienen de la convicción de Su Alteza, el presidente, en la solidaridad humana, especialmente en los casos de guerra y conflicto”.

Asimismo, recordó que Emiratos brindó ayudas similares a Ucrania en los últimos meses, desde el comienzo de la invasión a finales de febrero, y que su país también mandó cargamento humanitario para los refugiados en Polonia y Moldavia, en respuesta al llamamiento de Naciones Unidas.

Esta medida ha sido anunciada en un momento en el que Estados Unidos y varios países occidentales están acusando a los países árabes que forman parte de la OPEP+ de apoyar a Rusia, al considerar que el acuerdo de reducción de la producción de petróleo beneficia a los rusos y va en detrimento de Occidente.

De hecho, el gobierno de Estados Unidos consideró que Arabia Saudí está apoyando económica, moral y militarmente a Rusia con su decisión, y La Casa Blanca afirmó que revisará su relación con el reino árabe a raíz de esto.

Ante la críticas, Arabia Saudí, que lidera la OPEP+ junto a Rusia, anunció también la donación de 400 millones de dólares en ayuda humanitaria a Ucrania, y expresó su disposición para “mediar” en el conflicto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que va a seguir la guerra sucia en su contra, y en contra del movimiento que encabeza, aunque dijo, “no da resultados”.

“Tiene un efecto boomerang: tiran y se les regresa, no les ayuda. Lo veo en la actitud de la gente”, dijo el mandatario.

Retomó el caso del hackeo del colectivo Guacamaya y cómo lo abordaron los medios. Cuestionó que se haya vendido como “la gran nota” sus afectaciones de salud.

“A quién se le ocurre dar a conocer con cómo una gran nota que estoy enfermo cuando el pueblo de México es respetuoso de los enfermos, de la gente mayor. El pueblo de México no es de malas entrañas, hasta cuando se trata de un presunto delincuente y se muere su madre, piden permisos para que vaya al velorio y muchas veces se le otorga, porque estamos llenos de sentimientos, humanitarios. Este es un pueblo excepcional”, indicó.

Señaló que lo que pasa con sus adversarios es que no conocen al pueblo e incluso muchos de ellos desprecien al pueblo.

Reconoció que van a seguir las calumnias, pues eso tiene que ver con el hampa del periodismo, que siguen creyendo que la calumnia “cuando no mancha, tizna”.

Sin embargo, dijo que el pueblo de México es de los pueblos más conscientes, “más avispados” del mundo por lo que no le preocupa lo que sigan haciendo sus opostoriores.

En ese sentido, relató que todo se trata de algo “elemental”. “Imagínense me han investigado, me han espiado desde los años setentas; hace 45, 50 años. Yo tengo una especie de religión: para mí el amor y el poder tienen que ser puros; el poder tiene que ser puro para que se convierta en virtud y se ponga al servicio de los demás”.

Aprovechó para reiterar que a él nunca le ha interesado el dinero. Relató que llevo décadas sin tener una cuenta de cheque o usar tarjetas de crédito.

“No traigo cartera, quién administra mis ingresos es Beatriz y antes Rocío, y me daban para mis gastos para lo elemental. No me importa, nunca me ha interesado el dinero, lo material, pero también siempre digo, porque no me gusta ofender a nadie, que no todo el que tienes malvado, y respeto a todos nada más que yo tengo una manera de pensar y de ser”, añadió.

Retó a sus adversarios a “encontrar algo ilícito” reiterando que no es corrupto. “Les va a costar mucho trabajo pero que sigan su camino”.

Insistió en tener la conciencia tranquila, seguir, no detenerse y enfrentar los ataques. Para ello dijo, es importante tener autoridad moral, lo que tiene que ver son ser honesto.

“Un corrupto no aguanta ni  la primera lanzada, lo hacen trisas. La honestidad es un escudo, es algo que protege. Un dirigente político que quiere transformar y hacer historia, tiene que ser honesto”, remató.

La Cámara de Diputados aprobó la tarde de ayer una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de que los recursos que hayan sido abandonados en cuentas bancarias se tomen y se destinen a temas de seguridad pública.

El documento, avalado en lo general, con 483 votos a favor, cero en contra y una abstención y, en lo particular, con 366 votos a favor, 102 en contra y cero abstenciones, especifica que los recursos, así como los intereses y rendimientos acumulados, generados por todos los depósitos e inversiones en la cuenta global con excepción de aquellos previamente destinados a la beneficencia pública, prescriban en favor de la seguridad pública y se deberán destinar a las políticas y acciones de combate a la delincuencia.

La llamada ‘Ley Mier’, debido a que fue una iniciativa del coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, ha encendido las alertas pues contempla que los depósitos e inversiones, así como sus intereses, que no tengan movimiento en el transcurso de tres años contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, es decir, después de 3 años en sus cuentas originales, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública.

Así, en total son seis años que dichos recursos deben estar “abandonados” en las cuentas bancarias.

Se aclara que para que la prescripción sea valida, el importe no deberá exceder por cuenta, al equivalente a 540 Unidades de Medida y Actualización en la Ciudad de México, es decir el equivalente a 51 mil pesos.

“No se está proponiendo disponer de los recursos de usuarios de servicios financieros con posibilidades de ser reclamados, sino de aquellos recursos cuyo derecho a ser reclamados han prescrito; es decir, que habiendo transcurrido los seis años que marca la ley, no fueron ni podrán ser reclamados por lo que no se afectan las garantías constitucionales”, aclaró

En el dictamen, que fue avalado y remitido al Senado, se establece que las instituciones estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes tanto a la beneficencia pública como a la dependencia responsable de la seguridad pública, dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el supuesto previsto.

Para realizar el traslado de los recursos financieros a que se hace referencia, correspondientes al año 2022, se indica que el Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá instrumentar los mecanismos y acuerdos necesarios con las instituciones que conforman el sistema bancario, para que estos procedan en un plazo que no exceda los 180 días a partir de la entrada en vigor de la reforma.

Llamó la atención que la ‘Ley Mier’ se consideró de urgente resolución, por lo que se le dispensaron todos los trámites, se sometió a discusión y votación de inmediato, y se remitió al Senado para sus efectos constitucionales, es decir, que pueda ser analizada y en su caso aprobada.

El morenista indicó que su propuesta tenía la finalidad de disponer de los recursos olvidados y sean destinados para lo que se establece en la estrategia nacional de seguridad pública y el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad tanto a nivel federal como de las entidades federativas y municipios.

Dijo que en el sistema financiero se alojan recursos que no tienen origen lícito y provienen de la delincuencia organizada. “Se da certeza jurídica, ya que son recursos que ya prescribieron”.

Adicional, señaló que al modificar el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, se contaría con poco más de 10 mil millones de pesos para la consolidación de los elementos de seguridad pública que también implican a la Guardia Nacional.

La austeridad no dio para tanto. Estamos en el cuarto año de gobierno y ni recortando sueldos y prestaciones; ni apropiándose del dinero de los fideicomisos; ni extorsionando empresarios, logra este gobierno los recursos que quiere para comprar simpatías.

El presupuesto de este año de 8 mil millones de pesos no tiene precedentes.

¿Qué va a pasar cuando a AMLO se le acabe el dinero?

Ya lo dijo claramente en su mañanera del miércoles 28 de septiembre. Si los empresarios que deben millones al fisco no pagan, entonces vendrá un aumento de impuesto y se endeudará (más) el gobierno.

Concretamente el presidente dijo que antes de él, no pagaban impuestos “los grandes contribuyentes”, pero que ahora sí todos están pagando. Todos, menos unos 20 o 30 empresarios que son rezagos del pasado porque no aceptan, según el presidente, la nueva realidad en la cual la defraudación fiscal es un delito penal.

Y entonces vino la advertencia: “Necesitamos finanzas públicas sanas para financiar el desarrollo para que se siga apoyando a la gente y para no contratar deuda, no endeudar al país”.

Así queda claro que cuando deje de haber dinero para lo que el presidente quiera, quedando aún poco menos de dos años de su gobierno, le aventará la culpa a los empresarios para justificar un aumento en los impuestos y en la deuda del país. Será culpa de los empresarios por no haber pagado sus impuestos.

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Ayer en el senado quedó de manifiesto que la cola larga de nuestros políticos es la más poderosa herramienta del actual gobierno. Para lograr los votos que avalaran que el ejército permanezca cuatro años más en las calles en labores de seguridad pública solamente hizo falta tiempo.

Los senadores del PRI acabaron dándole al gobierno los votos necesarios para que esto fuera posible. Salvo contadas excepciones, como la muy destacable y valiente postura de la senadora Claudia Ruiz Massieu, sus colegas de partido se doblegaron.

Justificaron su voto en que se logró mayor presupuesto y supervisión para que los militares ejerzan trabajos de seguridad pública. También en la idea de que vendrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Y que la verdadera militarización no está en darles más tiempo a los militares en las calles sino en que la Guardia Nacional pase a manos de la SEDENA y que ahí va a haber un alto mucho más riguroso.

Lo que vivimos hoy en México es realmente preocupante. Es ceder todo el poder al ejército. Queda muy claro que el país no padeció los regímenes militares-autoritarios de otros países de la región. No tuvimos al ejército al frente del gobierno como sucedió en Brasil; Chile y gran parte de América Latina. Pero eso no significa que el ejército va a permanecer al margen por siempre en México. Increíble que el presidente que prometió acabar con la militarización del país sea el que les esté dando hasta el poder de manejar el turismo en México. Dar poder es fácil. Quitarlo, no es tan sencillo.

Columna completa en El Universal

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este martes que enfrentarán los amparos que se han presentado en contra de la construcción del tramo 5 del Tren Maya, tal como se hizo con en el AIFA, y acusó a que hay intereses económicos detrás de ellos.

“Se resolverá la lluvia de amparos como se resolvieron los del Aeropuerto Felipe Ángeles”, precisó el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador se refirió así a un nuevo amparo otorgado por un juez, esta vez a la asociación Defendiendo el Derecho de un Medio Ambiente Sano (DMAS), para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) suspendan o paralicen cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del tramo 5 del proyecto Tren Maya.

La orden prohíbe que las obras relacionadas con el proyecto continúen con sus actividades ya sea de construcción, infraestructura, destrucción o remoción, en esta zona.

El mandatario acusó que quienes promueven esos amparos no son ejidatarios sino pseudoambientalistas. “Cada vez estoy más convencido de que son unos farsantes”, dijo, y adelantó que en breve se informará sobre Calica y Xcaret, que dijo, son los que realmente destruyen el ecosistema de la zona.

López Obrador defendió además el decreto que permite que se siga construyendo el Tren Maya sin que se tengan todos los permisos que la ley marca, tales como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), pues dijo que es legal y está validado por la autoridad judicial.

“Es que el acuerdo lo suscribí porque tenemos que avanzar y ellos lo que quieren es que no hagamos nada. No me estoy chupando el dedo, si no emito el acuerdo, pues nos paran por completo, eso es lo que ellos quieren, a ellos no les importa que se quede inversión tirada, que es dinero del pueblo, yo tengo que cuidar eso, para eso me eligieron, para defender los intereses de pueblo”, afirmó.

AMLO dijo que nadie quiere destruir el medioambiente; aseguró que desde hace muchos años su movimiento lucha por causas justas. “A lo mejor ellos sí, pero nosotros llevamos años luchando por la naturaleza, luchando por las causas justas, luchando por la justicia y ese acuerdo está validado por la autoridad judicial, por la Suprema Corte, es legal”, insistió.

Reiteró que los amparos están en el tramo que va de Cancún a Tulum, una de la zonas más turísticas en el país, afirmando que es justo ahí donde está el “dinero”. “Reto a los expertos, economistas, ambientalistas, ¿dónde hay más dinero, de toda la ruta, dónde está el dinero?”, cuestionó.

Reiteró que la obra se va a inaugurar en diciembre de 2023 y señaló que su deseo es que el tren de pasajeros regrese a México, tal como existe en otros países del mundo. Finalmente, expresó que la obra beneficiará a toda Centroamérica.

“Yo creo que en el caso de Guatemala, de todo Centroamérica se van a beneficiar con el tren. En Guatemala se va a modernizar la vía férrea y van a haber trenes nuevos del Istmo hasta Ciudad Hidalgo, que está en la frontera con Guatemala”, afirmó.

El abogado Juan Collado, encarcelado y sujeto a proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, por supuesta extorsión.

Según el reporte del periódico Reforma y del portal Animal Político, Collado denunció a Scherer Ibarra, ex colaborador del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y una de las personas más cercanas al mandatario entre 2018 y 2021, de que junto con sus abogados le habrían pedido entregar acciones de su empresa Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V además de altas sumas de dinero para, supuestamente, negociar su libertad.

“Libertad por libertad”, le habría advertido uno de los abogados a Collado, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde julio de 2019; entre otros asuntos, se le acusa de haber comprado un terreno de manera fraudulenta.

De acuerdo con las notas periodísticas, Collado supuestamente les entregó 10 de los 20 millones de pesos en efectivo que exigían a cambio de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual estaba a cargo de Santiago Nieto Castillo, cerrara una investigación en su contra.

Según Collado, además de los 10 millones de pesos, habría entregado a Scherer y a sus abogados 1.3 millones de dólares con la promesa de que las influencias del consejero jurídico lo ayudarían a dejar el Reclusorio Norte.

Asimismo, afirmó que dio un pago final de 2,000 millones de pesos como reparación del daño, a fin de que Scherer promoviera su excarcelación.

Aunado a ello, en un segundo encuentro, los abogados cercanos al exconsejero jurídico de la Presidencia le habrían insistido al empresario y jurista hacer una alianza, “ya que Julio Scherer tendría todo el control del aparato de justicia y podría utilizarlo en favor de mis clientes”.

En la denuncia, Collado relató cómo sufrió extorsiones y presiones de Scherer Ibarra a través de sus abogados.

Tras la publicación de los artículos, Santiago Nieto, ex titular de la UIF, aseguró en su cuenta oficial de Twitter, que durante su gestión al frente de la UIF no se cerraron expedientes contra ninguna persona.

Y aseguró que institucionalmente él presentó dos denuncias contra Collado, una el 4 de julio de 2019 y la segunda el 3 de septiembre de 2020.

Más tarde, Scherer Ibarra habló del asunto también en Twitter, en donde reconoció que se reunió con los hijos de Collado pero refirió que fue a petición de ellos y que turnó el asunto a la Fiscalía General de la República “por ser de su competencia”.

“No conozco personalmente al señor Collado, ni estoy enterado de las conversaciones de este con sus abogados. Todo lo demás, son inferencias de mala fe”, enfatizó.

La firma legal de Collado tiene un largo historial atendiendo a gente poderosa en el país. Defendió a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, de la acusación de asesinato del político José Francisco Ruiz Massieu cometido en septiembre de 1994.

También defendió a Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, sentenciado por narcotráfico y se hizo cargo de la representación del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto en el proceso de divorcio de su esposa Angélica Rivera.

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazara el plan de austeridad que el gobierno federal presentó para generar ahorros al interior del Instituto, alegando que quien lo generó desconocía el funcionamiento del  órgano electoral, su funcionamiento, e incluso lo considera “poco serio”, este viernes el secretario de Gobernación insistió en que no hay margan para cumplir con la solicitud del INE.

“Desde luego que nosotros ayer mismo indicamos que era un trabajo a profundidad que se había realizado, se revisó todos los rubros del Presupuesto de Egresos 2022 y elevamos esa propuesta, ese análisis para que ellos pudiesen revisarlo y en todo caso aplicar las medidas de austeridad o los ajustes presupuestales, que son los que permitirían casi tres mil millones de pesos, digamos, conformarían esa bolsa, dinero suficiente para llevar a cabo la revocación del mandato, que es una obligación constitucional que reconoció incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, respondió durante la mañanera Adán Augusto López.

El funcionario reiteró que tal como las autoridades hacendarias, la oficial mayor y el equipo de trabajo y el secretario de la Función Pública, lo informaron ayer en la mañanera, no hay margen en el presupuesto público para cumplir con la petición que presentó el INE, por más de mil 700 millones de pesos.

“Está muy acotado” el presupuesto, enfatizó el titular de SEGOB. Añadió que presupuestalmente ya se tomaron todas las previsiones para cumplir sobre todo con los programas sociales, y dijo que no es posible pensar que se vaya a reducir o a detener, por ejemplo, la entrega de las pensiones a los adultos mayores para responder a las demandas del INE.

Además, volvió a señalar que no hay ningún precedente de que a un órgano autónomo se le haya concedido un aumento o un adicional presupuestal.