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Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), informó que lo decomisado en estupefacientes a los grupos delictivos representa más de 34 mil millones de pesos en diversas drogas como fentanilo, de la que se incautaron más de 598 millones de dosis.

En su reporte dado a conocer en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el titular de la Sedena explicó que en la construcción de 81 instalaciones militares en zonas estratégicas del país, de acuerdo con el programa para disminuir la violencia e inseguridad, hay en ejecución 69 edificios donde se ubicarán compañías militares; de estas son 29 en Jalisco, 22 en Michoacán y 18 en Guanajuato.

“En 12 predios no se pudo iniciar la construcción porque se está esperando a que se regularice la propiedad de los predios donde se ubicarán las compañías, explicó al señalar que se instalarán más instalaciones militares en los estados de Durango, Tamaulipas, Sonora, Baja California, entre otros.

Detalló que los resultados de todas las instancias de seguridad arrojan 123 mil 158 aseguramientos en toda la República, más de tres mil eventos de robo de hidrocarburos, y 357 agresiones a todas las corporaciones del país.

Durante los operativos se han decomisado 51 mil 900 kilogramos de metanfetaminas, 200 mil 49 de marihuana, más de 21 mil de cocaína y también ha habido decomisos de goma de opio.

“En lo que corresponde al fentanilo, la droga que más daño causa a la sociedad, un gramo corresponde a una dosis, una ampolleta, una pastilla. Tenemos un total de 598 millones 857 mil dosis de fentanilo asegurada por las instituciones de seguridad. Se calcula que en recursos eso representa para los grupos delincuenciales 25 mil 813 millones de pesos, explicó el funcionario.

Indicó que se ha destruido miles de hectáreas de amapola y marihuana que representan nueve mil 857 millones 511 mil pesos.

Respecto al decomiso de armamento, Sandoval indicó que se han requisado cuatro mil 427 armas cortas, más de cuatro mil armas largas, 457 granadas, 27 mil cargadores, un millón ciento dos mil municiones calibre 50.

La propuesta para reformar el artículo 41 de la Constitución a fin de reducir a la mitad el financiamiento público otorgado a los partidos políticos, no alcanzó la mayoría calificada para su aprobación en la Cámara de Diputados.

El dictamen obtuvo, en lo general y lo particular, 274 votos a favor, 207 en contra y cero abstenciones, por lo que la presidencia de la Mesa Directiva informó que el proyecto de decreto quedaba desechado.

El documento surgió de diversas iniciativas, cuatro presentadas por la bancada de Morena, dos del PT, dos del PES y una del PRD, dictaminadas en la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por la diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena).

Con dicha modificación se pretendía que el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos, se fijara anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 32.5%, en lugar del 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Al fundamentar el dictamen en tribuna, la diputada Carrillo Martínez puntualizó que los partidos políticos juegan un papel fundamental e importante en los regímenes democráticos; sin embargo, existen múltiples señalamientos sobre los altos costos que representan para la sociedad.

Y es que el modelo actual tiene su origen en la reforma política constitucional de 1977, cuando se estableció expresamente la existencia e importancia de los partidos políticos reconociéndoles el carácter de entidades de interés público. Después en 1987 se previó por primera vez el financiamiento público para actividades ordinarias.

En 1993 se incluyeron disposiciones normativas referentes al financiamiento privado, y fue hasta 1996 que se consolidó el régimen de financiamiento público de los partidos políticos al establecer una serie de medidas, y entre el año 2000 y 2003 hubo un aumento en el financiamiento, del 25% en términos reales para actividades ordinarias y específicas. Sin embargo, este crecimiento no se tradujo en una mayor participación ciudadana.

Posteriormente, en 2007 se estableció la fórmula que prevalece en el texto actual de la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para calcular el monto de financiamiento público a partidos políticos por el desarrollo de sus actividades ordinarias.

En la última reforma, de 2014, no se alteró la fórmula de recursos a partidos en el ámbito federal, mismo que provocó un aumento en el financiamiento, ya que los partidos políticos reciben dinero por dos vías: la federal y la local.

Recordemos que las actividades ordinarias, que fueron motivo del análisis en el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, comprenden los gastos para la participación ciudadana en la vida democrática, el gasto de los procesos internos de selección de candidatos, sueldos y salarios del personal, propaganda de carácter institucional y campañas de consolidación democrática, sólo por mencionar algunas.

El monto para el sostenimiento de estas actividades se calcula multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Del total del financiamiento público que resulte, el 30% se distribuye entre los partidos políticos de forma igualitaria, y el 70 por ciento restante, de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados anterior.

Diversas voces señalan que en el ámbito mundial, el voto en México representa uno de los más caros, sobrepasando incluso a países como Estados Unidos, Rusia o Brasil, mientras que en el escenario latinoamericano nuestro país es el que más subsidio otorga a los partidos políticos.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó que en la presente administración se han congelado más de 5 mil millones de pesos en cuentas de personas físicas y morales relacionadas con corrupción, narcotráfico o lavado de dinero.

Explicó que dicha cantidad corresponde a 130 acuerdos de bloqueo, que han derivado, hasta este momento, en 127 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y 61 vistas a distintas autoridades administrativas.

Indicó que el dinero permanece en los bancos, en espera de lograr las reformas legales para que pueda ser utilizado por el Estado mexicano en programas sociales.

Comentó que existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que señala que, si la investigación es de sede nacional y no internacional, pueden los jueces de distrito dictar suspensiones provisionales y, por tanto, en realidad estar liberando las cuentas”.

Detalló que con la reforma al artículo 116 de la Ley de Instituciones de Crédito, que ya fue avalada en el Senado de la República y que será discutida en la Cámara de Diputados, “podemos librar la inconstitucionalidad señalada por la Corte y fortalecer nuestro sistema financiero a fin de evitar que este tipo de recursos no sigan utilizándose en el marco del Estado de derecho de México”.

Añadió que en el Senado se discute un paquete de reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita , al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en la materia.

Remató señalando que la UIF está trabajando “muy de cerca con la Cámara de Diputados para lograr una reforma legal que permita mejorar los mecanismos de prevención de lavado de dinero”.

Desde la cuenta de Twitter de Rosario Robles se informó esta mañana que su teléfono había sido «hackeado», además de que alertó que se han difundido mensajes falsos a nombre de ella.

Presumiblemente sería Mariana Moguel,  hija de la excolaboradora de Enrique Peña Nieto quien estaría manejando la cuenta de su madre.

En el tuit se señala que los mensajes que sean enviados desde ese numero son falsos.

Y es que según lo relatado, se relata que desde el número intervenido se ha estado solicitando dinero en nombre de la exsecretaria federal.

Recordemos que Robles Berlanga, extitular de Sedesol y Sedatu en el sexenio pasado, está vinculada a proceso por el delito de uso indebido del servicio público, y se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Santa Martha Acatitla.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre las declaraciones que hiciera el equipo legal de Joaquín «El Chapo» Guzmán, sobre que solicitarán que los recursos que se le decomisaron a su cliente sean devueltos a México.

«Me gustó la declaración. ¿Para qué digo que no, si sí? Me gustó la declaración, no sé si sea cierta, no puedo yo verificarlo, pero si es como salió en los medios, que un abogado expresa que Guzmán Loera quiere que su riqueza se entregue a las comunidades indígenas de México, yo lo veo bien, lo celebro», dijo el mandatario.

En ese sentido indicó que el gobierno mexicano ya inició un proceso legal para que todo lo que se confisque en Estados Unidos a delincuentes o presuntos delincuentes de nuestro país se le devuelva a México.

Advirtió que ningún asunto va a dejar de litigarse cuando se trate de dinero que queda en Estados Unidos y que pueda corresponder a los mexicanos.

Aprovechó para informar sobre el caso del tiroteo de El Paso, Texas. Dijo que el gobierno mexicano está muy pendiente del juicio que se le sigue al responsable, mediante un trabajo coordinado entre la Fiscalía General y la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el fin de que se castigue el crimen de odio, xenofobia y racismo contra mexicanos.

Reveló que si es necesario y procede de conformidad con la ley dependiendo de los delitos que se le van a fincar, se podría ejercer el derecho a solicitar su extradición a nuestro país.

«No a los crímenes de odio, no al racismo, no a la xenofobia. Eso no se va a permitir, no se va a aceptar», remató el presidente.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) informó que los detenidos en Polanco el viernes pasado en posesión de 3.3 millones de pesos en efectivo fueron liberados luego de que no se les acreditó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras ser detenidos, Cristian Trujillo y María RuIz, fueron presentados ante el Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para iniciar las investigaciones correspondientes. Sin embargo, ayer por la tarde-noche abandonaron las instalaciones.

Y es que el pasado viernes, como parte de un operativo, se le marcó el alto a una camioneta donde viajaban los detenidos, y tras hacer una revisión al vehículo por circular en actitud sospechosa, les fueron encontrados 3.3 millones de pesos en efectivo.

Los detenidos dijeron ser colaboradores del senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, y que el dinero pertenecía a él.

Tan pronto trascendió la información, el exsecretario de gobernación rechazó los señalamientos y negó cualquier tipo de relación con los detenidos.

Y aunque Cristian Trujillo y María Ruíz, la procuraduría aclaró que las investigaciones continúan, además de que el dinero sigue en resguardo de las autoridades.

Finalmente, se informó que durante la detención del viernes pasado, se arrestó a un elemento de la Secretaría de Seguridad capitalina, quien intentó mediar la situación y liberar a la pareja.

Tras la detención de dos personas en Polanco, a quienes se les encontraron 3.3 millones de pesos que dijeron pertenecer al senador Miguel Ángel Osorio Chong, fue el legislador quien salió a desmentir la información y negar relación con los detenidos.

Y es que la tarde de ayer, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina detuvieron a las dos personas, quienes se identificaron como Cristian Trujillo y María Ruíz, cuando circulaban por calles de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Tras detectar una actitud sospechosa, los elementos policíacos marcaron el alto a los ahora inculpados, quienes viajaban en una camioneta Dodge negra.  Tras realizar una inspección a la unidad, se encontraron los 3.3 millones de pesos en efectivo, de los cuales no pudieron comprobar su procedencia.

Sin embargo, dijeron ser colaboradores del exsecretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y que el dinero era de él.

Tras difundirse la noticia, el priísta utilizó sus redes sociales para negar cualquier relación con los detenidos, además de que aseguró que el dinero no era suyo.

Dicha información fue reafirmada por su oficina, quienes negaron a la prensa que lo declarado por los detenidos fuera cierto.

Los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para iniciar las investigaciones correspondientes.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solicitara una investigación respecto a dónde se fue el dinero decomisado al empresario chino mexicano Zhenli Ye Gon, fue Ricardo Rodríguez Vargas, director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), quien ofreció un informe esta mañana.

Detalló que al SAE llegaron 206 millones de dólares en efectivo, además de 17 millones en moneda nacional, así como 200 mil euros.

En el caso del dinero en efectivo, detalló el funcionario, se fue al Poder Judicial de la Federación, a la entonces Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Salud.

Señaló que un bien inmueble que está ubicado en Bulevar Miguel Alemán Valdés, en el Estado de México fue vendido por el SAE en alrededor de 181 millones de pesos. Señaló que fue una adjudicación directa al gobierno del Estado de México en 2004.

Sobre la casa en donde se encontró el dinero, indicó que está bajo administración del SAE, y dicho inmueble está ubicado en Bosques de las Lomas; detalló que fue valuada en 95 millones de pesos. Adelantó que solo falta un requisito administrativo para que el ministerio público le escriba al Registro Público de la Propiedad y entonces el inmueble pueda ser vendida.

«La instrucción del señor presidente muy puntual es que en la próxima subasta del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado tenga un destino, tenga una venta y que estos recursos de nueva cuenta vayan hacia las zonas más marginadas del país», sostuvo Rodríguez Vargas.

Precisó que están dando seguimiento al proceso judicial que sigue el inmueble, para que junto a las que ya devolvió la activista Rosy Orozco puedan ser subastas y lo que se recaude se devuelva al pueblo.

Juan Collado movió 120 millones de dólares en 24 cuentas en Andorra controladas por la Banca Privada d’Andorra (BPA), mediante cuentas, cuyos titulares, en su mayoría, eran sociedades ubicadas en las Antillas Holandesas. Las transacción se habrían hecho entre 2006 y 2015.

De acuerdo con el periódico español El País, el abogado detenido el 9 de julio pasado acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la mayor parte de los 120 millones «se nutrieron de traspasos internos de 21 sociedades mexicanas con cuenta en la BPA».

Según lo publicado por el diario, entre las sociedades mercantiles que traspasaron recursos al abogado de figuras como los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, el empresario Carlos Ahumada, el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, entre otros, estaban constructoras, inmobiliarias, compañías textiles e informáticas.

En 2015, las cuentas del abogado mexicano fueron congeladas, tras el cierre de dicho banco por supuestas irregularidades, y posteriormente una jueza de Andorra embargó los fondos de Juan Collado, «85.7 millones de euros en 11 cuentas», por presunto lavado de dinero.

En octubre de 2018, la investigación fue archivada después de que la entonces Procuraduría General de la República  (PGR) enviara a la juzgadora diversos informes que exculpaban a Collado, bajo el argumento de que obtenía ingresos lícitos, por lo que las autoridades de Andorra no pudieron actuar penalmente.

De acuerdo con el rotativo, la Agencia Estatal de Resoluciones Bancarias (AREB), organismo que congeló el dinero de Collado, inició un procedimiento administrativo para desbloquear los recursos, lo que se realizó en el actual gobierno mexicano.

«Semanas después de que este procedimiento terminara y de que Collado recuperara su capital, el letrado fue detenido el pasado 9 de julio en México por lavado de dinero y delincuencia organizada», precisó El País.

Quienes llevaban la investigación en Andorra, señalan burlas por los informes de México que exculpaban al prominente abogado, además por la contradicción por su arresto por delitos similares por los que fue indagado en ese país europeo.

«La conclusión es que Collado ha perdido la protección que tenía con el anterior presidente», señaló una autoridad andorrana, de acuerdo con el diario español.

También precisó que el análisis de los movimientos del abogado mexicano señala que mediante transferencias extranjeras, Juan Collado cobró en Andorra 10.3 millones, y que su patrimonio financiero en esa nación «sirvió para avalar préstamos».

Con esos créditos, detalló, Collado compró propiedades en Acapulco, México y Miami, Estados Unidos, así como dos aviones de negocios, «según un informe de la Policía de Andorra del 24 de marzo de 2017, que bautiza las pesquisas como Operación Jet».

En una parte de la investigación, El País refirió que las pesquisas sobre Collado en Andorra iniciaron a raíz del análisis de la estructura financiera de una exdirectiva de la BPA.

«Guardar la confidencialidad del patrimonio», en tanto, fue la preocupación de Collado para mover los recursos en Andorra, puntualizó la publicación española, que añadió que el abogado señaló que transfirió a esa nación inicialmente 25 millones desde cuentas personales en México (15 millones) y Estados Unidos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, informó que el Senado de la República planteará al Gobierno Federal la creación de una comisión binacional con Estados Unidos, a fin de negociar la repatriación de bienes y recursos decomisados a Joaquín «El Chapo» Guzmán.

El morenista indicó que los recursos, entre dinero y bienes del capo mexicano, podrían ascender a los 14 mil millones de dólares.

Monreal señaló que Morena, como grupo mayoritario en la Cámara de Senadores, establecerá comunicaciones con la Cancillería para que se prepare la defensa jurídica y se haga una reclamación justa del dinero y patrimonio decomisado.

El legislador precisó que el interés de que dichos recursos se queden en México, responde a que las actividades delictivas desarrolladas durante años por Guzmán Loera han afectado a millones de personas en México; sin embargo reconoció que las actividades ilícitas también han afectado a Estados Unidos.

Indicó que existen tres instrumentos internacionales, de los cuales México y la Unión Americana forman parte, que no han sido usados por el gobierno mexicano. Explicó, se trata de dos convenciones de las Naciones Unidas: Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, y Contra la Delincuencia Organizada Transnacional; así como el Reglamento Modelo de la Organización de Estados Americanos sobre delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Dejó en claro que dichos instrumentos dan a nuestro país la legitimidad para plantear una comisión binacional, no sólo con respecto de los bienes de Joaquín Guzmán, sino de cualquier otro criminal o delincuente que haya sido juzgado por la Corte de Estados Unidos.

Monreal mencionó que hasta el momento México no tiene conocimiento de propiedades registradas a nombre del narcotraficante y no sabe con exactitud dónde está su cuantiosa fortuna, «únicamente lo sabe la Corte de la Unión Americana».

“Es un tema de la mayor importancia. No puede actuarse con contemplaciones y menos con frivolidades”, subrayó.

Por esa razón, consideró importante crear con urgencia la comisión binacional. “Que no suceda lo que tantas veces: que México no reclama ningún derecho sobre los recursos decomisados producto de actividades ilícitas”, remató.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que está de acuerdo con el abogado de Joaquín Guzmán Loera en que los recursos que sean incautados al narcotraficante deben ser para México.

“Lo vamos a revisar. Estoy de acuerdo con lo que dijo el abogado de Guzmán Loera. Vamos a ver. Él sostiene de que en todo caso, esos bienes, esos recursos, pertenecen a México”, aseguró durante su conferencia de prensa matutina.

–¿Cuántos recursos, cuánto dinero? –cuestionaron reporteros al Jefe del Ejecutivo.

Al preguntarle sobre su opinión acerca de la condena al ex líder del Cártel de Sinaloa, el mandatario se definió como “un idealista” que cree “en el amor, la fraternidad y la felicidad” y dijo que la fortuna del traficante, en su opinión, esta sobrevalorada.

“Se decía que este señor, esta persona, estaba entre los más ricos del mundo y de México. Y no obedecía, considero, a la realidad. Se daban cifras superiores cuando habían traficantes de influencias con mucho más dinero. Pero se hacía esta valoración por razones políticas o publicitarias”, dijo AMLO.

Asimismo, el presidente afirmó que van a analizar el asunto de “El Chapo” porque lo que están planteando es quedarse con los bienes obtenidos “de esta manera no lo aceptamos si no hay un fundamento legal. Nosotros no vamos a dejar de atender estos asuntos por la vía legal. Pasaba que un político mexicano acusado de corrupción era detenido, le quitaban los bienes que eran de México y el Gobierno mexicano no los reclamaba”, afirmó.

Al respecto…

Por Alejandro Aguirre Guerrero

 

 

“Me entregué en Guatemala a cambio de que dejaran en paz a mi familia; a mi no me detuvieron, yo decidí entregarme”, me sostuvo el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, vía telefónica desde el sitio donde ahora pasa sus días y noches: el Reclusorio Norte.

“Una vez privado de mi libertad, negocié y me ofrecieron quitarme el delito de Delincuencia Organizada, a cambio de que les diera dinero y aceptara los cargos que fabricaron en mi contra”.

¿Dinero?, ¿y a quién le diste ese dinero? -pregunté al oriundo de la ciudad de Córdoba-

“Ese dinero me lo dio el ex Presidente Peña Nieto por el cargo de conciencia que tenía, por lo que me había hecho, y se lo entregamos al entonces encargado de despacho de la PGR (Alberto Elías Beltrán), como bien se dice ahora en las noticias”.

¿Y qué ocurrió a cambio de ese dinero que entregaste, Javier? -cuestioné-

“Me quitaron el delito de delincuencia organizada, y me ofrecieron los 9 años de condena, que realmente son 4 y medio, por ser primo delincuente. Yo había pactado 7 años, pero intervino el (entonces) subprocurador Felipe Muñoz para perjudicarme, es muy amigo de Miguel Ángel Yunes, y por fortuna ya lo corrieron. Por eso mi condena quedó en 9 años”.

¿Y por qué aceptaste 9 años en vez de los 7 que ya tenías acordados? -me adelanté a cuestionarle-

“Si no los aceptaba, amenazaban con volverme a poner el delito de delincuencia organizada, y por ese son mínimo 20 años inconmutables. De hecho, acepté el procedimiento abreviado, aún así, me quedaban la apelación y amparo en contra de esa sentencia, pero cuando apelamos, Felipe Muñoz se puso furioso,  y amenazó en ir por Karime con una orden de detención con fines de extradición, por un delito ridículo que le inventaron a través del testimonio de Antonio Nemi, el cual ya denunció que lo hizo bajo tortura”.

Pero aunque inicialmente no apelaste, de todas formas fueron por ella, ¿cierto?

“Tuve que desistirme de mi apelación, ya que tenía que proteger a mi familia a toda costa. Sin embargo, una vez que presenté mi escrito de desistimiento, Felipe Muñoz envío la orden de detención con fines de extradición contra Karime, y yo en consecuencia retiré mi desistimiento”.

¿Y tu esposa?

“Karime está protegida por el Gobierno británico, producto de la persecución de la que ha sido víctima, la cual tenemos ampliamente documentada”.

Entonces, ¿crees salir en poco tiempo de prisión?

“Hace unos días, un juez de amparo acaba de determinar que tengo mis derechos para pelear en amparo directo mi procedimiento abreviado. Y a principios de este año, otro juez federal determinó que las pruebas con las que fijaron mi sentencia son ilegales, ya que la PGR las obtuvo sin autorización judicial, por lo tanto, no existen pruebas en mi contra, así que, en efecto, ya voy para afuera”.

alejandroaguirre77@gmail.com

Twitter: @aaguirre_g

www.alejandroaguirre.com.mx

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