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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró la existencia de Violencia Política de Género (VPG) atribuida a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien manifestó, en el programa “Martes del Jaguar”, la supuesta existencia de fotografías de carácter íntimo de algunas diputadas federales del PRI.

La mandataria estatal sostuvo que, para acceder a sus cargos, las diputadas debían enviar las imágenes a su dirigente nacional, Alejandro Moreno.

Luego de que dichas declaraciones fueron retomadas y difundidas por diversos medios de comunicación, una diputada federal del PRI acudió ante el Tribunal Electoral a presentar una denuncia, ya que estimó que las expresiones de la gobernadora excedieron la libre expresión y constituyeron VPG.

La Sala Superior determinó que las manifestaciones de la gobernadora afectaron los derechos político-electorales de las diputadas federales del PRI, en un contexto de VPG, ya que afectaron el goce y ejercicio del cargo para el que fueron electas.

Por tanto, se le ordenó a la gobernadora eliminar todas las publicaciones en las que se difunda el mensaje denunciado, tanto en sus redes sociales, como en las del gobierno del estado.

De igual forma, se le ordenó abstenerse de emitir comentarios referentes a las fotografías de las diputadas, así como emitir una disculpa pública en el programa “Martes del Jaguar” y en su cuenta de Twitter.

En este sentido, la Sala Superior consideró que la empresa Meta, así como sus filiales Facebook, Instagram y WhatsApp, deben asegurarse de que en México se atiendan posibles actos de VPG.

Finalmente, se le ordenó a la empresa Meta ampliar sus políticas para que se detecten, eliminen y reporten los casos de VPG. Esto, con la finalidad de denunciar o, en su caso, coadyuvar en el seguimiento de denuncias. Por tanto, una vez que se cuenten con esas políticas se deberán informar públicamente.

Diputadas de Morena presentaron esta tarde una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, para despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación y garantizar la interrupción legal del embarazo en todo el país.

La propuesta contempla castigos a quienes hagan abortar a una mujer sin su consentimiento, y respetará la objeción de conciencia del personal médico que no quiera otorgar dichos servicios. Sin embargo, aclararon, las instituciones públicas deberán contar con personal capacitado para brindar estos procedimientos.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño Zuloaga, expuso que se realizaron 22 foros regionales denominados “Por la progresividad de los derechos sexuales y reproductivos como un ejercicio de Parlamento Abierto” y las conclusiones se aglutinaron en esta iniciativa de ley la cual será inscrita en el transcurso de hoy o mañana.

Enfatizó que el tema de la progresividad de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres tiene que ver con derechos humanos, salud y justicia social.

Quienes más se han visto afectadas son las mujeres en situación de pobreza, así como las niñas y adolescentes, ya que ha habido años y años de omisión por parte del Estado mexicano en temas como el embrazo infantil, agregó.

Un grupo de diputadas federales respaldaron esta tarde a la Red Nacional de Refugios (RNR), que pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rectificar su decisión de darle recursos directamente a las mujeres víctimas de violencia.

Entre las diputadas que se sumaron al llamado están Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadana y Verónica Juárez Piña del PRD, quienes han dado seguimiento al tema de manera puntual. Sin embargo sorprendió que también se encontraran las legisladoras Lorena Villavicencio Ayala y Rocío Barrera Badillo de la bancada de Morena, partido del presidente de la República.

Las diputadas exhortaron al gobierno federal a respetar y ejercer el recurso etiquetado en el Presupuesto de Egreso de la Federación (PEF) 2019 destinado a los refugios y centros de atención externa para mujeres víctimas de violencia, entregándolo a los refugios, tanto de la sociedad civil como de la iniciativa privada.

Juárez Piña, coordinadora del PRD, llamó al gobierno federal a tener voluntad política e instalar, cuanto antes, la mesa de diálogo con las representantes de los refugios de la sociedad civil, para que conozca cómo operan y los testimonios de las víctimas.

Una de las morenistas, Villavicencio Ayala, apuntó que ser mujer es un riesgo y los refugios salvaguardan la integridad y vida de este sector de la población y en el fondo es, quizá, la única política de prevención para frenar el tema de violencia, por ello, expresó su respaldo a la lucha de la RNR.

Invitó al Presidente de la República a reflexionar sobre que el tema del intermediarismo no debe aplicarse en todos los casos, y menos cuando se trata de una política pública que no está generando clientelas, sino que está atendiendo la violencia grave en el país.

Por su parte Wendy Figueroa Morales, directora general de la Red Nacional de Refugios, quien acompañó a las legisladoras, resaltó que la estrategia de dar directamente los recursos a las mujeres víctimas de violencia es improcedente, pues destruye toda la política pública en materia de derechos humanos e igualdad sustantiva que se ha ido construyendo desde hace varios años.

El Instituto Nacional Electoral informó que cinco mujeres indígenas en tres estados de la República fueron electas este 1 de julio como diputadas federales, según datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares.

Se trata de Bernarda Reyes Hernández del Distrito 7 de Tamazunchale, San Luis Potosí, integrante de la coalición ‘Todos por México’, quien obtuvo el 32.6% de los votos; Irma Juan Carlos del Distrito 2 de Teotitlán, Oaxaca, de la alianza ‘Juntos Haremos Historia’ con el 52.5% de los sufragios.

Mientras que en Chiapas son virtuales ganadoras María del Carmen Obrador Narváez por el Distrito 1 en Palenque, con el 53.6% de los votos; Clementina Marta Dekker Gómez del Distrito 5 en San Cristóbal de las Casas con el 49.7%, ambas integrantes de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’; y Alicia Muñoz Constantino del PRI-PVEM-Panal del Distrito 11 por Las Margaritas con el 43% de votos.

El Instituto Nacional Electoral destacó que de 13 distritos federales indígenas, en cinco resultaron ganadoras virtualmente estas cinco mujeres.

El coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, salió en defensa de sus compañeras de bancada, quienes el pasado viernes emitieron expresiones homofóbicas en contra del Diputado de Morena Ariel Juárez. El líder tricolor aseguró que no utilizaron la palabra “puto”, sino la palabra “bruto”.

 

“El PRI no agravió. El PRI va a seguir ciñéndose a la ley y al Código de Ética, y que nos someteremos al escrutinio, pero para que quepa desagravio, tiene que haber agravio, y el PRI no agravio a nadie en los términos que se están diciendo, No va haber disculpa, porque no hay agravio”, sostuvo en entrevista con el diario El Universal.

 

 

“Lo que las compañeras gritaron fue bruto. Eso nos parece que no constituye ningún agravio”, añadió el diputado. “A juicio nuestro no implica ningún agravio. Las diputadas consideraron que era una manera de reaccionar frente esta actitud nada viril y por el contrario ofensiva y provocadora de quien estaba haciendo uso de la palabra”.

 

 

Las diputadas que emitieron dichas expresiones son:

  • Arlet Mólgora Glover, Quintana Roo. Integrante de la Comisión de Alerta de Género
  • Sara Latife Ruiz Chávez, Quintana Roo. Integrante de la comisión de Derechos Humanos
  • Rocío Montoya Díaz, Estado de México. Integrante de la comisión de Salud
  • Jasmine Bugarín Rodríguez, Nayarit. Integrante de las comisiones de Juventud y Fomento de los programas sociales para los adultos mayores
  • Himelda Félix Niebla, Sinaloa. Integrante de la comisión de Justicia

 

 

Con información de El Universal / Foto: Twitter