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Julio Alfonso Santaella Castell, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), afirmó que el presupuesto que solicitan para el próximo año es apretado, pero «suficiente”, por lo que pidió a los diputados mantener los 16 mil 573 millones de pesos propuestos.

Detalló que los recursos se distribuirán en dos grandes componentes: el programa regular con un monto de 7 mil 711 millones de pesos y, para la ronda censal, 8 mil 862.

El funcionario comentó que las medidas de austeridad ya vienen integradas al presupuesto siguiendo el principio de legalidad y vigencia de la norma. “Tuvimos las reducciones salariales a los mandos superiores, conforme lo mandata la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos”.

Informó que el primer bimestre del año, a partir del 2020, se va a comenzar a dar cifras preliminares del primer semestre del año anterior, en materia de homicidios registrados, debido a la demanda social que hay por tener información oportuna. Haremos un esfuerzo en esa materia, aseveró.

Por su parte el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, presentó ante Diputados el proyecto de gasto para el 2020, que asciende a 12 mil 493 millones de pesos, distribuido en 18 rubros, el primero y más grande será para la expedición de la credencial para votar con fotografía y la actualización del padrón electoral.

Durante la mesa de diálogo sobre el presupuesto 2020, destacó la preparación de la elección federal de 2021, a partir de septiembre del próximo año, proceso que será el más grande de la historia. “Esto impide cancelar proyectos, posponer el mantenimiento de nuestros sistemas o mantener plazas congeladas, indispensables para desplegar adecuadamente la organización del proceso”.

Aclaró que el monto que solicita representa solamente 20 centavos de cada 100 pesos que hay en el PEF 2020. Dijo que se tienen márgenes de ajuste al presupuesto, pero lo que se pide es fundamental porque cualquier reducción tendrá un impacto en la operación del instituto.

Se comprometió a mantener la política de contención, racionalidad y eficiencia de gasto desplegada este 2019. Por ello, la propuesta presupuestal es acorde a las circunstancias del país para mantener el óptimo funcionamiento de las 32 juntas locales y 300 distritales, y de los más de 900 módulos en el país.

Al plantear los proyectos para 2020, resaltó realizar una fiscalización más eficiente, validar oportunamente los informes de los partidos y eliminar gran parte de las sanciones por entrega extemporánea de documentación, modernizar el voto de mexicanos en el extranjero para la elección local de 2021, vía electrónica, y organizar la elección de 2021 en los 32 estados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó su confianza esta mañana en será avalada la propuesta de reducir al 50% el presupuesto de los partidos políticos, la cual se discutirá hoy en la Cámara de Diputados.

“Ya basta de retórica, de simulación, de demagogia, lo cierto es que se gasta mucho en mantener a los institutos electorales y a los partidos, y estamos en tiempos de austeridad republicana», dijo en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario señaló que en la época neoliberal se crearon organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Nacional Electoral (INE) “solo como parapetos».

Indicó que estos organismos se crearon para simular que se protegía a los derechos humanos, se combatía la corrupción y que había transparencia; dijo que era pura simulación y gasto oneroso.

López Obrador invitó a los ciudadanos que estén pendientes y sepan “quién es quién» en este tema.

Confió en que los legisladores aprobarán el cambio pese a que reconoció que se necesita la mayoría absoluta de los legisladores, “dos terceras partes de la votación, espero que se logre si así se decide en el Congreso», dijo.

Durante su mensaje, AMLO aprovechó para celebrar los cambios constitucionales que se realizaron ayer en el Congreso en materia de consulta ciudadana y la revocación de mandato, y refrendó que la continuidad de su mandato será sometido a votación en 2022.

«Se va a poder consultar a los ciudadanos, después de tres años de mandato, en mi caso, esta consulta va a realizarse en marzo de 2022 y me gustaría que fuera el 22 de ese mismo mes», comentó.

Refirió que se preguntará a los ciudadanos si quieren que el presidente renuncie o continúe, pues «así como el pueblo pone, que también tenga la posibilidad de quitar a los malos gobernantes de manera democrática sin el uso de la fuerza», dijo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, advirtió que se responderá con todo el peso de la ley al desafío de la criminalidad, pues “siempre habrá un momento para capturar a quienes delinquen, e iremos por ellos para que paguen por sus fechorías».

Al comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados, en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y entregar un informe del operativo en Culiacán, Sinaloa, el funcionario refrendó que la vida de la gente es insustituible.

Reiteró que en materia de seguridad no es prudente sobredimensionar las circunstancias, y que un tropiezo táctico no invalida la estrategia en su totalidad. Además, acotó que si se ve el tema con perspectiva histórica, «reconoceremos que es una tragedia que lleva décadas».

Durazo Montaño subrayó que han preferido la crítica y el debate a mantener la opacidad y la inercia, y ante la inseguridad, enfatizó ante los legisladores, «no podemos permitirnos fingir que el problema es sencillo».

El secretario federal insistió en que en el caso Culiacán, que pudo haberse convertido en un episodio de guerra y derramamiento de sangre, se resolvió privilegiando la paz pública.

Previamente, señaló que la falta de información durante el fallido operativo de Culiacán no justifica que los medios de comunicación difundieran noticias equivocadas haciéndolas pasar por correctas.

“Deben ustedes entender en buen plan que en ese momento no estábamos pensando en la información, sino en la esencia de la decisión que debíamos tomar para salvar vidas para no incrementar los niveles de tensión que ya había entre la población y evitar enfrentamientos y muerte», dijo el funcionario a los medios de comunicación.

Al término de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde se dio un reclamo entre funcionarios y representantes de medios de comunicación, sobre el manejo de la información del pasado 17 de octubre, el secretario de Seguridad salió al paso.

“Con todo respeto, una cosa es dar una información que no es correcta porque no se tiene correcta, y otra muy distinta es tener la intención de mentir, que nunca existió ni existirá en el gabinete, porque además, no tenemos necesidad de hacerlo, no estamos protegiendo absolutamente a nadie, sostuvo.

Frente al cuestionamiento de los representantes de los medios de comunicación, Durazo Montaño justificó que si bien el día de la detención y liberación de Ovidio Guzmán, el Gabinete de Seguridad que encabeza no dio información precisa “al siguiente día en la mañana rectificamos».

Reconoció que cuando recibieron información corregida y corroborada, la corregimos y la dieron a conocer al siguiente día, asumiendo la responsabilidad del error de haber recibido información equivocada previamente.

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta de la Ley de Ingresos 2020, la cual incrementa en 4 mil 415 millones de pesos los ingresos, por lo que el total de recursos para el 2020 serán de 6 billones 107 millones 732.4 millones de pesos.

Este monto es mayor en 11 mil 396.6 mdp a lo planteado inicialmente por el Ejecutivo federal, y mayor en 4 mil 415 mdp a lo aprobado por la Cámara de Diputados en un primer momento.

Avalado en lo general con 273 votos a favor, 168 en contra y 5 abstenciones, el documento modifica el séptimo transitorio para eliminar que los recursos no utilizados por los estados y municipios se apeguen a los lineamientos que expida la SHCP, sino que se destinarán dependiendo de las disposiciones jurídicas aplicables.

También se establece la posibilidad de que el IMSS celebre convenios de pago, en parcialidades, de adeudos con entidades federativas.

Si bien la minuta recibida por el Senado eliminaba la regulación de los autos “chocolate”, Morena presentó una reserva en la que se planteó la adición de un artículo Décimo Quinto Transitorio para establecer que se debe cumplir la Ley Aduanera en este tema, y ordenar al Congreso de la Unión a legislar sobre la problemática de estos vehículos, en un plazo máximo de ocho meses.

En lo particular, se ratificó con 369 votos a favor, 32 en contra y 22 abstenciones, la modificación propuesta por Morena para reformar el artículo décimo transitorio, relativo a la regularización de los llamados “autos chocolate”.

El documento se envió al Senado para sus efectos constitucionales, y se determinó que se turnara al Ejecutivo lo avalado por ambas Cámaras.

Del total de los ingresos calculados, 3 billones 505 mil 822.4 mdp corresponden a impuestos; 1 billón 65 mil 166 mdp a ventas de bienes y prestación de servicios del IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE; 584 mil 456.8 mdp a financiamientos (endeudamiento interno y déficit de empresas productivas del Estado); 412 mil 797.7 mdp a transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; y 374 mil 3.2 mdp a cuotas de seguridad social.

El resto corresponde a contribuciones de mejoras por obras públicas (44.8 mdp); a derechos por prestación de servicios y por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público (51 mil 671.8 mdp), a productos derivados del uso o enajenación de bienes no sujetos al régimen de domino público y por los servicios que no correspondan a funciones de derecho público (10 mil 95.3 mdp) y a aprovechamientos y otros (103 mil 674.4 mdp).

La Cámara de Diputados avaló la minuta que recibió del Senado que reforma la Constitución para establecer que el Presidente de la República pueda ser acusado por diversos delitos graves, entre ellos actos de corrupción y delitos electorales.

El Pleno la aprobó por mayoría calificada, en lo general y en lo particular, con 420 votos a favor, 29 en contra y cinco abstenciones. El documento fue devuelto al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

Se establece que el jefe del Ejecutivo federal podrá ser acusado y procesado penalmente por actos de corrupción, delitos electorales y los señalados en el artículo 19 constitucional: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación (genocidio, financiamiento a organizaciones terroristas, bloqueo de actividades de inteligencia, entre otros), del libre desarrollo de la personalidad (por ejemplo, corrupción de menores de edad, turismo sexual en contra de menores de edad) y de la salud (narcotráfico).

Recordemos que el Senado de la República aprobó la minuta el pasado 26 de marzo, y la turnó a la Cámara de Diputados, donde fue dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual modificó la minuta para dejarla en los términos de la iniciativa del Ejecutivo federal.

El Senado, en el artículo 108, había establecido que los integrantes del Congreso de la Unión también podían ser acusados por estos mismos delitos, lo cual se eliminó.

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac) protestan esta mañana afuera de la Cámara de Diputados contra el aumento a los combustibles que afirman existe.

El contingente llegó al Palacio Legislativo de San Lázaro a bordo de camiones de carga en los que colgaron mantas con frases como “Que la SCT ponga un alto a tanto abuso y “No más cobros excesivos.

Debido a la presencia de los trasportistas en esta zona de la alcaldía Venustiano Carranza, la policía capitalina recomendó a la población anticipar su salida y a los automovilistas tomar vías alternas.

Y aunque se ofrecieron alternativas viales, la circulación en la zona se lleva a cabo hasta ahora con normalidad.

Por su parte Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos (Capufe) informó que todos los tramos carreteros y casetas de acceso a la ciudad de México operan con normalidad, sin ningún tipo de bloqueos o incidentes.

En su cuenta @CAPUFE de Twitter, indicó que “por el momento, los tramos a cargo de Capufe, operan de manera normal, sin reporte de incidentes.

La AMOTAC anunció que a partir de las 08:00 horas de este martes realizaría un paro nacional en las principales autopistas del país y en los accesos a la capital mexicana.

Las peticiones de dicha organización son sacar de circulación a los dobles remolque, más seguridad en carreteras, alto a los excesivos cobros de servicios auxiliares de grúa y disminuir el precio del combustible y casetas de peaje, entre otros.

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados informó que presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR), una denuncia contra los titulares de la Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) por el presunto desvío del 75% de los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de este año.

“En el párrafo segundo del artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 215 sobre abuso de autoridad o aquél que sea aplicable se presentó denuncia contra Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público y Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural por el presunto desvío de fondos de los programas etiquetados”, indicaron los legisladores.

Los panistas detallaron que presentaron como pruebas de su denuncia, los siguientes documentos: un video de la comparecencia del titular de la Sader, Víctor Villalobos Arámbula, el primer y segundo informe trimestral (Cuenta Pública) de la secretaría.

La diputada Marcela Torres Peimbert recordó que, en la comparecencia del titular de la Sader, en la Cámara de Diputados, éste reconoció que sólo se han ejercido 900 millones, de los cuatro mil millones de pesos que se aprobaron para el presente año, para el Programa Crédito Ganadero a la Palabra.

Por su parte, la diputada Gloria Romero León refirió que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que la SHCP y la Sader, se tienen que circunscribir a lo que está presupuestado, pero “vemos con temor que los subejercicios se vayan a la bolsa discrecional que puede ejercer el Presidente de la República”.

La diputada Ángeles Ayala Díaz acusó que “estamos ante un gobierno federal que no tiene transparencia, al no presentar cuentas claras a las y los ciudadanos, y ante el subejercicio de los recursos necesarios para la alimentación de todas y todos los ciudadanos”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró esta mañana que el Senado aprobara la realización de una consulta para la revocación de mandato, aunque mantuvo su inconformidad por los cambios que sufrió la propuesta original que envió.

«Celebro la revocación de mandato. Ayer en el terreno de las reformas fue un buen día», dijo en la mañanera.

Explicó que hasta ahora, se elegía por tres o seis años, y aunque la autoridad electa se desempeñara mal y se demostrara que era ineficiente, corrupto, mediocre o ladrón un gobernante, se le tenía que aguantar el periodo completo.

Destacó que con el cambio logrado, se pasará de una democracia representativa a la participativa.

Sin embargo, el mandatario lamentó que no se vaya a realizar en 2021 como propuso originalmente, sino hasta 2022, y también criticó que se haya elevado el porcentaje del padrón electoral para solicitar la consulta, el cual quedó estipulado en3% de los ciudadanos que conforman el padrón electoral y que deberán provenir de al menos 17 estados del país.

Y debido a que también la tarde de ayer la Cámara de Diputados avaló la minuta que tipifica la defraudación fiscal y la compra-venta de facturas falsas como delitos de delincuencia organizada, el presidente cuestionó la posición de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) al respecto.

AMLO expresó su «sorpresa» por el rechazo de la Coparmex a la reforma, y dijo «me llama muchísimo la atención. ¿Cómo una organización empresarial va a estar en desacuerdo?, ¿cómo se va a estar apoyando la falsificación de facturas?, lo que están demostrando es que ellos estaban de acuerdo con estos ilícitos».

Aclaró que no habla de todos los empresarios, sino de la actitud de los dirigentes que se comportan como un partido político. «Me dejó anonadado este asunto», sostuvo López Obrador.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, afirmó que será mañana cuando se ponga fin al “huachicoleo fiscal”, dado que se discutirá y aprobará la minuta que se aprobó en el Senado, y que sanciona la expedición de facturas falsas y a las empresas fantasma.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aclaró que con dicha reforma “sólo se sancionará a las empresas que venden o compran facturas que amparan operaciones falsas», más no busca criminalizar al empresario como se ha hecho creer.

“Tampoco sanciona al contribuyente que cumple con sus obligaciones fiscales, ni al que, por descuido, deja de informar sobre sus contribuciones, o al que fue engañado por su contador declarando datos incorrectos”, explicó el morenista.

La minuta del Senado reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal.

Delgado Carrillo se dijo satisfecho de que desde el poder Legislativo se estén sentando las bases “para acabar con todo este huachicoleo fiscal, esta forma de evadir impuestos y robarle a los mexicanos”.

Insistió en que la corrupción le ha causado graves daños al país, y acusó que diversos entramados gubernamentales permitieron su extensión, profundidad y enraizamiento, lo que provocó frenos en la economía, debilitamiento de las instituciones y el incremento de la desigualdad.

“Tenemos prisa en esta Cuarta Transformación por terminar con tanta injusticia y corrupción que dejaron las administraciones pasadas. Vamos muy bien y hemos logrado un avance importante en la aprobación de reformas que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador”, finalizó Delgado Carrillo.

La tarde noche de ayer, el director general la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, compareció ante las Comisiones Unidas de Energía e Infraestructuracon motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo federal.

Ahí, el funcionario indicó que bajo el marco normativo de la reforma energética de 2013, el gobierno federal buscará rescatar a la CFE, hacerla autosuficiente y que deje de comprar energía a terceros.

“El Presidente de la República ordenó rescatar a la CFE y hacerla generar energía, por que el sistema que existe fue haciendo de la CFE una entidad compradora y no generadora de energía”,sostuvo Bartlett Díaz.

Indicó que desde que llegó a la CFE, se han tomado en cuanto las condiciones en que se encuentra la empresa, por lo que cual han concluido que, sin reformar la ley, se puede recuperar y fortalecerla.

Bartlett Díaz resaltó la importancia de no permitir que la empresa vaya desapareciendo y se convierta en un organismo sin relevancia para el país. Coincidió en lo que ha dicho el presidente, respecto a que la CFE debe mantener entre el 54% y 55% de la generación de energía eléctrica, y el resto puede provenga del sector privado.

El funcionario federal recordó que estuvo en contra de la reforma energética que se implementó en el sexenio anterior, porque la energía debe ser un instrumento del Estado y no estar fragmentado en intereses particulares.

Y aunque la comparecencia implicaba responder las preguntas de los legisladores, el director de CFE evadió todas aquellas que tuvieran que ver con los escándalos que recientemente lo han alcanzado, sobre sus declaraciones patrimoniales y de intereses.

Al respecto, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó que avanza la investigación en torno a la denuncia ciudadana que se presentó contra Bartlett; y prometió que pronto habrá resultados.

“Van con buen paso, vamos a dar noticias pronto», comentó la funcionaria federal, quien dijo que desconoce si se encontraron irregularidades en las investigaciones sobre su declaración patrimonial. “No sabría decirle, depende de los investigadores pero me reportan cada tres días».

Indicó que al tratarse de una investigación en curso, hay secrecía procesal.

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, un dictamen de reforma constitucional para que ningún funcionario público, federal, estatal o municipal y particularmente los de los organismos autónomos federales y estatales, tengan una remuneración mayor a la establecida para el Ejecutivo federal.

El documento señala que las remuneraciones de los funcionarios que sean superiores a lo que establece el decreto deberán ser disminuidas al año siguiente de aquél en que entre en vigor la reforma, siempre y cuando se haya cumplido con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena al Congreso de la Unión corregir la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y aclarar cómo se debe calcular el sueldo del presidente de la República.

El dictamen, que modifica los artículos 116 y 127 de la Constitución Política, fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

El Pleno lo aprobó por mayoría calificada, en lo general, con 318 votos a favor, 12 en contra y 99 abstenciones. Posteriormente, votó en lo particular los artículos 116 y 127 con 322 votos en pro, 21 en contra y 81 abstenciones.

El documento surgió de tres iniciativas que presentaron, por separado, la diputada Dulce María Sauri Riancho del PRI; la diputada María Chávez Pérez de Morena y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la noche de ayer, en lo general, con 321 votos a favor, 124 en contra y una abstención, el dictamen de la Ley Federal de Austeridad Republicana, remitido por el Senado de la República.

El dictamen de las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda y Crédito Público fue avalado por la mayoría de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En tanto los que votaron en contra fueron los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano, mientras que el diputado sin partido, Carlos Morales, se abstuvo.

El dictamen expide la Ley Federal de Austeridad Republicana y modifica las leyes general de Responsabilidad Administrativa y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En el dictamen, destaca la limitante de 10 años para que un servidor público de mando superior en adelante pueda ocupar puestos en alguna empresa que haya supervisado, regulado u obtenido información privilegiada.

El diputado de Morena, Erasmo González Robledo, explicó que el dictamen, que posteriormente fue aprobado también en lo particular, busca garantizar que la política de austeridad republicana “persevere en el tiempo» y regule las acciones de austeridad aplicables al gasto público, así como contribuir a la aplicación de una administración eficaz de los recursos públicos.

En el debate, la oposición calificó como un exceso la prohibición a los funcionarios, e incluso al arrancar la discusión en lo particular, la diputada de Morena, Tatiana Clouthier, coincidió y propuso llevar esa determinación a un punto intermedio de cinco años, pero se desechó su propuesta por 272 votos de sus compañeros de bancada.

Los diputados de Morena, Luis Fernando Salazar Fernández e Hirepan Maya Martínez, presentaron una nueva iniciativa que busca regular el consumo lúdico de la mariguana en México y establecer impuestos a su compra y venta.

En conferencia de prensa, Salazar Fernández expuso que se propone modificar la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a fin de regular el mercado.

Destacó que el objetivo principal es que el Estado reciba ingresos de los impuestos que se establecerían a la compra y venta de marihuana y productos derivados.

Del mismo modo, abonaría a la no criminalización de los consumidores, a evitar su venta de forma ilícita y desincentivaría el consumo en la población más joven a partir del factor precio.

También se plantea modificar la Ley de los Impuestos Generales a Importaciones y Exportaciones para modificar las fracciones arancelarias que mantienen prohibida la entrada y la salida de cannabis al país.

El diputado expuso que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que, derivado del cobro de impuesto de la venta de marihuana y sus productos, recaudaría alrededor de 18 mil millones de pesos anuales.

“Este dinero puede destinarse a programas de prevención y educación; a nuestro sistema de salud; a prevenir riesgos y daños; y al desarrollo económico de las comunidades azotadas por el crimen organizado”, apuntó.

Se desarrollaría una industria nueva, que contaría con la supervisión del Estado y permitiría generar empleos y oportunidades en un nuevo mercado productivo.

Indicó que también se busca liberar a las pequeñas comunidades indígenas y los campesinos que están sometidos bajo el yugo del crimen organizado, pues dijo que en muchos casos son perseguidos por la justicia de manera injusta.

Salazar Fernández añadió que esta reforma también busca implementar sanciones más graves o altas a quienes vendan mariguana a menores de edad.

El legislador aclaró que esta iniciativa es complementaria de la propuesta del coordinador de su bancada, Mario Delgado; aunque dijo, la del líder parlamentario establece un impuesto muy elevado.

“Hay que cuidar el mercado en un sentido. Si tú aplicas impuestos muy elevados a un producto de mariguana te puede ocurrir como en el estado de Washington, Estados Unidos, que aplicaron impuestos tan elevados que la gente sigue consumiendo en el mercado negro”.


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