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La Cámara de Diputados decidió aplazar hasta 2024 la discusión de la reforma que busca reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral, esto luego de la propuesta que hiciera en ese sentido el presidente López Obrador.

La decisión de aplazar esta discusión se tomó al interior de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en donde se acordó crear una comisión de trabajo en materia de días de descanso laboral, a fin de continuar con su análisis.

De acuerdo con el diputado Jorge Álvarez, de Movimiento Ciudadano (MC), el acuerdo entre las distintas facciones parlamentarias buscará que se redacte una reserva en común y cuente con el apoyo de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

“Vamos a redactar una reserva común todos los coordinadores parlamentarios, es un acuerdo unánime. No hay ninguna razón para seguir postergando ese tema y, si esto de darle un periodo más logra la unanimidad, pues vale la pena el esfuerzo”, dijo el emecista.

El legislador consideró que no existe evidencia para mantener un retraso de medio siglo en término de reducir la jornada laboral, pues incluso matizó que estos cambios legales no ahuyentan la inversión.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, sostuvo que el trabajo de la comisión que preside se realizó y el dictamen está listo para votarse en el pleno de la Cámara de Diputados.

“El dictamen está listo para que se incluya en el orden del día y se empiece a discutir, votar y modificar con base en buenas opiniones del parlamento abierto”, precisó.

Sin embargo, indicó que “si no son suficientes esas opiniones, pues hay que abrir otro espacio de diálogo”; aunque, añadió, “eso no depende de nosotros (la comisión dictaminadora)”.

Esta decisión generó inconformidad al interior de la bancada de Morena e incluso movilizó a trabajadores a las afueras del recinto legislativo de San Lázaro. Dichas personas se manifestaron y cerraron por algunos momentos calles alrededor de la Cámara de Diputados, mientras pronunciaban consignas como: ‘Aquí y allá, 40 horas ya’, ‘Mucha chamba y poca paga’, ‘No somos máquinas ni esclavos’.

Susana Prieto, promotora de esta iniciativa, recodó que esta reducción de la jornada laboral contó con el apoyo de la amplia mayoría de los grupos parlamentarios y destacó que si bien hubo otros 17 intentos de reducir la jornada laboral en el pasado sin ningún éxito, esta es la primera vez que esta iniciativa avanza tanto en el Congreso, pues también reconoció el poder del sector privado en el país.

Recordemos que los empresarios han sostenido que “no es el momento” de aprobar esta reforma debido a los costos que tendrían que absorber los empleadores, sobre todo los más pequeños. Han señalado que han acompañado diversos ajustes a sueldos y prestaciones que suponen también aumentos a sus costos.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, confirmó que será mañana martes cuando inicie la discusión de las reservas del dictamen de Presupuesto 2024, y el jueves por la madrugada cuando se vote en lo particular.

“Mañana se vota el dictamen en lo general. Seguramente habrá más de mil 800 reservas en lo particular, se reservan desde el proemio hasta la fecha en que fue firmado el dictamen, y le vamos a dar tiempo a la Mesa Directiva para que las sistematice todas”, dijo.

Luego de que se iniciara este lunes la discusión del PEF, el morenista aseguró que el pueblo de México puede estar tranquilo de que, a través del PEF 2024, se garantizará la estabilidad económica que necesita el país para salir adelante el próximo año.

Puntualizó que se contempla una compensación de 7 mil 600 millones de pesos en infraestructura para las 32 entidades federativas, a fin de que les permita la rehabilitación de caminos y la construcción de vialidades intercomunitarias.

Reconoció que en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se realizará una revisión debido a los próximos comicios, pues serán elegidos más de mil 400 ayuntamientos, se renovarán 20 congresos estatales y todo el Poder Federal.

“Eso implica que el Tribunal Electoral esté fortalecido. Cada tres años sucede, tiene una ampliación presupuestal para atender esto a través de la contratación de personal eventual”, dijo.

Para tales efectos, adelantó que se establecerá una reserva al dictamen para hacer adecuaciones a otros organismos constitucionalmente autónomos, a fin de que cuenten con recursos.

En el caso del Instituto Nacional Electoral declaró que se le retirará una previsión presupuestal enfocada a la realización de la consulta popular, pues no hay ninguna registrada para los próximos meses.

Por su parte el diputado Jorge Romero Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), hizo votos para que en la discusión del Presupuesto, impere el diálogo democrático y se reflejen en las necesidades de la población.

“Es esencial que el debate sea incluyente y que todas las voces sean escuchadas, garantizando así la representación efectiva de los intereses de la ciudadanía”, señaló en un comunicado.

Asimismo, en su calidad de coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, sostuvo que su partido seguirá apoyando la propuesta de un “Presupuesto Amplio”, misma que presentó junto a sus aliados PRI y PRD, ya que atiende las verdaderas necesidades de las familias mexicanas.

Explicó que se pretende fortalecer áreas clave, como seguridad, salud, atención y apoyo a mujeres, reactivación económica, rescate del campo, educación, deporte, comunidades indígenas, migración, federalismo, medio ambiente, cultura, ciencia y tecnología, vivienda y desarrollo social, entre otras.

Respecto de las obras emblema del Ejecutivo Federal, enfatizó en que el PAN no está en contra de ellas, pero sí está convencido de que la gente no necesita un aeropuerto sin vuelos, una refinería sin funcionar o un Tren Maya.

Por otro lado, el diputado lamentó que no se etiqueten apoyos específicos para Acapulco; y adelantó que su bancada insistirá en otorgar recursos para la recuperación de Guerrero, sin que se vulneren los contrapesos democráticos.

“Nos dicen que invertirán 61 mil millones de pesos, pero todo es recurso que se está decidiendo discrecionalmente, sin ningún mecanismo de fiscalización y, peor aún, sin ninguna garantía”, acusó.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó llevar a Parlamento Abierto el análisis de la reforma al artículo 123 de la Constitución Política, que pretende reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, con lo que su discusión y eventual aprobación se retrasará aún más.

El presidente de la Jucopo, Jorge Romero, apuntó que se pretende abordar el tema con mayor profundidad, ya que “es una reforma que tendría muchísimas implicaciones que todavía no se han previsto en esta iniciativa”; mencionó el impacto presupuestal que implica la propuesta.

El panista recordó que al ser reforma constitucional, se requieren dos terceras partes, por lo cual el oficialismo no podrá sacarla por sí solo. Por ello dijo, se habrá de tener un Parlamento Abierto que permita escuchar todas las voces y no solamente a las voces partidistas.

Al respeto, el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, aseguró que el Parlamento Abierto dará las condiciones y la certeza a la iniciativa que busca reducir horas a la jornada laboral, que recordó presentó la diputada de su grupo parlamentario, Susana Prieto Terrazas.

“Yo fui el que propuse que debería de haber la discusión más amplia, deliberativa democrática, que permita la participación de todos los sectores y que se vieran las otras implicaciones que tenía, sobre todo, en lo que se refiere a seguridad social”, indicó el morenista.

Mier Velazco detalló que se integrará un grupo plural de trabajo para que se realicen al menos tres foros de Parlamento Abierto, a fin de que participen organizaciones sindicales de trabajadores, colegios, observatorios del salario, académicos y organizaciones patronales.

“No queremos que haya ningún pretexto para que sea realmente garantizado ese derecho que está considerado por la Organización Mundial de la Salud, un derecho de los trabajadores y que la propia Constitución establece: el derecho al descanso”, añadió.

Señaló que la bancada del PAN pidió como condición para analizar la propuesta que se realizara el Parlamento Abierto, pues busca verificar si se contraviene alguna disposición que tenga que ver con retenciones y aportaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y por lo que se tendría también que modificar la Ley de Seguridad Social.

Mier Velazco rechazó haber recibido presiones por parte del empresariado, como denunciaron organizaciones que defienden la reducción de la jornada laboral.

“Yo estoy a favor de garantizar el descanso de los trabajadores y escuchar las voces de todos”, afirmó.

Finalizó señalando que el primer foro iniciará el siguiente lunes con tres temas sustantivos: seguridad social, la reducción de la jornada versus lo que establece la OMS y su impacto social y económicamente para el país.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, el morenista Ricardo Monreal, confirmó que este lunes inicia el análisis y discusión de la minuta que recibieron la semana pasada de la Cámara de Diputados en materia de Guardia Nacional, donde se busca alargar la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta 2028.

Monreal Ávila dijo que está programada para hoy la reunión de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos II para iniciar la deliberación sobre la minuta que envió la colegisladora.

El también coordinador de la bancada de Morena dijo que se acatarán todas las disposiciones jurídicas internas que marca el protocolo legislativa, y dijo que la discusión será la que determinen las comisiones, así como su duración, para finalmente llegar al Pleno donde se le dará primera y en segunda lectura a la minuta.

Sin embargo, el morenista reconoció que ha sido “intensa” la negociación que se ha comenzado a dar en el Senado respecto a la minuta, misma que lo ha llevado a reunirse con los coordinadores de todos los grupos parlamentarios y con funcionarios del gobierno federal.

“No hemos logrado hasta ahora un consenso que nos permita adelantar alguna noticia. Seguimos trabajando, seguimos dialogando, pero en esta ocasión debo de decir con todo honestidad que los grupos parlamentarios están en una posición que no admite movimiento”, sostuvo el también aspirante a la presidencia en 2024.

Adelantó que su bancada, y él específicamente, sigue intentando hacer notar la necesidad y la realidad en la que se encuentra el país en materia de seguridad, y por ende la urgencia de mantener a las Fuerzas Armadas coadyuvando en tareas de seguridad.

“Estoy seguro que todos queremos que el país tenga leyes y reformas actualizadas en beneficio de la población”, remató el morenista.

En tanto, su homólogo en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, exhortó a los senadores a votar a favor de la reforma al artículo quinto constitucional, cuyo objetivo dijo, es permitir el fortalecimiento de la estrategia de seguridad y la consolidación de la Guardia Nacional.

“La participación decidida, comprometida, pensando en México, de las y los senadores, permitirá garantizar la continuidad del proceso de reforma constitucional que después se irá a los estados, hago votos por que así sea”, dijo el también presidente de la Jucopo.

Mier Velazco reiteró que las y los legisladores que integran a la coalición Juntos Hacemos Historia están comprometidos con México y lo más importante con la seguridad de las familias mexicanas.

La vicecoordinadora el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz, informó que hoy se dará declaratoria de publicidad al dictamen de Puntos Constitucionales sobre el transitorio constitucional respecto de la Guardia Nacional, para que mañana miércoles se discuta en el Pleno.

La reforma al quinto transitorio constitucional en materia de la Guardia Nacional, que busca a propuesta del PRI, alargar la permanencia del Ejército en las calles para coadyuvar en las tareas de seguridad hasta 2028, está cumpliendo el procedimiento legislativo normado, dijo la morenista.

“Cabe señalar que será sesión presencial, que son las únicas reformas que sí requieren de nuestra presencia física y así será atendido, de hecho, está citada la sesión del miércoles desde las 9 de la mañana, para que desahoguemos puntualmente esto que ha resuelto la Junta de Coordinación Política”, sostuvo la diputada.

La morenista dijo que es un tema ampliamente discutido desde la reforma a la ley secundaria que rige a la Guardia Nacional y durante todo lo que implicó la reforma constitucional en la pasada legislatura.

“Entonces, está ampliamente discutido. No es un trámite ‘fast track’. Se está siguiendo todo el procedimiento normado al interior de la Cámara y bueno, pues ya veremos qué tantas reservas podemos atender cuando es un transitorio y todos sabemos que se cambia de cinco años a nueve años el que siga el mando de la Sedena”.

Comentó que es una iniciativa de la oposición, específicamente del PRI, por lo que se contará con el respaldo de la bancada para sacar adelante esta reforma.

Comentó que para esa discusión, así como para todas las labores legislativas, se mantiene vigente el acuerdo de civilidad “para que todos podamos hacer uso de la tribuna sin mayor exabrupto”.

Al respecto, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier, señaló que en la discusión de la iniciativa para extender la presencia de las Fuerzas Amadas en tareas de seguridad se tendrá un debate democrático y libre, respetando la posición de cada grupo parlamentario, así como la que tengan en lo individual las y los diputados.

“Debatamos libre y democráticamente un tema que es de la mayor preocupación nacional y que requiere sensibilidad política y mucha responsabilidad”, afirmó.

El diputado llamó a olvidarse “un poco de los temas de carácter partidario”, porque cuando se es legislador se debe pensar qué es lo que le conviene a México.

Sostuvo que aunque sólo se modifica un artículo transitorio de una reforma constitucional, las y los legisladores tienen derecho a presentar las reservas pertinentes.

Consultado sobre si respalda el llamado a la paz que hizo el PRI, el líder parlamentario coincidió con convocar a la unidad nacional para atender el tema de seguridad, que es un reclamo de los y las mexicanas; “es algo en lo que nosotros coincidimos”.

Este martes, la diputada Cristina Ruiz del PRI propuso ante la Comisión de Puntos Constitucionales una reserva a la iniciativa que presentó su compañera de bancada para que en lugar de ampliar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028, se le de un año más y el plazo venza en 2029.

“México necesita recuperar la calma de las familias mexicanas, no son los tiempos de señalar culpables, son los tiempos de apoyarnos y hacer las cosas bien por las y los mexicanos, no son tiempos de señalamientos de estrategias fallidas, son los tiempos de las acciones, de las soluciones, y de las respuestas a las familias mexicanas”, plantea la reserva presentada

La legisladora dijo que dar un plazo de 10 años para que las Fuerzas Armadas coadyuven en las tareas de seguridad es por motivos “humanitarios”.

Esta mañana, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se presenta el informe semanal Cero Impunidad, aunque en esta ocasión se dedicó a hablar de la importancia de mantener la la prisión preventiva oficiosa, de cara a la discusión que hará sobre el tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, dijo que eliminar la medida podría repercutir en que aumenta la impunidad en el país.

Inicio señalando que entre el 25 de agosto y ayer 1 de septiembre, entre todas las corporaciones policiales, Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, se logró la detención de 9 mil 341 personas, de las cuales 9 mil 039 fueron presentados ante el Ministerio Público al prefigurarse un posible delito.

Explicó que la prisión preventiva oficiosa o automática pretende proteger a la víctima y a su familia de su agresor, pues busca evitar que los presuntos delincuentes se sustraigan de la acción de la justicia o se den a la fuga.

Además, dijo que se evita que los presuntos criminales amenacen y atenten contra testigos durante las diferentes etapas del proceso penal, evita la reincidencia y prevé la comisión de futuros delitos en contra de la sociedad.

Explicó que entre otros delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa o automática, según el artículo 19 de Constitución, están: abuso o violencia sexual contra menores; delincuencia organizada; homicidio doloso; feminicidio; violación; secuestro; trata de personas; robo a casa habitación; la utilización de programas sociales con fines electorales para alterar la voluntad ciudadana; la corrupción como enriquecimiento ilícito; el robo al autotransporte de carga; todos los delitos que tienen que ver con el llamado huachicol; el robo de hidrocarburos; los delitos violentos cometidos con armas de fuego; la portación y utilización de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y aquellos delitos que atenten contra la seguridad de la nación.

Expuso que a prisión preventiva ha sido una figura establecida en la Constitución desde el Constituyente originario de 1917, cuando se contempló para los delitos que merecieran pena privativa de la libertad a los casos con condenas mayores a los cinco años.

“En subsecuentes reformas se mantuvo esta figura estableciendo, por ejemplo, que aplicaría para delitos con una pena cuyo término medio aritmético fuera mayor de cinco años de prisión. En el 85 se incluyó esta figura en diferentes modalidades relativa a diversos delitos. En el 93 se establece que esta figura atendería más que a la duración de la pena por la gravedad del delito, prohibiendo expresamente el beneficio de la libertad bajo caución a quienes fueran presuntos responsables de esos delitos. En la reforma del 2008 se decide mantener la prisión preventiva como una medida cautelar”, repasó Mejía Berdeja.

En ese sentido, dijo que hubo reformas posteriores en 2011 y 2019, pero con la finalidad de incrementar los delitos que ameritaran la medida.

Recordó que la reforma se aprobó en el 2008 con 482 votos a favor en la Cámara de Diputados, y con 73 votos a favor en la Cámara de Senadores, y fue ahí cuando dijo que “legisladores de la época” apoyaron la reforma, muchos de ellos quienes hoy la condenan y la rechazan.

Entre los políticos que mencionó están: la hoy gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos; Héctor Larios Córdova, dirigente del PAN; el ex gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur; el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro; Beatriz Pagés; el dirigente sindical, Ricardo Aldana, y el exdirigente del PRI, César Camacho Quiroz.

En la Cámara de Senadores mencionó al hoy dirigente nacional del PAN, Marko Cortés; Santiago Creel Miranda, actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Gustavo Madero, ex dirigente nacional; y el exgobernador Guillermo Padrés. En el caso del PRI mencionó a Manlio Fabio Beltrones, el exsecretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell; el ex candidato presidencial Francisco Labastida Ochoa; Jesús Murillo Karam, exprocurador; y el actual dirigente del tricolor, Alejandro Moreno.

Ricardo Mejía dijo que la prisión preventiva pretende evitar la llamada ‘puerta giratoria’, donde el presunto criminal sale en libertad supuestamente vinculado a un proceso penal, pero finalmente en la libertad de seguir cometiendo ilícitos y vuelve a delinquir, generando un impacto en la sociedad y una sensación de impunidad.

“Si se elimina la prisión preventiva, como lo pretenden los proyectos hoy en discusión en la Suprema Corte, no solamente se volvería a la ‘puerta giratoria’, sino que podríamos hablar ahora de una puerta abierta, porque 92 mil personas que hoy en México están sujetos a prisión preventiva por delitos graves, secuestradores, narcotraficantes, feminicidas, entre otros delitos, o también delincuentes de cuello blanco, podrían solicitar mediante amparo ser excarcelados, con lo cual habría una gran, gran impunidad”, enfarizó el subsecretario.

Finalmente, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, hizo un repaso sobre como los medios de comunicación han abordado el tema en los últimos días, y como lo han hecho a lo largo de los años con otros gobiernos.

“Ahora el debate no es la prisión preventiva, es el presidente de la República. Y esa postura y la política de seguridad del actual gobierno”, recriminó el vocero.

De cara a la discusión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá en los próximos días, referente a la prisión preventiva oficiosa, el gobierno federal hizo un llamado a la Corte a mantener la medida tal y como está expresado en la Constitución.

La Presidencia de la República indicó que la Estrategia Nacional de Seguridad Publica y la política de cero impunidad buscan garantizar la paz y la tranquilidad de la población y conseguir que las investigaciones por los delitos impliquen no solo la detención de las personas que los cometen, sino también la obtención de autos de vinculación a los procesos penales y sentencias condenatorias.

En ese sentido, afirmó que es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no escapen de la acción de la justicia durante el proceso penal.

Explicó que, en muchas ocasiones, detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas, además de que con dicha medida se trata de evitar que, en represalia por su detención, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen o atenten contra testigos, o que sigan cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales que afectan a la sociedad.

Recordó que delitos de alta gravedad como abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, entre otros, implican que los presuntos culpables enfrenten el proceso en prisión.

“Dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura”, esgrimió la Presidencia.

En ese sentido, pidió a la Suprema Corte que al momento de discutir el juicio de amparo en revisión y las acciones de inconstitucionalidad sobre el tema, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el esfuerzo que implica la persecución criminal.

Que “prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental”, remató la Presidencia.

El coordinador del Grupo Parlamentario Morena, Ignacio Mier Velazco, afirmó que en un “acto republicano y de respeto a la división de poderes”, los partidos que integran la coalición “Juntos Hacemos Historia” acordaron que la discusión de la reforma eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comience el próximo año.

Además, el morenista señaló que en acuerdo con el presidente, funcionarios del gobierno federal, legisladores federales y locales, estarán en estos meses recorriendo todo el país para informar a las mexicanas y los mexicanos sobre la importancia de la reforma eléctrica.

Recordó que hace ocho años, durante la madrugada de un 12 de diciembre, “los partidos de la derecha, que hoy son oposición, engañaron al pueblo mexicano y se aprovecharon de la fe católica para hipotecar el futuro de millones de familias con una reforma energética regresiva”, en referencia a la reforma eléctrica del 2013 en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Hoy puedo decir que van cuatro asambleas informativas con pleno éxito y mucha participación social. Visitamos Tabasco, Veracruz, Ciudad de México, Puebla y cerraremos en San Luis Potosí informando al pueblo sobre la necesidad de que nuestro país recupere su soberanía en materia de energía eléctrica”, señaló el legislador.

Aseguró que durante las cuatro asambleas que se han realizado, la gente ha votado a mano alzada, de manera unánime, a favor de que se impulse la reforma en la Cámara de Diputados. Adelantó que terminadas las asambleas regionales, que se desarrollarán durante diciembre, en enero y febrero, se realizarán más de 750 asambleas distritales y municipales en todo el país.

“Esta reforma será del pueblo y con el pueblo. Nosotros no nos vamos a aprovechar de fechas significativas para ellos, como es el 12 de diciembre. No tenemos nada que ocultar y esta propuesta, a comparación de la aprobada en el 2013, no lleva jiribilla ni truco ni engaña a México”, enfatizó Mier Velazco.

El diputado lamentó que, aún sin conocerla a fondo, los partidos de oposición han dicho que votarán en contra de la reforma. Afirmó que su rechazo a la iniciativa es “porque ellos fueron socios de este saqueo a nuestro país, a ellos no les importó hipotecar el futuro de millones de familias mexicanas”.

Mier Velazco manifestó que de no aprobarse esta reforma, para el año 2029 no existirá la Comisión Federal de Electricidad (CFE), serán tres o cuatro fondos de inversión. Será el mercado financiero que impulsaron en el pasado, y va a pasar lo que ya está pasando en Inglaterra, España, Grecia y Estados Unidos.

Mier Velazco indicó que para Morena el objetivo principal con esta reforma eléctrica es mejorar las condiciones de vida en nuestro país, además de beneficiar a las familias, pero también que involucre a la iniciativa privada en condiciones parejas tanto para los generadores, como para el Estado, a través de la CFE.

Las bancadas de Morena, el Partido Verde Ecologista y del Partido del Trabajo acordaron extender el periodo de la discusión y eventual aprobación de la reforma eléctrica que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hasta el el próximo año.

Los coordinadores parlamentarios propusieron extender de diciembre, fecha en que estaba programado su análisis, al 15 de abril del próximo año; la fecha fue propuesta para esperar que la eventual realización de la consulta sobre la Revocación de Manato al presidente López Obrador.

Y es que la iniciativa de reforma que el envió el presidente no cuenta con los votos necesarios para ser aprobada en el actual periodo de sesiones. La justificación que utilizarán los diputados es la realización de Parlamento Abierto, lo que dijo, no dará tiempo de resolver el tema en el actual periodo de sesiones, que finaliza el 15 de diciembre.

Además, los legisladores afines a la 4T señalaron que la prioridad será sacar adelante la próxima semana el Presupuesto de Egresos de la Federación. Recordemos que la fecha límite es el próximo 12 de noviembre.

Debido a que durante enero y marzo del próximo año, los partidos realizarán asambleas informativas distritales y municipales con el fin de promover la Revocación de Mandato, se indicó que estas mismas se utilizarán para explicar a la ciudadanía el alcance de la reforma eléctrica.

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, retó a que los empresarios a que acudan al Parlamento Abierto y presenten sus argumentos sobre porqué dicen que la iniciativa de reforma viola los tratados comerciales, entre ellos el T-MEC, y que se atenta contra el libre comercio.

Adelantó que seguirán trabajando para “convencer” a los legisladores que les faltan, para sumar los votos que necesitan para aprobar la reforma eléctrica.

Afirmó que es urgente la reforma eléctrica que propuso el presidente, ya que de lo contrario, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrá un quebranto anual de más de 435 mil millones de pesos, lo que equivale a la pensión para adultos mayores que se destinaría durante dos años.

“Insistiremos las veces que sean necesarias, acudiremos a todos los debates, daremos los mejores argumentos, nada nos detendrá; vamos a convencer a todas y todos para que apoyen esta reforma, que es de todos y para beneficio de las familias”, remató.

Sin embargo, fue el presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, el morenista Manuel Rodríguez, quien a través de sus redes sociales hizo una aclaración sobre los tiempos legislativos. Afirmó que es falso que la reforma eléctrica se vaya a discutir hasta el 15 de abril.

Explicó que la nueva fecha señalada del 15 de abril se refiere a la conclusión total del periodo integral de discusión y aprobación de la reforma eléctrica.

“Es decir, el 15 de abril del 2022 se estima haya concluido el proceso legislativo, lo cual incluye la aprobación de la reforma eléctrica en el Congreso Federal y en 17 congresos locales”, indicó el legislador.

Precisó que en la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen, la iniciativa se discutirá en el actual periodo ordinario, el cual concluye el 15 de diciembre de 2021.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso este miércoles la discusión de una controversia constitucional en contra de la política energética del gobierno federal, que la COFECE señaló de afectar gravemente a las empresas del sector.

La controversia fue enviada a la Corte por la Comisión Federal de Competencia Económica a mediados del año pasado, poco después de que la Secretaría de Energía emitiera una nueva norma en la que da al Estado más poder sobre el sector eléctrico y más presencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La nueva política, que también modifica las reglas sobre quién puede generar electricidad, en qué cantidad y que fija nuevas reglas para las centrales renovables, ya ha sido cuestionada en tribunales locales, que han concedido amparos a empresas para frenar su aplicación.

La disputa se da en medio de una manifiesta intención del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de favorecer a las empresas estatales de energía, la CFE y Pemex, y ha insinuado la posibilidad de revertir la reforma energética que llevó a cabo el gobierno anterior, pues la acusa de abrir por completo el sector a la inversión privada.

Analistas y empresarios están atentos a la discusión de la controversia constitucional en la Corte, pues podría marcar el rumbo a seguir en los próximos años.

El debate en la Corte se da también en medio de una campaña del presidente en contra de los organismos autónomos, como la COFECE o el instituto de transparencia, el INAI, a los que quiere desaparecer, y trasladar funciones al gobierno, pues asegura que son costosos y propician la corrupción.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este miércoles que la reforma a la Ley del Banco de México (Banxico) se ha “exagerado”; sin embargo, reconoció que se ha ya aplazado su discusión en la Cámara de Diputados para febrero del próximo año, pues dijo, así se podrá lograr un consenso.

“Fue buena la decisión que tomaron los legisladores porque da tiempo a recoger los sentimientos y los puntos de vista de todos. Y da tiempo también a informarle al pueblo” para evitar la desinformación sobre el tema, subrayó el mandatario.

Sin embargo, defendió la propuesta y dijo que “a veces, por desconocimiento, se exagera”. “Se hablaba por ejemplo de una afectación a la autonomía del Banco de México, y se me hace una exageración”, añadió.

El presidente dijo que lo que se quiere y se busca con la reforma, es que la gente que tiene “pocos dólares” los pueda cambiar y se les pague lo “justo” y a “mejor precio”.

Sin embargo, recordemos que las modificaciones aprobadas en el Senado, obligarían al banco central a comprar dólares en efectivo que el sistema financiero no puede repatriar, algo a lo que se oponen las instituciones financieras por considerar que facilitaría el lavado de dinero.

Sobre el tema, López Obrador consideró que hay “formas” para evitar el lavado de dinero y reiteró que es bueno que se analice esta reforma con “objetividad” y sin “dogmatismos”. “Los financieros, con todo respeto, son muy dogmáticos”, y lamentó que hasta organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) opinaran del tema.

AMLO llamó a que se analice y actúe en beneficio del pueblo, sin perjudicar a ninguna institución. Incluso reiteró que se debe respetar la autonomía del Banco de México, aunque “tampoco exagerar” en el tema.

Al reconocer que no se han logrado acuerdos respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, la presidencia de la Cámara de Diputados informó que la sesión programada para este miércoles 20 de noviembre, se reprogramará para el próximo viernes 22 de noviembre.

Señalaron que la decisión se tomó debido a que “no existen las condiciones para sesionar en el Palacio Legislativo de San Lázaro”.

Indicaron que durante el proceso de discusión PEF 2020, la Cámara de Diputados ha privilegiado en todo momento el diálogo y los acuerdos a fin de avanzar en las negociaciones con quienes tienen bloqueados los accesos a la Cámara.

“Como representantes populares nos debemos a la ciudadanía y por ella estamos dispuestos a trabajar en favor de México, sin poner en riesgo la vida de las personas”, indicaron los diputados en un comunicado.

Hicieron un llamado a quienes mantienen los bloqueos a las afueras del Poder Legislativo de San Lázaro para que permitan que discutir y eventualmente aprobar el presupuesto de egresos del próximo año.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se mostró en favor de llevar a cabo una reforma al Poder Judicial de la Federación, siempre y cuando ésta permita hacer frente a los desafíos que tiene, sin comprometer la división y el equilibrio de poderes.

El organismo advirtió en un comunicado que es importante la renovación en el ámbito judicial, para que el acceso a la justicia y la aplicación de la ley tenga nuevos alcances, y garantice protección a más mexicanos, pero sin perder independencia y autonomía.

Destacó que el Poder Judicial de la Federación tiene importantes márgenes de mejora, sobre todo, para hacer frente a casos de corrupción y nepotismo que se han presentado en los últimos años. “Hoy la justicia es lenta y costosa”, subrayó.

En este sentido, reconoció que es hora de llevar a cabo una transformación del Poder Judicial de la Federación, y celebró la iniciativa del senador Ricardo Monreal de Morena, para iniciar la discusión en la materia.

La Coparmex recordó que la semana pasada, con la presencia de los ministros de la Suprema Corte, los consejeros de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal Electoral, el consejero Jurídico de la Presidencia, el fiscal General de la República y legisladores federales, se dio el banderazo de salida a las mesas de trabajo que conducirán a la “Reforma con y para el Poder Judicial.

La confederación indicó que otro grave riesgo con la reforma sería el debilitamiento de la carrera judicial, al abrir desmedidamente la puerta a cargos de jueces, magistrados y ministros a profesionales que provengan de otros ámbitos del Derecho, ajenos a la materia judicial.

La circulación en la lateral de Reforma, a la altura del Senado de la República, fue cerrada debido a la presencia de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes realizan un plantón afuera del recinto legislativo.

El Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México alertó sobre la presencia de los inconformes en Paseo de la Reforma, a la altura de la calle París al poniente, donde comenzaron a colocar casas de campaña.

En el marco de la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa, dirigentes de la CNTE informaron que realizarán un plantón en el Senado de la República, en la Ciudad de México, donde ya se colocaron vallas metálicas para proteger los accesos al recinto.

Adicional, la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) también convocó a una concentración en las inmediaciones del recinto legislativo.

Y es que es este martes cuando las comisiones de Educación y Estudios Legislativos revisarán, analizarán y en su caso, aprobarán las leyes secundarias que recibieron la mañana de ayer por parte de la Cámara de Diputados.

El Senado de la República recibió este lunes de la Cámara de Diputados las leyes secundarias de la reforma educativa que aprobó la Cámara baja el pasado jueves, informó la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa.

La morenista indicó que los senadores habrán de revisar con absoluta responsabilidad, apertura y diálogo.

Detalló que las comisiones de Educación y Estudios Legislativos analizarán las minutas recibidas las cuales posteriormente se presentarán ante el pleno del Senado de la República.

Aclaró que las y los senadores serán respetuosos de todas y cada una de las expresiones que pueden presentarse en el marco del análisis que se hará.

Adelantó que la Cámara Alta trabajará en las nuevas leyes para sustentar el mandato del Artículo 3º Constitucional, de garantizar una educación laica, gratuita y obligatoria, que ahora comprenderá desde la educación inicial hasta el nivel universitario, en cuyo proceso el centro son los maestros, los alumnos y los padres de familia.

Enfatizó que el objetivo es la mejora continua de la educación, como base para la construcción de un país acorde con las necesidades de las nuevas generaciones.

“La reforma educativa, y la emisión de las leyes secundarias que sustenten la reforma constitucional aprobada por el Congreso, es una de las prioridades de la actual Legislatura”, sostuvo la legisladora.

Con 97 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones, esta tarde fue aprobada en lo general la nueva Reforma Educativa. Adicional se aprobaron los artículos no reservados del dictamen.

Luego de que el Senado de la República confirmara esta mañana que recibió de la Cámara de Diputados la minuta que reforma los artículos 3, 31 y 73 constitucionales, que aprobaron ayer, la minuta siguió su proceso.

La minuta fue turnada directamente a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Educación y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictaminación.

Más tarde, la minuta fue aprobada por mayoría en las comisiones, esto pese a la oposición de la bancada de Acción Nacional. En sesión extraordinaria se dio primera lectura a la minuta.

Tras la sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores arrancó el debate del dictamen en el Pleno, con una asistencia de 117 legisladores. Los legisladores de las bancadas presentaron sus posicionamientos ante el Pleno.

Ahora, se presentan las reservas y se espera que en cuestión de minutos, se vote en lo particular. Si logra el apoyo necesario, la reforma pasará a los Congresos locales.

El Senado informó que algunos de los cambios realizados son: en el artículo tercero se añadió que en los planes y programas de estudio se incluya la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad y la educación sexual y reproductiva. Además, que el Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos.

En el artículo décimo primero transitorio se estableció que el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la reforma, definirá una Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, la cual establecerá acciones para su fortalecimiento.