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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multas a los partidos políticos, en conjunto, por 51 millones 144 mil 365 pesos por irregularidades en ingresos y gastos de precampaña en los cargos de presidencia, diputados y senadores, correspondientes al Proceso Electoral Federal 2023-2024.

Llama la atención el monto de la sanción global, pues la Unidad de Fiscalización del INE proponía que este ascendiera a 67 millones de pesos.

El INE señaló que entre las conductas más relevantes durante los procesos fiscalizados, se detectaron “los egresos no reportados, la falta de comprobación de gastos por propaganda contratada en internet, el reporte de eventos de manera posterior a su realización y la presentación de informes de precampaña fuera de los mecanismos establecidos”.

De acuerdo con el consejero Jorge Montaño, presidente de la Comisión de Fiscalización, el dictamen consolidado “da cuenta de la presentación de 818 informes de precampaña para los cargos federales, en los que la Unidad Técnica de Fiscalización determinó que los partidos políticos reportaron ingresos por 212 millones 152 mil 49 pesos y egresos por 213 millones 582 mil 624 pesos.

Agregó que, en el marco de las actividades de campo, se realizaron 1,992 monitoreos de propaganda colocada en vía pública y se recopilaron 29,746 testigos, además de detectarse otros 448 derivados del monitoreo de medios impresos en periódicos y revistas de circulación nacional, así como la verificación de 4,374 detectados en el monitoreo realizado en internet.

El consejo aprobó una multa por 38.05 millones de pesos para Morena, equivalente al 74% de las sanciones generales. Al PRI se le impuso una sanción de 3.1 millones de pesos, seguido de Movimiento Ciudadano con 3.3 millones; el PAN con 2.5 millones; el PT con 2.1 millones; el PVEM 1.7 millones y el PRD con 166 mil pesos.

Así, Morena, pagará 38 millones de pesos en lugar de los 53.7 que se proponían, lo que ha generado diversos señalamientos sobre la ayuda que el partido recibió por parte de los consejeros del INE. Como ejemplo, de los 22 mil 172 espectaculares que Morena no reportó, aunado a las bardas, pintas y mantas, Morena solo pagara 19 millones.

El periodo fiscalizado fue del 20 de noviembre al 18 de enero, en la etapa de precampañas.

El Consejo General del INE también aprobó el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos en el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de tres aspirantes a candidaturas independientes a presidencia municipal.

Impuso sanciones de 34 mil 337 pesos a los tres aspirantes a la presidencia municipal de Guanajuato, considerando su capacidad económica.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, afirmó que con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 habrá mayor crecimiento económico y mejor distribución de la riqueza.

“El presupuesto para 2020 va a ser una muy buena señal para toda la economía nacional y para que el esfuerzo, además de erradicar la corrupción, de pacificar al país y tener un Estado de derecho, nos lleve a tener mayor crecimiento, una mejor distribución de la riqueza y de las oportunidades para todos, de eso se trata la Cuarta Transformación”, indicó el legislador.

Sobre el PEF 2019 tuvo una lógica diferente a la de los últimos años, ya que “no hubo más impuestos, se detuvieron los gasolinazos, no se endeudó al país y se le apretó el cinturón al gobierno, quitando excesos y privilegios”.

Delgado Carrillo añadió que esos recursos se destinaron a los programas sociales y proyectos de inversión que ahora van a permitir crecer y generar riqueza a un ritmo diferente.

“Así vamos a continuar, erradicando la corrupción, rescatando al sector salud, pacificando al país e impulsando un presupuesto austero que garantice un crecimiento económico y mejor distribución de la riqueza”, sostuvo.

En el marco de la presentación del primer informe legislativo de los diputados federales de Morena por San Luis Potosí, el coordinador parlamentario destacó que en menos de un año han impulsado temas fundamentales para la Cuarta Transformación, por ejemplo, tipificar la corrupción como delito grave.

Delgado Carrillo destacó que otro tema que han impulsado los legisladores de la 4T ha sido la pacificación del país.

“El presidente (Andrés Manuel López Obrador) no se anduvo por las ramas en el tema de la inseguridad, le entró directo, de frente, como se enfrentan los grandes problemas nacionales”, expresó. “Nos pidió reformar la Constitución para crear una policía nacional con recursos, las capacidades, la organización necesaria para enfrentar la delincuencia que vivimos en México, para que ahora el Estado tenga capacidad de respuesta ante el deterioro del tejido social o el aumento de la criminalidad”, añadió.

El legislador de Morena aseguró que el sistema de salud está “en ruinas y en una etapa terminal por la enorme corrupción”, por ello, impulsan una iniciativa, la cual “vamos trabajar en septiembre para crear el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar”.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer los resultados del estudio que realizó a la Cuenta Pública del gobierno federal correspondiente al 2013-2018, es decir, al sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

El análisis incluyó revisar cómo se presupuestaron ingresos, egresos y deuda en comparación con el monto ejercido.

El IMCO concluyó que, en seis años, Peña Nieto gastó en total 1 billón 823 mil millones de pesos adicionales a lo originalmente previsto en su Administración, es decir, una variación del 9%. Esto porque estimó gastar 20.7 billones de pesos cuando en realidad erogó 22.5 billones de pesos.

Señaló que, en el sexenio anterior, los presupuestos de egresos aprobados por la Cámara de Diputados no fueron confiables, pues las cuentas públicas no reflejan lo autorizado por los legisladores. Lamentó que no existió un contrapeso efectivo al Poder Ejecutivo que revisara las variaciones al presupuesto y las ampliaciones al gasto.

Advirtió que la administración pasada no cumplió con su presupuesto, pues subestimó sus ingresos y gastó más de lo presupuestado. Entre 2013-2018, la administración tuvo un total de ingresos excedentes de 2 billones 338 mil millones de pesos, en promedio, tuvo una variación en ingresos del 11% entre lo estimado y lo recaudado.

Durante el periodo 2013-2018, la Cámara de Diputados aprobó a las secretarías de Estado un gasto de 6 billones 94 mil millones de pesos, sin embargo, al final erogaron 7 billones 125 mil millones de pesos. En el mismo periodo, al Ramo 23, conformado por fondos destinados a cubrir funciones de gobierno, se le autorizaron 757 mil millones de pesos, este ramo ejerció en los hechos un gasto de 1 billón 371 mil millones de pesos, una variación del 81%.

El IMCO destacó que, a pesar de que el gasto excedente en la mayoría de los rubros fue una constante en el sexenio, el Poder Ejecutivo dejó de ejercer 149 mil millones de pesos en inversión pública, 25% menos de lo aprobado.

Finalizó indicando que la deuda adquirida por el gobierno de Peña Nieto fue de 2 billones 930 mil millones de pesos. Recordó que, en diciembre de 2012, el saldo de la deuda del gobierno federal era de 4 billones 452 mil 986.5 millones de pesos y representaba 27.8% del PIB. Para diciembre de 2018, ascendía a 8 billones 315 mil 863.8 millones de pesos, significando un 35.3% del PIB.

Al inicio del sexenio pasado cada mexicano debía 37,837 pesos, seis años después, la deuda fue de 66 mil pesos por persona.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que por el avión presidencial sí se deben pagar 450 millones de pesos porque hay un contrato que ya existía desde que se adquirió la aeronave.

“El avión ya está en California (y) pues sí: tenemos que pagar 450 millones de pesos este año por el contrato que ya existía, ni modo que canceláramos el contrato”, comentó el mandatario federal en conferencia de prensa.

Y agregó: “¡Imagínense, cancelamos el contrato, nos hacemos acreedores a multas y es un litigio que nos costaría muchísimo!”.

Asimismo, el presidente indicó que “estamos a punto de terminar con los trámites para venderlo, es un procedimiento que se tiene que seguir”, dijo.

Y es que, según los detalles del Presupuesto de Egresos, el Gobierno federal tiene proyectados los pagos anuales en tanto no se venda la aeronave.

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que buscará reunirse con los rectores de las universidades cuyas partidas se redujeron en el Proyecto del Presupuesto de Egresos para el año próximo.

“Se va a hablar con los rectores para explicarles, para escucharlos. Es una obligación que tenemos con ellos”, declaró durante su conferencia de prensa matutina.

Y es que, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019, entregado el sábado al Congreso de la Unión, se prevén recortes al presupuesto destinado a instituciones de educación superior como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (6 por ciento), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) (7.7 por ciento) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) (4.7 por ciento).

Ante esto, la UNAM declaró que había pedido un aumento del 4 por ciento en su presupuesto para el 2019.

En un comunicado, la institución educativa señaló que la propuesta del Gobierno no corresponde con su labor como la institución de enseñanza superior más grande de América Latina ni con su esfuerzo cotidiano para atender a una comunidad de más de 350 mil alumnos.

En respuesta, el presidente dijo ayer que las universidades deben hacer “más con menos” y tienen que hacer rendir más el presupuesto, porque deben de terminarse los lujos, y haber austeridad.

López Obrador aclaró que el documento entregado al Poder Legislativo no es una propuesta final, pues serán los legisladores quienes aprueben de forma definitiva el presupuesto.

Vidal Llerenas

El Heraldo de México

 

 

 

Los ajustes por 70 mil 800 millones de pesos que se aprobaron en el Presupuesto de Egresos, no resuelven los problemas importantes como la caída en la inversión directa, que apenas supera el punto y medio del PIB. En términos reales, con respecto a 2017; aumenta el presupuesto de Defensa, Marina, y el de Gobernación, es decir, lo que tiene que ver con seguridad. No es el caso en la procuración de justicia, que tiene un ligero decremento. Los estados son de nuevo ganadores, en parte porque como país, recaudamos menos por vender petróleo, que se participa menos a las entidades, sin embargo ahora gravamos más las gasolinas, por lo que las participaciones a las entidades crecen más de 4%.

 

En relación con 2017, pierden rubros como el de comunicaciones y transportes, salud, turismo, agricultura, economía, Conacyt y desarrollo social. Se consolida la tendencia de los últimos años de disminuir el gasto social y de promoción económica, pero con aumentos importantes en el gasto de seguridad, aunque todavía no se establecen mecanismos de evaluación de su desempleo; por ejemplo, gastamos más en seguridad pero crecen los delitos violentos.

 

Llama poderosamente la atención el incremento de 49 mmdp, casi 50% más de lo originalmente presupuestado, del famoso ramo 33. Son varias las explicaciones de dicho incremento. Uno es que persisten las asignaciones de gasto por parte las fracciones parlamentarias a proyectos de estados y municipios. La diferencia es que ahora la mayoría de éstas no se establecieron de manera explícita en el decreto, para eso se creó un fondo de desarrollo regional con 17 mil 800 mdp y otro de programas regionales de 2 mil 800 mdp. Se creó un fondo de reconstrucción de 2 mil 500 mdp, lo cual fue solicitado por todas las fracciones parlamentarias, pero también un extraño fondo de Operación y Mantenimiento del Programa de Seguridad y Mantenimiento del Estado de México por mil 500 mdp. No conocemos sus reglas de operación y la razón por lo que solamente opere en esa entidad.

 

Aparentemente el tema de la seguridad en el Edomex es tan serio, que requiere de un fondo especial, al que el resto de las entidades federativas no tienen acceso. Las noticias, en cambio, para la Ciudad de México no son buenas, si bien el fondo de capitalidad será de 2 mil 500 mdp, igual que en 2017, no es como el de 2016 que fue de casi 4 mmdp. En suma, como el gobierno enfrenta un espacio fiscal cada vez más estrecho, en parte porque el costo financiero, resultado del alto endeudamiento de los últimos años, alcanza ya, como en la década de los 90, tres puntos del PIB, entonces hay que reducir los gastos en inversión y sociales.

 

Por lo tanto, para aprobar el presupuesto, se tiene que conceder a los diputados, vía ramo 23, asignaciones de gasto poco eficientes. Es decir, en este sexenio no mejoró ni un ápice la calidad del gasto del país.

 

Luego de una larga sesión de más de 10 horas, se aprobó en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos de de la Federación 2018. Con 253 votos a favor de las bancadas del PRI, PVEM, Nueva Alianza y PES, contra 205 en contra del PAN, PRD, Morena y MC los diputados dieron paso a que el decreto sea turnado al ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

De acuerdo al proyecto avalado por los legisladores, los recursos que se contemplan son 5 billones 279 mil 667 millones de pesos (mdp), 43 mil mdp más a lo que el Ejecutivo propuso.

 

 

En el presupuesto se contemplan 18 mil mdp para el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y para la reconstrucción en las entidades afectadas por el sismo (Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Tabasco, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Guerrero e Hidalgo).

 

Además se creó un fondo adicional para la reconstrucción (Fonrec) tras los sismos por un monto de 2 mil 500 mdp. “Potenciar estos recursos hasta por un monto mayor a 10 mil millones de pesos, para acelerar la atención de los desastres naturales y cumplir con la aportación que se requiere para el Fonden”, indicaron los legisladores al respecto de la creación del Fonrec.

 

Con información de Medios / Foto: Twitter