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Al menos 18 personas han fallecido bajo la tutela del Estado salvadoreño durante los poco más de dos meses del polémico estado de excepción que busca combatir a las pandillas en el país, de acuerdo a una investigación divulgada el jueves por Amnistía Internacional (AI).

El organismo, con sede en Londres, agregó que las autoridades han cometido “violaciones masivas de derechos humanos”, entre ellas, miles de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso de los imputados, tortura y malos tratos al interior de los centros de detención en contra personas procesadas por pertenecer o colaborar con las maras.

A mediados de mayo, la agencia Reuters ya había reportado que, en medio del estado de excepción, la fuerza pública había detenido a decenas de inocentes acusados de pertenecer a las pandillas para cumplir con cuotas de capturas impuestas por sus superiores.

“Hasta el 28 de mayo, se reportaban al menos 18 personas muertas bajo tutela del Estado durante el régimen de excepción. Dada las precarias condiciones carcelarias, existe el temor fundado de que el número de víctimas fatales pudiese incrementar en los siguientes días”, dijo AI en un comunicado.

Los números están basados en reportes de la ONG centroamericana Cristosal, que señaló que el total de fallecidos son hombres y que algunos murieron por falta de atención médica oportuna y otros presentaron signos de agresión, como moretones. Todos fallecieron en hospitales o camino a ellos.

Previo a conocerse la denuncia de Amnistía Internacional, en un discurso por su tercer año de mandato, el presidente Nayib Bukele aseguró que su gobierno está a punto de “ganar la guerra contra las pandillas” y cuestionó a quienes han señalado abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos durante el estado de emergencia.

“Digan lo que digan, hagan lo que hagan, escriban lo que escriban, ataquen una y otra vez, les digo: no nos van a detener. Tenemos a Dios y al pueblo salvadoreño de nuestro lado”, afirmó el gobernante.

El estado de emergencia ha sido prorrogado en dos ocasiones apoyado por los diputados oficialistas, mientras que más del 70% de los salvadoreños avalan la medida contra los grupos criminales, según tres diferentes encuestas.

A fines de marzo, Bukele pidió al Congreso declarar un régimen de excepción, que suspende algunas garantías constitucionales, luego de un repunte histórico de los homicidios.

Sin embargo, las medidas tomadas han despertado la crítica de diversos organismos de derechos humanos, como AI, Human Rights Watch y otros, que consideran que se están violando los derechos humanos al encarcelar a miles de inocentes. Se ha acusado que las autoridades han limitado el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el acceso a un juez independiente, además de realizar detenciones sin el cumplimiento de requisitos legales y audiencias con hasta 500 acusados a la vez.

Desde el 27 de marzo hasta el momento, la Policía y el Ejército han detenido a más de 36,000 personas acusadas de pertenecer a las pandillas, entre ellos, 1,190 menores de 18 años de edad, según cifras oficiales.

El gobierno de El Salvador pedirá nuevamente a la Asamblea Legislativa la ampliación del estado de excepción, a pesar de las cientos de denuncias de violaciones a derechos humanos, informó la Presidencia en Twitter.

“El Presidente Nayib Bukele se encuentra reunido con el Gabinete de Seguridad. Luego de analizar los resultados de los dos meses del Régimen de Excepción, pedirán al Consejo de Ministros que solicite a la Asamblea Legislativa su prórroga”, publicó la Presidencia este miércoles.

Recordemos que el Congreso de El Salvador decretó el estado de excepción, que suspende derechos constitucionales, a finales de marzo tras una ola de violencia que cobró la vida de 87 personas en los días más mortíferos de la administración de Bukele, próxima a cumplir tres años de gestión.

De acuerdo con una investigación periodística de El Faro, esta escalada se dio tras la supuesta ruptura de un pacto entre el Ejecutivo y la pandilla Mara Salvatrucha (MS13). Hasta el momentos, ni presidente Bukele ni ningún funcionario han aceptado o rechazado la publicación.

El estado de excepción suspende las libertades constitucionales de reunión, asociación, inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, además del derecho a la defensa.

A pesar que la Constitución señala que la prórroga por 30 días se puede autorizar únicamente si se mantienen las causas que generaron la declaración, mientras que la escalada de asesinatos se controló en los primeros días de dicho estado de excepción, el Parlamento aprobó el 25 de abril pasado su extensión.

La Asamblea Legislativa realizará hoy su sesión plenaria correspondiente a esta semana, pero se desconoce si la segunda ampliación del régimen será aprobado este día o si se convocará a una sesión extraordinaria antes del 28 de mayo, día en el que concluye la primera ampliación.

Según defensores de derechos humanos, una nueva ampliación del régimen de excepción estaría “fuera del marco de la Constitución”, en momentos en los que en el país está “configurando una situación de lesa humanidad”.

Amnistía Internacional ha denunciado que el gobierno del presidente Bukele ha “pisoteado los derechos de la población salvadoreña” con el estado de excepción.

“Desde reformas legales que vulneran las normas internacionales hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a las personas detenidas, las autoridades de El Salvador han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos que ahora se espera que continúe con la aprobación de la prórroga del estado de excepción”, indicó la organización.

Una ruptura en un pacto entre el gobierno de El Salvador y la Mara Salvatrucha (MS13) habría desencadenado la ola de asesinatos a finales de marzo, que llevó al Congreso a declarar un régimen de excepción, según una investigación publicada por El Faro.

El medio reporta que entre el 25 y el 27 de marzo fueron asesinadas 87 personas en El Salvador y el día 26 se colocó como el más sangriento de la historia reciente salvadoreña con 62 homicidios. Según información de supuestos portavoces de la pandilla, se estableció una relación entre los asesinatos y el “pacto que mantenían desde hace al menos dos años y medio”.

De acuerdo con El Faro, la escalda de asesinatos se dio tras la captura de miembros de la pandilla que eran trasladados en un vehículo gubernamental.

Además publicó una serie de grabaciones que supuestamente fueron hechas a Carlos Marroquín, funcionario del gobierno de Bukele y quien fue sancionado por Estados Unidos bajo acusaciones de corrupción y de negociar con las pandillas.

“El Faro tiene en su poder una serie de grabaciones en las que se escucha a Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social y uno de los negociadores con las pandillas en representación del Ejecutivo, confesar a sus contrapartes en la MS13 sus esfuerzos personales por mantener vigente el acuerdo durante el repunte de homicidios”, añadió.

El texto consigna que en las grabaciones, el funcionario culpa de lo sucedido al ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, al que califica de “loco ministro”, y dice estar trasladando al presidente Bukele los mensajes de las pandillas.

“En cuatro de los siete archivos de audio, Marroquín hace alusión a Bukele y de lo dicho se infiere que el presidente estuvo todo el tiempo al tanto de las conversaciones de Marroquín con voceros de la Mara Salvatrucha. El director de Tejido Social incluso ofreció a un pandillero capturas de pantalla de sus conversaciones con el mandatario”, agregó El Faro.

Indicó que “ha verificado la autenticidad de los audios mediante un peritaje técnico, en el que se compara, a través de tres software, dos de audio forense y uno de uso comercial, la voz de Marroquín en algunas de sus intervenciones públicas con la voz que se escucha en las grabaciones”.

En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Marroquín y el director de Centros Penales, Osiris Luna, por las “negociaciones secretas” entre el Gobierno y la MS13.

En un comunicado, EUA señaló que Luna y Marroquín “dirigieron, facilitaron y organizaron” una serie de encuentros con líderes de la pandilla encarcelados, como parte de los esfuerzos del gobierno salvadoreño para negociar “una tregua secreta” con los jefes de la MS13.

Bajo el régimen de excepción, que cumplió su primer plazo de 30 días y fue ampliado por un período igual, se han detenido a más de 30,000 personas, de acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC).

El presidente de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó este viernes a El Salvador, como parte de una gira que por Centroamérica y Cuba, y fue recibido por su homólogo Nayib Bukele en la Casa Presidencial, en San Salvador.

López Obrador arribó al aeropuerto internacional de El Salvador San Oscar Arnulfo Romero alrededor de las 12:00 hora local, procedente de Guatemala, y la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, le dio la bienvenida.

Inmediatamente, López Obrador, quien también visitará Honduras y Cuba, fue trasladado a la Casa Presidencial.

En la sede de la Presidencia salvadoreña fue recibido por Bukele en medio de una ceremonia donde se entonaron los himnos nacionales de ambas naciones y saludaron a los miembros de las comitivas de cada país.

López Obrador y Bukele procedieron a reunirse en privado, para luego encabezar una reunión ampliada, que también se llevó a cabo de forma privada, según lo informó este viernes la Presidencia.

Durante los encuentros se abordaron “importantes temas de interés de la agenda bilateral”, añadió la Presidencia.

Una vez concluidas las reuniones, los jefes de Estado ofrecieron un mensaje a medios, en el que destacaron que se que, a propuesta del presidente Bukele, se va a incrementar al doble la aportación de México a los Programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.

AMLO señaló que van a aportar la misma cantidad el gobierno de El Salvador y el gobierno de México.

Se informó que 10 mil pequeños agricultores de al menos 10 provincias de El Salvador han sido beneficiados con el programa Sembrando Vida, que entrega apoyos financieros de 240 dólares.

Será este mismo viernes cuando López Obrador se traslade al aeropuerto internacional para viajar a Tegucigalpa, Honduras, su tercera parada de la gira.

La Presidencia señaló que esta es la segunda ocasión en que los gobernantes se encuentren. La primera reunión fue el 19 de junio de 2019 en Tapachula, Chiapas.

En esa oportunidad, López Obrador anunció que México financiaría en El Salvador el programa Sembrando Vida, con el objetivo de contribuir a disminuir la migración irregular, principalmente entre los jóvenes.

Ese proyecto fue oficializado un mes después, el 19 de julio de 2019 con la presencia del presidente Bukele en un acto oficial en El Salvador, a donde acudió el canciller Marcelo Ebrard.

La cifra de detenidos en El Salvador durante un régimen de excepción, implementado para controlar la violencia generada por las pandillas, supera las 19,000 entre finales de marzo y este miércoles, día en el que concluye el primer periodo de 30 días de dicho decreto.

De acuerdo con el presidente Nayib Bukele, han sido detenidos más de 19,000 supuestos miembros de pandillas o personas vinculadas a estas bandas y suman tres días consecutivos con más de 1,000 detenciones. Tanto Bukele como la Policía Nacional Civil se han referido a los arrestados como “terroristas”.

Ni el mandatario, ni las autoridades de Seguridad han detallado cuántas de las personas detenidas son miembros de pandillas, a qué pandilla pertenecen y cuántas son señaladas de tener vínculos con dichas estructuras.

Recordemos que la Asamblea Legislativa aprobó el pasado 27 de marzo la suspensión de garantías constitucionales tras una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas en tres días y colocó el día 26 como el más sangriento de la historia reciente salvadoreña con 62 víctimas.

En una sesión extraordinaria del domingo, el oficialismo aprobó ampliar por 30 días más el plazo del régimen de excepción a petición del Ejecutivo de Bukele.

El mandatario firmó y mandó a publicar en la edición del Diario Oficial del 25 de abril la medida que le otorga por un mes más poderes especiales y cuyos efectos comenzarán a las 00:00 hora local de mañana jueves.

La norma extiende la vigencia de los poderes extraordinarios para el gobierno de Bukele en su llamada “guerra contra las pandillas”, bandas señaladas de cometer la mayoría de homicidios en el país centroamericano, que cuentan con más de 70,000 miembros y que han resistido a los planes de seguridad de las diferentes administraciones.

Las detenciones masivas ha sido la principal apuesta del Ejecutivo de Bukele durante el régimen de excepción, pero hasta el momento se desconoce si el gobierno trabaja en un plan que plantee medidas para una solución de fondo a dicho fenómeno.

Con la ampliación de estado de excepción quedarán suspendidos hasta finales de mayo los derechos a la libre asociación y reunión, a la defensa y la detención administrativa pasa de un plazo máximo de 3 días a 15 días. También se suspende la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones sin orden judicial.

Amnistía Internacional (AI) ha señalado que la ampliación de este régimen de excepción es una “tormenta perfecta” contra los derechos humanos.

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador anunció este fin de semana su fallo para que el presidente Nayib Bukele pueda postularse a la reelección.

La sala constitucional de la Corte sentenció que “una persona que ejerza la presidencia de la República y no haya sido presidente en el período inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”, dice el fallo dirigido al Tribunal Superior Electoral.

Sin embargo, el fallo ha generado múltiples críticas, pues los magistrados de la Sala Constitucional que reinterpretaron la Constitución son los que fueron nombrados el pasado 1 de mayo, luego de que la Asamblea Legislativa oficialista destituyera a los cinco magistrados que la conformaban.

Los anteriores magistrados de la Sala Constitucional sostenían que el artículo 152 prohibía la reelección de quien “haya desempeñado la presidencia de la república por más de seis meses consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del periodo presidencial”.

Lo anterior obligaba a que un presidente esperara dos períodos para postularse nuevamente.

Bukele, de 40 años, goza de un elevado nivel de popularidad lo que le permitió alcanzar la presidencia en 2019 dando el tiro de gracia al bipartidismo arraigado de la derecha-izquierda en El Salvador durante tres décadas.

Calificado por algunos como cercano al pueblo, pero criticado por la oposición por sus matices tildados de autoritarios, la popularidad de Bukele aumentó por su gestión de la pandemia COVID-19 con la construcción de un moderno hospital y un acelerado plan de vacunación, según analistas.

Desde mayo pasado, su partido Nuevas Ideas domina el Congreso donde dispone de mayoría lo que le permite gobernar sin obstáculos

Al respecto, el gobierno de Estados Unidos pidió al presidente Nayib Bukele que demuestre su compromiso con la gobernanza democrática, reiterando su condena al fallo de la Sala de lo Constitucional.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, señaló en un comunicado que la decisión “socava” la democracia e indicó que la Constitución salvadoreña “prohíbe claramente a los titulares de la Presidencia la reelección para un período consecutivo”.

Por su parte el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, advirtió que la democracia en El Salvador “está al borde del abismo”, refiriéndose al fallo que permite la reelección presidencial.

“La Sala de lo Constitucional de El Salvador, que Bukele coptó en  ayo de este año, acaba de permitir que Bukele se presente a una reelección”, dijo Vivanco su perfil de Twitter, en la que ha añadido que este “mismo libreto” fue el que usaron Daniel Ortega, presidente de Nicaragua y Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, para mantenerse en el poder.

El Gobierno de Nayib Bukele negoció con tres pandillas de El Salvador a cambio de mantener bajos los índices de homicidios en el país, según una investigación del diario ‘El Faro’, que presenta un estudio de la anterior Fiscalía salvadoreña.

En mayo de 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido de Bukele, Nuevas Ideas, destituyó a varios jueces de la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo y al fiscal general de aquel momento, Raúl Melara.

La antigua Fiscalía llevó a cabo una investigación, denominada Catedral, en la que se recopilaron audios, fotografías, testimonios y otras pruebas de las reuniones de funcionarios de Bukele con las pandillas, pero el fiscal general nombrado tras la destitución de Melara, Rodolfo Delgado, desmanteló la unidad que consiguió los hallazgos, el Grupo Especial Antimafia (GEA).

En concreto, el grupo, liderado por el exfiscal Germán Arriaza, consiguió evidencias de negociaciones entre funcionarios de Bukele y las pandillas Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, con quienes negociaron en 2020 diversos beneficios para los pandilleros encarcelados, a cambio de mantener bajos los índices de homicidios en todo el país.

Los fiscales descubrieron gran número de visitas irregulares a las cárceles de máxima seguridad, en las que el director de Centros Penales salvadoreño, Osiris Luna, autorizaba a personas encapuchadas ingresar a los penales para reunirse con líderes de las tres pandillas, violando los protocolos de ingreso y dejándoles entrar sin identificarse, según revela la investigación de ‘El Faro’.

Algunos de los funcionarios señalados como negociadores son Dennis Salinas o Suecy Callejas, ahora diputados por Nuevas Ideas. El director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, organismo adscrito al Ministerio de Gobernación, acompañó en varias ocasiones a los encapuchados.

En uno de los audios publicados, grabado el 6 de agosto de 2020, un pandillero habla con otro sobre los preparativos para entrar en la cárcel y le asegura que los representantes del gobierno están nerviosos.

“A ellos les preocupa el más mínimo error que podamos cometer de parte de nosotros y también ellos tienen el cuidado de no cometer el más mínimo error para que esto no fracase y no salga a la luz pública que hay un entendimiento”, se escucha en el audio publicado.

Otro de los hallazgos de la investigación es que Osiris Luna intentó borrar los rastros de las reuniones de funcionarios con pandilleros. Según ‘El Faro’, días después de la publicación de un trabajo que comenzaba a dejar ver la situación, personal de Inteligencia penitenciaria retiró libros de visitas de la cárcel de Zacatecoluca y discos duros de las computadoras.

Al respecto, el presidente del Congreso de El Salvador, Ernesto Castro, aseguró a periodistas que el gobierno de Nayib Bukele “nunca ha negociado con pandillas” e indicó que la baja en los homicidios se debe al Plan Control Territorial (PCT).

“Para mí no tiene credibilidad lo que ‘El Faro’ publica (…) estoy seguro que nunca ha negociado el gobierno con las pandillas”, dijo el líder de la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista.

Castro apuntó que “ay medios y grupos de poder que no logran entender y aceptar que este gobierno esté teniendo resultados positivos y van a hacer cualquier cosa posible para seguir desvirtuando los buenos resultados. “Los Gobiernos pasados han hecho pactos con las pandillas, han hecho tregua y todo el pueblo ha sido testigo de eso y estamos seguros de lo que han hecho y ahora quieren pegarle eso a este gobierno”, añadió el funcionario.

Y es que el presidente Bukele ha hecho de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado una de sus principales líneas de trabajo, festejando en diversas ocasiones que el país haya completado un día sin ningún homicidio alguno. En el tiempo que lleva en el cargo, la cifra de homicidios ha disminuido de forma drástica.

FOTO: Twitter @nayibbukele

El Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos publicó este jueves una lista de 55 funcionarios y exfuncionarios centroamericanos a los que señala por corrupción, entre los que destacan el expresidente hondureño Porfirio “Pepe” Lobo y su esposa, la exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo.

“La corrupción corroe la confianza pública; obstaculiza la gobernanza eficaz; distorsiona los mercados y el acceso equitativo a los servicios; socava los esfuerzos de desarrollo; contribuye a la fragilidad nacional, el extremismo y la migración; y proporciona a los líderes autoritarios un medio para socavar las democracias en todo el mundo. Cuando los líderes roban a los ciudadanos de sus naciones u oligarcas desobedecen el estado de derecho, el crecimiento económico se desacelera, la desigualdad aumenta y la confianza en el gobierno se desploma “, señaló la dependencia.

El listado incluye a personas que, según Estados Unidos, son sospechosas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras, países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica y en los que la Administración del presidente Joe Biden ha centrado su estrategia para frenar la inmigración irregular hacia el país.

El registro de los nombres fue difundido en cumplimiento de la “Ley de Compromiso Mejorada entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte”, aprobada en diciembre pasado y promovida por el ahora excongresista demócrata Eliot Engel.

Dicha norma establece la creación de una “lista Engel” de actores corruptos y antidemocráticos a quienes se les negará la entrada a EUA y que no podrán obtener visados para viajar a ese país.

En total, el reporte incluye a 55 funcionarios acusados de corrupción: 14 de El Salvador, 20 de Guatemala y 21 de Honduras.

En el caso de Honduras, EE.UU. acusa a “Pepe” Lobo de haber aceptado sobornos de un cartel del narcotráfico y asegura que su esposa malversó fondos. Además, el Departamento de Estado señala por corrupción a los diputados Juan Carlos Valenzuela Molina, Welsy Milena Vásquez López, Milton Jesús Puerto Oseguera, Gustavo Albert Pérez, Óscar Nájera y Gladys Aurora López, entre otros.

En el informe, no aparece el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, al que la Fiscalía de Nueva York vincula con actividades de narcotráfico.

Con respecto a El Salvador, el informe acusa a la jefa del Gabinete del presidente Nayib Bukele, Carolina Recinos, de haber incurrido en una “corrupción significativa mediante la malversación de fondos públicos para beneficio personal” y asegura que también participó en un esquema de lavado de dinero.

La “lista negra” también incluye a Rogelio Rivas, separado del cargo de ministro de Seguridad a mediados de marzo pasado.

De igual forma son mencionados José Luis Merino, quien fue viceministro de Relaciones Exteriores, exguerrillero y uno de los principales líderes del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa por el FMLN y procesado actualmente bajo cargos de corrupción.

Por otro lado, en lo relativo a Guatemala, el informe menciona al congresista Boris Roberto España Cáceres y al exprimer secretario del Congreso de Guatemala Felipe Alejos Lorenzana, quien ya fue sancionado por EUA y al que ahora se le acusa de “haber participado en actos de corrupción para enriquecerse a sí mismo”.

La “lista negra” incluye los nombres de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, exjefe de gabinete del presidente Álvaro Colom y del excandidato presidencial Mario Amílcar Estrada, condenado por narcotráfico a 15 años de prisión en febrero de este año por una corte de Nueva York.

En un comunicado, el secretario de Estado de EUA, Antony Blinken, explicó que el objetivo de la lista publicada hoy es “apoyar al pueblo de Guatemala, Honduras y El Salvador en sus esfuerzos para formar una región democrática, próspera y segura”.

Y es que el presidente Joe Biden se ha propuesto combatir la corrupción e impulsar programas de desarrollo en los países del Triángulo Norte como parte de su estrategia para frenar la inmigración irregular.

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió este jueves que la decisión de El Salvador de adoptar el bitcóin como moneda de circulación legal puede generar riesgos y desafíos regulatorios.

“La adopción del bitcóin como moneda de curso legal plantea una serie de problemas macroeconómicos, financieros y legales que requieren un análisis muy cuidadoso”, dijo el portavoz del FMI, Gerry Rice.

“Por eso, estamos siguiendo de cerca los avances en este tema y continuaremos nuestra consulta con las autoridades”, añadió en rueda de prensa.

Y es que representantes del FMI mantendrán este jueves una reunión virtual con el presidente Nayib Bukele, después de que el Congreso salvadoreño aprobara esta semana una ley por la cual “todo agente económico deberá aceptar bitcóin como forma de pago”.

Según Bukele, esto contribuirá a la bancarización de la población y evitará perder “millones de dólares” en intermediación en el envío de remesas de salvadoreños desde el exterior.

“Lo que hemos dicho en el pasado, en general, es que los activos en criptomonedas pueden plantear riesgos significativos, y las medidas regulatorias efectivas son muy importantes a la hora de abordarlos”, se limitó a comentar Rice al ser consultado sobre el tema.

Bukele se reunirá con miembros del equipo técnico del FMI en el marco de las conversaciones iniciadas en abril con el organismo sobre la posibilidad de obtener un nuevo préstamo para el país centroamericano.

El Salvador busca financiamiento para reimpulsar su economía, que se contrajo un 7.9% en 2020 por la pandemia. Para esto, negocia con el Fondo un préstamo de unos 1,300 millones de dólares.

El FMI ya le otorgó el año pasado a El Salvador asistencia de emergencia por unos 389 millones de dólares por medio del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) para enfrentar la crisis por el COVID-19.

El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar al bitcóin como moneda de circulación legal luego de que el Congreso aprobara una propuesta del presidente Nayib Bukele para hacerlo.

Con 62 de 84 votos posibles, los legisladores dieron luz verde entrada la madrugada de este miércoles para crear la ley y para usar el bitcóin, a pesar de la preocupación por el impacto potencial en el programa de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Bukele ha promocionado el uso de la criptomoneda por su potencial para ayudar a los salvadoreños que viven en el extranjero a enviar remesas a su país, al tiempo que asegura que el dólar estadounidense también continuará como moneda de circulación legal.

El presidente, quien envió la iniciativa a los legisladores, dijo que esta ley ayudará a generar empleos en el corto plazo y favorecerá a la inclusión financiera de miles de personas que están fuera de la economía formal.

La norma aprobada establece que todos los precios podrán ser expresados en bitcóin y que todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en la criptomoneda, pero que para fines contables, se mantendrá el dólar como moneda de referencia.

“La #LeyBitcoin es ambiciosa, pero sencilla, además está bien estructurada para que tenga riesgo cero (…) El Gobierno garantizará la convertibilidad al valor exacto en dólares al momento de cada transacción”, afirmó Bukele el martes por la noche en su cuenta de Twitter.

El uso como moneda de curso legal en El Salvador del bitcóin , que cotizaba en 35,216.77 dólares, de acuerdo con datos de Refinitiv Eikon, entrará en vigor en 90 días, con el tipo de cambio bitcóin-dólar fijado por el mercado.

Analistas han dicho que la medida podría complicar las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde la nación centroamericana busca un programa de más de 1,000 millones de dólares. Se ha advertido que el uso de monedas digitales puede representar riesgos para economías dolarizadas, como la salvadoreña, en materia de estabilidad macroeconómica y financiera, así como para la posible alza del costo de vida, agregó el banco.

La criptomoneda ofrece, en teoría, una forma rápida y económica de enviar dinero a través de las fronteras sin depender de las empresas de remesas. Bukele dice que alrededor del 70% de las personas en El Salvador carecen de acceso a los servicios financieros tradicionales.

Aún así, el uso de la criptomoneda para las remesas a nivel mundial es irregular. La conversión de monedas locales hacia y desde bitcóin a menudo depende de corredores informales. Los precios son volátiles y la compraventa es un proceso complejo que exige conocimientos técnicos.

El Salvador “promoverá la capacitación y los mecanismos necesarios para que la población pueda acceder a las transacciones de bitcoines”, de acuerdo con la ley.

Veintiún presidente de España y América Latina manifestaron este jueves su preocupación por la ruptura del estado de derecho y de la independencia judicial en El Salvador, por lo que solicitaron a la OEA estudie lo ocurrido y determine medidas para preservar y fortalecer la democracia en dicho país.

En una declaración de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), los exmandatarios expresaron su “grave preocupación” por la destitución de los jueces de la Sala Constitucional de El Salvador ejecutada por la Asamblea Legislativa, de mayoría calificada afín al gobierno del presidente Nayib Bukele.

Calificaron lo sucedido como una “manifiesta violación de la Carta Democrática Interamericana” y pidieron revertir la destitución.

Además, instaron a las autoridades de la Organización de Estados Americanos (OEA) a que hagan “una apreciación de lo ocurrido y determinen las medidas necesarias para la preservación y el fortalecimiento de la democracia salvadoreña”.

Según se dice en la declaración, los expresidentes constataron que el proceso de destitución de los jueces “se realizó sobre valoraciones políticas, al margen de las previsiones constitucionales”.

Destacan que no se ha llevado a cabo “algún antejuicio por eventuales delitos”; no se ha especificado “ley que fije las causas de destitución”; no hubo “previo ni debido proceso ni derecho a la defensa”, además de que el mandato de los jueces supremos destituidos no había expirado.

“Debemos hacer presente que el acceso y el ejercicio del poder en toda democracia ha de estar sujeto a un celoso respeto del Estado de Derecho y de las garantías institucionales de los derechos humanos y las libertades, sin que puedan verse relajados por el voto de las mayorías, menos para atropellar a las minorías”, señala la declaración.

Y es que El Salvador se encuentra bajo la mirada del mundo por la decisión del Parlamento, de amplía mayoría oficialista, de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general, Raúl Melara.

El presidente Nayib Bukele dijo que están “limpiando la casa”, esto en un intento de justificar las destituciones.

La declaración es firmada por José María Aznar de España; Óscar Arias, Laura Chinchilla, Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solís  de Costa Rica; Nicolás Ardito Barletta y Mireya Moscoso de Panamá; Enrique Bolaños de Nicaragua; Alfredo Cristiani de El Salvador; Eduardo Frei T.  de Chile; Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad del Ecuador; Luis Alberto Lacalle H. y Julio María Sanguinetti de Uruguay; Álvaro Uribe y Andrés Pastrana  de Colombia; Mauricio Macri de Argentina; Jorge Quiroga de Bolivia; Juan Carlos Wasmosy de Paraguay, y Felipe Calderón y Vicente Fox por México.

Las autoridades de Quintana Roo informaron que detuvieron a la pareja sentimental de Victoria Salazar, salvadoreña que falleció durante un fallido procedimiento de detención policial en Tulum.

El nuevo detenido es acusado de ejercer abusos (violencia) contra Victoria Salazar, y en contra de una de sus dos hijas.

“Es importante mencionar también que pudo detener a la pareja de esta señora que lamentablemente falleció, señora salvadoreña, Victoria, y que generaba o tenía abuso sorbe ella y sobre alguna de las hijas de la señora. También hoy se hizo ya la detención”, anunció el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

La detención del hombre, cuya identidad no se informó, se da tras la polémica desatada por el asesinato Victoria Esperanza Salazar, que murió el sábado a consecuencia de una fractura de cuello que sufrió tras ser detenida por miembros de la policía turística de Tulum.

El anuncio generó una reacción inmediata del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien indicó que “como les dije ayer, a pesar de que algunas autoridades salieron a negarlo, habían más agresores y víctimas en esta historia”.

Bukele afirmó que el detenido es de nacionalidad mexicana y que “abusó sexualmente” de una de las dos hijas de Salazar.

Incluso ventiló que Victoria Salazar denunció semanas atrás a su pareja, al tiempo que llevó a una de sus hijas a un albergue para protegerla del agresor.

El presidente de El Salvador dijo que “lastimosamente” las autoridades mexicanas no actuaron sino hasta ahora que Victoria fue asesinado.

La muerte de Salazar, quien vivía desde hace varios años en México en condición de refugiada, desató protestas en la Ciudad de México y en Quintana Roo luego que se difundieron en las redes sociales imágenes del momento en que la salvadoreña permanecía en el suelo, boca abajo y esposada, con la rodilla de una mujer policía en el cuello. En otro video se observa el cuerpo inerte de Salazar al ser cargado por los policías y colocado en la parte trasera de una camioneta.

El informe forense difundido por la Fiscalía concluyó que la migrante sufrió “una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra, lo que provocó la pérdida de la vida de víctima”.

El fiscal general de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, afirmó que las lesiones que sufrió Salazar “son compatibles y coinciden con las maniobras de sometimiento que se aplicaron a la víctima durante el proceso de su detención” y demuestran que hubo un uso “desproporcionado” de la fuerza, por lo que se inició el proceso contra los cuatro agentes involucrados, tres hombres y una mujer, por el delito de feminicidio.

Los cuatro policías fueron presentados el martes en una audiencia de imputación en la que se acordó que permanecerán bajo prisión preventiva, informó la Fiscalía. El evento también llevó a la destitución del jefe de la policía de Tulum, Nesguer Ignacio Vicencio Méndez.

Adicional, se informó que la Fiscalía de Quintana Roo emitió una alerta de búsqueda para una de las hijas de Victoria Salazar. “Se activa cédula de búsqueda y localización de Alerta Amber Quintana Roo para Francela Yaritza Salazar Arriaza, vista por última vez en el municipio de Tulum”, anunció la autoridad en Twitter.

En la ficha de la alerta se detalla que la joven tiene 16 años, de nacionalidad salvadoreña y que la denuncia de su desaparición se interpuso el martes 30 de marzo. Se trataría de la hija mayor de Victoria Esperanza Salazar. La hija menor estaría resguardada en un albergue tras haber sufrido abusos de parte de la pareja sentimental de su madre.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) condenó esta mañana el homicidio de una mujer salvadoreña, quien fue detenida y sometida en Tulum, Quintana Roo, cuyo caso ha dado la vuelta al mundo y se ha viralizado en redes sociales.

“Un lamentable hecho ocurrido antier en Tulum, Quintana Roo, México; una mujer: Victoria Esperanza Salazar, salvadoreña, fue sometida por la policía, por cuatro elementos de la policía de Tulum y de Quintana Roo, fue brutalmente tratada y asesinada; es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza”, dijo el mandatario.

Envío un mensaje a los familiares de la víctima, asegurando que se va a castigar a los responsables. Incluso dijo que los responsables ya están en proceso de ser enjuiciados. Prometió que no habrá impunidad.

Y es que este fin de semana, un familiar de la mujer salvadoreña pidió que se investigue el caso y se haga justicia; el caso ha sido comparado con el crimen del afroamericano George Floyd, en Estados Unidos, en 2020.

Las imágenes que se han difundido en redes sociales muestran a una uniformada colocando su rodilla sobre la nuca de Salazar y presionándola contra el pavimento mientras otros tres elementos observan la escena, junto a una patrulla. Minutos más tarde, los agentes suben su cuerpo inerte a la parte trasera de la camioneta.

René Olivares, hermanastro de la víctima, dijo el domingo a la agencia Reuters que sintió “impotencia” al ver los videos y cuestionó a la policía. “Para mí hay un abuso de poder y lo único que (se) busca es que se haga justicia, que se juzgue a los que están implicados en eso”.

Desde El Salvador, Olivares detalló que su hermanastra emigró a México hace tres años desde el municipio de San Antonio del Monte, 66 kilómetros al oeste de la capital salvadoreña, y logró una visa humanitaria en su destino. Dos hijas, una de 17 años y otra de 15, vivían con ella.

En su cuenta de Twitter, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que espera se haga justicia por el caso y expresó sus condolencias a la familia de la fallecida. “Estoy seguro que el Gobierno Mexicano aplicará todo el peso de la ley a los responsables”.

Por su parte la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, condenó lo sucedido y señaló que “actos como estos no deben quedar impunes”. La Fiscalía de Quintana Roo informó este lunes que abrió una investigación por homicidio e indaga las causas de la muerte de Salazar.

Se detalló que son cuatro policías municipales los que son investigados por la muerte de Salazar: tres hombres y una mujer. La Fiscalía precisó que las huellas dactilares y las pruebas forenses están siendo examinadas en el caso.

“No habrá impunidad para quienes participaron en el fallecimiento de la víctima y se actuará con toda la fuerza de la ley para llevar ante tribunales a quienes sean imputados por estos hechos”, dijo la Fiscalía en un comunicado.

Foto: Twitter

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió a su homólogo venezolano quien este fin de semana se refirió a él como un “traidor y pelele del imperialismo”, en referencia al gobierno de Estados Unidos.

Fue a través de sus redes sociales, donde Bukele respondió a lo expuesto por Maduro en un evento realizado en Cuba. “Más respeto Sr. @NicolasMaduro. Habla de un presidente electo democráticamente, a diferencia suya”, soltó vía Twitter.

Bukele añadió, en su defensa, que en su país “sin estar sobre mares de petróleo, un rollo de papel higiénico no nos cuesta el salario de un mes”.

Y es que Maduro aseguró que da vergüenza como se “desfigura, se derrite” el mandatario de El Salvador frente al imperialismo. Se refirió a Bukele como una persona que llegó a la presidencia de su país como una “esperanza” para el pueblo salvadoreño.

Maduro acusó que de la historia nadie se salva, por lo que dijo, “no te salvas Bukele, te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo”.

El canciller Marcelo Ebrard se reunió hoy con la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, en el marco del lanzamiento del programa Sembrando Vida en ese país, como parte del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica.

La cancillería mexicana aseguró que el programa Sembrando Vida en El Salvador contribuirá al bienestar y a la autosuficiencia alimentaria de las comunidades rurales de ese país y generará empleos sustentables.

A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador resaltó que el Plan de Desarrollo Integral es un esfuerzo que se impulsa junto a México para generar oportunidades a nivel local, trabajar sobre las causas estructurales de la pobreza y desmotivar la migración irregular.

Por su parte la cancillería salvadoreña destacó que la presencia del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en ese país “es una muestra de las excelentes relaciones de amistad entre ambas naciones.

Subrayó que dicha relación quedó evidenciada en el encuentro sostenido el 20 de junio pasado en Tapachula, Chiapas, por los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de El Salvador Nayib Bukele.

En esa fecha, los mandatarios pusieron en marcha el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, cuya primera acción fue la firma de la carta de cooperación bilateral para replicar el programa Sembrando Vida en ese país, para lo cual se trasfirieron 30 millones de dólares.

En su discurso, el presidente Bukele afirmó que “juntos podemos hacer lo imposible”, pues mientras el gobierno anterior de su país resaltó que generaban 20 mil empleos en un año, ahora, gracias al apoyo de “nuestros hermanos de México lo estamos haciendo en un día”.

Este viernes, el canciller Marcelo Ebrard confirmó que tras la reunión con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se acordó que México invertirá 100 millones de dólares para llevar el programa “Sembrando Vida” a Centroamérica.

En conferencia de prensa matutina, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores detalló que México primero contribuirá con 30 millones de dólares a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) a El Salvador y posteriormente se entregaran el resto de los recursos a Guatemala y Honduras.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el despliegue de la Guardia Nacional para atender el tema migratorio está terminado, tal como se había previsto, y anunció que México va a tocar las puertas de países dirigentes, incluido Estados Unidos, para que apoyen el Plan de Desarrollo Integral para el Sur de México y Centroamérica.

Asimismo, el secretario de Relaciones Exteriores destacó los avances de los cinco ejes emprendidos para atander el tema migratorio con Centroamérica, entre los que destacó los encuentros con autoridades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para lograr el respaldo a este programa.

Expuso que “llegó la hora de la verdad, pues invitarán a las naciones que apoyan el Plan a participar de manera más directa, porque México ya está cumpliendo con su compromiso, con acciones como la de ayer, con el inicio de acciones, junto con El Salvador”.