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Una de las preguntas que escucho seguido ante las próximas elecciones es que, con tanta destrucción, ineptitud y agravios a distintas comunidades ¿cómo puede Andrés Manuel López Obrador gozar de la popularidad que demuestran las encuestas y que de alguna forma parece heredar Claudia Sheinbaum?

Esto me ha llevado a revisar el libro de Leon Festinger, Cuando la profecía falló. Festinger era un sociólogo que se infiltró entre los seguidores de una mujer, ama de casa, que vivía en Chicago en los años 50. Se llamaba Marian Keech.

Keech convenció a un grupo de personas que el 21 de diciembre de 1954 caería un gran diluvio que llevaría al fin del mundo. Solamente ella y sus seguidores se salvarían. Así, este grupo decidió renunciar a sus trabajos; vender sus pertenencias y alistarse para esa fecha fatal. Festinger quería ver cuál sería la reacción de los seguidores de Keech una vez que se dieran cuenta que esa profecía no se cumplía. ¿Se enojarían con Keech? ¿La querrían reportar a las autoridades por ser un fraude? ¿Se deprimirían por haber creído una mentira de ese tamaño?

El 21 de diciembre, Keech y sus seguidores escalaron una montaña cerca de Chicago a la cual llegarían, según la profeta, unos platillos voladores a salvar a los creyentes. Solo a ellos. El día se convirtió en noche y llegó el 22 de diciembre. No hubo diluvio. No llegaron los platillos voladores.

Y ¿qué hicieron los seguidores de Marian Keech? No se enojaron. No se deprimieron. Justificaron la falla de la profecía diciendo que ellos habían sido creyentes tan fervientes que sus plegarias salvaron al planeta del diluvio y por lo tanto ya no fue necesario el rescate de los platillos voladores.

Festinger llamó a esto disonancia cognitiva que es cuando ajustamos nuestras creencias para que éstas o las ideas que nos formamos en nuestra mente se adapten a la realidad. No es un desdén por la realidad. Es un acomodo. Al ver esta disonancia cognitiva en acción entre los seguidores de Keech, Festinger concluyó que pretender cambiar la visión de los fieles es una tarea prácticamente imposible.

De alguna forma, esta conclusión sociológica me lleva a pensar en una explicación alterna al perdón y al teflón que goza el presidente. López Obrador pudo haber hecho de México un mucho mejor país con el bono de seguidores con el que llegó a gobernar y con la cantidad de problemas que había por resolver. Termina el sexenio como un presidente que destruyó mucho y que lo que construyó (Tren Maya; Dos Bocas; AIFA; Mexicana de Aviación) serán elefantes blancos que desde ya están siendo costosísimos para el erario.

En un país con tantas necesidades, la destrucción del actual sexenio es aún más indignante. Esa es la realidad que vivimos millones de mexicanos cuando no gozamos de seguridad; infraestructura ni servicios de educación y salud de calidad.

Pero existe esto de la disonancia cognitiva y entonces, el presidente puede seguir diciendo que su gobierno ha sido la Cuarta Transformación. El 2 de junio sabremos qué tan potente es su base de fieles seguidores.

Columna completa en El Universal

El “gran año electoral”, como se refiere el Fondo Monetario Interacional al 2024, cuando casi la mitad de la población del mundo acudirá a las urnas, podría tener consecuencias fiscales en muchos países, debido al aumento del gasto público, alertó un responsable del organismo.

En entrevista con la agencia AFP, el encargado de políticas presupuestarias del FMI, el ex ministro de Finanzas de Portugal Vitor Gaspar, recordó que la política presupuestaria es, ante todo, política, y “este año es un año perfecto para ilustrarlo”.

“La Historia sugiere y los datos empíricos confirman que los Estados gastan más y ponen menos impuestos en año de elecciones. El estudio que realizamos” sobre años anteriores a elecciones “muestra que los déficits públicos son más altos de lo previsto, en promedio 0,4% del PIB, en los años electorales”, detalló Gaspar.

La diferencia de este año es que las elecciones ocurren luego de varias crisis mayores, como la pandemia de COVID-19, que llevaron a los Estados a financiar por distintas vías sus economías.

Pero, en medio de un aumento de la tasa de interés para luchar contra la inflación, los gobiernos deben encontrar espacio fiscal para funcionar y responder al mismo tiempo a sus vencimientos, con costos de deuda que aumentaron.

Por ello, el FMI recomendó a los gobierno que eviten que los déficits de las finanzas públicas aumenten, cosa que puede ocurrir con mayor probabilidad en año electoral, sostuvo Gaspar.

2024 ha sido definido por diversos expertos como el año del “tsunami electoral”, pues habrá alrededor de 80 elecciones, entre generales, legislativas y locales en más de 75 países, algo que no se repetirá hasta el 2048.

Como bien apunta el FMI, más de 4 mil 200 millones de personas votarán, lo que significa que más de la mitad de la población mundial acudirá a las urnas.

Este año hay procesos en países clave del panorama internacional, como Estados Unidos, China, India, la Unión Europea y Rusia, donde el Presidente Vladimir Putin consiguió un nuevo mandato. Hay otras elecciones como las de Indonesia, Taiwán, Ucrania, Reino Unido, el Parlamento Europeo, Panamá, Uruguay y México.

Y aunque el tsunami electoral parecería un triunfo de la democracia, puede no serlo tanto. Muchas elecciones afianzarán a gobernantes antiliberales. 

La contienda más importante, la elección presidencial de Estados Unidos, será tan polarizadora que ensombrecerá la política global. En un contexto de conflicto, desde Ucrania hasta Oriente Medio, la dirección futura de Estados Unidos, y con ella el orden mundial, estará en juego. Será un año estresante y peligroso.

La cifra de candidatos que han solicitado protección del Gobierno federal se elevó a 273, según reveló este martes la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

La secretaria aseguró en la conferencia matutina de Palacio Nacional que “de parte de la Guardia Nacional y el Ejército hay atención para todas y cada una de las solicitudes”, aunque aclaró que al final 23 aspirantes declinaron la protección, por lo que en total suman 250 candidatos con seguridad federal.

“Estamos haciendo el procedimiento cada vez más rápido para brindar la seguridad necesaria y de forma inmediata. Con este mecanismo, hasta el 15 de abril, hemos podido atender la totalidad de las solicitudes de protección que nos han llegado y que son 273, sin rechazar solicitud alguna”, sostuvo.

La titular de la SSPC indicó que son 15 los aspirantes que han sido asesinados en lo que va del proceso electoral, el cual concluye con la jornada electoral del próximo 2 de junio.

Sin detallar el partido, Rodríguez precisó que el Gobierno reconoce el asesinato de una candidata, el homicidio de cinco precandidatos y las muertes de nueve aspirantes, es decir, de personas que habían expresado su intención de contender, pero que no concretaron su registro formal.

“La Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías locales están a cargo de las investigaciones para que haya justicia. El Gobierno de México trabaja de forma permanente y coordinada con todas las dependencias y órdenes de Gobierno”, señaló.

La cifra oficial de homicidios electorales del Gobierno de México está por debajo de las estimaciones de organizaciones ciudadanas, como la consultora Data Int, que contabiliza 28 asesinados, mientras que Data Cívica reportó 15 el primer trimestre de 2024 y 11 en la segunda mitad de 2023.

El Gobierno federal ofrece protección a los candidatos a diputados federales, a senadores, a gobernadores y a los tres aspirantes a la presidencia, la oficialista Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.

“(Quiero) decirles a quienes participan en este proceso electoral que las autoridades de los tres niveles de Gobierno continuamos en la atención de sus requerimientos de seguridad para hacer efectivo el derecho de la población de elegir a sus autoridades en un ambiente de paz y tranquilidad”, indicó Rodríguez.

Añadió que por instrucción del presidente, se eliminó el análisis de riesgo en las solicitudes de protección de candidatos que anteriormente se contemplaba como parte del mecanismo de protección, el cual evaluaba el nivel de riesgo que se tenía.

En ese sentido, la funcionaria dijo que “la protección es ágil, inmediata, sin pretextos y sin burocracias”.

En medio de su campaña electoral para la elección presidencial de noviembre próximo, el lunes comienza el esperado juicio por el pago para evitar un escándalo sexual a Donald Trump, el primer expresidente estadounidense en sentarse en un banquillo de la justicia penal.

A poco menos de siete meses para la jornada electoral, el multimillonario republicano se enfrenta a una pena de prisión, una situación sin precedentes que plantea muchos interrogantes sobre la campaña y su probable duelo con el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden.

Trump está citado en el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York a partir de las 09:30 de la mañana hora local del lunes 15 de abril para responder de las acusaciones de falsificación de documentos comerciales de la Organización Trump, su empresa familiar.

Según la acusación, el republicano ocultó el pago de 130,000 dólares en la recta final de la campaña presidencial de 2016 a la exactriz porno Stormy Daniels para que callara una relación sexual extramatrimonial que habían mantenido diez años antes y que Trump siempre ha negado.

Ni la relación extramatrimonial ni el pago a Daniels son un delito, pero sí lo es haber intentado presuntamente falsificar documentos de su empresa familiar para no declarar el reembolso de la cantidad inicialmente pagada de su propio bolsillo por su entonces abogado personal, Michael Cohen, actualmente su enemigo.

Para el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, fue “una conspiración para amañar las elecciones presidenciales, y mentir en documentos comerciales para encubrirlo”. La defensa de Trump sostiene que los pagos respondieron a un intento de extorsión por parte de Daniels.

La fiscalía pretende demostrar que Trump orquestó otros dos pagos para encubrir asuntos embarazosos con el fin de engañar a los estadounidenses de cara a las elecciones presidenciales de 2016 contra la demócrata Hillary Clinton.

Acusado hace un año por este caso de 34 cargos por “falsificación de documentos contables”, cada uno de ellos castigado con hasta 4 años de cárcel, Trump se declara inocente y se siente víctima de una “cacería de brujas” de los demócratas para impedirle volver a la Casa Blanca.

Este caso está considerado por los expertos como el más débil de los cuatro procesos penales que pesan sobre Trump. Pero puede suponer una piedra en su camino electoral, ya que los otros tres, vinculados a sus intentos presuntamente ilegales de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, se han retrasado tanto debido a los múltiples recursos presentados de su equipo legal.

Es poco probable que se por los otros casos se le juzgue antes de las elecciones del 5 de noviembre.

Si todo marcha según lo previsto, el juicio por este caso comenzará el lunes 15 con la selección de los 12 miembros del jurado, un proceso que puede prolongarse hasta dos semanas. Estos ciudadanos, que se mantendrán en el anonimato por razones de seguridad, dictarán la suerte del multimillonario republicano al término de un proceso que puede durar entre seis y ocho semanas.

Las consecuencias del juicio son difíciles de predecir. Según varias encuestas, un parte de los electores estadounidenses (el 32% según una de Ipsos realizada en marzo) aseguraron estar menos inclinados a votar por Trump si es declarado culpable.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró esta mañana la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE), de rechazar la petición de la candidata presidencial de oposición Xóchitl Gálvez de cancelar las conferencias de prensa matutinas, luego de que acusara que violan la equidad de la contienda.

“Lo importante es que reconocen que no pueden prohibir las mañaneras porque se trataba de una aberración”, respondió al ser cuestionado sobre el tema.

AMLO ocupó el tema para señalar que la oposición de “estar desesperada” rumbo a las elecciones del 2 de junio por su intento de prohibir las conferencias diarias del mandatario, conocidas como ‘mañaneras’.

“Es que están muy desesperados, no sé qué les estará pasando, pero son actos desesperados, irracionales, están cometiendo muchos errores”, añadió.

Gálvez, quien se ha mantiene en segundo lugar en las encuestas, ha venido pedido de manera reiterada prohibir las conferencias del mandatario con el argumento que viola la legislación electoral, que restringe las expresiones de los funcionarios durante las campañas.

La oposición alega que López Obrador usa sus conferencias, que duran cerca de tres horas diarias, para presumir sus logros de Gobierno, para atacar a sus adversarios y para promover las aspiraciones de su candidata, Claudia Sheinbaum, lo que la normativa prohíbe.

Sin embargo, el mandatario consideró que “es una vergüenza que soliciten la cancelación de una conferencia donde se está haciendo valer el derecho del pueblo a la información”.

“Es un acto además de censura, es querer callarnos, silenciarnos, cuando la democracia es debate, es diálogo”, lanzó.

Aunque el INE rechazó la posibilidad de cancelar las conferencias, la dirigencia nacional de Acción Nacional advirtió que buscarán la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“En las dictaduras no se puede hablar, en la democracia se tiene que garantizar la libre manifestación de las ideas, el derecho a disentir, el derecho de réplica, es la libertad, en una palabra. No se puede cancelar la libertad”, añadió López Obrador.

La Iglesia católica anunció que sostendrá una segunda reunión con los tres candidatos presidenciales para abordar su visión de país de cara a las elecciones del próximo 2 de junio.

Así lo informó monseñor Ramón Castro Castro, quien reveló que el encuentro sucederá como parte de la Asamblea Plenaria CXVI, que concentrará durante cinco días a todos los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) en el país.

“Del 8 al 12 de abril, todos los obispos de México estarán reunidos en la Asamblea Plenaria CXVI”, indicó la CEM en su cuenta de X.

El objetivo, añadió el episcopado mexicano, “será trazar con esperanza el camino de la paz ante la creciente violencia” en México y “difundir los principios del Evangelio, caminando juntos hacia el Jubileo 2025”.

Monseñor Castro dijo que el encuentro, que se realizará en la sede de la CEM en el Estado de México, servirá a los obispos mexicanos para reflexionar y discernir sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan como iglesia.

“Van a venir a visitarnos los aspirantes a la presidencia, los tres, es un momento importante de nuestra historia”, añadió.

La primera en ser recibida por los obispos será la candidata de la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, quien llegará este miércoles por la mañana. Alrededor del mediodía, la candidata de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, llegará a Casa Lago, la sede nacional de la CEM.

La reunión con el también opositor del Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, está programada en la Asamblea Plenaria del jueves.

Esta será la segunda ocasión que la Iglesia católica en México se reúne con los candidatos a la presidencia, pues recordemos que el pasado 11 de marzo los convocó a firmar el Compromiso por la Paz, una lista con 117 iniciativas enfocadas a combatir la violencia propuestas por la CEM.

Este fin de semana, la Iglesia pidió a los candidatos presidenciales evadir una guerra de “dimes y diretes” y acusaciones durante el primer debate y advirtió que la persona electa en la más grande elección en la historia mexicana del próximo 2 de junio deberá triunfar sin haber caído en “una guerra sucia”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este viernes que dejen al pueblo de Venezuela votar “en libertad” en los comicios presidenciales del próximo 28 de julio.

El llamado que hizo fue interpretado como un espaldarazo al Gobierno de Nicolás Maduro, pues rechazó opinar sobre la inhabilitación de opositoras como María Corina Machado o el bloqueo a la inscripción de Corina Yoris.

“Ojalá y haya democracia y se celebren en paz las elecciones y ya, y que dejen al pueblo venezolano en libertad para que elijan”, expresó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

El mandatario dijo no querer opinar más, en contraste con líderes de la izquierda latinoamericana, como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien afirmó la semana pasada que los impedimentos para la inscripción de Yoris son “graves”.

Por su parte, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, calificó la inhabilitación de Corina Machado como un “golpe antidemocrático”.

López Obrador además se dijo víctima de una guerra sucia, pues recordó que cuando compitió por la presidencia en 2018, sus opositores aseguraban que el país se convertiría en Venezuela.

“Decían que nos íbamos a volver Venezuela. Hay que tener respeto a los pueblos, a los países, a todos los pueblos y también a los dirigentes”, zanjó.

También apuntó que en su campaña por la presidencia en 2006 lo comparaban con el fallecido Hugo Chávez.

“Recuerdo muy bien en la campaña de 2006 con la guerra sucia sacaban imágenes del finado Chávez vinculándolo conmigo y se presentaban denuncias al INE y saben que no bajaban los mensajes hasta 15 días después”, reclamó.

Recordemos que María Corina Machado fue inhabilitada por el Gobierno de Maduro para presentarse en los comicios del 28 de julio, aunque ha pedido ayuda a diversos países y a la Unión Europea para lograr unas elecciones “libres y justas”.

La política opositora afirma que Maduro ha violado el Acuerdo de Barbados firmado por el Gobierno y la oposición, el cual busca ser una herramienta para lograr un voto libre en julio.

La oposición venezolana ha luchado para definir un candidato que enfrente en las elecciones a Maduro, después de que se ha prohibido a diferentes posibles candidatos registrarse como tal.

De visita en el Estado de México, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que durante su eventual gobierno, contrario a lo que aseguran sus detractores, seguirán y se mejorarán los programas sociales.

La aspirante presidencial dijo que los programas sociales están en la Constitución y no pertenecen a ningún partido político.

“Es importante que le digan a las personas que no vamos a quitar los programas sociales. No vamos a quitar los programas sociales. No hay manera. Ese es un chisme que se echa Morena. Ayúdenme a decirle a la gente que Morena se va, los programas sociales se quedan”, dijo.

Gálvez Ruiz aseguró que la Pensión para Adultos Mayores ahora iniciará a los 60 años, además de que se les entregarán más apoyos como prótesis dentales, aparatos auditivos, tratamientos y medicinas.

En cuanto al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, dijo que se mejorará y cambiará de nombre a Sí-Sí, sí estudio y sí trabajo, donde los jóvenes que reciban esta beca van a tener la oportunidad de estudiar programación, inglés y alguna competencia laboral para que salgan adelante.

Además, dijo, impulsará una Beca Universal para que desde la primaria hasta la preparatoria los niños y adolescentes que estudian en escuelas públicas y privadas reciban un apoyo económico.

Señaló que su proyecto de país contempla que regrese el nuevo Seguro Popular, además de que se creará un mecanismo para que si el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no entregan las medicinas, los usuarios puedan ir a la farmacia más cercana a recibir sus medicamentos.

Recordemos que en las últimas semanas, Xóchitl Gálvez ha pedido al Instituto Nacional Electoral (INE) eche a andar una campaña para comunicar a todos los mexicanos que los programas sociales no le pertenecen a Morena.

Y es que ha indicado que el Gobierno federal se aprovechan de los programas sociales para condicionar el voto a favor de Morena y su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.

Recordaron que la mayoría de beneficiarios de los programas sociales no piensan que son un derecho, sino que hay un gran benefactor que se los regala por generosidad: el Presidente.

¿El clientelismo se pelea con la democracia? En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Ma. Amparo Casar, analista política, sobre los programas sociales y las elecciones.

Ecuador pidió este jueves a la embajadora de México en Quito abandonar el país al declararla “persona non grata”, tras las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre las últimas elecciones ecuatorianas en las que fue asesinado un candidato.

El gobierno consideró “muy desafortunadas” las declaraciones del mandatario mexicano cuando cuestionó la supuesta manipulación de los medios de comunicación para “crear un ambiente enrarecido de violencia” que, según él, terminó afectando a la candidata izquierdista Luisa González, rival del actual presidente Daniel Noboa.

La Cancillería resolvió “declarar ‘persona non grata’ a la Embajadora de México en Quito, Raquel Serur Smeke”, según un comunicado.

La decisión “implica que la Embajadora debe abandonar el país en breve plazo”, aunque no se rompen las relaciones diplomáticas, precisó el ministerio.

El miércoles pasado, López Obrador aseguró que en las elecciones de Ecuador, el magnicidio del centrista Fernando Villavicencio en agosto hizo que cayera la intención de voto de González, que lideraba las encuestas.

Ella “queda después de este asesinato como sospechosa, sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles porque imagínense a todos los medios, pero ella sigue y sigue y sigue”, dijo el presidente.

Una “segunda etapa”, según López Obrador, fue “crear un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos -y esto lo difunden todos los medios- con chalecos (antibalas) a los debates, pero todo armado” por la prensa.

Recordemos que la primera vuelta de los comicios en agosto de 2023 y el balotaje en octubre se desarrollaron bajo un clima de miedo por la arremetida de bandas narco.

“Pues no ganó la candidata (González) y lo más lamentable es que continúa la violencia”, insistió.

Apoyado por fuerzas de derecha y autoproclamado de centroizquierda, Noboa llegó al poder a sus 35 años como el presidente más joven en la historia de Ecuador tras el retorno a la democracia. Hijo de un magnate, ha denunciado amenazas de muerte desde su campaña política y suele usar chaleco antibalas en eventos públicos.

González era la candidata del partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), prófugo y sentenciado a ocho años de cárcel por corrupción. El popular exmandatario había sido duramente criticado por Villavicencio.

El candidato murió baleado tras un mitin de campaña en el norte de Quito en vísperas de los comicios del 20 de agosto. Siete personas fueron detenidas por el crimen, pero fueron asesinadas en prisión.

“Ecuador se encuentra aún viviendo el luto por ese lamentable hecho que causó conmoción en la sociedad ecuatoriana y atentó contra la democracia, paz y seguridad”, indicó la cancillería.

En la legación mexicana en Quito está refugiado el exvicepresidente Jorge Glas, afín al correísmo y acusado de desviar fondos públicos. En los últimos años, México otorgó asilo o refugio a otros exfuncionarios del gobierno de Correa como el excanciller Ricardo Patiño y los diputados Soledad Buendía, Carlos Viteri y Gabriela Rivadeneira.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó esta semana que, por primera vez, implementará la interpretación simultánea de los debates presidenciales en maya, náhuatl y tsotsil.

Rumbo a la elección del 2 de junio, el INE, órgano encargado de los comicios, definió a mediados de enero que llevarán a cabo tres debates presidenciales, el primero el próximo 7 de abril, el segundo el 28 de abril y el tercero el 19 de mayo.

La autoridad electoral dijo que el objetivo de esta iniciativa es garantizar los derechos a la información y político-electorales de las personas indígenas de México.

El INE dijo que de acuerdo con criterios del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), el maya y el náhuatl son las dos lenguas indígenas nacionales más habladas y, junto al tsotsil, son de las que cuentan con mayor población monolingüe en el país.

La transmisión de los debates se harán “interpretados simultáneamente en estas tres lenguas”, en el canal de YouTube del INE, así como en sus redes sociales y su página de internet.

En términos de producción, explicó, “la interpretación simultánea consiste en trasladar literalmente contenidos de una lengua a otra, mediante un intérprete/traductor que es el agente bilingüe que tiene como labor ser el enlace entre el texto original (oral o escrito) y su recreación a otra lengua”.

El INE precisó que para los tres debates presidenciales se utilizará esta modalidad, “procurando que sea lo más fiel posible a los planteamientos de cada una de las candidatas y el candidato, así como de las y los moderadores”.

“La experiencia de las y los intérpretes seleccionados asegura su absoluta imparcialidad, claridad y objetividad”, enfatizó la autoridad electoral.

Para difundir los ejercicios entre las personas hablantes de lenguas indígenas, se llevará a cabo la grabación de seis cápsulas promocionales traducidas en las lenguas indígenas: maya, mixteco, náhuatl, ralámuri, tsotsil y wixárica.

Claudia Sheinbaum, quien lidera las encuestas, abanderada la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, PT y Partido Verde, compite contra los opositores Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por el PAN, PRI y PRD; y con Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC).

Un día después del asesinato de la candidata de Morena al municipio de Celaya, Guanajuato, la organización Laboratorio Electoral dio a conocer su actualización sobre el recuento de violencia política, en medio de las elecciones en el país.

Son 42 víctimas, 34 eran aspirantes a un cargo de elección popular, funcionarios actuales o políticos, considerando el inicio formal del actual proceso electoral (7 de septiembre); mientras que el resto eran familiares, según detalló el ‘Segundo reporte preliminar de violencia electoral del proceso 2023-2024’.

Pese a ello, el reporte considera los asesinatos desde junio 2023, con lo que se reportan 52 asesinatos. Bajo esa cifra, ya se superan los 43 homicidios de los anteriores comicios presidenciales de 2018.

La organización considera los asesinatos desde junio de 2023, cuando terminaron las elecciones locales del Estado de México y Coahuila, pues fue esa fecha cuando los políticos comenzaron a revelar sus aspiraciones.

En total, se han registrado 156 agresiones a personas relacionadas con los comicios, en las que, además de los asesinatos, hay nueve secuestros, 22 atentados y 75 amenazas.

Los partidos con mayor número de aspirantes asesinados son Morena con nueve, y Acción Nacional con cinco.

La investigación halló que los meses con mayor cantidad de asesinatos han sido julio, octubre, enero, febrero y marzo.

“El incremento de casos en los últimos tres meses ha sido del 150%, lo que deja ver que estamos ante una espiral de violencia que coincide con la conclusión de las precampañas y el registro de candidaturas a nivel local”, advirtió.

El documento identificó que los estados con más casos de violencia electoral son Guerrero, Veracruz y Michoacán.

El reporta contrasta la cifra dada este martes por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que reconoció el asesinato de 15 aspirantes en el actual proceso electoral. Además confirmó haber recibido más de cien solicitudes de candidatos que buscan protección de la violencia.

La organización señaló que “en la mayoría de los casos de amenazas e intimidación no se dan a conocer los nombres o los cargos por miedo, y en casi ningún caso se ha informado a las autoridades electorales de estas situaciones”.

El Gobierno federal reconoció este martes el asesinato de 15 aspirantes en el actual proceso electoral, rumbo a la jornada del próximo 2 de junio, que inició de manera formal el 1 de octubre.

El Gobierno indicó que ha recibido más de 100 solicitudes de candidatos que buscan protección ante el riesgo de violencia.

De las víctimas, solo dos se habían registrado ya como candidatos oficiales ante las autoridades electorales, cinco eran precandidatos y ocho eran aspirantes, es decir, solo habían expresado su intención de buscar un puesto, según detalló la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

“En el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estamos comprometidos con la protección de candidatos de los distintos puestos de elección popular, por eso hay un trabajo, un plan para protegerlos y para tener presencia de la Guardia Nacional en aquellas zonas donde existe una problemática de inseguridad”, dijo.

Esta es la primera cifra oficial de homicidios relacionados a temas electorales del Gobierno de México, cuyo conteo está por debajo de las estimaciones de organizaciones, como la consultora Data Int, que contabiliza 28 asesinados, mientras que Data Cívica reportó 10 el primer bimestre de 2024 y 11 en la segunda mitad de 2023.

Rodríguez aseguró que el Gobierno tiene una estrategia conjunta con el Instituto Nacional Electoral (INE) para proteger a los candidatos federales que no demora más de 72 horas en aprobarse y ponerse en marcha.

Aún así, dijo que “hasta el 1 de abril contamos con 108 solicitudes de protección, 86 de las cuales han sido atendidas, 10 fueron declinadas y 12 se encuentran en análisis de riesgo”, detalló la funcionaria.

Las peticiones, precisó, incluyen a los tres candidatos a la presidencia, siete aspirantes a gobernador, 27 al Senado y 71 a diputados.

De las solicitudes, 34 han sido de candidatos de partidos aliados del oficialismo y el resto de la oposición, según una gráfica que exhibió la secretaria.

“El Gobierno está pendiente de todas las peticiones de candidatos, candidatas y partidos, para que sean atendidas de manera inmediata y el proceso electoral se lleve a cabo de manera pacífica”, sostuvo la secretaria de Seguridad..

La titular de la SSPC recordó que el Gobierno federal protege con elementos de la Guardia Nacional a candidatos a un cargo federal y a gobernadores, mientras que “los gobiernos estatales y municipales hacen lo propio con quienes aspiran a puestos de elección popular del carácter local”.

Este primer reporte del Gobierno federal llega a un día de que fuera asesinada la candidata de Morena al municipio de Celaya, Guanajuato, quien fue atacada a balazos luego de uno de sus primeros eventos de campaña.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este martes que la transición del poder y las elecciones serán “tersas” pese a la violencia electoral.

“Esta transición va a ser muy tranquila, tersa, no va a haber ningún problema y también diría la elección”, expresó el mandatario en su conferencia matutina.

López Obrador sostuvo que “hay diferencias importantes” entre la situación política y de violencia actual ante los sexenios anteriores, por lo que garantizó la estabilidad de la transición cuando deje la presidencia el 1 de octubre próximo.

“Una diferencia es que ya no predomina la asociación delictuosa como era antes, entre la delincuencia y la autoridad, ahora se no permite la impunidad y no establecemos relaciones de complicidad con nadie”, aseguró.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó este martes que es “un día triste” por el asesinato de Bertha Gisela Gaytán, candidata de Morena en el municipio de Celaya, en Guanajuato.

“Es un día triste porque ayer asesinaron a la candidata a presidenta municipal de Celaya, Guanajuato, Bertha Gisela Gaytán, y estos hechos son muy lamentables porque hay gente que está luchando para hacer valer la democracia, que está en la calle, dando la cara, luchando por otros”, declaró el mandatario en su conferencia diaria.

AMLO lamentó la agresión que ocurrió el lunes, cuando Gaytán murió asesinada a balazos tras su primer mitin de campaña en la comunidad de San Miguel Octopan, a 10 kilómetros de la cabecera municipal de Celaya.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que abrió una investigación por el homicidio de la candidata y el ataque que dejó tres personas heridas, aunque aún no adelantó hipótesis sobre el crimen.

“Duele mucho que esto suceda en nuestro país y en cualquier parte, quiero enviar un abrazo muy afectuoso, solidario, mi pésame a los familiares de Bertha Gisela, a todos sus amigos, compañeras, compañeros”, comentó López Obrador.

El crimen elevó la tensión entre Morena y Acción Nacional, que tiene en Guanajuato su mayor bastión político.

La candidata de Morena a gobernadora de Guanajuato, Alma Alcaraz, responsabilizó del ataque a las autoridades del estado, que dijo, tienen manchadas las manos de sangre.

“Queda demostrado por desgracia, en sangre propia, en sangre de gente de Morena, una vez más, que tenemos un estado fallido y que este estado tiene que tener un cambio y que de ninguna manera amigas y amigas, de ninguna manera pueden continuar en el cargo quienes tienen manchadas las manos de sangre; que no les ha importado absolutamente nada. Estamos en un estado que le ha fallado al pueblo, que ha fracasado”, dijo la candidata a la gubernatura en un acto ayer lunes.

En tanto, el actual gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, prometió que “no quedará impune el cobarde ataque”.

Además de unirse a las condolencias, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, utilizó el tema para lanzar un mensaje político.

El morenista dijo que es necesario detener la ola de violencia que azota a las y los guanajuatenses desde hace años, y que “hoy apagó la llama de una mujer extraordinaria que soñaba con escribir ‘un nuevo capítulo con todas y todos los Celayenses unidos por un futuro mejor'”.

Con el asesinato de Gaytán, suman 28 aspirantes asesinados en el proceso rumbo a las elecciones del 2 de junio, según la consultora Data Int, que contabiliza 98 homicidios relacionados con los comicios al considerar familiares de candidatos y funcionarios públicos.

El homicidio de Gaytán es uno de los mayor perfil hasta ahora, pues Celaya es la tercera ciudad más poblada de Guanajuato, estado que ocupa el primer lugar en homicidios a nivel nacional.

El Consejo Supremo Electoral de Turquía ha confirmado este lunes la victoria de la principal formación política opositora, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), en los comicios locales de ayer, con una ventaja de algo más de dos puntos sobre el Partido Justicia y Desarrollo (AKP) del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

El presidente del Consejo, Ahmet Yener, ha confirmado este lunes ante los medios que el CHP se ha impuesto en 35 provincias, con victorias en plazas clave como Ankara y Estambul, mientras que el AKP se ha tenido que conformar con 24, si bien gobernará en un total de 324 ayuntamientos, más que su rival directo.

El presidente de la comisión electoral ha destacado en su mensaje de este lunes que “las elecciones concluyeron sin problemas”, con una tasa de participación del 78.11%, lejos del 84% registrado tanto en las locales de 2019 como en las presidenciales de 2023.

La sonada derrota del partido AKP del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en las elecciones municipales de este domingo se debe a dos factores: la pérdida del bienestar económico y, paradójicamente, el auge del islamismo.

En una intensa campaña electoral, Erdogan se implicó a fondo en estas elecciones, destacando siempre la crucial importancia de reconquistar la alcaldía de Estambul para su partido, el gobernante AKP (islamista), tras haberla perdido en 2019.

Pasó entonces a manos del mayor partido de la oposición, el socialdemócrata CHP, cuyo candidato, Ekrem Imamoglu, se convirtió en alcalde. Ayer fue reelegido con 11 puntos de ventaja sobre su rival, Murat Kurum, el candidato del partido de Erdogan.

La clara victoria de Imamoglu se interpreta por lo tanto como un fracaso personal de Erdogan y su política nacional.

El CHP no solo se ha hecho con las alcaldías de 35 capitales de provincia, frente a 24 del AKP, sino que se ha colocado como primer partido del país, superando a su rival en un millón de votos, casi 2 puntos, y conquistando varios bastiones del AKP.

Según diversos especialistas, el principal motivo del cambio que mostraron los electores en las urnas es el deterioro de las condiciones económicas de la vida de importantes capas de la sociedad, con una inflación del 67% interanual.

Ya en las elecciones generales de mayo pasado, la oposición esperaba que el mal desempeño de la economía le pasara factura al AKP, pero entonces Erdogan consiguió mantener una mayoría del 52.2%, cercana a su techo electoral.

Cierta mejora en los datos económicos desde entonces no son tangibles para muchas familias que están gastando sus últimos ahorros y sienten la crisis cada día más.

Los funcionarios del AKP se han vuelto arrogantes y ya no conectan con el pueblo”, algo que ha contribuido a la bajada de la participación electoral, que ha sido del 78. %, seis puntos menos que en las municipales del 2019.

El creciente autoritarismo de Erdogan y su discurso cada vez más islamista es otro elemento que ha jugado en contra de la formación que gobierna Turquía desde 2002, impulsando a “muchos nacionalistas, conservadores y kurdos” a optar por un voto que frene al AKP.

También ha contribuido el avance del partido islamista Yeniden Refah (YRP), dirigido por Fatih Erbakan, hijo de Necmettin Erbakan, el fundador del primer partido islamista turco y mentor de Erdogan en los inicios de su carrera política.

El apoyo popular al YRP, que reivindica un islamismo más “puro” y “moral” que el de Erdogan, subió hasta el 6.2% desde el 2% obtenido en las parlamentarias de mayo.

Los analistas coinciden en que la derrota sufrida por el AKP en estas municipales pone fin a una eventual aspiración de Erdogan a un nuevo mandato en las elecciones presidenciales programadas para 2028, actualmente hipotética pues la Constitución le veta una nueva candidatura.

Tanto para someter a referéndum una reforma constitucional como para unas elecciones anticipadas decididas por el propio Parlamento, único caso en el que se permite un tercer mandato del presidente, se necesitan tres quintos de los votos del Congreso, 360 de los 600 escaños; la coalición de Erdogan solo tiene 323 diputados.

Nadie duda de que Imamoglu usará la alcaldía de Estambul como trampolín para conquistar la presidencia del país en los próximos comicios, como ya lo hizo el propio Erdogan, alcalde de Estambul entre 1994 y 1998.

La coalición opositora Fuerza y Corazón por México presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en la que acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de interferir en las campañas rumbo a las elecciones del 2 de junio.

La denuncia interpuesta por las representantes del PAN, PRI y PRD, sostienen que el mandatario incurrió en violaciones a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda electoral.

Recordemos que el pasado 7 de septiembre comenzó de forma oficial el proceso electoral 2023-2024, el más grande en la historia del país, donde se disputarán más 20 mil cargos públicos, incluida la presidencia, 500 diputados, 128 senadores y nueve gobiernos estatales.

En ese sentido, los líderes de la oposición indicaron el presidente incurrió en nuevos actos de intervención en los procesos electorales, pese a sanciones interpuestas por la autoridad electoral.

Y es que esta semana, en la sesión del Consejo General del INE, se aprobó por unanimidad, el retiro de los vídeos de las conferencias matutinas del presidente correspondientes a los días 2, 6, 7 y 8 de febrero, así como del 4 y 6 de marzo, por considerar que vulneraban la neutralidad en la actual contienda electoral.

Por ello, la alianza opositora señaló que el mandatario mexicano “intervino -de facto- nuevamente en los procesos electorales en curso, mostrando un evidente apoyo a las candidaturas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena)”.

La nueva queja hace referencia a lo manifestado por López Obrador en su conferencia de este lunes, cuando mostró su apoyo a los presuntos avances en el Gobierno de la Ciudad de México, que antes gobernaba la actual candidata presidencial del oficialismo Claudia Sheinbaum.

AMLO resaltó, en específico, logros en la alcaldía Iztapalapa, demarcación interna de la capital que lideraba la ahora candidata a la jefatura del Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada.

Por esta razón, los partidos opositores sostienen que el presidente “hace referencia a los gobiernos de Morena, con lo que de forma implícita promociona a dicho instituto político, utilizando los recursos del Estado con los que cuenta”.

La coalición Fuerza y Corazón por México pidió al INE analizar la conferencia y determinar el grado de vulneración a las leyes electorales, que impiden a los funcionarios públicos promover el voto y vulnerar la equidad del proceso.

Sugirieron eliminar el fragmento de la conferencia donde el mandatario hace estos comentarios, una medida que ya ha tenido que acatar el presidente en diversas ocasiones.

El expresidente catalán Carles Puigdemont, quien reside  en Bélgica desde 2017, anunció este jueves que se presentará como a las elecciones regionales de Cataluña del próximo 12 de mayo, encabezando a Junts.

Puigdemont, que huyó de España en 2017 tras la fracasada declaración unilateral de independencia de Cataluña, anunció su candidatura desde la localidad francesa de Elna, a escasos kilómetros de la frontera española, acompañado por los principales dirigentes de su partido.

El líder independentista anunció que se presenta “a la restitución de la presidencia” del Gobierno catalán y para “culminar el proceso de independencia que se inició en 2017”, cuando él era el presidente del Ejecutivo de Cataluña.

Tras fracasar la declaración unilateral de independencia, Puigdemont huyó de España y el Gobierno español aplicó un artículo de la Constitución española por la que el ejecutivo catalán fue destituido y posteriormente se convocaron nuevas elecciones.

Puigdemont, que en la actualidad es diputado en el Parlamento Europeo, renunciará así a renovar su escaño en la Eurocámara para aspirar a la presidencia catalana.

Su vuelta a la política en España se da en un momento en el que él junto a otras personas implicadas en el proceso independentista, están pendientes de la amnistía que el Congreso español aprobó este mes, pero que todavía no ha entrado en vigor a la espera de concluir en apenas dos meses todos los trámites parlamentarios.

La amnistía fue una condición de Junts y de ERC para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, ya que su partido no tiene mayoría en el Congreso.

Las elecciones del 12 de mayo son fruto de un adelanto electoral aprobado por el actual ejecutivo, presidido por el también partido independentista ERC, que se encuebtra en minoría parlamentaria después de haber perdido el apoyo de Junts.

En el actual parlamento catalán el partido de Puigdemont es la tercera fuerza política, tras los socialistas y ERC.