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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó el uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza de uno de los miembros de la Secretaría de Marina (Semar) en contra una persona que murió en Tabasco en marzo pasado.

El organismo autónomo reportó que la queja se presentó el pasado 10 de marzo por un familiar que aseguró que la víctima se transportaba en una motocicleta cerca de las vías del ferrocarril en Huimanguillo, en la región de Chontalpa, cuando el personal de la Semar le marcó el alto.

El sujeto hizo caso omiso, por lo que de inmediato uno de los miembros de la Semar le disparó por la espalda, “provocando que cayera al suelo y perdiera la vida en el lugar”, según la denuncia.

“Personal de este organismo autónomo obtuvo evidencias testimoniales y documentales con las que se pudo determinar que la persona servidora pública señalada como responsable incurrió en uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en contra de la víctima”, resolvió la CNDH.

Además, la Comisión confirmó la violación a los derechos humanos a la familia y al sano desarrollo, en agravio de cuatro personas, familiares directos de la persona fallecida, quienes resultan ser víctimas indirectas del deceso.

Apuntó que el involucrado dejó en estado de indefensión a la víctima, pues no agotó las acciones “menos lesivas para lograr su cometido”, como detener el desplazamiento de la motocicleta que conducía.

Contrario a ello, disparó el arma con el argumento que repelió una supuesta agresión que “no quedó acreditada”.

La CNDH afirmó que el uso de la fuerza del marino “no fue gradual, ni estuvo dirigido a un fin legítimo”.

Además, según declaraciones de otro marino en el lugar de los hechos, no era necesario el uso de armas de fuego, pues la víctima no iba armada, aunque afirmó que quiso arrollarlos con la motocicleta.

“No obstante, no se observa que hubieran realizado alguna acción encaminada a someter o esquivar la agresión, y en única y primera instancia, se recurrió al uso de la fuerza letal”, apuntó la CNDH.

Ante los hechos, la Comisión solicitó a la Semar la reparación integral del daño ocasionado, para lo que pidió registrar a la víctima y a sus familiares en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarles las medidas de compensación previstas en la ley.

Además, la Semar deberá colaborar en las investigaciones y, como medidas de no repetición, impartir un curso integral en materia de derechos humanos y otro sobre el Manual de Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

Los padres del estudiante que murió por disparos de arma de fuego de un agente de la Guardia Nacional el pasado miércoles en Irapuato, Guanajuato, exigieron justicia este domingo luego de que el elemento fuera liberado por un juez.

El agente estaba señalado como presunto responsable de matar a Ángel Yael Ignacio Rangel, alumno de la Universidad de Guanajuato, pero fue puesto en libertad luego de que el juez resolviera no abrir un juicio en su contra.

“Esta resolución es indignante. Exigimos justicia, la muerte de Ángel no puede quedar impune”, dijo Norma Lucía Rangel Sánchez, madre de Ángel Yael en un video en redes sociales este domingo. “Estoy consciente que la vida de mi hijo no me será devuelta, estoy consciente que esto puede parar para que no haya un caso más, que ninguna madre tenga que vivir esto”, agregó.

La tarde del 27 de abril, Ángel Yael, de 19 años y quien cursaba la licenciatura en Agronomía en la Universidad de Guanajuato, murió luego de ser atacado a balazos por un agente de la Guardia Nacional. El elemento fue remitido a las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Sin embargo, el sábado un juez federal de control decidió no abrir un juicio en su contra, por lo que fue puesto en libertad.

Tras esta decisión, la Universidad de Guanajuato emitió un comunicado en el cual criticó que el presunto responsable haya sido imputado por el delito de tentativa de homicidio, cuando en realidad el incidente acabó con la vida de Ángel Yael y además dejó a otra alumna herida.

Además, sostuvo que la imputación no coincide con los hechos narrados, tras el incidente, por la propia Guardia Nacional en un boletín.

“Como hemos insistido, hay indicios para presumir que el hecho tiene varias implicaciones, y que es factible que haya más elementos involucrados en lo ocurrido”, apuntó la nota firmada por el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino.

Luego de conocer la resolución del juez, los padres de Ángel Yael publicaron un video en el que reiteraron su exigencia de que haya justicia tras lo ocurrido con su hijo.

Además, informaron que no aceptarán la reunión que les ofreció la oficial mayor de la Guardia Nacional, Evangelina Hernández, mientras no reciban una explicación que sea justa y congruente con los hechos sucedidos el 27 de abril.

“Mi hijo murió y eso no va a cambiar, pero la impartición de justicia en nuestro país sí puede ser diferente”, dijo la madre.

La mujer resaltó que esperan que el Ministerio Público federal, tras lo resuelto por el juez de control, emprenda acciones inmediatas, además de que haya una investigación profunda para esclarecer el crimen de su hijo.

En respuesta, a través de un comunicado emitido este domingo, la Guardia Nacional señaló que la investigación para deslindar las responsabilidades penales y administrativas que correspondan, “sigue su curso y no está concluida”.

Además, dijo que colaborará con las autoridades correspondientes “y aportará todos los elementos a su alcance para el esclarecimiento de los hechos” y que no habrá impunidad en este hecho u otro en el que esté involucrado alguno de sus integrantes.

La institución recordó tanto los agentes, sus armas y los vehículos oficiales, están disponibles para cuando sean requeridos por el Ministerio Público”.

En tanto, la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Poder Judicial de la Federación para que se garantice el acceso a la justicia en este caso.

Además, dijo que “asumirá con toda firmeza la representación de las víctimas en el marco de sus atribuciones y se impugnará toda resolución que vaya en detrimento de sus derechos humanos”.

Se informó que este martes, Iván Reyes Arzate, ex elemento de la Policía Federal, se entregó a las autoridades de Estados Unidos, luego de que se le señalara de obstruir investigaciones en contra del cártel de los Beltrán Leyva, a cambio de beneficios personales.

 

En conferencia de prensa, Manelich Castilla Cravioto, comisionado general de la Policía Federal, informó que las investigaciones que condujeron a dicho hallazgo, se realizaron desde noviembre del año pasado. “A principios del mes de noviembre de 2016, se detectó que el hoy ex elemento de la PF mantenía una presunta relación con un operador de una organización criminal”. 

 

Ante tales vínculos, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal abrió una investigación sobre el caso, y el elemento fue separado del cargo desde el mismo mes de noviembre. Manelich Castilla aclaró que Reyes Arzate tenía 16 años en la institución en donde tuvo varios cargos.

 

“Al conocer que tanto las autoridades de nuestro país como de Estados Unidos lo investigaban, el funcionario decidió entregarse voluntariamente a la Fiscalía de Chicago. Iván “N” enfrenta cargos por obstrucción de una investigación relevante para ambas naciones, a cambio de un beneficio personal”, remató Castilla.

 

 

 

 

Con información de Excélsior / Foto: Twitter