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El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), desacreditado desde hace tiempo por el Presidente Trump como malo para los Estados Unidos, se acercó más al colapso cuando los negociadores se reunieron para la cuarta ronda de conversaciones esta semana.

 

En las últimas semanas, el gobierno de Trump ha peleado con empresas estadounidenses que apoyan el TLCAN y ha presionado por cambios significativos que los negociadores de México y Canadá dicen que no son viables. Mientras tanto, el Presidente ha seguido amenazando con retirar a los Estados Unidos del acuerdo comercial, que ha tachado como el peor de la historia.

 

Mientras las conversaciones comerciales comenzaban el miércoles, Trump, sentado en la Oficina Oval junto al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que era “posible” que Estados Unidos abandonara el TLCAN.

 

“Es posible que no podamos hacer un trato, y es posible que lo hagamos”, dijo el presidente. “Veremos si podemos hacer el tipo de cambios que necesitamos. Tenemos que proteger a nuestros trabajadores. Y en toda justicia, el Primer Ministro quiere proteger a Canadá y su pueblo también. Así que veremos qué sucede con el TLCAN, pero me he opuesto al TLCAN por mucho tiempo, en términos de la imparcialidad del TLCAN”.

 

Más tarde desde la Embajada de Canadá, Justin Trudeau dijo que sigue siendo optimista sobre el potencial de un acuerdo del TLCAN, pero señaló que los canadienses deben estar “listos para cualquier cosa”.

 

El colapso del acuerdo comercial de 1994 repercutiría en toda la economía mundial, infligiendo daños mucho más allá de México, Canadá y Estados Unidos, afectando a industrias tan variadas como la manufactura, la agricultura y la energía. También traería por lo menos un caos a corto plazo para negocios como la industria automotriz que han arreglado sus cadenas de suministro norteamericanas alrededor de los términos del acuerdo.

 

Los efectos de la crisis también podrían impedir otros aspectos de la agenda del Presidente, por ejemplo, intensificando la oposición política entre los republicanos del estado que apoyan el pacto y poniendo en peligro las prioridades legislativas como la reforma tributaria. Y podría tener efectos políticos de largo alcance, incluyendo las elecciones federales de México, que se celebrarán en julio de 2018, así como la propia campaña de reelección de Trump.

 

Los líderes empresariales se han asustado por las probabilidades cada vez mayores de la desaparición del acuerdo comercial, y el lunes, más de 310 cámaras de comercio estatales y locales enviaron una carta a la administración instando a los Estados Unidos a permanecer en el TLCAN. El presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Thomas J. Donohue, dijo el martes que las negociaciones “han llegado a un momento crítico. Y la cámara no ha tenido más remedio que encender las señales de alarma”

 

“Déjeme ser contundente y directo”, dijo. “Hay varias propuestas de píldoras venenosas todavía en la mesa que podrían condenar el acuerdo”.

 

La posible desaparición del acuerdo comercial impulsó mensajes de apoyo de los sindicatos, entre ellos el A.F.L.-C.I.O. y los Siderúrgicos Unidos, así como algunos Demócratas.

 

“Cualquier propuesta comercial que provoque nerviosismo a las corporaciones multinacionales es una buena señal de que se está moviendo en la dirección correcta para los trabajadores”, dijo el senador Sherrod Brown, demócrata de Ohio.

 

Si el acuerdo se desmorona, los Estados Unidos, Canadá y México volverían a un promedio de aranceles que son relativamente bajos, a excepción de un pequeño número de los casos. Pero varios productos agrícolas tendrían que hacer frente a retos mucho más altos. Los agricultores estadounidenses verían un arancel del 25% sobre los envíos de carne de res, el 45% de pavo y algunos productos lácteos, y el 75% de pollo, papas y jarabe de maíz de alta fructosa enviados a México.

 

Durante meses, algunos de los líderes empresariales más poderosos del país, así como los grupos de presión y figuras políticas que los representaban, habían esperado que la posición del Presidente fuera una táctica más de negociación que una amenaza real y que al final iría junto con su agenda de la modernización. El TLCAN tiene casi un cuarto de siglo de antigüedad y la gente de todo el espectro político dice que debe actualizarse para el siglo XXI, preservando un sistema comercial abierto que ha vinculado a la economía norteamericana.

 

El pacto ha permitido a las industrias reorganizar sus cadenas de suministro alrededor del continente para aprovechar los diferentes recursos y fortalezas de los tres países, elevando las economías del continente y triplicando el comercio de Estados Unidos con Canadá y México desde sus inicios. Los economistas afirman que muchos trabajadores se han beneficiado de estos cambios en forma de salarios y empleo más altos, pero también muchos trabajadores estadounidenses han perdido sus empleos por fábricas reubicadas en México o Canadá, convirtiendo al TLCAN en un objetivo de sindicatos, demócratas y algunas industrias.

 

Pero la mayoría de los líderes empresariales habían esperado que el Presidente, cuya crítica al TLCAN ha sido implacable, se conformaría con supervisar los ajustes necesarios para modernizar el acuerdo, y luego llamarlo una transformación política.

 

A veces parecía como si ese pudiera ser el caso. El nombramiento de Robert Lighthizer como representante comercial de Estados Unidos, quien se comprometió en su audiencia de confirmación a “no hacer daño” al TLCAN, tranquilizó a muchos en Capitol Hill, donde Lighthizer había servido durante mucho tiempo en cuestiones secundarias. Y cuando la administración publicó sus objetivos de negociación en julio para el acuerdo, se hicieron eco de muchas prioridades de administraciones anteriores.

 

Pero ahora, ocho semanas después de las conversaciones comerciales que originalmente se suponía concluirían al final del año, la administración continúa presionando por concesiones que la comunidad empresarial advierte que socavaría esencialmente el acuerdo y que pocos analistas creen que Canadá y México podrían estar políticamente de acuerdo.

 

 

Texto publicado en The New York Times por 

Foto: Archivo APO

Previo al arranque de la 4ta. ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la Cámara de Comercio de Estados Unidos hizo un llamado a su gobierno para retirar de la mesa aquellas propuestas “innecesarias e inaceptables” que podrían ocasionar el fin del acuerdo comercial

 

De visita en México, el presidente y director ejecutivo de la cámara, Thomas Donohue, se dijo preocipado por el desarrollo de las mesas de trabajo, las cuales podrían colapsar si la administración del Presidente Donald Trump se empeña en mantener la ruta que ha manejado hasta ahora.

 

“Hay varias propuestas de ‘píldoras venenosas’ todavía sobre la mesa que podrían acabar con todo el acuerdo”, señaló Donohue en fragmentos dados a conocer previo al evento en donde fijará postura al respecto, pues han adelantado que tienen un gran interés en que todo salga a flote, pues el acuerdo es fundamental para industrias de Estados Unidos como la agrícola y la manufacturera.

 

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Al realizar un recorrido por el municipio de Yautepec, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, afirmó que diversos empresarios de la entidad han manifestado su interés para aportar recursos para la reconstrucción, a quienes ha indicado que sus aportaciones serán recibidas a través del fideicomiso “Unidos por Morelos”.

La decisión de captar las aportaciones de la iniciativa privada por medio del fideicomiso, sostuvo Graco, es con la finalidad de que la sociedad tenga certeza y transparencia del dinero que se reúna en este mecanismo.

 

El perredista indicó que se han liberado 300 millones de pesos para apoyar la reconstrucción de viviendas, recursos que no han repercutido en los programas sociales que se tienen activos en la entidad, además de agregar que en coordinación con el gobierno federal, los municipios continúan el censo de viviendas afectadas para recibir apoyo del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).

 

 

El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, hizo un llamado a los constructores, transportistas de carga y a quienes cuenten con brigadas de trabajadores a sumarse a las tareas de demolición de viviendas y limpieza de predios en Jojutla y Zacatepec, a fin de agilizar el proceso y dar paso a la etapa de reconstrucción.

 

El llamado dijo, será para que el este miércoles se organicen las primeras brigadas y así el próximo sábado se comiencen las tareas en los puntos asignados, por lo que la convocatoria aseguró está dirigida a quienes tengan maquinaria pesada, camiones de volteo, herramientas y brigadas de trabajadores.

 

El perredista informó que además de la emergencia que se vive por los daños ocasiones por el sismo, las lluvias registradas en las últimas horas han generado riesgos en laderas inestables en Totolapan, Tetela del Volcán, Ocuituco, Huitzilac y Tepalcingo.

 

Sobre el regreso a clases en el estado, Graco informó que se está entrando a la normalización de las actividades  y de manera progresiva los alumnos regresarán a clases en las escuelas públicas y privadas; e hizo un llamado a los propietarios de las escuelas particulares a que actualicen sus expedientes, para garantizar que cumplen con las normas de seguridad.

 

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, indicó que el Gobierno de la República ha dado instrucciones claras para apoyar a los habitantes de los estados de Chiapas y Oaxaca, que se vieron afectados por el sismo del pasado 7 de septiembre de 8.2 grados.

Meade destacó los beneficios fiscales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer para apoyar la reactivación económica de los estados afectados, y aseguró que la participación del sector empresarial será vital para la pronta recuperación de los mismos.

Entre los beneficios fiscales que se dieron a conocer incluyen nueve medidas en materia del Impuesto Sobre la Renta (ISR), del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS); de regulación fiscal y de Cuotas de Seguridad Social.

“Las empresas tienen capacidad de generar, y en el esfuerzo que habremos de tener en Oaxaca y en Chiapas, se va a ocupar la generosidad del sector empresarial, su compromiso, su entrega y su sentido solidario siempre con los que menos tienen, que hoy además son los que están enfrentando una coyuntura difícil”, dijo el secretario.

 

El Funcionario agregó que “en las semanas por venir, la reconstrucción, el esfuerzo de restablecer la dinámica que tenían esas comunidades pues va a implicar que nos involucremos todos. Y yo estoy cierto de que, como siempre, la comunidad empresarial sabrá estar cerca de los que hoy ocupan de su generosidad, de su creatividad y de su cercanía”, subrayó.

 

 

 

Foto: SHCP

Directores y CEOs de las principales compañías tecnológicas dirigieron esta semana una carta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para expresarle su deseo de que no ponga fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), programa que el ex presidente Barack Obama impulsó en apoyo a los llamados “dreamers”.

 

 

La carta firmada, entre otros, por: Jeff Bezos (Amazon); Tim Cook (Apple); Mark Zuckerberg (Facebook); Sundar Pichai (Google); Meg Whitman (Hewlett Packard Enterprise); Satya Nadella (Microsoft), y Reed Hastings (Netflix),  incluye la firma de más de 300 empresarios.

 

“Como empresarios y líderes empresariales, estamos preocupados por los nuevos desarrollos en la política de inmigración que amenazan el futuro de los jóvenes inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos como niños”.

 

“El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que permite a casi 800.000 dreamers la oportunidad básica de trabajar y estudiar sin la amenaza de deportación, está en peligro. Todos los beneficiarios de DACA crecieron en Estados Unidos, se registraron con nuestro gobierno, se sometieron a extensos chequeos de antecedentes, y están devolviendo mucho a nuestras comunidades y pagando impuestos. Más del 97% está en la escuela o en el trabajo, el 5% inició su propio negocio, el 65% ha comprado un vehículo y el 16% ha comprado su primera casa. Al menos el 72% de las 25 mejores empresas de Fortune 500 cuentan con receptores de DACA entre sus empleados”, se lee en la carta.

 

Los directivos argumentaron que “nuestra economía perdería $460.3 mil millones del PIB nacional y $ 24.6 mil millones en contribuciones del Seguro Social y contribuciones al Medicare”, como uno de las repercusiones directas a la economía del país.

 

“Los dreamers son vitales para el futuro de nuestras empresas y nuestra economía. Con ellos, crecemos y creamos empleos. Son parte de por qué seguiremos teniendo una ventaja competitiva global”, enfatizaron.

 

Pidieron al Presidente Trump que preserve el programa DACA e hicieron un llamado al Congreso para que apruebe la ley bipartidista DREAM o la legislación que provee que estos jóvenes educados en nuestro país la solución permanente que merecen.

 

 

Con información de FWD.us / Foto: Archivo APO

El presidente Enrique Peña Nieto estaba sentado ante los empresarios más importantes de México y sonrió.

La élite empresarial mexicana ha invertido cantidades récord de dinero en el país y ha apoyado la promesa que hizo el mandatario de un renacimiento económico. Así han generado un espacio de oportunidad en el entorno lleno de escándalos que atormenta al presidente.

Sin embargo, Peña Nieto necesitaba algo más de los principales líderes empresariales del país, quizá sus aliados más importantes. Necesitaba lealtad. De acuerdo con cinco personas que narraron la reunión privada que se realizó en mayo, el presidente se dirigió a Claudio X. González Laporte, un empresario respetado en México.

Tu hijo, le dijo el presidente, debería dejar de ser tan crítico con el gobierno.

Todos guardaron silencio. El hijo de González Laporte, Claudio X. González Guajardo, ha pasado casi dos décadas combatiendo la corrupción y la impunidad que tanto deterioran a México. Pero su proyecto más reciente, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, una organización de periodismo de investigación que ha revelado contratos corruptos de aliados del gobierno, estaba haciendo demasiado ruido para gusto del presidente.

“La sociedad civil no debe pasar tanto tiempo hablando de corrupción”, le dijo el presidente a González Laporte. El poderoso grupo se quedó atónito ante el ataque asestado contra uno de los suyos.

“Estoy orgulloso de mi hijo y del trabajo que está haciendo”, respondió el empresario.

Incluso en México, donde el Estado a menudo ejerce presión con mano dura, se consideró muy extraño que el presidente intentara silenciar, abiertamente, a un miembro de una de sus bases electorales más confiables. La oficina del presidente negó que Peña Nieto estuviera presionando directamente a González Guajardo, sino que simplemente hizo un comentario de manera general ante su audiencia y a la que invitó a enfocarse tanto en los errores como en los logros de su gobierno.

Pero el comentario del presidente solo fue el intento más reciente de silenciar a González Guajardo y obstaculizar su trabajo.

Entre dichos intentos se cuentan auditorías fiscales y haberlo atacado con tecnología de espionaje que el gobierno mexicano adquirió con el propósito de investigar a terroristas y miembros del crimen organizado.

En dos ocasiones en 2016, González Guajardo recibió mensajes en su celular cuyo objetivo era instalar un programa de espionaje; los mensajes llegaron poco después de que su grupo publicara reportajes perjudiciales, de acuerdo con un análisis forense independiente de los mensajes.

“Estamos asediados”, dijo González Guajardo en una declaración escrita a The New York Times; rechazó ser entrevistado. “Sin embargo, seguiremos denunciando la corrupción y la impunidad cuando las encontremos, sean públicas o privadas”.

“México no está condenado a ser corrupto”, agregó.

El escándalo de espionaje ha sacudido a México. Casi dos docenas de personas, incluyendo a algunos de los periodistas más reconocidos del país, académicos y abogados de derechos humanos, así como funcionarios internacionales que investigan crímenes en México han sido blanco de una cibertecnología conocida como Pegasus, que el gobierno adquirió por decenas de millones de dólares.

El gobierno ha dicho que desconoce esta situación y que no es responsable, y ha comenzado su propia investigación para determinar quién autorizó y ejecutó la campaña de espionaje.

No obstante, el caso de González Guajardo quizá sea el más claro ejemplo en que el presidente ha criticado abiertamente a alguien y en que ha intentado silenciar a un objetivo de espionaje, lo que acerca potencialmente a Peña Nieto al escándalo del ataque informático más que ningún otro caso.

Pero esa no es la única medida que el gobierno ha tomado contra González Guajardo.

En este año, en un solo día, las autoridades anunciaron nueve auditorías distintas de organizaciones en las que González Guajardo está involucrado y el gobierno ha indicado que podría revocar a algunas de ellas su estatus de organización no gubernamental (ONG). Algunos donantes ya están considerando frenar sus contribuciones, temerosos de que parezca que están en contra el gobierno.

“Si combates la corrupción, esta te combatirá a ti”, agregó González Guajardo, quien recibió una auditoría personal del gobierno el mismo día en que sus organizaciones. “El cambio tiene un precio”.

La oficina de presidencia rechazó que se haya tratado de intimidar “en modo alguno” a González Guajardo o a cualquier otra persona crítica del gobierno en México. Asimismo, negó haberse referido en específico a González Laporte o a su hijo en la reunión y afirmó que Peña Nieto simplemente le dijo a los asistentes que el reconocimiento de los logros del país “era tan necesario” como destacar “la deficiencias en el quehacer gubernamental”.

“Te aseguro que el presidente no hizo ningún comentario a Claudio X. González sobre el trabajo de su hijo en Mexicanos contra la Corrupción”, dijo Eduardo Sánchez, vocero de la presidencia y quien estuvo en la reunión de mayo.

Peña Nieto llegó al poder hace cinco años con la promesa de solucionar los problemas de México, modernizar su economía, enmendar su reputación de violencia y reparar su deteriorado Estado de derecho. La transparencia acabaría con la corrupción, prometió. Su partido, sinónimo de un gobierno autocrático que estuvo en el poder durante siete décadas, sería el agente de cambio que México necesitaba con tanta desesperación.

Sin embargo, la violencia ha aumentado y la libertad de expresión se ha silenciado con dinero y asesinatos. México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas y casi todos los homicidios siguen sin resolverse. En todo el país, la violencia por el narcotráfico ha alcanzado el punto más crítico en 20 años, con lo que se acabó la imagen del nuevo México que Peña Nieto ha intentado promover con tanto esfuerzo.

Las iniciativas contra González Guajardo y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ponen en evidencia los intentos del gobierno por acabar con las críticas, incluso en los círculos de las élites más altas de la sociedad mexicana.

Claudio X. González Laporte, de 83 años, es una de las figuras más respetadas —y uno de los hombres más ricos— en el mundo empresarial mexicano, fue presidente de Kimberly-Clark de México durante más de 40 años. Su hijo, Claudio, de 54 años, es una rareza en sus círculos de élite. Las personas ricas en México a menudo son criticados por su indiferencia en cuanto a las causas sociales y por su tendencia a someterse a la voluntad del gobierno en asuntos sociales.

Sin embargo, González Guajardo ha aprovechado su posición privilegiada, presionando a sus iguales para que se comprometan. Comenzó una organización sin fines de lucro, Mexicanos Primero, para promover la educación pública en México, que está entre las peores de todos los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Hace dos años cofundó el grupo anticorrupción que se enfoca en el periodismo de investigación, averiguaciones y acciones legales. El grupo contrató a algunos de los periodistas más importantes del país y les dio autorización para ir tras los blancos que creyeran adecuados, una libertad inusual en un entorno mediático que depende de cientos de millones de dólares en publicidad del gobierno. Entre los reportajes que ha publicado Mexicanos Contra la Corrupción están: una investigación sobre toma de tierras por un gobernador en Tulum; revelaciones que empresas cercanas al gobierno recibieron información filtrada para ayudarlos a ganar licitaciones; y un reportaje sobre un engañoso mecanismo de competencia que permitió que Carlos Peralta Quintero, un amigo del presidente, obtuviera contratos públicos que ascienden a más 650 millones de dólares.

González Guajardo ha alzado la voz incansablemente. En la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, el pasado 1 de febrero, señaló personalmente al presidente y le dijo a un pánel que “si existiera un salón de la infamia, Peña Nieto estaría en los diez primeros lugares”.

Semanas más tarde, el 27 de febrero, las autoridades fiscales anunciaron nueve auditorías relacionadas con cinco organizaciones que habían sido fundadas o dirigidas por González Guajardo en los últimos 20 años. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, sorprendentemente, no estaba entre ellas. La auditoría a ese grupo llegó después.

De acuerdo con personas cercanas a él, González Guajardo estaba atónito y le pidió a un economista que calculara las probabilidades de tener siquiera cinco auditorías que ocurrieran aleatoriamente el mismo día, todas contra organizaciones con las que él estaba afiliado. La respuesta que obtuvo: la probabilidad era del 0,0000000000000000000000000204 por ciento.

El gobierno mexicano dice que no puede hablar de casos individuales, pero destacó que las autoridades tributarias iniciaron con una serie de auditorías a organizaciones de la sociedad civil para evitar el lavado de dinero a través de donaciones. La iniciativa se anunció menos de dos semanas después de que González Guajardo y sus organizaciones recibieron las auditorías.

El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación impide hacer pública información derivada de la actuación de la autoridad sobre casos específicos de contribuyentes.

Para los involucrados en las organizaciones, las auditorías eran una táctica de intimidación evidente, una manera explícita de amenazar sus actividades.

Pero incluso antes de eso, en el verano de 2016, alguien que utilizó software gubernamental había intentado hackear y tomar el control del celular de González Guajardo.

En julio y de nuevo en agosto de 2016, su celular fue blanco de Pegasus, un software que NSO Group, un fabricante israelí, le vendió al gobierno de México con la condición de que solo se usara para monitorear a criminales y terroristas.

Cuando los que reciben el ataque hacen clic en una mensaje de texto, el software infecta el celular del usuario y registra cada detalle de la vida digital de la persona, incluyendo mensajes cifrados. Incluso puede utilizar la cámara y el micrófono para espiar al usuario.

Los intentos de hackeo llegaron semanas después de la publicación de investigaciones periodísticas hechas por Mexicanos Contra la Corrupción y Animal Político, otro sitio de noticias, que atacaron a aliados del presidente, incluyendo al entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien ahora está bajo arresto y acusado de dirigir un vasto imperio de corrupción.

Dos reporteros de Mexicanos Contra la Corrupción también fueron objetivos del programa espía, de acuerdo con un análisis de investigadores de R3D, un grupo de derechos digitales en México, y el Citizen Lab de la Munk School de la Universidad de Toronto.

En meses recientes, ha surgido evidencia forense de una gran campaña de hackeo contra oponentes del gobierno. Entre los blancos de espionaje hay abogados que investigan los casos de los 43 estudiantes que desaparecieron después de un enfrentamiento con la policía, una periodista que reveló un cuestionable acuerdo de bienes raíces por parte de la esposa del presidente, académicos que combaten la corrupción y los miembros de las familias de los críticos, incluyendo un adolescente.

El gobierno mexicano ha iniciado su propia investigación, pero esta ha consternado a las víctimas de los ataques informáticos: en lugar de pedir a las agencias gubernamentales que compartan los nombres de quienes fueron espiados así como la información que obtuvieron, las autoridades están pidiendo que cualquier persona que crea que fue espiada entregue su teléfono.

Las víctimas del hackeo sienten que la petición tiene la intención de intimidarlos aún más, pues de manera efectiva le proporcionarían al gobierno toda la información que intentaban robar.

En cambio, el gobierno mexicano dice que necesita los teléfonos para verificar la presencia del programa espía en los celulares y dice que es una parte “indispensable” para determinar si se cometió o no un crimen.

Hay evidencia que sugiere que esa petición no es necesaria. En una investigación similar hecha en Panamá, donde se acusa al expresidente de utilizar Pegasus contra más de 150 de sus adversarios, jamás se requirió que las víctimas entregaran sus celulares, de acuerdo con documentos de la corte y entrevistas con varios de los blancos en aquel país.

“Es absurdo que las autoridades de México les pidan a los blancos que entreguen sus celulares”, dijo Balbina Herrera, un blanco de espionaje y candidata presidencial que compitió contra Ricardo Martinelli, el expresidente panameño acusado del espionaje. “Simplemente los están revictimizando”.

Los expertos forenses también dicen que el gobierno de México no necesita los celulares de las víctimas para llevar a cabo su investigación.

“No se necesitan los celulares para demostrar que alguien fue objeto, de manera ilegal, del programa espía de NSO”, dijo John Scott-Railton, un investigador sénior de Citizen Lab que confirmó el uso de Pegasus contra González Guajardo. “En la investigación de Panamá, a las víctimas les mostraron lo que el gobierno había obtenido y les pidieron que confirmaran si era su información”.

“En la investigación mexicana, lo primero que pide el fiscal son los celulares que el mismo gobierno está acusado de haber intentado espiar”, agregó.

Texto publicado en The New York Times por 

Foto: Archivo APO

La comunidad empresarial de Estados Unidos advirtió hoy al presidente Donald Trump que su apoyo a la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) está condicionado a que mantenga el “fuerte mecanismo de resolución de disputas”.

 

Los presidentes de la Mesa Redonda Empresarial, Joshua Bolten; de la Asociación Nacional de Manufactureros (NAM), Jay Timmons, y de la Cámara de Comercio (USCC), Thomas Donohue, realizaron la advertencia en una carta dirigida al representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer.

 

“Los intentos por eliminar o debilitar el Mecanismo de Resolución de Disputas para Inversionistas (ISDS) perjudicará a los negocios y trabajadores estadounidenses”, señalaron los líderes empresariales en su carta conjunta, que también dirigieron a los secretarios de Tesoro, Comercio y Estado. “Como consecuencia (…) ello erosionaría el apoyo de la comunidad empresarial a las negociaciones para la modernización del TLCAN, indicaron.

 

A pesar de que Lighthizer faseguró durante la primera ronda de negociaciones del TLCAN en Washington la decisión de la administración Trump de buscar la eliminación del Capítulo 19 de resolución de controversias, los empresarios defendieron a los paneles de disputas del TLCAN argumentando que ofrecen un marco de “arbitraje neutral para resolver los conflictos, pues aseguraron que los inversionistas estadunidenses han sido tratados de manera justa.

 

“El ISDS no infringe la soberanía de Estados Unidos. En cambio, preserva (…) las garantías de propiedad privada garantizadas bajo la Constitución, y obliga a otros países a preservarlas también”, señalaron los líderes empresariales en su carta

 

 

Con información de Notimex / Foto: Archivo APO