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Aunque no se especificó el nombre y el número, un grupo de empresas publicarán en los próximos días un desplegado en un medio de circulación nacional, donde reconocerán públicamente que presentaron facturas falsas ante las autoridades fiscales durante las pasadas administraciones.

Así lo informó Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aludiendo a un acuerdo que se tuvo con dichos empresarios.

Recordemos que en diciembre pasado, López Obrador informó que un grupo de empresas había devuelto al Sistema de Administración Tributaria (SAT) alrededor de 3 mil millones de pesos y reconocieron que habían cometido irregularidades fiscales.

En ese sentido, el procurador fiscal expuso que las compañías se acercaron a las autoridades y decidieron regularizar su situación, firmaron acuerdos reparatorios; sin embargo, debido a que cometieron la ilegalidad antes de la entrada de las nuevas reformas no se puede ejercer acción penal.

“Se comprometieron en próximos días a hacer una declaración en un medio de circulación nacional donde reconozcan que cometieron estas irregularidades y que van a cumplir debidamente con sus obligaciones fiscales», detalló Romero Aranda.

El presidente señaló que fue gracias a las reformas que se realizaron en esta administración a las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, la de Seguridad Nacional, al Código Fiscal de la Federación y al Nacional de Procedimientos Penales, que se logró recuperar los recursos.

En este contexto, el procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda pidió a las empresas regularizar su situación ante el SAT y que paguen todo lo que deben, «a cambio de eso, no se va a ejercer acción penal, por eso es muy importante que se presenten regularicen su situación».

El Gobierno de México informó esta mañana que se detectó un total de mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal que concentran a 862 mil 489 trabajadores que ven afectados sus derechos laborales.

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se explicó que se investiga a las compañías que violan la ley. Además se refirió que en el último mes de 2019 despidieron de manera masiva a miles de trabajadores.

“Fueron 380 mil trabajadores despedidos en diciembre y esto tiene que ver con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás para no reconocer los derechos de los trabajadores, no pagar impuestos. Queremos informar sobre este tema porque ya se modificó la ley, por lo cual ya es un delito la evasión de impuestos. Vamos a actuar y se aplica la ley, no se pueden permitir estos casos», dijo el mandatario.

Por su parte la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Maria Alcalde, explicó que las prácticas de subcontratación ilegal han ido creciendo en el país, pues para el 2019 se contabilizan 5 millones de trabajadores en este esquema y 6 mil empresas que realizan subcontratación abusiva.

En tanto, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo, aseguró que las prácticas agresivas de subcontratación afectaron a más de 64 mil trabajadores en México, y refirió que las grandes empresas que operan en este esquema son mineras, de servicios informáticos, call centers y producción de alimentos, entre otras.

Robledo indicó que dichas prácticas ilegales afectarán a las empresas que las realizan, porque se someterán a revisiones dentro de los operativos organizados por dependencias como la Secretaría del Trabajo, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), Infonavit, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal.

En ese sentido, el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, exhortó a las empresas a no hacer uso del outsourcing o subcontratación ilegal y a que se acerquen a las autoridades correspondientes para regularizar su situación, pues ahora la ley permite castigar a quienes lleven a cabo esta práctica.

Indicó que luego de las reformas hechas, ahora es posible perseguir como delincuencia organizada a todas aquellos empleadores que mantengan esquemas de subcontratación ilegal para evadir impuestos.

Romero Aranda mencionó que quien contrate servicios de outsourcing ilegal o de compra de facturas falsas, incurrirá en el delito de delincuencia organizada y puede tener una condena de hasta 14 años de prisión.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) informó que con una derrama de 120 mil millones de pesos, la edición 2019 del Buen Fin mostró su mejor rendimiento desde su arranque en 2011.

El presidente del organismo, José López Campos, señaló que está derrama representa un 7% de las ganancias estimadas, por lo que se superan los resultados previstos para este año, el cual era del 5%.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el empresario destacó el uso de tarjetas de crédito representó el 25% de las formas de pago disponibles.

Indicó que fueron 96 mil 177 empresas las que solicitaron su registró para la edición 2019 del programa, por lo que fueron más de 200 mil establecimientos participantes.

“Los afiliados nos indican que los pagos con tarjeta de crédito se incrementaron 25 por ciento en los centros comerciales, esta es otra apuesta del Buen Fin, fomentar la inclusión financiera y el año que entra haremos una nueva meta con el uso del CoDi».

López Campos explicó que en esta edición el comercio electrónico fue un factor importante para superar las expectativas, al igual que las redes sociales.

Agregó que los productos más buscados fueron pantallas electrónicas, electrodomésticos, la línea blanca en general y otros artículos como juguetes y herramientas, lo que habla de la cultura de la prevención.

Adelantó que en la siguiente edición del Buen Fin, se espera la participación de más ciudades fronterizas para garantizar que más mexicanos que vienen en Estados Unidos tengan la oportunidad de venir a realizar compras a su país.

Por su parte Surit Romero Domínguez, subprocuradora de servicios de la Profeco, dio a conocer que se atendieron 661 reclamaciones, de las cuales el 88.4% fueron conciliadas de manera rápida y expedita con resultados favorables a la población consumidora. Como resultado de las conciliaciones, los consumidores del Buen Fin recuperaron más de dos millones 230 mil pesos.

La funcionaria indicó que de los productos sobre los que se hicieron más reclamaciones, que fueron los más vendidos, fueron sobre ropa, calzado, electrodomésticos y electrónicos. Los principales motivos de reclamación fueron: incumplimiento de ofertas y promociones, publicidad engañosa y negativa a la entrega del producto, bien o servicio.

En ese sentido detalló que los proveedores con más reclamaciones fueron las tiendas de Grupo Walmart que ocuparon durante ya el quinto año consecutivo el primer lugar, sumando el 28% del total de las reclamaciones ante la procuraduría; así como las tiendas de Liverpool, Soriana y Elektra.

Las entidades con más reclamaciones en relación al tamaño de su población y de la actividad comercial fueron: Morelos, Oaxaca y Coahuila.

Sobre los resultados que obtuvieron a partir de una encuesta, la Profeco indicó que el 40% de los consumidores compró algún producto o servicio durante el Buen Fin. El 88% realizó compras en tiendas físicas y el 12% en tiendas en línea.

Sobre las formas de pago, coincidieron con lo expuesto por el presidente de la Concanaco; el 29% compró usando tarjetas de crédito; 29% pagó con dinero de su ingreso mensual y el 23% utilizó dinero que ahorró específicamente para comprar durante el Buen Fin.

Finalmente, Romero Domínguez indicó que tres de cuatro consumidores encuestadores dijeron haber gastado entre mil y 10 mil pesos durante el pasado fin de semana.

El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, negó que esté siendo protegido por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto ante la acusaciones de omitir propiedades y empresas en sus declaraciones patrimoniales.

Al respecto, negó tener inversiones en empresas o posesiones más de lo declarado.

En conferencia de prensa, señaló que el titular del Ejecutivo federal tiene como bandera la lucha contra la corrupción, lo cual no solo tiene que ver con las compras, sino con lo moral, con las cualidades de los funcionarios.

Bartlett Díaz expuso que desde hace más de 10 años sus hijos son económicamente independientes, y sin ser servidores públicos han construido y construyen su propio patrimonio, razón por la que no los incluyó en su declaración patrimonial, lo mismo que a Julia Elena Abdala Lemus, de quien negó fuera su concubina.

«En relación con el patrimonio de la señora Abdala y el de un servidor, son totalmente independiente. No existe dependencia económica alguna entre ella y un servidor. No vivimos bajo el mismo techo, eso es del dominio público», aclaró el titular de la CFE.

De acuerdo con el funcionario, al inicio de su función como titular de la empresa productiva del Estado declaró no tener cónyuge, ni dependientes económicos. «Lo que he declarado ante la autoridad es lo que poseo, ni un peso más, ni un peso menos», señaló.

En ese sentido, expresó su respeto a las autoridades que habrán de analizar las denuncias que se han presentado y estudiarlas con base en la ley.

Expuso que ha estado al servicio de México durante muchos años y está orgulloso de su desempeño. «Mi honorabilidad está por encima de cualquier manejo publicitario o de cualquier campaña, porque son muchos años en los que he estado bajo el escrutinio público», concluyó.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó que en la presente administración se han congelado más de 5 mil millones de pesos en cuentas de personas físicas y morales relacionadas con corrupción, narcotráfico o lavado de dinero.

Explicó que dicha cantidad corresponde a 130 acuerdos de bloqueo, que han derivado, hasta este momento, en 127 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y 61 vistas a distintas autoridades administrativas.

Indicó que el dinero permanece en los bancos, en espera de lograr las reformas legales para que pueda ser utilizado por el Estado mexicano en programas sociales.

Comentó que existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que señala que, si la investigación es de sede nacional y no internacional, pueden los jueces de distrito dictar suspensiones provisionales y, por tanto, en realidad estar liberando las cuentas”.

Detalló que con la reforma al artículo 116 de la Ley de Instituciones de Crédito, que ya fue avalada en el Senado de la República y que será discutida en la Cámara de Diputados, “podemos librar la inconstitucionalidad señalada por la Corte y fortalecer nuestro sistema financiero a fin de evitar que este tipo de recursos no sigan utilizándose en el marco del Estado de derecho de México”.

Añadió que en el Senado se discute un paquete de reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita , al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en la materia.

Remató señalando que la UIF está trabajando “muy de cerca con la Cámara de Diputados para lograr una reforma legal que permita mejorar los mecanismos de prevención de lavado de dinero”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó esta mañana que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), detectó inscripciones en las que se él y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müeller, aparecen como socios de 26 empresas que fueron creadas en Veracruz.

El mandatario indicó que de acuerdo con información que le proporcionó el mismo SAT, todas las empresas están inscritas el 11 de agosto de 2019 en Boca del Río, y en ellas registraron como socios a él y a su esposa. «Me rayé! Me convertí en empresario», dijo entre risas.

Sin embargo, aclaró que no es empresario, «soy servidor público, no tengo empresas, no tengo propiedades bienes, apenas tengo la cuenta donde me depositan, nunca he tenido tarjeta de crédito, nunca me ha interesado el dinero aunque no pienso que todo el que lo tiene es malvado”.

López Obrador refirió que si bien apenas supo de la situación, y que dichas empresas están canceladas en el SAT al constatarse que no han hecho operaciones, decidió informarlo hoy mismo “para que no vaya a ser que ya se estén cometiendo ilícitos utilizando estas empresas”.

López Obrador indicó que el SAT ya investiga el registro de dichas empresas, y aprovechó para felicitar al personal del Servicio “porque tiene un sistema para advertir cuando hay operaciones raras y este fue el caso y ya se indaga, cuando sepamos más les informamos, esto fue apenas ayer”.

AMLO recriminó que “están muy mal acostumbrados a hacer esto, o sea si fue por venganza de alguien dolido que quiso vulnerar el sistema del SAT o alguien que en efecto constituye estas empresas, que puede hacer negocio engañando que soy miembro de la empresa o mis adversarios políticos para que mañana aparezca que estoy yo haciendo negocios chuecos”.

El SAT por su parte informó que los registros de las 26 inscripciones fueron hechos por la usuaria Claudia Olivia Martínez Rodríguez, asesor fiscal integral perteneciente a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Veracuz «2».

El domicilio que se habría manifestado en los registros es el de dicha Administración Desconcentrada, ubicada en Paseo de la Niña 150, Boca del Río, Veracruz.

Y aclaró que aunque las operaciones ante el SAT se registraron el 15 de agosto, el inicio de operaciones fue el 12 de mayo. Además de que en todas las empresas aparece como representante legal Oscar Manuel Montoya Landeros, Coordinador Nacional de las Administraciones Desconcertadas de Servicios al Contribuyente.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, afirmó que en la sesión del Pleno de hoy, se discutirá y votará la reforma constitucional al artículo 28, a fin de terminar para siempre con la condonación de impuestos a grandes empresas.

“La bancada de Morena dará su voto mayoritario para aprobar la reforma al artículo 28 constitucional, tal como la propuso el presidente, Andrés Manuel López Obrador”, indicó el legislador.

Delgado Carrillo explicó que con esta reforma nunca más un presidente de la República “podrá andar dando favorcitos especiales, condonando impuestos (y) haciendo excepciones fiscales a los grandes empresarios”.

Señaló que se perdían miles de millones de pesos por esta facultad discrecional que tenían los presidentes en turno.

En otro tema, destacó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 se respetarán los compromisos que hizo el presidente de no aumentar impuestos, no endeudar al país y no aumentar el precio de los energéticos.

“Se destinarán más recursos a lo que verdaderamente importa, como los programas sociales, la inversión en la gente y a los proyectos de infraestructura y el rescate energético que van a incrementar el potencial de crecimiento económico de nuestro país”, detalló.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos circulares por las que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las empresas productivas del Estado, entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con las empresa Lomedic, S.A. de C.V. y Laboratorios Solfrán, S.A.

La dependencia señaló que la sanción para ambas empresas, propiedad de Carlos Lomelí, exsuperdelegado del gobierno federal, será la inhabilitación por un plazo de 2  años y 6 meses.

Aclararon que los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con las empresas no quedarán comprendidos en la aplicación de la inhabilitación.

Adicional, la circular hace mención de una multa que las empresas deberá pagar a más tardar el día en que se cumpla el plazo de inhabilitación, ya que en caso de no cubrir dicho monto, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente.

Según la SFP, la multa a cada una de las empresas asciende a 1 millón 51 mil 500 pesos.

«Las dos empresas manifestaron que no contaban con ningún integrante que fuera servidor público, cuando en realidad una persona que en ese momento era diputado federal era integrante de las mismas, lo que incumple con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público», dijo la Secretaría a través de un comunicado.

Recordemos que investigaciones periodísticas revelaron que las empresas, propiedad del exfuncionario federal, pretendía participar en la compra consolidada de medicamentos para el segundo semestre de 2019 del gobierno federal; y aunque Lomelí Bolaños negó la información, la presión y polémica lo llevó a renunciar argumentando que con dicha decisión la SFP podría llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional al Consejo de la Comunicación para su ceremonia de cambio de presidente. Ahí, el Ejecutivo federal destacó que mientras en otras partes del mundo hay inmovilismo y decadencia, en México “estamos saliendo de la crisis.

Aseguró que el país deja atrás un proceso de degradación por el cambio de mentalidad que hay en la sociedad en pro de una cultura de la honestidad y para desterrar flagelos como la corrupción.

AMLO dijo que si bien “no todo ha sido malo, es precisó que, si exaltamos los valores culturales, morales y espirituales, vamos a llevar a cabo el renacimiento de México».

Ante los presidentes entrante y saliente del Consejo de la Comunicación, José Carlos Azcárraga Andrade y Federico López Otegui, respectivamente, López Obrador celebró la campaña en pro de la honestidad que impulsa este organismo, pues  dijo que si se sigue con dicho  propósito, se va a dejar una buena herencia a las nuevas generaciones.

El presidente se dijo partidario de la creación de conciencia a partir de la información y de la orientación, y señaló que dentro de la nueva etapa de la vida del país está en proceso un camino de mentalidad, pues millones de mexicanos están tomando conciencia, participando en la transformación que requiere el país.

Por su parte, Azcárraga Andrade afirmó que durante su periodo buscará la participación activa de todos los sectores de la sociedad y que sentará las bases para crear la visión 2030 del organismo cúpula, con la finalidad de continuar posicionándolo como una de las instituciones más relevantes del país.

En torno a los ejes estratégicos en los que se enfocará, resaltó el importante papel que juegan las empresas, toda vez que generan nueve de cada 10 empleos en el país.

Reafirmó el compromiso del Consejo para sumar esfuerzos con el gobierno, como en el caso de la Estrategia Nacional contra las Adicciones, y resaltó que para impulsar el crecimiento y el desarrollo del país es necesaria la participación activa de todos los sectores de la sociedad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer esta mañana en su conferencia de prensa,  que se logró un “muy buen acuerdo” con las empresas constructoras de gasoductos en el país, que permitirá un ahorro para la hacienda pública de 4 mil 500 millones de dólares en beneficio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Además del ahorro que representará, AMLO indicó que el acuerdo garantizará el abasto de gas y energía eléctrica en todo el país.

El mandatario sostuvo que con el acuerdo se garantiza el abasto de gas para la industria eléctrica, “para que no tengamos apagones en muchos años y para el fomento de la industria nacional; vamos a tener gas suficiente en México”.

Acompañado por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, y el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, el presidente agradeció la voluntad de los empresarios para llegar a un acuerdo mediante el diálogo, “poniendo por delante el interés nacional y considerando también el interés legítimo de las empresas”.

Reconoció que hubo diferencias con las compañías que estuvieron a punto de orillarlos a acudir a tribunales internacionales por los contratos que se suscribieron en la construcción de los gasoductos.

Con la presencia de Carlos Slim, presidente de Grupo Carso; Carlos Salazar, titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y Antonio del Valle, dirigente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), López Obrador agradeció la respuesta al llamado que hizo a los empresarios para buscar un acuerdo.

Dijo que en este tema “se habían acordado condiciones que nosotros consideramos dañinas para la hacienda pública, y por eso se acudió a los dueños de las empresas, para que haciendo a un lado los compromisos legales, se llegara a un acuerdo en beneficio de todos”.

AMLO hizo un reconocimiento especial al presidente de Grupo Carso, Carlos Slim, por haber sido el primero en llegar a un acuerdo con la CFE, lo que “marcó la pauta para lograr los acuerdos”, al tiempo que destacó la intermediación de dirigentes del sector empresarial del país, quienes estuvieron en todos los encuentros que se llevaron a cabo.

“Ganamos porque se reduce el costo de las tarifas en el transporte del gas y esto va a repercutir en que se produzca energía eléctrica a menores costos y no aumenten las tarifas», remató el mandatario federal.

Luego de que esta mañana la Secretaria de la Función Pública (SFP) informara sobre las investigaciones contra el ex delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dio a conocer cuáles son las conductas irregulares por las que podría ser sancionado el ex funcionario.

“Ya arroja indicios y datos de posibles conductas irregulares”, dijo la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, sobre la investigación a Lomelí, quien renunció al cargo el viernes pasado.

La organización recordó que las investigaciones contra Lomelí arrancaron el 22 de mayo pasado, luego de que se diera a conocer que Lomelí, junto con familiares y amigos, forma parte de una red de empresas que venden medicamentos a gobiernos.

De diciembre 2018 a abril de este año, cuando Lomelí ya era superdelegado, la empresa Abisalud, parte de esa red, recibió contratos por 164 millones de pesos del gobierno federal y otro de 36 millones con el gobierno de Veracruz.

La Secretaria de la Función Pública informó hoy en conferencia que hay cuatro investigaciones sobre las empresas con las que tiene vínculo Lomelí y tres más sobre conductas contrarias a la legalidad en que incurrió el ex funcionario.

El empresario farmacéutico ha incurrido en conductas sancionadas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por las que podría ser inhabilitado para ejercer un cargo público hasta por 20 años y los contratos de las empresas farmacéuticas con el gobierno podrían ser anulados.

Lomelí pudo haber incurrido en actos ilegales como cohecho al obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público;  actuación bajo conflicto de Interés; enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés y  tráfico de influencias.

Podría, incluso, haber acciones penales contra Lomelí, dijo Sandoval Ballestero. “Se pueden aplicar estas penas que implicarían desde la destitución, sanción económica, inhabilitación del servidor público y dar vista a las autoridades penales competentes si es que la investigación arrojase en este sentido una línea de investigación”, remató.

Mucho se ha hablado en los últimos días, sobre la restricción que se incluyó en la Ley Federal de Austeridad Republicana para que lo funcionarios públicos puedan trabajar en el sector privado luego de terminar su encargo.

Figuras como el ex presidente Felipe Calderón y el ex candidato presidencial Gabriel Quadri, han criticado fuertemente la nueva medida, asegurando que dejará sin oportunidades a quienes salgan del servicio público.

Calderón indicó que lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Austeridad, “sólo la puede hacer gente que nunca ha trabajado, no saben lo que es eso”.

Por su parte, Quadri indicó que a los funcionarios públicos federales les conviene renunciar antes de que entre en vigor la nueva Ley de Austeridad, de lo contrario “morirán de hambre sin poder trabajar cuando acabe su empleo en el sector público. Diez años de veda…”.

Pero, en realidad, ¿qué dice dicha medida?

El artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana define dos aspectos. El primero, que para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público, las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos e Intereses económicos particulares que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas, y que signifiquen un conflicto de Interés conforme a lo establecido en lo Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El segundo punto, y que es el que ha causado polémica, indica que los servidores públicos que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de los cuales hayan tenido información en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos cinco años.

Esto implica que sí podrán contratarse en el sector privado, pero no con empresas con las que hayan tenido relación, trato o influencia en las responsabilidades que tuvieron en el servicio público.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que ha generado molestias y ha generado un amplio debate el hecho de que en la Ley Federal de Austeridad Republicana se haya plasmado que los servidores públicos de alto rango no pueden trabajar en ciertas empresas de la iniciativa privada durante los 10 siguientes de haber concluido su encargo.

AMLO dijo que dicha práctica se había convertido en un “abusó”, y que ahora los cambios molestan a varios personajes. “Se pasaron, o sea, se iban del gobierno a trabajar a las empresas, si eran funcionarios de Pemex del más alto nivel, a empresas petroleras privadas; si eran funcionarios de Hacienda, a bancos privados, bueno, un gran abuso en ese sentido”.

Señaló que, al permitirse y acostumbrarse dicha práctica, provocó que algunos funcionarios representaran en el gobierno los intereses de grupos de financieros, y a veces hasta convirtiéndose en traficantes de influencias.

En ese sentido, recordó los casos de los ex presidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, que, tras terminar su encargo, se fueron a trabajar a empresas extranjeras.

“Un ex presidente (Zedillo) se fue a trabajar de asesor o de consejero de una empresa de ferrocarriles (Union Pacific). Durante su mandato se privatizaron los ferrocarriles y él se fue cuando terminó a trabajar a una de las empresas beneficiadas con la privatización”.

El otro caso que expuso fue el de Calderón, quien dijo, “les dio contrato a empresas energéticas (Iberdrola), porque él tuvo que ver con eso. Se desempeñó en esos cargos de energía y luego fue presidente no tan legal que digamos, ni tan legítimo, y se fue a trabajar de consejero a una empresa extranjera del sector energético (Avangrid)”.

López Obrador remató diciendo que una cosa que se les olvidó es la diferencia entre sector público y sector privada, lo cual, no se debió mezclar nunca.

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