Ana Paula Ordorica
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AMLO confirma renuncia de Encinas a SEGOB para sumarse a campaña de Sheinbaum

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, presentó su renunció al cargo, la cual será efectiva a partir de este jueves, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Le agradecemos mucho todo su apoyo, él ya me presentó su renuncia y va a participar en actividades políticas electorales”, dijo el presidente.

AMLO confirmó que Encinas dejaba el Gobierno para participar en las elecciones de 2024, lo cual se supo luego de que Claudia Sheinbaum revelara en redes sociales la invitación que hizo al entonces subsecretario, señalando que había aceptado.

Sin embargo, la renuncia de Encinas a la subsecretaría se da en medio de acusaciones y señalamientos sobre su desempeño en temas de desapariciones, las Fuerzas Armadas y en especial del caso Ayotzinapa.

Encinas era el rostro más visible de la política de derechos humanos desde el inicio del Gobierno de López Obrador, y el más cercano a las organizaciones ciudadanas que trabajan en la materia.

Pero el funcionario afrontó controversias recientes por la defensa que ha hecho López Obrador de las Fuerzas Armadas y por el intento del mandatario de cambiar el censo nacional de desaparecidos, que ahora contabiliza de forma oficial más de 110,000.

Una de las mayores polémicas fue la renuncia en agosto pasado de Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), en medio de presuntas presiones del Gobierno para modificar el registro de desaparecidos y bajar las cifras.

En septiembre, Encinas presentó el segundo informe de la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa en medio de reclamos de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014, quienes acusan al Gobierno de proteger a las Fuerzas Armadas, implicadas en el caso.

Este mes, los investigadores del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) denunciaron ante Encinas que el Ejército obstruye la investigación de la “Guerra sucia”, periodo de represión estatal de 1960 a 1990 que López Obrador prometió esclarecer.

Al respecto, López Obrador descartó que esto afecte investigaciones como las de Ayotzinapa. “Nada, continúa la investigación, y toda esa información la entregó la Sedena”, insistió.

Con estos señalamientos y habiendo dejo varios pendientes, Encinas se incorporará al equipo de Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena a la Presidencia en 2024.

Finalmente, AMLO informó que en su lugar se quedará Félix Arturo Medina Padilla, quien hasta ahora se desempeñaba como procurador fiscal de la Federación.

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Karla Quintana fue obligada a ‘reducir’ cifras del reporte de desapariciones

La revista Proceso publicó este viernes que según fuentes consultadas, la renuncia de Karla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) fue resultado de las presiones que ejerció el subsecretario Alejandro Encinas, para que redujera las cifras del censo de personas desaparecidas.

Proceso revela que desde hace aproximadamente dos meses, Encinas ordenó a Quintana buscar “la manera” de reducir el número de los reportes del censo actual, esto después de que el presidente anunciara un nuevo censo para validar las cifras actuales, ya que asegura que los números del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) están “inflados”.

Se reporte que el punto de quiebre fue la participación de los servidores de la Nación adscritos a la Secretaría del Bienestar en la primera etapa del nuevo censo, que se instruyó realizar en 22 gobiernos estatales; gobiernos con gobiernos afines a la 4T.

Y es que Karla Quintana aseguró, según reporte Proceso, que la Secretaría de Bienestar no está considerada como autoridad buscadora definida en la Ley General en Materia de Desaparición de Personas.

Además, Encinas llegó a sugerir a la entonces titular de la CNB que para “reducir las cifras”, al menos en percepción, eliminar de los reportes la cifra total de los registros y dejar operando sólo las listas de desaparecidos y no localizados y las de localizados.

Otra opción que Encinas habría planteado era eliminar del registro los casos en que “no hubiera datos contundentes de la desaparición”.

Ante la negativa de Quintana para ‘modificar los reportes, el subsecretario habría pedido la renuncia de Quintana, quien a su vez le habría solicitado lo hiciera por escrito donde se especificara las razones de la misma.

Ayer, al abordar brevemente el tema de la renuncia de Quintana, el presidente López Obrador afirmó que será la secretaria de Gobernación quien se encargará de definir quién ocupará el cargo, además de que rechazó que Quintana estuviera inconforme con algo al interior de la Comisión.

“No (estar inconforme). Yo creo que cerró un ciclo. Y como somos libres…”, respondió el mandatario al ser consultado sobre el tema.

Más tarde, y ante la insistencia de los reporteros, el presidente reconoció la participación de Quintana al frente de la Comisión, y descartó que la salida de la funcionaria afectaría los trabajos que realiza el Gobierno en esta materia.

Sobre Encinas, se limitó a decir que estuvo de acuerdo con la salida de la Karla Quintana.

Lo que es cierto es que la renuncia de Karla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda se da en medio de una fuerte crisis de desapariciones en el país. En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Santiago Corcuera, ex presidente del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, sobre este problema y cómo incluye la salida de Quinta del gobierno federal.

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No hay evidencias que el gobierno federal o alguna dependencia utilice Pegasus: CNDH

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) deslindó al gobierno federal del presunto uso del software Pegasus, con el que se ha reportado han sido espiados defensores de derechos humanos y periodistas, así como el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, caso que fue revelado la semana pasada por The New York Times.

La Comisión detalló que se inició una investigación por el presunto espionaje en contra de organizaciones civiles de derechos humanos, en donde no se encontraron “elementos que presuman que el Gobierno federal, o alguna entidad del mismo, se encuentre actualmente utilizando el sistema Pegasus, ni realice espionaje”.

La semana pasada, The New York Times publicó un reportaje en el que, citando varias fuentes en contacto directo con Encinas, aseguró que este había sido víctima de espionaje con el sistema Pegasus por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Un día después, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que habló con Encinas sobre el supuesto espionaje a quien le dijo que no le diera “importancia, porque no había ninguna intención de espiar”.

Además, reconoció que Encinas le comunicó que había sido contactado por el diario neoyorquino para consultarle si había sido espiado y que contestó que “probablemente sí”.

No obstante, López Obrador negó que el posible espionaje fuese realizado por el Ejército, que es hoy en día la única dependencia que cuenta con Pegasus para sus labores de inteligencia.

Al respecto, la CNDH expresó su extrañamiento sobre los trascendidos de que Encinas haya sido espiado, y afirmó que sería importante esclarecer quién o quiénes estarían ejerciendo este tipo de prácticas, “a todas luces condenables e inadmisibles en un Estado democrático, pero sobre todo a qué intereses sirven”.

Asimismo, hizo un llamado a los involucrados a aportar todos los elementos con que cuenten para que se trasciendan las especulaciones y se investigue debidamente.

Refirió que “llama la atención” el hecho de que este tipo de prácticas pudieran estarse dando, no solamente contra un alto funcionario gubernamental, como el subsecretario Encinas, sino contra cualquier ciudadano.

Recordemos que las agencias gubernamentales, y no los individuos, pueden comprar Pegasus, una herramienta de software desarrollada por la empresa israelí NSO que permite infiltrar un teléfono y tener acceso al historial digital completo de un individuo, incluyendo todas sus conversaciones.

En octubre del año pasado, el grupo Guacamaya Leaks publicó documentos que hackeó de la Sedena, en los que se revelaba que el Ejército había espiado, ya con el presidente López Obrador en el poder, a periodistas y activistas.

Antes de ello, una investigación de medios internacionales destapó en 2021 que varios países intervinieron 50,000 teléfonos con el programa Pegasus, de los que 15,000 fueron en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la cifra más alta del mundo.

La investigación reveló que fueron intervenidas las comunicaciones de activistas y periodistas; del entonces líder opositor y actual presidente, López Obrador, además de algunos de sus colaboradores y su cardiólogo, así como familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

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Alejandro Encinas ha sido espiado usando Pegasus: NYT

Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, considerado el máximo responsable de Derechos Humanos dentro del gobierno federal, ha sido “espiado repetidamente” a través del programa Pegasus, según una investigación del diario The New York Times (NYT),

En caso de confirmarse la información que publica el diario, Encinas sería el más alto cargo espiado en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien Encinas mantiene una amistad personal que no ha impedido que se produjeran entre ellos varios desencuentros, sobre todo por el papel de las Fuerzas Armadas en distintos abusos y atropellos.

NYT reconoce que no hay una prueba definitiva de quién llevó a cabo la infiltración en el teléfono de Encinas, pero inmediatamente añade que el Ejército “es la única entidad en México con acceso a este programa de espionaje”, y que ha intervenido más teléfonos que ningún otro cliente en el mundo.

Solo las agencias gubernamentales, y no los individuos, pueden comprar Pegasus, una herramienta de software desarrollada por la empresa israelí NSO que permite infiltrar un teléfono, desde una fotografía, mensaje de correo electrónico o WhatsApp, y desde ahí tener acceso al historial digital completo de un individuo, incluyendo todas sus conversaciones.

La última infiltración en el teléfono de Encinas se habría producido el pasado año, mientras dirigía la Comisión de la Verdad para esclarecer el secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo que llevó a Encinas a señalar la responsabilidad del Ejército.

El diario indicó en su publicación que contactó con la Presidencia, con la Secretaría de la Defensa y con el propio Alejandro Encinas, que declinaron hacer comentario sobre el presunto espionaje.

Encinas se enteró de la intervención a su teléfono por Citizen Lab, una organización basada en la Universidad de Toronto que investiga abusos en el mundo digital y casos de censura, y que efectuó un “análisis forense” en el celular de Encinas, aunque él no lo hizo público.

También dos funcionarios más que trabajaban con el subsecretario en temas relacionados al papel de las Fuerzas Armadas, han sido víctimas de este espionaje a través de sus celulares, añade NYT.

Encinas es uno de los pocos funcionarios que públicamente ha denunciado el creciente poder de las Fuerzas Armadas y su influencia en la política y en enormes contratos de obras públicas, como la construcción del Trne Maya, la distribución de medicinas o la gestión de puertos y aduanas.

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Militares detenidos por caso Ayotzinapa presentan denuncia por fabricación de evidencias

Los cuatro militares detenidos por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa presentaron ayer una denuncia pena contra quien resulte responsable ante la Fiscalía General de la República (FGR), alegando el uso de pruebas falsas.

Esta denuncia podría afectar el proceso de la investigación, con la que se ha comprometido el presidente López Obrador, e incluso alcanzar al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que ha dirigido las investigaciones.

El general retirado José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel fueron quienes presentaron la denuncia.

Los abogados de los militares, Alejandro Robledo Carretero y César González, indicaron que con la acción se busca hacer frente a lo que consideraron como un procedimiento “viciado” por la “fabricación y el uso de evidencias falsas” en el último informe de la Comisión de la Verdad y las indagatorias y procesos que adelantan las autoridades judiciales.

Independiente de las investigaciones que adelanta la comisión gubernamental, la Fiscalía General de la República avanza desde hace varios años un proceso que llevó a las detenciones de algunos exfuncionarios y los militares.

A raíz de las acciones de la Fiscalía a Rodríguez Pérez, quien era comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones, le dictaron cargos por el delito de delincuencia organizada, mientras que Martínez Crespo, Pirita Ochoa y Mota Esquivel enfrentan un proceso por los delitos delincuencia organizada y desaparición forzada.

Rodríguez Pérez fue mencionado por Encinas como el presunto responsable de la desaparición de seis de los 43 normalistas.

Tras asegurar que los cuatro militares implicados en el caso fueron “detenidos indebidamente con acusaciones sin fundamento, sin pruebas”, el abogado González señaló a Encinas de incurrir en “violación de correspondencia” y de presentar “declaraciones falsas” ante las autoridades, y lo instó a renunciar a la comisión.

“Ha abusado de sus facultades como funcionario público para buscar chivos expiatorios y producir resultados viciados y con todo esto ha dañado gravemente las posibilidades de éxito de las investigaciones. y la reputación del Ejército”, sostuvo el abogado en conferencia de prensa.

Al ser consultado sobre quiénes podrían ser alcanzados por la acción judicial, González afirmó que todo dependerá de lo que decida la Fiscalía.

Luego del pronunciamiento de los abogados, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa a los padres de los estudiantes, afirmó que los militares acusados “buscan confundir” con la “anuencia del mando”.

La organización dijo que la no verificación de parte del informe de la Comisión de la Verdad “no resta valor a pruebas de acusación” sobre colusión entre el narco y miembros del Ejército.

Y es que la investigación sobre la desaparición de los normalistas se vio envuelta en polémica la semana pasada luego que el grupo de expertos internacionales designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el GIEI, cuestionó la credibilidad de parte de las evidencias que se utilizaron para armar el más reciente informe de la Comisión de la Verdad.

Los expertos reconocieron que las pruebas utilizadas en el informe presentan “inconsistencias” en cuanto a fechas, la forma de escritura de algunos de los mensajes y los dispositivos que se utilizaron, lo que dijeron, complica la verificación de las evidencias.

Por su parte Encinas defendió las acciones de la Comisión y afirmó, en un video que difundió en su cuenta de Twitter, que se ha desatado una “intensa campaña” para “desacreditar el trabajo y las investigaciones”.

Recordemos que el subsecretario de Gobernación presentó a mediados de agosto un informe con indicios sobre los presuntos implicados en la desaparición de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre del 2014, así como en el ocultamiento posterior de los hechos, en el que participaron altos funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

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Caso Ayotzinapa no está cerrado: AMLO. Detienen a Murillo Karam

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este viernes que no está cerrado el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, esto luego de que ayer se presentara el informe de la Comisión de la Verdad del caso que concluyó que se trató de un “crimen de Estado” y que descartaba que los estudiantes estén vivos.

“Desde luego el caso no está cerrado, ayer se dio a conocer el informe de la comisión y la Fiscalía va a seguir actuando, está procediendo, y también va a corresponder a los jueces y al Poder Judicial la impartición de la Justicia”, manifestó López Obrador desde Tijuana.

Ayer, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, encabezó la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia que López Obrador creó en 2018 para resolver el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron en Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

El reporte, el primero en su tipo, concluye que el acto fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles, incluyendo al Ejército.

López Obrador, quien prometió resolver el caso cuando asumió la presidencia en diciembre de 2018, insistió en que “no se termina el proceso, es un informe” y que “además este tipo de delitos no prescriben”.

Sobre la actuación del Ejército, el mandatario argumentó “que debe tomarse en cuenta que la actuación de malos servidores públicos no significa el mal funcionamiento de una institución, más si se hace el deslinde y se castiga a los responsables”.

Recordó que él sostuvo que “si miembros del Ejército habían participado en actos ilícitos, en vez de debilitarlo, dándolo a conocer y reconociéndolo, se fortalecía la institución”.

El informe se presenta a un mes de que se cumplan 8 años de los hechos. El 26 de septiembre de 2014 los estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.

Según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, mejor conocida como la “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

La Administración de López Obrador desmintió dicha versión, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

Quién en ese momento estaba al frente de la entonces te PGR era Jesús Murillo Karam, a quien se le ha considerado como el defensor de la llamada verdad histórica.

Este viernes, la Fiscalía General de la República informó sobre su detención, cuando iba saliendo de su domicilio en un inmueble ubicado en Lomas de Chapultepec.

Y es que según la carpeta de investigación Murillo Karam estaría entre los funcionarios públicos que incurrieron en ma alteración de los hechos, por lo que se estaría señalando como presunto responsable de la fabricación de la versión anterior del caso Ayotzinapa.

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2020, el año con más homicidios de periodistas en la última década: Segob

México registra este año 19 homicidios de periodistas, la cifra más alta en la última década, según datos oficiales divulgados este miércoles por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien presentó un informe sobre los asesinatos a periodistas.

México es uno de los países situados entre los mas peligrosos del planeta para ejercer la profesión, pues se ha registrado un repunte en los últimos tres años de hasta 54 comunicadores asesinados.

Encinas detalló que desde 2010 los periodistas mexicanos han padecido “una década de enorme violencia”, con un total de 138 homicidios, un problema que se ha intensificado en fechas recientes.

“En los últimos tres años (los homicidios de periodistas) han tenido un repunte significativo y reconocer que este año es lamentablemente el año en que se han cometido el mayor número de homicidios en la última década, alcanzando la cifra de 19”, sostuvo el funcionario.

Desde el inicio del gobierno de la Cuarta Transformación, hace casi dos años, ha habido 38 asesinatos, el 13% de ellos con mujeres como víctimas. Del total, dos se registraron en el mes de diciembre de 2018, 17 en 2019 y 19 en el 2020.

Encinas detalló que la mayor parte de los homicidios se localizan fundamentalmente en cinco entidades del país: en Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua, que concentran más del 51% de los homicidios cometidos contra periodistas en esta década.

La violencia ha alcanzado incluso a comunicadores incorporados al Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, con seis homicidios de reporteros amparados desde 2017.

Además, en los últimos cinco años se han registrado 1,052 agresiones contra periodistas, que van desde golpes, lesiones y amenazas hasta ataques contra sus oficinas.

Más del 40% han sido atribuidas a servidores públicos, a los que también se vincula con el 9% de las muertes desde diciembre de 2018. El espacio donde se da fundamentalmente la violencias es, lamentablemente, en el ámbito municipal y con servidores públicos en dicho ámbito de gobierno.

Entre los motivos que explican esta problemática sobresale la impunidad. “Solamente el 5% de los 38 homicidios cometidos en esta administración tiene sentencia”, reconoció Alejandro Encinas.

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La 4T ofrece disculpa pública a la comunidad de Acteal, por la matanza de 45 indígenas en 1997

El Gobierno federal se disculpó este jueves públicamente por la matanza de Acteal de 1997, en la que murieron 45 indígenas tzotziles, y se comprometió a reparar los daños con compensaciones económicas para superivientes y familiares de las víctimas.

“Asumo en nombre del Estado mexicano el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos humanos fundamentales y ofrezco una disculpa pública a la comunidad de Acteal por los hechos de violencia que dieron lugar a la masacre”, expresó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

Por su parte, Fernando Luna, sobreviviente y representante de las víctimas, aceptó la disculpa porque “no solo reconoce que el Estado mexicano fue incapaz de proteger a la población de Acteal, sino además reconoció y asumió la responsabilidad por acción u omisión de los paramilitares que perpetraron la masacre”.

El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas que oraba en la comunidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, en Chiapas, fue atacado por un centenar de presuntos paramilitares, también indígenas.

En la matanza fallecieron 45 tzotziles, 21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 15 niños y 9 ancianos, y fueron heridos otros 26.

Las víctimas formaban parte de la agrupación Las Abejas, un grupo indígena, cristiano, pacifista y antineoliberal.

Esta organización ha señalado al entonces presidente Ernesto Zedillo, al secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet
y al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes, de llevar a cabo ese operativo para debilitar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), guerrilla indígena levantada en 1994 en Chiapas.

Decenas de sospechosos fueron arrestados en agosto de 2006 y condenados a penas de hasta 25 años de cárcel en 2007 por un juez federal, pero los supervivientes llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Así, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), firmó este jueves un acuerdo de solución amistosa frente a la CIDH en el que pide disculpas y se compromete a entregar compensaciones económicas a las víctimas, así como entregar becas y apoyos a la vivienda, y mejorar la infraestructura hidráulica y hospitalaria de la comunidad.

Este acuerdo engloba a 18 fallecidos y 12 supervivientes, puesto que el resto prefirió esperar a que la CIDH emita el informe definitivo sobre la masacre.

El subsecretario Encinas definió la matanza como un “suceso doloso e indolente” y lamentó que el Estado mexicano pretendió ocultar la tragedia alterando incluso la escena del crimen para criminalizar a las propias víctimas.

“Asumimos este acto de reconocimiento para que junto con la comunidad de Acteal avancemos en la reconstrucción del tejido social y el abatimiento de la desigualdad”, expresó.

Fernando Luna, vestido con ropajes tradicionales, expresó que este compromiso “no habría sido posible de lograr en
administraciones pasadas” y añadió: “Aceptamos esta disculpa pública porque el pueblo toztzil tenemos un corazón enorme y somos un pueblo de paz”.

Además, celebró que quedó desacreditada la versión del Gobierno de entonces de que la masacre había sido fruto de enfrentamientos entre indígenas por un conflicto religioso y de tierras.

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Con AMLO en el poder, se han registrado 5 mil 184 personas desaparecidas

Desde el inicio de la presente administración, se han realizado labores de búsqueda en 519 sitios en casi todos los estados de la República, donde se han identificado 873 fosas y se han exhumado mil 124 cuerpos, informó hoy e subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas.

Durante el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se han registrado 5 mil 184 personas desaparecidas.

El funcionario federal explicó que del total de cuerpos, 395 han sido identificados y 243 han sido entregados a sus familiares.

Al presentar las cifras del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, Encinas dijo que los estados que registran el mayor número de fosas clandestinas son Sinaloa, Colima, Veracruz, Sonora y Jalisco, con 61% en conjunto.

Acompañado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el subsecretario presentó el Informe sobre Fosas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas.

Mencionó que los estados que han concentrado el mayor número de cuerpos exhumados en las fosas clandestinas son Sinaloa, Jalisco, Colima, Sonora y Chihuahua, con 825 cuerpos que representan el 73%.

Añadió que en 16 entidades se concentran las fosas y la presencia de cuerpos. Al cierre de 2019 había 9 mil 164 casos de denuncias por desaparición, de las cuales 5 mil 184, el 57 por ciento, no fueron localizados y el resto fueron localizadas.

Respecto a las cifras de menores de edad, Endina indicó que hay 2 mil 720 denuncias de desaparecidos, de los cuales mil 713 han aparecido.

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La única verdad clara hasta ahora es que no hay ninguna verdad histórica: Encinas sobre Ayotzinapa

El fiscal Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, aseguró que no se encubrirán las complicidades que se dieron en la desaparición de los 43 normalistas y por el contrario, se hará valer la ley para encontrar la verdad.

Al participar en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el funcionario sostuvo que desde su Unidad, ninguna persona está por encima de la ley, además de que se trabaja para llegar a la verdad y que haya justicia para las familias de los desaparecidos a cinco años de los hechos

El funcionario señaló que se investiga “fuertemente” los actos de malos tratos y torturas que se dio a las personas involucradas en el caso “y en su momento empezaremos a dar los resultados de las investigaciones”.

Al afirmar que se busca ofrecer mayores pruebas al juez que lleva el caso, adelantó que la semana próxima se citará a quienes en su momento tuvieron un cargo en los tres niveles de gobierno y que estuvieron vinculados con el caso, como el exgobernador Ángel Aguirre y el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Expuso que si se reúnen las pruebas necesarias para fincar nuevos delitos y si los funcionarios vinculados u otras personas son responsables por actos u omisiones, podrían ser llamados a declarar o detenidos nuevamente.

Gómez Trejo indicó que la Unidad a su cargo retomó los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que trabajaron en 2015 y 2016 en el caso, así como de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Refirió que en los tres meses que tiene operando la Unidad, se han llevado a cabo nueve procesos de búsqueda, acciones de investigación para encontrar y localizar a los estudiantes, así como la diligencia de Tepecoacuilco y “en cuanto se tengan resultados se informará a la sociedad”.

En ese sentido, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, confirmó que el exprocurador, Jesús Murillo Karam, ha mostrado voluntad para comparecer ante la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa.

Reveló que el extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ha mencionado que no todos los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, lo que se trataría de un elemento que “muestra la vulnerabilidad de la verdad histórica”.

Encinas dijo que “en el caso de Ayotzinapa la única verdad clara es que hasta ahora no hay ninguna verdad histórica”.

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Liberan a 24 inculpados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa

El subsecretario de Derechos humanos, población y migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó este domingo que un juez ordenó la liberación de 24 inculpados en el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Indicó que el juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, otorgó ayer las órdenes de libertad en una vieja práctica de “sabadazo”.

Encinas detalló que con estas nuevas liberaciones suman 77, pues anteriormente ya se habían liberado 53 personas más, de las 142 personas relacionadas por presunción de la comisión de diversos delitos relacionados con la desaparición de los estudiantes.

Alertó que de mantenerse la tendencia, en los próximos días podrían permitirse más liberaciones de las 65 personas que aún siguen en prisión.

El funcionario calificó la liberación como una afrenta para las víctimas y sus familias, además de mostrar la “miseria y podredumbre en que se encuentra el sistema de justicia del país”.

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La ‘verdad histórica’ se construyó con base en la simulación: Encinas sobre Ayotzinapa

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) presentó esta mañana un informe sobre la situación legal de las personas procesadas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Confirmó que el pasado 30 de agosto, el juez 1º de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, el juez Samuel Ventura Ramos, dictó sentencia absolutoria a Gildardo López Astudillo conocido como ‘el Gil’, quien es señalado como jefe de plaza de ‘Guerreros Unidos’ en Iguala al momento de la desaparición de los 43 estudiantes.

Encinas explicó que el juez determinó que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada, y con ello desestimó 44 pruebas en contra de López Astudillo que buscaban acreditar el delito de secuestro.

“Se circunscribió solamente analizar 162 de los 791 tomos que forman parte de la averiguación y consideró que se había aplicado el delito de tortura (…) este es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de la desaparición forzada”, dijo Encinas.

Fue en ese punto donde recordó que del 26 de septiembre de 2014 al 30 de agosto del 2018 se han consignado a 169 personas, de las cuales fueron detenidas 142, particularmente civiles vinculados al cártel de Guerreros Unidos de la región, así como policías municipales de Iguala y de Cocula.

Los delitos fundamentales que se les fincaron entonces fue el de delincuencia organizada vinculada con delitos a la salud, los delitos previstos en la Ley Federal de Armas y Fuegos y el de la Ley de Secuestro.

De las 142 personas detenidas, la entonces Procuraduría General de la República entonces procesó a 70 personas por el delito de secuestro a los normalistas; sin embargo, a la fecha han sido liberados 53 personas. En ese sentido, fijo el funcionario, con el precedente de la libertad absolutoria de López Astudillo existen los elementos para que la autoridad judicial pueda liberar a otros 50 detenidos.

El subsecretario dijo que las liberaciones y sentencias se deben a una indebida integración de la investigación por parte de las autoridades ministeriales basadas en irregularidades y graves violaciones a la ley.

“Hay que decirlo con toda claridad, la mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas”, sostuvo Encinas.

Señaló que habiendo elementos claros y suficientes para fincar y deslindar responsabilidades por los delitos cometidos, la actuación indebida de la autoridad judicial ha generado condiciones para que con una muy laxa interpretación de la ley se puedan retirar los cargos que se le imputaron a los detenidos.

Aprovechó para hacer un exhorto a la Fiscalía General de la República (FGR) para que reencauce la investigación, subsane las omisiones y permita una investigación diligente para poder deslindar las responsabilidades que se cometieron por parte de autoridades o civiles en esta desaparición.

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¿Qué dijo AMLO en la conferencia de este 10 de junio?

Durante la conferencia matutina de este lunes 10 de junio, ofrecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional se abordaron estos temas:

  • El presidente aseguró que “ya pasó la semana difícil” tras superar la amenaza de Estados Unidos sobre aplicar aranceles a productos de nuestro país y reiteró que “estuvo muy bien” la delegación mexicana que logró un acuerdo en Washington.
  • AMLO dijo estar contento y feliz con los pactos alcanzados “porque evitamos una crisis económica,  que no era una cosa menor, los técnicos, economistas, hasta los que no nos ven con buenos ojos sabían del impacto que iban a tener los aranceles”, dijo.
  • El presidente reveló que en la conversación telefónica que tuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, le pidió un plazo de 90 días para tomar cualquier decisión si el acuerdo migratorio tomado no funciona.
  •  Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), dijo que el acuerdo migratorio con EUA se evaluará en 45 días.
  • Ebrard dejó claro que en las negociaciones no hubo ningún acuerdo que implique que México compre granos a Estados Unidos.
  • Reveló que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo: “si tú aceptas algo que no tenga que ver con el acuerdo, no lo acepto, ni vamos a aceptar firmar el domingo ser un tercer país seguro”.
  • Ebrard Casaubón consideró que el mayor riesgo durante los últimos diez días fue que se aplicaran los aranceles a productos mexicanos a partir de hoy o que se suspendiera el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
  • Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que, por instrucción del Presidente, para el aniversario número 50 de “El Halconazo” en una primera etapa se recuperarán los espacios públicos “en los que se dio ese régimen de tortura”.
  •  El Presidente lamentó el asesinato de Norberto Ronquillo, quien fue secuestrado en la Ciudad de México “es una asignatura pendiente lograr la paz y tranquilidad. Estamos trabajando, esa es una asignatura pendiente, estamos ocupados y preocupados, lamentamos mucho estos casos, nos duelen y lo digo de de manera sincera, se está trabajando”, afirmó.

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Niña que murió en estación migratoria de México se cayó de una litera: Encinas

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, indicó que la causa de la muerte de una niña guatemalteca en una estación migratoria de la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México fue por caer de una litera y no de complicaciones por enfermedad como lo informó el Instituto Nacional de Migración (INM).

“Lamentablemente tuvimos el deceso de una niña guatemalteca que viajaba con su madre, una niña de 10 años, que sufrió un accidente dentro del dormitorio en donde estaba con su mamá al caerse de una litera y fue fundamentalmente el trauma del golpe lo que provocó su deceso”, señaló Encinas.

El subsecretario mencionó que la averiguación sigue abierta para que en caso de negligencia se sancione a quien resulte responsable del suceso.

Finalmente, el funcionario señaló que la madre de la niña se reservó el derecho a declarar y que regresará a su país con acompañamiento del consulado de Guatemala.

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En 5 meses se han encontrado 222 fosas clandestinas en el país: Encinas

En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han detectado 222 fosas clandestinas, con 337 cuerpos, según informó Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Durante la conferencia matutina del presidente, Encinas presentó el reporte, según el cual el hallazgo fue del 1 diciembre de 2018 a la fecha, con labores del Gobierno Federal y la sociedad civil.

El funcionario reveló que en 81 sitios se encontraron fosas clandestinas y el 72% se ubican en los estados de Veracruz, Sonora, Sinaloa, Colima, Zacatecas y Nayarit.

La entidad que encabeza el número de cadáveres es Veracruz con 72, indicó Encinas.

De manera especial, en Guerrero se han detectado casos donde hay mayor presencia de “fosas prefabricadas” y “fosas recicladas”, con excavaciones reutilizadas por los grupos delictivos.

En Nayarit, dijo, se localizó una fosa con dos cuerpos en una excavación de más de dos metros de profundidad en la que se requirió maquinaria pesada para ello.

Según el funcionario, entre las acciones de Gobernación están la revisión y actualización del registro nacional de personas desaparecidas, ya que no existe ni tiene información confiable, de modo que se construirá un registro nuevo.

Ese registro se dará a conocer de manera quincenal y estará acompañado del diagnóstico nacional forense y emergente para enfrentar la crisis en materia forense.

Al respecto, el presidente López Obrador sostuvo que la violencia y la inseguridad en el país son herencia de una política fracasada de gobiernos anteriores.

“Ahora tenemos que informar sobre las fosas clandestinas, porque, aunque duele, tenemos que saber lo que realmente sucedió y desgraciadamente sigue pasando”, dijo.

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¿Qué dijo AMLO en la conferencia de este 14 de mayo?

Durante la conferencia matutina de este martes 14 de mayo, ofrecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional se abordaron estos temas:

  • El presidente anunció detalles del trabajo que se está realizando para identificar los cuerpos hallados en fosas clandestinas.
  • Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, detalló que del 1 de diciembre de 2018 al día de ayer, se han ubicado 81 sitios donde han sido identificadas 222 fosas clandestinas, mismas en las que se encontraron 337 cuerpos, en seis estados del país, principalmente en: Colima, Tabasco, Guerrero, Sonora, Zacatecas y Jalisco.
  • El funcionario federal detalló que la cifra de cuerpos encontrados puede variar en la medida en que avance la investigación.
  • “En Nayarit se encontraron 22 cuerpos a cuatro metros de profundidad, se requirió maquinaria pesada para hacer estas fosas y se está investigando y pronto daremos a conocer… hay casos de fosas recicladas como en Guerrero”: Encinas.
  • Jesús Ramírez, vocero de Presidencia, explicó que la campaña nacional para alejar a los jóvenes de las acciones descansará en tres ejes fundamentales: educación y habilidades para la vida, prevención, promoción y rehabilitación de la salud mental, así como comunicación e información.
  • Ramírez dijo que comprenderá cuatro etapas: “Escuchemos primero”, “Date cuenta”, “Dialoguemos” hasta “Vive”.
  • Asimismo, anunció que la estrategia contará con la participación de cineastas y deportistas, quienes apoyarán en la promoción de la campaña.
  • El Presidente reiteró que antes de entrar a la etapa de legalizar la marihuana, se deben atender las causas de las adicciones, poner en marcha la Guardia Nacional, emprender la campaña nacional contra adicciones, así como los acuerdos con Estados Unidos en la misma materia.
  • AMLO anunció que la próxima semana presentará una investigación sobre quienes gozaron de condonación de impuestos “por miles de millones de pesos” y que emitirá un decreto para renunciar a su facultad de condonar gravámenes.

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