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Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa exigieron este jueves investigar penalmente a todos los involucrados en los hechos, incluyendo al entonces presidente Enrique Peña Nieto.

“En virtud que hubo una junta de autoridades en la cual participó el expresidente Enrique Peña Nieto y otras autoridades de más alto nivel, estamos pidiendo que se abra una investigación penal exhaustiva, que se procese y se sancione a las personas que aparecen ahí, incluido el presidente”, señaló el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, en un mensaje a medios.

Desde el plantón que mantiene afuera del Campo Militar 1, reiteraron su exigencia al Gobierno federal para que sea entregada la información que, aseguran, tiene el Ejército y que ayudará a seguir con la investigación.

“No sabemos qué contienen esos folios de la información que está en los archivos militares, pero estamos seguros que está relacionada con el paradero (de los 43)”, dijo Rosales.

Los familiares pidieron indagar a quienes aparecen en los archivos presentados hasta ahora, incluido el actual aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por Morena, Omar García Harfuch.

Según ellos, García Harfuch también participó en la creación de la llamada “Verdad Histórica”, la polémica versión con la que el gobierno de Peña Nieto buscó dar por terminada la investigación.

Además, denunciaron que el exprocurador Jesús Murilllo Karam, ahora detenido, no pudo actuar sin una orden directa de Peña Nieto.

“Ellos materializaron la verdad histórica, pero hubo otras autoridades alrededor que participaron en su construcción, debe investigarse a todas esas autoridades que participaron en la construcción”, insistió el abogado.

Los padres pidieron que López Obrador cumpla con la promesa de entregar la verdad, pues afirmaron que no les han dado ninguna razón sobre el paradero de los jóvenes, como prometió el mandatario desde su campaña en 2018.

Los padres anunciaron el levantamiento del plantón, pero recalcaron que regresarán si no reciben la información necesaria.

Las familias, que en un inicio respaldaron al presidente en su aspiración presidencial en 2018, ahora lo acusan de proteger al Ejército, por lo que también anunciaron que evaluarán en próximos meses el encubrimiento del Gobierno.

Los casos de corrupción ocurridos bajo los mandatos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador apenas han avanzado un promedio del 25% en su resolución judicial, pese a acumular desvíos por 26,738 millones de pesos.

Así lo reveló este martes una investigación realizada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) titulada “El tablero de la impunidad”, que también señala que de las 212 personas involucradas solo se han iniciado procesos penales contra 85, lo que significa que el 60% no han sido ni investigados ni procesados.

En lo expuesto por MCC, se refiere que apenas se han realizado ocho juicios y solo el 4% han recibido una sentencia.

El estudio incluye 16 casos, nueve con López Obrador y siete con Peña Nieto, entre los que se incluyen algunos emblemáticos, como el de la Línea 12 del Metro de Ciudad de México, Pemex y Agronitrogenados, Odebrecht o el relativo al organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

“Aún está muy lejos que pueda decirse que se acabó la impunidad. Ni uno solo de los casos de corrupción del sexenio pasado o el actual ha quedado resuelto en su totalidad, lo que resulta inaceptable”, denunció el informe.

En promedio, los casos ocurridos bajo el Gobierno de Peña Nieto llevan una media de seis años y cuatro meses sin solución, mientras que los del sexenio de López Obrador superan los tres años sin avances significativos en las investigaciones.

“Este retraso en la justicia no se explica solamente por la complejidad de los procesos penales, sino por las deficientes actuaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación y la preparación de los casos, así como por su negativa para actuar contra todos los responsables y en el uso discrecional de sus facultades”, ahondaron los investigadores.

Casos como los desvíos en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) del Gobierno y los “moches” en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) no han avanzado nada.

Y otros, como el uso personal de la FGR por parte del fiscal general, Alejandro Gertz, y los relacionados con los familiares de López Obrador apenas han avanzado un 3% y 4%, respectivamente.

Las que más han avanzado, en cambio, son la de la línea 12 del Metro, cuyo derrumbe el 3 de abril de 2021 causó 27 muertes y un centenar de fallecidos, con un 58%; la operación Safiro, el desfalco de millones de pesos por parte del PRI), con el 55%; y la venta de la planta de Agronitrogenados a Pemex, con un 52%.

En noviembre de 2014, cuando el equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui reveló la llamada “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto, el entonces opositor Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exhortó a las autoridades a investigar al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, por haber sobornado con una residencia en Las Lomas de Chapultepec al presidente de México.

“La Casa Blanca en Las Lomas se la dio como un moche el contratista favorito de Peña, Hinojosa Cantú”, acusó López Obrador en una gira en Chiapas, el 13 de diciembre de 2014.

El morenista afirmó aquel día que la “Casa Blanca” había sido una recompensa a Peña de su “amigo y contratista predilecto”, quien a través de la empresa Eolo Plus “le rentaba los helicópteros y aviones cuando era gobernador del Estado de México”.

Seis años y cuatro meses después de esa acusación, en abril de 2021, el gobierno de López Obrador recurrió a la misma empresa aeronáutica fundada por Hinojosa Cantú, para servicios de apoyo logístico a aeronaves del Ejército.

Una nueva investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que entre las aeronaves de la empresa estaban incluidas aquellas que han servido para trasladar al presidente López Obrador en distintas giras por el país.

En los documentos consta que el primer contacto del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación con Eolo Plus se dio el 21 de abril de 2021.

Ese día, el teniente Adrián Peña Gómez, encargado de cotizaciones de la Fuerza Aérea, escribió al correo electrónico de la directora comercial de Eolo Plus, Karen Suárez, para pedirle información sobre los servicios aeroportuarios que ofrecía la empresa. A la par, el militar conversó con ella por teléfono.

Investigación completa en MCCI

La defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, principal acusado por la corrupción de la brasileña Odebrecht en México, aseguró este jueves que cuentan con las “pruebas suficientes” para responsabilizar y pedir la extradición del expresidente Enrique Peña Nieto por “operar un aparato de poder enfocado en la corrupción”.

El abogado del exfuncionario señaló que en México puede ocurrir la acusación contra Peña Nieto “tal y como sucedió en el caso del expresidente de Perú (Alejandro Toledo) hace unos días”, extraditado desde Estados Unidos a Perú por el caso Odebrecht, acusado de haber recibido 35 millones de dólares.

“En este caso hay suficientes condiciones para que el expresidente Enrique Peña Nieto sea extraditado desde España (…) para que responda en torno a las acusaciones formuladas por Emilio Lozoya Austin en la denuncia, que es pública”, sostuvo.

Lozoya, quien fue arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos casos abiertos ante la justicia, ambos por corrupción: Odebrecht y Agronitrogenados.

Hoy se llevó a cabo la audiencia intermedia en la que las partes informarían al juez si habían llegado a un acuerdo en relación con Agronitrogenados.

La defensa de Lozoya informó que mantiene un diálogo con la Fiscalía General de la República, Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo que el juez de control Gerardo Alarcón, difirió la audiencia para el próximo 18 de junio a las 12:30 horas.

El posible acuerdo, que implicaría que Lozoya no enfrente el juicio, tiene como único punto de desencuentro el monto de la reparación del daño.

Recordemos que el equipo legal de Emilio Lozoya ha ofrecido 10 millones 736 mil 351 dólares, con lo que pide beneficie a Lozoya tanto en el caso de Agronitrogenados como en el Odebrecht, además de que el beneficio se extienda a su mamá, Margarita Austin, a su hermana Gilda Margarita y su esposa Marielle Helene.

El Comité Ejecutivo Nacional del PRI, encabezado por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, expresó todo su respaldo y solidaridad al ex presidente Enrique Peña Nieto (EPN), esto luego de que se diera a conocer la investigación que se entregó a la FGR por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. “Frente a las acusaciones hacia el Presidente Enrique Peña Nieto (…) ya basta de los distractores del gobierno, sólo para hablar de todo, menos de su incapacidad e ineficiencia”, dijo la dirigencia del tricolor.

La dirigencia nacional del PRI destacó que Peña Nieto mostró en todo momento un trabajo comprometido por nuestro país, lo que se tradujo en “progreso y desarrollo, algo que ya extrañamos en México”.

El presidente López Obrador pidió ayer no hacer juicios sumarios y actuar con transparencia, además de que reiteró que su gobierno no persigue a nadie ni fabrica delitos.

“Todo lo que se tenga se envía a la fiscalía, que es la instancia que va a investigar. Es muy importante el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios y que al mismo tiempo actuemos con transparencia. Es una línea muy delgada, pero se puede, si asumimos nuestra responsabilidad”, sostuvo AMLO.

Ayer, el expresidente Peña Nieto utilizó sus redes sociales para responder a lo informado por la UIF. En un breve mensaje dijo que aclarará ante las autoridades competentes cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio, que enfatizó, es legal.

“Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia”, finalizó el expresidente, que se sabe, radica en España.

Luego del informe que presentó la mañana de ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, en el que confirmó la entrega a la Fiscalía General de la República de una carpeta por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita del expresidente Enrique Peña Nieto (EPN), Santiago Nieto levantó la mano y recordó que la transformación de la UIF fue un logro suyo.

A través de sus redes sociales, compartió un mensaje en el que señaló que coincidía con lo expuesto por su sucesor, quien destacó que la antes de la llegada de la 4T, la UIF respondía a intereses de un modelo neoliberal.

“La Unidad de Inteligencia Financiera no estaba en la lucha contra la corrupción, era parte”, dijo Gómez en la mañanera de ayer.

Sin embargo, Nieto recordó que fue a él a quien le tocó romper las malas prácticas en la UIF, poniéndola al servicio de la transparencia y honestidad. Destacó que denuncié extorsiones, descongelamientos y opacidad en beneficio del pueblo.

Como muestra del trabajo que hizo al frente de la Unidad, dijo que los modelos de riesgo implementados en la UIF desde 2019 han permitido detectar operaciones irregulares y con presunción de delito.

Sin embargo, sorprendió al señalar que la información relacionada con el expresidente Enrique Peña Nieto, que hoy en día es parte de la denuncia que Pablo Gómez presentó a la FGR, ya había sido reportada previamente a diversas autoridades competentes; dando a entender que no se había procedido pese a tener la información.

En las últimas semanas, Nieto ha estado muy activo. Luego de dejar la UIF, y dedicar tiempo a su vida privada por su recién matrimonio, regresó a la vida pública al anunciar que se sumaría a los equipos de transición de los gobernadores electos de Tamaulipas e Hidalgo.

Julio Menchaca, gobernador electo en Hidalgo, presentó a Nieto Castillo, como asesor externo de su equipo de transición. Al momento de la presentación, Santiago Nieto aseguró estará atento a que no se permita ni acepte ningún “acto arbitrario bajo ninguna circunstancia” en la transición de administraciones.

A finales del mes pasado, el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, también anunció a Santiago Nieto como parte de su equipo de transición, en calidad de asesor.

Al referirse a las denuncias que presentó cuando él era parte de la oposición, el presidente López Obrador recordó que denunció a Carlos Salinas, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, a Felipe Calderón y al “licenciado Peña”.

AMLO aclaró que aunque cuestionó a Peña Nieto por muchas cosas e incluso lo acusó de traidor a la patria a raíz de su reforma energética, lo que lo llevó a denunciarlo ante el Ministerio Público, le tiene consideración y respeto.

Explicó que esto se debe a que, a diferencia de Calderón, de Fox y de otros, Peña Nieto “no se metió en la elección” presidencial de 2018.

López Obrador expuso que tiene información de que los “machuchones”, los que se sentían los dueños de México, buscaron al expresidente en plena campaña presidencial, para ofrecerle una alianza entre la oposición e irse en contra de él y el movimiento que representaba.

“Primero le fueron a ofrecer de que ellos se encargaban de hacer a un lado a Meade y que el candidato único, esa labor que después hizo Claudio X González, fuera Anaya para que, si se juntaban todos, y en eso participaba Fox y todos, Salinas, en contra mía podían impedir de nuevo que yo ganara la presidencia, y tengo información que no aceptó el presidente Peña”, relató.

Indicó que luego de dos meses, desesperados por ver cómo iban las encuestas, los “machuchones” volvieron a buscar al expresidente para decirle que se quedara José Antonio Meade y que ellos se hacían cargo de retirar a Ricardo Anaya de la contienda. “Tampoco aceptó”, dijo.

Aseguró que en el periodo de transición, cuando se reunió con él en Palacio Nacional, la agradeció no haber intervenido en la elección, algo que no hicieron sus predecesores. Reiteró que Felipe Calderón y Vicente Fox le hicieron fraude, algo que el mismo Fox llegó a confesar. .

Al ser cuestionado sobre si la actitud con Peña Nieto implicada algo más que agradecimiento, López Obrador dijo que no hay “ningún acuerdo con Peña, nada absolutamente”, y remató afirmando que él no establece relaciones de complicidad con nadie. “Yo nada más tengo un amo, siempre sólo he tenido un amo: el pueblo de México”.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el expresidente Enrique Peña Nieto (EPN) no combatió lo suficiente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que se expandió con cierta complacencia desde 2011 cuando se escindió del Cártel de Sinaloa.

Esto se desprende de datos recopilados por la Unidad de Transparencia de la Fiscalía, y a los cuales el diario Milenio tuvo acceso, que evidencia cómo este grupo delictivo fue el menos perseguido durante su sexenio.

Según el último informe elaborado por la Fiscalía, de las 3,476 personas vinculadas con el crimen organizado y los cárteles del narcotráfico que fueron detenidas durante el sexenio de Peña Nieto, solo 225 estaban relacionados con el grupo que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

El Cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana, organizaciones criminales con mucho antecedente, han sufrido menos arrestos que el CJNG. En contraste, fueron Los Zetas, con 1,099 detenidos; el Cártel del Golfo, con 893; Los Caballeros
Templarios, con 493; y Los Beltrán Leyva, con 344, las organizaciones más perjudicadas por la administración de Peña Nieto.

De acuerdo con el analista de seguridad consultado por el diario mexicano ‘Milenio’, Eduardo Guerrero, el auge de CJNG comienza en los últimos años del gobierno de Felipe Calderón, produciéndose un “gran descuido” durante el sexenio de Peña Nieto. “Realmente creció desproporcionadamente”, sostiene.

Según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), el Cártel de Jalisco Nueva Generación tiene presencia en 23 de las 32 entidades del país, extendiéndose con mayor rapidez sobre el centro y norte del país, utilizando las aduanas de Tijuana, Juárez y Nuevo Laredo, así como el puerto de Manzanillo, como puntos para traficar con sustancias ilícitas.

El CJNG, que cuenta actualmente con una treintena de grupos criminales subordinados y una veintena de socios menores, ha logrado asentar una importante base social, gracias entre otras cosas, por su influencia en la política local o por episodios como los vividos durante la pandemia, cuando repartieron alimentos y electrodomésticos en la zonas rurales con fines proselitistas para sus candidatos.

Enrique Peña Nieto fue captado en compañía de su novia, la modelo Tania Ruiz, cuando salía de un hotel de lujo en Roma, Italia, en donde una mexicana le gritó “ratero”, según imágenes que se viralizaron en las redes sociales.

En Twitter se compartió un video de apenas unos segundos de duración donde se ve al exmandatario abandonar las instalaciones del Hotel de la Ville para tomar un taxi.

“Él estaba parado esperando su taxi cuando lo reconocí y ya no sabía cómo esconderse… solo asomaba la cabeza a mirarme que yo le decía a toda la gente que él era el expresidente de México y que es un ratero”, publicó en su cuenta de Twitter una usuaria identificada como Karen.

De acuerdo con información de algunos medios, Peña Nieto se encontraba en la capital italiana debido a que su novia, Tania Ruiz, celebró su cumpleaños número 34 el pasado sábado.

En el corto video se ve a Peña Nieto escondiéndose tras las puertas del hotel, mientras la usuaria intenta grabarlo con la cámara de su teléfono, y al salir se sube a un taxi, mientras la usuaria le empieza a gritar “ratero” y “el ratero ya se va”.

En un segundo mensaje, la internauta compartió también que otras personas se unieron a sus reclamos y le dijeron al exmandatario que próximamente su destino sería la cárcel.

“Para ser presidente qué poco… jaja en un taxi, cada quién tiene lo que se merece, van a ir a la cárcel… va a pagar todo”, se escucha decir a alguno de los manifestantes.

Más tarde, la usuaria aseguró que su madre la regañó por haber gritado a Peña Nieto y le dijo que el exmandatario pagará todo lo que ha hecho, sin embargo, dijo no arrepentirse por gritarle.

Cuestionado sobre este video, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo esta mañana que prefería no meterse en esos asuntos.

Video y Fotos: Twitter @karenytv3

El Fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, informó que tortura y privaciones ilegales de la libertad, entre otras prácticas ilícitas, fueron utilizadas para sustentar la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

Según la polémica versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, los estudiantes fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías en Iguala, Guerrero y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

“Porque nosotros hemos avanzado mucho en la controvertida porque mucho de lo que se hizo para quererla sustentar fue obtenido de manera ilícita”, dijo Gómez Trejo en una conferencia de prensa desde el municipio de Cocula, a unos días de que se cumplan siete años de la desaparición.

“Eso quiere decir que incluso testimoniales de personas fueron obtenidas mediante tortura, fueron privadas ilegalmente de la libertad, fueron aisladas completamente de la protección de la ley”, agregó; y dijo que después de ello “lo que hicieron fue reconstruir una averiguación previa armada con piezas procesales que muchas de ellas fueron elaboradas ilícitamente”.

Apenas el lunes pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró su rechazo a la versión del gobierno de Peña Nieto sobre el relato conocido como la “verdad histórica” el cual fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El gobierno de López Obrador reabrió la investigación en 2018 y tumbó la versión al identificar en julio del año pasado restos de Christian Alfonso Rodríguez en la barranca de la Carnicería, ubicada a un kilómetro del basurero.

Desde ese lugar, el fiscal Gómez Trejo dijo que para defender ese relato “hubo un conglomerado de funcionarios que actuaron de manera ilícita, aprovechándose de la posición que gozaban y en función de eso desviaron una investigación y con ello negaron el acceso a la justicia a las familias, la búsqueda de sus hijos y negar la verdad”.

En su turno, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que los resultados se han presentado sobre el caso Ayotzinapa son puntuales y concretos, más no concluyentes.

“Son solo una parte de la investigación que se desarrolla para saber que pasó y dónde están los muchachos desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero”, apuntó.

Y es que en coordinación con Gómez Trejo, este martes llevaron a cabo una diligencia ministerial a la Barranca de la Carnicería, para informar a medios de comunicación sobre los trabajos y hallazgos en ese lugar.

Al término del recorrido, el subsecretario detalló que a la fecha se llevan 53 acciones de búsqueda en ocho municipios de Guerrero, pues dijo que la investigación que se ha integrado demuestra que los hechos sucedieron en distintos sitios.

Enfatizó que toda la información que se da a conocer por parte de la comisión está verificada plenamente, independientemente de las declaraciones de testigos, filtraciones a medios y de rumores que pretenden descalificar el trabajo y reivindicar la ya fracasada “verdad histórica”.

Además de la búsqueda de los estudiantes, el gobierno de la 4T persigue a los responsables de la investigación de la anterior Administración, que estuvo liderada por Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel.

En el país se registraron en agosto 82 secuestros, un 5.7% menos que los 87 del mes anterior, informó este lunes la organización Alto al Secuestro.

“Disminución de 5.7% en las carpetas de investigación iniciadas por el delito de secuestro. En el mes de agosto hay registro de 82 carpetas, en comparación con las 87 del pasado mes de julio”, indicó la ONG.

Además, hubo una baja del 13.7% en cuanto al número de víctimas de secuestro, al pasar de 124 personas en julio a 107 en agosto.

Asimismo, hubo un incremento de 32.3% en el número de detenidos relacionados al delito de secuestro, debido a que en agosto fueron detenidas 135 personas por este delito mientras que en julio fueron arrestados 102 presuntos responsables.

Los estados con mayor incidencia de ese delito fueron Estado de México, con 13 casos; seguido de Veracruz, con ocho casos, e Hidalgo, Chihuahua y Baja California, cada uno con cinco casos de secuestro.

Por el contrario, hubo ocho estados que no registraron ningún secuestro en agosto: Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Durango, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán.

Según Alto al Secuestro, desde el inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en diciembre de 2018, México ha contabilizado 3,903 secuestros, una cifra un 39.7% menor a los 6,479 secuestros que hubo en el mismo lapso de mandato de su antecesor, Enrique Peña Nieto.

En esta primera etapa del mandato de López Obrador ha habido 5,072 víctimas de secuestro.

Recordemos que nuestro país ha registrado los dos años más violentos de su historia en la primera parte del gobierno de López Obrador con 34,682 víctimas de asesinato en 2019 y 34,557 en 2020.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ventiló este martes una conversación que sostuvo con el expresidente Enrique Peña Nieto, quien durante el periodo de transición en 2018 le habría confesado que se sintió “traicionado” por los “de arriba”, pese al poyo que siempre les dio.

“Ahí en el libro hablo de cómo en una plática con el presidente Peña, ya cuando era presidente electo, me dijo de que se sentía traicionado”, afirmó López Obrador.

Explicó que, según lo comentado, Peña sintió que les había dado mucho a los grupos de poder, y había atendido bien a los grupos de élite “y habían actuado de manera traicionera”. Refirió que incluso, fueron esos mismos grupos en conjunto con los medios de comunicación los que convirtieron al expresidente en el “payaso de las cachetadas”.

Afirmó que por ello él no se ha preocupado por quedar bien con estos grupos. “Imagínense que yo me dedico a desayunar a comer, a cenar con los magnates de los medios de comunicación a darles publicidad, a darles apoyo a raudales, ¿tengo garantías con los de arriba?”, cuestionó.

Por último, dijo que la enseñanza mayor de esta anécdota es que hay que atender al pueblo y recalcó que no se puede llevar a cabo una transformación sin la gente. “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, añadió.

El mandatario señaló que esta charla está descrita en su libro “A mitad del camino”, publicado esta semana por Grupo Plantea, el cual según sus detractores, ha estado promocionando desde el gobierno, al utilizar las mañaneras para difundir su venta.

Adicional, AMLO refirió que mañana a las 10:00 horas rendirá su tercer Informe de Gobierno, que marca la mitad de su sexenio.

López Obrador ha venido afirmado que ha cumplido con 98 de los 100 compromisos que hizo al asumir el poder en diciembre de 2018, cuando prometió la “Cuarta Transformación”, centrándose principalmente en erradicar la corrupción, pacificar al país y priorizar “primero los pobres”.

“Estoy satisfecho con lo que hemos logrado, me podría ir tranquilo con mi conciencia porque hay cosas que son irreversibles”, sostuvo el mandatario este martes en su conferencia de prensa matutina.

Pese a las múltiples crisis por las que ha atravesado su administración y a los diversos señalamientos que le ha hecho la oposición, López Obrador promedia 61% de aprobación en el agregado de encuestas que realiza la consultora Oraculus, una cifra mayor al 59% que registraba hace un año, aunque menor al 72% que refería en 2019.

Oraculus indica que su popularidad es mayor a la de sus predecesores Enrique Peña Nieto, Vicente Fox y Ernesto Zedillo, pero menor a la de Felipe Calderón en igual periodo.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que presentará una sexta denuncia por corrupción contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien se encuentra implicado en la trama de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Fuentes de la institución informaron que denunciarán ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Lozoya Austin por el desvío de 1,400 millones de pesos a una empresa cuyo nombre no desvelaron.

Con esta sumarán seis las denuncias presentadas por la UIF en contra de Lozoya, quien dirigió Pemex entre 2012 y 2016, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Recordemos que Emilio Lozoya fue extraditado el año pasado desde España a México, donde afronta dos procesos judiciales en libertad condicional. Uno por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos de obras públicas en los estados de Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz.

El otro juicio es por comprar presuntamente la planta de fertilizantes Agronitrogenados al director de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, a cambio de un soborno con el que se compró una lujosa casa en la capital del país.

La llegada de Lozoya a México supuso un terremoto político ya que cerró un acuerdo con la Fiscalía para afrontar sus procesos judiciales en libertad a cambio de develar y denunciar la trama de corrupción que implica al menos a 70 personas de la clase política mexicana.

En la denuncia que presentó, el exdirector de Pemex aseguró que el expresidente Peña Nieto y uno de sus colaboradores más cercanos, Luis Videgaray, quien fungió como secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, le obligaron a recibir estos sobornos y a usarlos para repartir dinero en el Congreso a cambio de apoyo a las reformas que el entonces gobierno federal presentaba.

También señaló a los expresidentes Felipe Calderón, por corrupción en la compra de la planta Etileno XXI por parte de Pemex, y a Carlos Salinas de Gortari, quien habría presionado para lograr contratos para su hijo.

Además, señala a varios legisladores principalmente de la oposición, entre ellos los actuales gobernadores de Querétaro y de Tamaulipas, Francisco Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quienes supuestamente recibieron sobornos a cambio de votar a favor de la reforma energética de Peña Nieto.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer las investigaciones en trámite, concluidas, así como las que cuenten con sentencias absolutorias o condenatorias firmes contra el expresidente, Enrique Peña Nieto.

El periodo que abarca la resolución emitida por el INAI abarca del 1 de diciembre del 2000 al 29 de enero de 2021.

Al presentar el asunto ante el Pleno, el Comisionado Oscar Guerra Ford planteó que al tratarse de información relacionada con motivos de interés público procede su publicidad, ya que su difusión contribuye a garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y favorece la rendición de cuentas.

“El daño que se causaría con la difusión de la existencia o inexistencia de denuncias contra la persona de interés, aun cuando esto reviste de carácter confidencial por ser un dato personal y evidente de la persona identificable, genera un mucho mayor beneficio a la sociedad en general al publicitarlos que resguardarlos”, indicó Guerra Ford.

Enfatizó que la difusión de la información referida generar certeza sobre la gestión de los exservidores públicos de más alto nivel durante su encargo y el esclarecimiento de hechos que, en su caso, podrían ser violaciones graves de derechos humanos o actos de corrupción.

“Si se negara el derecho de acceso a la información se impediría que la sociedad tuviera los elementos informativos necesarios para el debido escrutinio del ejercicio de las actividades de la Fiscalía o Procuraduría, en cuanto a sus facultades e investigadores, así como respecto del desempeño del exservidor público”, aseveró.

Y es que la FGR respondió que no podía dar a conocer la información requerida, argumentando que al afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna indagatoria, averiguación previa o carpeta de investigación en contra de una persona física identificada o identificable, se estaría atentando contra la intimidad, honor, buen nombre y presunción de inocencia de la persona.

Por eso, el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó su inconformidad con la clasificación de la información requerida a la FGR, antes Procuraduría General de la República (PGR).

Al analizar el caso, la ponencia del Comisionado Oscar Guerra Ford advirtió que las investigaciones concluidas mediante sentencias condenatorias irrevocables, contra Enrique Peña Nieto, en el período del 1 de diciembre de 2000 al 29 de enero de 2021, por delitos cometidos con anterioridad al ejercicio de sus funciones o encargos, no actualizan la clasificación del pronunciamiento en términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

Por otra parte, la clasificación sí resulta procedente en lo que se refiere a las averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas contra Enrique Peña Nieto, que hayan culminado con el no ejercicio de la acción penal, que la investigación se encuentre en trámite, pero ya fue notificada a dicha persona, y aquellas que cuenten con sentencias absolutorias firmes o condenatorias.

Sin embargo, la ponencia determinó que debe prevalecer el derecho de acceso a la información, por encima de la reserva, pues se trata de un exsecretario, exdiputado, exgobernador y expresidente de la República, por lo que la información reviste un interés público, dados los requisitos para ocupar los cargos de referencia, las altas responsabilidades que le correspondieron y los recursos de los que dispuso.

La ponencia concluyó que dar a conocer la información permitirá a la población evaluar el desempeño de las autoridades, y constituye la vía más eficaz para que toda la sociedad conozca la información relacionada con las actividades de investigación de la FGR relacionadas con las averiguaciones e indagatorias en contra de una persona que formó parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo locales y de la Federación, lo cual tiene una evidente trascendencia en la vida pública del país.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, aseguró que el expresidente Enrique Peña Nieto sabía sobre los desvíos de dinero público que se hacía mediante diversos mecanismos, todos relacionados a prácticas de corrupción.

“Mi hipótesis, evidentemente, es que en todos los casos Peña Nieto estaba enterado, en razón de que en un sistema presidencial como este no había posibilidades de que no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala que tuvimos en México”, sentenció el titular de la UIF en entrevista con el diario La Jornada.

Nieto expuso que cuando asumió la dirección de la UIF, encontró que dicha oficina servía para “fines políticos y de presión” a los opositores del gobierno de Peña Nieto.

El funcionario reveló que la información aportada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, permitió ampliar la investigación a 70 personas.

“Setenta personas están siendo revisadas por nosotros. Tenemos casos en los que ya hay un análisis, en otros denuncia penal, vista administrativa, bloqueo de cuentas inclusive, y solicitudes ante la Fiscalía General de la República. Y así hemos estado desarrollando la investigación respecto de todas las personas involucradas en el proceso”, precisó Nieto Castillo.

El titular de la UIF habló sobre las investigaciones contra Rosario Robles, vinculada al caso de la llamada Estafa Maestra; indicó que hay una nueva investigación por la venta de terrenos federales a bajo precio en Puerto Peñasco, Sonora, durante el tiempo en que Rosario Robles encabezó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este viernes que no interpondrá ninguna denuncia contra su antecesor Enrique Peña Nieto, por presuntamente utilizar parte de los recursos que obtuvo mediante sobornos para pagar campañas en su contra.

“No vamos a meter ninguna denuncia contra expresidentes. Vamos a esperar que la Fiscalía termine de reunir los expedientes y sean ellos quienes determinen si hay culpables o no”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

López Obrador aseguró que su postura sigue siendo que no haya persecución, venganzas políticas, y que se aplique la ley con rigor, que no se fabriquen delitos y al mismo tiempo que no haya impunidad”.

Insistió en que será el pueblo quien decida si debe investigarse a los expresidentes en la consulta que se realizará en 2021, misma que fue solicitada por él y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el mes pasado.

Y es que de acuerdo con versiones periodísticas, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, afirma que el expresidente Peña Nieto utilizó parte de los sobornos que recibió de Odebrecht en la campaña presidencial de 2012 para desprestigiar a López Obrador y a la entonces candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota.

Lozoya abundó en su declaración que el entonces coordinador de campaña, Luis Videgaray ordenó pagar a asesores y analistas políticos, quienes debían entregarle directamente el resultado de su trabajo.

Además, esta semana se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) denunció al expresidente Peña Nieto por el delito de traición a la patria, al haber ordenado pagos por más de 121 millones de pesos que habrían sido repartidos entre miembros del Congreso para que aprobaran la reforma energética, que abrió el sector a la iniciativa privada tras décadas de monopolio estatal.

Al respecto, López Obrador dijo que él no podría detener ningún proceso de la FGR ya que es un organismo “autónomo”. Reiteró que su Gobierno siempre respetará la máxima de “al margen de la ley nada, por encima se la ley, nadie”.

“Se va a impartir justicia sin tendencias, ni consignas. Es un caso muy relevante porque está implicando a altos funcionarios, y es además. Es un tema electoral también porque se sostiene que este dinero, que fueron sobornos, se utilizó para campañas”, lamentó.

AMLO afirmó que se están viviendo tiempos “interesantes”, y aseguró que por primera vez no existe una consigna del presidente “ni a favor ni en contra de nadie”.

Del mismo modo, afirmó que sea cual sea la decisión de las autoridades, tanto el pueblo como las personas acusadas deben estar tranquilas porque se aplicará la ley con rigor.

Reiteró su confianza en la FGR, e indicó que como órgano autónomo tiene por primera vez un fiscal recto e íntegro, incapaz de actuar de manera indebida, lo cual debe de dar seguridad incluso a los implicados porque se impartirá justicia sin sesgos.