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Una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) vinculó a Manuel Velasco, actual coordinador del Partido Verde en el Senado y aliado de la 4T, al caso de la Estafa Maestra que ocurrió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

MCCI reveló que Velasco, como gobernador de Chiapas pagó 60 millones de pesos en 2014 a Factibilidad Empresarial de México, que ese año recibió 146 millones de pesos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entonces encabezada por Rosario Robles, quien se encuentra en prisión por este hecho.

“La ‘estafa verde’, del Gobierno de Manuel Velasco Coello, y la Estafa Maestra del sexenio de Enrique Peña Nieto están vinculadas”, indicó la organización, quien ha sido blanco de las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Recordemos que este esquema permitió el desvío de 5,000 millones de pesos a través de universidades públicas y empresas fantasma cuando Robles estuvo al frente de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el gobierno de Peña Nieto.

El vínculo de Velasco con la Estafa Maestra se da a conocer luego de que se revelara que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) indaga el origen de más de 500 millones de pesos al exgobernador de Chiapas.

Las revelaciones han sacudido la política tras las elecciones del 6 de junio, ya que Morena  perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, por lo que necesitará los votos del Partido Verde. Velasco declaró a los medios de comunicación que su partido “buscaría acuerdos con todos” y que se planteaba “valorar” la alianza con Morena.

Al respecto, el grupo parlamentario del Partido Verde se pronunció “por evitar que las instituciones de Gobierno se utilicen como brazos políticos”; denunció que el SAT está siendo utilizado como herramienta de presión política.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantendrá la acusación por corrupción contra Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo en la pasada administración, tras fracasar la negociación que comenzó con si defensa, para lograr un acuerdo.

La negociación para rebajar la acusación contra la exsecretaria y que recibiera en dado caso la condena menor, se rompió ya que la acusada “no quiere reparar el daño” de sus acciones.

Robles, en prisión preventiva desde agosto de 2019, está acusada de permitir el desvío de fondos por 5,000 millones de pesos a través de contratos con universidades públicas y empresas fantasma, mejor conocida como La Estafa Maestra.

La última audiencia, celebrada el pasado 10 de febrero, fue pospuesta para dar tiempo a una negociación entre la Fiscalía y el equipo legal de Robles, quien denunció se mostró dispuesta a colaborar con la justicia, incluso revelando el nombre del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien habría participado y dado ordenes para llevar a cabo los desvíos.

Sin embargo, en la audiencia de este viernes, tanto la Fiscalía como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) coincidieron en que “no hay condiciones” para solicitar un “procedimiento abreviado”, el cual permitiría rebajar la acusación contra Robles.

La Fiscalía sostuvo que “la propuesta de la defensa no procedía porque se niegan a reparar el daño”, mientras que los abogados de Robles aseguraron que “la reparación del daño no procede por el delito que se acusa”.

El abogado de la excolaboradora del presidente Enrique Peña Nieto, Epigmenio Mendieta, aseguró que hubo incumplimiento de la FGR en su “obligación” de instrumentar acercamiento con su cliente para entablar un proceso de negociación.

“A pesar de la postura que hay por parte de la Fiscalía General de la República en el sentido de que no están en condiciones de llegar a un proceso de negociación, de tal manera de que lo que se puntualizó por parte de la defensa, que existe un derecho, que es un derecho constitucional de Rosario, a que reciba una propuesta formalmente de la procedencia o no del (procedimiento) abreviado”, indicó en en encuentro con los medios.

Ambas partes acordaron convocar a una nueva audiencia para el 26 de marzo, tiempo que servirá para buscar un nuevo acuerdo.

Recordemos que el Fiscal Alejandro Gertz Manero dijo el año pasado que Robles estaba en prisión preventiva porque no quería colaborar con el Ministerio Público, a diferencia de Lozoya, quien afronta su proceso judicial en libertad tras haber alcanzado una cuerdo con la FGR.

Luis Videgaray, excanciller y exsecretario de Hacienda, envió esta tarde un mensaje a su excompañera de gabinete, Rosario Robles. Le dijo que la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar inocentes. “Ese no debe ser el camino para conseguir su libertad”.

El mensaje de Videgaray llega luego de que se confirmara que Robles Berlanga buscará acogerse al criterio de oportunidad y ser testigo protegido de la FGR en relación al caso de la ‘Estafa Maestra’.

Con esto, la exfuncionaria busca recuperar su libertad y reducir las penas que se le pudieran imponer por su presunta participación en el desvío de recursos.

El abogado de Rosario Robles, Sergio Arturo Ramírez, indicó que su clienta tomó la decisión de “ir contra con quien realmente pudiera tener algún tipo de participación o responsabilidad en la parte, sobre todo de las campañas, que es Luis Videgaray; en la parte electoral, en la parte de la campaña, en los fondos que se utilizaron en la campaña, en los cuales Luis Videgaray tuvo injerencia, y fue quien dio instrucciones expresas para que se utilizaran recursos para la campaña del expresidente Peña Nieto”

El abogado descartó que dentro de las declaraciones que hará Rosario Robles ante la FGR se pretenda buscar al expresidente Peña Nieto, ya que dijo no hay ningún tipo de vinculo que llegue por parte de su clienta al exmandatario, pues todo fue directamente con Videgaray.

Sobre la información compartida por el equipo legal de Rosario Robles, Videgaray emitió un comunicado en el que dijo que lamentaba que se optara por acusarlo sin fundamentos con la intención de librar su situación legal.

Negó los dichos del abogado de la también exjefa de gobierno del Distrito Federal. Dijo que por más cosas que diga Robles, lo que no podrá hacer es probar mentiras. “Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta, en la llamada ‘Estafa Maestra’, y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo”, sostuvo Videgaray.

Añadió que como servidor público siempre actuó dentro del marco legal; recordó que las únicas pruebas que han surgido en su contra respecto al supuesto desvío de recursos son los dichos de personas que quieren eludir su responsabilidad.

Aseguró que las ampliaciones presupuestales que recibieron tanto la Sedatu como Sedesol (al igual que cualquier otra dependencia) cuando él estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda, se hicieron con estricto apego a la Ley.

Indicó que quererlo involucrar en presuntos desvíos de recursos cuando él estaba al frente de la cancillería, la cual afirmó no tiene nada que ver con el manejo de recursos públicos, pone en evidencia la falta de escrúpulos y lógica de los señalamientos hechos por su excompañera de gabinete.

Luis Videgaray aseguró que la nueva estrategia legal anunciada por el abogado defensor de Robles es errada e inmoral, además de que en nada contribuye a la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente López Obrador. “La corrupción no se combate con mentiras y fabricando culpables”.

El exfuncionario federal reiteró que está dispuesto a atender el llamado de la autoridad competente, y contribuir al esclarecimiento de la verdad.

“No voy a permitir que se me difame, y por ello habré de defender mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes. El mecanismo de moda de ‘me salvo culpando a Videgaray’ tiene un límite, y ese límite son la verdad y la ley”, concluyó.

Previo a la audiencia que tiene programa para el próximo 8 de diciembre, se informó esta tarde que la exsecretaria federal Rosario Robles aceptó colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) para brindar información relacionada con el presunto de desvío de recursos mediante la llamada ‘Estafa Maestra’.

Robles Berlanga buscará así acogerse a un criterio de oportunidad a cambio de otorgar información sobre el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos.

Recordemos que la excolaboradora del presidente Enrique Peña Nieto permanece recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, desde agosto de 2019.

Apenas el mes pasado Rosario Robles rechazaba la idea de que fuera a buscar un beneficio como el que hoy confirmó su equipo legal, al decir que la FGR la tenía como rehén al no aceptar “colaborar” con información que ellos querían, no importando que no fuera verdad.

“Sé que lo que pretenden para que yo tenga mi libertad (como en otros casos) es que señale como responsables ex colegas míos, de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado, con el objetivo de dirigir hacia ahí sus baterías. Su teoría, sus hipótesis, nada tienen que ver con la verdad. Yo no mentiré para obtener mi libertad. No quiero salir por la puerta de atrás (…) No quiero que se abran estas pesadas puertas con la mentira y la falsa delación disfrazada de testigo colaborador”, dijo Rosario en una carta que escribió desde el penal y que fue difundida en sus redes sociales el pasado 26 de octubre.

Según reportes periodísticos, el equipo legal de la extitular de Sedesol y Sedatu, el cual es encabezado por el abogado Epigmenio Mendieta, se encuentran reunidos con el Fiscal Alejandro Gertz Manero y su equipo en la Fiscalía, para ultimar detalles del proceso a seguir.

En breve se podría conocer la solicitud del criterio de oportunidad de la exfuncionaria federal.

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusó al secretario de Relaciones Exteriores y Crédito Público, Luis Videgaray, de utilizar dinero público para conseguir su candidatura a la presidencia y suceder así a Enrique Peña Nieto, con quien colaboró desde que el priísta estaba en el gobierno del Estado de México.

Según información que publica este lunes el diario Milenio, durante una comparecencia Lozoya aseguró que Videgaray “no reparó en gastos y contrató, con recursos públicos, al prestigioso consultor Peter Schechter para posicionar su imagen”.

Schechter trabajó como asesor en la campaña presidencial de Peña Nieto por instrucción de Videgaray: “Una vez que entró en funciones el nuevo gobierno, Videgaray me volvió a pedir la contratación de Schechter para reanudar una asesoría personal sobre sus posibilidades para ser el siguiente candidato a la presidencia”, declaró Lozoya.

“Mi respuesta fue que no era posible, ya que las actividades de Schechter no eran compatibles con las de Pemex; sin embargo, tengo conocimiento de que Videgaray sí lo contrató, porque Schechter me informaba cuando venía a México y me relató su relación contractual”, añadió Lozoya Austin.

En este sentido, Schechter habría asegurado que trabajaba con Videgaray en relación con las líneas de corte político y estrategias para posicionarlo de cara a su futura candidatura y, al mismo tiempo, elevar la imagen de México en el extranjero.

Lozoya enfatizó que éste era el “asesor electoral personal” de Videgaray y que se reunía con él una vez al mes. Habría sido Schechter quien puso en contacto a Videgaray con Jared Kushner,  yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

En más sobre Videgaray, el portal Animal Político informó que el exoficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Emilio Zebadúa, indicó ante la FGR que durante el sexenio de EPN se ejecutó el esquema de desvío de recursos, la “Estafa Maestra” que incluyó a diversas dependencias federales a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre para actos proselitistas.

“Desde el inicio de la gestión del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2012, tuvo inicio una estrategia general tanto social como político-electoral en la que participarían la mayor parte de las dependencias de gobierno. Una de las ramas de dicha estrategia se denominó ‘Cruzada Nacional contra el Hambre’, por la cual se desviarían recursos públicos no presupuestados para campañas de brigadeo, medios de comunicación y organización social en un gran número de municipios estratégicos en todo el país, además de actos proselitistas o compra de votos”, señaló el excolaborador de Rosario Robles.

Detalló que fue la Secretaría de Hacienda, entonces dirigida por Luis Videgaray, quien dispuso de mil millones de pesos no presupuestados para asignarlos a la Cruzada Nacional contra el Hambre en Sedesol, mismos que  Robles Berlanga indicó fueran utilizados para organizar eventos, campañas de medios, volanteos, brigadas y grupos de activismo político en varios estados de la República.

El esquema de la ‘Estafa Maestra’, que consistió en contratar empresas privadas a través de universidades públicas habría sido acordado entre Robles Berlanga y Videgaray Caso.

Zebadúa aseguró que los recursos de la Cruzada Nacional contra el Hambre también fueron utilizados para pagar deudas y compromisos de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, misma que fue coordinada por Luis Videgaray.

Recordemos que la semana pasada la Fiscalía General de la República (FGR) acusó de “traición a la patria” al exsecretario federal.

Emilio Zebadúa González, ex Oficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) acogerse a la figura de testigo protegido, ofreciendo revelar detalles sobre la llamada ‘Estafa Maestra’ y el papel que jugaron su exjefa Rosario Robles y el expresidente Enrique Peña Nieto.

Al solicitar el criterio de oportunidad, el exfuncionario federal busca colaborar con las investigaciones y así evitar pisar prisión.

Zebadúa González ofreció revelar que fue Robles quien le instruyó operar los contratos en Sedatu y Sedesol, que permitieron desviar más de 5 mil millones de pesos, además de que aseguró contar con información que relaciona al expresidente Peña Nieto con las operaciones.

Además de Peña Nieto, el excolaborador de Robles Berlanga también ofreció revelar nombres de otras personas que están relacionadas con la ‘Estafa Maestra’.

Zebadúa estaría detallando cómo se usaron los recursos desviados para financiar las campañas del PRI en diversos estados del país, tales como el Estado de México, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, entre otros.

Rosario Robles, ex funcionaria federal, y quien se encuentra recluida en Santa Martha Acatitla desde agosto del año pasado, obtuvo una suspensión definitiva contra su prisión preventiva.

“La suspensión definitiva ya la obtuvimos. La obtuvimos en la audiencia del 23, que fue publicada el día 24 (de septiembre). Nos dan entonces una suspensión en dos términos: nos dicen que, por lo que es a la libertad personal, nos dan la suspensión provisional”, informó Epigmenio Mendieta, abogado de Robles.

Señaló que aún no significa que pueda seguir su proceso en libertad, ya que será una jueza la que determine su situación.

Al otorgar la suspensión, María Dolores Núñez Solorio, jueza Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, asumió la capacidad de decidir si modifica la medida cautelar actual, una vez que se resuelva de fondo el amparo.

Destacó que la audiencia en la que la jueza decidirá al respecto se llevará a cabo el próximo 9 de octubre, aunque reconoció que podría tomar hasta un mes más.

Recordemos que a la extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se le acusa por la ‘omisión’ de informar a su superior jerárquico acerca de una serie de irregularidades que derivaron en un quebranto por 5 mil 73 millones de pesos.

Aunque los delitos que se le imputan no prevén la prisión preventiva oficiosa, el 12 de agosto de 2019, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, la vinculó a proceso y ordenó prisión preventiva justificada al alegar riesgo de fuga.

Adicional, la jueza Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal negó conceder a la ex funcionaria, la suspensión definitiva a la impugnación del artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que establece que cuando las personas están enfermas o son de la tercera edad, pueden enfrentar su proceso en libertad cuando tienen 70 años.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó la tarde ayer su acusación contra Rosario Robles, quien se encuentra recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, en la que solicita 21 años de prisión por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Y es que el juez informó que la última prórroga que se solicitó para el término de investigación complementaria había concluido; sin embargo, Robles Berlanga descartó requerir una nueva ampliación e incluso solicitó al juez requerir a la Fiscalía para que formulara su acusación, y así de diera inicio a la etapa intermedia del proceso.

La FGR consideró que Robles Berlanga fue omisa al no impedir que funcionarios a su cargo efectuaran el desvío de recursos, mediante la llamada Estafa Maestra.

En el escrito presentado, la Fiscalía señala a Robles de permitir un daño al erario por 5 mil 73 millones 358 mil 846.25 pesos, por lo que se solicitó como reparación de daño, que Robles pague el total del desvío.

Además de solicitar los 21 años de cárcel, la FGR también pidió que se imponga multa de 3 millones 561 mil 300 pesos.

Ahora, se informará a la defensa de la exsecretaria federal para que conozca los detalles y se pueda citar a audiencia intermedia.

La Fiscalía ofreció el testimonio de 56 servidores y exservidores públicos para que declaren en contra de la extitular de la Sedesol y la Sedatu.

Adicional, se informó que el juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ordenó a las autoridades del penal practicar estudios médicos a Rosario Robles, para descartar que tiene Covid-19.

“Emplear los recursos que tenga a su alcance para garantizar la sanitización/desinfección del dormitorio de María del Rosario Robles Berlanga y practicar los estudios médicos necesarios a fin de descartar que se encuentra enferma de Covid-19”, señaló el juez en un oficio que emitió.

Recordemos que la exfuncionaria pública obtuvo un amparo para que sea revisada la medida cautelar soliitada de prisión preventiva justificada, con la que busca se le conceda la posibilidad de llevar su proceso en prisión domiciliaria o en libertad condicional.

Delgadillo Padierna ordenó que Rosario Robles sea considerada persona vulnerable al Covid-19, por lo que las autoridades del penal deberán garantizar que permanezca separada de personas contagiadas.

La Cámara de Diputados se erigió este jueves como órgano de acusación y aprobó con 271 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones, el juicio político contra Rosario Robles, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, en relación a la llamada Estafa Maestra.

“Ha lugar a acusar ante el Senado de la República a la ciudadana María del Rosario Robles Berlanga, o Rosario Robles Berlanga, por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, cometidos en el ejercicio de sus funciones de secretaria del despacho durante el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018”, leyó la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas.

Los diputados señalaron que fueron trasgredidos los artículos 126 y 134 de la Constitución, así como diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento, añadió.

De igual forma, el Pleno designó al diputado Pablo Gómez y a la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, ambos de Morena, y a Ana Ruth García Grande del PT, para sostener la acusación aprobada en contra de Robles Berlanga ante el Senado de la República. 

Pablo Gómez resaltó que es un momento histórico, pues después de 94 años en que no se había instaurado un procedimiento se presentan conclusiones acusatorias en un procedimiento de juicio político.

Explicó que la acusación se basa en los informes de la Auditoría Superior de la Federación, ademas de que se apoyaron en lo que consta en expedientes de la Fiscalía General de la República, “en lo que nos han informado los propios organismos utilizados como instrumento para la desviación de recursos y su dispersión”.

El morenista indicó que la acusación “no es a una persona, sino a un gobierno y la forma en la que realizó la administración pública federal desapegada de la ley y de manera completamente corrupta”. Recalcó que no se trata de un asunto personal, sino que la Sección Instructora mantuvo un curso permanente de averiguar lo que había pasado, sin importar la persona de la que se trataba, sino las funciones que desempeñaba y el gobierno al que pertenecía, porque no son hechos aislados”.

Gómez Álvarez aclaró que la presunción de inocencia siempre se respetó y el periodo de pruebas fue ampliado por la propia Sección para dar oportunidad a que hubiera más elementos y la defensa presentara todo lo que quisiera.

El legislador sostuvo que se cumplieron con los plazos de la ley, “escrupulosamente”. Indicó que se realizó  un procedimiento limpio porque quieren tener la autoridad moral para reclamar a los servidores públicos de alto rango que se apeguen a la ley y que protejan los intereses públicos.

“Aquí no hay venganzas, linchamientos, ni verdugos. Hay una Cámara de Diputados en ejercicio pleno de sus facultades constitucionales históricas”, dijo. “No es tema de personas, partidos, chivos expiatorios, ni verdugos”, concluyo.

Por su parte, la defensa de Rosario Robles acusó que sin importarle a los diputados de Morena una pandemia como  el Covid-19, la Cámara de Diputados hizo un montaje de juicio para desprestigiar públicamente a su clienta.

Aseguraron que todo se trata de un ataque a Rosario Robles por su condición de mujer, por ser destacada y por ser objeto de una venganza, pues dijeron, en ningún momento se han respetado sus derechos y los plazos que asisten a la defensa.

Pese a lo que sostuvieron los diputados de Morena, aseguraron que el proceso ha estado infestado de irregularidades, mentiras y atropellos. “Se trata de una saña inédita, que los llevó a saltarse 126 expedientes de juicio político que estaban antes que el de Rosario Robles”.

Finalmente, desde el reclusorio, Rosario Robles hizo pública una carta a través de su cuenta de Twitter, la cual es manejada por su hija Mariana Moguel, en la que afirmó que “del tamaño de su atropello es el odio y el miedo que me tienen”.

Las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados ratificaron el dictamen de la Subcomisión de Examen Previo, para avanzar en el Juicio Político en contra de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Tras una serie de intervenciones y preguntas de legisladores de todos los grupos parlamentarios, la mayoría ratificó la resolución que considera que existen los elementos probatorios para enjuiciar políticamente a Rosario Robles por su responsabilidad en la llamada “Estafa Maestra”, por el desvío de más de siete mil millones de pesos del erario público.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera Badillo, aseguró que en este proceso “no hay venganzas ni cacerías de brujas”, y si no hay otros procedimientos de juicio político, es porque no hay más denuncias, porque no hay otros servidores públicos acusados.

Explicó que hay cuatro denuncias, de ellas solo dos cumplieron con la normatividad para avanzar en la Subcomisión de Examen Previo; por ello, con base en esas dos, las Comisiones Unidas resolvieron en ese sentido.

Recordó que el plazo para la presentación de demandas de juicio político en contra de los servidores públicos vence un año después de que se han separado o han concluido su encargo, mismo que se cumple, para el caso de quienes participaron en la administración anterior el domingo 1 de diciembre.

La morenista coincidió con la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, quien sostuvo que los delitos que se le imputan no son graves y podría enfrentar su proceso en libertad. Añadió que junto con Robles, también deberían ser procesados el expresidente Enrique Peña Nieto; Alfredo del Mazo, quien era, en ese tiempo, director de Banobras; medio centenar de funcionarios y los titulares de ocho universidades y 11 instituciones del gobierno federal.

Por su parte la diputada de Morena, Tatiana Clouthier, les respondió que, si bien Rosario Robles ya está siendo procesada, es porque se ha cumplido el compromiso presidencial de acabar con la impunidad y si se encuentra inhabilitada, no fue por este caso, sino por haber mentido en su declaración de situación patrimonial.

Este jueves un juez se negó a frenar el proceso penal que enfrenta la extitular de Sedesol, Rosario Robles, por lo que la exfuncionaria permanecerá en prisión, acusada del delito de ejercicio indebido del servicio público.

“Se niega la suspensión definitiva solicitada por María del Rosario Robles, por los motivos expuestos es los considerandos Tercero y Quinto”, señala una notificación publicada este jueves.

Mediante los estrados electrónicos del Poder Judicial de la Federación, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón notificó también que la autoridad responsable ya entregó su informe justificado.

En su escrito de demanda, Robles impugnó la “resolución judicial consistente en el auto de vinculación a proceso, dictado en la continuación de la audiencia inicial de 13 de agosto de 2019 y su ejecución”, en la causa penal 314/2019, dictada por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

La defensa de Robles pidió dicha suspensión definitiva para que se frene el proceso judicial contra su cliente con el argumento del “efecto corruptor”, pues consideró que la decisión del juez estuvo plagada de irregularidades.

Con la negativa del juez, dentro del amparo 723/2019, el proceso contra Robles continuará hasta que dicte su sentencia.

David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación informó que están preparando cuatro denuncias más contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por el caso de la Estafa Maestra.

El funcionario indicó que las denuncias se presentarán antes de diciembre, y señaló que se colaboró con la Fiscalía General de la República para su elaboración.

David Colmenares, precisó que el organismo lleva alrededor de 11 denuncias presentadas, además de las que se presentaron antes de que asumiera. “Con estas que siguen, nosotros llevamos un promedio de tres mil millones de pesos detectados que son parte de lo que podemos considerar un desvío”.

Este martes el juez, Francisco Javier Rebolledo, del juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa, negó a Ramón Sosamontes, excolaborador de Rosario Robles, la suspensión provisional contra el bloqueo de sus cuentas bancarias.

“Se niega la suspensión provisional. Notifíquese personalmente a los particulares señalados como autoridades responsables BBVA Bancomer, Grupo Financiero Bancomer, al gerente de la sucursal 3437 de la citada institución financiera; así como American Express Bank (México)”, señaló.

En una notificación publicada este martes, el juez citó a una audiencia que se celebrará a las 09:55 horas del 19 de septiembre, en la que se determinará sobre la suspensión definitiva.

Sosamontes, exfuncionario de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en las administraciones de Rosario Robles, es uno de los presuntos implicados en el desvío de recursos de la Hacienda Pública federal a través de las citadas dependencias.

El exservidor público aparece como firmante de dos convenios de colaboración que la Sedesol signó, en marzo de 2014 y enero de 2015, con Radio Televisión de Hidalgo, ambos relacionados con la llamada Estafa Maestra.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas carpetas de investigación por cada uno de esos convenios, ya que se presume que generaron un quebranto a la Hacienda Pública federal por 601 millones de pesos y 353 millones de pesos, respectivamente.

Este martes, el juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien es el encargado de llevar la causa penal en contra de Rosario Robles por la llamada “Estafa Maestra“, deslindó al excandidato presidencial, José Antonio Meade, del caso.

El juez se abstuvo por escrito de hacer cualquier sugerencia a la Fiscalía General de la República para que investigue a Meade, en relación con el proceso penal contra Rosario Robles, acusada de ejercicio indebido del servicio público.

Lo anterior, deja sin efectos el requerimiento para que Robles Berlanga presente copia certificada del acta de entrega-recepción de la Secretaría de Desarrollo Social, cuya titularidad dejó en manos de Meade en agosto de 2015.

Este martes, la titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Blanca Lobo, negó a Rosario Robles una suspensión provisional contra el bloqueo de sus cuentas bancarias.

La juez fijó la fecha del 2 de septiembre próximo para resolver si concede o no la suspensión definitiva contra los actos atribuidos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Rosario Robles está presa desde el 13 de agosto pasado luego de una larga audiencia en la que la Fiscalía General de la República le imputó el delito de ejercicio indebido del servicio público, relacionado con la llamada Estafa Maestra.

Un día después de su ingreso a prisión, su defensa, encabezada por el abogado Julio Hernández Barros, promovió el juicio de amparo 1200/2019 contra el bloqueo de las cuentas bancarias.

“Se niega la suspensión provisional solicitada”, dijo la juez Lobo en una notificación publicada este martes, aunque no se dieron a conocer los motivos por los que se negó la citada medica cautelar.

Robles aún puede apelar dicha decisión y, en su caso, sería un Tribunal Colegiado quien defina en un plazo de 48 horas sobre la incautación precautoria de las cuentas bancarias de Robles.

Al ser cuestionado sobre si el expresidente Enrique Peña Nieto supo de los presuntos desvíos que se cometieron en Sedesol y Sedatu bajo las administraciones de Rosario Robles, y que involucró a diversas instituciones de educación, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que lo más seguro era que sí.

“Todos los presidentes saben lo que sucede, además es un sistema político presidencialista”, respondió AMLO.

En ese entendido, dijo, su gobierno está limpiando la administración pública de “arriba para abajo”, pues si “arriba” se actúa con honestidad, “permea” el ejemplo, y ayuda a que no haya corrupción en los otros niveles.

Al respecto, AMLO fue cuestionado sobre la demanda ciudadana que hay respecto a enjuiciar a los expresidentes.

Dijo que su propuesta es pensar en un punto final y que sólo si la gente solicitaba que se hiciera una consulta al reformar el artículo 35 de la Constitución, es que sería, y se conocería la opinión de los mexicanos sobre si se debía llevar ante la justicia a Salinas, Zedillo, Fox, a Calderón y a Peña Nieto.

“Esto es fácil de que se exprese, estábamos hablando hace un momento de la fuerza de la opinión pública, la gente está muy politizada, si empiezan a ver manifestaciones en ese sentido, si lo empiezan a expresar articulistas, manifiestos, en las redes sociales, entonces, se convocaría a esa consulta, porque el pueblo manda, el pueblo decide”, dijo el presidente.

Sin embargo dijo, pese a que se les abran juicios, no se sabe si resultarán responsables de algún delito.

AMLO reiteró su rechazo a que se realice dicha consulta, aunque dijo, no lo evitará si así lo quiere la gente. Dijo que su rechazo a enjuiciar a los expresidentes es porque considera que se tiene que poner un punto final y comenzar una etapa nueva sin corrupción, sin impunidad, “no anclarnos en el pasado y meternos a un proceso de confrontación que nos va a distraer cuando menos de nuestro objetivo que es transformar a México”.