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Al ser cuestionado sobre si el expresidente Enrique Peña Nieto supo de los presuntos desvíos que se cometieron en Sedesol y Sedatu bajo las administraciones de Rosario Robles, y que involucró a diversas instituciones de educación, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que lo más seguro era que sí.

«Todos los presidentes saben lo que sucede, además es un sistema político presidencialista», respondió AMLO.

En ese entendido, dijo, su gobierno está limpiando la administración pública de «arriba para abajo», pues si «arriba» se actúa con honestidad, «permea» el ejemplo, y ayuda a que no haya corrupción en los otros niveles.

Al respecto, AMLO fue cuestionado sobre la demanda ciudadana que hay respecto a enjuiciar a los expresidentes.

Dijo que su propuesta es pensar en un punto final y que sólo si la gente solicitaba que se hiciera una consulta al reformar el artículo 35 de la Constitución, es que sería, y se conocería la opinión de los mexicanos sobre si se debía llevar ante la justicia a Salinas, Zedillo, Fox, a Calderón y a Peña Nieto.

«Esto es fácil de que se exprese, estábamos hablando hace un momento de la fuerza de la opinión pública, la gente está muy politizada, si empiezan a ver manifestaciones en ese sentido, si lo empiezan a expresar articulistas, manifiestos, en las redes sociales, entonces, se convocaría a esa consulta, porque el pueblo manda, el pueblo decide», dijo el presidente.

Sin embargo dijo, pese a que se les abran juicios, no se sabe si resultarán responsables de algún delito.

AMLO reiteró su rechazo a que se realice dicha consulta, aunque dijo, no lo evitará si así lo quiere la gente. Dijo que su rechazo a enjuiciar a los expresidentes es porque considera que se tiene que poner un punto final y comenzar una etapa nueva sin corrupción, sin impunidad, «no anclarnos en el pasado y meternos a un proceso de confrontación que nos va a distraer cuando menos de nuestro objetivo que es transformar a México».

El diputado Antonio Ortega Martínez  del PRD aseguró que el proceso legal en contra de Rosario Robles representa una eventual fractura en el pacto de impunidad entre el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su antescesor, Enrique Peña Nieto.

“No me canso de confirmar que se quiere fortalecer el pacto de impunidad que establecieron el presidente, Andrés Manuel López Obrador y el expresidente, Enrique Peña Nieto para ayudarse mutuamente: uno, para ser beneficiado políticamente para llegar a la presidencia y el otro, para garantizar impunidad después de su gestión”, indicó el legislador.

Ortega Martínez lamentó que no haya un solo funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto que haya alzado la voz para manifestar con su dicho su inconformidad.

Sostuvo que la “Estafa Maestra” ha sido ampliamente documentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Sí, hay un desfalco de cerca de siete mil millones de pesos al erario público, (de) quiénes, esa es la responsabilidad del Ministerio Público Federal y del Poder Judicial de la Federación (PJF), de escudriñar mediante el juicio, encontrar a los responsables y culpables, y castigarlos, sin duda, con toda la firmeza y fuerza de la ley”, apuntó.

Comentó que la queja que el abogado de Robles Berlanga estableció es que “se aplicó la norma en exceso», bajo el dicho de que como no es un delito grave el ejercicio indebido de la acción pública, ella debe llevar su juicio en libertad.

Respecto de la propuesta del diputado Mario Delgado para que se aplique la figura de Extinción de Dominio sobre los bienes de Rosario Robles, Ortega Martínez recordó que su bancada votó en contra de esa ley por ser violatoria de los derechos humanos y a la presunción de inocencia.

Adelantó que su grupo parlamentario presentará en septiembre, una reforma a dicha Ley en materia de presunción de inocencia y de embargo de bienes de personas no declaradas culpables, a fin de que no sean enajenados.

Rosario Robles se presentó el lunes a su segunda declaración ante el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna confiada en que cumplía con su deber y no era candidata para prisión preventiva ya que el delito que se le imputa no amerita prisión de oficio y no cumplía con ninguno de los justificantes para que se le detuviera de acuerdo con lo que mandata el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Su defensa y ella pensaban que rendirían una segunda declaración y que, si acaso tendría que acudir a firmar una vez por semana al juzgado, utilizar una tobillera o, en el peor de los escenarios, tendría que cubrir la garantía económica de 5 mil millones de pesos para garantizar que no saldría del país para evitar su juicio, como ya lo hizo Emilio Lozoya.

Pero el juez tomó por sorpresa a Rosario Robles y a su defensa. Determinó la prisión preventiva justificada en un delito que no amerita prisión preventiva de oficio argumentando que había peligro de que Robles huyera del país por haber presentado datos falsos en el domicilio que presentó para demostrar, de acuerdo con el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ella tiene arraigo en la Ciudad de México y por ello no había porque presumir riesgo de fuga.

¿Qué datos falsos de domicilio encontró el juez? Que los recibos de comprobante de domicilio presentados ante el juez apuntan a su residencia en Calle de las Flores en Coyoacán y que éstos no coinciden con el domicilio de su licencia de conducir, cuya renovación dejó el domicilio de Tennyson, en Polanco, también en la Ciudad de México, que tenía desde hace más de 20 años.

Por ello el juez determinó prisión preventiva justificada y Rosario Robles pasó ya su primer noche en la cárcel de Santa Martha Acatitla como la primer Secretaria de Estado en hacerlo en la historia de México.

¿Merece prisión Rosario Robles por lo que imputa la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político, mejor conocida como la Estafa Maestra? No lo se. Robles ha argumentado que, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, los Convenios de SEDESOL y SEDATU que se celebraron con universidades públicas son legales y que si hubo desvíos, los responsables serían las propias universidades que fueron, dado el caso, los que los desviaron después de haberlos recibido y las secretarías a su cargo no podían conocer de esos desvíos.

Pero lo que sí queda claro de la detención que se le hizo a Rosario Robles y la forma como fue llevada a cabo es que, el sistema penal acusatorio sigue permitiendo detenciones arbitrarias que a ningún mexicano nos conviene que sigan vigentes.

La defensa de Rosario Robles no deja lugar a dudas que el actuar del juez fue motivado con fines políticos y no jurídicos. Primero porque las medidas cautelares no fueron solicitadas desde la primer audiencia, el 8 de agosto, cuando jurídicamente era el momento de hacerlo.

Segundo porque, de acuerdo con los presentes en la audiencia del lunes, el juez puso palabras en la boca de Rosario Robles al decir que ella había confesado haber informado al entonces presidente Enrique Peña Nieto que había irregularidades en recursos de SEDESOL y SEDATU.

Tercero, porque el nuevo Sistema Penal Acusatorio está hecho para que prevalezca la presunción de inocencia. Ante cualquier duda razonable de culpabilidad, el juez no puede meter en prisión al acusado. Debe probar hasta eliminar cualquier duda respecto de la inocencia del inculpado. Ese fue el espíritu de la reforma. No le conviene a nadie en México que crea en un auténtico Estado de Derecho que este espíritu sea vulnerado.

Lejos de haber sido un buen día para la justicia, el de ayer augura que ni con el nuevo sistema penal acusatorio podemos salvarnos de juicios hechos a modo. Y esto no va a parar en Rosario Robles.

Columna completa en EL UNIVERSAL

Felipe de Jesús Delgadillo, dijo este martes que la Fiscalía General de la República esta en posibilidad de imputar a José Antonio Meade, excandidato del PRI a la presidencia, por «La Estafa Maestra».

El juez de control del Reclusorio Sur, consideró que la exfuncionaria federal Rosario Robles había aportado pruebas al respecto, por lo que emplazó a su defensa a presentar antes del 16 de agosto una copia certificada del documento de entrega-recepción de la secretaría de Desarrollo Social.

El documento, fechado el 26 de agosto de 2015, fue presentado por la extitular de la dependencia federal como evidencia de que hizo lo necesario para solventar las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación.

“Este documento es una joya”, aseveró el juez, quien ordenó al Ministerio Público determinar si derivado de ello, también se pueden fincar cargos a Meade por la omisión en denunciar o evitar el desvío de 5 mil 073 millones de pesos de la hacienda pública federal.

Asimismo, el juez pidió a la representación social determinar la supuesta participación del expresidente Enrique Peña Nieto, con el fin de fincar responsabilidades.

Durante su segunda comparecencia, un juez vinculó a proceso a Rosario Robles, exsecretaria federal en el sexenio pasado, por uso indebido del servicio público cuando estuvo frente de la Sedatu y la Sedesol.

El juez ordenó dos meses de prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha Acatitla, para que se concluya la investigación complementaria.

En la audiencia, que duró cerca de 12 horas, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó aplicar el delito como agravado por haber sido continuo en prácticamente todo el sexenio pasado.

Y es que recordemos que la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Robles como responsable por omisión del desvío de más de cinco mil 73 millones de pesos en contra del erario cuando estuvo al frente en la secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Desarrollo Social (Sedesol), en la llamada Estafa Maestra.

El impartidor de justicia le dio un plazo de dos meses a la FGR para la conclusión de la investigación complementaria, aunque señaló que en caso de necesitar más tiempo, se podrá solicitar.

El agente del Ministerio Público federal solicitaba seis meses de prisión preventiva justificada argumentando riesgo de que la exfuncionaria se sustraiga de la justicia, por no haber demostrado arraigo en la Ciudad de México, entre otras razones.

Las acusaciones que recaen en la exfuncionaria podrían significarle una pena de hasta 23 años de prisión.

Rosario Robles pidió al juez seguir el proceso en libertad y no en prisión justificada. Recordó que se ha presentado de manera voluntaria y que, aunque estaba fuera del país, regresó para enfrentar el proceso que se le sigue. Recordó que vive desde hace 24 años en la misma casa, “soy una mujer que he vivido de mi trabajo», y rechazó que en su caso haya riesgo de fuga.

Tras afirmar que siempre ha luchado por el debido proceso, por la presunción de inocencia, expresó: “Entiendo el apetito del Ministerio Público, porque varios que han querido procesar están sustraídos de la justicia”.

Sin embargo, el juez federal determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, para evitar una posible fuga durante el tiempo que dure el proceso.

Ayer un juez acusó ya a Rosario Robles de participar en un desvío de cinco mil millones de pesos como secretaria de la Sedesol y de la Sedatu.

Si bien usted ha mencionado que la Fiscalía General es autónoma, pero si nos puede confirmar si la misma fiscalía le ha requerido información de otros exsecretarios de la administración del presidente Enrique Peña Nieto que hayan incurrido en actos ilícitos o de corrupción.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tengo información, no ha solicitado la fiscalía más información sobre otros servidores públicos, esto lo solicitan a través de la oficina de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto y él nada más me informa.

La instrucción que tiene es que se le dé trámite a todo lo que soliciten autoridades nacionales y extranjeras sobre manejo de dinero, pero no tengo información de otros servidores públicos. La instrucción es que no se tape nada. Yo no quiero ser un presidente rehén de nadie. No quiero que vaya un servidor público y me diga: ‘Aquí está información’, y que se me quede viendo para ver qué voy a hacer. Imagínense si yo le digo: ‘Deja ahí ese expediente, guárdalo, mételo al cajón’. Entonces, ya ese servidor público ya no me respetaría. Entonces, si llegan con un expediente: proceda, ¿qué espera para proceder? No voy a ser tapadera de nadie.

También aclaro, no estoy por las venganzas, no es mi fuerte la venganza. Justicia, no venganza. Y tampoco por los linchamientos mediáticos. Se tienen que presentar pruebas y tiene que ser la autoridad competente la que resuelva, no adelantar juicios o hacer juicios sumarios y acusar por acusar.

Hay algo que se debe de cuidar mucho, mucho, mucho, todos tenemos que cuidar la dignidad de las personas, ser respetuosos de eso.

Este jueves, Rosario Robles interpuso un amparo contra la Auditoría Superior de la Federación, por la difusión de los resultados de las auditorías practicadas a las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en los periodos en que estuvo al frente de estas dependencias.

Según el expediente 646/2019 del Juzgado 10 de Amparo en Materia Penal, la exfuncionaria reclamó que la ASF violó sus derechos fundamentales que garantiza la Constitución en los artículos 1, 14, 16, 17 , 20, 103 y 107.

Rosario Robles advirtió que los resultados de esas auditorías tienen inexactitudes que afectan su defensa frente al citatorio que se le hizo al ser imputada del delito de ejercicio indebido del servicio público por el caso de la Estafa Maestra.

El juez federal Patricio Leopoldo Vargas Alarcón admitió a trámite la demanda interpuesta por la exfuncionaria. Ayer el titular de ese juzgado le negó la suspensión provisional contra una orden de aprehensión por el caso señalado.

La defensa de Robles solicitó que se reserve el nombre de su cliente en todos los acuerdos que el juzgado emita, vía estrados, toda vez que su difusión podría dañar el principio de presunción de inocencia de su cliente.

Este jueves la Fiscalía General de la República imputó a Rosario Robles el delito de ejercicio indebido del servicio público por presunta omisión al momento de evitar o denunciar actos ejecutados por terceros que podrían causar un daño a la hacienda pública por 5 mil 73 millones 369 mil 846 pesos.

De acuerdo con la Fiscalia el quebranto, que se habría dado vía ‘La Estafa Maestra’, se ejecutó a través de al menos 27 convenios generales de colaboración y sus respectivos apéndices firmados entre 2013 y 2018 por las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Desarrollo Social (Sedesol) con diversas universidades de los estados de Morelos, Hidalgo, Quintana Roo Chiapas y algunas empresas de comunicación de Sonora, Quintana Roo e Hidalgo.

En la audiencia que se celebra este jueves, también se señaló que entre las irregularidades de los convenios está que muchos servicios no se realizaron e incluso son inexistentes, y jamás se verificó que las instituciones tuvieran la capacidad técnica para realizar los mismos.

La Fiscalía hizo una imputación general, por lo que la defensa de Robles pidió al juez que se detallara con precisión la fecha de los citados convenios, personas que los firmaron y el contenido de los contratos para establecer la imputación a su clienta.

Esta petición fue aceptada, por lo que se declaró un receso que concluirá hasta las 17:00 horas de este jueves.

Esta mañana se informó que un juez federal negó la suspensión definitiva contra su posible detención a Rosario Robles, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) busca vincular a proceso por el caso de la Estafa Maestra.

El juez décimo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México ordenó devolver a la exfuncionaria federal los 69,500 pesos que pagó como garantía para suspender cualquier orden de aprehensión en su contra.

Será este jueves cuando la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) comparecerá ante un juez de control del Reclusorio Sur. Robles aseguró que acudirá a dicha audiencia, pues dijo, dará la cara como siempre lo ha hecho.

El delito por el que se busca vincularla proceso es el ejercicio indebido del servicio público.

Cabe recordar que las autoridades señalaron que hasta el momento no existe ninguna orden de aprehensión en contra de Robles Berlanga, por lo que ante la inexistencia del acto reclamado, solicitaron al juez desechar el amparo.

Este lunes a través de un comunicado publicado en redes sociales, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles informó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldivar que se presentará el próximo 8 de agosto ante el juez de control en el Reclusorio Sur por la acusación de ejercicio indebido del servicio público.

La exfuncionaria señaló: «No tengo nada que esconder por lo que me presentaré el jueves 8 (de agosto) como ordena la autoridad. Solo pido justicia. Ni más ni menos».

Rosario Robles dijo ser víctima de un “linchamiento mediático”, que aseguró ha influido en los órganos encargados de procuración de justicia y “ha puesto en riesgo mi integridad personal, mi derecho a la honra y el debido proceso”.

Por lo que pidió que el “efecto corruptor” del “juicio mediático” no influya en la decisión del juez que seguirá su caso.

«Me dirijo a usted (ministro Arturo Zaldivar) con todo respeto para acotar algunos hechos con seguridad de el poder judicial -que usted dignamente preside. será garante de una actuación imparcial con relación a la causa penal 314/2019», declara Robles en el documento.

Agregó que confía en la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dijo que no hay de su parte consigna alguna en su contra.

“Soy mujer de instituciones y tengo plena confianza en las autoridades de mi país.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que procedió a congelar las cuentas bancarias de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.

La acción de la unidad dependiente de la SHCP se da en el marco de las investigaciones que se siguen en contra de Robles Berlanga en relación a los desvíos de recursos conocidos como la ‘Estafa Maestra’.

De acuerdo a lo trascendido, también fueron congeladas las cuentas bancarias de Emilio Zebadúa, quien se desempeñó como oficial mayor en la Sedesol y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuando Rosario Robles encabezó ambas dependencias.

La semana pasada, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez una audiencia para imputar y, en dado caso, vincular a proceso de la exfuncionaria federal por el uso indebido de recursos,.

En relación a dicha solicitud, el 31 de julio pasado, un juez federal concedió una suspensión provisional que impide a la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentar cualquier orden de arresto contra Robles, para lo cual fijó el pago de una garantía de 69 mil 500 pesos.

Sin embargo, dicho recurso legal no protege a la exfuncionaria federal de órdenes de aprehensión por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Por su parte el titular de la UIF, Santiago Nieto, informó la semana pasada que ya habían sido bloqueadas las cuentas de seis exfuncionarios que estarían involucrador con la Estafa Maestra.

De acuerdo a lo que ha concluido la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el desvío de recursos podría ascender a 7 mil 670 millones de pesos.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que desde el Congreso buscarán acelerar la resolución de la demanda de juicio político en contra de Rosario Robles, exsecretaria federal, por su probable participación en la llamada “Estafa Maestra”, por la cual se desviaron miles de millones de pesos.

«Desviaciones tan claras, robos tan claros, como los que vimos en la estafa maestra no pueden quedar impunes y debe haber una sanción judicial, administrativa y también política», indicó Delgado.

Y es que el lunes pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que la extitular de Sedesol y Sedatu en el sexenio pasado, fuese vinculada a proceso por presunto ejercicio indebido del servicio público y citada a comparecer el próximo 8 de agosto ante un juzgado federal.

Delgado Carrillo aseguró que el caso de la “Estafa Maestra” se documentó perfectamente por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), y se señaló cuáles secretarías estaban involucradas, por lo que “hay que apoyar lo que está haciendo la Fiscalía”.

En una breve conferencia en el marco de la Comisión Permanente, el morenista aprovechó para referirse a las reformas al Código Penal de Tabasco en materia de bloqueos y manifestaciones, conocida como #LeyGarrote; rechazó que estas modificaciones vayan en contra del libre tránsito y expresión.

“De ninguna manera está penalizando la libre manifestación y tránsito, pero cuando hay extorsión sí se está tipificando como delito, pues Tabasco ocupa uno de los primeros lugares en este ilícito”, indicó.

Este martes, Julio Hernández el abogado de Rosario Robles promovió un juicio de amparo en el que acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de no respetar el debido proceso ni el derecho de defensa de su clienta por lo que pidió que se suspenda cualquier orden de detención.

El abogado, Señaló que él y su clienta se enteraron del caso por los medios de comunicación y luego de ello, acudió a la FGR para ser enterado de las acusaciones que se le imputan, pero nuevamente se le negó toda información con el argumento de que el caso ya está judicializado.

Además indicó que les ha sido negado el derecho de audiencia, el derecho de defensa ha sido negatorio, y puntualizó que no han podido ofrecer pruebas de su inocencia.

Refirió que, aunque existe la posibilidad de que Rosario Robles sea detenida el 8 de agosto próximo, cuando acuda a comparecer ante el juez, él espera que no ocurra.

En las próximas horas se sabrá si el juicio de amparo es aceptado, a que juzgado se asigna y si se concede algún tipo de suspensión.