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Las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados ratificaron el dictamen de la Subcomisión de Examen Previo, para avanzar en el Juicio Político en contra de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Tras una serie de intervenciones y preguntas de legisladores de todos los grupos parlamentarios, la mayoría ratificó la resolución que considera que existen los elementos probatorios para enjuiciar políticamente a Rosario Robles por su responsabilidad en la llamada “Estafa Maestra», por el desvío de más de siete mil millones de pesos del erario público.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera Badillo, aseguró que en este proceso “no hay venganzas ni cacerías de brujas», y si no hay otros procedimientos de juicio político, es porque no hay más denuncias, porque no hay otros servidores públicos acusados.

Explicó que hay cuatro denuncias, de ellas solo dos cumplieron con la normatividad para avanzar en la Subcomisión de Examen Previo; por ello, con base en esas dos, las Comisiones Unidas resolvieron en ese sentido.

Recordó que el plazo para la presentación de demandas de juicio político en contra de los servidores públicos vence un año después de que se han separado o han concluido su encargo, mismo que se cumple, para el caso de quienes participaron en la administración anterior el domingo 1 de diciembre.

La morenista coincidió con la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, quien sostuvo que los delitos que se le imputan no son graves y podría enfrentar su proceso en libertad. Añadió que junto con Robles, también deberían ser procesados el expresidente Enrique Peña Nieto; Alfredo del Mazo, quien era, en ese tiempo, director de Banobras; medio centenar de funcionarios y los titulares de ocho universidades y 11 instituciones del gobierno federal.

Por su parte la diputada de Morena, Tatiana Clouthier, les respondió que, si bien Rosario Robles ya está siendo procesada, es porque se ha cumplido el compromiso presidencial de acabar con la impunidad y si se encuentra inhabilitada, no fue por este caso, sino por haber mentido en su declaración de situación patrimonial.

Este jueves un juez se negó a frenar el proceso penal que enfrenta la extitular de Sedesol, Rosario Robles, por lo que la exfuncionaria permanecerá en prisión, acusada del delito de ejercicio indebido del servicio público.

“Se niega la suspensión definitiva solicitada por María del Rosario Robles, por los motivos expuestos es los considerandos Tercero y Quinto”, señala una notificación publicada este jueves.

Mediante los estrados electrónicos del Poder Judicial de la Federación, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón notificó también que la autoridad responsable ya entregó su informe justificado.

En su escrito de demanda, Robles impugnó la “resolución judicial consistente en el auto de vinculación a proceso, dictado en la continuación de la audiencia inicial de 13 de agosto de 2019 y su ejecución”, en la causa penal 314/2019, dictada por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

La defensa de Robles pidió dicha suspensión definitiva para que se frene el proceso judicial contra su cliente con el argumento del “efecto corruptor”, pues consideró que la decisión del juez estuvo plagada de irregularidades.

Con la negativa del juez, dentro del amparo 723/2019, el proceso contra Robles continuará hasta que dicte su sentencia.

David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación informó que están preparando cuatro denuncias más contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por el caso de la Estafa Maestra.

El funcionario indicó que las denuncias se presentarán antes de diciembre, y señaló que se colaboró con la Fiscalía General de la República para su elaboración.

David Colmenares, precisó que el organismo lleva alrededor de 11 denuncias presentadas, además de las que se presentaron antes de que asumiera. “Con estas que siguen, nosotros llevamos un promedio de tres mil millones de pesos detectados que son parte de lo que podemos considerar un desvío».

Este martes el juez, Francisco Javier Rebolledo, del juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa, negó a Ramón Sosamontes, excolaborador de Rosario Robles, la suspensión provisional contra el bloqueo de sus cuentas bancarias.

“Se niega la suspensión provisional. Notifíquese personalmente a los particulares señalados como autoridades responsables BBVA Bancomer, Grupo Financiero Bancomer, al gerente de la sucursal 3437 de la citada institución financiera; así como American Express Bank (México)”, señaló.

En una notificación publicada este martes, el juez citó a una audiencia que se celebrará a las 09:55 horas del 19 de septiembre, en la que se determinará sobre la suspensión definitiva.

Sosamontes, exfuncionario de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en las administraciones de Rosario Robles, es uno de los presuntos implicados en el desvío de recursos de la Hacienda Pública federal a través de las citadas dependencias.

El exservidor público aparece como firmante de dos convenios de colaboración que la Sedesol signó, en marzo de 2014 y enero de 2015, con Radio Televisión de Hidalgo, ambos relacionados con la llamada Estafa Maestra.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas carpetas de investigación por cada uno de esos convenios, ya que se presume que generaron un quebranto a la Hacienda Pública federal por 601 millones de pesos y 353 millones de pesos, respectivamente.

Este martes, el juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien es el encargado de llevar la causa penal en contra de Rosario Robles por la llamada “Estafa Maestra“, deslindó al excandidato presidencial, José Antonio Meade, del caso.

El juez se abstuvo por escrito de hacer cualquier sugerencia a la Fiscalía General de la República para que investigue a Meade, en relación con el proceso penal contra Rosario Robles, acusada de ejercicio indebido del servicio público.

Lo anterior, deja sin efectos el requerimiento para que Robles Berlanga presente copia certificada del acta de entrega-recepción de la Secretaría de Desarrollo Social, cuya titularidad dejó en manos de Meade en agosto de 2015.

Este martes, la titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Blanca Lobo, negó a Rosario Robles una suspensión provisional contra el bloqueo de sus cuentas bancarias.

La juez fijó la fecha del 2 de septiembre próximo para resolver si concede o no la suspensión definitiva contra los actos atribuidos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Rosario Robles está presa desde el 13 de agosto pasado luego de una larga audiencia en la que la Fiscalía General de la República le imputó el delito de ejercicio indebido del servicio público, relacionado con la llamada Estafa Maestra.

Un día después de su ingreso a prisión, su defensa, encabezada por el abogado Julio Hernández Barros, promovió el juicio de amparo 1200/2019 contra el bloqueo de las cuentas bancarias.

“Se niega la suspensión provisional solicitada”, dijo la juez Lobo en una notificación publicada este martes, aunque no se dieron a conocer los motivos por los que se negó la citada medica cautelar.

Robles aún puede apelar dicha decisión y, en su caso, sería un Tribunal Colegiado quien defina en un plazo de 48 horas sobre la incautación precautoria de las cuentas bancarias de Robles.

Al ser cuestionado sobre si el expresidente Enrique Peña Nieto supo de los presuntos desvíos que se cometieron en Sedesol y Sedatu bajo las administraciones de Rosario Robles, y que involucró a diversas instituciones de educación, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que lo más seguro era que sí.

«Todos los presidentes saben lo que sucede, además es un sistema político presidencialista», respondió AMLO.

En ese entendido, dijo, su gobierno está limpiando la administración pública de «arriba para abajo», pues si «arriba» se actúa con honestidad, «permea» el ejemplo, y ayuda a que no haya corrupción en los otros niveles.

Al respecto, AMLO fue cuestionado sobre la demanda ciudadana que hay respecto a enjuiciar a los expresidentes.

Dijo que su propuesta es pensar en un punto final y que sólo si la gente solicitaba que se hiciera una consulta al reformar el artículo 35 de la Constitución, es que sería, y se conocería la opinión de los mexicanos sobre si se debía llevar ante la justicia a Salinas, Zedillo, Fox, a Calderón y a Peña Nieto.

«Esto es fácil de que se exprese, estábamos hablando hace un momento de la fuerza de la opinión pública, la gente está muy politizada, si empiezan a ver manifestaciones en ese sentido, si lo empiezan a expresar articulistas, manifiestos, en las redes sociales, entonces, se convocaría a esa consulta, porque el pueblo manda, el pueblo decide», dijo el presidente.

Sin embargo dijo, pese a que se les abran juicios, no se sabe si resultarán responsables de algún delito.

AMLO reiteró su rechazo a que se realice dicha consulta, aunque dijo, no lo evitará si así lo quiere la gente. Dijo que su rechazo a enjuiciar a los expresidentes es porque considera que se tiene que poner un punto final y comenzar una etapa nueva sin corrupción, sin impunidad, «no anclarnos en el pasado y meternos a un proceso de confrontación que nos va a distraer cuando menos de nuestro objetivo que es transformar a México».

El diputado Antonio Ortega Martínez  del PRD aseguró que el proceso legal en contra de Rosario Robles representa una eventual fractura en el pacto de impunidad entre el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su antescesor, Enrique Peña Nieto.

“No me canso de confirmar que se quiere fortalecer el pacto de impunidad que establecieron el presidente, Andrés Manuel López Obrador y el expresidente, Enrique Peña Nieto para ayudarse mutuamente: uno, para ser beneficiado políticamente para llegar a la presidencia y el otro, para garantizar impunidad después de su gestión”, indicó el legislador.

Ortega Martínez lamentó que no haya un solo funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto que haya alzado la voz para manifestar con su dicho su inconformidad.

Sostuvo que la “Estafa Maestra” ha sido ampliamente documentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Sí, hay un desfalco de cerca de siete mil millones de pesos al erario público, (de) quiénes, esa es la responsabilidad del Ministerio Público Federal y del Poder Judicial de la Federación (PJF), de escudriñar mediante el juicio, encontrar a los responsables y culpables, y castigarlos, sin duda, con toda la firmeza y fuerza de la ley”, apuntó.

Comentó que la queja que el abogado de Robles Berlanga estableció es que “se aplicó la norma en exceso», bajo el dicho de que como no es un delito grave el ejercicio indebido de la acción pública, ella debe llevar su juicio en libertad.

Respecto de la propuesta del diputado Mario Delgado para que se aplique la figura de Extinción de Dominio sobre los bienes de Rosario Robles, Ortega Martínez recordó que su bancada votó en contra de esa ley por ser violatoria de los derechos humanos y a la presunción de inocencia.

Adelantó que su grupo parlamentario presentará en septiembre, una reforma a dicha Ley en materia de presunción de inocencia y de embargo de bienes de personas no declaradas culpables, a fin de que no sean enajenados.

Rosario Robles se presentó el lunes a su segunda declaración ante el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna confiada en que cumplía con su deber y no era candidata para prisión preventiva ya que el delito que se le imputa no amerita prisión de oficio y no cumplía con ninguno de los justificantes para que se le detuviera de acuerdo con lo que mandata el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Su defensa y ella pensaban que rendirían una segunda declaración y que, si acaso tendría que acudir a firmar una vez por semana al juzgado, utilizar una tobillera o, en el peor de los escenarios, tendría que cubrir la garantía económica de 5 mil millones de pesos para garantizar que no saldría del país para evitar su juicio, como ya lo hizo Emilio Lozoya.

Pero el juez tomó por sorpresa a Rosario Robles y a su defensa. Determinó la prisión preventiva justificada en un delito que no amerita prisión preventiva de oficio argumentando que había peligro de que Robles huyera del país por haber presentado datos falsos en el domicilio que presentó para demostrar, de acuerdo con el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ella tiene arraigo en la Ciudad de México y por ello no había porque presumir riesgo de fuga.

¿Qué datos falsos de domicilio encontró el juez? Que los recibos de comprobante de domicilio presentados ante el juez apuntan a su residencia en Calle de las Flores en Coyoacán y que éstos no coinciden con el domicilio de su licencia de conducir, cuya renovación dejó el domicilio de Tennyson, en Polanco, también en la Ciudad de México, que tenía desde hace más de 20 años.

Por ello el juez determinó prisión preventiva justificada y Rosario Robles pasó ya su primer noche en la cárcel de Santa Martha Acatitla como la primer Secretaria de Estado en hacerlo en la historia de México.

¿Merece prisión Rosario Robles por lo que imputa la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político, mejor conocida como la Estafa Maestra? No lo se. Robles ha argumentado que, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, los Convenios de SEDESOL y SEDATU que se celebraron con universidades públicas son legales y que si hubo desvíos, los responsables serían las propias universidades que fueron, dado el caso, los que los desviaron después de haberlos recibido y las secretarías a su cargo no podían conocer de esos desvíos.

Pero lo que sí queda claro de la detención que se le hizo a Rosario Robles y la forma como fue llevada a cabo es que, el sistema penal acusatorio sigue permitiendo detenciones arbitrarias que a ningún mexicano nos conviene que sigan vigentes.

La defensa de Rosario Robles no deja lugar a dudas que el actuar del juez fue motivado con fines políticos y no jurídicos. Primero porque las medidas cautelares no fueron solicitadas desde la primer audiencia, el 8 de agosto, cuando jurídicamente era el momento de hacerlo.

Segundo porque, de acuerdo con los presentes en la audiencia del lunes, el juez puso palabras en la boca de Rosario Robles al decir que ella había confesado haber informado al entonces presidente Enrique Peña Nieto que había irregularidades en recursos de SEDESOL y SEDATU.

Tercero, porque el nuevo Sistema Penal Acusatorio está hecho para que prevalezca la presunción de inocencia. Ante cualquier duda razonable de culpabilidad, el juez no puede meter en prisión al acusado. Debe probar hasta eliminar cualquier duda respecto de la inocencia del inculpado. Ese fue el espíritu de la reforma. No le conviene a nadie en México que crea en un auténtico Estado de Derecho que este espíritu sea vulnerado.

Lejos de haber sido un buen día para la justicia, el de ayer augura que ni con el nuevo sistema penal acusatorio podemos salvarnos de juicios hechos a modo. Y esto no va a parar en Rosario Robles.

Columna completa en EL UNIVERSAL

Felipe de Jesús Delgadillo, dijo este martes que la Fiscalía General de la República esta en posibilidad de imputar a José Antonio Meade, excandidato del PRI a la presidencia, por «La Estafa Maestra».

El juez de control del Reclusorio Sur, consideró que la exfuncionaria federal Rosario Robles había aportado pruebas al respecto, por lo que emplazó a su defensa a presentar antes del 16 de agosto una copia certificada del documento de entrega-recepción de la secretaría de Desarrollo Social.

El documento, fechado el 26 de agosto de 2015, fue presentado por la extitular de la dependencia federal como evidencia de que hizo lo necesario para solventar las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación.

“Este documento es una joya”, aseveró el juez, quien ordenó al Ministerio Público determinar si derivado de ello, también se pueden fincar cargos a Meade por la omisión en denunciar o evitar el desvío de 5 mil 073 millones de pesos de la hacienda pública federal.

Asimismo, el juez pidió a la representación social determinar la supuesta participación del expresidente Enrique Peña Nieto, con el fin de fincar responsabilidades.

Durante su segunda comparecencia, un juez vinculó a proceso a Rosario Robles, exsecretaria federal en el sexenio pasado, por uso indebido del servicio público cuando estuvo frente de la Sedatu y la Sedesol.

El juez ordenó dos meses de prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha Acatitla, para que se concluya la investigación complementaria.

En la audiencia, que duró cerca de 12 horas, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó aplicar el delito como agravado por haber sido continuo en prácticamente todo el sexenio pasado.

Y es que recordemos que la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Robles como responsable por omisión del desvío de más de cinco mil 73 millones de pesos en contra del erario cuando estuvo al frente en la secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Desarrollo Social (Sedesol), en la llamada Estafa Maestra.

El impartidor de justicia le dio un plazo de dos meses a la FGR para la conclusión de la investigación complementaria, aunque señaló que en caso de necesitar más tiempo, se podrá solicitar.

El agente del Ministerio Público federal solicitaba seis meses de prisión preventiva justificada argumentando riesgo de que la exfuncionaria se sustraiga de la justicia, por no haber demostrado arraigo en la Ciudad de México, entre otras razones.

Las acusaciones que recaen en la exfuncionaria podrían significarle una pena de hasta 23 años de prisión.

Rosario Robles pidió al juez seguir el proceso en libertad y no en prisión justificada. Recordó que se ha presentado de manera voluntaria y que, aunque estaba fuera del país, regresó para enfrentar el proceso que se le sigue. Recordó que vive desde hace 24 años en la misma casa, “soy una mujer que he vivido de mi trabajo», y rechazó que en su caso haya riesgo de fuga.

Tras afirmar que siempre ha luchado por el debido proceso, por la presunción de inocencia, expresó: “Entiendo el apetito del Ministerio Público, porque varios que han querido procesar están sustraídos de la justicia”.

Sin embargo, el juez federal determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, para evitar una posible fuga durante el tiempo que dure el proceso.

Ayer un juez acusó ya a Rosario Robles de participar en un desvío de cinco mil millones de pesos como secretaria de la Sedesol y de la Sedatu.

Si bien usted ha mencionado que la Fiscalía General es autónoma, pero si nos puede confirmar si la misma fiscalía le ha requerido información de otros exsecretarios de la administración del presidente Enrique Peña Nieto que hayan incurrido en actos ilícitos o de corrupción.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tengo información, no ha solicitado la fiscalía más información sobre otros servidores públicos, esto lo solicitan a través de la oficina de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto y él nada más me informa.

La instrucción que tiene es que se le dé trámite a todo lo que soliciten autoridades nacionales y extranjeras sobre manejo de dinero, pero no tengo información de otros servidores públicos. La instrucción es que no se tape nada. Yo no quiero ser un presidente rehén de nadie. No quiero que vaya un servidor público y me diga: ‘Aquí está información’, y que se me quede viendo para ver qué voy a hacer. Imagínense si yo le digo: ‘Deja ahí ese expediente, guárdalo, mételo al cajón’. Entonces, ya ese servidor público ya no me respetaría. Entonces, si llegan con un expediente: proceda, ¿qué espera para proceder? No voy a ser tapadera de nadie.

También aclaro, no estoy por las venganzas, no es mi fuerte la venganza. Justicia, no venganza. Y tampoco por los linchamientos mediáticos. Se tienen que presentar pruebas y tiene que ser la autoridad competente la que resuelva, no adelantar juicios o hacer juicios sumarios y acusar por acusar.

Hay algo que se debe de cuidar mucho, mucho, mucho, todos tenemos que cuidar la dignidad de las personas, ser respetuosos de eso.

Este jueves, Rosario Robles interpuso un amparo contra la Auditoría Superior de la Federación, por la difusión de los resultados de las auditorías practicadas a las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en los periodos en que estuvo al frente de estas dependencias.

Según el expediente 646/2019 del Juzgado 10 de Amparo en Materia Penal, la exfuncionaria reclamó que la ASF violó sus derechos fundamentales que garantiza la Constitución en los artículos 1, 14, 16, 17 , 20, 103 y 107.

Rosario Robles advirtió que los resultados de esas auditorías tienen inexactitudes que afectan su defensa frente al citatorio que se le hizo al ser imputada del delito de ejercicio indebido del servicio público por el caso de la Estafa Maestra.

El juez federal Patricio Leopoldo Vargas Alarcón admitió a trámite la demanda interpuesta por la exfuncionaria. Ayer el titular de ese juzgado le negó la suspensión provisional contra una orden de aprehensión por el caso señalado.

La defensa de Robles solicitó que se reserve el nombre de su cliente en todos los acuerdos que el juzgado emita, vía estrados, toda vez que su difusión podría dañar el principio de presunción de inocencia de su cliente.

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