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EXPEDIENTE

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien encontró elementos sobre el uso de recursos de la PGR, hoy Fiscalía General de la República contra Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN.

AMLO pidió que la FGR indague y abra expedientes.

“Que la Fiscalía investigue, que se abran los expedientes”, dijo AMLO en su conferencia mañanera de este jueves.

López Obrador agregó que “si el Tribunal Electoral ya presentó esta denuncia a la Fiscalía tienen que agotar toda la investigación, darle curso, castigar a los responsables, si se cometió algún delito”.

Asimismo, el tabasqueño aseguró que en el pasado él sufrió de persecución política.

“Nosotros padecimos mucho la persecución, hasta nos desaforaron… cuando llegamos aquí, dijimos por convicción que no ibamos a hacer lo mismo… y dijimos que no ibamos a fabricar delitos a opositores… que no se persiga a nadie por consigna”, señaló López Obrador.

El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales (SNT), a través de la Comisión de Archivos y Gestión Documental, hizo un pronunciamiento referente a la pérdida de documentos en dependencias públicas vinculadas a actos de corrupción y delitos de trascendencia social.

En su denuncia destaca el incendio, ocurrido en enero pasado, de dos contenedores pertenecientes al Instituto Jalisciense de Asistencia Social que resguardaban información relativa a mil 200 denuncias sobre robo de vehículos y autopartes en los corralones que estaban bajo su custodia durante 2018.

Por otra parte, la Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) desconoce dónde quedó la información de convenios suscritos por la dependencia por un monto de 185 millones de pesos; la Fiscalía General de la República (FGR) declaró que el expediente integrado en 2013 de la exlideresa Elba Esther Gordillo está «perdido» y la Fiscalía General del Estado de Morelos, confesó que parte de las pruebas del asesinato del activista Samir Flores no son localizadas.

Otro caso, que levantó indignación entre la comunidad universitaria, fue el envío de parte del acervo documental de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que contenía valiosas piezas del Siglo XIX, a una recicladora de papel.

Los representantes de los órganos garantes de los estados de Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz hacen un llamado a entidades y dependencias de los tres niveles de gobierno obligadas por la Ley General de Archivos (LGA) a gestionar y preservar la documentación que producen derivada de sus funciones y atribuciones.

Los denunciantes aseguran que aunque la LGA entrará en vigor en junio próximo, los documentos que se generan en las dependencias están protegidos jurídicamente por otras leyes como la Ley Federal de Archivos, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas y la propia Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Aseguran que los archivos son la memoria histórica del país y piden a la autoridades se investiguen a fondo las circunstancias de los siniestros perpetrados, así como la pérdida y extravío de información relevante para el esclarecimiento de hechos probablemente constitutivos de delitos.

 

 

Con información de El Universal

El INAI ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) publicar el expediente del magnicidio en 1994 del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio por su “trascendencia social e histórica”.

«Al tratarse de un magnicidio de amplias repercusiones en la esfera política y social de México, la averiguación previa del homicidio del candidato a la Presidencia resulta de interés público”, sostuvo el organismo en un comunicado.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) indicó que ha recibido “numerosas solicitudes de información” sobre este caso.

Tras estudiar un recurso interpuesto por un particular, el órgano de transparencia ordenó la apertura del expediente del magnicidio porque “favorece el escrutinio y debate público de un hecho del que en la actualidad la sociedad mexicana sigue demandado su esclarecimiento”.

Con el acceso al expediente completo de la averiguación previa se da cuenta de las acciones y los resultados obtenidos por parte de órganos de procuración de justicia del Estado mexicano respecto al homicidio de un candidato a la presidencia”, añadió el INAI.

Asimismo, advirtió que clasificar como “reservado” este expediente impediría que “las personas interesadas estén en posibilidad de evaluar la actuación de los funcionarios públicos” tras el asesinato del candidato.

Según el INAI, el caso cobra ahora todavía más relevancia puesto que el próximo 23 de marzo se conmemorarán los 25 años del asesinato en Tijuana de Luis Donaldo Colosio, quien era candidato presidencial del entonces oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A raíz de una resolución del INAI, el pasado diciembre se desclasificó un video que muestra el momento exacto en el que Luis Donaldo Colosio fue tiroteado mientras saludaba la gente en un acto electoral y que permanecía reservado hasta el 2035.

Luis Donaldo Colosio era considerado seguro sucesor del presidente Carlos Salinas de Gortari debido al férreo control que el PRI mantenía sobre el Gobierno.

Aunque se detuvo en el momento al presunto asesino material, Mario Aburto, las investigaciones se prolongaron durante años en busca de un posible autor intelectual o de un complot.

Esta mañana, el periódico El Universal reveló el expediente del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se encuentra en el Archivo General de la Nación, en el cual se señala que fue simpatizante del Partido Socialista Unificado de México.

Luego de esto, en conferencia de prensa, el mandatario aseguró que ese reporte “no obedece a la verdad. Así como mi expediente, hay muchas falsedades en otros expedientes; se cometieron grandes injusticias por etiquetar a luchadores sociales, se les reprimió a los campesinos que ni sabían lo que era el comunismo”, dijo.

López Obrador negó que haya sido militante del Partido Comunista y que lo haya financiado cuando fue director del Instituto Nacional Indigenista (INI).

“Siempre les dije que no todo lo que sale en los expedientes de los opositores es cierto, muchas cosas ahí son inventadas. Ahí viene que era miembro del Partido Comunista cuando fui director del INI, eso lo afirma Miguel Nazar Haro, que yo apoyaba y financiaba a ese partido y otros de izquierda. No era militante de ese partido ni de otro, pero sí apoyaba a los luchadores sociales”, enfatizó el presidente.

El tabasqueño manifestó que no tiene nada que ocultar, por eso aceptó que se abriera su expediente, a pesar de que le sugirieron que fuera reservado por ser el representante del Poder Ejecutivo.

“Me hicieron el planteamiento de que mi expediente se reservara, porque era yo el Jefe del Estado e iba a causar escándalo el que Nazar Haro dijera que fui dirigente del Partido Comunista hace 40 años. No tengo nada que ocultar, siempre he luchado por mis ideales”, aseguró AMLO.

A dos días de los hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares de las personas que fallecieron y resultaron heridas a raíz de la explosión en un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo.

Aunque reconoció la necesidad de las diversas acciones que lleva a cabo el Gobierno Federal en contra del robo de combustibles, indicó que con base en sus atribuciones legales, inició de oficio un expediente de queja para investigar las posibles omisiones que se hubiesen presentado en la actuación de servidores públicos, federales, locales  municipales.

Indicó que se revisará la actuación que el gobierno tuvo para controlar la fuga que presentaba el ducto, así como para prevenir o intentar mitigar los riesgos de afectaciones a la población civil.

Aclaró que tan pronto se tuvo conocimiento de los hechos, personal del Organismo se trasladó al lugar de los hechos y empezó a realizar gestiones y acciones de acompañamiento para el traslado de las personas heridas a hospitales, brindó asesoría y orientación sobre la entrega de cuerpos a sus familiares y proporcionó servicios de asistencia psicológica.

Detalló que también se han realizado visitas y sostenido reuniones con personal directivo y médico de 13 hospitales ubicados en los estados de Hidalgo, México y en la Ciudad de México, con el fin de supervisar que se proporcione atención médica especializada a los heridos.

«Esta Comisión Nacional mantiene presencia con personal en carácter de observadores en las inmediaciones de la denominada “zona cero” en que ocurrieron los hechos, y estará pendiente de la evolución de los acontecimientos para en su momento emitir el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda», finalizó la CNDH.