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A través de un comunicado, La Fiscalía General de la República confirmó que este viernes que fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, el empresario, Carlos Ahumada.

La Fiscalía indicó: » Este día, en el puerto internacional “Aeroparque Jorge Newbery” de Buenos Aires, Argentina, fue detenido por la Policía Federal de ese país, a través de la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones (INTERPOL ARGENTINA), el señor Carlos “A”, junto a una cantidad en efectivo de dólares americanos y pesos argentinos.

Lo anterior ocurrió en razón de la Ficha Roja solicitada por INTERPOL MÉXICO, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), con motivo de una defraudación fiscal que probablemente cometió en contra de la Hacienda Pública de nuestro país, por la cantidad de un millón 472 mil 236 pesos, por concepto del Impuesto sobre la Renta (ISR) que debió haber enterado y no lo hizo.

Esta investigación se inició en 2016 y fue retomada por esta administración, con lo cual se logró la detención preventiva a través del Sistema INTERPOL, en razón de lo cual se iniciará de inmediato el proceso de extradición.»

Según los primeros reportes, al momento de su detención a Carlos Ahumada se le encontraron alrededor de 100 mil dólares en efectivo

El dueño y presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, insistió en que su arresto no es más que una persecución política contra funcionarios de Pemex, y que provocaron que se actuara contra él.

«Soy un perseguido político del actual gobierno. A lo mejor estaban persiguiendo a funcionarios de Pemex que a lo mejor sí lo ameritan. Yo no defiendo a nadie, pero eso de estar atacando a la mamá de alguien, ni las mafias hacían eso», dijo el empresario en entrevista radiofónica con Grupo Fórmula.

Desde Madrid, Ancira indicó que en los siguientes 60 o 90 días se podrían caer las acusaciones que hay en su contra, por lo que dijo, seguirá sin aceptar su extradición.

Al respecto, sostuvo que necesitaría que le «fallara la cabeza» para aceptar la extradición, y reconoció que las autoridades mexicanas «la tienen difícil acá (en España)».

Dijo que él solicitó que fuera extraditado a Estados Unidos, su país de origen, en donde expuso, sus cuentas están disponibles.

Sobre la compra-venta de la planta de Agronitrogenados, rechazó que se haya cometido algún delito, pues aunque estaba valuada entre 320 y 400 millones de dólares, Pemex únicamente pagó 270 millones.

Le recordó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien ha dicho que la planta valía no más de 50 millones, que el puro muelle de la planta valía 150.

«Pemex todavía me debe 9 millones», reclamó Ancira, quien dijo que si el gobierno no quiere la planta, se la regresen y él la termina de pagar.

El empresario mexicano Alonso Ancira, negó este martes, ante un juez español, los delitos de corrupción y lavado de dinero, de los que es acusado en México, y acusó que todo se trata de una persecución política en su contra.

Ancira, reclamado por nuestro país, se volvió a negar a ser extraditado, así que el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, fijará una fecha para que un tribunal resuelva si se cumplen los requisitos para su extradición.

Sin embargo, la Subdirectora de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia de España confirmó la semana pasada que el Consejo de Ministros de su país determinó que la solicitud de extradición formal de Alonso Ancira reunía los requisitos para continuar el procedimiento en vía judicial.

Recordemos que el empresario fue detenido el 28 de mayo en el aeropuerto español de Palma, en la isla mediterránea de Mallorca, y con anterioridad se negó entonces a ser extraditado, al tiempo que pidió su libertad condicional.

En ese momento ingresó en prisión por orden de Pedraz, que un mes más tarde le impuso una fianza de un millón de euros para salir de la cárcel. El empresario pagó esa cantidad y quedó en libertad el 1 de julio pasado.

El juez impuso entonces a Ancira, que también posee la nacionalidad estadounidense, comparecencias en el juzgado cada dos días, prohibición de salir de España, así como la retención de su pasaporte.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal por la compra-venta de la planta de Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la gestión de Emilio Lozoya. También se le vincula con el caso Odebrecht.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó esta mañana que la Subdirectora de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia de España confirmó que el Consejo de Ministros de su país determinó que la solicitud de extradición formal de Alonso Ancira, dueño de Alto Hornos de México (AHMSA) reúne los requisitos para continuar el procedimiento en vía judicial.

En ese sentido, la FGR dio a conocer que la solicitud formal de extradición y sus anexos ya fueron enviados al Juzgado Central de Instrucción 1, para continuar con el procedimiento.

Añadió que el Consejo de Ministros dictó auto de formal prisión y fijó como fecha el 30 de julio próximo para que se realice la audiencia prevista en el artículo 12 de la Ley de Extradición Pasiva, en la que se solicitará a Ancira que manifieste si accede o no a la extradición.

Se estima que será en el mes de septiembre que se eleve el expediente a la Sala de lo Penal de España.

Recordemos que el empresario mexicano se encuentra en España en libertad condicional después de pagar una fianza de un millón de euros, tras ser detenido el pasado 28 de mayo en Mallorca.

La Fiscalía lo acusa de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal por la compra-venta de la planta de Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la gestión de Emilio Lozoya. También se le vincula con el caso Odebrecht.

La nueva movilización de este domingo en Hong Kong, que según los organizadores tuvo una participación de dos millones de personas, forzó a la jefa de gobierno PROPekín a pedir «disculpas» por haber provocado «conflictos y disputas».

En medio de la fuerte presión que sufren las autoridades, se anunció este domingo además la liberación, el lunes, del militante prodemocrático Joshua Wong, líder de la célebre «revolución de los paraguas» de Hong Kong en 2014.

«En la marcha de hoy tuvimos casi dos millones de personas», afirmó a la prensa Jimmy Sham, del Frente Civil por los Derechos Humanos. El cortejo de personas vestidas de negro se dirigió hacia el Parlamento local, tal como había hecho el domingo pasado.

La cifra de asistentes no pudo ser confirmada en fuentes independientes. La policía por su parte dio una estimación casi seis veces inferior, al calcular 338,000 personas en el momento de mayor afluencia.

En esta nueva enorme demostración de fuerza los manifestantes cantaron «¡Desechen esa maldita ley!», pidiendo además la renuncia de la jefa del poder ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, quien el sábado anunció la suspensión del controvertido proyecto de ley.

Según sus detractores, el proyecto de ley colocaría a la población de la ex colonia británica a merced del sistema judicial de China, opaco y bajo influencia del Partido Comunista. Los círculos empresariales temen que la reforma perjudique la imagen internacional de Hong Kong y su atractivo como centro financiero.

Acusada de autoritarismo, Carrie Lam tuvo que pedir «disculpas» este domingo, y reconoció que «deficiencias en la labor del gobierno llevaron a muchos conflictos y disputas en la sociedad de Hong Kong y decepcionaron y angustiaron a muchos ciudadanos».

Apenas el miércoles, Hong Kong fue escenario de la más violenta represión desde el retorno de este territorio a China, en 1997. Una manifestación de unas decenas de miles de personas fue dispersada por la policía con granadas de gases lacrimógenos y balas de goma.

Lam justificó la represión alegando actos de violencia por parte de manifestantes, pero la oposición afirma que se trató de una ínfima minoría en el conjunto de las protestas, que en su mayor parte fueron pacíficas.

Foto: Twitter

Cientos de miles de personas se manifestaron este domingo en Hong Kong contra el proyecto de ley que autorizaba las extradiciones a China, a pesar de que el gobierno suspendió el examen del texto tras las protestas duramente reprimidas.

Y aunque aún no hay una cifra oficial, medios locales hablan de que más de un millón de personas salieron a las calles para manifestar su inconformidad.

En la movilización de hoy, los inconformes lazaron consignas como «¡Desechen esa maldita ley!», mientras avanzaban por las calles pidiendo la renuncia de la jefa del poder ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, quien ayer anunció la suspensión del controvertido proyecto de ley.

Los manifestantes quieren que el proyecto sea retirado de forma definitiva. Respecto a Lam, no sólo pretenden su renuncia, sino que antes presente excusas por la represión policial de los últimos días.

La multitud de personas vestidas de negro que salieron a las calles se dirigió hacia el Parlamento. Es la segunda marcha multitudinaria que según estimaciones ha sobrepasado el millón de asistentes.

Jimmy Sham, del Frente Civil por los Derechos Humanos, comparó el proyecto de ley sobre las extradición con un «cuchillo» que pende sobre Hong Kong. «Casi llegó a nuestro corazón. Ahora el gobierno dice que no lo impulsará más, pero se niega a asumirlo», dijo Sham a periodistas.

El miércoles, sin embargo, Hong Kong fue escenario de la más violenta represión desde el retorno de este territorio a China, en 1997. Una manifestación de unas decenas de miles de personas fue dispersada por la policía con bombas de gases lacrimógenos y balas de goma.

La policía justificó la represión alegando actos de violencia por parte de manifestantes, pero la oposición afirma que se trató de una ínfima minoría en el conjunto de las protestas, que en su mayor parte fueron pacíficas.

Y aunque las protestas fueron desatadas por el proyecto de ley sobre extradiciones, las manifestaciones expresan también un resentimiento de la población de Hong Kong hacia Carrie Lam y China.

El gobierno proPekín de Hong Kong dejó en suspenso este sábado el proceso de aprobación de la ley sobre extradiciones a China, retrocediendo ante las masiva manifestaciones de la oposición, que decidió mantener la movilización hasta la retirada total del texto.

«El gobierno ha decidido suspender el proceso de enmienda legislativa» para «reactivar nuestra comunicación con todos los sectores de la sociedad, trabajar más (…) y escuchar los diferentes puntos de vista de la sociedad» declaró a la prensa Carrie Lam, la jefa ejecutiva del gobierno.

Sin embargo, poco después, los líderes de las protestas indicaron que mantendrán la manifestación prevista para mañana, pese a la paralización del proyecto de ley.

«Tenemos que decirle al gobierno que la gente de Hong Kong persistirá y mantendrá sus protestas hasta que el ejecutivo retire la ley», afirmó a la prensa Jimmy Sham, del Frente civil de Derechos Humanos.

La jefa ejecutiva anunció la suspensión del proyecto de ley, precisando que no se ha fijado una fecha para reintroducirlo.

«El consejo dejará de trabajar en el proyecto de ley hasta que hayamos completado nuestras explicaciones y escuchado las opiniones» al respecto, dijo. «No tenemos la intención de fijar una fecha límite para esta labor», agregó.

Según Lam, la ley de extradición era necesaria para solventar las lagunas y evitar que Hong Kong se convierta en un refugio de delincuentes, pero admitió que el gobierno subestimó la reacción de la opinión pública.

Durante los últimos días, se han vivido manifestaciones y enfrentamientos, donde las fuerzas antidisturbios dispersaron a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma.

A inicios de semana, una manifestación gigantesca, de un millón de personas según los organizadores, pidió la supresión de la ley que, según sus detractores, dejaría a la población a merced del sistema judicial de China continental, opaco y bajo influencia del Partido Comunista.

Foto: Twitter

Gran Bretaña firmó una solicitud de extradición a Estados Unidos contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, según reveló este jueves el ministro británico de Interior, Sajid Javid.

Cabe aclarar que el documento es solo una confirmación de que EUA realizó una solicitud válida y «no prejuzga lo que va a suceder» con Assange, explicó Thomas Garner, abogado de extradiciones que no está involucrado en el caso.

«Es una formalidad», porque sin la certificación de Javid, el caso «no puede presentarse ante el tribunal», señaló.

En la radio BBC, Sajid Javid indicó que el próximo viernes se realizará una audiencia judicial sobre la solicitud de extradición de Estados Unidos. «Ayer firmé la orden de extradición, la certifiqué y se llevará a cabo ante los tribunales», sentenció.

Assange fue arrestado en abril después de que la embajada de Ecuador en Londres le retirara el asilo, tras refugiarse ahí desde 2012.

Javid afirmó en la entrevista de radio que estaba «muy contento de que la policía finalmente pudiera detenerlo». Assange cumple actualmente una condena de 50 semanas en la cárcel de Belmarsh del Reino Unido por haber violado los términos de su fianza.

EUA presentó 18 cargos contra Assange relacionados con poner en peligro la seguridad nacional al conspirar para obtener y divulgar información clasificada.

Este martes, el Gobierno de Estados Unidos pidió de manera formal a Gran Bretaña la extradición de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, reveló un funcionario estadounidense.

A Assange se le acusa de solicitar y distribuir información secreta y de asociarse con la exanalista de inteligencia del Ejército, Chelsea Manning, para hackear contraseñas de computadoras del Departamento de Defensa.

Manning pasó siete años en prisión por entregar información confidencial a Assange, hasta que el entonces presidente Barack Obama conmutó su sentencia. Ahora está presa por desacato tras negarse a declarar ante un jurado de instrucción que investiga a WikiLeaks.

La acusación contra Assange fue formulada por el Departamento de Justicia y presentada ante una corte federal en Alexandria, Virginia.

Se preveía que EUA pediría la extradición desde que se anunció una demanda penal federal contra Assange.

El fundador de WikiLeaks, de 47 años, fue expulsado el 11 de abril de la embajada ecuatoriana en Londres, donde se encontraba refugiado desde 2012, cuando Ecuador le concedió asilo político.

La policía británica lo arrestó y actualmente paga una condena de 50 días por violar las normas de libertad condicional. Suecia lo requiere para responder por una presunta violación, cargo que Assange ha rechazado.

EUA inicialmente acusó a Assange solo del delito de violar una contraseña del Gobierno. Algunos expertos en derecho han dicho que las acusaciones adicionales bajo la Ley de Espionaje podrían demorar o dificultar la extradición ya que el Reino Unido las considera ofensas políticas y por lo tanto exentas de extradición.

El funcionario estadounidense habló bajo la condición de anonimato por carecer de autorización para hacerlo públicamente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) debe entregar versión pública de la Nota Diplomática a través de la cual se formuló la solicitud de detención provisional con fines de extradición de Karime Macías, según instrucciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Al presentar el asunto ante el Pleno, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena destacó que dicho caso involucra el interés público de conocer información que permite abonar al escrutinio por parte de la sociedad en el ejercicio de recursos públicos.

Ibarra Cadena señaló que cualquier persona, al hacer uso del derecho a la información, cuenta con herramientas para conocer el desempeño de las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones y exigir que se cumplan con los principios constitucionales inherentes al desempeño de sus cargos.

Y es que un particular solicitó que la SRE le informara si el gobierno de México ya solicitó formalmente al gobierno del Reino Unido la extradición de Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, derivado de la orden de aprehensión que un juez penal del estado giró en su contra.

La solicitud detallaba que en caso afirmativo, deseaba conocer la fecha de la solicitud y el estado en que se encuentra; y en caso, negativo, las razones por las cuales no se ha presentado.

Sin embargo la SRE, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, clasificó como confidencial la información relacionada con expedientes de extradición ya que alegó que podrían contener datos personales, así como el pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de una petición de extradición en contra de la persona indicada por el solicitante.

Luego de un análisis, “concluimos que la difusión de la información solicitada favorece la rendición de cuentas a la sociedad, de manera que puedan valorar el desempeño de las autoridades mexicanas que han participado en la solicitud de extradición de la persona de mérito”, subrayó la comisionada.

Por lo anterior, el Pleno de INAI, por unanimidad, revocó la respuesta de la SRE para que proporcione la versión pública de la Nota Diplomática a través de la cual se formuló la solicitud de detención provisional con fines de extradición y su anexo en la que no podrá proteger el nombre de la persona de quien se solicitó la extradición; los fundamentos legales; los datos de identificación de la orden de aprehensión y los datos con las penas que le pudieran ser aplicables y prescripción de los tipos penales.

John Shipton, padre del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, pidió a Australia que extradite a su hijo a ese país, ante el mal aspecto físico que tenía el jueves cuando fue arrestado en Londres, después de que Ecuador le retiro el asilo político del que gozaba desde 2012.

En una entrevista con el periódico australiano Sunday Herald Sun, Shipton consideró que el Departamento de Relaciones Exteriores de Australia (DFAT) y el primer ministro australiano, Scott Morrison, deberían hacer algo de “manera matizada” para extraditar a Assange.

“Durante meses y meses ha estado viviendo como un prisionero de alta seguridad, ni siquiera podía ir al baño, había cámaras vigilando todos sus movimientos”, afirmó.

La semana pasada, el fundador de WikiLeaks fue detenido por la policía británica en la embajada de Ecuador en Londres, donde había estado refugiado desde hace 7 años para escapar a una orden de detención por acusaciones de violación y agresión sexual en Suecia, causa que fue archivada en el 2017 y que Assange ha negado.

Sobre el ciberactivista australiano también pesa una orden de extradición de Estados Unidos, que lo considera una amenaza para su seguridad y quiere juzgarlo por la filtración de miles de documentos secretos del gobierno estadounidense.

Jennifer Robinson, abogada de Assange, declaró que el fundador de WikiLeaks está dispuesto a cooperar con las autoridades suecas si reabren el caso de violación contra él, pero que su prioridad sigue siendo evitar una extradición a EUA.

Este viernes, figuras influyentes del opositor Partido Laborista británico dijeron que el Gobierno de Gran Bretaña debería oponerse a la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos.

El líder del partido, Jeremy Corbyn, señaló en un tuit que Washington está intentando extraditar a Assange porque sacó a la luz «evidencia de atrocidades en Irak y Afganistán».

Diane Abbott, vocera de la formación laborista para asuntos nacionales, declaró a la BBC que el Gobierno debería bloquear el proceso con base en los derechos humanos y que buena parte de la información que introdujo en el dominio público era de interés público.

El caso de Estados Unidos contra Assange es sobre la “vergüenza por las cosas que reveló sobre el ejército y los servicios de seguridad estadounidenses”, apuntó.

La policía arrestó al fundador de WikiLeaks este jueves en la embajada de Ecuador en Londres luego de que Quito le retiró el asilo.

Assange está preso mientras aguarda su condena por violar las condiciones de su libertad bajo fianza en 2012 y le aguarda un proceso de extradición iniciado por Estados Unidos que se prevé será prolongado.

La justicia estadounidense acusa a Assange de asociación ilícita para penetrar en una computadora del gobierno en el Pentágono. La pena máxima, de ser culpable, es de cinco años de prisión. También es posible que Suecia pida su extradición si los fiscales de ese país deciden presentar cargos por violación y abuso sexual, en otro caso separado.

Este jueves, fiscales estadounidenses anunciaron que presentaron cargos por conspiración contra Julian Assange, fundador de WikiLeaks, por intentar acceder en 2010 a una computadora del Gobierno estadounidense que contenía información clasificada, junto con la exanalista de inteligencia militar, Chelsea Manning.

Assange enfrenta una pena máxima de cárcel de cinco años, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.

La acusación dice que Assange ayudó a Manning a descubrir una contraseña que le permitió penetrar en computadoras del Pentágono.

Ante ello, la defensa del australiano dijo que luchará contra la extradición.

Y es que hoy, el fundador de WikiLeaks fue arrestado en la embajada de Ecuador en Londres.

«Julian Assange, de 47 años, también fue arrestado hoy jueves, 11 de abril, a las 10:53, a petición de las autoridades de Estados Unidos», declararon las autoridades.

Al respecto, la primera ministra británica Theresa May señaló que el arresto de Assange demuestra que “nadie está por encima de la ley”.

En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador anunció que fue suspendida la ciudadanía, concedida el año pasado, al australiano, después de que fue revocado su asilo en la embajada en Reino Unido.

La ministra del Interior, María Paula Romo, en rueda de prensa aseguró este jueves que “las intromisiones en asuntos de otros estados también incluyen la intromisión de Assange y su organización aliada en asuntos de política interna de Ecuador”.


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