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La pobreza laboral es una situación en la que el ingreso laboral de un hogar no es suficiente para alimentar a todos sus miembros.

El porcentaje de la población en esta situación presentaba una tendencia descendente desde 2017, la cual fue interrumpida por la pandemia de COVID-19. Actualmente, se encuentra en un nivel de 37.8% de la población, aún mayor que el 36.6% observado previo a la pandemia.

Después del 36.6% de personas en pobreza laboral registrado en el primer trimestre del 2020, a raíz de la pandemia se registró un nivel histórico en la población en pobreza laboral en el tercer trimestre del 2020, ubicándose en 46%.

Para el primer trimestre de este año, dicho porcentaje se redujo a 37.7%, que si bien representa una disminución, la tasa sigue superior a lo registrado previo a la pandemia. Sin embargo, en el segundo trimestre del 2023 se presentó un ligero repunte, a 37.8% de la población.

Según cifras presentadas por el Coneval, entre abril y junio de este año, 48.8 millones de mexicanos se enfrentan a la pobreza laboral.

Cabe destacar que los hogares que se encuentran en pobreza laboral pueden lograr alimentarse a partir de ingresos no laborales, tales como remesas, transferencias o acceso a programas sociales, algo en lo que se ha centrado el gobierno federal, más que en garantizar un ingreso laboral suficiente para alimentar a las familias mexicanas.

Expertos han señalado que es urgente se emitan estrategias y políticas públicas más efectivas que ayuden a las y los mexicanos a tener una mejor calidad de vida.

Y es aunque sigue siendo alta la pobreza, el hecho de que crezca poco y no regresemos a niveles como los registrados durante la pandemia, es celebrado por ciertos grupos de la sociedad, específicamente por el Ejecutivo, quien lo anota como un logro de gobierno.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Sofía Ramírez, Directora General de México, ¿cómo vamos?, sobre la pobreza laboral, sus componentes y sus efetos en los bolsillos de los mexicanos.

Información de: México, ¿cómo vamos?

3.5 millones de pesos recibirá cada familia de los 40 migrantes que murieron por un incendio el pasado 27 de marzo en un centro de detención de Ciudad Juárez, informó el Instituto Nacional de Migración (INM).

Según las autoridades, el incendio se originó cuando un migrante prendió fuego a un colchón en la celda donde permanecía con otros 67 hombres, en medio de una protesta por una posible deportación.

Imágenes de una cámara de seguridad mostraron que una vez desatado el incendio, ni el personal de migración ni el de seguridad hicieron nada por evacuar a los migrantes. Incluso se observa que no se procedió a abrir la puerta de la celda donde se encontraban.

Un total de 39 migrantes murieron en el lugar, la mayoría por asfixia, y uno más en un hospital. Además 27 sufrieron lesiones. La mayoría de los fallecidos eran de Guatemala, el resto de El Salvador, Venezuela, Honduras y Colombia.

El INM, responsable de las estaciones de migrantes, informó que todos los cuerpos ya fueron enviados a sus países de origen y que solicitó a la secretaría de Hacienda “una partida presupuestal especial para la reparación del daño”.

El monto aprobado fue de 140 millones de pesos todas las víctimas fallecidas, detalló el INM.

“El 18 de mayo, el INM solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una partida presupuestal ‘especial’ para la reparación del daño, a fin de que una vez definido el monto por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se llevará a cabo la indemnización respectiva. El 10 de julio, la CEAV autorizó 3.5 millones de pesos para cada una de las víctimas fallecidas, lo que equivale a 140 millones de pesos; la SHCP validó este monto al INM para el pago respectivo”, detalló el Instituto en un comunicado.

Reconoció que la muerte de los 40 migrantes extranjeros y la lesión a 27 más fue un hecho “doloroso y lamentable”, y dio que representa un momento “crucial” para avanzar en los procesos que garanticen los derechos y la salvaguarda de las personas en contexto de movilidad.

El propio Instituto recordó que pro estos hecho, el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, está vinculado a proceso, junto a otros funcionarios.

También reiteró que tras lo sucedido en Ciudad Juárez, se determinó la suspensión temporal de 33 estancias provisionales del INM, y se informó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a fin de que certificara las condiciones éstas y determinara cuáles se rehabilitan, cuáles se cierran y cuáles pueden seguir operando.

Para garantizar la no repetición de hechos, el INM dijo que después de concluido el proceso de supervisión directa de la totalidad de las sedes migratorias, comenzó la aplicación de medidas de Protección Civil.

Entre ellas se informó la instalación de puertas de emergencia, retiro de rejas y cerraduras en todas las áreas de tránsito y flujo interno de las personas alojadas. La instalación de vidrio plástico, detectores de humo, respiradores y mayor número de extintores, entre otras medidas.

De las 54 sedes que tiene el INM en todo el país, continúan abiertas 17 estaciones migratorias con una capacidad de 3 mil 791 espacios, que constituyen el 73% de la capacidad total instalada, además que hay 3 centros integradores con una capacidad de 3,700 en funciones.

Nueve de cada diez presos en México tuvieron contacto con alguna actividad delictiva desde los seis años de edad, lo que refleja la normalización de la violencia desde edades tempranas en el país, señala un estudio de la organización Reinserta.

“No hay una fórmula para crear a una persona o para que exista una persona que comete conductas antisociales, que comete delitos como tal, este estudio lo que busca es darle el impacto necesario a lo que tiene la normalización y la exposición a la violencia”, dijo Saskia Niño de Rivera, cofundadora de la organización.

La organización indicó que el estudio se realizó a partir de entrevistas a 5,559 presos en cárceles de 14 entidades del país.

La investigación evidencia la complejidad de los factores que contribuyen a la reproducción y normalización de la violencia, como la deserción escolar, el acceso a las armas y el consumo de sustancias desde edades tempranas.

“Entender y aceptar la corresponsabilidad social que hay en las consecuencias de la violencia en la infancia y la adolescencia es una necesidad que México tiene de manera urgente”, resaltó Niño de Rivera en entrevista con la agencia Efe.

Entre los hallazgos se menciona que un tercio de los presos encuestados vivía en una familia con recursos suficientes solo para cubrir necesidades básicas de alimentación, salud y educación. Uno de cada cuatro reportó haber crecido en una familia involucrada en actividades delictivas.

La misma proporción admitió saber que una parte de los ingresos familiares provenía de esta criminalidad.

Niño de Rivera señaló que el consumo de drogas “es una cosa brutal”, pues se encontró que las sustancias más consumidas en México antes de los seis años fueron la piedra (crack), marihuana, heroína y tabaco. Destacó la facilidad con el que se accesa a las drogas y sus bajos costos.

En este sentido, el estudio muestra que en la zona norte del país se consume, en mayor medida, marihuana y tabaco, mientras que en la zona sur son los tranquilizantes y la heroína, y en el centro destacó la piedra y activo.

“El primer contacto con sustancias ilícitas es dentro de la familia, ya sea que encuentran la droga dentro de casa o consumen con sus padres, con sus madres”, advirtió Niño de Rivera.

El estudio de Reinserta revela que la exposición a la violencia verbal, física y sexual ocurre desde los 6 años y se exacerba a partir de los 12 años.

Entre los principales perpetradores de la violencia se identificó a padres, hermanos y tíos, a quienes no se denunció por miedo o vergüenza, o porque la agresión inició bajo el disfraz de un juego.

En la escuela también se señalaron formas de violencia como burlas, insultos, apodos por parte de compañeros de clase, aunque también se identificaron casos donde el personal educativo no intervenía.También destaca el acceso a sustancias y armas en el entorno comunitario, donde la mayor exposición fue a partir de los 12 años.

La violencia contra las mujeres encuestadas inició desde los 6 años, con comentarios agresivos sobre su cuerpo, mientras que 4 de cada 10 mencionó haber sufrido abuso sexual en su infancia o adolescencia.

“No nada más eso, en México el 74 % de las personas víctimas de violencia sexual es directamente un familiar quien abusa sexualmente de ellas”, añadió Niño de Rivera.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló este viernes que hay “intereses” detrás de las protestas violentas que se han producido esta semana por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que el próximo lunes cumple 8 años de que ocurriera.

“Yo creo que hay intereses que lo que buscan es enfrentarnos, desacreditar al Gobierno porque los integrantes de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes, han estado informados de todo lo que estamos haciendo, se está aclarando lo que sucedió, castigando a los responsables”, declaró.

El mandatario se refirió a las manifestaciones de esta semana en la Ciudad de México, donde activistas han vandalizado la Embajada de Israel, bloqueado vialidades primarias como Paseo de la Reforma e Insurgentes y herir a un grupo de policía frente a la instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), todos estos actos en protesta por el caso Ayotzinapa.

La polémica sobre la desaparición de los 43 jóvenes, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, se ha reavivado tras el informe que presentó en agosto la Comisión para la Verdad, que concluye que fue un “crimen de Estado” y que no hay indicios de que estén vivos.

López Obrador, quien prometió esclarecer el crimen al asumir el poder en 2018, argumentó que en las protestas están queriendo “enrarecer la situación” porque siempre hay gente que no quiere que se resuelvan los problemas porque viven del conflicto.

“¿Dónde está la no violencia, la resistencia civil pacífica? Encapuchados, tirando piedras, ahí es el conservadurismo, o lo que suele pasar, que los extremos se tocan, la extrema derecha y la extrema izquierda. Entonces claro que no estoy de acuerdo con esas manifestaciones de violencia”, criticó.

Los activistas y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa tienen planeado este viernes un mitin en el Campo Militar Número 1 ante las acusaciones de que el gobierno ha encubierto la participación del Ejército.

“Quieren seguir sosteniendo de que se violan los derechos humanos y yo les digo: no, no somos iguales. Además, si se protesta, se tiene que hacer de manera pacífica”, comentó López Obrador.

AMLO remató indicando que su gobierno no es como los anteriores, por lo que nunca a reprimir y siempre va a estar del lado de la justicia. “No traigan bombas molotov, no traigan piedras”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió este miércoles la labor de búsqueda que realiza su gobierno, pese a que esta semana se informó que se había superado la cifra de más de 100,000 personas no localizadas en México.

“Se está haciendo un trabajo como nunca de búsqueda, ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos como ahora. Toda la Secretaría de Gobernación está dedicada a eso, y a buscar fosas clandestinas”, respondió el mandatario durante su conferencia matutina al ser cuestionado sobre el tema.

El lunes, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabilizó más de 100,000 personas no localizadas en el país desde 1964, desde que hay registro.

Aunque el mandatario culpó a los gobiernos anteriores de la crisis de violencia, los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) muestran que casi un tercio de las desapariciones han ocurrido desde que asumió el poder, en diciembre de 2018.

Sin embargo, AMLO justició que la cifra que se atribuye al periodo de su gobierno “puede ser que los buscamos y que antes no, es algo parecido al feminicidio, que antes no se consideraba como un delito con esas características los asesinatos de mujeres, y a partir de que llegamos se empezó a clasificar”.

Familias de desaparecidos se han manifestado en semanas recientes para denunciar que López Obrador ha incumplido su promesa de reunirse con ellas y apoyarles. Incluso este miércoles están convocadas diversas concentraciones en distintos estados del país, para exigir justicia para sus desaparecidos.

“Siempre me he reunido con ellos. Sí (se mantiene ese compromiso) y es un asunto de convicciones. Nosotros no somos falsos”, respondió el presidente cuestionado sobre supuestos señalamientos de familiares que critican que cuando era candidato y dirigente de oposición sí tenía tiempo para ellos.

López Obrador también atribuyó las desapariciones a la “guerra contra el narco” del expresidente Felipe Calderón. Incluso cuestionó a los medios por no reportar más sobre los presuntos estragos de ese episodio.

“No se debe olvidar de que hubo una guerra contra el narcotráfico, y durante esa guerra murieron muchos y los desaparecían, entonces nosotros cuando llegamos asumimos la responsabilidad de buscarlos y de ayudar a los familiares y es lo que estamos haciendo sin ocultar nada”, añadió AMLO.

El gobierno de Estados Unidos informó este martes que ha identificado a más de 3,900 menores migrantes separados de sus padres en la frontera con nuestro país durante el tiempo que estuvo vigente la política de “tolerancia cero” del expresidente Donald Trump.

Las autoridades proporcionaron uno de los conteos más detallados en un capítulo de la historia migratoria estadounidense que fue condenado de manera generalizada.

El conteo del grupo de trabajo para la reunificación familiar del gobierno de Joe Biden, señala 3,913 menores separados entre el 1 de julio de 2017 y el final de la presidencia de Trump; esta cifra está muy por debajo de los más de 5,500 identificados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) en documentos judiciales, basándose en información gubernamental.

El grupo de trabajo dijo que identificó a “casi todos” los menores que fueron separados con base en esa política, pero que revisará otros 1,723 casos desde julio de 2017, lo que podría elevar el número total de expedientes examinados a 5,636, cifra que podría coincidir con el conteo de la ACLU.

La discrepancia parece radicar principalmente en el fallo de una corte federal en San Diego, que excluyó a 1,723 niños que fueron apartados por otros motivos, como el riesgo de que estuvieran en peligro o de que hubiera dudas sobre paternidad.

Las autoridades también tratarán de determinar si hubo separaciones familiares durante los primeros seis meses de la presidencia de Trump, a partir de enero de 2017, algo que está fuera de la demanda de la ACLU. Esto podría elevar también la cifra final.

De los 3,913 menores, 1,786 han regresado con uno de sus padres, en su mayoría durante la presidencia de Trump; se ha contactado con los padres de otros 1,695, y se desconoce el paradero de 391 más. Muchos de los contactados fueron entregados a otros familiares.

Recordemos que el gobierno de Biden se ha comprometido a reunir a los padres e hijos que siguen separados, pero el ritmo de las reunificaciones ha sido lento y no está claro cuántas se realizarán. Los primeros cuatro progenitores regresaron a Estados Unidos el mes pasado, dentro de lo que el grupo de trabajo identificó como un grupo inicial de 62 personas: 28 de Guatemala, 20 de Honduras, 13 de El Salvador y uno de México. Los funcionarios del gobierno federal dicen que 29 de los 62 han recibido la autorización final para regresar a Estados Unidos, lo que debería ocurrir después de que se hagan los arreglos de viaje.

El reporte proporcionó datos inéditos: cerca del 60% de los menores separados con base en la política migratoria del anterior gobierno eran guatemaltecos (2,270), seguidos de hondureños (1,150), salvadoreños (281), mexicanos (75), brasileños (74) y rumanos (23).

La Patrulla Fronteriza del sector de Yuma, en Arizona, registró el mayor número de separaciones de entre los nueve sectores de la frontera con México, con 1,114 casos. El Rio Grande Valley, en Texas, que atrajo la atención de los medios al tratarse del corredor más empleado para cruces ilegales, fue el segundo punto con 1,025 casos. El Paso, Texas, donde se llevó a cabo un ensayo de la política en 2017 que no se hizo público en su día, fue el tercero con 982 casos.

Estados Unidos va a comenzar a reunir esta semana a algunas familias migrantes separadas durante el gobierno del expresidente Donald Trump, anunció este lunes el secretario de Departamento de Seguridad Interior (DHS), Alejandro Mayorkas.

Mayorkas indicó que cuatro madres que huyeron de “situaciones extremadamente peligrosas en sus países de origen” van a ser reunidas con sus hijos tras haber sido separados en la frontera entre Estados Unidos y México.

El funcionario celebró este avance después de que el gobierno de Joe Biden estableciera un equipo especialmente dedicado a rastrear a las familias y reunirlas, encabezado por el propio secretario.

“El grupo de trabajo ha realizado un progreso crítico en unos pocos meses y va a seguir trabajando sin descanso para darle a las familias la oportunidad de reunirse y sanar”, indicó Mayorkas, que es el primer latino y el primer inmigrante en encabezar este Departamento que se ocupa, entre otras tareas, de la seguridad en la frontera.

La política de Trump de “tolerancia cero” a la inmigración irregular comenzó a ser aplicada en 2017 y fue anunciada formalmente en 2018.

Mediante la separación de las familias, en su mayoría centroamericanos huyendo de la violencia, el gobierno de Trump buscaba disuadir a los migrantes de que emprendieran el viaje hacia su país.

Su implementación, que se estima afectó a cerca de 5,000 menores, fue suspendida ante una ola de indignación nacional y mundial.

Mayorkas expresó su alegría ante el inicio del proceso de reunificación y por el hecho de que estas “cuatro madres puedan abrazar a sus hijos después de tantos años”. El colaborador del presidente demócrata indicó que esto es sólo el “principio” del programa.

Recordemos que Joe Biden denunció la política de su predecesor como una “vergüenza moral y nacional”.

No está claro cuántos niños todavía están lejos de sus padres, pero se estima que son cerca de 1,000. Muchos de ellos son originarios de zonas rurales y comunidades ubicadas en áreas montañosas de difícil acceso, una tarea logística complicada además por la pandemia.

El gobierno no clarificó si se va a permitir a las familias la residencia legal en Estados Unidos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), el Banco de México (Banxico), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco del Bienestar y la Asociación de Bancos de México (ABM) anunciaron este lunes la implementación de un programa de bancarización en apoyo a migrantes y familias.

Las autoridades financieras del país se comprometieron a reforzar y ampliar la cobertura de servicios financieros, en los mejores términos y condiciones, a fin de que los envíos de remesas de las mexicanos que se encuentran en el extranjero hacia sus familias en México se realicen de manera sencilla, segura y económica.

En el marco de este programa, el gobierno federal dio a conocer una estrategia para mejorar el tipo de cambio que reciben las personas migrantes y sus familias por el envío de remesas, así como para reducir los costos en tiempo y los riesgos por transacciones que hoy realizan en efectivo.

La estrategia consiste en bancarizar a las personas migrantes mexicanos en Estados Unidos y a sus familias en México a través del Banco del Bienestar, mediante la apertura de cuentas por migrantes y sus familias para transferencias bancarias Estados Unidos-México; el envío de recursos a través de remesadoras y liquidadas por Banco del Bienestar; la compra de dólares en efectivo a migrantes y sus familias con cuenta en dicho banco.

Adicional, las cuentas en el Banco del Bienestar se podrán abrir de manera remota desde Estados Unidos, con la matrícula consular o el pasaporte expedidos por la SRE.

Las personas migrantes y sus familias tendrán acceso a la recepción de remesas en México a través de 2,393 puntos de atención, entre sucursales del Banco del Bienestar, sociedades financieras populares y cooperativas de ahorro y préstamo que integran la llamada ‘Red de la Gente’, así como corresponsales de Telecomm.

Adicionalmente, las autoridades financieras facilitarán la apertura de cuentas en pesos para personas migrantes de manera remota, a través de instituciones de crédito y de fondos de pago electrónico, con el objetivo de recibir remesas electrónicas al mismo tipo de cambio que el aplicable para cargos a tarjetas de crédito y débito.

Entre las acciones también está la creación de un sitio web y un aplicativo (app), desarrollados por el Banco de México, que permitirá a los migrantes conocer los productos financieros a su alcance y realizar la búsqueda de centros de canje de divisas y la ubicación geográfica de las sucursales más cercanas.

Adicional, se ofrecerán operaciones cambiarias en las sucursales bancarias ubicadas en los módulos de trámite a personas migrantes para la internación temporal de vehículos particulares, donde se podrán canjear divisas en efectivo al entrar al país; habrá atención especial a personas migrantes por parte de las unidades especializadas de atención a usuarios de las instituciones financieras; venta de tarjetas prepagadas denominadas en pesos, emitidas por bancos, para personas que ingresen a territorio nacional, para pago de bienes y servicios.

Destaca que el Banco de México brindará facilidades a las instituciones de crédito que tengan dificultad para repatriar dólares en efectivo, a través de financiamiento contingente garantizado.

También se agilizará el procedimiento para incorporar los recursos de divisas en efectivo incautados a favor del Estado Mexicano; para ello, el Banxoico establecerá un procedimiento claro en disposiciones de carácter general para que las instituciones financieras puedan recibir los billetes y monedas extranjeros del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

“La ABM se compromete a que las instituciones de crédito adopten e impulsen estas medidas, de tal forma que las personas migrantes y sus familias puedan tener acceso al mejor tipo de cambio que les ofrezca su banco, donde sea que requieran disponer de los recursos de sus remesas dentro del territorio nacional. Esto permitirá disminuir la disparidad en los tipos de cambio que pueden obtener las personas migrantes y sus familias en diversas regiones del país”, apuntaron las autoridades en un comunicado conjunto.

Foto: Twitter @RaulRodriguezC

El nuevo gobierno de Estados Unidos analiza la forma de dar prioridad a las solicitudes de asilo de los migrantes más vulnerables que continúan varados en México como parte del polémico programa “Quédate en México” del expresidente Donald Trump, dijo este viernes la asesora fronteriza del presidente Joe Biden, Roberta Jacobson.

Biden anunció en su primer día de mandato, el 20 de enero pasado, la suspensión del programa denominado Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) que ha obligado a miles de ellos, la mayoría de Centroamérica, a permanecer en el norte de nuestro país, mientras es analizado su caso.

“Sabemos que es muy difícil para muchas personas esperar (…) vamos a procesar esos casos y asegurar que las personas pueden entrar a Estados Unidos si califican para asilo (…) lo más rápido posible”, afirmó la funcionaria federal.

La también exembajadora de Estados Unidos en México indicó que por ahora Washington no tiene planes para “transferir” a migrantes bajo acuerdos de “tercer país seguro” firmados con países centroamericanos.

Aclaró que entre las prioridades del nuevo gobierno de Estados Unidos está localizar y reunificar a miles de familias que fueron separadas con esas políticas migratorias, aunque reconoció que no tienen el universo total de casos.

Al respecto, se dijo que será el próximo martes cuando el presidente Joe Biden anuncie la conformación de un grupo que asumirá la reunificación de familias inmigrantes.

Jen Psaki, portavoz de La Casa Blanca, indicó durante su rueda de prensa diaria que el presidente “ahora planea lanzar un grupo de trabajo sobre la reunificación de familias y niños”, que liderará el ahora nominado como secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

La portavoz subrayó que ese es un asunto con el que Biden “está personalmente comprometido”, así como la primera dama, Jill Biden.

“Habíamos planeado hacerlo esta semana porque esperábamos que Ali Mayorkas fuera confirmado para finales de esta semana”, añadió la funcionaria, quien dijo esperar que el candidato de Biden sea ratificado por el Senado el lunes por la noche y que el gobernante firme la orden al día siguiente.

“No hay duda de que reconocemos que esto será un desafío increíble, que habrá mucho trabajo por hacer”, admitió.

Adicional, La Casa Blanca aclaró este viernes que Biden sí pidió a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que liberara al líder opositor Alexéi Navalni, encarcelado recientemente, durante la conversación telefónica que ambos mantuvieron esta semana.

Psaki reveló que el mandatario reclamó a Putin la salida de prisión de Navalni, en línea con los comentarios que ha hecho Washington al respecto en los últimos días; pero, rechazó ofrecer detalles sobre la respuesta del gobernante ruso a esa petición.

En concreto, preguntada sobre si Biden pidió la liberación de Navalni, Psaki contestó: “Sí, tal y como nuestro equipo ha pedido durante las últimas semanas, pero no daré más detalles específicos sobre la conversación”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inauguró este jueves en Bavispe, Sonora, la Plaza Memorial ‘La Mora’ y develó la placa en honor a las víctimas Langford-Miller, fallecidas el 04 de noviembre de 2019.

“Este memorial va a significar un homenaje permanente a las víctimas (…). Se ha detenido a responsables de este crimen y vamos a continuar hasta conocer toda la verdad y hacer justicia”, prometió López Obrador ante miembros de la comunidad mormona asentada en la región.

Por su supuesta relación con el crimen, 17 individuos fueron detenidos, uno de ellos señalado como presunto autor intelectual del ataque, y hay órdenes de captura contra 15 más, se informó este jueves.

Las tres mujeres y los seis niños, que tenían la doble nacionalidad mexicana y estadounidense, fueron asesinados el pasado 4 de noviembre de 2019, a balazos cuando transitaban por un camino rural en sus vehículos, en una de las masacres más brutales registradas en los últimos años en el país.

Según las autoridades, el ataque habría sido el resultado de una confusión entre grupos ligados al narcotráfico que actúan en la zona.

Amber Ray, hermana de Dawna, una de las mujeres asesinadas, habló durante el evento en nombre de los familiares de las víctimas y agradeció el apoyo recibido por autoridades. Dawna “era mi modelo a seguir. Ella me enseñó que el rencor sólo duele realmente a la persona que lo siente”, recordó.

Por este caso, no solo se registraron reclamos en el país, las protestas llegaron hasta el país vecino; incluso el presidente Donald Trump habló telefónicamente con López Obrador para conocer del caso y ofrecer su ayuda.

“Le agradecí su actitud solidaria y le comenté que podamos nosotros hacer la investigación (…). Tengo que reconocer que el presidente Trump siempre ha sido muy respetuoso de nuestra soberanía”, recordó AMLO en su momento.

López Obrador expresó su agradecimiento y solidaridad a los familiares que han puesto su confianza en las autoridades. “Nosotros no vamos a defraudarles, siempre les diremos la verdad, nunca una mentira, nunca vamos engañarles. Siempre van a contar con nuestro apoyo”.

Añadió que gracias a que no hay corrupción ni impunidad, y a que no se permite la asociación entre delincuencia y gobierno es posible conocer la verdad, subrayó el primer mandatario.

Julián LeBarón, familiar de las víctimas, indicó en sus redes sociales que la visita del presidente a La Mora y el memorial, serían sin duda un momento histórico, y posiblemente el último gran evento público en memoria de las nueve personas de su familia que perdieron la vida.

Y aunque dijo que el gobierno les pidió que limitaran la asistencia a 24 familiares, en gran parte a la contingencia sanitaria que se vive, dijo que eso debía ser una decisión de cada persona, pues fue una tragedia que tocó a toda su  comunidad y a toda la nación.

“A pesar de nuestras muchas diferencias, estamos unidos y decididos a que nunca más permitiremos que miembros de nuestras comunidades sean atacados y asesinados. Ese mensaje de unidad, fuerza y determinación podría literalmente salvar vidas”.

Al participar en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, precisó que el agua es un tema de seguridad nacional y las presas son instalaciones estratégicas, por lo que no puede perderse la rectoría del Estado mexicano sobre el tema de aguas.

“La salvaguarda de las presas por parte de las fuerzas de seguridad está sustentada en la propia ley de la Guardia Nacional y en diferentes ordenamientos”, refirió el funcionario, en relación al conflicto con el gobierno de Chihuahua.

Destacó que la actual controversia respecto a la entrega de agua, específicamente por parte de Chihuahua, se debe a intereses económicos y políticos “que han usufructuado para su beneficio el agua y han puesto en riesgo un Tratado internacional”.

Comentó que hay una red de “políticos acaparadores” de agua y presuntamente delincuentes vinculados a toda esta trama.

El subsecretario aseguró que no es un movimiento espontáneo porque la principal razón era la falta de agua, y no ha habido falta de agua, “ha habido siempre flujo”, dijo.

Acusó que lo que hay atrás de toda la embestida, es que algunas personas quieren seguir manejando este tipo de negocios en detrimento de la nación y del país, poniendo en riesgo un Tratado internacional que se tiene con Estados Unidos.

Específicamente, el funcionario de Seguridad señaló a la familia Urionabarrenechea, ligada al ex gobernador César Duarte; indicó que el suegro de uno de los miembros de la familia, Raúl Enrique Javalera, fue presidente de la Junta de Aguas y Saneamiento de Chihuahua.

“Este grupo es importante porque estuvo atrás, en gran medida, del financiamiento de la movilización y están ligados a César Duarte (…) Esta familia acapara el agua. Entre la familia tienen casi nueve millones de metros cúbicos de agua”, precisó el funcionario al decir que ocho usuarios de esa familia acaparan el 12.5% de la adeudo total de agua; y una persona acapara el 4% del adeudo total.

Señaló que hay otro grupo denominado “Los cebolleros”, ligado al diputado local del PAN, Jesús Valenciano, quien en los últimos días le dio un ultimátum a la Guardia Nacional; dijo que dicha familia se dedica a la sobreexplotación, son cebolleros y algunos de ellos se dedican también a la tala.

“Lo que podemos apreciar es que los mismos actores están involucrados en diferentes temas que tienen que ver con negocios y el usufructo del agua en la región”.

También reveló que el pasad 3 de diciembre, en la Secretaría de Gobernación, Javier Corral, junto con sus homólogos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, llegaron a un acuerdo donde el gobernador se comprometió al cumplimiento estricto y obligado del tratado de aguas de 1944.

Incluso dijo que el 1 de agosto de este año se firmó una propuesta para los escurrimientos y las entregas de agua. “Está su rúbrica y fue firmado junto el director para América del Norte”, dijo Mejía Berdeja.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer esta mañana una serie de encuestas para dimensionar el impacto de la pandemia el Covid-19 en la actividad económica y en el mercado laboral del país.

Los tres trabajos que realzó son la Encuesta sobre el Impacto Económico generado por Covid-19 (ECOVID-IE); la Encuesta Nacional de Agencias Funerarias ante Covid-19 (ENAF) y la Encuesta Telefónica sobre Covid-19 y Mercado Laboral (ECOVID-ML).

“El objetivo de la encuesta es generar indicadores cualitativos a partir de las opiniones de los dirigentes empresariales, que permitan conocer de forma oportuna, el impacto registrado en el país y contribuyan en la toma de decisiones de los diversos sectores de la sociedad para superar tal contingencia”.

Para el caso de la ECOVID-IE, las encuestas se realizaron del 7 de mayo al 12 de junio de 2020, con un tamaño de muestra de 4,920 empresas grandes y MIPyMES con instalaciones fijas y que realizan actividades económicas correspondientes al sector industria (minería, electricidad, suministro de agua y gas, construcción y manufacturas), comercio y servicios (incluye transportes).

Para la ENAF, las entrevistas se realizaron del 25 de mayo al 12 de junio de 2020, y la muestra se integró por 474 empresas de servicios funerarios. Finalmente, para la ECOVID-ML, las encuestas fueron realizadas en abril de 2020 y el universo de estudio es la población de 18 y más años usuaria de teléfono (68.2 millones de personas); de las cuales, 35 millones forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA), cifra que representa una tasa de participación económica del 51.3%.

  • ENCUESTA SOBRE EL IMPACTO ECONÓMICO GENERADO POR COVID-19 (ECOVID-IE)

Se estima que de las empresas en el país estimadas, poco más de la mitad instrumentaron paros técnicos o cierres temporales como medida de prevención, mientras que 40.4% no lo hicieron.

Las empresas consideradas como esenciales y que llevaron a cabo paros técnicos o cierres temporales de 21 días o más, registraron 41.4% y las no esenciales 50.5%.

El 93.2 % de las empresas registró al menos un tipo de afectación debido a la contingencia sanitaria por Covid-19. La mayor afectación fue la disminución de los ingresos, con 91.3% Le siguió la baja demanda que a nivel nacional se  reportó en 72.6% de las empresas consultadas.

La mayoría de las empresas priorizó el no despido de personal, por sobre la reducción de remuneraciones y/o prestaciones con porcentajes a nivel nacional de 19.1% y 15.4% respectivamente.

Solo 7.8% obtuvo algún tipo de apoyo, mientras que el resto (92.2%) no recibió ayuda de ninguna índole. La mayor parte de los apoyos que obtuvieron las empresas (88.8%) provinieron de los gobiernos (federal, estatal o municipal). La causa principal para no recibir apoyos fue porque no tenían conocimiento, con 37.4%.

Se estima que los apoyos que las empresas recibieron fueron por concepto de transferencia en efectivo (54.3%), aplazamiento de pagos a créditos (11.8%) y acceso a créditos nuevos (8.9 por ciento).

Durante abril de 2020, el 60.2% de las empresas instrumentaron acciones operativas, mientras que el 39.8% no lo hizo. La entrega de pedidos a domicilio fue la acción operativa más instrumentada a nivel nacional por el 45.0% de las empresas, seguida de promociones especiales con 33.8%, el trabajo encasa (home office) con 32.6% y las ventas por Internet con 29.6%

  • ENCUESTA NACIONAL DE AGENCIAS FUNERARIAS ANTE COVID-19 (ENAF)

En promedio, una empresa funeraria grande prestó 351 servicios funerarios durante febrero, en tanto que en mayo prestó 516 servicios. Una microempresa realizó 12 servicios funerarios en febrero y 16 mayo.

En la mitad de las empresas de servicios funerarios, los ingresos totales permanecieron sin cambios durante la contingencia originada por Covid-19, en un tercio disminuyeron y en un 17.1% aumentaron.

Cuatro de cada diez empresas realizaron cambios en la duración de la velación de cuerpos, 27.1% aplicó cambios en los trámites, 26.7% modificó los tiempos de espera, 12.5% negó la prestación del servicio y 38% realizó otro tipo de cambios.

Aproximadamente nueve de cada diez empresas realizaron cambios en los protocolos para el manejo de cuerpos por muertes relacionadas con Covid-19 en abril o mayo de 2020.

  • ENCUESTA TELEFÓNICA SOBRE COVID-19 Y MERCADO LABORAL (ECOVID-ML)

En abril de 2020, se estiman 32.9 millones de personas ocupadas, de las cuales 23.5% trabajó desde su casa, 30.3% no trabajó las horas habituales, 46.1% disminuyó su ingreso y 21.8% estuvieron ausentes temporalmente de su trabajo manteniendo un vínculo laboral.

Del 21.8% de ocupados ausentes temporales de su trabajo, en 92.9% de los casos, su ausencia se debió a la pandemia originada por el Covid-19.

De las personas que trabajaron desde su casa, el 70% cuenta con el equipamiento necesario, el 84% cuenta con condiciones se seguridad e higiene y el 27% ha tomado cursos de capacitación para el trabajo.

Se estiman 13.6 millones de personas no ocupadas con disponibilidad para trabajar, pero sin buscar activamente un empleo. De ellos, 11.9 millones de personas son ausentes del trabajo a consecuencia del Covid-19, donde 42.3% considera que retornará a su trabajo al terminar la contingencia.

En 30.4% de las viviendas algún integrante perdió su trabajo por la pandemia y en 65.1% de las viviendas sus ingresos disminuyeron durante la contingencia. De estas viviendas con disminución de ingresos, en 37.4% de ellas, sus integrantes tuvieron que vender algún bien, pedir dinero prestado o recurrir a sus ahorros.

En cuanto a las viviendas y el uso de medidas sanitarias por parte de sus ocupantes, se tiene que en 94.4% de las viviendas, sus integrantes se lavan continuamente las manos, en 81.6% de las viviendas sus integrantes acostumbran a usar cubre bocas, en 76.4% usan gel antibacterial y en 72% mantienen la sana distancia.

El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, aseguró que el Sistema Educativo Nacional no se paralizó ante la pandemia del Covid-19 que afecta al país.

Afirmó que lo que se hizo, como las estrategias implementadas durante el periodo de aislamiento, servirán para el futuro de la educación en México.

Al participar en la Junta Nacional Virtual con la Comisión de Educación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), afirmó que se regresará a clases con un sistema educativo adelantado a su tiempo, en términos de años, “dos o tres, quizá, porque la respuesta de docentes y alumnos a esta nueva experiencia a distancia ha sido espectacular”.

Dijo que las maestras y los maestros están en contacto con sus alumnos; los estudiantes siguen con su aprendizaje; y las madres y padres de familia están colaborando en la educación de sus hijos.

Consideró que el impulso que se dio hacia lo digital, hacia experiencias de aprendizaje por televisión y radio con el programa Aprende en Casa, va a ser determinante.

Moctezuma Barragán aseguró que la suspensión de clases, que inició el pasado 23 de marzo, fue una medida imprescindible para evitar un mayor número de contagios y así mitigar la expansión de la pandemia por Covid-19 en las comunidades escolares de todo el país.

Afirmó que la pandemia obligó a diseñar una estrategia equitativa de educación a distancia para no suspender el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y mantener la continuidad del ciclo escolar 2019-2020, cuyos contenidos llevaban el 73% de avance.

El titular de la SEP explicó que con la programación y los contenidos del programa Aprende en Casa, y una vez que las autoridades sanitarias permitan el regreso a las escuelas, se aplicará una valoración diagnóstica para conocer el avance de los alumnos, con la intención de que, en las ocho semanas restantes del ciclo escolar, se alcancen los aprendizajes esperados.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que la crisis por la que atraviesa México a raíz de la pandemia del Covid-19 es la más grave en la historia reciente del país.
Aseguró que están en riesgo el sustento de millones de mexicanos y sus familias, así como la sobrevivencia de centenares de miles de micro, pequeñas y medianas empresas que generan los ingresos de todas esas familias.
“Estamos convencidos de que, en esos momentos difíciles, sólo el diálogo abierto y el respeto a las posturas distintas permitirán alcanzar acuerdos concretos para que México supere esta crisis”, indicó el CCE en un comunicado.
Y es que explicó que en los últimos días, ha circulado y video atribuido a Morena, en el que cuestionan y descalifican las propuestas que la IP hizo para concretar una recuperación económica. En sentido, sostuvo que ni la división, la descalificación infundada o la confrontación ayudarán en este momento tan delicado que atraviesa el país. Aseguró que la única manera de ayudas es uniéndose todos los sectores de la sociedad para encontrar soluciones.
Pidió no caer en falsos dilemas, pues si bien dijo que la prioridad es ayudar a la familias más pobres, eso solo se garantizará si se ayuda a la MiPyMES, que son las generadoras de empleos. “Son las empresas, de todos los tamaños, las que emplean a la gran mayoría de los mexicanos”.
Añadió que son los impuestos que pagan las empresas los que generan recursos para la operación del gobierno y los que permiten financia los importantes programas sociales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que para medir el crecimiento económico se tiene que tomar en cuenta el bienestar y desarrollo de la población, y afirmó que actualmente “hay capacidad de compra con los programas sociales.

“En el periodo liberal lo poco que hubo de crecimiento se acumuló en unas cuantas manos. Es muy importante que haya una mejor distribución del ingreso y que los beneficios lleguen a todos, eso es lo que me tiene tranquilo porque abajo hay más capacidad de compra, no hay crisis de consumo. Me importa mucho la economía familiar”, indicó el mandatario al asegurar que los programas sociales contribuyen a sostener las familias.

Y es que tras darse a conocer la medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del último trimestre del año anterior, donde se establece que hubo decrecimiento en algunos sectores como comercio y servicios, el mandatario dijo que ya se esperaban esos índices.

“Ya se esperaba, pero están cambiando los parámetros para medir. Hay bienestar, tengo otros datos. Puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y bienestar, que son distintos”, expuso durante su conferencia matutina de este jueves.

Añadió que los parámetros que se usan actualmente los establecieron en el periodo neoliberal. Sostuvo que crecer puede significar que haya más dinero en unas cuantas manos, como ocurrió en los gobiernos anteriores, donde hubo poco crecimiento, pero se acumuló en unas cuantas manos.

López Obrador indicó que es muy importante que haya una mejor distribución del ingreso, por lo que se debe tomar en cuenta el bienestar y el desarrollo, “el modelo neoliberal, dicho sea de paso, fracasó”, remató.

En temas económicos, AMLO resaltó la a creación del Gabinete Económico, encabezado por Alfonso Romo, que tiene como objetivo simplificar los trámites para la apertura de empresas con el fin de potenciar la inversión en el país.

“Se trata de actuar de manera coordinada, impulsar el crecimiento y que haya facilidades para la inversión privada, porque con el elefante reumático, mañoso y corrupto se avanza lento; si se quiere abrir un negocio se tardan meses. Por eso este gabinete, con el propósito de facilitar para que se simplifiquen los trámites”, indicó.

López Obrador apuntó que el Gabinete Económico actuará como acompañamiento en las posibilidades de inversión privada que haya en el sector público en todos los rubros.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que en 2019 se recibieron 35 mil millones de pesos por concepto de remesas provenientes de Estados Unidos, que se distribuyeron entre cinco millones de familias.

Ricardo Sheffield, titular de Profeco, explicó que se ha dividido el territorio de Estados Unidos en tres zonas, la del Pacífico, zona centro y costa este, para determinar qué instituciones proporcionan el mejor precio para el envío de remeses a México.

Explicó que quien ofrece el mejor precio por el tipo cambiario es la institución Banorte, que paga en la costa del Pacífico cinco mil 625 pesos por 300 dólares, y no cobra comisiones; mientras que Western Union fue el que menos pagó, con cinco mil 326.81 pesos por cada 300 dólares y cobra ocho dólares de comisión.

Ese comportamiento se registró en el resto de las zonas del vecino país, con las mismas diferencias entre las dos instituciones mencionadas. “De esta manera, los paisanos pueden valorar por dónde enviarlo”, expresó Sheffield.

Añadió que se está realizando un acercamiento a las familias que reciben estos envíos de dinero proveniente de sus familiares en Estados Unidos para que les indiquen qué otra información requieren.

La información expuesta esta mañana por el titular de la Profeco, responde a un compromiso que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo semanas atrás, sobre que se presentaría un Quién es Quién en el envío de las remesas.

Ricardo Sheffield, aprovechó su participación en la mañanera del presidente, que a partir de febrero este organismo cobrará las multas que imponga y garantizó que el costo de las gasolinas y la energía eléctrica no registrarán aumentos de precio en 2020.

“Hay una estabilidad e incluso una baja en los precios. ¿Qué podemos esperar para el 2020? Con base a los promedios de Pemex (Petróleos Mexicanos), tomando en cuenta los puntos de distribución, excepto en la frontera, el promedio del precio de la gasolina regular será de 18.20 centavos, en la Magna 19.73 y en diésel 19.48; se continuará cumpliendo con la política de no incrementar los precios a los carburantes”, explicó.