AMLO anunció que existen tres empresas farmacéuticas que han estado abusando del gobierno, que son inmorales, y por ello las ha mencionado en su tribunal mañanero en Palacio Nacional. Las señaladas con el dedo flamígero son Grupo Fármacos Especializados S.A de C.V, de la familia Pérez Fayad; DIMESA de Carlos Álvarez Bermejillo; y MAYPO de Carlos Arenas.

Éstas tres farmacéuticas han tenido, en efecto, grandes rebanadas del pastel presupuestal en la compra de medicinas por décadas. Son los líderes de la industria, pues. Pero ¿por qué se quiere ir AMLO en contra de ellos?

Platicando con gente del sector, hay tres razones para que AMLO haya tomado la decisión de que ninguna de estas empresas pueda participar en licitaciones: 1) para que entren a México medicinas más baratas, aun si no cumplen con las reglas y estándares de seguridad; 2) para que el gobierno federal tenga el control del abasto y 3) para favorecer a un empresario consentido de AMLO en el mercado de las medicinas.

López Obrador quiere abrir las licitaciones de medicamentos a todo el mundo para lograr que entren medicamentos a precios más competitivos a México. Hasta ahí, la intención parece buena. El problema viene cuando esta nueva apertura implica una relajación en la regulación de medicamentos. Relajación que le abriría la puerta a empresas de China e India, que pueden vender medicinas baratas, aunque no siempre cumplan con los requisitos de seguridad de la Cofepris.

Es bien sabido que AMLO no confía en la Cofepris como instancia reguladora. A pesar de tener prestigio internacional y estar considerada como una de las cinco mejores agencias de regulación de medicamentos en el mundo, López Obrador siente que durante los gobiernos del pasado neoliberal la Cofepris llevó a cabo acciones cuestionables. Por ello la quiere hacer a un lado y así permitir que entren a México medicamentos baratos.

Dos empresas ya están haciendo contacto con el gobierno federal: Emcure Pharmaceuticals y Cipla Ltd. La primera ha eludido repetidamente las pruebas de registro de su planta situada en India y sus productos no pueden entrar a Estados Unidos por la cantidad de irregularidades que le encontró la FDA, el equivalente a la Cofepris, pero en EUA. La segunda, Cipla, también de India, tiene tan mal historial en la farmacéutica que la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) recomendó la suspensión del registro sanitario de algunos de sus medicamentos por los elevados riesgos que encontraron.

AMLO quiere que ambas empresas suministren medicamentos a México porque ofrecen precios más baratos. Y quiere que la Cofepris relaje sus mediciones de eficiencia farmacológica para que los reconozca como buenos a pesar de que han demostrado ser riesgosos para la salud.

Además, AMLO tiene el plan de federalizar el reparto de medicinas como herramienta de control político. Quiere crear una red de distribución nacional en donde deje a un lado a las 3 empresas vetadas y todo lo haga únicamente la estatal Birmex. Suena bien y suena fácil, pero abastecer los más de 4 mil puntos del país es una tarea compleja que hasta ahora, en México, se ha basado en las directrices sobre prácticas correctas de distribución de medicamentos para uso humano elaborado por la Comisión Europea.

Si AMLO controla la distribución de medicamentos, el gobierno federal tendrá una herramienta más para fortalecer o debilitar a gobernadores. Evidentemente a los estados de los gobernadores “amigos” les llegarán medicamentos antes que a los de gobernadores “adversarios”.

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