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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó esta mañana que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, será extraditado a México.

En conferencia de prensa, la primera del año fuera de Palacio Nacional, el mandatario explicó que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) fundamentó la petición de extradición erróneamente, razón por la que se retrasó el proceso.

“Estaba reponiéndose el procedimiento, no estaba bien fundamentado el planteamiento, no del gobierno de Chihuahua, sino de la anterior procuraduría para la solicitud de extradición», expuso AMLO al indicar la tardanza en lograr la entrega del exmandatario estatal.

Sin embargo, afirmó que hace 15 días el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, notificó que sí procedía el requerimiento para que el exfuncionario enfrente las acusaciones que existen en su contra en México y en breve se le dará cumplimiento.

“Ya se resolvió esto y ya hay respuesta afirmativa del gobierno de Estados Unidos. Procede la extradición. El gobierno estadounidense notificó que procedía el trámite que se está llevando a cabo», sostuvo López Obrador.

Añadió que el comunicado se recibió hace 15 días, sin embargo, dijo desconocer cuánto se requerirá para que las autoridades estadounidenses hagan entrega del exgobernador.

Recordemos que Duarte Jáquez está prófugo de la justicia mexicana y fue aprehendido en Estados Unidos. Se le señala de un presunto de desvío de mil 200 millones de pesos al estado de Chihuahua.

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, reprochó este miércoles que algunas unidades de gobierno no respetan la presunción de inocencia, lo cual puede afectar el debido proceso.

Durante un encuentro con embajadores y cónsules, el fiscal criticó que haya declaraciones desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre denuncias con poco criterio y ello ponga a la Fiscalía en una crisis procesal.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que se van a definir bien los campos de actuación, pues confirmó que sí hubo el reclamo de parte del fiscal en defensa de su autonomía, en ejercicio de sus facultades.

López Obrador enfatizó que el trabajo que realiza Santiago Nieto al frente de la UIF es fundamental en su gobierno para acabar con la corrupción.

Cuestionado sobre si pediría más prudencia a Nieto en sus declaraciones sobre indagatorias, el presidente aclaró que toda la información que sale de la unidad cuenta con su visto bueno.

“Santiago (Nieto) no hace nada sin consulta del presidente, o sea no es echarle la culpa a él», dijo el mandatario federal.

Reconoció que necesita que Santiago Nieto informe sobre temas de lavado de dinero y fraude, ya que a él no le corresponde informar sobre este tema, pero aclaró que de ahora en adelante buscarán que no se transgreda el debido proceso.

Julián LeBarón reveló hoy que serían alrededor de 40 los participantes en el ataque contra su familia ocurrido el 4 de noviembre pasado, en el que murieron seis mujeres y tres niños en Bavispe, Sonora.

Luego de la reunión que él y su hermano Adrián sostuvieron con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que hasta ahora hay siete detenidos y, de acuerdo con las investigaciones, todos los implicados son de Chihuahua.

Previo al encuentro, los familiares acudieron a la Subprocuraduía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde les informaron de los avances en la investigación.

Al salir de la reunión, el integrante de la familia atacada señaló que a los sujetos presuntamente involucrados se les identificó «por testimonios y declaraciones».

Julián LeBarón indicó que “al parecer han identificado a cuando menos a 40 personas que les dispararon a estas niñas y ya tienen a 7″.

Incluso denunció que fue la mañana del 4 de noviembre cuando su hermano le habló al fiscal de Chihuahua, y se le solicitó ayuda a la fiscalía; sin embargo dijo, «ellos nunca llegaron a la escena del crimen, ni a ayudar ni a colaborar con nosotros”.

Julián LeBarón reveló que dos abogados de la familia LeBarón estarán en contacto con las autoridades para dar seguimiento a las investigaciones. Uno es de Sonora y otro de Baja California y ambos recibirán los expedientes de estos crímenes una vez que se dé la autorización y la firma, además del video donde se observa a uno de los atacantes ordenando que quemen la camioneta donde se encontraban los cuerpos de Rhonita LeBarón de Miller y sus cuatro hijos.

“Ese video ya lo vieron familiares de las víctimas, yo no lo he visto. El FBI (Buró Federal de Investigaciones), se los enseñó y también la Guardia Nacional. En este tema están colaborando mucho con las autoridades de Estados Unidos”, expuso Julián.

Añadió que el informe presentado por Gertz Manero fue positivo, y coincidieron que este tipo de crímenes solo se pueden resolver con el apoyo ciudadano. “Que la propia gente ayude a esclarecer este tema”, pidió.

Añadió que al menos tres de los siete detenidos se encuentran recluidos en el penal de Puente Grande, Jalisco.

Finalmente indicó que participarán en la marcha que partirá de Cuernavaca, Morelos a la Ciudad de México el próximo 23 de enero, junto con Javier Sicilia.

La exsecretaria federal, Rosario Robles, interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el Ministerio Público de la Federación por presunta fabricación de pruebas y difamación con el propósito de mantenerla en prisión preventiva.

En el documento dirigido a la titular de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, la exfuncionaria reprochó la intención del juzgador de querer iniciarle un proceso judicial «plagado de arbitrariedades» por un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa.

Sostuvo que la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Ministerio Público ha estado lejos de cumplir con los principios de honradez y respeto a sus derechos humanos.

“Al contrario, el Ministerio Público Federal ha recurrido a mentiras, falsificaciones y difamaciones, con el propósito de obtener resoluciones encaminadas a privarme de mi libertad, simulando apegarse a la ley», externó la también exjefa de gobierno del entonces Distrito Federal.

Pidió que la presidenta de la CNDH admita a trámite la queja e inicie la investigación correspondiente, solicite la información pertinente a las autoridades señaladas como violadoras de sus derechos humanos y emita la recomendación a las autoridades señaladas para resarcir el daño que le han ocasionado.

En el documento interpuesto por sus representantes legales, encabezados por Julio Hernández Barros y Epigmenio Mendieta Valdés, la exsecretaria en el gobierno de Enrique Peña Nieto aseguró que con esa actuación «tramposa y plagada de mentiras», el Ministerio Público ha fallado a su derecho de debido proceso.

Además, acusó, ha violentado su presunción de inocencia, pues aunque sea el órgano acusador en materia penal, eso no lo exime en su calidad de autoridad, del respeto al derecho humano a la presunción de inocencia hasta que se dicte una resolución ejecutoriada.

Afirmó que también se le ha afectado en su derecho convencional a la libertad personal y ha “lastimado mi derecho al respeto a la honra y al reconocimiento al construir intencionalmente una imagen de estafadora y de propensa a la fuga.

“La llamada Estafa Maestra, hasta ahora no probada, involucra a otros exservidores públicos que laboraron en varias dependencias. Sin embargo, la única persona que se ha llevado a prisión preventiva soy yo, una mujer, lo que parece probar el ánimo discriminatorio en mi perjuicio», expresó.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer esta tarde que ha integrado una carpeta de investigación por la probable comisión de los delitos conspiración para traficar cocaína, declaraciones falsas a autoridades judiciales federales, cohecho, coparticipación en diversos delitos contra la salud, delincuencia organizada y otros, por parte de Genaro García Luna.

Indicó que a dicha carpeta ha incorporando las investigaciones y las pruebas que han diligenciado las autoridades de los Estados Unidos, donde este martes fue detenido el exfuncionario federal.

La FGR señaló que pondrá a disposición las probanzas que las autoridades estadounidenses soliciten legalmente con el objetivo de fortalecer ambos procedimientos.

Enfatizó que una vez que la carpeta de investigación termine de integrarse, se le solicitará al Juez de Control competente la orden de aprehensión con fines de extradición en contra de esta persona.

Añadió que la documentación correspondiente se hará llegar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, cumpliendo así los requisitos legales que habrán de presentarse ante las autoridades de EUA para obtener la extradición correspondiente.

Y es que el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante la administración del presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue detenido este martes en Texas, Estados Unidos. La Fiscalía de los Estados Unidos indicó que la detención responde a los delitos de «conspiración con el narcotráfico y falsas declaraciones».

El canciller Marcelo Ebrard Casaubon detalló que el trabajo de los agentes del FBI en Chihuahua para indagar el asesinato de la familia LeBarón en Chihuahua será únicamente de acompañamiento con la Fiscalía General de la República (FGR).

El funcionario federal consideró que es de importancia la colaboración entre la FGR y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la indagación, ya que se esperan estudios sobre el uso de armas que provienen de Estados Unidos.

«Para la Fiscalía es muy importante por todas las armas que ahí están, que aparecen ahí, y supongo que por eso también le interesó a la Fiscalía, lo vio positivo, invitarlos a que nos acompañen», dijo el canciller.

En conferencia de prensa, detalló que desde 1994 se estableció un convenio con el gobierno de Estados Unidos para el intercambio y asistencia jurídica.

«México está invitando al FBI a acompañar las investigaciones. Es una iniciativa que México tomó. ¿Por qué tomamos esa iniciativa? Porque se trata de ciudadanos norteamericanos y no habría motivo para que no permitiéramos que en este caso el FBI tuviese acceso a las investigaciones como nosotros lo hemos venido exigiendo en otros casos, el más reciente, el caso de El Paso», comentó.

Sin embargo, el secretario de Relaciones Exteriores detalló que será la FGR la que coordine las tareas que los agentes del FBI realice en Chihuahua.

Las limitaciones que tendrá el FBI en México serán que sus agentes no podrán estar armados, y deberán informar a la FGR sobre diligencias que requieran hacer en el territorio.

El senador Emilio Álvarez Icaza presentó una ampliación de la quinta denuncia contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por la concesión del Viaducto Bicentenario a la empresa Aleatica, antes OHL, que involucra al extitular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza.

El senador acudió hoy a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para anexar al expediente de la denuncia la respuesta a una solicitud de información en la que la SCT niega que haya otorgado concesión alguna.

La denuncia fue interpuesta en agosto de este año, pues al tratarse de una vía de comunicación del dominio público de la Federación no puede ser explotada, utilizada o aprovechado sin que exista autorización, licencia o concesión entregada por el gobierno federal.

De acuerdo con integrantes de la iniciativa Ahora, la última denuncia se interpuso por la compra a sobreprecio de 20 millones de dólares de maquinaria que se adquiriría con cargo al Viaducto Bicentenario, pero finalmente se compraron con cargo al Circuito Exterior Mexiquense en 2009.

Este sobreprecio, indicaron, podría significar el pago de un soborno a través de una empresa vinculada al entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

En la ampliación del expediente, se pide que la FGE siga con las investigaciones, pero que a la luz de la declaración de la SCT acerca de la negación de entrega de concesión, el caso se judicialice.

Álvarez Icaza sostuvo que se pondrá al tanto a la Fiscalía Anticorrupción y a la Unidad de Inteligencia Financiera para que den seguimiento al caso.

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados informó que presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR), una denuncia contra los titulares de la Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) por el presunto desvío del 75% de los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de este año.

“En el párrafo segundo del artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 215 sobre abuso de autoridad o aquél que sea aplicable se presentó denuncia contra Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público y Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural por el presunto desvío de fondos de los programas etiquetados”, indicaron los legisladores.

Los panistas detallaron que presentaron como pruebas de su denuncia, los siguientes documentos: un video de la comparecencia del titular de la Sader, Víctor Villalobos Arámbula, el primer y segundo informe trimestral (Cuenta Pública) de la secretaría.

La diputada Marcela Torres Peimbert recordó que, en la comparecencia del titular de la Sader, en la Cámara de Diputados, éste reconoció que sólo se han ejercido 900 millones, de los cuatro mil millones de pesos que se aprobaron para el presente año, para el Programa Crédito Ganadero a la Palabra.

Por su parte, la diputada Gloria Romero León refirió que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que la SHCP y la Sader, se tienen que circunscribir a lo que está presupuestado, pero “vemos con temor que los subejercicios se vayan a la bolsa discrecional que puede ejercer el Presidente de la República”.

La diputada Ángeles Ayala Díaz acusó que “estamos ante un gobierno federal que no tiene transparencia, al no presentar cuentas claras a las y los ciudadanos, y ante el subejercicio de los recursos necesarios para la alimentación de todas y todos los ciudadanos”.

La Fiscalía General de la República (FGR) emitió un posicionamiento respecto a la decisión del magistrado Ricardo Paredes Calderón del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal, quien ordenó reponer el procedimiento en contra de Rosario Robles.

Dicha reposición le permitiría a Robles Berlanga obtener su libertad y seguir el proceso fuera del penal de Santa Martha Acatitla, donde lleva dos meses recluida.

La FGR señaló que el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la falsedad de un imputado, al señalar su domicilio, constituye una presunción de riesgo de fuga y, por lo tanto, procede la prisión preventiva justificada, medida que se le impuso a Robles.

«Cuando ese imputado ha declarado falsamente ante un Juez Federal, que ha habitado los últimos veintidós años de su vida en un domicilio, y con pruebas públicas irrefutables se demuestra que esa afirmación es falsa, el peligro de sustracción y la necesidad de la prisión preventiva es justificada y obligatoria por ministerio de ley. Si, además en este caso, el máximo de la pena de los delitos patrimoniales que más han agraviado a la población más necesitada de esta nación es de veintiún años; todos estos elementos obligan a ratificar la decisión del Juez que determinó la prisión preventiva justificada, la cual está impidiendo el encubrimiento y la impunidad de quienes posiblemente se coludieron en esta maquinación», indicó la Fiscalía en un comunicado.

La Fiscalía indicó que su posicionamiento llega debido a que el equipo defensor de la exsecretaria federal ha declarado falsamente y de manera constante ante los medios, descalificando dolosamente los documentos legales y ratificando las declaraciones falsas de su clienta.

Durante la parte de la conferencia en que estuvo presente debido al viaje que realiza, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) un par de temas coyunturales: la consulta ciudadana que se celebró este fin de semana en Baja California y las denuncias presentadas en contra del líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps,

López Obrador confirmó que existen denuncias en contra del líder sindical en el Fiscalía General de la República (FGR). Indicó que será Romero Deschamps quien sepa cómo responder a las denuncias presentadas, aunque dijo, no habrá persecución alguna, además de que reiteró que el proceso se seguirá en apego a la legalidad y tomando en cuanta los elementos de prueba que existen.

En ese sentido, garantizó que el gobierno no intervendrá en la vida interna del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), pues en caso de que Romero Deschamps decida renuncIar para enfrentar las denuncias, «nosotros no vamos a quitar a un dirigente para poner a otro, es un asunto que tienen que resolver los propios trabajadores».

En otro tema el mandatario aseguró que no se meterá en el tema de la llamada #LeyBonilla, que pretende ampliar el mandato del próximo gobernador, Jaime Bonilla, de dos a cinco años. Señaló que hay procedimientos legales para que quienes la aprobaron puedan retractarse.

Lamentó que se haya llegado «al extremo» de que el documento de la ley está “traspapelado en el Congreso del estado y no la encuentran para publicarla, que es la condición para ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que esta resuelva conforme a Derecho».

El Ejecutivo federal lamentó que algunos pretendan que el presidente intervenga en el tema, pues reiteró que se acabaron las «concertacesiones y el dedazo» de «conservadores hipócritas del pasado».

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este lunes que la instrucción que le ha dado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es entregar a la Fiscalía General de la República (FGR) todos los expedientes relacionados con la investigación contra exfuncionarios, en especial, hizo referencia a al proceso de Rosario Robles.

Cuestionado sobre los reportes de una supuesta venta de terrenos a la extitular de Sedesol y Sedatu, López Obrador dijo que la instrucción que tiene el titular de la UIF, Santiago Nieto, en este y en todos los casos es que presente a la Fiscalía todas las pruebas.

El mandatario señaló que es muy importante que se sepa que todos los servidores públicos tienen la instrucción de no guardar o archivar ningún expediente, porque serían «encubridores».

Agregó que cada vez que le entregan un expediente sobre algún hecho delictivo instruye que sea entregado a la Fiscalía y se le dé curso. «Es una directriz general y es la FGR la que decide», señaló.

El mandatario habló del tema luego de una pregunta sobre la supuesta venta de terrenos federales y reservas territoriales a la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), presa en el penal de Santa Martha Acatitla.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana en su conferencia de prensa matutina, que no hay una confabulación de las instituciones para perjudicar a la exsecretaria federal en la pasada administración, Rosario Robles, quien es acusada de ejercicio indebido del servicio público.

Luego de que la exfuncionaria diera a conocer una carta a través de sus familiares en la que pide al mandatario un juicio justo y le cuestionara la supuesta “saña” en su contra, López Obrador subrayó que en su gobierno no se persigue a nadie ni se fabrican delincuentes.

El mandatario lamentó la situación que enfrenta quien fuera la primera jefa de gobierno de la capital del país y subrayó que no está en sus manos detener procesos que ya están en curso por denuncias presentadas con anterioridad.

“Lamento mucho todo esto, nosotros no tenemos intención de perjudicar a nadie; lo dije desde mi toma de posesión: no es mi fuerte la venganza; no podemos detener proceso en curso, iniciados”, dijo AMLO.

Añadió que eso corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), “que es autónoma, independiente, no depende del presidente”, además de que hay participación del Poder Judicial de la Federación, que también es un órgano autónomo e independiente.

El Ejecutivo federal afirmó que el dictamen de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que inhabilita a Robles Berlanga por un periodo de 10 años para ejercer cargos en la administración pública federal por falsear su declaración patrimonial, es un trámite administrativo y no implica una decisión judicial.

“A nadie se le fabrican delitos, eso ya pasó a la historia, al basurero de la historia. Eso era antes, cuando a los adversarios, a los que consideraban enemigos, los destruían creándoles, fabricándoles delitos, eso se había hasta hace poco y se hizo durante mucho tiempo en los gobiernos anteriores, nosotros no actuamos de esa manera”, puntualizó.

Recordemos que la exfuncionaria lleva más de un mes recluida en el penal de Santa Martha Acatitla.

Este lunes, la Fiscalía General de la República detuvo a José “R” y José “V”, a quienes se les relaciona con el abogado Juan Collado, en en Matehuala, San Luis Potosí.

Los detenidos «son posibles participantes en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita», dijo la FGR a través de un comunicado.

La orden de aprehensión correspondiente, de acuerdo con la fiscalía, fue emitida el 0 de julio pasado por el juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte.

Después de un largo seguimiento, miembros de la Policía Federal Ministerial (PFM) localizaron a los imputados en Matehuala, donde se les certifica médicamente para trasladarlos al penal correspondiente.

Con esta aprehensión se han cumplimentado tres mandamientos judiciales en contra de los principales posibles involucrados en estos hechos.

Collado es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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