Una jueza federal revocó la prisión preventiva impuesta a ocho militares acusados de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, permitiéndoles que sigan su juicio en libertad con el pago de una fianza, la prohibición de salir del país y su presentación quincenal ante los juzgados.
Santiago Aguirre, abogado de los padres de los desaparecidos, explicó que los beneficiados por el cambio de medida cautelar están acusados por el delito de desaparición forzada de personas, lo que supone un nuevo golpe al caso que después de nueve años sigue sin esclarecerse.
“Es la confirmación de que el caso se está cayendo por la intervención de Sedena”, agregó Aguirre. “En la defensa de estos acusados participan abogados militares”.
Con esta medida sólo quedarán en prisión cinco militares, entre ellos un general, que son los únicos cuya presunta responsabilidad habría reconocido el Ejército, agregó Aguirre. Tres de ellos también están acusados de delincuencia organizada. Presuntamente colaboraban con un cártel local que traficaba droga hacia Estados Unidos.
A nueve años del ataque del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, no está claro ni el móvil del crimen ni el destino de los estudiantes, aunque se encontraron restos calcinados de tres de ellos y se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cártel que traficaba heroína y que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, militares incluidos.
La participación de las Fuerzas Armadas está confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR), así como por la Comisión de la Verdad creada al principio de este gobierno y por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron el caso ocho años.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que ha dado cada vez más poder a los militares, insiste en que los involucrados son sólo de un puñado de elementos aunque durante su gobierno se calificó el ataque como un “crimen de Estado”.
Los expertos internacionales y los abogados de las víctimas aseguran que existen muchas evidencias de que la participación de las Fuerzas Armadas fue mucho mayor, no sólo en el ataque sino en la posterior obstrucción a la justicia.
El problema, denunciaron, es que la Secretaría de la Defensa sigue ocultando unos 800 documentos de inteligencia que podrían contener datos clave para el esclarecimiento de los hechos.
La excarcelación de los ochos militares llega poco más de una semana después que las familias de los 43 amenazaran el jueves con romper el diálogo con el gobierno si no les entregaban los documentos militares que faltan, que llevan exigiendo un año y que provocó que los expertos de la CIDH dejaran el país en julio por este motivo.
Hasta ahora el procesado de mayor rango es el exprocurador general Jesús Murillo Karam, acusado por obstrucción a la justicia, tortura y desaparición forzada y en prisión preventiva.
En noviembre, un juez federal le concedió el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria por cuestiones de salud pero sigue encarcelado porque tal decisión solo afectaba a uno de los varios casos que hay en su contra.
López Obrador se comprometió a esclarecer el caso antes del fin de su mandato, el próximo 1 de octubre, pero los padres de los desaparecidos confían cada vez menos en él.
En respuesta, la FGR anunció que impugnará la decisión de la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo que ordenó revocar la orden de prisión preventiva emitida contra los ocho militares al considerar que ya no existe riesgo de fuga para ninguno de los imputados.
Tras conocer la decisión, el organismo ha mostrado su rechazo “tajante” a la estipulación de la jueza y de los magistrados del tribunal: Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, de “desconocer las resoluciones” de los jueces que determinaron prisión preventiva y conceder “ventajas indebidas a quienes no lo merecen” a través de una “secuela procesal absolutamente cuestionable para los derechos y la protección de las víctimas”.
El Ministerio Público ha subrayado que estos procedimientos de amparo generan una “evidente situación de injusticia” que afecta a los desaparecidos, sus familias, su seguridad “y a la nación misma, dada la brutalidad de los abusos cometidos y del peligro de una libertad procesal para quienes cometieron el delito de desaparición forzada de personas”.
Asimismo, ha denunciado que “esta conducta procesal notoriamente injusta, que se repite constantemente en asuntos de trascendencia nacional o de importancia política, se utiliza por algunos medios (de comunicación) de manera parcial y engañosa”: “Esta distorsión mediática se ha venido repitiendo de manera constante y progresiva durante los últimos años”, indicó en un comunicado.
La Fiscalía denunció que este tipo de casos “vinculan con toda claridad despachos de abogados, relaciones
personales o familiares, autoridades judiciales de la más alta jerarquía y a extorsionadores mediáticos que han sido exhibidos públicamente y que se dedican a distorsionar la justicia, traficar influencias y a descalificar las tareas del Estado y de sus instituciones, todo ello por razones aviesas y de voracidad patrimonial”.
