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Durante la parte de la conferencia en que estuvo presente debido al viaje que realiza, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) un par de temas coyunturales: la consulta ciudadana que se celebró este fin de semana en Baja California y las denuncias presentadas en contra del líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps,

López Obrador confirmó que existen denuncias en contra del líder sindical en el Fiscalía General de la República (FGR). Indicó que será Romero Deschamps quien sepa cómo responder a las denuncias presentadas, aunque dijo, no habrá persecución alguna, además de que reiteró que el proceso se seguirá en apego a la legalidad y tomando en cuanta los elementos de prueba que existen.

En ese sentido, garantizó que el gobierno no intervendrá en la vida interna del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), pues en caso de que Romero Deschamps decida renuncIar para enfrentar las denuncias, «nosotros no vamos a quitar a un dirigente para poner a otro, es un asunto que tienen que resolver los propios trabajadores».

En otro tema el mandatario aseguró que no se meterá en el tema de la llamada #LeyBonilla, que pretende ampliar el mandato del próximo gobernador, Jaime Bonilla, de dos a cinco años. Señaló que hay procedimientos legales para que quienes la aprobaron puedan retractarse.

Lamentó que se haya llegado «al extremo» de que el documento de la ley está “traspapelado en el Congreso del estado y no la encuentran para publicarla, que es la condición para ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que esta resuelva conforme a Derecho».

El Ejecutivo federal lamentó que algunos pretendan que el presidente intervenga en el tema, pues reiteró que se acabaron las «concertacesiones y el dedazo» de «conservadores hipócritas del pasado».

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este lunes que la instrucción que le ha dado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es entregar a la Fiscalía General de la República (FGR) todos los expedientes relacionados con la investigación contra exfuncionarios, en especial, hizo referencia a al proceso de Rosario Robles.

Cuestionado sobre los reportes de una supuesta venta de terrenos a la extitular de Sedesol y Sedatu, López Obrador dijo que la instrucción que tiene el titular de la UIF, Santiago Nieto, en este y en todos los casos es que presente a la Fiscalía todas las pruebas.

El mandatario señaló que es muy importante que se sepa que todos los servidores públicos tienen la instrucción de no guardar o archivar ningún expediente, porque serían «encubridores».

Agregó que cada vez que le entregan un expediente sobre algún hecho delictivo instruye que sea entregado a la Fiscalía y se le dé curso. «Es una directriz general y es la FGR la que decide», señaló.

El mandatario habló del tema luego de una pregunta sobre la supuesta venta de terrenos federales y reservas territoriales a la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), presa en el penal de Santa Martha Acatitla.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana en su conferencia de prensa matutina, que no hay una confabulación de las instituciones para perjudicar a la exsecretaria federal en la pasada administración, Rosario Robles, quien es acusada de ejercicio indebido del servicio público.

Luego de que la exfuncionaria diera a conocer una carta a través de sus familiares en la que pide al mandatario un juicio justo y le cuestionara la supuesta “saña” en su contra, López Obrador subrayó que en su gobierno no se persigue a nadie ni se fabrican delincuentes.

El mandatario lamentó la situación que enfrenta quien fuera la primera jefa de gobierno de la capital del país y subrayó que no está en sus manos detener procesos que ya están en curso por denuncias presentadas con anterioridad.

“Lamento mucho todo esto, nosotros no tenemos intención de perjudicar a nadie; lo dije desde mi toma de posesión: no es mi fuerte la venganza; no podemos detener proceso en curso, iniciados”, dijo AMLO.

Añadió que eso corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), “que es autónoma, independiente, no depende del presidente”, además de que hay participación del Poder Judicial de la Federación, que también es un órgano autónomo e independiente.

El Ejecutivo federal afirmó que el dictamen de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que inhabilita a Robles Berlanga por un periodo de 10 años para ejercer cargos en la administración pública federal por falsear su declaración patrimonial, es un trámite administrativo y no implica una decisión judicial.

“A nadie se le fabrican delitos, eso ya pasó a la historia, al basurero de la historia. Eso era antes, cuando a los adversarios, a los que consideraban enemigos, los destruían creándoles, fabricándoles delitos, eso se había hasta hace poco y se hizo durante mucho tiempo en los gobiernos anteriores, nosotros no actuamos de esa manera”, puntualizó.

Recordemos que la exfuncionaria lleva más de un mes recluida en el penal de Santa Martha Acatitla.

Este lunes, la Fiscalía General de la República detuvo a José “R” y José “V”, a quienes se les relaciona con el abogado Juan Collado, en en Matehuala, San Luis Potosí.

Los detenidos «son posibles participantes en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita», dijo la FGR a través de un comunicado.

La orden de aprehensión correspondiente, de acuerdo con la fiscalía, fue emitida el 0 de julio pasado por el juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte.

Después de un largo seguimiento, miembros de la Policía Federal Ministerial (PFM) localizaron a los imputados en Matehuala, donde se les certifica médicamente para trasladarlos al penal correspondiente.

Con esta aprehensión se han cumplimentado tres mandamientos judiciales en contra de los principales posibles involucrados en estos hechos.

Collado es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) confirmó que atrajo la investigación del ataque ocurrido en un bar en Coatzacoalcos, Veracruz, en el que perdieron la vida al menos 28 personas.

La división, perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que para atender los hechos, se movilizaron al lugar de los hechos a agentes del Ministerio Público Federal (MPF), así como peritos especializados y agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), para realizar las diligencias correspondientes.

En relación a Ricardo “R”, a quien el gobierno estatal ha señalado como uno de los posibles autores del ataque, la SEIDO indicó que personal de la Fiscalía de Asuntos Internos ya se encuentra en las instalaciones de la subdelegación de Coatzacoalcos para deslindar y establecer las responsabilidades que procedan, con motivo de las detenciones y puestas a disposición de este individuo, realizadas por la Secretaría de Marina Armada de México en los meses de julio y agosto de este año, por probables delitos de narcomenudeo.

Y es que recordemos que hay un cruce de declaraciones entre el gobierno estatal y la fiscalía local, sobre quién dejó en libertad a Ricardo «R», alias «La Loca».

En ese sentido, la FGR dijo que hasta el momento no se cuenta con pruebas que permitan establecer con precisión y en forma indudable su participación en los hechos ocurridos, y en caso de que así suceda, se dará a conocer de manera inmediata.

El Gobierno Federal informó esta tarde que, La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República atrajo la investigación del ataque al bar ‘Caballo Blanco’, en Coatzacoalcos, Veracruz, que dejó un saldo de al menos 28 muertos y 11 heridos.

Las autoridades federales informaron este miércoles que como lo solicitó más temoprano el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dicha atracción se ejerció en forma total, es decir, tanto los posibles delitos federales como los del fuero común, incluidos los de homicidio y lesiones.

Explicaron que desde la noche del martes el personal de la FGR trabaja para esclarecer los hechos, en principio sobre el tema pericial y ahora ya en la investigación completa del caso.

Al personal de la delegación de la FGR en Veracruz que está en el lugar se sumará un equipo de la SEIDO que será enviado desde la Ciudad de México para continuar con las investigaciones.

La noche del martes un grupo de sujetos irrumpió en el bar White Horse (Caballo Blanco), ubicado en calle Román Marín número 1408, casi esquina con Ignacio Zaragoza, colonia Palma Sola.

Tras amagar al personal, dispararon y prendieron fuego al lugar donde había al menos 40 personas, entre ellos empleados del lugar (bailarinas, meseros, cantineros y vigilantes), así como clientes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la detención de Carlos Ahumada en Argentina, a quien el fin de semana se informó, un juez liberó al considerar que el caso por no era procedente ya que la defensa del mexicano presentó las pruebas necesarias para aclarar los señalamientos en su contra.

«Sí, miren, quiero dejar también de manifiesto que no hay consigna para perseguir a nadie, lo acabo de mencionar, todos los que nos hicieron daño deben de ser tratados con respeto y sobre todo no deben utilizarse las instituciones para afectar a nadie, no tienen por qué haber parcialidad, represalias», comentó AMLO.

Recordó que fue el mismo Ahumada, quien confesó en su momento, que se reunió con Carlos Salinas y con Diego Fernández de Cevallos para perjudicarlo.

Pese al daño que se le hizo, López Obrador dijo que no tiene ningún propósito de vengarse de nadie, ni siquiera de del propio Carlos Salinas.

Volvió a acusar que Salinas es el padre de la desigualdad moderna, aún as´si, «nada de rencores, nada de venganza».

Sobre cómo se está conduciendo el caso, AMLO dijo que es un asunto que está atendiendo la Fiscalía General de la República.

Señaló que durante la reunión de seguridad de esta mañana, pidió a todas las instancias judiciales que no se aplique la ley de manera facciosa o selectiva, y que si hay denuncias en curso se de curso a todas, sin distinción. Dijo que pidió que no se vaya a caer en el error de actuar como antes, que sólo se perseguía y se encarcelaba a los adversarios o a los que caían de la gracia del presidente.

A través de un comunicado, La Fiscalía General de la República confirmó que este viernes que fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, el empresario, Carlos Ahumada.

La Fiscalía indicó: » Este día, en el puerto internacional “Aeroparque Jorge Newbery” de Buenos Aires, Argentina, fue detenido por la Policía Federal de ese país, a través de la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones (INTERPOL ARGENTINA), el señor Carlos “A”, junto a una cantidad en efectivo de dólares americanos y pesos argentinos.

Lo anterior ocurrió en razón de la Ficha Roja solicitada por INTERPOL MÉXICO, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), con motivo de una defraudación fiscal que probablemente cometió en contra de la Hacienda Pública de nuestro país, por la cantidad de un millón 472 mil 236 pesos, por concepto del Impuesto sobre la Renta (ISR) que debió haber enterado y no lo hizo.

Esta investigación se inició en 2016 y fue retomada por esta administración, con lo cual se logró la detención preventiva a través del Sistema INTERPOL, en razón de lo cual se iniciará de inmediato el proceso de extradición.»

Según los primeros reportes, al momento de su detención a Carlos Ahumada se le encontraron alrededor de 100 mil dólares en efectivo

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados hizo un llamado a que el proceso penal en contra de la exsecretaria federal, Rosario Robles, no atienda venganzas políticas, y la justicia se mantenga imparcial.

Recordaron que la bancada panista denunció con anterioridad acciones de opacidad, corrupción y los desvíos en los fondos en los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“El 16 de octubre del año pasado, la entonces secretaria compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados y ahí, frente a ella, se le mencionaron las irregularidades que se presumía existían en su gestión, así como el hecho de que se mantuviera el halo protector de la impunidad”, señalaron los legisladores.

Señalaron que se dará seguimiento al proceso contra la excolaboradora del sexenio pasado, con el propósito de que a Rosario Robles no se le vulneren sus derechos humanos y el debido proceso.

Pidieron que la Fiscalía General de la República (FGR) actúe con autonomía y sin dejar de fincar las responsabilidades que se comprueben llegue hasta las últimas consecuencias y sobre todo la impartición de justicia.

Por su parte la diputada de Morena, Dolores Padierna, confió en que la FGR aportará todas las pruebas del delito imputado a la extitular de Sedatu dentro de los dos meses que se le dictaron de prisión preventiva justificada.

“Hay que investigar a fondo para que esa sonrisa de ‘Rosario, no te preocupes’ sí tenga de que preocuparse. Ahora se tiene que rendir cuentas a las responsabilidades a las que uno tiene lugar. El servicio público es para servir al pueblo, nada más. Si alguien quiere llegar al servicio público para servirse de él será sancionado”, señaló la legisladora.

Padierna Luna consideró que las autoridades deben recuperar los recursos públicos que fueron desviados en el caso conocido como la “Estafa Maestra”.

La diputada morenista refirió que los abogados de Robles Berlanga declararon que ella informó a su sucesor en Sedesol, José Antonio Meade, sobre las anomalías detectadas en la dependencia, por lo cual la FGR debe abrir una línea de investigación al respecto.

La defensa de Rosario Robles Berlanga, quien fu vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público y por ello trasladada al reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, aseguró que aunque se trata de una persecución política, cuentan con todos los recursos necesarios para demostrar la inocencia de la exfuncionaria.

Luego de más de 12 horas de audiencia, Alejandro Olea, uno de los abogados de la exsecretaria federal, dijo que su clienta es una presa política y que la Fiscalía General de la República (FGR) no tuvo la capacidad jurídica y moral para rebatir las pruebas presentadas.

«Nos encontramos ante un Tribunal del Estado; los hechos, pruebas y leyes no fueron parte del debate y de la imputación de la defendida; estamos ante una violación grave de la presunción de inocencia de Rosario Robles y de una violación grave al debido proceso», dijo el abogado.

Aseguró que su clienta tiene todos los recursos necesarios a su alcance y que los harán valer desde este momento y empezar a trabajar en combatir las dos resoluciones, porque son ilegales y contrarias a Derecho y a los tratados internacionales de los que México forma parte.

“Evidentemente no esperábamos esta resolución porque exhibimos y desahogamos todos los datos de prueba y de investigación que acreditan la inocencia de Rosario Robles”, expresó.

Afirmó que la Fiscalía no pudo realizar manifestaciones jurídicas para rebatir la teoría de la defensa y un “juez de consigna” determinó una prisión preventiva justificada con fundamentos meramente subjetivos.

Por su parte Julio Hernández Barros, otro de los abogados de la exfuncionaria, dijo que se encontraron con un Tribunal de Estado pues se violó el debido Derecho y la presunción de inocencia, ya que aunque se entregaron las pruebas, estas no fueron tomadas en cuenta por la FGR.

«Esta resolución fue un acto de crimen a la justicia, de asesinato a la ley, victimizaron a la Constitución, ella es inocente», sostuvo tras afirmar que el juez puso palabras en boca de su defendida y no lo que consta en el acta de entrega de Robles Berlanga.

“Realmente estamos ante una persecución, ante una presa política que podríamos calificarla ya a ese grado; ella es un chivo expiatorio que quieren tanto el gobierno federal y otros personajes de la política pública, aquí estamos y seguiremos dando la cara”, puntualizó.

Durante su segunda comparecencia, un juez vinculó a proceso a Rosario Robles, exsecretaria federal en el sexenio pasado, por uso indebido del servicio público cuando estuvo frente de la Sedatu y la Sedesol.

El juez ordenó dos meses de prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha Acatitla, para que se concluya la investigación complementaria.

En la audiencia, que duró cerca de 12 horas, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó aplicar el delito como agravado por haber sido continuo en prácticamente todo el sexenio pasado.

Y es que recordemos que la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Robles como responsable por omisión del desvío de más de cinco mil 73 millones de pesos en contra del erario cuando estuvo al frente en la secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Desarrollo Social (Sedesol), en la llamada Estafa Maestra.

El impartidor de justicia le dio un plazo de dos meses a la FGR para la conclusión de la investigación complementaria, aunque señaló que en caso de necesitar más tiempo, se podrá solicitar.

El agente del Ministerio Público federal solicitaba seis meses de prisión preventiva justificada argumentando riesgo de que la exfuncionaria se sustraiga de la justicia, por no haber demostrado arraigo en la Ciudad de México, entre otras razones.

Las acusaciones que recaen en la exfuncionaria podrían significarle una pena de hasta 23 años de prisión.

Rosario Robles pidió al juez seguir el proceso en libertad y no en prisión justificada. Recordó que se ha presentado de manera voluntaria y que, aunque estaba fuera del país, regresó para enfrentar el proceso que se le sigue. Recordó que vive desde hace 24 años en la misma casa, “soy una mujer que he vivido de mi trabajo», y rechazó que en su caso haya riesgo de fuga.

Tras afirmar que siempre ha luchado por el debido proceso, por la presunción de inocencia, expresó: “Entiendo el apetito del Ministerio Público, porque varios que han querido procesar están sustraídos de la justicia”.

Sin embargo, el juez federal determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, para evitar una posible fuga durante el tiempo que dure el proceso.

Ayer un juez acusó ya a Rosario Robles de participar en un desvío de cinco mil millones de pesos como secretaria de la Sedesol y de la Sedatu.

Si bien usted ha mencionado que la Fiscalía General es autónoma, pero si nos puede confirmar si la misma fiscalía le ha requerido información de otros exsecretarios de la administración del presidente Enrique Peña Nieto que hayan incurrido en actos ilícitos o de corrupción.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tengo información, no ha solicitado la fiscalía más información sobre otros servidores públicos, esto lo solicitan a través de la oficina de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto y él nada más me informa.

La instrucción que tiene es que se le dé trámite a todo lo que soliciten autoridades nacionales y extranjeras sobre manejo de dinero, pero no tengo información de otros servidores públicos. La instrucción es que no se tape nada. Yo no quiero ser un presidente rehén de nadie. No quiero que vaya un servidor público y me diga: ‘Aquí está información’, y que se me quede viendo para ver qué voy a hacer. Imagínense si yo le digo: ‘Deja ahí ese expediente, guárdalo, mételo al cajón’. Entonces, ya ese servidor público ya no me respetaría. Entonces, si llegan con un expediente: proceda, ¿qué espera para proceder? No voy a ser tapadera de nadie.

También aclaro, no estoy por las venganzas, no es mi fuerte la venganza. Justicia, no venganza. Y tampoco por los linchamientos mediáticos. Se tienen que presentar pruebas y tiene que ser la autoridad competente la que resuelva, no adelantar juicios o hacer juicios sumarios y acusar por acusar.

Hay algo que se debe de cuidar mucho, mucho, mucho, todos tenemos que cuidar la dignidad de las personas, ser respetuosos de eso.

Tras diez horas y media de audiencia, concluyó la comparecencia de Rosario Robles ante el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México. En dicha audiencia, la Fiscalía General de la República imputó a la exsecretaria federal el delito de ejercicio indebido del servicio público.

De acuerdo a lo argumentado por la Fiscalía, Robles Berlanga supo del desvío de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos en contra del patrimonio de la Nación a través de la llamada «Estafa Maestra».

Y aunque se le imputó el delito, no se le vinculó a proceso, pues la defensa de la excolaboradora del presidente Enrique Peña Nieto solicitó la ampliación del término de 144 horas para presentar pruebas y evitar que se le vincule a proceso.

Así, la situación jurídica de Rosario Robles se definirá hasta el próximo lunes, fecha que dictó el juez para que la acusada se presente a una nueva audiencia en punto de las 18:00 horas.

El fiscal Mario Fonseca Barrera expuso que “la hoy justiciable (Robles) fue omisa en su calidad de garante como secretaria de Estado y poder detener estos actos de corrupción por parte de funcionarios que se encontraban bajo sus órdenes cuando fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social y la Sedatu”.

Al término de la audiencia, Rosario Robles sostuvo que volverá a presentarse el próximo lunes, «de forma voluntaria»; explicó que aunque estaba fuera del país, cuando se enteró de la situación, regresó inmediatamente y «vine voluntariamente. Estaré aquí el próximo lunes a la hora indicada”.


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