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Dieciséis militares fueron detenidos y vinculados a proceso por el asesinato de cinco hombres , presuntos integrantes del crimen organizado, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un incidente ocurrido el 18 de mayo y captado por cámaras de seguridad.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dijo en un comunicado este fin de semana, que por decisión de un juzgado castrense, los elementos fueron arrestados el pasado 8 de junio por “presuntamente configurarse delitos contrarios a la disciplina militar”.

A los 16 militares se les dictó prisión preventiva que cumplirán en el Campo Militar Número 1-A de la Ciudad de México, dijo la Sedena sin precisar el rango de los detenidos ni los cargos que podrían enfrentar.

La dependencia indicó que estas acciones son independientes a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar las responsabilidades correspondientes.

El asesinato de los cinco hombres en Nuevo Laredo se dio a conocer luego que Univisión y el diario español El País difundieron imágenes de lo ocurrido.

En el video de la cámara de seguridad a la que tuvieron acceso los medios, muestra el momento en el que una camioneta negra se estrella a toda velocidad contra un muro, en una aparente persecución. Poco después llega un vehículo militar con torreta artillada y choca contra la camioneta bloqueando las puertas delantera y trasera del lado derecho.

Tras disparar hacia las ruedas de la camioneta, los militares van sacando uno a uno a los cinco ocupantes de la camioneta, entre ellos el conductor, al que empujan y aparentemente golpean y patean en el suelo. También se ve que los militares retiran fusiles de grueso calibre del interior de la camioneta de los perseguidos. Los cinco hombres son arrastrados hasta un muro.

En otra toma se observa a los militares que se cubren detrás de la camioneta, comienzan a disparar hacia una zona con maleza próxima la calle para repeler un supuesto ataque, del cual no se presentó alguna evidencia.

“Al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la semana pasado, luego de conocerse el video.

El caso avivó los cuestionamientos que diferentes organizaciones han mantenido contra el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad en el país.

López Obrador, quien ha defendido que las fuerzas armadas sigan en labores de seguridad pública, insistió en que bajo su gobierno no se permitirán abusos contra los derechos humanos y prometió que los responsables de los hechos de Nuevo Laredo serán llevados ante la justicia.

El mandatario sostiene que los militares son necesarios para hacer frente a las poderosas organizaciones criminales que operan en diferentes regiones del país. Durante su sexenio, López Obrador ha dejado en manos de los militares proyectos claves de su gobierno como el Tren Maya, el AIFA y otros aeropuertos, así como la gestión de las aduanas, la distribución de vacunas, y las labores de seguridad pública.

Con motivo de los procesos electorales en el Estado de México y Coahuila, la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) indicó este viernes que realiza diversas acciones de blindaje electoral con el fin de evitar la comisión de delitos electorales por parte de las personas servidoras públicas federales.

La FISEL, que depende de la Fiscalía General de la República (FGR), indicó que entre las principales acciones se encuentra el “Curso en materia de prevención de delitos electorales y responsabilidades administrativas”, donde se capacitaron a un total de cuatro mil 981 personas servidoras públicas federales que laboran en los dos estados donde habrá elecciones.

Y es que también se busca inhibir la utilización de recursos públicos y programas sociales federales con fines político-electorales.

También informó sobre la distribución de seis mil 301 ejemplares de materiales alusivos a los delitos electorales y sus mecanismos de denuncia.

Indicó que también se brindaron 12 consultas jurídicas relativas a la operatividad de programas sociales federales y la realización de funciones gubernamentales.

Apuntó que se coadyuvará con las delegaciones de las dependencias de la administración pública federal, en Coahuila y Estado de México, con acciones de verificación y resguardo de inmuebles y vehículos durante el fin de semana, con el propósito de que los recursos institucionales no sean utilizados para fines distintos a los cuales están específicamente destinados.

Previamente se había informado el despliegue ministerial para recibir las posibles denuncias sobre delitos electorales, en ambas entidades. Se detalló que serán 489 servidores públicos, quienes estarán en las sedes y subsedes de la FGR antes, durante y después de la jornada electoral.

Estarán presentes un total de 20 servidores públicos adscritos a la FISEL en Coahuila, los cuales serán apoyados por personal de la FGR de la delegación respectiva; en tanto que para el Estado de México se destinaron 32 funcionarios, quienes también contarán con apoyo de personal de esa delegación.

Recordó que al ser elecciones locales, la FISEL sólo es competente cuando se presentan delitos federales como recoger o retener credenciales originales; alterar el Registro Federal de Electores y de personas servidoras públicas federales que coaccionen o amenacen a sus subordinados para votar por algún candidato; condicionen la prestación de un servicio público o programa social federal, o bien, utilicen recursos públicos federales con fines electorales.

Un juez federal expidió una nueva orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien desde 2019 se encuentra preso en Estados Unidos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR indicó que también fueron girados ordenes de aprehensión en contra de 60 personas, entre funcionarios y particulares, por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, que habrían cometido al defraudar recursos públicos destinados a las prisiones federales.

La Fiscalía detalló que obtuvo de un Juez de Control Federal, órdenes de aprehensión para 61 personas, encabezadas por Genaro “G”, Jonathan Alexis “N”, Mauricio Samuel “N” y 58 individuos más, todos vinculados a los delitos señalados.

De acuerdo con la FGR, durante el paso de García Luna por la SSP, los involucrados “se coludieron” con García Luna y sus socios: Jonathan Alexis “N” y Mauricio Samuel “N”, “para saquear los recursos públicos” del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social (cárceles federales), dependientes de dicha Secretaría.

“Lo anterior, a fin de canalizar esos recursos ilícitos a empresas controladas por Genaro “G”, sus socios y cómplices, tanto del sector público como del privado, a través de 10 contratos ilícitos, por la suma de 5,112 millones de pesos, que fueron sustraídos a través de diversas triangulaciones criminales a nivel internacional”, precisó la FGR.

La Fiscalía señaló que ya se ha solicitado la ficha roja para todos aquellos que se han salido del país y se procederá a las solicitudes de asistencia jurídica internacional para obtener la devolución de los bienes saqueados de la nación.

La dependencia explicó que este procedimiento penal “es independiente a la denuncia que el domingo hizo pública la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), respecto a otro despojo multimillonario en contra de la policía federal, también vinculado con empresas de Genaro García Luna, sus socios y cómplices.

Sobre este nuevo procedimiento, dijo la FGR, “ya se están recabando todas las pruebas necesarias para proceder a la vinculación penal correspondiente y a la recuperación de los bienes sustraídos”.

Recordemos que en febrero pasado, en una corte de Nueva York, Estados Unidos, un jurado declaró culpable por narcotráfico a García Luna.

García Luna encabezó la Agencia Federal de Investigación (AFI), cuyo objetivo principal era luchar contra organizaciones criminales, durante el gobierno de Vicente Fox, y fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que mantiene abierta una carpeta de investigación por la contratación y adquisición del sistema de espionaje, Pegasus en 2014, por parte de la Agencia de Investigación Criminal dirigida por Tomás Zerón.

Recordemos que Tomás Zerón es acusado de ocultar pruebas y torturar testigos en el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con la FGR, esta sistema habría sido adquirido para uso de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Jesús Murillo Karam, hoy recluido por su probable participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Las carpetas incluyen delitos por peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades.

Todos ellos en contra de Zerón; Judith Aracely Gómez, exoficial mayor; Vidal Diazleal, exjefe de la Policía Federal Ministerial, y de Rigoberto “G”, exdirector de Información sobre Actividades Delictivas, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

La FGR indicó que el monto de la operación ilegal fue por 460 millones de pesos.

Además, explicó que es “un sistema que no lo tiene esta nueva Administración; que nunca lo ha usado la Fiscalía General de la República, y que fue adquirido ilícitamente”.

La aclaración se da en medio de señalamientos al Ejército por una presunta estructura secreta de espionaje que usa el software Pegasus para interferir en investigaciones relacionadas con activistas que denuncian violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. La investigación es denominada “Ejército espía”.

La FGR también detalló que a través de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI) ha solicitado la celebración de la audiencia inicial hasta en tres ocasiones ante el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, y espera respuesta.

“Esta investigación es independiente de la ya judicializada por la FGR, en razón de diversas intervenciones ilegales que Pegasus” realizó en la administración pasada y de las que se cuenta con vinculaciones a proceso, de lo cual se ha informado oportunamente”, aclaró la FGR.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también se refirió a Tomás Zerón, extitular de la AIC, pues pidió al gobierno de Israel su extradición, ya que también se le involucra con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Aprovecho para pedirle al primer ministro de Israel que ya se cumpla con el compromiso de que lo van a extraditar, a Tomás Zerón, que está demostrado que participó en la fabricación de delitos, de tortura”, dijo el mandatario.

Anteriormente, la FGR también había informado que perseguía una segunda línea de investigación por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos con esta misma tecnología.

Autoridades federales capturaron este domingo a Rodrigo Omar, alias el “R”, presunto lugarteniente de Rafael Caro Quintero en Sonora, líder del Cártel de Caborca o “La Plaza” al que se le responsabiliza de la violencia en la región y en el Caribe.

La Mesa de Seguridad en Sonora confirmó a través de sus redes sociales oficiales la detención del presunto criminal, quien estaba considerado entre los objetivos prioritarios de captura para el Ejército, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, por ser generador de violencia en Sonora y Quintana Roo.

“Rodrigo Omar ‘N’, alias el ‘R’, lugarteniente del grupo criminal de Rafael Caro Quintero, líder del cártel de Caborca, fue detenido por el delito de delincuencia organizada por elementos de la Marina este domingo, en la zona metropolitana de Guadalajara”, precisó el organismo en su mensaje.

Identificado por los cuerpos de inteligencia con el nombre de Rodrigo Omar Páez Quintero, alias “El R”, presuntamente es el encargado de reconstruir el legado criminal de su tío, Rafael Caro Quintero, al frente del Cártel de Caborca o “La Plaza”.

A estos grupos se les atribuye la violencia que ocurre en el desierto entre Sonora y Arizona en los Estados Unidos, donde los grupos criminales antagónicos han protagonizado varías batallas por el control de esta región para el trasiego ilegal de droga, armas, dinero y migrantes indocumentados.

Pero también se les acusa de la violencia que ocurre en el Caribe mexicano, principalmente en la zona turística de Cancún y Playa del Carmen en Quintana Roo, a donde el Cártel de la Plaza ha buscado extender sus operaciones, principalmente por el rentable negocio del narcomenudeo y el control de la zona por sus puertos marítimos.

Otras de las “plazas” que el cártel de Caborca controla, es Guaymas y Empalme en Sonora, que en los últimos años ha visto incrementado los homicidios dolosos y desapariciones de hombres o mujeres.

Tras la captura de Rafael Caro Quintero, la fracción de “La Chapiza” del Cártel de Sinaloa arremetió contra “La Plaza” o “el Cártel de Caborca” para intentar desplazarlos de esta región.

Sin embargo, diversos informes de inteligencia han establecido que los esfuerzos de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán han sido infructuosos porque la familia Quintero y “el narco de narcos” tiene décadas dominando todas las rutas desérticas entre Sonora y Arizona.

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó de nuevo al exprocurador Jesús Murillo Karam, en esta ocasión por un supuesto delito de torturas en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, alias ‘El Cepillo’, integrante de Guerreros Unidos, quien participó en la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Recordemos que Murillo Karam se encuentra detenido desde agosto de 2022. Se trata del primer político de alto nivel apresado e imputado por la desaparición en 2014 de los estudiantes.

Ayer, en la audiencia inicial que tuvo lugar en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Murillo Karam compareció por videoconferencia desde el Reclusorio Norte, donde se encuentra recluido.

Murillo Karam fue imputado por los delitos de tortura, desaparición forzosa y coalición de servidores públicos, en los que habría incurrido para fabricar la conocida “Verdad histórica”, versión del gobierno para ocultar la participación de varias estructuras del Estado en los hechos.

En el caso de ‘El Cepillo’, la Fiscalía sostiene que fue torturado durante los interrogatorios para que corroborara la versión oficial y prueba de ello es una grabación en la que el sicario aparece en un cuarto esposado y encapuchado, siendo amenazado por el antiguo director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, actualmente prófugo de la justicia.

La defensa legal de Murillo Karam solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia donde el juez decidirá si se le vincula a proceso, se retomará el próximo viernes.

A inicios de mes, los abogados del ex funcionario alertaron que el estado de salud de su cliente era delicado, por su enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral.

Debido a estos padecimientos, Murillo Karam ha tenido que ser trasladado en diversas ocasiones a centros hospitalarios; sin embargo, ha tenido que regresar al reclusorio donde también recibe atención médica.

El titular del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, Salvador González Guerrero, fue detenido a pesar del amparo presentado por la muerte de 40 personas tras el incendio que se desató en la estación migratoria de la ciudad a finales de marzo.

Con el arresto de González Guerrero suman siete los detenidos en relación al incendio.

La detención de Guerrero fue detenido la tarde de ayer, a pesar del recurso de amparo que presentó el pasado 13 de abril, y un día después de que fueran arrestados por delitos de homicidio y lesiones otros cuatro funcionarios.

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo el sábado Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de Recursos Materiales del INM en Ciudad Juárez; Juan Carlos Meza Cumplido, coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes; y Cecilia Rivera Tena, agente migratoria.

De acuerdo con la Fiscalía, todos ellos habrían incumplido sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas que permanecían recluidas en las instalaciones a su cargo.

Hasta la fecha, los cuerpos de 39 migrantes han sido repatriados a sus países de origen, la mayoría de ellos de países de Centroamérica.

Recordemos que las imágenes de las cámaras de seguridad del centro muestran como varias de las víctimas permanecían encerradas mientras se extendían las llamas, cuando los funcionarios abandonaron el lugar sin abrir la puerta o intentar brindar otro tipo de apoyo.

En un primer momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó a los propios internos de originar el fuego, en protesta por su posible deportación. Sin embargo, días después informó que no se abrió la puerta pues la persona que tenía la llave no se encontraba en el lugar al momento de los hechos.

Las autoridades detuvieron a tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) de Chihuahua, por su presunta relación con el incendio dejó 40 migrantes fallecidos en una estación migratoria de Ciudad Juárez.

La Fiscalía General de la República (FGR) logró la detención del jefe del Departamento de Recursos Materiales del INM en Chihuahua, Eduardo Apodaca; el subdirector del Grupo Beta de Protección de Migrantes, Juan Carlos Meza, y la funcionaria de migración Cecilia Rivera.

En tanto, las autoridades aún están tras la búsqueda del delegado del INM en Chihuahua, el contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, contra quien también hay una orden de aprehensión.

Sin embargo, el delegado del INM en Chihuahua no podrá ser detenido debido a que un juez federal le otorgó una suspensión provisional contra la orden de aprehensión en su contra.

Recordemos que un magistrado había acordado la detención de seis personas por su vinculación con el caso, de las cuales sólo han sido cumplimentadas cinco.

El Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua también aprobó el jueves las citaciones del titular del INM, Francisco Garduño, y del jefe de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina, para el próximo 20 y 21 de abril.

Garduño y Molina podrían ser procesados por presuntas conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo.

El anuncio de la citación de Garduño se dio un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó la salida de su colaborador, e incluso defendió su trabajo al frente del INM.

Recordemos que el incendio ocurrido la noche del 27 de marzo en Ciudad Juárez, organizaciones humanitarias y activistas han intensificado los cuestionamientos contra la gestión de Garduño, quien asumió la dirección del organismo migratorio en junio de 2019, seis meses después de que López Obrador llegara al gobierno.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió ayer un informe en el que denunció violaciones a los derechos humanos y al trato digno cometidas por funcionarios del INM en agravio de más de 20 personas, incluidos menores, que se encontraban alojadas “en condiciones indignas” en centros migratorios de las localidades fronterizas de Saltillo y Piedras Negras, en el estado de Coahuila.

Ante las denuncias, la CNDH emitió una serie de recomendaciones dirigidas a Garduño para que se atienda la situación en esos centros y se capacite al personal en materia de derechos humanos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que “va a esperar”, antes de tomar decisiones, los resultados de la investigación penal que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo en contra el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, por el incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez.

El mandatario evadió responder durante su conferencia de prensa matutina si Garduño permanecerá en el cargo, pese a la investigación que la FGR abrió en contra del titular del INM, que estaba a cargo de la estación en la que murieron los 40 migrantes el pasado 27 de marzo.

“Vamos a esperar qué es lo que está de por medio, cuál es la acusación, y vamos a tomar las decisiones en su momento”, se limitó a responder.

Sus declaraciones se producen después de que la FGR anunció que “procederá penalmente” en contra del director del INM, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob) del Gobierno, por el incendio de Chihuahua.

La FGR acusó a Garduño y a otro alto funcionario del INM de “incurrir en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”.

“En efecto, hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de vidas de migrantes en Ciudad Juárez, no sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra de él porque son varios los implicados”, dijo López Obrador.

“Hoy en la mañana se habló de que puede ser que se acuse a algunos por omisión, a otros por homicidios, todavía falta que la Fiscalía informe más sobre la investigación y que los jueces sean los encargados de impartir justicia”, añadió el mandatario.

El escrutinio internacional sobre el rol del Gobierno de México ha crecido tras la muerte de los 40 migrantes, incluyendo seis hondureños, siete salvadoreños, 19 guatemaltecos, siete venezolanos y un colombiano.

El gobierno de El Salvador ha sido el más crítico contra México, al calificar el hecho de un “crimen de Estado” y exigir la destitución de los titulares de la política migratoria en el país.

“Nosotros desde el principio sostuvimos que no iba a haber impunidad para nadie, ya no son los tiempos como antes”, añadió esta mañana López Obrador.

La FGR explicó que en, el actuar de los directivos del INM, ha identificado “un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.

En Broojula, Tonatiuh Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y ex comisionado del INM, platica con Ana Paula Ordorica sobre la crisis migratoria y la fallida política en la materia.

La Fiscalía General de la República (FGR), acusó penalmente a directivos del Instituto Nacional de Migraciones (INM), entre ellos a su titular Francisco Garduño, por la muerte de 40 migrantes en un incendio a finales de marzo en una estación de Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Fiscalía señaló directamente a Garduño, por el presunto delito de homicidio de 40 personas, así como por lesiones a otros 25 migrantes que resultaron heridos.

Junto a Garduño, la FGR acusó penalmente a otros directivos del INM: Antonio “N”, Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, quienes de acuerdo a la Fiscalía, “incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”.

Aunque no trascendió la identidad del resto de los acusados, ha trascendido que uno de los acusados es Antonio González Guerrero, comisionado del INM en Chihuahua.

Recordemos que el pasado 27 de marzo se registró un incendio en una estación del INM en Ciudad Juárez que dejó un saldó de 40 personas sin vida. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusó a los propios internos de originar el fuego al prender las colchonetas en señal de protesta ante una posible futura deportación.

Sin embargo, una grabación de las cámaras de seguridad mostró cómo algunos migrantes quedaron encerrados, en celdas cerradas con candados, mientras funcionarios del INM y de la empresa de seguridad privada, abandonaban las instalaciones.

Además de los hechos en Ciudad Juárez, a los acusados se les atribuye “un patrón de irresponsabilidad y de omisiones” en otro incidente “semejante” registrado el 31 de marzo de 2020 en Tenosique, Tabasco, que dejó una persona muerta y 14 lesionados.

“Los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo”, recalcó la fiscalía en su comunicado.

Sin que se haya pronunciado al respecto, Francisco Garduño compartió en redes sociales que se encontraba en Ciudad Juárez desde el primer momento que tuvo conocimiento del “lamentable hecho, permaneciendo atento al reporte de salud de cada herido”.

Los nuevos funcionarios acusados, se suman al migrante señalado de provocar el incendio, quien fue detenido junto a otras cuatro personas: tres funcionarios del INM y un elemento de seguridad de la empresa privada que operaba en el lugar.

López Obrador ha garantizado que el caso no quedará en la “impunidad” y ha prometido que se actuará contra quien resulte responsable, aunque ha preferido no posicionarse sobre Francisco Garduño.

En Broojula, Tonatiuh Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y ex comisionado del INM, platica con Ana Paula Ordorica sobre la crisis migratoria y la fallida política en la materia.

El gobierno confirmó en 39 el número de migrantes muertos por un incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez.

“Tras los lamentables hechos ocurridos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde fallecieron 39 personas y 29 más se encuentran graves”, señaló la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado.

El portavoz de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, había anunciado previamente que la cifra de fallecidos era de 40, sin embargo, la Fiscalía mantiene el saldo mortal en 39.

De acuerdo con la FGR, los migrantes identificados son de las siguientes nacionalidades: 1 colombiano, 1 ecuatoriano, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 12 venezolanos, aunque no se precisó cuántos eran fallecidos y cuántos heridos.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) detalló que el incidente ocurrió a las 21:30 de ayer, donde primero hubo un saldo inicial de 37 fallecidos, la mayoría de ellos de Centroamérica y Venezuela.

López Obrador responsabilizó a los migrantes, por una protesta que ellos mismos iniciaron y que originaron el incendio.

“Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron, a partir, suponemos, de que se enteraron de iban a ser deportados, movilizados, y como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego”, recriminó el mandatario.

López Obrador informó el director del INM, Francisco Garduño, y personal de la Fiscalía General de la República, se desplazaron al lugar de los hechos y ya investigan para deslindar las responsabilidades.

Antes del incidente, los agentes del INM habían hecho un operativo para remover de las calles a migrantes que piden limosna.

La presencia de migrantes en la zona se ha intensificado este año desde que Estados Unidos anunció nuevas medidas, que incluyen la deportación inmediata de migrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba que lleguen por tierra bajo el Título 42.

En ese sentido, el gobierno de Estados Unidos se pronunció sobe lo sucedido. Se refirió a los hechos como un “desgarrador recordatorio” de los riesgos a los que se enfrentan los migrantes en su travesía.

“Quiero expresar mi más sentido pésame a las familias de quienes perdieron la vida en el trágico incendio de anoche en el centro de detención de Ciudad Juárez. Nuestros corazones están con sus seres queridos”, dijo el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel.

El funcionario explicó que el gobierno de Joe Biden está “listo para brindar cualquier ayuda” que las autoridades mexicanas pudieran solicitarle mientras investigan las causas del incendio.

Por su parte el canciller guatemalteco, Mario Bucaro, responsabilizó a las redes de traficantes de personas, conocidas como “coyotes”, por la muerte de 28 connacionales en el incendio en el albergue de Ciudad Juárez.

Bucaro afirmó, durante una conferencia de prensa, que los traficantes de personas son “responsables” por trasladar a las personas de forma irregular. Confirmó que los guatemaltecos que fallecieron estaban por ser deportados por las autoridades mexicanas.

“Esperamos poder tener identificadas a todas las víctimas en las próximas 48 horas y comunicarnos con sus familiares”, detalló Búcaro.

El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, pidió por medio de un comunicado, que se realice una exhaustiva investigación sobre este incendio.

Siete policías estatales y dos agentes municipales, fueron detenidos este miércoles por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, reportaron autoridades federales y estatales.

La detención ocurrió alrededor del mediodía de ayer, pero se confirmó por la noche por la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero (SSPG), que mediante un comunicado anunció su colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR).

“Se cumplió una orden de aprehensión en contra de nueve servidores públicos por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en septiembre de 2014”, confirmó la SSPG.

La dependencia precisó que la detención estuvo a cargo la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en cuyo operativo también participó la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con versiones periodísticas, los agentes de la Policía Estatal habrían sido detenidos mientras participaban en un curso en las instalaciones de la Universidad Policial (Unipol) en Chilpancingo, capital del estado.

Tras su detención, los agentes fueron trasladados a las instalaciones de la delegación de la FGR, en donde la vigilancia se mantuvo a cargo de agentes de la Marina y de la AIC, quienes ocuparon vehículos de la misma Policía Estatal. Sobre la detención de los policías de Iguala no se dieron detalles.

Trascendió que hay otras órdenes de aprehensión por ejecutar en contra de miembros de las mismas corporaciones y que se podrían cumplimentar en las próximas horas.

Recordemos que hace un año, en marzo de 2022, fue detenido en Nayarit el militar retirado Leonardo Vázquez Pérez, quien era el secretario de Seguridad Pública de Guerrero durante la desaparición de los estudiantes.

La FGR lo acusa de su presunta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos, señalada de participar en el ataque.

Y es que la polémica sobre la desaparición de los 43 estudiantes se reavivó el año pasado, en su octavo aniversario, por el reporte de la Comisión de la Verdad, que los da por muertos. Tiempo después, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló inconsistencias.

El encargado de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, reconoció “que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real”, según una nota de The New York Times.

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, irá a juicio por el caso de corrupción de la brasileña Odebrecht, en el que se buscará imponerle una pena de 46 años solicitada formalmente por la Fiscalía General de la República (FGR), ordenó un juez.

Aunque el juicio se llevaría a cabo en cinco días, el proceso se extenderá ya que la defensa legal del exdirector de Pemex interpuso un amparo para que se determine a qué institución se le debe reparar el daño y así suspender el juicio penal en su contra.

Sin embargo, la FGR adelantó que también interpondrá un recurso de apelación para que le sean admitidas todas las pruebas que fueron rechazadas este lunes por el juez de control del Reclusorio Norte, Gerardo Alarcón, y se le puedan imputar a Lozoya los probables delitos de peculado, cohecho, asociación delictuosa y uso de recursos de procedencia ilícita.

Y es que el juez rechazó al menos 22 de 39 pruebas de la Fiscalía, mientras que aceptó que 20 personas testifiquen a favor del exdirector de la petrolera y la presentación de 8 pruebas documentales.

“Si no se interpusieran apelaciones o no hubiéramos presentado la demanda de amparo, en un término máximo de cinco días después de la causa que ha concluido con esta audiencia intermedia, tendría que remitir el caso al Tribunal de Enjuiciamiento, por eso no va a suceder”, indicó después de más de casi siete horas de audiencia el abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros.

En este sentido, el abogado defensor insistió en que “vamos a aprovechar ese tiempo que tenemos todavía para lograr el criterio de oportunidad”, por el que el exdirector de Pemex ha ofrecido más de 200 millones de pesos como reparación del daño.

La FGR también ha solicitado 22 años para su madre Gilda Margarita Austin, mientras que ha precisado que buscan una reparación de 7.3 millones de dólares por el caso de Odebrecht.

Lozoya, quien fue arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos casos abiertos, ambos por corrupción y es el principal implicado del escándalo de Odebrecht en México por recibir sobornos por 10.5 millones de dólares.

El segundo juicio que enfrenta Lozoya es por la compra a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de parte de un juez órdenes de aprehensión contra 22 personas presuntamente implicadas en el millonario desfalco de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

En un comunicado, la FGR indicó que obtuvo del juez federal de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en Almoloya de Juárez, las órdenes de aprehensión en contra de 22 personas vinculadas con los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

“De las 22 personas referidas, 12 fueron servidores públicos de Segalmex; 4 pertenecen a las empresas con las que se coludieron; y 6 fueron los beneficiaros de los recursos de Segalmex que fueron desviados”, señaló la FGR.

La Fiscalía expuso que todo ese grupo de presuntos responsables de los delitos citados, “celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142.4 millones de pesos”, por la supuesta adquisición de 7,840 toneladas de azúcar”.

Refiere que estos insumos, “se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa estatal”.

La FGR recordó que este caso corresponde a la sexta judicialización que la propia Fiscalía ha realizado en cuatro carpetas de investigación, en torno a desfalcos en contra de Segalmex, que depende de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rusal (Sader).

“Existen más carpetas que serán judicializadas próximamente, respecto a otros casos multimillonarios de peculado, en contra de dicha institución del Estado mexicano”, precisó la FGR.

Y es que de acuerdo con informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el desfalco en Segalmex asciende a más de 10,000 millones de pesos esto tras la revisión de cuentas públicas correspondientes a 2019 y 2020 en las que se hallaron diversas irregularidades.

Al respecto, el diputado Jorge Triana Tena del PAN consideró que Ignacio Ovalle Fernández, extitular de Segalmex debe ser investigado hasta las últimas consecuencias, por el desfalco detectado.

“Qué bueno que haya órdenes de aprehensión a funcionarios menores, pero queremos ver que se investigue a Ignacio Ovalle, que sigue cómodamente despachando desde una unidad de lujo” como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), adscrito a la Secretaría de Gobernación, “donde prácticamente se ha vuelto un intocable”, indicó el panista.

Triana Tena señaló que el fraude en Segalmex asciende a más de 11 mil millones de pesos, rebasando por 4 mil millones de pesos el monto de la “Estafa Maestra”, escándalo del sexenio pasado..

Confió en que las personas que se están indagando en el caso realmente sean personajes que operaron el megafraude en Segalmex “y no chivos expiatorios para salvarle el pellejo al amigo del presidente”.

Estados Unidos formalizó ante el gobierno de nuestro país la solicitud de extradición de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán,  buscado por Washington y detenido hace casi dos meses.

La petición se envió a la Fiscalía General de la República (FGR) días antes de que venza el plazo del 5 de marzo que fijó un juez para que Estados Unidos presentara la petición para extraditar a Guzmán.

Recodemos que el Ejército detuvo el 5 de enero a “El Ratón”, como se le conoce al hijo del capo, en Sinaloa y después lo trasladó al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano, conocido también como el penal de Almoloya, ubicado en el Estado de México, donde también estuvo recluido su padre, quien escapó de ahí en 2015.

Washington busca juzgar a Guzmán López, de 32 años, por el delito de asociación delictiva para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana.

La solicitud, que contiene el expediente con la información y evidencias recopiladas por el Departamento de Justicia, se turnará al juez Gregorio Salazar Hernández, de Almoloya.

La petición de Estados Unidos afrontará amparos que ha obtenido el hijo de Guzmán para frenar de forma indefinida su extradición. Por otro lado, se aproxima el plazo de 60 días de prisión preventiva que ordenó un juez.

La detención sorprendió al ocurrir días antes de la visita a México del presidente estadounidense, Joe Biden, con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte, aunque el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó cualquier relación entre los dos hechos.

Estados Unidos, que ofrecía 5 millones de dólares por su captura desde diciembre de 2021.

Un juez vinculó a proceso por fraude fiscal al presidente ejecutivo de Interjet, Alejandro del Valle, confirmó este viernes la Fiscalía General de la República (FGR).

“Luego de trabajo conjunto entre la Procuraduría Fiscal de la Federación y la FGR, se logró la vinculación a proceso en contra de Alejandro ‘N’, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de ABC Aerolíneas S.A. de C.V. (Interjet)”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

De acuerdo con la FGR, Del Valle enfrentará este proceso por no enterar al fisco de casi 12 millones de pesos.

Su vinculación a proceso la dictó un juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, donde estuvo recluido dos meses en 2021.

Para seguir con este proceso, la autoridad obligará al presidente de Interjet, que dejó de operar en enero de 2021, a firmar cada mes en un centro de justicia y limitó su salida del país, además de hacerle entregar su pasaporte.

Asimismo, la FGR aclaró que se tendrá un plazo de cuatro meses para realizar una investigación complementaria del caso.

Recordemos que en diciembre de 2021, se liberó a Del Valle, tras más de dos meses en prisión por este presunto fraude, en medio de la crisis que atravesaba la aerolínea Interjet, que culminó con su salida del espacio aéreo.

El que fuera también director de la inoperante Interjet fue detenido por la Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México el 9 de septiembre de 2021 en el Club de Industriales.

Alejandro Del Valle había sido designado como nuevo presidente del Consejo de Administración de ABC Aerolíneas en diciembre de 2020, con lo que desplazó a Miguel Alemán Magnani, el fundador de la aerolínea, ahora prófugo de la Justicia.

En agosto de 2021, la Interpol emitió una ficha roja para la captura de Alemán Magnani, acusado de fraude fiscal por 66 millones de pesos por la FGR.