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El futbolista Dani Alves depositó este lunes en un juzgado, el millón de euros que le impuso la semana pasada la Audiencia de Barcelona para quedar en libertad, a la espera de que se resuelvan los recursos por su condena en relación a la violación de una joven en aquel país.

Según han informado fuentes judiciales, la defensa de Alves depositó este lunes en la cuenta de la sección 21a de la Audiencia de Barcelona el millón de euros de fianza, cumpliendo así el requisito para que pueda abandonar la cárcel de Brians 2, en la que ha permanecido los últimos 14 meses.

Recordemos que Alves lleva en prisión desde el 20 de enero de 2023 por la violación de una joven en los baños de una discoteca de Barcelona la madrugada del 30 de diciembre de 2022, hechos por los que la Audiencia de Barcelona le condenó el 22 de febrero en primera instancia a cuatro años y medio de prisión.

La sección 21a de la Audiencia de Barcelona acordó el pasado miércoles, con el voto particular en contra de uno de los tres magistrados, permitir al exfutbolista brasileño salir de la cárcel cuando consignara una fianza de un millón de euros, mientras se resuelven los recursos contra la sentencia que lo condenó por violación.

Por su parte, la Fiscalía Provincial de Barcelona interpuesto un recurso de súplica contra la libertad bajo fianza de Alves, algo que también anunció lo haría la abogada de la víctima-, puesto que se mantienen los motivos por los que se adoptó la prisión provisional del futbolista brasileño hace un año.

Según informó el pasado viernes el ministerio público, considera que el riesgo de fuga del futbolista se da “incluso con mayor intensidad a la vista de que el señor Alves ha sido condenado como autor responsable de un delito de agresión sexual a la pena de 4 años y 6 meses de prisión”.

Alves logró reunir la elevada cantidad después de casi una semana, en la que ha tenido múltiples dificultades para reunir el dinero, pese a la capacidad económica que se le presupone a un futbolista de élite.

Además de las dificultades por la elevada suma impuesta, una de las más altas que se recuerdan en los tribunales españoles, y la complejidad de los trámites para mover tal cantidad de dinero, se ha añadido un tercer factor: el daño reputacional que puede suponer avalar económicamente a un condenado por violación.

Inicialmente, Alves recurrió a la familia de su excompañero en el Barça, Neymar Da Silva, quien en su día ventiló públicamente de haberle ayudado a pagar los 150,000 euros de fianza para cubrir una eventual indemnización a la víctima, pero la semana pasada el padre del futbolista, con quien coincidió en la selección brasileña, en el Barça y en el PSG, dejó claro en un comunicado que no abonaría el dinero.

La familia de Neymar daba así, al menos públicamente, un portazo a Dani Alves desde Brasil, el mismo día en que el presidente del país, Lula Da Silva, advertía: “El dinero que tiene Alves, el dinero que alguien podría prestarle, no puede redimir la ofensa de un hombre hacia una mujer que él violó”.

A lo largo del proceso, la defensa del brasileño ha argumentado que la solvencia económica del futbolista se ha evaporado a raíz de su detención, al haberse rescindido tanto su contrato con el Pumas, donde jugaba, como sus acuerdos de patrocinio con distintas marcas a las que representaba.

El expresidente estadounidense, Donald Trump, fue fichado este jueves en una prisión de Atlanta, con fotografía judicial incluida, en relación a la imputación por el supuesto intento de manipular las elecciones de 2020.

Durante una sesión que duró poco menos de 30 minutos, Trump, de 77 años, fue acusado formalmente por 13 cargos en la cárcel del condado de Fulton en Atlanta y retratado en una histórica foto policial, según registros publicados por la oficina del shérif.

Luego el republicano, acusado de conspirar con otros 18 acusados para anular el resultado de las elecciones de 2020 en el estado, quedó liberado al pagar una fianza de 200,000 dólares.

A diferencia de sus tres inculpaciones anteriores, Trump no evitó se generara su ficha policial. La imagen, en la que mira a cámara con rostro rígido y ceño fruncido, fue distribuida pocos minutos después, y el propio presidente la utilizó en sus redes sociales para atraer a donantes a su sitio web.

En declaraciones a los periodistas después de su arresto, el favorito para la nominación presidencial republicana de 2024 dijo que era un “día muy triste para Estados Unidos” y acusó a sus oponentes demócratas de “interferencia electoral”.

“Lo que ha ocurrido aquí es una parodia de la justicia”, añadió. “No hice nada malo.”

Trump, compartió la ficha policial en su red social Truth Social, y también lo hizo en X (antes Twitter), que había sido su megáfono favorito hasta que fue vetado tras los disturbios del 6 de enero de 2021, cuando partidarios suyos intentaron asaltar el Capitolio en Washington.

El shérif del condado de Fulton, Pat Labat, había adelantado que el procedimiento normal en Georgia consiste en tomar una fotografía del acusado antes de ser liberado bajo fianza. Además, a todos los acusados, entre ellos Trump, se les tomaron sus huellas dactilares.

Recordemos que el pasado 14 de agosto, un gran jurado designado por la fiscal acusó a Trump y otras 18 personas, de intentar ilegalmente obtener la anulación del resultado de las elecciones de 2020, ganadas en ese estado clave por el actual presidente, el demócrata Joe Biden.

Se espera que los 19 acusados regresen a la corte la semana del 5 de septiembre, presumiblemente para anunciar si se declaran culpables o no. La fiscalía pretende que el juicio tenga lugar marzo de 2024.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump se enfrentará a una fianza de 200,000 dólares y a una orden de no enviar mensajes amenazantes en las redes sociales mientras espera juicio en Georgia, acusado de intentar anular su derrota en las elecciones de 2020, según mostró una presentación judicial.

El documento, un acuerdo de fianza firmado por los abogados de Trump y el fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, fija los términos de la liberación, incluyendo restricciones sobre intimidar a testigos y obstrucción de la justicia.

El pacto también le prohíbe comunicar “por cualquier vía, directa o indirectamente” los hechos del caso con cualquiera de los otros acusados o testigos, excepto mediante abogados.

“Lo anterior incluye, pero no se limita a, publicaciones en medios sociales o reposteos de publicaciones hechas por otro individuo en medios sociales”, señala la orden, firmada por el juez del Tribunal Superior del condado de Fulton, Scott McAfee.

Trump, favorito para la candidatura presidencial republicana en 2024, y 18 coacusados fueron imputados en el caso de Georgia el pasado 14 de agosto.

Willis fijó un plazo del viernes al mediodía para que todos los acusados se entreguen en la cárcel del condado de Fulton para ser fichados o enfrentarse a un arresto, y propuso que la lectura de cargos para los acusados sea en la semana del 5 de septiembre y que el caso vaya a juicio en marzo.

Los fiscales del caso proponen que el juicio inicie el 4 de marzo de 2024, mientras que los abogados de Trump han solicitado que se celebre en 2026.

Trump ha negado haber cometido delito alguno. Ha estado criticando el caso desde antes de ser acusado formalmente y, apenas la mañana de hoy, en una publicación en redes sociales, señaló en específico al gobernador de Georgia, Brian Kemp, un republicano que rechazó sus peticiones de revertir la elección.

Se trata del cuarto caso penal en contra del expresidente, quien se encuentra en campaña para tratar de volver a la Casa Blanca en 2024.

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este martes mantener detenida sin posibilidad de fianza a Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien es acusada de narcotráfico.

Coronel, arrestada ayer en el estado de Virginia, en las afueras de Washington, podría enfrentar una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua, además de una posible multa de 10 millones de dólares, si es declarada culpable del cargo criminal en su contra.

La jueza Robin Meriweather, del tribunal federal del Distrito de Columbia, explicó durante la primera audiencia sobre el caso, que Coronel siguió de forma remota desde una celda en el centro de detención donde se encuentra, que hay una denuncia penal en contra de Coronel por “conspiración para distribuir un kilogramo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, 1,000 kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas”.

Se le señala de conspirar para la “importación ilegal a Estados Unidos” de esas drogas, además de que las autoridades estadounidenses la acusan de “ayudar e incentivar” las actividades del cártel de Sinaloa, que lideraba “El Chapo”.

El fiscal estadounidense que lleva el caso, Anthony Nardozzi, pidió durante la audiencia que se mantuviera detenida a Coronel a la espera de su juicio y sin posibilidad de fianza, al considerar que existe un “riesgo grave de fuga”. “La acusada tiene acceso a socios criminales que son miembros del cártel de Sinaloa, así como medios financieros que implican que presenta un riesgo grave de fuga. Además, no tiene ningún vínculo directo con la zona de Washington DC”, donde se encuentra detenida, alegó Nardozzi.

Los abogados de Coronel accedieron a la petición de la Fiscalía, aunque se reservaron el derecho a presentar un paquete de fianza en el futuro; permanecerá en prisión hasta la próxima audiencia, la cual la jueza indicó que se programaría para dentro de dos semanas, aunque los abogados de Coronel respondieron que podrían necesitar más tiempo para prepararse, y sugirieron negociar con la Fiscalía para acordar una fecha aún por determinar.

La esposa del narcotraficante mexicana apenas habló durante la audiencia, más allá de responder con monosílabos a las preguntas de la jueza sobre su capacidad para seguir el proceso y conocer sus derechos, y únicamente confirmó al final: “Todo lo entendí muy bien, gracias”.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sugirió este martes que la detención de Emma Coronel podría estar relacionada con el juicio contra el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna.

“Agreguen que está detenido el que era secretario de Seguridad durante el Gobierno de (Felipe) Calderón a causa de recibir sobornos del señor Guzmán Loera. A lo mejor por eso es la detención”, expresó López Obrador cuestionado en su conferencia de prensa matutina.

El presidente mexicano planteó que las autoridades estadounidenses “quieren tener más información” de cómo funcionaban los presuntos sobornos que recibía Genaro García Luna, arrestado en diciembre de 2019 en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa cuando fue responsable de la seguridad de México entre 2006 y 2012.

“Puede ser por eso (la detención de Coronel). Ojalá informen más los del Gobierno de Estados Unidos porque es un asunto que corresponde a ellos”, dijo López Obrador. El mandatario aprovechó para asegurar que “un distintivo de los gobiernos neoliberales” fue “la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia”.

La juez Jeannice Reding aceptó la petición de la Fiscalía para imponer libertad incondicional bajo fianza de 1.25 millones de dólares a Derek Chauvin, en su primer audiencia del proceso que enfrenta por la muerte del afroamericano George Floyd.

La decisión de la juez también contempla libertad condicional con una fianza de 1 millón de dólares, siempre y cuando cumpla con algunas medidas, tales como comparecer ante el tribunal,  renuncia a trabajar en el  campo de las fuerzas de seguridad.  Entregar cualquier arma de fuego, munición y  permiso de armas que posea, no salir de Minesota y no contactar con la familia de George Floyd.

Derek Chauvin, de 44 años, permaneció en silencio durante la mayor parte de la audiencia ante la corte, una sesión de 11 minutos en la que compareció a través de un sistema de circuito cerrado desde la prisión estatal de máxima seguridad en Oak Park Heights.

Su abogado, Eric Nelson, no apeló la fianza, que aumentó de los 500,000 dólares establecida inicialmente en el caso, y no abordó el fundamento de los cargos.

La próxima comparecencia de Chauvin fue programada para el 29 de junio a la 1:30 de la tarde.

Chauvin también es acusado de asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado por el incidente que cobró la vida de Floyd el 25 de mayo.

Floyd, un afroestadounidense que se encontraba esposado, murió luego que el policía oprimiera su cuello con la rodilla por varios minutos incluso después de que Floyd dejó de moverse y pedía que le permitiera respirar.

El fallecimiento de Floyd ha desatado protestas, algunas de ellas violentas, en Minneapolis que rápidamente se propagaron a varias ciudades de Estados Unidos y otros países.

Chauvin y tres agentes más involucrados en el suceso fueron separados de su cargo a raíz de la muerte de Floyd.

Chauvin permanece detenido en una prisión estatal en Oakdale. Los otros tres policías, J. Kueng, Thomas Lane y Tou Thao, enfrentan cargos por instigación y complicidad. Continúan en la cárcel del condado Hennepin tras fijarles una fianza de 750,000 dólares.

El exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, solicitó hoy a través de su defensa afrontar su proceso en libertad, a fin de evitar el riesgo de contraer Covid-19.
En una carta dirigida al juez de distrito, Brian M. Cogan, quien lleva el proceso en su contra, el abogado defensor César de Castro, transmitió la propuesta de que la fianza sea por dos millones de dólares en vez de un millón, la cual ya había rechazada el pasado 28 de febrero.
En aquella ocasión, el juez Cogan resolvió que existía un riesgo de fuga por parte de Genaro García, dado las relaciones y contactos que tiene al haberse desempeñado en el ámbito político mexicano.
García Luna, quien fue secretario de Seguridad durante el sexenio del Felipe Calderón, fue detenido el pasado 9 de diciembre en Dallas, Texas, acusado de tres cargos de conspiración para transportar cocaína a Estados Unidos más otro por falso testimonio, de los cuales el propio García Luna se declaró inocente.
En este segundo intento, la defensa del mexicano asegura que su salida es necesaria ante la expansión del Covid-19 en el mundo y en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn, donde está recluido, pues la prisión, que alberga a alrededor de 700 prisioneros, reconoció en un documento interno el pasado lunes su primer caso de contagio por la nueva cepa de coronavirus.
Un recluso que comenzó a quejarse el pasado fin de semana, fue evaluado por el personal médico del reclusorio y se determinó enviarlo en una ambulancia al hospital presbiteriano del bajo Manhattan, de donde fue regresado a prisión y puesto en aislamiento, según dio a conocer Vice.
Por ese motivo, la defensa de García Luna argumentó que al seguir en la cárcel se expone a un “alto riesgo de muerte” debido a su posible exposición al Covid-19. Añadieron que “por su edad (51 años) y sus problemas respiratorios”, podría ser una potencial víctima de la “seria y urgente crisis de salud pública.

El juez que lleva el caso del exsecretario de seguridad pública, Genaro García Luna, decidió hoy que debe regresar a la cárcel, pues la fianza que presentó el acusado carece de las firmas necesarias para ser dada por válida.

Y es que ayer, la defensa de García Luna ofreciera una fianza por concepto de un millón de dólares para que pudiera salir de la prisión preventiva y continuar el proceso en libertad.

Su abogado aseguró que el exfuncionario no tendría razones para fugarse, ya que su familia está en Estados Unidos y sus cuentas están congeladas, lo que le hace carecer de solvencia económica para sostenerse fuera del país.

El bono por un millón de dólares debería estar firmado por otras tres personas. Sin embargo, dos de esas personas ya no quieren firmar el bono y el tercero, argumentaron los fiscales, es un exempleado de García Luna que no tiene ingresos suficientes para cubrir el bono.

Así lo explicó desde su cuenta de Twitter Alan Feuer, periodista del diario estadounidense The New York Times que se encuentra cubriendo el caso. Los fiscales acusadores argumentaron que existen “políticos mexicanos corruptos” que tienen un incentivo para ayudar a García Luna a huir de Estados Unidos.

En tal sentido, la defensa del mexicano, encabezada por César Castro, externó querer saber a quiénes se refieren, ya que, afirmó, la mayoría de los políticos se han alejado de García Luna.

A partir de la decisión del juez de este jueves, la defensa buscará presentar nuevas firmas del bono o garantizar las anteriores. La justicia de Estados Unidos podrá interrogar a las personas firmantes para asegurarse de que sean buenos candidatos.

García Luna es juzgado por los cargos de conspiración para el tráfico de cocaína y por mentir a las autoridades estadounidenses sobre su pasado para obtener la ciudadanía.

La fiscalía de Estados Unidos se opuso este jueves a que Genaro García Luna, que espera un juicio por narcotráfico en Nueva York, salga en libertad bajo fianza de un millón de dólares, pues dijo que existe “un riesgo de fuga inaceptable”.

En una carta registrada en el juzgado, el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue, argumenta que la “combinación de condiciones propuestas por el acusado para su libertad antes del juicio es lamentablemente inadecuada para asegurar que siga presentándose ante el juez (Brian) Cogan” y solicita que se le mantenga detenido.

El fiscal señala que García Luna “tiene la capacidad de escapar y un sobresaliente incentivo para hacerlo” porque se enfrenta a entre cinco años y cadena perpetua por los cargos de los que le acusa la autoridad, y además “la fuerza de las pruebas del Gobierno se ha incrementado” con nuevos testigos que testificarán sobre su relación con el Cartel de Sinaloa.

La Fiscalía, dice su titular en ese sentido, ha identificado a testigos adicionales que testificarán en el juicio sobre cómo acordó ayudar al Cartel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos.

Por otra parte, Donoghue argumenta que García Luna tiene “recursos poderosos en México”, donde ha vivido toda su vida hasta 2012, como “funcionarios corruptos” del Gobierno mexicano y miembros del Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, que pueden garantizar que nunca sea capturado.

El fiscal recuerda que Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del cártel de Sinaloa que fue condenado a cadena perpetua por el mismo tribunal ante el que ahora se enfrenta García Luna, estuvo fugitivo en México durante quince años y Rafael Caro Quintero, otro de sus capos, lo sigue estando pese a que la Justicia lo busca para arrestarlo desde 2013.

La Fiscalía señala que el exsecretario de segurdad ha dicho tener “dificultades financieras” como para no poder “cruzar la frontera con México conduciendo”, pero el Gobierno ha averiguado que en los últimos años ha adquirido múltiples empresas inmobiliarias que, en total, están valoradas en casi 4 millones de dólares.

“La investigación del Gobierno ha revelado que a lo largo de varios años, el acusado ha usado varias técnicas para ocultar el verdadero tamaño de sus empresas financieras, incluyendo empresas pantalla y compradores de paja que adquirieran activos para él”, agrega.

El juez Cogan decidirá esta mañana en una vista programada a las 11:00 horas si otorga la libertad condicionada para el excolaborador de Felipe Calderón, a cambio de la fianza de un millón de dólares que solicitaron sus abogados.

Luego de que el pasado 29 de octubre de 2019, Karime Macías, esposa de Javier Duarte, quedara en detención tras se presentarse voluntariamente a la Corte inglesa en donde fue informada de la solicitud de detención provisional con fines de extradición en su contra, este martes quedó en libertad.

Su equipo legal indicó que la justicia inglesa le impuso en la audiencia del pasado 29 de octubre como condición para poder enfrentar en libertad el procedimiento de extradición no ausentarse del país, el pago de una fianza de 150 mil mil libras, equivalente a más de tres millones pesos.

“El día de ayer, 4 de noviembre, la familia y amigos estuvieron finalmente en condiciones de reunir las cantidades y cubrir la fianza. Hoy 5 de noviembre, se celebró una audiencia en la que se acreditó el pago de la fianza y por tanto fue puesta en libertad”, detalló su defensa.

Indicaron que ahora, la exprimera dama estatal de Veracruz seguirá en libertad el procedimiento de extradición, mismo que dijeron “se estima no resistirá la defensa consistente en que la orden de aprehensión fue librada de manera absolutamente ilegal, en el marco de una brutal persecución de la que la hicieron víctima”.

Los abogados indicaron que las autoridades obtuvieron declaraciones en contra de Macías con tortura.

Señalaron que  se está ante un asunto lleno de atropellos a los derechos más fundamentales en el marco de una persecución que dio incluso lugar a forzar la entrega de su esposo a cambio de no afectar a su familia.

Reconocieron que tanto la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, están están haciendo lo que por ley corresponde, además de que denunciaron, son ajenas a las conductas indebidas de autoridades veracruzanas.

Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, pagó una fianza de 150 mil libras esterlinas para enfrentar en libertad el proceso de extradición solicitado por el gobierno de México.

Luego de seis horas de audiencia, Macías Tubilla pagó dicha cantidad, que equivale aproximadamente a tres millones 690 mil 945 pesos mexicanos.

De acuerdo con diversos medios de comunicación que citan a los abogados, Karime Macías tendrá restricciones de desplazamientos, por lo que no podrá salir de Londres, Inglaterra, ciudad a la que se trasladó luego del arresto de su esposo, en abril de 2017.

Y es que la Fiscalía General de la República (FGR) informó esta mañana que Macías había sido detenida en Londres, sin embargo, su abogago indicó que la exprimera dama estatal no fue detenida y que se trató de que, por cuenta propia, acudió a una audiencia.

Marco Antonio Del Toro afirmó que la orden de aprehensión que tiene su clienta no tiene ningún sustento jurídico y que el único testigo que declaró contra su defendida manifestó que su confesión fue obtenida bajo tortura y “por consiguiente, estamos ante una acusación que no tiene el mínimo sentido jurídico”.

Recordemos que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México acusado de desvío de recursos.

La acusación formal del líder de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, y dos de sus seguidores por cargos de abuso sexual de menores y tráfico de personas fue aplazada para el próximo 21 de junio.

Joaquín García y los otros dos acusados comparecieron este lunes ante la Corte Superior de Los Ángeles tras haber sido arrestados la semana pasada. Otra sospechosa sigue prófuga.

Los abogados del líder, indicaron que necesitaban más tiempo para preparar su defensa, aunque lo que buscan con aplazar la fecha, es poder reducir la fianza que le fue impuesta a su cliente.

Tras no haber pagado la fianza que le fue impuesta, que en total alcanza los 50 millones de dólares, y que se cree es la más alta que se impuesto en el condado Los Ángeles, el líder religioso seguirá en prisión al menos dos semanas más.

Su equipo defensor asegura que Nassón será exonerado al final del proceso, además de que lamentaron el monto de la fianza que les fue impuesta. “Es como si detienen al presidente de IBM y le ponen una fianza basándose en el valor bursátil de la compañía”, señalaron en entrevista con El País.

Por su parte la fiscalía pidió al juez prohibir que los abogados de García trabajen y compartan información con los feligreses de la Iglesia con sede en México, pues temen que sus seguidores pudieran acosar o intimidar a posibles testigos.

Xavier Becerra, el fiscal de California que lleva el caso del líder de La Luz Del Mundo, Naasón Joaquín García, reveló más detalles sobre las acusaciones que pesan sobre el líder religioso.

El fiscal ratificó que los cargos son, principalmente, trata de personas, producción de pornografía infantil, copulación oral, extorsión y conspiración, entre otros.

Aunque la fianza es muy elevada, la más alta en el condado de Los Ángeles, debido a que García tiene muchos seguidores alrededor del mundo, las autoridades temen que reúna el dinero y huya tras pagarla.

“Cuando hay alguien que abusa de esa fe, de esa devoción, jugar con la mente de una persona, de una familia, de unos padres, de niños, de niñas de 14 años, eso para mí no es un líder religioso es una persona enferma en español, pero más que enfermó, esto no es ser enfermo esto es ser demente, es una persona demente”, aseguró Xavier Becerra, procurador general de California.

Mientras tanto en México, miembros de esta iglesia, que en el país cuenta con 15 mil templos, continúan orando por la libertad de su líder moral.

La Fiscalía de California subió este miércoles a 50 millones de dólares la fianza para Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia de La Luz del Mundo, acusado de delitos que incluyen tráfico de personas, producción de pornografía infantil y violación de un menor.

Ante esta decisión, el abogado defensor Dmitry Gorin dijo que la fianza de 50 millones de dólares de García era “escandalosa e irrazonable”.

El martes, Joaquín García, líder de la iglesia internacional La Luz del Mundo, fue arrestado en California. Las autoridades, informaron ese día que el religioso podría afrontar las acusaciones en libertad con el pago de una fianza de 25 millones de dólares.

En la sede principal de la iglesia, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se efectuó un “culto de oración continua de 24 horas” para pedir por Naasón Joaquín García, de 50 años, quien fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el día anterior.

La iglesia, que dice tener cinco millones de fieles en todo el mundo, más de un millón en México, ha dicho que las acusaciones sobre el también llamado “apóstol de Jesucristo” son infundadas y falsas

El líder religioso enfrenta ahora 14 cargos relacionados con delitos sexuales, dijeron los fiscales. Los otros individuos nombrados en la demanda son Alondra Ocampo, Azalea Rangel Meléndez y Susana Medina Oaxaca, todos afiliados a La Luz del Mundo, dijeron los fiscales.

El actor estadounidense Kevin Spacey, de 59 años, fue inculpado formalmente este lunes de abuso sexual de un adolescente de 18 años en julio de 2016, al comparecer ante un juez de la isla de Nantucket, en Massachusetts.

El actor, que según la prensa local se declaró inocente, quedó en libertad bajo fianza y se le prohibió contactar a la presunta víctima o a su familia, tal como lo pidió la defensa.

Una nueva audiencia fue fijada para el 4 de marzo, aunque el el juez Thomas Barrett. señaló que será necesario que Spacey comparezca personalmente.

El equipo de defensa del actor solicitó que la presunta víctima, ni su novia de ese entonces, borren nada de sus teléfonos celulares, petición que fue concedida por el juez solamente por un plazo de seis meses, comenzando el periodo en julio de 2016.

En caso de encontrarse culpable a Spacey, podría ser condenado a cinco años de prisión.

 

Un Tribunal Federal declaró ilegal la garantía de 100 millones de pesos fijada a Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora; esto a fin de que pueda alcanzar la libertad provisional, por lo que estableció que la fianza se reduzca a 30 millones de pesos.

El magistrado del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal, Ricardo Paredes Calderón, le aprobó un amparo al político panista contra la solicitud previamente dictada de que cubriera 100 millones de pesos.

En esa cantidad se incluían los 70.4 millones de pesos del fraude fiscal que se imputa al exmandatario de Sonora.

La sentencia no es definitiva, pues la Fiscalía General de la República tiene diez días para impugnar la decisión ante un tribunal colegiado de circuito. De igual manera, tiene la opción de no impugnar el amparo, y dejar que se fije un nuevo monto. El exgobernador está preso desde noviembre de 2016.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) detalló el fallo del juzgado donde se rechazó la admisión de la hipoteca de una propiedad de Diego Fernández de Cevallos ya que no cubre con la fianza que necesita Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora para salir de prisión, pues necesita la cantidad de 100 millones de pesos para alcanzar la libertad.

“Pues si bien el fedatario público que la constituyó otorgó al predio el valor de 402 millones 825 mil pesos, ello lo hizo con base en un avalúo en el que, lo que se determinó, fue el valor comercial y no el exigido por la ley procesal penal”, indicó el CJF.

Según el diario Reforma, el CJF publicó el pasado 21 de diciembre que el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México determinó que la escritura antes mencionada no cumple con los requisitos señalados en el artículo 405 del Código Federal de Procedimientos Penales.

“Tampoco señala que la hipoteca deba cubrir la reparación del daño a cuyo pago pudiera condenarse al procesado. En caso de controversia, erróneamente sujeta a las partes a la jurisdicción de los tribunales locales, pues es el fuero federal al que le corresponde conocer y resolver los conflictos que se susciten”, señaló la Judicatura.

En este juzgado es donde se lleva a cabo el proceso penal contra Padrés por la supuesta defraudación fiscal que asciende a 70 millones 415 mil 367 pesos.