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Un juez federal suspendió, de manera provisional, la reforma aprobada la semana pasada por el Senado, mediante la cual se extinguían 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

A pocos días de la entrada en vigor de la reforma, que elimina 13 de los 14 fideicomisos con cerca de 15 mil millones de pesos, el juzgado doceavo de distrito en el estado de Chihuahua, prohibió temporalmente al Consejo de la Judicatura Federal transferir los recursos a la Tesorería de la Federación.

La medida cautelar se emitió tras el amparo presentado por la magistrada María del Carmen Cordero Martínez contra el recorte de los fondos, y en medio de protestas por parte de los trabajadores y jubilados al considerar que la medida atenta contra sus derechos laborales.

Recordemos que la reforma fue impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que en los últimos meses ha endurecido sus críticas contra el Poder Judicial al cual acusa de corrupción y privilegios para sus altos mando, es decir, los ministros y magistrados.

Aunque la confrontación de López Obrador con el Poder Judicial no es nueva, las tensiones aumentaron en los últimos meses luego que la Suprema Corte de Justicia invalidó las reformas energética y electoral, y el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército, propuestas había impulsado el mandatario.

La suspensión temporal de la reforma estará vigente al menos hasta el 9 de noviembre, cuando se celebrará la audiencia inicial en la cual se decidirá si se frena de manera definitiva la eliminación de los fideicomisos.

Tras la entrada en vigor de la reforma, luego de que fue aprobada en el Senado el pasado 24 de octubre, y previamente en Diputados, varios centenares de trabajadores judiciales presentaron esta semana un amparo para detener su aplicación.

El amparo concedido llega luego de que López Obrador planteara ayer que los fondos de los 13 fideicomisos en cuestión se destinara a ayudar a los afectados por Otis en Guerrero. La propuesta fue respaldada por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Piña, quien calificó la propuesta del presidente como una “alternativa real” y dijo que estaba dispuesta a dialogar para concretar el movimiento de recursos.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, señaló la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se excuse de participar en la discusión de las controversias constitucionales relacionadas con la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

El morenista dijo que esta abstención es crucial, ya que los fideicomisos están vinculados a recursos significativos en los cuales los ministros y magistrados de la SCJN son beneficiarios directos.

Igualmente, explicó que “estamos trabajando en la preparación de una solicitud, a través de la Comisión de Puntos Constitucionales, para que la Junta de Coordinación Política instruya al abogado de la Cámara de Diputados a defender la soberanía que corresponde al Poder Legislativo”.

El coordinador parlamentario hizo hincapié en que, al igual que el Poder Judicial exige el respeto a su independencia y autonomía, “nosotros también exigimos que el control presupuestal que la Constitución otorga a la Cámara de Diputados sea respetado por el Poder Judicial”.

Mier Velazco recordó que Arturo Zaldívar se excusó cuando se analizaba el artículo décimo transitorio tercero, que planteaba la posibilidad de extender su mandato como presidente de la SCJN y de la Judicatura Federal.

El llamado de Ignacio Mier llega luego de que ayer se confirmara que un grupo de trabajadores y jubilados del Poder Judicial de la Federación (PJF) presentara el primer amparo en contra de la eliminación de los fideicomisos en cuestión.

Trusan y Roma Abogados, firma de litigio constitucional, administrativo y de servidores públicos. informó en redes sociales que presentaron el primer amparo a nombre de 761 trabajadores y jubicados, ante los juzgados del primer distrito en materia administrativa.

“Este es el primer amparo que se presenta en todo México, y esperamos que a más tardar el próximo viernes de esta semana tengamos la admisión y la suspensión de las normas que se están impugnando”, dijo el abogado.

El recurso legal cuestiona la eliminación de los fideicomisos que prevén recursos que representan derechos adquiridos para los empleados, tales como jubilaciones, servicios médicos complementarios y recursos para la implementación de reformas constitucionales en materia penal y del trabajo.

El equipo legal a cargo del caso negó que la desaparición de los fideicomisos afecte solo a altos funcionarios como lo ha dicho el presidente y diversos líderes de Morena.

Luego de que el Senado avalara la extinción de fideicomisos que hasta ahora manejaba el Poder Judicial (PJ), el Sindicato de Trabajadores determinó ampliar el paro nacional que había sido declarado hasta ayer 24 de octubre.

En asamblea urgente celebrada la noche de ayer, el Comité Ejecutivo Nacional y los 67 secretarios de los comités locales avalaron la extensión del paro, que se acordó, sea hasta el próximo domingo 29 de octubre, reconociendo que los trabajadores que deseen seguir laborando estarán en su derecho.

Recordemos que los trabajadores se han manifestado desde hace varios días en distintas ciudades del país, las mayores movilizaciones en la Ciudad de México en diversos centro de trabajo, así como en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

Los trabajadores aseguran que lo que está en juego no son privilegios, sino sus derechos. El líder sindical, Jesús Gilberto González Pimentel, aseguró que todos se sentían “agredidos” por la acción y que, como sindicato, darían acompañamiento a los amparos colectivos que se presentarán.

La reforma, ya aprobada en ambas Cámaras, fue remita al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que cuando suceda, entrarán en vigor los cambios al día siguiente.

El Poder Judicial ha señalado que suprimir los fideicomisos afectará, entre otros temas, a las pensiones o las prestaciones médicas de muchos de los 55,000 trabajadores del sector, el 60% de los cuales es personal operativo.

Asegura también que si hay reducción de fondos se verá afectado el trabajo de los tribunales y por tanto el acceso a la justicia de todos los mexicanos.

La confrontación entre López Obrador y el Poder Judicial no es nueva. El presidente lo considera un sector marcado por la corrupción y lleno de privilegios; considera que sus miembros son parte de lo que llama la “mafia del poder”.

El hecho de que algunas de las grandes reformas de esta administración hayan sido echadas para atrás en los tribunales, ha incrementado el enfrentamiento. López Obrador incluso ha llegado a proponer que los jueces, ministros y magistrados, sean elegidos en elecciones populares.

El cruce de críticas, acusaciones e incluso insultos ha ido en aumento a lo largo de su gobierno, en particular desde la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte; hasta finales de 2022 la Corte estaba liderada por un magistrado más afín al gobierno, Arturo Zaldívar.

Foto: Twitter @XochitlGalvez

El Senado aprobó la madrugada de este miércoles la minuta que elimina 13 fideicomisos del Poder judicial de la Federación (PFJ), luego de que Morena y aliados decidieran dispensar el dictamen de la segunda lectura e iniciara el debate en el Pleno.

Tras una maratónica sesión de cerca de ocho horas, la minuta fue aprobada con 67 votos a favor de las bancadas afines a la 4T, y 49 en contra. Con eso, se extinguieron 13 de los 14 fideicomisos que administra el PJF con un valor cercano a los 15,000 millones de pesos.

Ahora, los recursos que se encuentran en dichos fideicomisos serán administrados por la secretaría de Hacienda y destinado al Programa Nacional de Desarrollo, según el documento aprobado en el Senado.

Morena respaldó la minuta que la semana pasada fue aprobada en la Cámara de Diputados, bajo el argumento que solo financiaban corrupción y privilegios de los altos mando del Poder Judicial.

La iniciativa salió adelante pese a discrepancias en la bancada de Morena. La primera oradora durante la discusión, la exsecretaria de Gobernación y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, votó en contra al argumentar que respaldaba a todos los trabajadores que, según dijo, se verían afectados con la desaparición de los fideicomisos.

La senadora Xóchitl Gálvez, virtual candidata de la oposición a la Presidencia en 2024, adelantó que se presentarían recursos por considerar la medida inconstitucional.

Recordemos que la Suprema Corte de Justicia ha denunciado que con lo aprobado resultarán afectados los derechos de seguridad social de sus empleados.

En ese sentido, miles de empleados judiciales se han manifestado desde la semana pasada y el domingo pasado salieron a las calles en diversas ciudades del país para exigir a los senadores que no aprobaran el dictamen, algo que ya sucedió.

El presidente López Obrador ha venido sosteniendo desde entonces que el objetivo de eliminar los fideicomisos era acabar con un régimen de privilegios que, según él, solo beneficia a magistrados con sueldos mensuales de hasta “700,000 pesos”.

Aseguró que no se afectarían los derechos y prestaciones de los trabajadores.

Según diversos expertos, este es solo el más reciente episodio del enfrentamiento entre el Gobierno y la Suprema Corte.

La pugna se ha profundizado a medida que el máximo tribunal del país ha bloqueado iniciativas clave del presidente López Obrador, que acusa al tribunal de estar al servicio de la oposición, de los “conservadores” y de defender la corrupción.

Miles de empleados y ciudadanos que apoyan la independencia del Poder Judicial, marcharon este domingo en varias ciudades del país, en contra del proyecto que se discute en el Senado y que busca eliminar 13 fideicomisos que aseguran, se destina a prestaciones laborales.

La protesta, que se da en medio de un paro de labores, se agudizó luego que la Cámara de Diputados, dominada por el oficialismo, aprobara la semana pasada la eliminación de los fideicomisos.

La Suprema Corte de Justicia asegura que el proyecto legislativo suprimirá fondos con los que el Poder Judicial atiende obligaciones laborales y de seguridad social.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostiene que el objetivo es eliminar un régimen de privilegios que, según él, solo beneficia a magistrados y otros altos funcionarios, y ha asegurado en reiteradas ocasiones, en que no se afectará a los trabajadores.

Miles de empleados judiciales se reunieron en el Monumento a la Revolución, desde donde marcharon hasta el Zócalo capitalino. A lo largo del recorrido, se escucharon consignas como “¡No son privilegios, son nuestros derechos!” o “¡Somos los garantes de la Constitución!”.

Así como tuvo lugar en la Ciudad de México, trabajadores, simpatizantes y políticos salieron a las calles en más de 20 ciudades.

Los manifestantes, incluyendo jueces o exministros como José Ramón Cossío, marcharon en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Cancún, Mérida, Puebla, y Tijuana, además de Aguascalientes, Celaya, Colima, Chihuahua, Cuernavaca, León, Mexicali, Querétaro, Saltillo, Tampico, Torreón, Tuxtla Gutiérrez, Uruapan, Veracruz y Xalapa.

Este es solo el más reciente episodio del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, que en los últimos meses se ha profundizado a medida que la Suprema Corte ha bloqueado iniciativas clave de López Obrador.

El mandatario acusa al tribunal de estar al servicio de la oposición conservadora y de defender la corrupción, en un contexto de alta impunidad.

Según López Obrador, los fideicomisos que podrían desaparecer si la iniciativa es avalado en el Senado, administran cerca de 15,000 millones de pesos que, según ha dicho, planea destinar a programas sociales como becas a estudiantes.

Ya que el Senado aún debe aprobar la desaparición de los fideicomisos, los trabajadores han dicho que seguirán manifestándose en los próximos días, además de que analizan sus siguientes pasos, ya que mañana acaba el paro de labores que se acordó la semana pasada.

Foto: Twitter @MiguelCarbonell

La Cámara de Diputados de México aprobó este jueves aumentar de 5% a 9% los impuestos que pagan los concesionarios privados de los aeropuertos para destinar los recursos a un nuevo fideicomiso para las operaciones comerciales de aviación que harán las Fuerzas Armadas.

Los diputados aprobaron los cambios como parte de la Ley Federal de Derechos 2024, que quedó avalada con 239 votos a favor de la coalición del Gobierno, 196 en contra de la oposición y 2 abstenciones.

Los nuevos recursos recaudados irán a los aeródromos que, desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, administran el Ejército y la Marina, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el de Toluca y Puebla; el de Campeche, Palenque, Chetumal y Tulum.

Esta reforma se suma a una en la que el Congreso dio al Ejército un fideicomiso que reciba el 80% de lo recaudado por el impuesto de “Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas”, es decir, por turistas internacionales que ingresan al país.

Todo esto se da mientras los fondos en fideicomisos para las Fuerzas Armadas han crecido más de 1,000% en lo que va del sexenio de López Obrador, hasta superar los 99,000 millones de pesos, según denunció el diputado del PAN, Jorge Triana.

“No solo están militarizando la seguridad pública, los hoteles, están militarizando los trenes, los puertos, los aeropuertos, el transporte de hidrocarburo, están militarizando todo, ahora quieren militarizar el turismo también”, expresó en la tribuna.

La Ley Federal de Derechos forma parte del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2024, para el que los diputados también aprobaron durante la madrugada la Ley de Ingresos, que prevé ingresos totales por 9.66 billones de pesos, un aumento real anual de 4.6%.

La Cámara de Diputados aprobó la noche de ayer, la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), con lo que la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y al Tribunal Electoral entregarían más de 15,000 millones de pesos a la Tesorería de la Federación.

Con 259 votos a favor, 205 en contra y 1 abstención, el Pleno de la Cámara avaló el dictamen que añade un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de fondos y fideicomisos.

La reforma avalada prohíbe la creación y operación de fideicomisos, lo cual implica que desaparezcan 13 de 14 de esos instrumentos que mantienen el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral.

“Existen fuertes resistencias y fuertes intereses, intentan confundir a la sociedad”, dijo el diputado Ignacio Mier, líder de la bancada de Morena, principal promotor de la iniciativa.

Desde inicios de semana, trabajadores del Poder Judicial se han manifestado en distintos puntos de la capital, y en varios estados del país, en contra de los cambios que contemplaba la reforma.

“Desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha mentido. Mal hace su presidenta (Norma Piña) en intentar defender sus privilegios utilizando a los trabajadores del poder judicial como un escudo humano”, lanzó Mier Velasco en referencia a los señalamientos contra la ministra presidente de utilizar a los trabajadores como arma de presión para evitar que la ley avanzara.

En medio de la discusión en el Pleno, Margarita Zavala, diputada del PAN, se refirió a la extinción de los fideicomisos como un “saqueo” al Poder Judicial.

Tras la votación en donde fue aprobada en lo general la reforma, se abrió la discusión de 69 reservas a cargo de 28 oradores. Finalmente, el dictamen fue aprobado en lo particular con 260 votos a favor y 196 en contra.

El argumento del gobierno federal es que los 13 fideicomisos, que suman unos 15,000 millones de pesos, están destinados a pensiones complementarias a mandos superiores, planes privados de prestaciones médicas, mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces, entre otros.

Así, lo aprobado establece que no podrán existir fondos y fideicomisos dentro del PJF, a menos que estén expresamente señalados en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Actualmente, sólo uno de los 14 fideicomisos del PJF se fundamenta en dicha Ley, por lo que los otros 13 fideicomisos deberían extinguirse y sus recursos devolverlos a las personas que aportaron a esos fideicomisos y el remanente destinarse a la Tesorería de la Federación, sin explicar o aclarar cuál será el uso que se le dará a esos recursos.

Por segundo día consecutivo, Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) volverán a manifestarse este martes en 18 puntos de la capital, correspondientes a los centros de trabajo que tienen, para exigir se respeten sus derechos laborales, esto ante la iniciativa que se discute en el Congreso sobre la extinción de 13 fideicomisos.

Y es que los trabajadores aseguran que con la desaparición de los fideicomisos que Morena y partidos aliados impulsan, se verán afectados sus salarios y prestaciones. Desde ayer convocaron a un paro de labores.

Alrededor de 54 juzgados y tribunales federales suspendieron sus labores de manera oficial en la Ciudad de México, mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores del PJF y el Colegio de Secretarios y Actuarios, replicaron el paro en el resto de las entidades del país.

Las protestas que afectarán la circulación y colapsarán vialidades centrales este martes, son las siguintes:

1.- San Lázaro (Eduardo Molina No. 2, Col. Del Parque)
2.- Instituto de la Judicatura Federal (Sidar y Rovirosa No. 236, Col. Del Parque)
3.- Edificio sede en Insurgentes Sur (Av. Insurgentes Sur No. 2417, Col. San Ángel).
4.- Edificio Prisma (Av. Insurgentes Sur No. 2065, Col. San Ángel)
5.- Edificio Florida (Av. Insurgentes Sur No. 1888, Col. Florida)
6.- Edificio Ajusco 170 (Picacho Ajusco No. 170 Col. Jardines en la Montaña)
7.- Edificio Ajusco 200 (Picacho Ajusco No. 200, Col. Jardines en la Montaña)
8.- Edificio Reclusorio preventivo Norte (Jaime Nunó No. 175, Col Cuautepec Barrio Bajo Zona Escolar)
9.- Edificio Reclusorio preventivo Sur (Circuito Antonio Martínez Castro y Javier Piña y P, ubicado en Col. San Mateo Xalpa)
10.- Almacén General Antiguo (Antiguo Camino Culhuacán No. 202, Col. Santa Isabel Industrial)
11.- Edificio Anexo Revolución (Av. Revolución No. 1886, Col. San Ángel)
12.- Edificio Revolución 1508 (Av. Revolución No. 1508, Col. Guadalupe Inn)
13.- Edificio Revolución 1340 (Av. Revolución No. 1340, Col. Guadalupe Inn)
14.- Edificio Periférico Sur (Blvd. López Mateos No. 1950, Col. Tlacopac)
15.- Edificio Las Flores (Blvd. López Mateos No. 2321, Col. Tlacopac)
16.- Torre Zafiro II (Periférico Sur No. 4124, Col. Jardines del Pedregal)
17.- Edificio Canoa (Canoa No. 79, Col. Tizapan San Ángel)
18.- Instituto Federal de Defensoría Pública (Bucareli No. 22 y 24, Col. Centro)

Al respecto, el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, desafió a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a demostrar que extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación afecta a los trabajadores.

“Yo reto a cualquiera de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que demuestren, de cara a los mexicanos, si es falso que los fideicomisos, que suman 6 mil millones de pesos, no están destinados exclusivamente para beneficios de 11 ministros actualmente en funciones y 22 en retiro”.

El morenista acusó a la presidenta de la Corte, Norma Piña, de estar utilizando a los trabajadores para defender sus interés, lo que consideró es una mala estrategia pues insistió en que la iniciativa no pone en riesgo de ninguna manera la situación laboral o contraprestación de los trabajadores.

“Que le digan realmente la verdad a los 55 mil 800 trabajadores, si alguno de los fideicomisos, que son por más de 9 mil millones de pesos, está vinculado a los derechos laborales y sociales adquiridos por ellos. Es falso”, manifestó.

Mier Velazco expresó que la iniciativa busca acabar con estos mecanismos utilizados únicamente para mantener los privilegios de altos mandos y no para garantizar justicia pronta, gratuita y expedita al pueblo de México.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que “no es con ellos (trabajadores), ellos no van a salir perjudicados en nada, al contrario, ellos van a resultar beneficiados porque lo que se debe de buscar es bajarle el sueldo y sobre todo las canonjías, los privilegios, a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo”, dijo.

El mandatario pidió a los trabajadores no dejarse engañar por los de arriba, pues aseguró que lo que se propuso en el Congreso fue quitarle privilegios a los altos mandos.

“No se les va a reducir el sueldo ni se les van a quitar las pensiones (…) que les pregunten a los trabajadores del poder Ejecutivo, a quién se le redujo el sueldo, a quién se le quitaron prestaciones”, dijo.

En ese sentido, coincidió con lo expuesto por Mier Velazco y llamó a que no se use o manipula a los trabajadores, pues dijo, ellos mismos se dan cuenta de cómo están las cosas al interior del Poder Judicial, con los privilegios de los ministros, entre los que mencionó sus servicios de chóferes, sus ayudantes, el pago de sus trabajadores domésticos, el pago para mejoras en sus casas, sus comilonas, sus cirugías plásticas, viáticos, entre otros.

Dijo que son esos lujos con esos sueldos que en general van de los 600 a 700 mil pesos mensuales lo que están defendiendo los de arriba. Añadió que los 15,000 millones de pesos en privilegios que se buscan recuperar a través de los fideicomisos, se podrían entregarían en becas a estudiantes de primaria, beneficiando a más de 2 millones de niños pobres.

Sobre una de las imágenes que se viralizó ayer de las protestas, López Obrador dijo que “no le hace, no importa que quemen una piñata de AMLITO, no importa; no me importa nada, porque está como cuando insultan”, remató.

La oposición alertó sobre el recorte al presupuesto del Poder Judicial que impulsa Morena mediante la extinción de 13 fideicomisos, que aseguran, afectará a los trabajadores en activo, a los jubilados y en la labor diaria de los jueces.

La dirigencia nacional del PAN reprobó que Morena y sus partidos satélites en el Poder Legislativo sólo acaten la orden dada desde Palacio Nacional para desaparecer los 13 fideicomisos al Poder Judicial, reforma que será sometida a votación en el Pleno la próxima semana.

“A pesar de que hay dudas sobre la legalidad de los recortes, Morena y aliados están abocados a este nuevo acto de extrema politización del presupuesto”, indicó Marcos Aguilar, vocero del PAN.

“Es importante recordar que el actual Ejecutivo Federal desde años atrás no se ha detenido desmantelado todos los fideicomisos y no cesa su ataque a los organismos independientes, limita la operatividad del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación justo de cara a las elecciones del próximo año,” añadió.

Aseguró que López Obrador actúa como un autócrata, al señalar que todo lo que pide se hace, “todos sus caprichos y ocurrencias son ordenes que deben cumplirse sin opinar”.

Recordemos que esta semana la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó con 30 votos de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, la extinción de 13 fondos y fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

La reforma pretende hacerse del control de 15 mil 450 millones de pesos disponibles en los fideicomisos cuyos titulares son la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Javier Martín Reyes, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre las implicaciones de este nuevo ataque al Poder Judicial, ahora vía el presupuesto

 

Luego de que Morena y aliados aprobaran en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que obligará a extinguir 13 fideicomisos, equivalente a poco más de 15 mil millones de pesos, las reacciones no se hicieron esperar.

El coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, aseguró que ninguno de los 55 mil trabajadores del Poder Judicial está sujeto a los fideicomisos que se considera extinguir en el dictamen que se aprobó, tal como lo ha señalado el propio Poder Judicial y diversos miembros de la oposición.

El diputado explicó que de los nueve mil millones de pesos que se catalogan para compensación a pensiones sólo se utilizan 75 millones; el resto es un instrumento opaco, y se desconoce cuánto genera en rendimientos.

Mier Velazco acusó que en los últimos ocho años los subejercicios del Poder Judicial sumaron 60 mil millones de pesos, mismos que no se reintegraron a la Tesorería. “Solamente el año pasado, del presupuesto que les autorizó la Cámara de Diputados, tuvieron economías presupuestales o subejercicio por mil 500 millones de pesos”.

Al respecto, la Suprema Corte emitió un posicionamiento en el que dijo que la extinción de los fideicomisos “SÍ afecta los derechos laborales de las y los trabajadores” del Poder Judicial de la Federación (PJF).

“Al menos 6 fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro. Estos derechos adquiridos están reconocidos, además de en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado”.

Afirmó que los fideicomisos no son para el pago de prestaciones de ministras y ministros.

Aclaró que el personal operativo del PJF, que representa más del 60% de la plantilla, es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos; por ello, reiteró que la extinción de fideicomisos sí limita la operatividad del Poder Judicial y, con ello, el derecho al acceso a la justicia en perjuicio de la sociedad en su conjunto.

Además, dijo que la extinción de otros fideicomisos afecta directamente a la implementación de las reformas y, por lo tanto, a los compromisos del Estado mexicano.

La Corte defendió que la administración de los fideicomisos es transparente y cuenta con mecanismos de rendición de cuentas, por lo que la iniciativa aprobada no significa una mejora en este rubro.

En ese sentido, del lado de la oposición, Alejandro Moreno, diputado del PRI y dirigente nacional del partido, dijo que su bancada buscará una propuesta responsable para que el dictamen, aprobado en comisiones, que cancela fideicomisos del Poder Judicial, no afecte los derechos adquiridos de las y los trabajadores, así como el funcionamiento de este poder autónomo.

“Lo que no podemos permitir y lo que sí vamos a señalar es que no se puede, a capricho de nadie, querer ahorcar administrativamente, en este caso al Poder Judicial, porque no se somete al Poder Ejecutivo”, indicó.

Alito Moreno destacó que hay derechos adquiridos de los más de 50 mil trabajadores que están en el Poder Judicial; “necesitamos garantizar el funcionamiento del Poder Judicial en su conjunto, el día a día, lo que hacen los trabajadores.

El priista consideró que querer controlar a otros Poderes es un paso regresivo, síntoma de autoritarismo. “Hay que decirle al Poder Ejecutivo que el Legislativo y el Judicial somos un poder, no somos empleados y tenemos que levantar la voz porque así empiezan a dar pasos a los gobiernos autoritarios.

Finalmente, quien también se subió al tema fue el dirigente nacional de Morena, quien celebró que, con la aprobación en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la iniciativa que desaparece los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), se dé un paso más para “erradicar estas figuras que sólo se han utilizado para financiar privilegios de unos cuantos y no para garantizar justicia pronta, gratuita y expedita al pueblo de México”.

“Esta iniciativa es un acto de congruencia política y ética; no puede haber jueces y magistrados derrochando el dinero público cuando hay millones en la pobreza”, dijo Mario Delgado.

Mario Delgado confió en que, con el apoyo de las y los diputados de la Cuarta Transformación, el dictamen será aprobado la próxima semana en el Pleno.

Al respecto, Ignacio Mier aseguró que las modificaciones aprobadas en Comisión se prevén discutir en el Pleno de la Cámara de Diputados el próximo martes 17 de octubre.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, presentó una iniciativa que propone eliminar la mayoría de los 14 fondos y fideicomisos que maneja el Poder Judicial, y conservar sólo los que estén previstos en la legislación.

Apuntó que de los 14 fideicomisos actuales, sólo el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia es el único que está amparado por Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En ese sentido, el morenista expuso que el objetivo de su propuesta es construir un Poder Judicial autónomo, imparcial y eficaz, así como auditable y austero, que garantice la justicia pronta y expedita.

“Los primeros tres elementos se encuentran en cursos de consolidación gracias a la reforma constitucional y legal de 2021, pero con esta iniciativa de reforma lo que queremos es garantizar la rendición de cuentas y la austeridad, para que los cinco componentes fundamentales en este recambio para la refundación del Poder Judicial, se concreten”, señaló.

La propuesta consiste en reformar el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El líder de la bancada de Morena explicó que, sabiendo que algunos de estos 14 fideicomisos que en su conjunto suman más de 20 mil millones de pesos, resguardan recursos para el pago de pensiones y otras prestaciones laborales, su iniciativa estipula que los actos de extinción de estos fideicomisos deberán respetar los compromisos contractuales y los derechos que se hayan generado.

Asimismo, dijo, establece que, una vez solventados estos compromisos, los recursos federales remanente, incluyendo los productos y rendimientos que hayan generado a lo largo de los años, generando ahorros financiados por el presupuesto pública, sean reintegrados a la Tesorería de la Federación.

Reclamó que, en materia de austeridad dentro del Poder Judicial, el avance es casi nulo, lo que está generando una percepción negativa en la sociedad de dicho poder, agraviada por una cultura generalizada de excesos que, afirmó, “ya no se pueden tolerar”.

Mier Velazco señaló que los recursos de los fondos de la Corte podrían emplearse para llevar bienestar al pueblo de México y destacó que estos recursos alcanzarían para pagar el sueldo de 68 mil 500 maestros y maestras, 64 mil 400 médicos especialistas o cerca de 75 mil policías por un año.

Tan pronto se presentó la iniciativa, la bancada del PAN aseguró que ninguna acción que tenga como consecuencia el debilitamiento de un contrapeso, sea organismo constitucionalmente autónomo o un Poder del Estado, van a ser políticas que sus diputados respalden.

“Al contrario, las mujeres y los hombres de Acción Nacional al Poder Judicial lo vamos a defender ante cualquier embate que pueda darse, porque no solamente es el de esta iniciativa de ley que acaban de anunciar, también se ha anunciado que pretenden una reforma constitucional y el proyecto de Egresos se puede modificar”, sostuvo Jorge Romero, coordinador de las y los diputados del PAN.

Señaló que en caso de existir excesos en el Poder Judicial, éstos deben dejarse atrás; sin embargo, afirmó que es curiosa la coincidencia de que ahora que la Suprema Corte de Justicia, con una nueva presidencia, empieza a tomar decisiones que no agradan al Gobierno federal, se comienza a hablar de su presupuesto.

El panista recordó que en las reformas constitucionales es necesaria la aprobación de las dos terceras partes del Pleno cameral; algo que dijo, sin la oposición el bloque oficialista no tiene. “No van a poder, no pudieron en otras ocasiones, no podrían en esta tampoco”, adelantó.

Sobre el presupuesto del Poder Judicial, el diputado explicó que, de acuerdo con la Constitución, por el principio de progresividad un presupuesto dado ya no se puede reducir; “no puedes ir disminuyendo derechos.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) indicó a pesar de contar con financiamiento público, legalmente la propiedad de las centrales que México compró a Iberdrola, así como la gestión del fideicomiso seguirá siendo privada, ajena al Gobierno Federal y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Es decir, la CFE no está incrementando su participación de mercado en la generación eléctrica como el gobierno ha asegurado, añadió el IMCO.

Recordemos que ayer, Iberdrola anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España la venta de 13 centrales de generación eléctrica en México por un total de $6 mil millones de dólares a un fideicomiso privado con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y otras instituciones públicas mexicanas, gestionado por Mexico Infrastructure Partners (MIP), una administradora de fondos mexicana enfocada en inversiones en infraestructura y energía.

Y es que todavía no es público a cuánto ascenderá la participación de las entidades públicas. El IMCO dijo que hasta el momento se desconoce la composición del capital del fideicomiso que gestionará estas centrales.

Del total de activos en la transacción, 12 centrales son de ciclo combinado (gas natural y vapor) equivalentes a 8,436 MW, y una es eólica por 103 MW. Asimismo, 10 operan bajo la figura de Productores Independientes de Energía (PIEs), que son las centrales privadas que venden toda su producción a la CFE en contratos de hasta 30 años instaladas previo a la apertura del sector energético en 2013/14- y tres lo hacen de forma privada, es decir, participan directamente en el Mercado Eléctrico Mayorista.

El Instituto destacó que para Iberdrola, esta transacción se da en un contexto que busca  reducir gradualmente la huella de carbono en su matriz de generación eléctrica y centrar sus inversiones en tecnologías bajas en emisiones.

Recordó que en noviembre de 2022, la empresa anunció el objetivo de invertir 51 mil millones de dólares en proyectos de infraestructura de redes y generación renovable en un plazo de tres años.

En ese sentido, destacó que la venta le permite liberar capital invertido en proyectos fósiles de mayor antigüedad a nuevos proyectos de energías limpias.

Ante la afirmación del gobierno federal sobre  que el porcentaje de generación eléctrica bajo control de la CFE se incrementará de 39.6% a 55.5%, el IMCO indicó que es necesario subrayar que la mayor parte de esta generación ya está bajo control de CFE, dado que los PIEs ya forman parte de la matriz de generación de la empresa a través de la subsidiaria CFE Generación V, encargada de administrar los contratos con estas centrales, de representarlas en el mercado y de reportar su estado de resultados ante la Cuenta Pública.

“En otras palabras, estas centrales operan legalmente en los términos impuestos por la empresa y forman parte jurídica, contable y económicamente de la CFE”, detalló el Instituto.

Finalmente dijo que esta venta no representa una nacionalización de la industria, ni cambia la operación del Mercado Eléctrico Mayorista, únicamente cambia la propiedad de una canasta de centrales entre privados.

“El anuncio que CFE operará estas centrales no cambia este hecho, aunque abre la puerta a que la empresa estatal expanda las condiciones de su contrato colectivo de trabajo a los trabajadores de las nuevas centrales, y pone en riesgo su rentabilidad en el mediano y largo plazo, dadas las condiciones establecidas desde la renegociación de 2020 que redujo en 10 años la edad de retiro”, remató.

Luego de que el Senado aprobara la extinción de 109 fideicomisos, equivalentes a más de 68 mil millones de pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal iniciará una auditoría a los fondos y fideicomisos en cuestión.

“Vamos a procurar tener toda esta información a más tardar en tres meses y vamos a estar informando a los mexicanos caso por caso”, dijo el mandatario asegurando que en caso de hallar evidencias de corrupción y mal manejo de recursos se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El presidente dijo que lo que se busca es transparentar el uso y destino de los recursos públicos que se manejaban a través de dichas figuras, y reiteró que no faltarán los apoyos para los “auténticos” beneficiarios: deportistas, investigadores, escritores, artistas, entre otros.

AMLO encabezó esta mañana la presentación de un panorama general de los fondos y fideicomisos, mismo que corrió a cargo del titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, Jorge Nuño Lara, la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, el director general de Canal 11, José Antonio Álvarez y el director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rodolfo González Valderrama, quienes integran el grupo al que el presidente encomendó la revisión.

Jorge Nuño informó que hay 191 fideicomisos, de los cuales solo 109 fueron creados por ley. Explicó que aún extinguiéndolos sus funciones continuarán con cargo al presupuesto, de manera que los fideicomisarios recibirán los beneficios que estaban programados.

Por su parte la directora de Conacyt informó que de 2013 a 2018, a través de los fideicomisos, se transfirieron más de 15 mil millones de pesos y a través del Programa de Estímulos a la Innovación, más de 26 mil millones de pesos a la iniciativa privada. En total el monto de recursos fue de 41 mil 624 millones de pesos.

Álvarez-Buylla apuntó que entre los beneficiarios privados figuran empresas como IBM, Monsanto, Bayer, Kimberly Clark, Volkswagen, Mabe, entre otras. “Este conjunto, a manera de ejemplo, recibió un total de 891 millones de pesos de recursos públicos so pretexto y digo so pretexto porque el análisis que hemos hecho cuesta trabajo justificar este recurso público en términos científicos reales”, comentó.

Explicó que hasta ahora se han detectado 46 obras inconclusas, sin equipamiento y que representan espacios subutilizados, cuya inversión suma 783 millones 708 mil pesos, que salieron de los fideicomisos ligados a la dependencia.

Por su parte el director de Canal Once expuso las irregularidades en el fideicomiso Programa de Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, que consistió en la compra e instalación de bebederos. Señaló que se ejercieron 2 mil 031 millones de pesos de recursos fiscales, instalando únicamente 20 mil 543 de los 31 mil bebederos proyectados; denunció que hoy solo funcionan 10 mil 900.

Rodolfo González Valderrama de la Secretaría de Gobernación dio a conocer el caso de donación de recursos públicos federales a fundaciones privadas norteamericanas. Puso como ejemplo lo que sucedió en la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien brindó apoyos en viáticos y traslados a dirigentes de las fundaciones, asegurando que era por “instrucciones superiores” de extitulares de la dependencia.

 

Desde una sede alterna, la Antigua Casona de Xicoténcatl, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que extingue 109 fideicomisos, mismos que pondrán a disposición del gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, más de 68 mil millones de pesos.

La votación tuvo el respaldo de la bancada de Morena y aliados quienes lograron 65 votos en favor. La oposición, incluido un legislador de Morena, logró reunir 51 votos en contra, que no fueron suficientes para detener el dictamen.

El proyecto enviado por la Cámara de Diputados, modifica 18 leyes y abroga dos más, con la finalidad, resalta el decreto, de eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos, así como fomentar la transparencia, rendición de cuentas y la responsabilidad.

El dictamen indica que uno de los objetivos es ordenar el funcionamiento de los fideicomisos que deben subsistir, mientras que otros montos se reasignará a atender los efectos de la pandemia, temas de salud y economía, además para garantizar la continuidad de los programas sociales del bienestar.

El senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, aseguró que no se acabarán los apoyos dirigidos a diversos sectores de la población. El legislador de Morena aseguró que con esta reforma “concluye hoy esa fase de saqueo en el país” y “se acaba el arte de desaparecer el dinero público”.

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, afirmó que no se afecta a la población que actualmente es beneficiaria, como lo pretenden hacer creer mediáticamente quienes se oponen al gobierno federal.

Comentó que la desaparición de fideicomisos no es ningún atentando ni una regresión, sino una oportunidad para optimizar el aprovechamiento de los recursos públicos en el interés más importante: el social.

Por la bancada del PAN, la senadora Minerva Hernández Ramos aseguró que el dictamen no presenta elementos y razones suficientes que justifiquen la desaparición de los fideicomisos. “Esta absurda decisión es totalmente desproporcional e injustificada, ya que no se cuenta con evidencia y datos duros que puedan sustentar una acción de esta naturaleza”. Expresó que la desaparición de los fideicomisos requiere de un análisis profundo, con evidencias y sustentos sólidos por parte de las instituciones públicas, donde expongan la situación de cada uno de ellos para conocer sus debilidades y el impacto que tendrán en el mediano y largo plazo en la vida pública de México.

La senadora del PRI, Nuvia Mayorga Delgado, consideró que el argumento de la corrupción es sólo un pretexto para desaparecer los fideicomisos, toda vez que existen mecanismos como las auditorias, las denuncias y otros procesos de transparencia para comprobar y sancionar irregularidades.

Por Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado denunció que la desaparición de 109 fideicomisos es un agravio a luchas sociales históricas y a muchas causas ciudadanas que han contribuido al desarrollo del país.

La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del PT, propuso establecer mecanismos de transparencia, control, monitoreo y evaluación para que nunca más se desvíen recursos públicos sin la rendición de cuentas; sin embargo, dijo, no se debe generalizar que todos los fideicomisos se han empleado de manera equivocada. Sugirió revisar 37 fideicomisos para mantenerlos, pues de extinguirlos se afectaría a sectores a los cuales no se les pude dar la espalda ni traicionar.

En el lugar del PVEM, el senador Germán Martínez Cázares, de Morena, quien votó en contra del dictamen, planteó regular la figura del fideicomiso a fondo y sin excepción, a efecto de acabar con la corrupción. Opinó que si se necesita dinero para atender la pandemia éste no se encuentra en los fideicomisos.

“El Secretario de Hacienda nos dijo que ahí sólo hay 29 mil millones de pesos; ese dinero, se los digo con certeza técnica, está en los fideicomisos privados, en esas arquitecturas fiscales que sangran al erario público, como los que no pagan impuestos”, expresó.

La coordinadora de la bancada del PES, Sasil De León Villard, afirmó que la operación de los fideicomisos se ha desvirtuado de su origen, ya que se han utilizado para desviar el dinero público.

El senador Juan Manuel Fócil Pérez, del PRD, afirmó que la extinción de los 109 fideicomisos públicos representa un duro golpe a la ciencia, la tecnología, medio ambiente, cultura, salud, derechos humanos, entre otros. Asimismo, pidió dejar de dar pasos hacia atrás con razonamientos mal fundados y mirar hacia el fortalecimiento institucional y la consolidación que todas y todos los mexicanos merecen.

Luego de ser aprobado en lo general, inició la presentación de reservas que fueron más de 500 impulsadas por senadores de oposición y PT, y entre las que destacan las relativas a las leyes de Ciencia y Tecnología; Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; para ex trabajadores braceros; de cultura física y deporte; Cinematografía; el fondo de Nacional Financiera; la Ley General de Víctimas y para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Sin embargo, las bancada de Morena, PES y Partido Verde rechazaron las reservas presentadas por la oposición y las que planteó el Partido del Trabajo. Tras 12 horas y media de discusión, la sesión se declaró terminada y se citó para el próximo martes 27 de octubre.

Mientras los diputados de Morena y aliados trabajaron para cumplirle al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) su intención de extinguir 109 fideicomisos relacionados con la ciencia, tecnología, cultura, protección de derechos humanos o el cuidado del medio ambiente, equivalentes a 68 mil 400 millones de pesos, los recursos de fideicomisos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incrementaron en 1,048% durante 2019.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, los fideicomisos del Ejército tuvieron un promedio de $3,995 millones de pesos (mdp). Durante el de Enrique Peña Nieto, el promedio fue de $5,574 mdp. Con la llegada de López Obrador al poder, al tercer trimestre de 2019 Hacienda reportó que los fideicomisos de la Sedena alcanzaron un monto de $2,505 mdp, 

Sin embargo, un análisis de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que los recursos de dichos fideicomisos, en el último trimestre de 2019, obtuvieron un incremento sin precedentes: llegaron a los $26,252 mdp, es decir, un aumento de 1,048%. Durante 2020 los recursos alcanzaron 31,980 mdp.

El Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar concentró $30,193 mdp, equivalente al 94% del total de los recursos. Los fideicomisos: Mandato para el Pago de Haberes de Retiro, Pensiones y Compensaciones; Fideicomiso a Favor de los Hijos del Personal Adscrito al Estado Mayor Presidencial; Fideicomiso de Apoyo a Deudos de Militares Fallecidos en Actos del Servicio de Alto Riesgo concentran el 6% de los recursos restantes.

“Para poner estas cifras en contexto, los recursos de los fideicomisos de los 26 centros de investigación Conacyt que pretenden desaparecer suman 785 mdp, o sea, el 2.5% de los fondos en los fideicomisos de Ejército”, señala la investigación de MCCI.

Aun así, los fideicomisos de los militares no han sido blanco de las críticas del presidente, además de que éstos no han sido objeto de las revisiones que el presidente ordenó, pues según sus palabras “había mucho derroche y mucha corrupción y opacidad”.

La duda ahora es si los militares también son ladrones y gente deshonesta, como AMLO calificó a quienes recibían recursos de los fideicomisos.

Y es que el fideicomiso para el equipo militar también ha sido de señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien en 2012 en su auditoría GB-109 indicó que “se carece de procedimientos formales que regulen el registro, control y seguimiento de los recursos del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar”.